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Carta abierta pacifista a Kichi

Imagen de Daniel López García

Fuente:  Andalucía Información.

La noticia:

Hablamos del contrato que estaría a punto de cerrarse entre Navantia y Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas, lo que generaría carga de trabajo para cinco años en los astilleros de la Bahía, tal y como indicó el presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Jesús Peralta.

El contrato asciende casi a 3.000 millones de euros, va a dar empleo a unas 10.000 familias, entre directo e indirecto, y “vamos a tener a cerca de 1.000 personas viviendo con sus familias aquí en la Bahía”, indicaba el sindicalista antes de indicar que le preocupaba la postura de Podemos en este asunto, pues junto con algunas ONG, estaba en contra de construir buques de guerra para un país que precisamente no es conocido por respetar los Derechos Humanos.

De hecho, Peralta dijo que los trabajadores habían hablado con los alcaldes de Podemos en Cádiz y Puerto Real para que instarán “a su jefe”, Pablo Iglesias, a que “se calle” porque con su oposición “va a joder a más de diez mil familias” gaditanas

Y las declaraciones de Kichi:

“por si alguien tenía alguna duda, este equipo de Gobierno da su apoyo a cualquier iniciativa que aumente la carga de trabajo en los astilleros de la Bahía de Cádiz”.

“Que no quepa la menor duda sobre nuestro apoyo a los astilleros de la Bahía de Cádiz”, afirmó para añadir que muestra su “respaldo y apoyo” a las negociaciones que la SEPI y la dirección de Navantia “están desarrollando para que el contrato de las corbetas se firme de la manera más inmediata posible”.

Eso sí, puntualizó, “eso no quita para que también cuestionemos la revisión de los compromisos en materia de diplomacia internacional con otros países como por ejemplo, con Arabia Saudí” y es que “sería conveniente que España instase a Arabia Saudí a que respete los Derechos Humanos”.

Por otro lado, el alcalde asegura que contratos como el de las corbetas “no son suficientes para enfrentar la difícil situación que atraviesa el empleo en la Bahía de Cádiz”, incidiendo en que el Gobierno de España “debe garantizar que llegue, no sólo del sector militar, sino también del civil, carga de trabajo sostenible para los astilleros de la Bahía de Cádiz”.
Por último, el regidor gaditano reclama que se ponga en marcha un Plan Estratégico para el Sector Naval, ausente en la última década, que renueve las inversiones y las plantillas en este sector.

Querido Kichi:

Somos conocedores de que en el año escaso que llevas de alcalde ha habido mejoras sustanciales en la ciudad, a pesar de los muchos palos que os han puesto en las ruedas otros actores políticos.  Sabemos que se ha bajado la deuda de Cádiz en más de 10 millones de €, que se ha implementado el programa de alimentación urgente para escolares, que ya no hay listas de espera en servicios sociales, que habéis aprobado un bono social para la electricidad de muchas familias pobres (y que estáis gestionando otro bono para el agua), sabemos que habéis fomentado la cultura participativa en el ayuntamiento.  Todo ello nos alegra y por ello te felicitamos.  Pero, ciertamente teníamos esperanzas, dada tu trayectoria, en que tu llegada a la alcaldía de Cádiz sirviera para bajar el nivel de militarización que sufre la ciudad y la comarca.

Cádiz es un ejemplo palmario de que el monocultivo militar no es bueno económicamente para ninguna región porque:

  • se convierte en la única alternativa de empleo y de inversión
  • éticamente es reprobable al cien por cien
  • vuelve dependiente a la población y a sus políticos de los inestables ciclos de venta de armas o de las guerras que se están preparando

Nosotros particularmente teníamos las expectativas abiertas porque nos habían hablado muy bien de ti como persona y de tu compromiso político.

Al principio de tu mandato nos sorprendió que recibieras institucionalmente a militares de alta graduación que recalaban en Cádiz, pero bueno, era el inicio y, en parte, eran asuntos menores.

Sin embargo este apoyo a la SEPI y a Navantia para fabricar corbetas, buques de guerra de la clase Avante 2200, corbetas destinadas a un país criminal que las emplerá, como se está viendo, en su lucha expansiva y por el control regional de una de las zonas más sensibles del planeta, este apoyo es un verdadero baño de realidad.  Parece que optas por ser uno más, uno de ellos, uno de los que callan ante el atropello del militarismo y prefiere el cálculo electoral a la dignidad.

Leemos los resultados de las votaciones de la Diputación de Cádiz y en el punto 20 no deja de sorprendernos la casi unanimidad:  a favor de fabricar las corbetas para Arabia votaron  PP, PSOE, IU, PC (Por Cádiz sí se puede) y PA (Grupo Andalucista).  Sólo se abstuvo GJ (Ganemos Jeréz) por sus recelos antes las prácticas de Arabia Saudí contra los Derechos Humanos.

El diputado de Grandes Sectores Estratégicos, José María Román, ha explicado que la defensa del empleo debe prevalecer sin que ninguna otra cuestión, que podría tratarse en un punto aparte, enturbie el consenso sobre este tema. En este sentido ha argumentado su rechazo a una enmienda del Grupo Por Cádiz Sí se Puede, que pedía una manifestación explícita de defensa de los Derechos Humanos y contra el terrorismo, no por cuestiones de fondo, sino porque se trataba de un acuerdo que quiere manifestar un mensaje rotundo e inequívoco en favor de la búsqueda de carga de trabajo, ante el enorme índice de desempleo de la provincia y la Bahía de Cádiz en particular.

El drama del empleo en Cádiz es indignante. En eso no podemos sino estar de acuerdo. Buscar salidas urgentes, inmediatas, a ese drama es, no cabe duda, la labor política más importante y no sólo cuestión de palabras. Pero el trabajo en Cádiz asociado a la fabricación de armas condena a Cádiz a la dependencia, a la precariedad laboral, a la insostenibilidad. Y ese es el problema que, al parecer, nadie quiere abordar.

Son varias las consideraciones que te queremos comentar desde el punto de vista pacifista:

  • Apoyo total al militarismo.  Parece, por tus declaraciones en facebook que el apoyo no tiene medias tintas, ni matizaciones.  No es que hayas dicho que no hay más remedio, que te ves obligado, que en el futuro procurarás que sea de otra manera.  Has dado todo tu apoyo inequívoco y sin matices.  Impresionante. Y así hemos capturado tu declaración en las redes:

