Indicadores de paz y coste de la violencia

Esta es nuestro primer intento de presentar materiales para reflexionar en forma de infografía.

El tema son los indicadores de paz que múltiples organizaciones utilizan para hacer clasificaciones anuales sobre cómo va la paz en cada país.  Para ello reúnen una serie de indicadores a los que les dan valores negativos o positivos, según vayan en contra de la paz o a su favor.  Con ello hacen clasificaciones por países.

A estos datos le hemos unido el cálculo que ofrecen sobre el coste que tiene la violencia en millones de dólares, y algunas reflexiones generales.

Esperamos que este primer esfuerzo infográfico sea del agrado de l@s lector@s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Los mayores ejércitos de la OTAN

Imagen de Le Mouvement de la Paix

Fuente:  OTAN.

País20102017
Estados Unidos1,4271,308
Turquía 495387
Francia 234209
Italia193181
Alemania 235179
Reino Unido 198161
España 131121
Polonia100111
Grecia 128107
Canadá 6173
OTAN (total)3,5723,174

Si analizamos la tabla adjunta, podremos darnos cuenta de algunos datos relevantes:

  • La OTAN utiliza, como poco, 3.174.000 personas para la defensa.  Decimos que como poco porque somos consientes de que, al menos, España no ha incluido los guardias civiles que tienen naturaleza militar.  También cobran de lo militar y suponen gasto militar los reservistas, que tampoco están contabilizados.  Suponemos que la OTAN utiliza, cándidamente, los datos que le dan los países y, por ello, también suponemos que estas cifras no son del todo reales, sino que están ajustadas bastante a la baja.
  • La OTAN ha bajado el número de sus tropas en el periodo 2010 – 2017 desde 3.572.000 a 3.174.000, es decir, 398.000 militares menos, un 11’15 % menos.
  • La OTAN se fundamenta en Estados Unidos, que representaba en 2010 un 39’94 % de los efectivos y que en 2017 alcanzó el 41’20 %.
  • De los 28 países de la OTAN, en 7 han subido el número de militares, en 21 han bajado.
  • Las subidas de militares en la OTAN han tenido como claros protagonistas a los países del Este, más cuanto más próximos a Rusia.  Polonia, octavo ejército de la OTAN, que ha subido en 11.000 efectivos, un 11 %.  Otros países que han aumentado el número de integrantes de sus ejércitos ha sido Estonia de 5.400 a 5.700, un 5’5 %;  Letonia, de 4.800 a 5.700, un 18’75 %;  Lituania de 7.900 a 14.000, un 77’2 %;  Noruega, de 19.000 a 20.000, un 5’26 %;  Rumanía de 67.000 a 70.000, un 4’47 %;  y Canadá de 61.000 a 73.000, un 19’67 %.
  • La mayor bajada en número de efectivos se ha producido en Estados Unidos:  119.000, Turquía 108.000, Alemania 56.000, Reino Unido:  37.000, Grecia 21.000, Portugal 16.000, Italia 12.000, España 10.000.  En este caso destacan las fuertes bajadas de los mayores contribuyentes de la OTAN y las del flanco sur.
  • Número de soldados y extensión del país no son directamente proporcionales.  Países inmensos como Estados Unidos y Canadá tienen ejércitos muy diferentes en cuanto a número de soldados.  Por lo tanto, la cantidad de soldados no es factor directo de la cantidad de kilómetros cuadrados que tienen que defender.
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El ciclo de vida del armamento

Imagen de Agencia do Brasil Fotografias

Fuente:  Infodefensa.

Un arma (cazas, fragatas, tanques, helicópteros) se suele empezar a pagar 20 años antes de empezar a usarse.  Esos 20 años se utilizan en su diseño, en las pruebas y, finalmente, en su fabricación.  Tras todo ello el arma es lo más moderno en el mercado durante unos pocos años, hasta que la industria rival, que empezó a diseñar el contraarmamento hace 15 años llega a producir un modelo nuevo y más mortífero.

Entonces, irremediablemente, el armamento queda obsoleto y hay que iniciar un nuevo círculo armamentista.

Esta locura hace que los países productores de grandes armas tengan que recurrir a la exportación de su material bélico si quieren recuperar algo del dinero invertido por su nación.  Para ello, claro, será necesario crear conflictos, o fomentarlos, en países alejados, del Tercer Mundo y con cierta capacidad de comprar armamento por parte de sus élites.

Parece que ahora, como nos cuenta Antonio Fonfría en Infodefensa, se está replanteando esta situación en el que el ciclo de vida del armamento es cortísimo.

Lo primero que nos place es que el autor reconoce este hecho, la obsolescencia de las armas muy sofisticadas y caras es rapidísima.

Lo primero que nos apena es que el reconocimiento llegue tan tarde, después de décadas utilizando el anterior planteamiento y despilfarrando en armamento que rápidamente quedaba obsoleto.

Las razones que nos da Fonfría para este viraje en la política de la industria de Defensa son varias:

  • La falta de presupuesto.  Efectivamente, los Estados cada vez están más endeudados y tienen menor capacidad para asumir ingentes gastos militares, en buena parte debido a la deuda militar generada por la fabricación y/o compra de armamento.
  • Hasta ahora sólo se contemplaba el coste de adquisición del armamento, sin tener en cuenta los programas mantenimiento, de apoyo y de modernización necesarios y que consisten en actualizar todos los sistemas de propulsión, autodefensa, informática, comunicaciones, etc., que consiguen que el armamento pueda seguir siendo mortífero, que no útil.
  • Las empresas están presionando para reducir costes en apoyo y mantenimiento del armamento.

Para adaptarse a estos cambios que aumenten la vida del armamento, Fonfría propone cuatro grandes áreas de trabajo:

  • El cambio organizativo.  Aquí la enumeración de Fronfría parece que no tiene casi nada que ver con las empresas a las que propone que cambien su estructura piramidal por otra más horizontales, sino que la mayor parte de los cambios tienen que ver con la estructura del Ministerio de Defensa.  Propone que a lo anterior hay que añadir simplificar las estructuras de toma de decisión, reducir drásticamente las rigideces administrativas, minimizar duplicidades y aprovechar sinergias entre los tres ejércitos.  Acaba proponiendo que el Ministerio de Defensa se aproveche de instituciones de investigación externas que pueden dar un importante valor añadido (es curioso, parece que lo tiene claro, pero no especifica cuáles y cómo, con lo que la propuesta queda en agua de borrajas).

¿Algo nuevo?  Nada nuevo.  Muchas de estas propuestas llevan años, mejor dicho, décadas proponiéndose para luego no hacer nada.  Otra razón que nos lleva a desconfiar de la supuesta eficiencia de la industria militar y del Ministerio de Defensa.

Por otro lado, ¿la industria militar no ha demostrado en múltiples programas A400M, NH-90, Eurofighter, F-35, submarinos S-20, … que es muy ineficaz y por ello alarga los plazos de investigación, modelización, producción, etc., de manera que hace encarecer mucho todo el proceso y que como consecuencia reduce la vida del armamento en el mercado internacional?

  • La formación.  Se refiere a la formación universitaria que explica ha de ser multidisciplinar para poder abordar los retos complejos de la industria armamentístia.

¿Hay alguna razón más grosera, inhumana y malvada para proponer que la formación universitaria sea multidisciplinar que la de fabricar armas más mortíferas y que duren más?  El autor de esta propuesta está imbuido hasta el tuétano del paradigma de dominación-violencia y, por ello, ve natural poner la enseñanza universitaria al servicio de la fabricación de armas.  ¡Vergonzoso!

  • La ciberseguridad.  Propone fomentar la inversión en ciberseguridad para tranquilidad de las empresas de armamento y sus negocios.

Pero, … ¿esto qué tiene que ver con la prolongación del ciclo de vida del armamento?  Pues ya se ve, aprovechando que hablamos de cualquier cosa vamos a proponer, como hacen todos últimamente, el mantra de gastar más en ciberseguridad, el nuevo nicho de negocio.  Faltaría más.

  • Simulación y modelización.  Dice que es el corazón del cambio que nos espera.  Dota a la simulación y modelización de la capacidad de adelantarse a los acontecimientos.

Pero claro, no explica que este nuevo grial lo están buscando también el resto de las naciones y que también ellas tendrán mayor capacidad de simular y modelizar nuestro comportamiento en materia de armamento, con lo cual la ventaja industrial, productiva y guerrera quedará muy próxima a cero (tanto por debajo como por arriba).

Gran desilusión.  Otro análisis aparentemente sesudo y técnico por parte de un experto que una vez pensado con detenimiento queda en muy poca cosa, en humo que le hará ganar puntos en el entorno de la industria militar y del Ministerio de Defensa y poco más.

Eso sí.  Nos ha sorprendido que no reclame más fondos para realizar todo lo anterior.  ¡Menudo despiste!  Si es que no se pueden escribir los artículos con prisa y sólo por ganas de agradar y no de enfrentarse al verdadero problema que supone la industria militar y la producción de armamento:  es un gasto inhumano, 100 % despilfarrador y que siega vidas y cercena calidad de vida tanto a los países que las producen como a aquellos, sobre todo, que las sufren.

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Los engaños en la renovación de los cazas españoles

Imagen de Airman Magazine

Una de las muchas peculiaridades de nuestro modelo de defensa es su dependencia de sistemas de armas que aúnan tres de las peores características posibles, pues

1) tienen unos costes muy elevados tanto en su diseño y fabricación como en su vida útil,

2) su entrega siempre se hace demasiado tarde y en condiciones tecnológicas superadas, por lo que hay que estar constantemente introduciendo mejoras de nuevo a costes elevados, y,

3) en el mejor de los casos, se acaban volviendo obsoletas sin llegar a hacerse un uso significativo de ellas, con lo que hay que volver periódicamente a sustituirlas por otros sistemas de armas más modernos que, de nuevo, vuelen a caer en el mismo círculo vicioso.

Es el caso de los actuales aviones de combate Harrier de la Armada española y del Programa de Futuro Avión de Combate (FACA), actuales F18, ambos ejemplos esclarecedores de los que parece que no vamos a aprender.

Los aviones de despegue vertical HARRIER.

La compra de los Harrier se hizo conjuntamente entre los ejércitos de EE.UU., Italia y España, para abaratar costes.  En 1983 España adquirió a McDonnell Douglas estos aviones de despegue vertical para dotar al portaaviones español Príncipe de Asturias. Los 12 primeros aviones se entregaron en 1988.  Las siguientes 8 unidades en 1993 (se encargaron en 1990) y en el año 2000 empezó el programa de “actualización” y modernización de estos aviones de guerra.

Su vida útil se preveía que se agotara en 2024 y fueran dados de baja, pero el año 2015, un memorando de entendimiento con la empresa fabricante, prolongó la vida de estos aviones hasta 2034, introduciéndose más adelante en los presupuestos generales de 2016 una partida de 47´6 millones de € para modernizar los AV-8B, que tras la modernización pasarán a ser los AV8B Harrier Plus, dotados con un mando multimodo AN/APG-65.

En la actualidad contamos con 16 de estos aparatos, 12 en pleno servicio y 4 declarados de baja a la espera de una nueva actualización. Una de sus grandes proezas ha sido participar en la operación “Deny Flight” en Bosnia Herzegovina.

Actualmente operan en el LHD Juan Carlos I, un portaviones que deja de ser útil si no lleva aviones de despegue vertical y cuyo coste superó los 500 millones de €.  Así, de no contar con los Harrier o con otros aviones que los sustituyan, tendríamos un portaviones que descendería de categoría si no cuenta con aviones de despegue vertical (pasaría a ser portahelicópteros) y los únicos que para la Armada cumplen las condiciones necesarias son los F-35.

El Programa FACA, los famosos F18 del ejército español

El programa FACA dio a España, igualmente con prolongados plazos de entrega, los 96 aviones de combate F-18 que compró (24 de segunda mano) y que deberán ser sustituidos en 2025, al llegar a las 7.000 horas de vuelo.  Actualmente se mantienen en uso 86 de estos aparatos, que también han ido sufriendo mejoras en el largo período de su uso.

La apuesta por los F35

Con todo, el ejército y la armada apuestan por comprar 60 F35 Lightning II (Relámpago) de Lockheed Martin para sustituir a los F18 y los Harrier actuales.

Por otra parte, las noticias en prensa son contradictorias. Unas afirman que hay conversaciones con el fabricante Lockheed Martin para su adquisición a un precio asequible. Pero otras dicen que Defensa los descarta.  La alternativa serían los Eurofighter europeos, en cuya fabricación participa España.

Desde los defensores de la compra se piensa en un número de entre 45 y 50 aviones para el ejército del aire y 15 para la Armada, según informa El País.

El competidor, el Eurofighter europeo y español.

España se ha gastado ya 10.600 millones de euros en el avión de combate europeo, Eurofighter, que parece ahora que no va a comprar.

Por lo tanto, la opción por comprar el F-35 no dejaría retornos en la industria española y, nuevamente, la política industria española estaría en entredicho dado que hace años se optó por el Eurofighter y ahora se abandonaría este multimillonario proyecto por falta de previsión y planificación rigurosa.

Además, la opción Eurofighter también está muy cuestionada en los últimos tiempos.  Así, por ejemplo, Austria ha renunciado a su flota de Eurofighter.

Las más que fundadas dudas sobre el F-35:

Pero esta asombrosa adquisición tiene algunos datos añadidos que conviene no perder de vista;

  • El gasto que se prevé que realice España por los F35 superará los 6.000 millones de euros en un escenario optimista en el que los aviones bajen de precio. Y para la compra de entre 60 y 65 unidades.  La estimación nos parece dudosa porque Australia estimó en 2014 que iba a comprar 75 unidades por 11.600 millones de dólares.
  • El programa F-35 ha costado ya a USA, en 2013, 395.000 millones de dólares.
  • Hay noticias que hablan de un precio de hasta 120 millones de € por aparato. Aunque si somos serios y realistas, actualmente, el precio se encuentra en los 206’3 millones de dólares, con todo instalado.  Eso sí, están esperando que cuando el avión entre en plena fase de producción, en 2019, su precio baje a una horquilla entre los 80 y los 110 millones de €, aunque estas cifras parecen cada día más inverosímiles:  en la anterior remesa vendida, en 2012, el precio medio fue de 213 millones de €, con una bajada de sólo un 5 %.
  • El precio que se maneja por los comentaristas en Defensa, habitualmente no incluye el motor, lo cual, aunque sorprendente, es una práctica bastante habitual en este tipo de contratos. El motor se calcula que puede estar alrededor de 23’03 millones de dólares por unidad.
  • El precio que maneja la prensa tampoco incluye las mejoras y modernizaciones que explicábamos antes y que son imprescindibles para cualquier avión de guerra. Mejoras y modernizaciones se calculan ahora en torno a los 32’07 millones de €, por cada aparato.
  • Otro precio del que no se suele hablar mucho es de los cascos de los pilotos de F-35: 400.000 $ por unidad.  Son cascos que sustituyen a las pantallas de datos del avión por la visera del casco y permiten una visión de 360º, gracias a 6 cámaras infrarrojas situadas en el exterior del avión.  Esta moderna tecnología también está teniendo problemas.  Así, cuando hay turbulencias, las imágenes tienen retardo y provocan mareos.  Tampoco funciona la función de visión nocturna que provoca un resplandor verde que oscurece las imágenes.  También funciona mal la capacidad de compartir datos con otros F-35, que sólo funciona bien con hasta 3 F-35.  Con 4 se producen problemas de comunicación que crean imágenes inexactas para los pilotos.   Si tenemos en cuenta que se calcula comprar entre 45 y 50 F-35, el monto total de los cascos de los pilotos será de, al menos, 18-20 millones de dólares.
  • Los problemas en la fabricación han sido continuos: por un lado, ha habido problemas en los motores, por problemas en los materiales de titanio que han provocado el incendio de algún motor.  También ha habido problemas por la fragilidad del casco del avión, por la maniobrabilidad en simulación de combate directo contra un F-16, por la vulnerabilidad a los ataques cibernéticos, también en 2013 tuvo fallos en la turbina del motor, …  A finales de 2013 se presentó una auditoría sobre el F-35  en la que se analizaba el grado de cumplimiento de la norma de calidad aeroespacial AS9100, “Sistemas de Gestión de Calidad Requisitos para Organismos de Aviación, Espacio y Defensa”.  El programa cuenta con 9 preseries en las que se van añadiendo nuevos adelantes.  Pero el informe es muy desalentador porque

el programa ha sido vuelto a revisar varias veces desde el 2001; la primera vez en 2004 por problemas de peso y rendimiento; en 2007 por aumento del coste y retrasos; en 2010 porque la JPO declaró que el programa excedía el aumento de los límites de los costes críticos establecidos por la ley Nunn-McCurdy; y que durante 2011 y 2012 la JPO realizó varias acciones para reestructurar profundamente el programa, con más financiación, ampliando los plazos de entrega y reduciendo los aviones a suministrar a corto plazo, retrasando la adquisición de 410 aviones hasta el 2017.

Además,

También indica que los datos de calidad muestran una ligera mejoría: en la primera preserie se necesitaron 972 acciones de calidad por avión; en la cuarta había disminuido a 859, representando una media de coste del 13,11%.

  • Con estos datos, no es extraño que las dudas hayan comenzado a aparecer. Canadá, en 2015 se retiró del programa.  Canadá es uno de los 9 socios del programa F-35 y su participación es del 2 %.

En la práctica, todos los países pertenecientes al consorcio que tiene previsto adquirir 2.400 aparatos –EE.UU., Australia, Canadá, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, Noruega, Países Bajos y Turquía- han expresado alguna vez sus dudas acerca de si acabarán cumpliendo sus respectivos compromisos de adquisición de la aeronave.

  • Como la descoordinación militar nunca para, la Marina estadounidense anunciaba en 2015 que no podrían cargar en el F-35, dado que no está adaptado, un nuevo tipo de bomba que quieren utilizar. Se trata de la bomba ‘Small Diameter Bomb II’ –SDB II, ‘Bomba de Pequeño Diámetro’- que es capaz de apuntar a objetivos móviles a distancias de hasta 70 km y podría estar listo en 2017. La SDB II se integra sin ningún problema en el F-35A de la Fuerza Aérea… pero no en el F-35B en su actual configuración.

 

Los ingenieros del F-35 se excusan aduciendo que no estaba previsto que la Marina usara también la bomba SDB II. Añaden que no supondrá mayor problema adaptar el compartimento del F-35B gracias al tiempo de siete años del que disponen. Además, prefieren esperar a que la SDB II esté totalmente desarrollada antes de efectuar cambios en la arquitectura del avión. Hasta entonces, tampoco podrán calcular el coste de la posible adaptación.