kichi navantia subrayado

  • Todo para nada.  El contrato no es suficiente para enfrentar la difícil situación del empleo en la zona.  El actual contrato militar es un parche temporal que no va a solucionar los problemas de la zona.  Sin embargo, sí los va a enquistar:  Cádiz va a ser durante más años dependiente de los militar, como lo ha sido desde hace mucho.  La misma perspectiva vital penosa, dependiente, azarosa. Y esto, desde la responsabilidad de un político que viene a romper las dinámicas nefastas provocadas por el PP y el PSOE debería explicarlo claramente a la sociedad, incluso enfrentándose a los interesados grupos de presión que pujan por el interés militarista.
  • ¿Renunciamos a la ética?  Fomentar la venta de armas no es neutro, no es aséptico, tiene consecuencias.  Refleja falta de ética política porque fomenta la violencia directa, estructural y cultural.  Supone que un edil que quiere cambiar las situaciones de injusticia de su ciudad mira para otro lado si se promueve la violencia estructural en otros países que no respetan los derechos humanos, las relaciones internacionales militarizadas.  Eso es asumir el núcleo de las convicciones políticas del capitalismo:  lo importante es que ‘nosotros’ estemos bien, aunque sea explotando a los demás.
  • La compañía.   ¿No es sospechoso votar con PP y PSOE?  ¿Acaso son casta en todo menos en la cuestión de Defensa?  Votar con el PP y con el PSOE en cuestiones de Defensa es dar el primer paso para acabar asumiendo que la política de Defensa es intocable, incuestionable, no debatible.  Supone asumir el núcleo de la ideología en cuestiones de Defensa del PPPSOE, la política de Defensa es una Política de Estado y, por lo tanto, es conservadora, opaca, promotora de violencia, exportadora de armas, consolidadora del militarismo y de la OTAN.  Sobre todo, y esto es lo peor, supone asumir que no hay alternativa.
  • ¿Apoyar a Navantia?  Si la decisión es apoyar a una empresa que investiga para acabar desarrollando un submarino, el S-80, que se hunde pero no es capaz de flotar, la decisión no tiene muy buena pinta.  ¿Quién ha dimitido por una gestión tan desastrosa, y que le ha costado a los impuestos de todos un sobrecoste multimillonario, quién es el responsable?  Se está apoyando a una empresa antieconómica, que necesita sucesivas subvenciones del Estado para sobrevivir, que necesita apoyo institucional para vender su producto principal (naves de guerra) y con una gestión nefasta y unos responsables incapaces pero irresponsables.
  • ¿El empleo lo es todo?  ¿Aunque fomente a dictadores, aunque fomente la guerra?  Ya no importa nada:  empleo a cualquier precio, cualquier oferta es buena.  Seguramente contestarás que no.  Seguro que no aceptarías un vertedero de residuos nucleares en Cádiz, ni que cualquier corrupto hiciese un casino por mucho empleo que se crease. Seguro que estás de acuerdo, por ejemplo, con el ayuntamiento de Pontevedra que quiere quitar una industria papelera de allí, a pesar de que da empleo ¿Por qué no se mantiene la coherencia en lo antimilitar?
  • Empleo digno. Es muy fuerte que Cádiz tenga un 40% de paro.  Terrible, pero también es muy fuerte que la forma de trabajar en Cádiz sea fabricar armas. Y es más fuerte todavía conocer que es precisamente la dependencia que genera ese monocultivo militar el que provoca dependencia y quiebra la posibilidad de alternativas sostenibles de empleo. Exigimos trabajos dignos en horario, en conciliación familiar, en que no haya grandes diferencias salariales entre los directivos y los trabajadores de base.  ¿No exigimos que la producción sea, también, ética, pacífica, coherente, sostenible?
  • Empleo solidario.  ¿Solidario fabricar armas?  Antes bien es antiecológico, antieconómico, un despilfarro, inhumano, el colmo de la insolidaridad porque las armas sólo hace más fuertes a las elites económicas y políticas, no a la gente de base. Si con alguien es solidario apoyar a las industrias militares es con las industrias militares, pero se da el caso de que éstas son, precisamente, insolidarias con la lucha de los hombres y mujeres por la dignidad y la justicia. Hay que elegir bien las solidaridades y los amigos y aliados, no sea que acabemos siendo lo que empezamos deplorando y nos arrastremos por la vida como tantos patéticos e instalados sujetos que todos conocemos que nos hablan de sus batallitas de compromiso que, hace tanto y de forma tan escandalosa, abandonaron.
  • La peor apuesta para generar empleo.  Como se muestra en la siguiente imagen, con un millón de dólares se crean 8.555 empleos en lo militar, pero con los mismos destinados a otros fines, se crearían 10.779 en consumo personal, 12.804 en construcción, 12.883 en salud, 17.687 en educación y 19.795 empleos en el transporte público.  ¿Por qué apostar por lo menos productivo para paliar el problema de desempleo? ¿No es más sensato reclamar y con fuerza un cambio desde ya de las prioridades, de las inversiones públicas, de los objetivos de las empresas, etc. hacia sectores sostenibles y alternativos a lo militar?

investigación en armamento y trabajo

  • El círculo vicioso de la dependencia militar.  Cádiz siempre ha sido dependiente de lo militar, con esta decisión lo seguirá siendo y dará un nuevo giro de tuerca.  Esta decisión de apoyo militarista es pan (migajas) para hoy y hambre para mañana.  No se arregla ningún problema de desarrollo sostenible de Cádiz, se ahonda en el problema. Debería saber el alcalde de Cádiz que la producción de armas está sometida a ciclos de rearme y distensión y al fomento de las guerras y conflictos por parte de los grandes centros de decisión mundial. Estos ciclos necesitan de fases expansivas y de producción y otras de parón. Condicionar el futuro de Cádiz al capricho de la venta de armas es asociarlo de forma inconsciente a los ciclos del militarismo, condenar el trabajo a su precaria situación. ¿Cádiz tiene la mala calidad de trabajo porque tiene pocos pedidos militares o porque el militarismo precariza su mercado laboral? ¿Navantia es la solución o es más bien el problema?
  • La corresponsabilidad.  Defender el empleo de Cádiz de la manera en que lo has hecho, las declaraciones que has hecho, Kichi, te hacen corresponsable de la política de defensa militarista y violenta que practican PSOE y PP.  También del sostenimiento militar de la dictadura Saudí.
  •   No se han hecho los deberes.  ¿Cómo se puede romper con este círculo vicioso y violento?, ¿cómo para que no suceda de nuevo?  Porque esta situación era previsible. Cada poco tiempo, los intereses conjuntos de la empresa Navantia, de las empresas militares, de los partidos promilitaristas que apoyan sus intereses, de sus grupos mediáticos de apoyo y de la cúpula sindical instalada en sus viejos dogmas, se conjuntan para presionar, para exigir más carga de trabajo en armas, para hacer creer que su interés es el de todos, para conseguir el objetivo lucrativo que persiguen. Por tanto, que ahora iban a plantear lo de siempre, que iban a presionar a los alcaldes que dicen representar otro sentir, era evidente y el no tener respuesta y plegarse a las exigencias supone no tener hechos los deberes. Y parece que la visión ha sido muy cortoplacista, nada de prever el medio y largo plazo ¿Qué alternativas se han barajado?  ¿Qué planes se han desarrollado para evitar el marrón político que supone vender armas a una dictadura?  ¿Qué planes hay para evitar la perpetua dependencia de la inversión militar?  Parece que ninguno. Sencillamente, te has dejado vencer (esperamos que aún no convencer) por los lobbys de presión militar. Ahora te consideran uno de ellos.
  • Es imprescindible la crítica a lo militar desde las institudiones.  No es cierto que Cádiz entero aspire a la carga militar de trabajo. De hecho no todo el mundo votó a favor de la apuesta militarista. Es cierto que el bloque que se adscribió a las tesis del partido tácito militarista (PSOE, PP; IU, Por Cádiz SI se Puede, PA) fue mayoritario, pero el hecho de que hubiera un voto diferente implica que sí había otras posibilidades, al menos de mostrar no un apoyo incondicional, sino una apuesta por alternativas, un apoyo en su caso más matizado…  Pero, más allá, de los grupos políticos, es que son muchas las ONG y entidades que no apuestan por Navantia y la militarización de Cádiz. De hecho, el propio Presidente del Comité de Empresa de Navantia, uno de los grupos de presión más importantes de la Bahía, presionaba a Podemos para que  no se alineara con las ONG contra los contratos militares. Tampoco los pacifistas de Cádiz están por la labor de apoyar tan incondicionalmente la carga de trabajo militar para Cádiz como alternativa de trabajo decente.

Para acabar, Kichi, ¿es posible encontrar alternativas?

La desmilitarización de zonas dependientes del monocultivo militar no es nueva en Europa: Los programas KONVER y TACIS, promovidos por la Comisión Europea  a petición del Parlamento Europeo, permitió invertir importantes cantidades económicas a partir de 1993 en regiones fuertemente afectadas por el monocultivo militar en Italia, Francia, España y Alemania (tras la reunificación). Otro programa de la misma comisión, el llamado Programa TACIS promovió similares inversiones en las regiones fuertemente militarizadas de diversos estados de la extinta URSS.

De este modo, tanto el enfoque pro desmilitarización de zonas afectas al monocultivo militar como recursos para ello no son algo extraño en Europa, sino que existen antecedentes.  Hay muchos ejemplos de reconversión de la industria militar, de mayor y menor calado, son dignos de estudio y vendrían muy bien a Cádiz.

También hay algunos diseños sobre el camino de tránsito desde esta sociedad tan militarizada y violenta hacia otra sociedad pacífica, solidaria y noviolenta.  El concepto se llama transarme y no es un irrealizable.  Sobre él se puede leer en «Política noviolenta y lucha socia. Alterantiva noviolenta a la defensa militar».

Por otra parte, también los Presupuestos Generales del Estado contemplan partidas para el desarrollo económico sostenible de regiones en declive industrial. Dichos fondos estatales, desde una reivindicación bien organizada, pueden reclamarse para una profunda reconversión hacia la sostenibilidad del empleo de calidad y justo en las grandes dependientes militares españolas con alto índice de paro asociado, Cádiz y Ferrol. Asombra no ver estas reclamaciones, al menos como matización, en las reivindicaciones del Alcalde alternativo de Cádiz. ¿Desconocimiento, desinterés, entrega a los intereses del militarismo?

En tercer lugar, las críticas a Navantia como empresa son muchísimas:  estaría encabezando cualquier lista de las principales empresas españolas donde hacer una auditoría seria y rigurosa.  La empresa pública Navantia arrastra una deuda espectacular, fruto de la falta de perspectiva real a medio y largo plazo, la evidentemente nefasta gestión y lo catastrófico de su producción fallida. Esta deuda, a la larga, es sufragada de forma indirecta por parte de toda la sociedad por la vía tanto del esfuerzo de las autoridades para conseguir nuevos contratos de armas (viajes del Ministro de Defensa y del propio Rey incluidos), como porque el agujero acaba siendo pagado por SEPI con cargo a los beneficios de otras de sus empresas o por el Estado por medio de aportaciones económicas, subvenciones y créditos a interés cero. Todo este esfuerzo destinado a la producción de armas se estima en varios cientos de millones cada año. La reversión de tal esfuerzo en términos políticos y económicos a los parados de Cádiz y a generar nuevos nichos de empleo decente, sencillamente, podrían paliar transitoriamente la situación regional hasta la consolidación de otras alternativas. Ni se ha visto al rey y a la pléyade de políticos corifeos del militarismo reivindicando una viabilidad alternativa para Cádiz, ni parece que sea interés de todos estos señores impulsar con tanto ahínco el trabajo de los gaditanos como la posición de España como séptima potencia en venta de armas del mundo.

Reivindicar desde ya la reconversión del sector naval de Cádiz y de Navantia hacia una producción diferente podría, igualmente, formar parte de la agenda política alternativa. ¿No cabe producir con la tecnología disponible otros ingenios por ejemplo enfocados hacia las energías limpias, o hacia el uso de la sofisticada tecnología en usos civiles que posicionaran a Cádiz de manera alternativa? De hecho Navantia tiene una línea de investigación en los sectores eólico y marino. ¿Puede potenciarse ésta en detrimento de la producción sucia de armas? ¿No apuesta Cádiz por un cambio hacia un modelo energético ética y ecológicamente sostenible que saque a la provincia de la postración? ¿No puede ser este el camino?

El militarismo en Cádiz es brutal también en lo territorial. Cádiz cuenta con más de 68.938.237,56 metros cuadrados de patrimonio militar (según los datos de patrimonio que, como se sabe, no contemplan el total del que tiene el militarismo), sin contar con el de Navantia. Sin embargo lo militar y sus industrias no pagan impuestos ni tasas a los municipios, están exentos. ¿No existe aquí una fuente ya sea para la reconversión de estos terrenos e instalaciones que no usan hacia fines útiles o planes de choque que ayuden a la población?  ¿No sería la exigencia de que paguen un apoyo a políticas de empleo, en este proceso de transición al cambio de modelo que Kichi ha prometido tantas veces, para Cádiz?

Entre la resignación fatalista y el escapismo que todo lo niega, caben caminos para revertir la injusta situación de paro de Cádiz, fruto de una historia de postraciones e intereses, donde la propia dependencia del monocultivo militar actúa no como solución, sino como generador de dependencia.

Pero esos caminos pasan por proponer y llevar a cabo políticas activas y por mostrar el camino de transarme que nos lleve a la superación de la dependencia.

Y en esto, querido Kichi, ni siquiera te has alineado en la propuesta de cambio.

Falta diálogo con los pacifistas.  Falta estudiar y comprender sus propuestas, sus alternativas, falta trabajo común con ellos, que también son parte de la izquierda y de la alternativa a esta sociedad de opresión.

Un saludo, compañero.

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Nada del problema militar es negociable para Sánchez

Imagen de David de la Luz

Fuente:  Nueva Tribuna.

Pedro Sánchez acaba de hacer públicas 43 medidas que ha enviado a los partidos para negociar su presidencia del gobierno.

Muchas de ellas son, innegablemente, necesarias y urgentes (derogar la Reforma Laboral, derogar la Reforma Educativa -cosa que, por cierto, no se dice, sino que se habla de paralizar su calendario de aplicación-, medidas de choque para bajar el paro a la mitad, …).

Otras son risibles viendo el comportamiento conocido del PSOE, por ejemplo en todas las noticias sobre las puertas giratorias constantes en el mundo de la Defensa. Dicen así

36. Endurecer el régimen de incompatibilidades para evitar el fenómeno de las puertas giratorias, extendiendo el periodo hasta los 5 años.

.Otras son necesarias pero hay que concretar.  Por ejemplo, cuando habla (en la medida 4) de hacer una auditoría del gasto público, ¿se refiere también al gasto militar?  Porque el gasto militar ha de ser, urgentemente, auditado dado que los Presupuestos Generales del Estado para 2016, entre otras cosas,

  • esconden gasto militar en 12 de los 13 ministerios existentes y
  • que aunque se publicita que el presupuesto del Ministerio de Defensa será de 5.787’89 millones de €, la suma de todas las partidas que tienen que ver con el gasto militar (siguiendo el criterio contable de la OTAN) asciende a 31.133’15 millones de €, es decir, las cuentas públicas esconden 25.345’26 millones € de gasto militar esconden el 81’41 % de dicho gasto.
  • la deuda militar que genera el gasto militar será para 2016 de 16.309’59 millones de €, el 53’82 % del gasto militar.

En la medida 15 se habla de

Promover Acuerdo por la Ciencia, recuperar los niveles de inversión pública en I+D+i e impulsar un plan de repatriación del talento científico.

Pero no se habla del problema que está suponiendo la militarización de la I+D+i española en los últimos gobiernos.

También nos llama la atención la propuesta

32. Atribuir a los partidos políticos que se hayan financiado ilegalmente responsabilidad patrimonial de dichos actos.

porque, en nuestra opinión, estas responsabilidades políticas y penales se debería aplicar también a la esfera militar dado que los programas PEAS están sobreendeudando al Ministerio de Defensa y al de Industria, además, de contribuyendo negativamente porque producen excesivo aumento de déficit en los PGE.  Una y otra vez publicamos noticias sobre la mala calidad de la industria militar, parte de la cual tiene accionariado estatal, y donde nunca nadie asume las consecuencias de las malas políticas que implementan.