Es necesario llevar el debate a unos parámetros más racionales y menos militaristas.

Con los datos que aportamos antes, se puede ver que, para Defensa, el debate está posicionado en qué modelo comprar.  Ni se entra en discutir la alternativa:  ¿es necesario para la defensa de España comprar alguno de los modelos o cualquier otro?  No se debaten otros parámetros que son tan o más importantes.  Algunos serían los siguientes:

  • ¿Qué queremos defender y cómo? Estos serían los debates principales, los más importante, las clave.  Y en este debate intervendrían cuestiones tales como qué tipo de defensa necesita o quiere la sociedad española.  Sin embargo, en la política española no hay ni rastros de estos debates, que son los que cimentan toda la cadena de toma de decisiones.  ¿Quién se aprovecha de ello?  Los militares que, ante la falta de debate y decisión de la sociedad, siguen comprando armas sin ninguna cortapisa.
  • ¿Queremos una defensa ofensiva o defensiva? Porque los Eurofighter y los F-35 son armas eminentemente ofensivas, de ataque, de proyección como se dice ahora (invasión, como se decía antes).  ¿Podríamos estar más seguros, de una manera meramente defensiva comprando otros materiales o utilizando los miles de millones que vamos a gastar en cazas en el futuro para fomentar otro tipo de políticas más pacíficas y noviolentas que enfrenten de manera creativa y constructiva algunos de los problemas que tiene España como la emigración y la cooperación para el desarrollo de los países de nuestra ribera sur?
  • ¿Cuántos cazas necesita la Defensa Nacional? Actualmente tenemos 16 Harrier de despegue vertical y 96 F-18 (84 en uso).  El total son 112 cazas.  Ahora la horquilla se sitúa entre 60 y 65.  Es evidente que el número que teníamos antes era desorbitado, ahora se quieren comprar un 42 % menos.  Nos alegramos de la reducción del número de unidades, aunque suponemos que el coste será otro cantar.  ¿Son muchos, pocos, son suficientes, exagerados?  ¿Dónde está el debate y los razonamientos que ofrecen los militares?
  • Los vaivenes en la planificación de la política de defensa y en su política industrial. Hasta hace unos meses era incuestionable para los militares la necesidad de invertir en armamento propio (español o de la Unión Europea), se veía como más barato, generador de retornos a la industria española y de empleo.  Sin embargo, ahora para argumentar la compra de los F-35 se dice que es mejor, en materia de repuestos, no tener todos los huevos en la misma cesta.  De los retornos y del empleo patrio no se comenta nada.
  • Son las cuentas de la lechera. Anuncian un gasto de 6.000 millones de euros para adquirir entre 60 ó 65 F-35 con la promesa de que el precio unitario bajará. Por lo tanto esperan comprarlos a entre 92’3 y 100 millones de € el caza.  Sin embargo, el precio actual es de 206’3 millones de dólares.
  • El despilfarro. ¿Se consideran ya tirados a la basura los 10.600 millones de € gastados, o malgastados, en el desarrollo del Eurofighter?
  • Las consecuencias políticas. ¿Hay algún responsable político de este despilfarro y de los vaivenes en la toma de decisiones?  ¿Cómo rinden cuentas?  ¿Quién se las pide?
  • ¿Es el momento de tomar la decisión? Evidentemente no.  Parece que los criterios que se están usando, militarmente, son los que les conviene a la Armada.  Ellos necesitan aviones de despegue vertical, pero los necesitan para 2034.  Un futuro muy lejano.  Parece que han pensado ahorrar en este rubro uniendo su pedido al del Ejército del Aire.  Pero a ellos sí les corre más prisa, sus aviones tienen una vida útil hasta 2025, un plazo más breve.  El ahorro para la Armada lo acabaríamos pagando todos los españoles con un modelo de avión que está muy en entredicho técnicamente.
  • ¿Es una cuestión de prestigio militar? En las clasificaciones internacionales de potencia militar, uno de los criterios que más cuentan para que un país se ubique entre los primeros puestos es la posesión de un portaaviones.  ¿Necesita España un portaaviones como el Juan Carlos I?  ¿Qué queremos invadir?  ¿Es esta la política de Defensa que deseamos?  ¿Nos sobra el portaaviones Juan Carlos I y sus 16 Harrier de despegue vertical o sus 15 F-35?
  • ¿Qué tiene que ver todo este gasto con la deuda de 30.000 millones de los PEAS?   Se acumulará a ella y, por lo tanto, la hará mucho más difícil de pagar.  La burbuja militar se agrandará en un gran porcentaje y la sociedad española habrá de pagarla a través de impuestos y dejando de gastar dinero en gasto social.

Como ven, empezar a analizar una compra concreta de material militar (los F-35 yankis) nos ha llevado a cuestionar la supuesta excelencia tecnológica de la industria militar, la mala práctica en cuanto a planificación y gasto del Ministerio de Defensa, la falta de democracia en las tomas de decisiones en Defensa, la política militar de carácter ofensivo de España,  la sinrazón del gasto militar que impide gastos sociales, la deuda y el despilfarro militar, la impunidad de los que toman decisiones en materia de Defensa y la descoordinación de todo el modelo.

Nos parecen razones suficientes para proponer que antes de todos estos gastos haya en España un debate serio, profundo y plural (es decir, no solo entre los sectores vinculados a la industria militar o al ejército) sobre política de Defensa.

 

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¿Revisar el régimen profesonal de la tropa o cambiar de modelo?

Por Biheta

Nos provoca la pregunta que pone título a esta entrada el debate que tuvo lugar en la Comisión de Defensa del pasado 24 de noviembre de 2016, según aparece en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Defensa, Sesión número 2 y que dio lugar a la aprobación de una subcomisión que estudiará la situación de la Tropa y Marinería, con especial atención a los soldados que llegan a la edad de 45 años con compromisos de permanencia de larga duración y que, al llegar a dicha edad, a tenor del artículo 10 de la actual Ley de Tropa y Marinería, no se permiten nuevos reenganches y deben abandonar el ejército.

El contexto de dicha comisión venía alimentado por una sorda pero continua presión de algunas asociaciones de militares, principalmente AUME, para que el gobierno derogase este impedimento, permitiendo que los soldados y marineros mayores de 45 años pudieran seguir en el Ejército superada esa edad, así como por dos pasos mediáticos de cierto recorrido: la caminata a pie desde Badajoz hacia Madrid de dos exsoldados, Fernando Tello y David Rodríguez, concernidos por esta situación y la anunciada manifestación para dos días después de la celebración de la comisión en la capital de cientos de militares en reclamación de una solución a su “despido” inminente.

Con estas premisas, el grupo de Podemos presentó al Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) para instar al gobierno a abolir el referido artículo, proposición que fue enmendada por Ciudadanos y que posteriormente motivó la petición por el PSOE de que en vez de abordar este asunto en una proposición No de Ley, se creara una subcomisión específica para que, con participación de expertos varios, asociaciones, gobierno, etc., se pudiera emitir un dictamen al gobierno con las conclusiones y las medias que el parlamento considerara se deberían tomar.

La discusión de la PNL de Podemos y de la propuesta de crear la referida subcomisión se debatieron, como decimos, en la segunda sesión de la Comisión de Defensa, el día 24 de noviembre. La lectura de las intervenciones nos ha llamado la atención y, en nuestra opinión, intenta poner el carro antes que los bueyes, lo que, si es que no se pone remedio, vendrá a resolver el problema no resolviendo nada, o agravándolo.

¿Cómo definen en problema?

Es evidente que la definición que se haga de un problema, el cómo se enmarca, predetermina en cierto modo las respuestas que puedan darse al mismo. En este caso, como iremos viendo, la mirada al problema desde una determinada óptica (cuando hay al menos otra bien diferente, más compleja y más incómoda también) conlleva que la solución previsible no pueda ser sino dar un giro de tuerca más y en la mala dirección al problema real, agravándolo.

Para entender lo que, acuciados tal vez por la agenda mediática, preocupa a sus señorías, hemos leído las actas con el debate mantenido entre los diputados de la comisión de defensa referida:

Lo define bien la diputada Zaida Cantera de Castro, del PSOE, la promotora de la iniciativa de crear la subcomisión de estudio, cuando dice

Los militares profesionales de tropa y marinería temporales alcanzan los cuarenta y cinco años: en ese momento no se les renueva el compromiso de larga duración porque -todo hay que decirlo- así lo establece la ley.

Que este es el problema y no otro, es, al parecer, algo en lo que está de acuerdo todo el arco parlamentario, con un pequeño matiz, en este caso del diputado Tarno Blanco, del PP, que lo redefine como cuestión del envejecimiento de la tropa, lo cual afecta a la operatividad de la misma, porque, al parecer, una tropa vieja, a diferencia de otros sectores, es inservible (no así un gobierno empolvado y viejuno, donde, daría la impresión, la vetusta e inamovible experiencia es un grado). Lo dice así

Hay muchos problemas en la tropa, pero el principal -lo ha dicho la representante del Grupo Socialista- es su envejecimiento, la falta de operatividad de la fuerza, porque nos encontramos con tropa envejecida que no puede cumplir sus funciones. En todo eso es en lo que tenemos que trabajar en esa subcomisión.