Pero nos extraña sobremanera que nada de lo militar sea importante para Pedro Sánchez, el PSOE y para los pactos que quieren hacer para gobernar España durante los próximos cuatro años.  Por ejemplo, ¿no es importante

  1. Conseguir que la Directiva de Defensa sea debatida por el Parlamento y la sociedad antes de ser aprobada
  2. Conseguir que la Comisión de Defensa del Congreso sea un órgano donde realmente se controle la política de Defensa
  3. Reducir el excesivo número de militares españoles
  4. Aumentar la ratio de oficiales por soldado desde los impresentables y actuales 1 oficial por cada 1’8 soldados a cifras más presentables
  5. Iniciar el proceso de reconversión de las deficitarias e ineficaces industrias militares españolas hacia fines socialmente útiles
  6. Prohibir el gasto en programas de armamento ineficaces, caros y generadores de deuda, como los PEAS que van a suponer una inversión en armas de 1.606’5 millones € en 2016
  7. Reducir el Gasto Militar español de 31.133’15 millones € para financiar políticas sociales
  8. Abandonar la política de exteriores militarizada y cambiar las prioridades hacia la cooperación y la solidadridad
  9. Presupuestar bien las Operaciones Militares en el Exterior (1.034 millones para 2016) y dejar de ocultar su desmedido gasto a la opinión pública
  10. Desmilitarizar la Guardia Civil y la Guardia Real
  11. Acabar con la corrupción militar
  12. Acabar con el despilfarro militar (cuerpos como la Patrulla Águila, Patrulla Acrobática de Paracaidismo, Patrulla Aspa, desfiles militares, …)
  13. Desmilitarizar la UME
  14. Salir de la OTAN
  15. Acabar con la justicia militar
  16. Prohibir el sobregasto del Ministerio de Defensa en las liquidaciones de los presupuestos por un valor medio de 1.357 millones de € al año
  17. Podríamos añadir un largo etcétera, que podéis consultar en nuestros informes sobre Gasto Militar, sobre el Ejército Europeo y sobre Antimilitarismo y Elecciones Municipales y Autonómicas.

Sin embargo, nos sorprende que nada de lo militar sea negociable, mejorable, hablable siquiera.

Una vez más los militares se salen con la suya logran mantenerse como política de estado, como política inmutable y ajena a quien gobierne, y sobre todo a los ciudadanos.

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La parcialidad de la Justicia Militar

Imagen de Álvaro Herráiz San Martín

Fuente:  El País.

Los sucesos ocurrieron en 2004 en Diwaniyah, Irak.  El País consiguió unas imágenes que fueron publicadas el 17 de marzo de 2013.

Las imágenes hablan con claridad de la actuación de los militares españoles

 

Sin embargo,

El Tribunal Militar Central ha dictado el sobreseimiento provisional del caso de las torturas en Irak, que se abrió a raíz de la difusión por EL PAÍS, el 17 de marzo de 2013, de un vídeo en el que varios legionarios pateaban a dos detenidos en el centro de detención de Base España, en Diwaniya (Irak), durante la ocupación del país. El tribunal ve indicios de delito, pero archiva la causa porque el fiscal así lo pide y no hay ninguna otra acusación.

Indignante.

Pero queda claro para qué vale la Justicia Militar:  para asegurar la impunidad de los militares tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Nada en este caso tiene sentido:

El juzgado togado militar número 12 abrió diligencias por un presunto delito de malos tratos a prisioneros. El ascenso de uno de los militares imputados, legionarios o exlegionarios del Tercio de Ronda (Málaga) destinados en Irak en 2004, pasó la causa al juzgado militar central 2. Tras ocho meses de instrucción, el juez pidió el archivo del caso, pese a calificar los hechos de “infames, execrables e ignominiosos”, con el argumento de que no se había podido identificar a los maltratadores ni a sus víctimas.

La política de encubrimiento queda patente:

El juez alega que no se ha podido identificar a los agresores ni a las víctimas. La marcha atrás de un legionario que denunció a sus compañeros y luego se desdijo de sus declaraciones permitirá que unos hechos que el juez califica de “infames” queden impunes.

Más en extenso, véanse las incongruencias del coronel auditor de la causa:

El coronel auditor, que desde enero pasado instruye el caso, no tiene dudas sobre la veracidad de los hechos —sucedidos en la base de las tropas españolas en Diwaniya (Irak) entre el 22 de enero y el 18 de febrero de 2004— a los que se refiere con adjetivos como “infames, execrables e ignominiosos”. “Tenemos la firme convicción de que los hechos ocurrieron y que tienen entidad penal”, proclama. Por eso, no plantea el sobreseimiento definitivo, como reclamaron los defensores de los cinco imputados. Sin embargo, propone el “sobreseimiento provisional” —lo que supone que archiva la investigación y se levantan las imputaciones hasta que aparezcan nuevos datos— aunque reconoce que “las posibilidades de reabrir el procedimiento son especialmente complicadas” y que produce “frustración […] no poder llegar a conocer la verdad material de lo sucedido, máxime cuando se trata de comportamientos graves y tan ajenos de lo que debe ser el de las tropas españolas desplazadas lejos de territorio nacional en ejecución de las misiones encomendadas”.

Todo el proceso se tiñe de extrañas irregularidades y de una lógica muy irregular.  Por ejemplo, se da credibilidad a las declaraciones acusatorias de un soldado que primero fue imputado y que cuando pasó, por arte de birlibirloque, a la condición de testigo se contradijo a sí mismo:

En julio de 2014, el legionario J. M. C. de los R. reconoció que fue él quien grabó el vídeo e identificó ante la juez a los militares que aparecen en sus imágenes con el rostro pixelado. Pero el pasado 21 de mayo volvió a declarar, ya no en condición de imputado sino como testigo, y se desdijo de sus anteriores declaraciones, asegurando que su “situación eran tan mala […] que hubiese contado lo que fuese”.

El juez advierte que es ilógico que el legionario hiciera declaraciones autoinculpatorias cuando habló como imputado, con derecho a no declarar, y exculpatorias cuando lo hizo como testigo. Pero concluye que, ante la contradicción entre ambas, no puede dar credibilidad a la primera.

¿Cómo pudo ocurrir este cambio de parecer en el soldado?  Lo que nos ofrece El País es un relato que bien podría presentarse a los premios Óscar al mejor guión en la categoría de Películas mafiosas:

Desde las siete de la tarde del 27 de junio de 2014, cuando fue interrogado por la Guardia Civil en Ronda (Málaga), hasta las cuatro de la tarde del día siguiente, cuando se presentó en el Juzgado Togado Militar Territorial número 12, al menos siete mandos de la Legión se dirigieron al legionario J. M. C. de los R. para convencerle de que no colaborase con la investigación.

Así lo sugirió el propio legionario a preguntas del fiscal. “Preguntado si por alguno de estos mandos ha recibido amenazas o advertencias para que no declarara, respondió que no quiere contestar”, señala el auto.

El legionario viajó a Madrid en tren y llegó a la estación de Atocha a las dos de la tarde, poco antes de la hora a la que estaba citado. Pero en Atocha, sin que él lo supiera, un capitán de la Legión le estaba esperando y, en vez de recorrer a pie los 300 metros que separan la estación del juzgado, se lo llevó en su coche y lo devolvió dos horas después —supuestamente por un error en el GPS—, cuando la Guardia Civil ya lo buscaba.

El mismo capitán irrumpió a media tarde en el juzgado militar, donde protagonizó un altercado con la secretaria judicial y la juez. Su interés era hacerse con el teléfono del abogado de oficio que había asistido a J. M. C. de los R., para que dejara su defensa en manos del letrado Juan Antonio Díaz Díaz, conocido como El Coronel. No es solo un apodo. Díaz es un coronel de la Legión en la reserva que sigue estrechamente vinculado a la misma como presidente de la Fundación Tercio de Extranjeros.

Pese a todos estos esfuerzos, el legionario “cantó”, como le dijo alarmada la esposa de uno de los implicados a una amiga en una conversación telefónica intervenida judicialmente, y denunció a sus compañeros, rompiendo el pacto de silencio.

Cuando recuperó la libertad y regresó a Ronda, la presión se multiplicó. “Siempre leal, mi capitán; que me he equivocado, he metido la pata […] a la orden, yo no salgo ni a la calle, por miedo, por vergüenza y por todo, estoy totalmente avergonzado”, le confesó a un superior.

Finalmente, J. M. C. de los R. cambió su declaración y se desdijo. Se cumplió así la más anacrónica interpretación del Credo Legionario, según la cual hay que apoyar siempre al compañero “con razón o sin ella”.

 

Además, para colmo, no se han tenido en cuenta las declaraciones de otro soldado testigo:

En el sumario figura otro testigo: el legionario D. G. J. Aunque no asistió personalmente a los malos tratos, supo lo que pasó y la existencia del vídeo. Fue él quien puso a la Guardia Civil tras la pista de sus protagonistas.

Sin embargo, el juez elude su testimonio asegurando que “carece de imputación contra persona aforada ante este tribunal”. Se trata de un recurso formal: quiere decir que D. G. J. no acusó al capitán A. B. del P., cuyo ascenso hizo que la instructora inicial, la comandante Patricia Moncada, fuera apartada del caso en favor de un juzgado togado central.

Y, para acabar, otra irregularidad que protege a los militares frente a lo que es habitual en la justicia civil:

Si la justicia ordinaria investigase este caso, la acción popular podría recurrir el archivo. Pero la jurisdicción castrense no permite la acción popular, las víctimas no están personadas y el fiscal militar, único acusador, apoya que se dé carpetazo.

En todo esto la responsabilidad última es de Morenés porque

La impunidad de los responsables de las torturas en el centro de detención de la Base España en Diwaniya (Irak) plantea de lleno las limitaciones de la jurisdicción castrense, según el letrado Mariano Casado. El hecho de que no se permitiera la acción popular, que en este caso intentó ejercer sin éxito la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), dejó el monopolio de la acusación en manos de la fiscalía, que no es idependiente.

El fiscal togado no solo depende jerárquicamente del fiscal general del Estado, como el ordinario, sino que, según la ley de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, puede recibir “órdenes e instrucciones” del ministro de Defensa.

Conclusión:  ahora que se negocian entre los partidos políticos tantas cosas para el mejor desarrolla de España en los próximos cuatro años, convendría incluir el asunto del anacronismo que supone la justicia militar para su total derogación.

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¿Cuánto vale un muerto en una guerra? Poco, muy poco.

Imagen de Marcelo Braga

Fuente:  El Mundo.

En Afganistán los civiles siempre se llevan la peor parte de los costes de la guerra. Pero, ¿cuánto vale una vida o perder un brazo o una pierna? ¿Cuánto que te destruyan la casa o el negocio? ¿Se pagan igual los niños y las niñas muertos por fuego amigo?

El ejército de Estados Unidos se ha visto obligado a hacer públicos los «pagos ex gratia»  por indemnizaciones de guerra en Afganistán.

Los pagos ex gratia son aquellos que se dan «de favor», sin obligación legal, de forma «generosa», no amparador por un reconocimiento de responsabilidad del que surja un derecho a ser indemnizado.  Lo cual en cuestiones de indemnizaciones por daños causados en guerras no deja de ser contradictorio.

En el informe se dejan claros los valores militares:  impasibilidad ante la violencia, no asunción de los delitos que se cometen, machismo a ultranza,…:

Entre octubre de 2005 y septiembre de 2014 el ejército contabilizó 1.630 pagos ‘ex gratia’, con una media de 2.985 dólares por indemnización» según se lee en el informe. Estas compensaciones incluyen tanto las muertes como las heridas y los daños a los bienes privados. Las cifras facilitadas por el Gobierno de Washington prueban que brazos y piernas se pagan diferente, lo mismo que las muertes y heridas que, además, también tienen precio distinto según el género masculino o femenino. Todo depende del oficial sobre el terreno y de su rápida decisión ‘in situ’.

Y es que la posición dominante del imperio no les hace temer, económicamente, por las compensaciones, se lo pueden permitir:

Según la información desclasificada, la sangría civil y de bienes privados ha costado a las Administraciones de George W. Bush y Barack Obama alrededor de 4,9 millones de dólares. Una cifra irrisoria en comparación con los 98 millones de dólares que cuesta, por ejemplo, un sólo cazabombardero F35 de la Fuerza Aérea de EEUU.

Una muestra del machismo y del cinismo inherentes a lo militar:

«En 2012 la muerte de dos mujeres en la provincia de Logar», al este del país, «fue valorada en 3.084 dólares, mientras la muerte de un varón fue compensada con 9.302 dólares», explica el informe.

¿Qué es lo que se valora?  No se puede decir con certeza, como lo muestran los siguientes datos que parecen indicar actuaciones plenamente arbitrarias:

«En 2013, en la provincia de Kandahar [al sur del país] una familia fue compensada con 2.778 dólares por la muerte de tres adultos y dos niños, mientras una mujer fue compensada por la muerte de su marido con 3.622 dólares. Y en 2011 en la provincia de Helmand», también al sur, «dos civiles fueron compensados con 1.579 y 496 dólares respectivamente por el mismo tipo de herida de bala en la pierna», añade el informe.

Otra manera de indemnizar es «en general», es decir, al montón, sin entrar en detalles (¿para qué?):

Otra de las formas con las el ejército de EEUU compensa a las víctimas es a través de pagos por la totalidad de los daños. Pagos que normalmente se hacen a través de los Consejos Provinciales y que, por lo tanto no, no se sabe si llegaron a las víctimas.

En 2009 se realizó «uno de 24.240 dólares para las familias de los civiles muertos como consecuencia de las operaciones de la Coalición Internacional y EEUU», sin hacer mención al número de víctimas o el lugar. Además, «en 2010 en la provincia de Daykundi», en el centro del país, «se otorgaron 156.720 dólares a los familiares de los 22 muertos y 23 heridos a consecuencia de las operaciones de la coalición». Mientras, «en 2011 en la cuidad de Kandahar un individuo recibió 14.993 dólares por la destrucción de su casa y la muerte de sus tres hijos».

Y para remate final, habría que resaltar que son muchos los casos en los que se establecen unas cuantías indemnizatorias, pero los yankis, con su habitual ex gratia, se olvidan de pagar:

«En 2010 una indemnización de 13.369 dólares para un afgano por las heridas a una hija, la muerte de dos civiles, entre ellos un niño, y las heridas a otros cinco,uno de ellos con un disparo en el estómago, nunca se llegó a realizar».

Asimismo, otra compensación de 13.500 dólares para «10 civiles muertos en la provincia de Ghazni», en el centro del país, tampoco fue pagada. Lo mismo que sucedió en Laghman, al este, donde «diversos pagos de 5.000 dólares para un número indeterminado de víctimas» nunca llegaron a sus destinatarios.

En resumen, las víctimas de las guerras nos cuestan muy poco, son rentables al fin y al cabo.

No hay problema. Ya están descontadas de antemano.

¿Por qué las actividades bélicas están exentas de todo control:  legal, económico,…?  ¿Por qué aceptamos impávidos la impunidad militar constantemente?  ¿Por qué los militares están fuera de la ley?