Podríamos señalar, no sabemos si a modo de anécdota o para alegrar la mañana a los lectores, que a esta definición del problema, se aportó la meritoria contribución desde el grupo mixto de otro enfoque tangencial, el del diputado Salvador Arméndariz, quien malgastó la oportunidad de exhibir su innegable talento para explicar su punto de vista acerca de Rita Barberá, a la que rindió homenaje en una especie de salida del tiesto

… Quiero trasladar mis condolencias a su familia, a sus amigos, también a la familia del Partido Popular, y trasladar al señor presidente y a todos los compañeros de esta Comisión una cierta sensación de amargura en ese final, un sabor amargo porque diera la sensación de que en esta democracia no rige la presunción de inocencia. Hoy no podemos decir otra cosa, sino el hecho de que esta persona no podrá defender su honor frente a las acusaciones…

Ya lo ven, la Comisión de Defensa no siempre trabaja con igual intensidad.

A partir de esta definición del problema unánime (y quitando el punto de color del diputado Salvador Armendáriz), podemos encontrar matices, como, por ejemplo, los de Ciudadanos cuando dice que para solucionar “el problema” hace falta cambiar la ley de tropa y marinería. Lo dice así el Diputado Gutiérrez Vivas, quien en un exceso de énfasis llega a considerar a estos soldado con contrato de larga duración como funcionarios (que no lo son) despojados de sus derechos

… todos queremos -por lo menos Ciudadanos lo quiere- cambiar esta ley de los cuerpos de tropa y marinería, porque es injusto lo que se está haciendo con estos trabajadores, funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas,

O los de Podemos, que señalan que todo esto es un caso claro de lesión de derechos laborales que se soluciona restituyendo a los militares estos derechos, como fija en su intervención el diputado Alonso Cantoné cuando afirma que

nosotros desde hace tiempo siempre hemos considerado que el modelo diseñado era injusto, que en cierta forma afectaba a la dignidad de los profesionales porque estaba generando una precariedad laboral, igual que en otros sectores, que además no se compensaba con aquello que sí recoge la ley, que son los derechos, que es la capacidad de apoyar, formar, titular y empoderar a esos militares para que una vez hayan acabado su periodo puedan reintegrarse lógicamente en la sociedad con todas las capacitaciones para hacer cualquiera de las profesiones que hayan podido desarrollar durante su tarea militar, que no necesariamente tiene que ser militar.

O la lista desplegada de medidas que la diputada Cantera de Castro desplegó y a las que luego nos referiremos.

En suma, el problema se define como una situación de agravio de los soldados y marineros que por ley tienen que abandonar el ejército al cumplir los cuarenta y cinco años, perdiendo su carrera y poniendo a sus familias en grave situación. Y definido así el problema, únicamente cabe una solución: desenredar el entuerto y cambiar la ley, como pidió Podemos en su Proposición No de Ley, presentada por el portavoz de dicho grupo parlamentario en la comisión de defensa y por el portavoz del grupo parlamentario en aquel entonces.

Nos queda una duda: ¿es ese el problema? Lo abordaremos un poco más tarde, para centrarnos ahora en otros aspectos del debate igualmente enjundiosos.

El origen del problema

De algún modo, definido el problema de la manera explicada, el origen del mismo no puede sino encontrarse en la supresión del servicio militar y el establecimiento de un ejército profesional, como dice el diputado del PP Mateu Ísturiz,  en su intervención:

Hemos llegado a esta situación precisamente por una actuación del Gobierno del Partido Popular, la Ley 17/1999, que eliminó el servicio militar obligatorio.

Pero la supresión del servicio militar obligatorio generó una ansiedad en la sociedad española en el sentido de que querían unas tropas profesionales para estar a la altura de las circunstancias y una profesionalización en el cumplimiento de las tareas asignadas por la pertenencia a ciertos organismos internacionales y tener una proyección exterior en aquellas misiones en las que participábamos.

Mateu ofrece una explicación no sólo falsa en cuanto al origen del problema, sino también claramente manipuladora en la propia interpretación del fin de la mili como una especie de concesión natural y liberal del PP (y no como consecuencia de una lucha antimilitarista que erosionó suficientemente la legitimidad de esta larga e inmoral servidumbre, usada además como escuela de control y adoctrinamiento por el franquismo que al parecer no existió en el relato de la derecha) y de lo que querían los españoles (lejano por cierto tanto al intervencionismo internacional, como a la descarada alineación con las políticas agresivas de la OTAN, el aumento del gasto militar y los demás problemas que aquejan a la sociedad por culpa del militarismo impuesto).

Sin embargo, este origen del problema definido por el PP es compartido por los demás, que lo cifran de uno u otro modo en la aplicación de la actual Ley de Tropa y Marinería, con la que se quiso regular la condición de los militares con contratos de larga duración.

Podemos preguntarnos de nuevo si el origen del problema es, como se dice, la supresión de servicio militar y la profesionalización de las fuerzas armadas. Anticipamos que, en nuestra opinión, tampoco.

Las previsibles soluciones

A pesar de que las intervenciones de los diputados en la ya tantas veces referidas segunda sesión de la comisión de defensa señalaron que debería esperarse al trabajo de la subcomisión, con la aportación de informes de los diversos departamentos ministeriales y la comparecencia de expertos por definir para ayudar a los diputados a elaborar su propuesta al gobierno, lo cierto es que en la propia sesión ya se anticiparan las soluciones, todas ellas previsibles, al asunto tratado.

Comencemos por las que planteó Podemos con su PNL, rechazada en esta sesión de la Comisión de Defensa para dar lugar a la subcomisión que en teoría debe abordar de forma más global el problema.

Podemos, que como decimos asumió la propuesta de la AUME y su enfoque como un problema de derechos laborales de los militares, propone romper el nudo gordiano:  si el problema es el artículo que prohíbe permanecer en el ejército a estos soldados entrados en años, suprímase el artículo para que permanezcan en servicio. No sabemos si en calidad de soldados veteranos de tropa y marinería, o pasando a algún otro grado militar en el ya abigarrado escalafón (aprovechemos para apuntar una de las aristas del verdadero problema de gigantismo de nuestro desmesurado ejército), o, peor aún, ingresando como funcionarios en cualquier otra administración que se preste.

Podríamos apelar a la locura de convertir sin más a estos soldados en fijos del ejército, incrementando más aún el grave problema de sobredimensión de nuestro ejército y sobrecargando los ya inmorales presupuestos militares con salarios y emolumentos para cuando accedan a la reserva, o la más insensata solución de convertirlos en funcionarios o privilegiarlos con una vía de acceso directo en otras administraciones, solución no sólo peligrosa por lo que supone de militarización de la administración pública, sino también por contravenir el principio de igualdad de todos los españoles en el acceso a un trabajo y porque supone un verdadero agravio comparativo frente a los millones de parados sin privilegio alguno, y porque contraviene el principio constitucional de concurrencia y competitividad en el acceso a la función pública, aspectos que, en aras a atender a las reclamaciones de los militares, Podemos no ha valorado suficientemente.

La misma solución, pero diciendo que no es la de Podemos, es la que parece desprenderse de las palabras del diputado de Ciudadanos Gutiérrez Vivas, para quien, además, la ley no ha garantizado los esfuerzos de reintegrar a otros nichos laborales a estos militares, con lo que se supone que además querrá potenciar este aspecto a futuro, y añade, algo lacrimosamente,

La realidad es que esto no se ha hecho y estas personas se ven abocadas a perder su condición de militares en activo, su empleo, y pelear en un mundo laboral que para ellos es en muchas ocasiones desconocido, sin la adecuada competencia y en desigualdad de oportunidades con otras personas, y más en un momento de crisis en el que el propio mundo laboral está en plena reestructuración.

No nos imaginamos lo que pensará el tal Gutiérrez de los trabajadores en paro de larga duración, los jóvenes parados y sin fututo, los subempleados, empobrecidos y demás categorías que pelean en un mundo laboral desconocido y de feroz competencia, que en parte es cual es gracias a los partidos que aprueban y sostienen las políticas neoliberales diseñadas desde las instituciones más retrógradas de Europa en beneficio de la élite. Y, casi, no nos lo queremos llegar a imaginar.

Para el PP, en boca del diputado Tarno Blanco, la solución pasa por aggiornar la ley de tropa y marinería, como no puede ser menos, pero no por suprimir el compromiso temporal, del que dice que es necesario para evitar el envejecimiento de la tropa que es suficientemente conocido por los soldados que firman los contratos de larga duración desde el principio, sino por potenciar más las actividades de SAPROMIL para ofertar salidas profesionales, ampliar las plazas en policías locales y otro tipo de convenios con las otras administraciones para que los soldados puedan concurrir a ellas, e incrementar las ofertas de plazas de las academias de suboficiales para los soldados que quieran optar alas pruebas de acceso

Quien planteó un cuadro más estructurado de temas a abordar fue la diputada del PSOE Cantera de Castro, que señaló

  • Formación técnica de los militares profesionales, con titulación homologada para la vida civil.
  • Obtención de titulaciones oficiales del sistema educativo general, principalmente de FP grado medio y certificados de profesionalidad.
  • Revisar el sistema actual de temporalidad de los compromisos de corta y larga duración para:
    • Garantizar mayor estabilidad y seguridad.
    • Que las FAS puedan aprovechar mejor su capacitación y experiencia para determinadas especialidades.
  • Tener en cuenta el rejuvenecimiento de los efectivos para la escala, pero con un margen de discrecionalidad mayor que el actual sistema.
  • Fomentar vías para que los soldados que abandonen las Fuerzas Armadas puedan reincorporarse y cuando lo hagan estén altamente cualificados.
  • Fomentar las vías de incorporación al mercado laboral.
  • Planes de formación ocupacional con itinerarios individualizados, en colaboración con el Ministerio de Empleo.
  • Reserva de plazas en las convocatorias de empleo público del conjunto de las administraciones públicas
  • Mejorar el SAPROMIL tanto en número de ofertas como en perfiles
  • Habla del pago de 7.200 euros anuales a los soldados y marineros que superan los 45 años y solicitan pertenecer a la reserva de especial disponibilidad y pide analizar esto desde el punto de vista social y económico.