¿Por qué no se piden responsabilidades políticas y penales a los responsables de estas políticas de defensa asesinas?

¿Qué ocurre en España?  ¿Nos hacemos cargo de lo que destruimos y «compensamos», es un decir, a nuestras víctimas?  ¿Debería legislarse al efecto?

Ahora que se inician nuevas Cortes, sería una buena y pertinente pregunta parlamentaria. A ver si logramos que por una vez pongan el dedo en la llaga.

Hasta que la sociedad civil no reaccione a estas preguntas no se dará un paso claro para la paz mundial.

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Estudio sobre el pernicioso impacto sexual de las bases yankis

 

Imagen de Official US Navy Page

Fuente:  Tercera Información.

En muchas ocasiones, últimamente, hemos hablado de que las bases militares de USA no aportan casi trabajo e inversiones a las zonas donde se ubican.

También hemos señalado que provocan un aumento del riesgo de atentados terroristas y peligros para la población por las actividades militares que realizan.

Ahora nos hacemos eco de las conclusiones de un informe de 809 páginas de Renán Vega Cantor, profesor de la Universidad de Bogotá, en el que se las considera zonas inseguras, debido al «imperialismo sexual».  Relata que

las violaciones y tráfico sexual que realizan funcionarios civiles y militares de EE.UU.” en su país: el caso de las 53 niñas abusadas en las localidades de Melgar y Girardot en 2007. El más difundido de estos delitos es el de la hija de Olga Lucía Castillo. Tenía 12 años cuando la secuestraron y drogaron en una discoteca. Terminó en la base aérea de Tolemaida, donde la violaron dos uniformados estadounidenses. Pero hay más. Como lo documentan las denuncias de prostitución infantil en el puerto de Tumaco, sobre el Pacífico, conocidas en 2013. O los sitios de Internet descubiertos en 2010 que ofrecían sexo con mujeres y niñas en la zona vecina a la base de Palanquero.

El autor expande la situación fuera de Colombia:

Cuando habla de “imperialismo sexual”, Vega Cantor compara el caso de Colombia con el de “todos los lugares donde se encuentran militares de Estados Unidos, como en Filipinas, Japón o Corea del Sur

Otra periodista lo describe en términos parecidos:

Basándose en el texto de Vega Cantor, una guerrillera de las FARC, Natalie Mistral, escribió un extenso artículo donde sostiene que “la prostitución organizada alrededor de las bases norteamericanas es justificada por la administración militar con el eufemismo de ‘las necesidades sexuales’ de sus soldados. Estamos ante el mayor proxeneta del planeta.

Pero también existen denuncias desde Estados Unidos:

La periodista norteamericana Debra McNutt escribió un interesante artículo en 2007 titulado “La prostitución militarizada y la ocupación de Irak”, donde recuerda que “las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen prohibido tratar con prostitutas”. Está documentado hasta por el cine de Hollywood que la realidad funciona al revés. Con varios centenares de bases desparramadas por el mundo o más de mil según de qué fuente se trate, alrededor de cada una se expande el problema de la trata de mujeres, su explotación y el abuso de menores.

Donde las tropas de EE.UU. se han establecido por un tiempo prolongado, las redes de prostitución gozan de buena salud. En 2005, Sarah Mendelson, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, escribió un informe titulado “Barracas y burdeles”: “Los oficiales militares suelen hacer la vista gorda con la explotación de mujeres por el personal militar y el de los contratistas privados, porque quieren elevar la ‘moral’ de sus hombres”. Se refería al conflicto de los Balcanes. La semejanza con lo que ocurre en Colombia es notoria. La naturalización de los delitos sexuales también.

Como en España existen bases militares yankis, es normal preguntarse si aquí ocurre lo mismo.

El diario La Razón publicaba en 2011 un recordatorio sobre los inicios de la base de Rota, entre algunas historias halagüeñas nos cuenta, como de rondón, que:

No sólo llegaron cientos y cientos de jóvenes americanos, con sus barritas de chocolate y leche que repartían en los colegios, sino que llegaban tras estar meses y meses en el mar. Desembarcaban con ganas de todo. De un prostíbulo en Rota, se pasó a más de mil prostitutas que llegaron de toda España y transformaron la Avenida de San Fernando en una calle llena de «bares», con comillas, sí.

Y algo, o mucho, de verdad debe haber cuando la propia página de turismo Rota.com.es dice un gran número de personas desinformadas tienen el concepto de que si en Rota hay muchos americanos también hay muchas más prostitutas.

Impunidad yanki.

Nos basamos en el otro país:

Ya Rota no es uno de los burdeles más grandes de Europa, a donde llegaban vuelos charter cargados de prostitutas de casi todos las capitales europeas cada vez que recalaban los 35.000 hombres de la VI Flota. Pero si un militar norteamericano viola a una ciudadana en nuestro país, según el acuerdo bilateral, será juzgado en los Estados Unidos por un tribunal militar de ese país. En los últimos veinte años, son incalculables los casos de violaciones, asesinatos y acusaciones de malos tratos a ciudadanos norteamericanos en Rota. Uno de los casos que más han encendido los ánimos fue el sucedido en los aledaños del puerto pesquero de esta ciudad, en donde, hace dos años, tres marines completamente borrachos mataron a golpes a un joven roteño. Detenidos por la policía local, fueron entregados a las autoridades militares norteamericanas, se celebró un posterior juicio en los EEUU y han quedado absueltos y sin cargo alguno.

Esa impunidad chulesca, consentida por los patrióticos gobiernos españoles, rizó el rizo cuando, en el año 1997, el buque de aprovisionamiento de la Navy J.P. Bobo rompió las cadenas de fondeo en aguas de la Bahía de Cádiz durante un temporal. El buque, que procedía del Golfo Pérsico tras arrimar armamento y carros de combate en la Operación Tormenta del Desierto, embarrancó en la costa de El Puerto de Santa María. Miles de litros de combustible se vertieron en las aguas de la Bahía de Cádiz. Cientos de miles de kilos de moluscos, algas y peces murieron y la flota de bajura tuvo prohibida sus faenas durante varios meses. Abierto un proceso judicial para delimitar las responsabilidades, claramente centradas en la incompetencia del comandante del transporte de guerra, el gobierno de los EEUU se negó reiteradamente a que éste compareciese ante los jueces españoles y nunca ha sido juzgado.

Otra muestra de la indefensión ante el Imperio lo tienen los trabajadores de la base que han sufrido “asbestosis”, una enfermedad respiratoria maligna producida por la inhalación de aire contaminado por fibras de este producto, ya prohibido, y que se utilizó durante décadas para el aislamiento acústico y térmico de todo tipo de instalaciones. Han sido cientos los casos de trabajadores españoles contaminados. En ningún caso las autoridades judiciales y sanitarias españolas pudieron obtener facilidades para juzgar a los responsables, la Administración norteamericana, claro está. Los afectados han tenido que recurrir a costosos gabinetes jurídicos yanquis, que tras, llevarse una suculenta tajada, han conseguido exiguas indemnizaciones y más raquíticas condenas.

¿Cabría pensar que sería lógico requerir a nuestros gobernantes en Defensa sus responsabilidades políticas y penales por la dejadez con la que negociaron los acuerdos sobre las bases militares?

Otra fuente nos hace, en el caso español, una crónica que comienza con un tono costumbrista pero acaba con una acertada crítica al imperialismo:

y por las noches, los coches blancos de la Policía Naval americana, con sus luces intermitentes azules, patrullan alrededor de los innumerables cabarets, pubs o bares de niñas, centros de diversión para los hombres de la base que completan la fisonomía de Rota como lo que es: una colonia, un pueblo —población y habitantes— que no es dueño de sus destinos, sino que vive supeditado en lo económico y lo cultural a una potencia extraña, aparentemente parásito de ésta; en realidad dejándose chupar sus fluidos vitales: su identidad, el trabajo de sus hijos, la seguridad de todos…

Parece ser que el problema es global.  También español.  Y que existe impunidad yanki por decisión de nuestros políticos.

Una vergüenza, otra vergüenza.

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Dos tenientes coroneles detenidos por supuesta corrupción

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Por Daniel Lobo

Fuente: El Mundo

Según informa El Mundo, de momento sin dar nombres, dos tenientes coroneles han sido detenidos al parecer por supuesta corrupción al obtener mordidas en diversos destinos en los que han estado.

Los detenidos actualmente prestan servicio uno en la Secretaría de Estado de Defensa y en otro en el Cuartel General del Ejército.

Las investigaciones han sido declaradas secretas por el juzgado (militar, porque los militares también tienen fuero propio, como los políticos) de modo que poco más se sabe del asunto que tiene toda la pinta de ser un nuevo, pero no novedoso, escándalo más de lo militar, donde se traspasa la tenue linea que separa el despilfarro de la corrupción, dos de las características más arraigadas en la historia de la institución militar.

Tal vez para tranquilizarnos, El Mundo nos dice que la supuesta corrupción tiene que ver con facturas se refiere a logística, no a compra de armas, como si alguien tuviera remotamente la idea de que en las operaciones de venta de armas también hpueda haber sobornos y corrupción. Pero ya se sabe, excusatio non petita, accusatio manifesta, de modo que hemos sospechado que tal vez las cosas no están tan claras, de modo que hemos seguido indagando y hemos encontrado otra sospechosa afirmación, esta vez en El País:

Al menos uno de los detenidos estaba destinado en el área de contratación de la Secretaría de Estado de Defensa, que gestiona los grandes programas de armamento.

Osea que las cosas empiezan a empeorar en cuestiones olfativas.

Dice la noticia que el supuesto fraude ha sido detectado gracias a una auditoría externa encargada por defensa, lo que nos permite preguntarnos por la eficacia de la intervención militar, incapaz de detectar lo que una auditoría ajena a Defensa encuentra a la primera. Tal vez ahora se justifica mucho más la reclamación de que se someta a absoluta auditoría todo lo que tiene que ver con el gasto militar y la deuda que genera.

Pero vayamos ahora a lo insólito del caso, porque siendo todo bastante previsible, hay una novedad, esta vez sí, en lo ocurrido: Se ha cursado la detención de los dos militares, nada menos que tenientes coroneles.

¿Y cuando pueden ser detenidos y metidos en la trena dos presuntos que gozan de la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario? Pues únicamente cuando el asunto es de una gravedad extrema y se piensa que los imputados pueden poner pies en polvorosa o a destruir pruebas, a cual peor hazaña.

De este modo, dos novedades: Una relativa a la gravedad de lo investigado, que justificaría una actuación tan radical como el encarcelamiento a dos señores presuntamente poco señores, cual tesorero del PP de innombrable memoria, y dos, que se detiene a dos tenientes coroneles, altos mandos militares, lo cual no es moco de pavo, pero sí rara avis, pues no ocurre casi nunca (y eso que exageramos en lo de casi).

Como la cosa parece que se anima, hemos seguido indagando y  Público da un dato más:

no se descartan más detenciones.

Nos podemos empezar a temer lo peor. ¿Apostamos?

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Indignantes argumentos militaristas de un profesor de Economía de la Complutense

Imagen de .Bambo.

Fuente:  Infodefensa.

Muchas veces nos dejan atónitos los militaristas cuando intentan argumentar para justificar lo injustificable.  Este es el caso del artículo que comentamos hoy.  En él, Antonio Fonfría, profesor, nada menos, que de Economía Aplicada y director del Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa, de la Universidad Complutense de Madrid.

Planteamiento de la cuestión:

Es bien conocido que el importe contractual inicial de un contrato de largo plazo para la adquisición de sistemas de armas por parte del Ministerio de Defensa termina pareciéndose poco al que finalmente se paga. Igualmente es sabido que los plazos de entrega no suelen coincidir con los estipulados inicialmente por diversas razones. Cualquier contribuyente con buen criterio se preguntaría acerca de las causas de esta situación, si esto es normal o resulta en importantes anormalidades y si ocurre en otros países o es privativo del caso español. Intentaremos dar alguna respuesta breve a nuestro contribuyente.

Hay que tener redaños y prepotencia o considerarnos a todos los contribuyentes imbéciles.  Los contribuyentes sabemos que los contratos de armamento salen por mucho más de lo firmado y que las armas tardan mucho más de lo que sería honesto en cualquier empresa de otro signo.  Los contribuyentes sabemos que todo ello es signo de la ineficacia y del despilfarro militar y no de ninguna necesidad impuesta ni por razones tecnológicas, ni por una fatalidad del destino.  Nada de ello nos parece legítimo a los contribuyentes y, sinceramente, nos da igual que pase en otros países de nuestro entorno lo mismo. Mal de muhcos es consuelo de tontos.  Esto último no sería más que otra prueba de la ineficiencia militar a escala internacional, es decir, de la ineptitud del militarismo per se.

Estimado Antonio Fonfría, si según tus cuentas (que nosotros no nos creemos) por unos contratos firmados por 23.960 millones de € en 2012 se habían de sumar otros 9.384 millones de €, tenemos un sobrecoste, ni más ni menos, que de un 39’16 %.  Un escándalo, sobre todo porque no se dice que sea debido a ninguna justificación lógica ni rigurosa.  Siguiendo con sus cálculos (y estos sí que son increíbles, entre otras cosas porque no consideras la deuda militar que provocan estos PEAS y sus sobrecostes), tras la refinanciación, hay un plus de 5.519, es decir, un 23 %.  Otro despilfarro.

Lo que merece, a ojos del contribuyente, esta desastrosa gestión de Defensa es una auditoría profunda e independiente para que se pueda valorar con cierta equidad.  Además, no estaría nada mal que algún dirigente político y/o militar asumiese responsabilidades, políticas al menos.

Tampoco nos gusta su tono condescendiente:

No se asuste, estimado contribuyente. Ya hemos dicho que tiene cierta lógica. Sin embargo, hay algunas cuestiones que podrían mejorarse recurriendo a cambios en la gestión de estos programas.

La única lógica que vemos es la de beneficiar a la industria militar.  Le recordamos que el actual ministro de Defensa y el actual Secretario de Estado son dos girapuertas de la misma.

Invitamos a Antonio Fonfría a que siga la saga que va construyendo la propia impericia de la industria militar con sus fallos en el submarino S-80, el helicópetero NH-90, los cazas Eurofighter, …

Las mejoras de las que nos habla se podrían haber implementado en la época de Aznar y en la de Zapatero, o en la actual de Rajoy.  Y no lo han hecho.  Porque alguien se está beneficiando, en concreto los que tienen acciones y sueldos de la industria militar a la cual los españoles estamos subvencionando con préstamos al cero por ciento de interés.

Parece que Antonio Fonfría nos toma por tontos y su tono es de cierta superioridad.  Lo que ocurre realmente es que sus argumentos son tan militaristas que le hacen corresponsable de los desastres que provoque la industria militar y las armas que produce.  Indignante.

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Condenado el ejército por incendiar unos campos en San Gregorio (Zaragoza)

Por L Díaz

 

Fuente: onemagazine

Los hechos son de agosto de 2009. El ejército provocó uno de sus habituales incendios de verano, esta vez en San Gregorio (probablemente el lugar más incendiado por los ejércitos hispanos). El susodicho incendio «provocó daños a la cubierta vegetal de una finca privada» (bonita manera de eludir lo incendiario del asunto) y además «ocasionó un grave perjuicio medioambiental».