Definido el problema de los soldados de 45 años del modo en que lo hace la Comisión de Defensa, es lógico que las soluciones no puedan moverse mucho del marco de las propuestas señaladas, muy deprimente porque, de ponerse en práctica, no harán sino agigantar un problema ya de por sí desmesurado y que heredamos desde el franquismo, el enorme e innecesario ejército que mantenemos, tanto en efectivos como en mandos, un problema, éste sí, que requiere solución, pero una solución que levanta ampollas en una derecha militarista y con amplia complicidad con la oficialidad militar, la cual se vería muy afectada por una solución real del problema, y en una izquierda deslumbrada por la cada vez menos posible idea del ejército democrático y del pueblo y, por qué no decirlo, cada vez más separada de la visión pacifista y antimilitarista que promueve un cambio de paradigma e la idea de seguridad, para centrarse en la seguridad humana y en la apuesta por desinventar el modelo de defensa vigente para asumir, de forma gradual y en paralelo, la consolidación de una defensa social noviolenta (en la línea de la defensa de los derechos sociales que ya se efectúa en tantos campos por organizaciones diversas, de índole ecologista, feminista, de derechos sociales, solidaridad, etc.).

El trabajo de la subcomisión

La subcomisión se pretende nutrir de diversos instrumentos de trabajo:

  1. informes y comparecencias del gobierno y de diversos departamentos del Ministerio de Defensa.
  2. expertos que no se han definido
  3. la opinión de varias asociaciones de militares. Concretamente se citan AUME, Asociación de Tropa y Marinería Española y con la Asociación profesional de suboficiales.

Con este coro tan poco plural es altamente improbable que se aborden los problemas reales del gigantismo del ejército, de su evidente falta dé lógica, de la desmesurada proporción de un mando por cada 1´7 soldados, de la abundancia de oficiales en todo el escalafón, desde generales, donde contamos con muchos más de los que la ley permite, descendiendo por lo diversos grados; de la existencia de una reserva para los oficiales que permite que pasen a una situación de retiro previa a la jubilación en la que pueden compatibilizar el cobro de un salario militar por no hacer nada con un trabajo en lo privado y que nos cuesta más de 500 millones de euros del presupuesto, de la propia dimensión justa de las fuerzas armadas, del desmesurado, despilfarrador y poco transparente gasto militar español y, más allá de ello, de para qué queremos un ejército y cuáles son los objetivos que hay que defender, cuales los riesgos, amenazas o enemigos y el papel que quiere desarrollar en todo esto España.

Resolver el problema real implica reducir drásticamente el ejército, pues es innecesario y costoso y su mantenimiento impone restricciones en necesidades básicas de la sociedad, pero si la solución que se busca  va a pasar por consolidar el gigantismo del ejército, creando más fijos, la insostenibilidad del modelo será cada vez más importante.

Sin embargo, tal vez alguien levante en esta subcomisión el dedo para indicar, como el niño del cuento, que el rey está desnudo, que donde sitúan el problema sólo está un señuelo, y que el verdadero problema exige algo más que estudiar la situación de los soldados veteranos y de algo distinto a mantener la actual y desmesurada estructura y dimensión del ejército.

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El Pentágono pide entre 230.000 y 290.000 millones de $ para desarrollar las armas nucleares

Imagen de James Vaughan

Fuente:  Poderío Militar.

Se suele tener la sensación de que las armas nucleares están guardadas en sus profundos silos, quietas, a la espera.  Y esto nos puede llevar a concluir, peligrosamente, que ya no pasa nada en este submundo del militarismo mundial.

Grave error:

En los próximos 20 años, el Pentágono planea invertir en la modernización de sus fuerzas nucleares entre 230.000 y 290.000 millones de dólares, anunció el subsecretario adjunto de la Defensa estadounidense, Robert Soofer. En un reciente discurso ante la Comisión de los Asuntos de las Fuerzas Armadas del Senado de EE.UU., el alto cargo explicó la importancia de desarrollar la energía nuclear y la necesidad de asignar fondos para su modernización. Esos fondos, el país norteamericano planea destinarlos a las fuerzas nucleares entre los años 2018 y 2040.

Esta cantidad incluye el coste total de los sistemas estratégicos de suministro de armas nucleares, así como parcialmente el de los bombarderos B-21, que pueden usar tanto armas nucleares como convencionales

Cifras así de altas no nos suelen decir mucho. Por ello vamos a intentar compararlas con una cifra similar recogida en la prensa:  imagínense, representa casi dos veces el techo de gasto que Montoro ha fijado para 2018.  Es decir, todo lo que el Estado Español gastará en 2018 y 2019.  Una locura.

Las cifras que da el artículo son totalmente mareantes:

  •  EE.UU. gasta en el mantenimiento de la energía nuclear alrededor de 14.000 millones al año (suponemos que se refiere a la energía nuclear militar).
  • Sin embargo, en 2018 el Ministerio de Defensa tiene previsto aumentar esta cantidad a 19.000 millones de dólares
  • 5.000 millones de los cuales se destinarán exclusivamente a la modernización. El dinero se asignará para el desarrollo de submarinos estratégicos clase Columbia (5.000 millones de dólares anuales) y de bombarderos de nueva generación B-21 (2.700 millones de dólares anuales), así como para la fabricación y modernización de misiles balísticos y de crucero.

Y todo ello en manos de Trump!

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¿Es promoción del militarismo la rehabilitación de las fortificaciones de la guerra civil en la Comunidad de Madrid?

Imagen de PhotosNormandie

Fuente:  El Confidencial.

Los debates son interesantes porque mezclan historia, turismo, cultura de defensa versus cultura de paz, educación, negocio y ética.

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid ha identificado 462 bastiones de la Guerra Civil en 68 municipios madrileños.  Estas fortificaciones militares se encuentran actualmente protegidas desde 2013 como Bienes de Interés Cultural por la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

Cristina Cifuentes quiere iniciar un ambicioso plan para identificar, rehabilitar y promocionar turísticamente muchas de las fortificaciones de la Guerra Civil que aún se conservan

Y es que la guerra sirve para todo.  También para sacar dinero mediante el turismo.

El debate cultural:  cultura de defensa o cultura de paz.

Pero la noticia es preocupante desde el ámbito cultural porque nadie nos dice qué versión de la guerra venderán, ¿la de los republicanos, la de los franquistas?  Y la cuestión es importante dado que nadie duda de la honestidad e imparcialidad de Cifuentes y del PP.  ¿Se hablará de las tropelías de ambos bandos, o sólo de las de un bando, según sea el gobierno regional de turno?  ¿Serán los búnkeres de la Guerra Civil usados como propaganda del militarismo actual?

Porque, suponemos, en ningún caso promocionarán una visión pacifista, antimilitarista y antibélica; una visión que nos haga aprender de la maldad intrínseca de todas las guerras.  ¿Se divulgará el movimiento antiguerra durante la guerra civil?

El objetivo es la promoción, la difusión turística. La Dirección General de Patrimonio Cultural ya ha incluido en sus rutas patrimoniales los restos ya restaurados de la Guerra Civil que forman parte del Frente del Agua, en la sierra norte, un recorrido circular de nueve kilómetros, transitable a pie y en bicicleta, que recorre 27 fortificaciones. Una importante zona estratégica por la que lucharon republicanos y nacionales, entre Paredes de Buitrago y Prádena del Rincón, que incluye nidos de ametralladora, amplios refugios de tropas y puestos de mando, líneas de trincheras y fortines republicanos (ladrillo revocado y techado con hormigón) y bastiones del bando nacional (hormigonados al completo). Un ejemplo de lo que se quiere hacer en todo Madrid, una especie de ‘paquete turístico’ para disfrutar de una parte de nuestra historia.

Así, sin más, paquete turístico para disfrutar de una parte de nuestra historia.

¿Disfrutar?  ¿Sin ninguna crítica a las guerras, a su uso por lo militares que se alzaron, a los miles y miles de muertos que produjo, a la represión de 40 años de dictadura y militarismo a ultranza que siguieron?

Ni los hechos acaecidos fueron neutros, ni lo serán las formas que tengamos de enseñar a nuestros jóvenes y turistas lo que fue, es y serán las guerras.

El debate económico y su importancia para establecer el Gasto Militar.

Pero el cultural no es el único punto de preocupación.

Hasta la fecha, el Ejecutivo autonómico ha invertido 353.700 euros en varias actuaciones, como la rehabilitación del Frente del Agua, 27 fortines, búnkeres y nidos de ametralladora situados en Paredes de Buitrago, que cuenta ya con un centro de interpretación que visitan los escolares madrileños; y en el Blockhaus número 13, un gran refugio de hormigón que hoy sigue vigilando la carretera de Colmenar del Arroyo hacia Navalagamella, en el oeste de la región.