Como no puede ser menos, ha sido un tribunal, en este caso la Audiencia Nacional, quien ha condenado al Miniserio de Defensa por el incendio. Deberá pagar a un señor por los daños 1,3 millones de euros.

Peor suerte ha tenido el hijo de éste, que además pedía otros 364.000 euros por pérdidas en productos forestales y daños, y a quien la Audiencia le ha quitado la razón.

En todo caso una sentencia que declara la responsabilidad del Ministerio de Defensa por sus desaguisados, aunque esto no supondrá merma del presupuesto que se destina a lo militar, sino que el millón y pico saldrá de nuestros impuestos como un suplemento. Lo peor es que haya hecho falta que los particulares se dediquen a reclamar para conseguir un fallo así.

Malo también es que nadie repare en que en San Gregorio se suelen dar misteriosos incendios año sí y año también.  ¿Qué ocurre con su cubierta vegetal, con su suelo, con sus herbáceas, arbustos y árboles?  ¿Qué ocurre con su fauna?  ¿Quién es responsable de todos estos desastres ecológicos en la finca del Ministerio de Defensa?  Parece que nadie.  Otra vez que los militares y los militaristas que les dirigen salen de rositas sin asumir ninguna responsabilidad política y/o penal por la mala gestión de sus parcelas.

 

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Violencia estructural y crímenes económicos contra la Humanidad

Imagen de Daniel Lobo

Fuente:  El País.

Nos ha gustado mucho y recomendamos la lectura del artículo de marzo de 2011 de Lourdes Benaría y Carmen Sarasúa titulado «Crímenes económicos contra la Humanidad».

Nos invitan a reflexionar hondamente sobre las responsabilidades de muchas de las políticas que estamos viviendo y sufriendo.

El concepto de Crimen contra la Humanidad es el siguiente:

Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es «cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil».

Parece que el adjetivo de económicos tampoco es tan nuevo:

Ya en los años 1950 el economista neoclásico y premio Nobel Gary Becker introdujo su «teoría del crimen» a nivel microeconómico. La probabilidad de que un individuo cometa un crimen depende, para Becker, del riesgo que asume, del posible botín y del posible castigo. A nivel macroeconómico, el concepto se usó en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los ochenta y noventa, que acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia (durante la crisis asiática de 1997-98) y la Europa del Este. Muchos analistas señalaron a estos organismos, a las políticas que patrocinaron y a los economistas que las diseñaron como responsables

¿Podrían considerarse la producción y el comercio de armas como crímenes económicos contra la Humanidad?  ¿Y la deuda militar?  ¿Y el gasto militar?

Recientemente hay autores que empiezan a querer ahondar en las responsabilidades concretas y a los que no les valen vaguedades como que los responsables son los mercados:

En un artículo publicado en Businessweek el 20 de marzo de 2009 con el título «Wall Street’s economic crimes against humanity», Shoshana Zuboff, antigua profesora de la Harvard Business School, sostenía que el que los responsables de la crisis nieguen las consecuencias de sus acciones (…) Es una muestra de la falta de responsabilidad y de la «distancia emocional» con que han acumulado sumas millonarias quienes ahora niegan cualquier relación con el daño provocado. Culpar solo al sistema no es aceptable, argumentaba Zuboff, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis solo a las ideas, y no a quienes los cometieron.

Culpar a los mercados es efectivamente quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: son quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada.

La dura realidad económica que se vive desde hace años nos está enseñando que:

De la misma forma que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los económicos. Este es un buen momento, dada su existencia difícil de refutar. Es urgente que la noción de «crimen económico» se incorpore al discurso ciudadano y se entienda su importancia para construir la democracia económica y política. Como mínimo nos hará ver la necesidad de regular los mercados para que, como dice Polanyi, estén al servicio de la sociedad, y no viceversa.

Ello nos llevaría a una vida política, económica y social más justa y a unos países que no buscasen el crecimiento a toda costa, sino que prefiriesen perseguir la justicia social.

La crisis económica nos ha enseñado que cuando todo iba bien se beneficiaban, sobre todo, los ricos y que ahora que todo va mal se benefician, sobre todo, los ricos.  No en vano, desde que gobierna Rajoy los dueños del IBEXson un 67 % más ricos, o dicho de otro modo, los ricos españoles son un 3’5 % más ricos que en 2014.

Por nuestra parte queremos relacionar este concepto de crímenes económicos contra la Humanidad con estos tres conceptos de violencia que venimos explicando y ejemplificando en este blog a lo largo de los años:  violencia directa, estructural y cultural.

Todas estas situaciones de crímenes económicos contra la Hunidad crean un tipo de violencia que hemos denominado en otros artículos violencia estructural y que provoca situaciones de violencia directa cuando la población, harta de la miseria, se subleva.

Se puede decir, también que la falta de cultura sobre la necesidad de luchar contra los crímenes económicos es una manifestación de la violencia cultura que nos hace aceptar calladamente como inevitable y normal situaciones que son, desde todo punto de vista, injustas e intolerables.

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Fomentar las filtraciones en Defensa

Imagen de Pimkie

Fuente:  Público.

UPyD ha lanzado un buzón de filtraciones (lasfasquequieres@upyd.es) en forma de correo electrónico para enviar las quejas sobre las irregularidades que se presentan en la vida militar.

«Tenemos problemas para conocer la vida real de las FFAA», ha reconocido este miércoles la portavoz de Defensa magenta en el Congreso de los Diputados, Irene Lozano, revelando que los militares tienen «miedo» de denunciar las prácticas «opacas, arbitrarias o corruptas» de sus mandos por miedo a represalias.  (…)  UPyD quiere ofrecer a los militares una herramienta con la que su anonimato esté asegurado.

Parece que también el blog del teniente Segura, «Un paso al frente«, quiere cumplir con ese objetivo.

Pero esta es una moneda con cara y cruz, la cara, lo que ahora se intenta llevar a la luz pública, es la represión militar; pero la cruz es la impunidad militar, la impunidad de los otros militares que intentan (y consiguen) que todo siga igual y no se cuestione nada, la impunidad de los militares que quieren mantener sus privilegios y la impunidad de los gestores de la Defensa que sigan negándose a asumir sus responsabilidades políticas y penales cuando es necesario.

No vamos a negar la oportunidad, urgencia incluso, de que Defensa se democratice y de que muchas de sus prácticas cambien profundamente. Pero con ello, no estaremos ante un punto de llegada, sino ante el punto de salida hacia cambios más hondos.

Antes bien, pensamos que en nuestro blog hemos contado muchas cosas y ejemplos que propiciarían la necesidad de un cambio radical en la función y estructura de la defensa.  Muchas de ellas valdrían para algo complementario (y también imprescindible) de lo que quiere hacer UPyD. Pero las más importantes van más allá porque pretenden cambiar de perspectiva, de paradigma de la defensa, de modelo total de defensa para llegar a algún lugar alternativo.

Aún reconociendo la utilidad y oportunidad de la iniciativa de UPyD, vemos claro que en un futuro en el que los militares pudiesen hablar sin necesidad de anonimato y sin temor a las represalia, serían necesarios otros muchos y más profundos cambios en el sistema de defensa porque su esencia, la violencia, la guerra, el organizar una fuerza militar, el crear enemigos, su enorme papel de rémora a la seguridad humana, etc., seguiría inamovible de lo contrario.

Y precisamente ese es el nucleo que hay que remover a fondo. No basta con un mero remozado de la casa cuando lo pésimo son las propias estructuras sobre las que se ha construído.

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