Y he aquí otro debate.  Si la inversión deviene en ensalzar el militarismo y la guerra, en no criticarlo, en, de otra manera más, presentarlo como inevitable, en presentarlo desde sólo sus aspectos técnicos (cómo se construía, cómo se conectaban los búnkeres, cuáles fueron las estrategias militares, etc.) y no desde aspectos más humanitarios, críticos, antimilitaristas y antibélicos, lo primero nos hace considerar que la inversión de 353.700 € por la Comunidad de Madrid es Gasto Militar encubierto esta vez en una Comunidad Autónoma, y lo segundo nos haría variar nuestra postura.

Pero ni Cifuentes ni el PP dejan duda, mucho nos tememos que es una nueva partida de Gasto Militar.

Y eso esperando que no esté la Comunidad de Madrid haciendo el caldo gordo al Ministerio de Defensa, acondicionando restos históricos militares que no sabemos si son de su propiedad.

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¿España tiene algo que ver en las hambrunas inadmisibles en cuatro países pobres?


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Por Trocaire

Fuente: Esglobal

Informa esglobal que en cuatro países la hambruna acecha y que están en riesgo de no poder acceder a alimentos más de 20 millones de personas, principalmente por causa de los conflictos bélicos que padecen.

Esto, como viene siendo habitual, no indigna lo suficiente a nadie y ni siquiera es motivo de un tratamiento mediático proporcional al drama que supone y a la bajeza moral en la que nos sitúa. Tal vez la prensa libre no tiene intereses en estos países o los tiene demasiado comprometidos con los causantes de tal desaguisado.

1.- Puntos en común de cuatro países empobrecidos

Los cuatro países en concreto son Yemen, Sudán del Sur, Somalia y Nigeria y comparten entre sí algunas características que no podemos dejar de constatar.

  • Los cuatro se sitúan en una zona geoestratégica particularmente intensa para los intereses occidentales. Casi podríamos trazar una línea recta que los atravesara, desde Yemen, en la península arábiga, hasta Nigeria, todos ellos en la zona subsahariana.
  • Los cuatro son países de religión mayoritaria musulmana con complejas comunidades religiosas, circunstancia que se ha alimentado para dividir y fracturar a éstos y para alimentar conflictos en los que la excusa del radicalismo yihadista y otros argumentos sirve muy bien para alimentar peleas bien mundanas.
  • Los cuatro son países empobrecidos, con índices de desarrollo humano de 0’52 para Nigeria, que ocupa el puesto 152 de los países, 0,48 para Yemen, que ocupa el puesto 168, de 0´41 para Sudán del Sur, que ocupa el puesto 181, y 0,36 para Somalia, que ocupa el último puesto del mundo.
  • Los cuatro están en guerra
  • En los cuatro uno de los factores más determinantes de su desgraciada situación es precisamente el conflicto y el coste de la violencia que soportan, con unas cifras en el Índice de Paz Mundial escandalosas, ocupando respectivamente sobre un total de 162 países analizados, los puestos 160 (Sudán del Sur, con un coste de la violencia de 3.58 billones de dólares, lo que equivale al 26 % de su PIB según el FMI, Somalia con 1.240 millones de dólares, aproximadamente el 135´22 de su PIB, Yemen con 9.337 millones de euros, el 23´8% de su PIB, y Nigeria con 70.551 millones de dólares, un 24% de su PIB.
  • Y en los cuatro los intereses occidentales forman parte de un bando, dándole apoyo en todos los ámbitos y con la clara idea de fragmentar y debilitar cualquier intento de independencia real de éstos.

Podríamos añadir la existencia de recursos estratégicos básicos (eso sí, en general bajo el dominio o la influencia de las grandes potencias) y la pertenencia de dichos países a rutas de tránsito de materias primas esenciales para el capitalismo, para acabar el cuadro.

2.- La hambruna y la guerra

Cada cual puede sacar las conclusiones que prefiera, pero parece claro que la hambruna tiene que ver mucho con la guerra que padecen estos pueblos maltratados y… también con nosotros.

Porque hasta ahora estos contundentes datos nos invisibilizan, algo que tal vez le viene muy bien a nuestra tranquilidad y al sosiego de una opinión pública dormida y narcotizada en lo que tiene que ver con el orden mundial.

Pero nuestras políticas no son invisibles en la zona. Veamos nuestro caso, el caso español.

3.- El conflicto de Yemen.

España no participa en el conflicto de Yemen. Faltaría más.

Es un conflicto que comenzó cuando una coalición liderada por Arabia Saudí, con apoyo logístico de EEUU, inició en marzo de 2015 la operación “tormenta decisiva” bombardeando aéreamente Yemen y en contra de su presidente de entonces, lo que desencadena una guerra entre la facción de éste, conocida como huzíes (de credo chií) y la facción que apoya a Arabia Saudí (de credo sunní), con el actual presidente del estado yemení.

No es una lucha religiosa, sino de poder, en una zona geoestratégica donde compiten por la hegemonía de un lado Arabia Saudí y de otro Irán, con un papel relevante de EEUU y occidente en apoyo de Arabia Saudí y de los intereses de Israel y una estrategia clara de dividir y debilitar todo lo posible a los pueblos árabes (para lo cual se atizan y alimentan conflictos) a fin de evitar que puedan mantener políticas independientes y poco favorables para los intereses occidentales.

Según Amnistía internacional, el conflicto ha generado graves crímenes de guerra y abusos de los derechos humanos, amén de los muertos y heridos, destrucción de bienes y la tremenda hambruna que está desencadenando.

Y aquí es donde entra la participación española en el conflicto.

España vendió en 2016 armas a Arabia Saudí por valor de 116´11 millones de euros,  el 2,9 de nuestras exportaciones de armas, según el informe Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso del año 2016” , presentado recientemente en el Congreso de los Diputados por el secretario de Defensa, Agustín Conde.

Las ventas a Arabia Saudí durante 2016, según dicho informe han sido (pág. 8) para

aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española y para una aeronave de un programa de cooperación, granadas de mortero, munición de artillería, munición de calibre medio, equipos de detección e identificación de señales y equipos para un sistema de vigilancia perimetral.”

Por supuesto el informe aclara que Arabia Saudí ha dado garantías de no usar estas armas fuera de su frontera, si bien son múltiples las noticias por las que hemos conocido que esto no es así y que España prefiere  no darse por enterada para no tener que suspender la venta de armas a Arabia Saudí.

Es curioso que Arabia Saudí compre a España repuestos para aviación, que es principalmente el arma que utiliza en esta guerra, y municiones, de las que se ha encontrado alguna de fabricación española en la guerra yemení.

Y más curioso que ahora que Arabia Saudí esté estudiando un bloqueo naval de Yemen, es cuando, con participación de altas instancias españolas, ha empezado a negociar la compra de fragatas españolas de Navantia.

También resulta curiosa la venta de material militar a otro país aliado de Arabia Saudí, Emiratos Arabes Unidos, que igualmente participa de la coalición que lucha en Yemen    (junto con Kuwait, Bahreim, Qatar, Jordania, Marruecos, Egipto y Pakistán):

 26,7 millones de euros en partes, piezas y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española y para aviones de reabastecimiento en vuelo, granadas de mortero y balas de pequeño calibre.

También vendemos armas a Barheim

19,1 millones de euros en morteros integrados en vehículos militares con accesorios

Y a Egipto

219,3 millones de euros en ocho aviones de transporte (213,1 millones de euros), motores y componentes de diversas aeronaves, componentes de paracaídas, recambios para vehículos de transporte y blindados y maquinaria y recambios relacionados con la fabricación  y reparación de cadenas de tanques.

Y a Qatar

66.132 euros en recambios para carros de combate de fabricación francesa y antenas telescópicas de comunicación y sus mástiles

Y Jordania

5,1 millones de euros en partes, piezas y reparables para aeronaves de entrenamiento y de transporte de fabricación española.

Y Marruecos

30,3 millones de euros en partes, piezas y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española, granadas de mortero, cartuchos impulsores y botes fumígenos de colores.

Y Pakistán

8,4 millones de euros en recambios para vehículos blindados, repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española, sistemas antitanques y equipos alertadores radar.

Si hacemos números, resulta que España ha vendido armas en 2016 a los países que forman la coalición que lucha en Yemen por valor de 425,6 millones de euros. ¿No es esto alimentar los conflictos militares en zonas calientes militarmente hablando?.

Por si fuera poco, España participa en 5 operaciones militares no directamente en Yemen pero en las inmediaciones, que sitúan tropas españolas cerca del conflicto:

  • EUTM Somalia (otro de los países en riesgo de hambruna), donde España tiene asesores militares para formar soldados en la lucha contra el terrorismo y la piratería
  • Ocean Shield, con vigilancia marítima, integrada en la OTAN, del Golfo de Adén y del índico.
  • EUCAP Nestor. De vigilancia marítima en el índico y una base permanente en Mogadisco (Somalia).
  • Atalanta, contra la piratería en el índico y bases en el Golfo de Aden y las Islas Seychelles.

España, como se ve, participa en esta guerra vendiendo armas a Arabia Saudí.

4.- Sudán del Sur

La guerra comenzó en 2013 a raíz de un intento fallido de golpe de estado que derivó en una guerra abierta entre las facciones en liza.

Sudán del Sur mantiene importantes reservas de petróleo, la mayoría en poder de los rebeldes al gobierno.

La zona es también sensible a  los intereses occidentales y cuenta con una fuerza “de pacificación” de la ONU, principalmente estadounidense, habiendo declarado el pacifista Obama en su mandato presidencial que, de seguir degenerándose el conflicto, EEUU se reservaba el derecho de intervenir directamente en la guerra,

La situación e Sudán del Sur, igualmente, participa de la idea de fronteras avanzadas que mantiene la estrategia de defensa española, siendo por ello considerada una zona sensible a los intereses militares españoles.

5.- Somalia

El conflicto somalí se remonta a los años 90 del Siglo XX y ha involucrado a varios países de la región.

En su penúltima fase intervino directamente Estados Unidos, con la operación “devolver la esperanza”, bombardeando objetivos islamistas e iniciando una campaña para acabar con los supuestos vínculos de miembros de Al Queda.

A partir de 2009 Somalia se divide de facto en dos zonas, la del norte controlada por el gobierno y la del sur en manos de sus oponentes “islamistas”.

El conflicto se agrava por la existencia de varios señores de la guerra en litigio, el tráfico de armas, el uso como opción de guerra de los desplazamientos de población, etc.

España cuenta con dos operaciones militares directas en Somalia, la operación EUTM Somalia, dando formación militar al ejército en su lucha contra el “terrorismo islamista” de Al Shabab, con base en Mogadisco, y con la operación EUCAP Nestor, también con base en Mogadisco y de vigilancia del índico.

Además de ello, participa en las operaciones de vigilancia del Golfo de Adén (uno de los circuitos más importantes para el tránsito del petróleo que consume occidente, en las operaciones Atalanta, con base en Yibuti, y la operación Ocean Shield.

A Somalia en teoría España no puede venderle armas, al sufrir un embargo de armas desde el año 2002, pero esta teoría es más bien complaciente, porque en la página 101 del informe sobre exportación de armas de 2016 al que antes nos hemos referido se dice

En los embargos a Costa de Marfil, Irak, Líbano, Liberia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur quedan excluidos de la prohibición los envíos de armas a sus Gobiernos, las fuerzas de seguridad y las fuerzas internacionales de pacificación.

Otro conflicto en el que estamos metidos de lleno, en este caso incluso formando a los combatientes.

Nigeria

Tras un pasado colonial similar al sufrido por toda África y el creciente fértil, y después de un pasado de guerras y conflictos desde los años 60 y 70 del siglo XX, este país, uno de los que tienen mayor cantidad de recursos estratégicos, uy que concita un especial interés geoestratégico y económico para Europa y EEUU; entró en una espiral de violencia, entre el gobierno y los rebeldes al mismo.

Según aparece en El País en mayo de 2017, los grupos rebeldes  de los años 60-70 fueron en su día apoyados por algunos países, entre ellos España y Francia, que ayudaron a cronificar la situación, lo que explica en gran parte la actual situación

La perduración del conflicto tampoco hubiera sido posible sin los apoyos al régimen rebelde. Éste obtuvo el respaldo de algunas naciones africanas, como Sudáfrica y las Rhodesia, y, fuera de África, Francia, España y Portugal. El punto en común fue la búsqueda de la disminución del poder de una nación muy poderosa en África, como Nigeria, y contrarrestar los sueños panafricanos de un continente unido.

Los intereses de fragmentar el país y fomentar su división permanecen, pero ahora, junto a Francia y España, aliados en este bando, se contraponen los intereses de EEUU yt Reino Unido (¿tal vez no les gusta la petrolera francesa ELF que opera en Nigeria?)

Según declaraciones de Onwuka, el plan secesionista sería fruto del entendimiento del movimiento que conduce con Reino Unido y los Estados Unidos (principalmente). Onwuka cree que el fracaso de su pueblo durante la Guerra de Biafra se debió a la imposibilidad de relacionarse Ojukwu con Gran Bretaña, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso es lo que Onwuka está dispuesto a revertir. Por otra parte, son muchos los biafreños que tienen esperanzas en que la administración Trump atienda el reclamo de autodeterminación de la región.

La venta de armas españolas a Nigeria es relativamente pequeña, 89.500 euros, pero la implicación de España en la política regional amplia, y así, participa en diversas operaciones, de la mano de  Francia, en la región:

Desde el punto de vista militar, es destacable, nos informa la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España que en el marco del Plan África y del Plan de Diplomacia de Defensa, entre 2011 y el primer semestre de 2012 tres patrulleras de la Armada española visitaron Nigeria (y otros países de la zona), para realizar operaciones militares conjuntas y participar en actividades de formación y de capacitación del personal de las marinas locales.

Nigeria exporta a España crudo (el 76,2 % de nuestras importaciones) y gas natural (22 %).

Llama la atención esta fuerte presencia de nuestro ejército en una zona tan sensible y plagada de recursos naturales estratégicos.

España cuenta con una doctrina, como hemos dicho en otras ocasiones, de “fronteras de seguridad avanzada” que sitúa nuestra frontera militar y de intereses en Centroáfrica, y que ha posibilitado esta expansión militarista y esta adscripción a la lucha francesa por imponer su influencia en la región bajo las premisas de dominación y violencia.

También aquí, con la misma táctica de divide y vencerás, colaboramos al desastre mundial y propio de Nigeria.

Tras este repaso nosotros vemos muy clara la implicación “invisible” de España (y también del resto de occidente) en las situaciones de violencia estructural que dan lugar a la hambruna dramática de 20 millones de personas de estos cuatro países.

Implicación que, más grave aún, tiene un componente también militar basado en la idea de dominación como estrategia y que usa además de la inmoral venta de armas para mantener la situación de debilidad y caos que facilita los intereses poco santos de occidente.

Una manera muy hipócrita de funcionar en el mundo y una oportunidad más para la indignación y la rebeldía ante políticas que hacen unos caraduras en nuestro nombre pisoteando la dignidad de los hambrientos y la nuestra.

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Propuestas de paz para Israel-Palestina: piensa globalmente, actual parcialmente

Imagen de Raquel Nogueira

Fuente:  Es Global.

Uno de los conflictos mundiales más enconado, polarizado y violento es el de Israel-Palestina.  Es un conflicto con dosis diarias de violencia directa, estructural y cultural, y con episodios de paroxismo guerrero.  Tanto el día a día como los momentos álgidos de violencia indican la misma dirección, cronificar el conflicto, hacerlo infinito.  Poco a poco, a de manera ultrarápida se van acumulando odios, venganzas, injurias, afrentas, …

¿Es posible una alternativa?  ¿Puede esta alternativa ser noviolenta?  ¿Puede estar basada en principios básicos que hagan la vida de tod@s mejor?  ¿Se puede mejorar la vida de las dos comunidades, incluso hasta el momento de poder llamarlo convivencia?

Ciertamente todo lo anterior es posible.  Aunque no nos lo parezca cuando nos vemos insertos en el mundo de la guerra y la violencia, fuera de ella existe la lógica.  Y hemos de decir que es una lógica mejor.  Más sana y creativa.  Una lógica que da posibilidades de llevar una vida más plena, pacífica y humana.

El artículo al que hacemos referencia es de María Torrens y nos abre la mente a posturas que, una vez que las leemos y meditamos, nos parecen lógicas, deseables, acertadas y que pueden llevar el conflicto hacia horizontes diferentes.

Leyendo las propuestas y las historias sobre las que están basadas, vemos que las grandes discusiones políticas (1 estado o 2 estados, el problema del terrorismo, el problema de las continuas agresiones del estado israelí, la violencia, etc) tienen muy difícil recorrido, están demasiado enconadas para poder resolverse de alguna manera. La solución por la fuerza o mediante el diálogo, esa es la gran disyuntiva, la dicotomía en la que hay que elegir.  ¿Existe alternativa?  Sin embargo, lo que se propone en el artículo son ideas pequeñas, parciales, muchas veces muy concretas, que permitirían vivir más pacíficamente y con más libertad.  Todo es cuestión de grado, todo es un proceso.  Posiblemente estas pequeñas ideas, desconexas, parciales, no sean la solución, ni resuelvan, de un plumazo, el conflicto.  Son pasos, pequeñas soluciones a pequeños conflictos también enquistados y polarizados.

Veamos las soluciones, y leamos en el texto de referencia las opiniones y realidades en las que están basadas:

1.-  Mismos impuestos, mismos servicios e infraestructuras, que permite vivir más pacíficamente y con más libertad, con más derechos a infraestructuras y servicios, con más libertad de circulación.

2.-  Educación contra la violencia.

3.-  Permiso para construir.

4.-  Aparcar en Jerusalén en festivos.

5.-  La relación económica con Cisjordania.

6.-  El trato a los presos palestinos y sus familias.

7.-  El papel de la comunidad internacional.

Llama mucho la atención el heptálogo de propuestas.  ¿Aparcar en Jerusalén los festivos puede tener el mismo rango que el trato a los presos palestinos y sus familias o que el establecimiento de 1 ó 2 naciones?  No, el mismo rango no, es evidente, pero sí que puede ser importante para facilitar el día a día, crean cada una, y más en conjunto, ambientes diferentes a los que ahora se viven, tanto en lo económico, como en lo social, como en lo político.

Posiblemente a muchas personas les puede parecer un análisis simplista, bonachón, bienintencionado, pero endeble el que se propone en el texto de referencia, sin embargo, está basado en las opiniones y propuestas de las personas que están viviendo el conflicto diariamente.   Y esto es así porque no se reconoce que las propuestas están hechos desde otro punto de vista, desde una perspectiva alternativa.  Por ello hay que respetar la propuesta e intentar ver sus puntos fuertes.

Las soluciones, en nuestra opinión, destacan porque ponen de relieve la existencia de otros tipos de violencia que son claves a la hora de abordar los conflictos y solucionarlos.  A estos tipos de violencia, la estructural y la cultural, casi nunca les damos importancia y, sin embargo, son la base de hondas desigualdades, injusticias y malestares que acaban por realzar el ambiente de odio y la imposibilidad de llegar a una solución porque todo está mal.  Son la violencia diaria, transparente frente a los asesinatos, a las bombas, a la violencia directa.

Si preguntásemos a la gente de la calle y a los políticos sobre qué es lo que importa defender en estos conflictos probablemente obtendríamos respuestas distintas.  Probablemente a los políticos les interesaría defender, exclusivamente o sobre todo, la nacionalidad, la existencia de un estado, el uso de la violencia directa en defensa de sus intereses, la negociación entre las elites, su protagonismo hegemónico.  En cambio, a la gente de la calle posiblemente también les importasen la nacionalidad y la existencia del estado, pero seguramente se detendrían mucho más tiempo que las elites en idear pequeñas soluciones que les hagan la vida más fácil y pacífica.  Seguramente tendrían perspectivas más humanas que verían posibilidades de acuerdo y de convivencia con el “enemigo” en sus propios barrios, en igualdad.  Posiblemente reclamaría otra manera diferente de gestionar la defensa, una mayor soberanía ciudadana en temas de defensa.

Como insinuábamos antes, la solución desde, o en, la perspectiva de dominación-violencia no existe porque el análisis deja de lado una gran parte del problema (la violencia estructural y cultural) y, por lo tanto, de las soluciones.  O el otro renuncia a la violencia o no hay solución posible; o se aceptan mis tesis, antagónicas a las del contrario, o no hay solución posible.  Todos los debates son llevados a máximos y las únicas posibilidades son todo o nada.

Además, esta visión polemológica es hegemónica, por lo cual resulta casi imposible que la gente tenga visiones diferentes y mucho menos alternativas.

Desde (o en) la perspectiva cooperación-noviolencia, interesa todo lo anterior pero se es consciente de que esa vía de abordaje del conflicto no lleva a ninguna parte, antes bien lo polariza y enquista.  Desde la perspectiva de la Seguridad Humana interesa más defender pasos concretos que permitan mejorar las condiciones de vida diaria de las personas, defendiendo sus derechos básicos.  Desde esta perspectiva se pueden entender las 7 propuestas del artículo de referencia como pequeños pasos que buscan pequeños acercamientos y una convivencia más pacífica.  Son propuestas que se salen del marco de análisis hegemónico de dominación-violencia, que sólo atiende a la violencia directa, y que sitúan las mejoras en otras perspectivas más estructurales y culturales que contribuyen en cada caso, modestamente, a mejorar en algo la vida de las personas, a crear espacios donde la convivencia sea más pacífica, normal y sana, y, por lo tanto, a crear un clima mejor, de mayor acuerdo, de más posibilidades de creatividad.

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¿Es la industria de defensa un factor determinante para nuestro bienestar?

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Por Alfredo Guerrero

Fuente: Defensa.com

La Ministra de Defensa, Dolores de Cospedal ha lapidado con su habitual fraseología

La existencia de una base industrial y tecnológica asociada a la Defensa es un factor determinante, no sólo para la operatividad de las Fuerzas Armadas, sino para el bienestar de la sociedad en su conjunto

Qué bárbaro lo de la señora. Con que trapío de naderías sentencia. En este caso, en la clausura de la Asociación Española de Tecnologías de la Defensa (TEDAE), la patronal del sector armamentista, celebrada el pasado 27 de junio.

Nuestro bienestar pendiente de un hilo, como quien dice, atado al negocio de los tiburones de la industria militar, a quienes deberíamos estar mucho más agradecidos por llevarnos a los puestos de cabeza del ranquing de los exportadores de armas y darnos tanto beneficio social al precio tan bajo de nuestra abyección.

¿En que se basa la ministra para ese fraseo?

Pues aporta sus datos, que los tiene y sorprendentes.

Las empresas asociadas en TEDAE (la inmensa mayoría del sector en España, pero no todo) han sumado este año “de crisis” nada menos que 10.700 millones de euros de negocio, un 10´2% más que en 2016, que ya fue un año muy positivo: Esta cifra representa, según la memoria de autobombo de TEDAE el 1% del PIB español y el  6% del PIB industrial español. Además, la industria armamentista, dice la ministra, tiene un notable impacto en el empleo, de hasta 55.000 profesionales, entre empleos  directos e indirectos, con una inmensa mayoría de personal de alta cualificación.

Y con un recadito para esos agoreros que critican el gasto en defensa, a los que tan cordialmente se ha dirigido la doña, afirma:

Las cifras constatan una evidencia: el sector está fuertemente comprometido con el futuro de España y por tanto su desarrollo debe ser una apuesta estratégica

Nosotros somos de los agoreros. De esos que critican todo lo que se gasta en Defensa y, sobre todo, para lo poquito que vale y lo mucho que les aprovecha a unos cuantos en perjuicio del resto.

Y decimos que la cifra de negocio de TEDAE, no podemos sino reconocer las palabras de la ministra, es enorme. Nada menos que 10.700 millones de euros y creciendo. Eso sí, la mayoría (el 83% de la producción según TEDAE) para la exportación de armas, porque se venden estas armas a países poco recomendables (y de paso se fomenta con ello la carrera de armamentos, la guerra, el conflicto, el odio  que otros pueblos nos consideren parte del enemigo, etc.).

Un negocio que ofrece a los socios de TEDAE pingües beneficios, sobre todo si tenemos en cuenta que, además, reciben un desorbitado trato de favor (subvenciones a tipo de interés cero, subvenciones sin más, exenciones, apoyo institucional para su negocio, encargos innecesarios, etc.).

Pero un negocio que no ofrece retornos a la sociedad en la proporción que los ofrecen otros sectores, por varios motivos:

  1. Según la ministra el impacto del sector en el empleo es de 55.000 profesionales, entre empleos directos e indirectos (por cierto, muchos menos que los que en otras ocasiones ha ofrecido el gobierno como impacto laboral), una cifra que no es de las más amplias en nuestro tejido industrial, ni en otros sectores laborales. Por ejemplo, sólo el sector de energías renovables,  según informe elaborado en 2010,  estimaba para dicho sector un impacto de empleo directo de alta cualificación de 68.000 personas, e indirecto de cerca de otros 45.000 para el período 2015-2020, mucho más que la industria militar y mucho más ético. O por poner otro ejemplo, el sector de la tecnología sanitaria y del equipamiento hospitalario cuenta con una facturación de unos 7.400 millones de euros, pero emplea directamente a 32.000 personas altamente cualificadas e indirectamente entre 80.000 y 100.000, según el estudio de impacto realizado por la Federación de empresas de tecnología sanitaria.
  2. El impacto de este sector en el desarrollo científico, tecnológico o de aplicación social de los ingenios militares es más que limitado.
  3. El gasto en innovación del sector militar es el 7´5 % del gasto total de innovación de nuestro tejido industrial, según la propia TEDAE.
  4. No existe una redistribución de la riqueza generada por el sector, sino, al contrario, una acumulación apabullante en manos de los accionistas de este y de los bancos que financian sus inversiones, muy pocas manos pero tremendamente ricas y poderosas, hasta el punto de contar con amplias complicidades políticas y mediáticas.
  5. Cuenta con complicidades de la clase política extractiva y un amplio apoyo institucional, como se demuestra en el ejemplo de la propia ministra cerrando su junta de accionistas o del rey emérito y su hijo reinante apoyando las ventas de armas a Arabia Saudí, por ejemplo.
  6. Factura mucho cuando todas las demás empresas están en crisis, como demuestra la siguiente afirmación de su informe anual “La actividad directa generada por los sectores industriales integrados en TEDAE aportó a la economía española cada día del pasado ejercicio la cantidad de 29,4 millones de euros. Actividad que creció tres veces más rápido (10,2%) que el total nacional (3,2%)“.
  7. No es casualidad que las grandes zonas donde están erradicadas sus factorías de producción sean zonas deprimidas y dependientes del monocultivo militar, que necesita de esta dependencia para su propio desarrollo insolidario.
  8. En cierta medida, podemos considerar que un retorno de estas industrias que fomentan la venta de armas y la conflictividad mundial es la mayor inseguridad global y las amenazas terroristas que se ciernen sobre nosotros, pues es precisamente la alimentación de los conflictos y la venta de armas uno de los capítulos que ha hecho crecer este fenómeno de resentimiento y odio.

Con todo, al ministra tiene algo de razón, como cada vez que habla. Y es que efectivamente, nuestro bienestar está relacionado con estas industrias. Concretamente de forma inversa a como la ministra plantea. Cuanto mejor las va a ellas, peor nos va a los de abajo.

Esa es la triste y humillante realidad y la razón por la que deberíamos impulsar reivindicaciones de que este tipo de industrias desaparezcan o se reconviertan a usos socialmente útiles.

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