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¿Revisar el régimen profesonal de la tropa o cambiar de modelo?

Por Biheta

Nos provoca la pregunta que pone título a esta entrada el debate que tuvo lugar en la Comisión de Defensa del pasado 24 de noviembre de 2016, según aparece en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Defensa, Sesión número 2 y que dio lugar a la aprobación de una subcomisión que estudiará la situación de la Tropa y Marinería, con especial atención a los soldados que llegan a la edad de 45 años con compromisos de permanencia de larga duración y que, al llegar a dicha edad, a tenor del artículo 10 de la actual Ley de Tropa y Marinería, no se permiten nuevos reenganches y deben abandonar el ejército.

El contexto de dicha comisión venía alimentado por una sorda pero continua presión de algunas asociaciones de militares, principalmente AUME, para que el gobierno derogase este impedimento, permitiendo que los soldados y marineros mayores de 45 años pudieran seguir en el Ejército superada esa edad, así como por dos pasos mediáticos de cierto recorrido: la caminata a pie desde Badajoz hacia Madrid de dos exsoldados, Fernando Tello y David Rodríguez, concernidos por esta situación y la anunciada manifestación para dos días después de la celebración de la comisión en la capital de cientos de militares en reclamación de una solución a su “despido” inminente.

Con estas premisas, el grupo de Podemos presentó al Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) para instar al gobierno a abolir el referido artículo, proposición que fue enmendada por Ciudadanos y que posteriormente motivó la petición por el PSOE de que en vez de abordar este asunto en una proposición No de Ley, se creara una subcomisión específica para que, con participación de expertos varios, asociaciones, gobierno, etc., se pudiera emitir un dictamen al gobierno con las conclusiones y las medias que el parlamento considerara se deberían tomar.

La discusión de la PNL de Podemos y de la propuesta de crear la referida subcomisión se debatieron, como decimos, en la segunda sesión de la Comisión de Defensa, el día 24 de noviembre. La lectura de las intervenciones nos ha llamado la atención y, en nuestra opinión, intenta poner el carro antes que los bueyes, lo que, si es que no se pone remedio, vendrá a resolver el problema no resolviendo nada, o agravándolo.

¿Cómo definen en problema?

Es evidente que la definición que se haga de un problema, el cómo se enmarca, predetermina en cierto modo las respuestas que puedan darse al mismo. En este caso, como iremos viendo, la mirada al problema desde una determinada óptica (cuando hay al menos otra bien diferente, más compleja y más incómoda también) conlleva que la solución previsible no pueda ser sino dar un giro de tuerca más y en la mala dirección al problema real, agravándolo.

Para entender lo que, acuciados tal vez por la agenda mediática, preocupa a sus señorías, hemos leído las actas con el debate mantenido entre los diputados de la comisión de defensa referida:

Lo define bien la diputada Zaida Cantera de Castro, del PSOE, la promotora de la iniciativa de crear la subcomisión de estudio, cuando dice

Los militares profesionales de tropa y marinería temporales alcanzan los cuarenta y cinco años: en ese momento no se les renueva el compromiso de larga duración porque -todo hay que decirlo- así lo establece la ley.

Que este es el problema y no otro, es, al parecer, algo en lo que está de acuerdo todo el arco parlamentario, con un pequeño matiz, en este caso del diputado Tarno Blanco, del PP, que lo redefine como cuestión del envejecimiento de la tropa, lo cual afecta a la operatividad de la misma, porque, al parecer, una tropa vieja, a diferencia de otros sectores, es inservible (no así un gobierno empolvado y viejuno, donde, daría la impresión, la vetusta e inamovible experiencia es un grado). Lo dice así

Hay muchos problemas en la tropa, pero el principal -lo ha dicho la representante del Grupo Socialista- es su envejecimiento, la falta de operatividad de la fuerza, porque nos encontramos con tropa envejecida que no puede cumplir sus funciones. En todo eso es en lo que tenemos que trabajar en esa subcomisión.

Podríamos señalar, no sabemos si a modo de anécdota o para alegrar la mañana a los lectores, que a esta definición del problema, se aportó la meritoria contribución desde el grupo mixto de otro enfoque tangencial, el del diputado Salvador Arméndariz, quien malgastó la oportunidad de exhibir su innegable talento para explicar su punto de vista acerca de Rita Barberá, a la que rindió homenaje en una especie de salida del tiesto

… Quiero trasladar mis condolencias a su familia, a sus amigos, también a la familia del Partido Popular, y trasladar al señor presidente y a todos los compañeros de esta Comisión una cierta sensación de amargura en ese final, un sabor amargo porque diera la sensación de que en esta democracia no rige la presunción de inocencia. Hoy no podemos decir otra cosa, sino el hecho de que esta persona no podrá defender su honor frente a las acusaciones…

Ya lo ven, la Comisión de Defensa no siempre trabaja con igual intensidad.

A partir de esta definición del problema unánime (y quitando el punto de color del diputado Salvador Armendáriz), podemos encontrar matices, como, por ejemplo, los de Ciudadanos cuando dice que para solucionar “el problema” hace falta cambiar la ley de tropa y marinería. Lo dice así el Diputado Gutiérrez Vivas, quien en un exceso de énfasis llega a considerar a estos soldado con contrato de larga duración como funcionarios (que no lo son) despojados de sus derechos

… todos queremos -por lo menos Ciudadanos lo quiere- cambiar esta ley de los cuerpos de tropa y marinería, porque es injusto lo que se está haciendo con estos trabajadores, funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas,

O los de Podemos, que señalan que todo esto es un caso claro de lesión de derechos laborales que se soluciona restituyendo a los militares estos derechos, como fija en su intervención el diputado Alonso Cantoné cuando afirma que

nosotros desde hace tiempo siempre hemos considerado que el modelo diseñado era injusto, que en cierta forma afectaba a la dignidad de los profesionales porque estaba generando una precariedad laboral, igual que en otros sectores, que además no se compensaba con aquello que sí recoge la ley, que son los derechos, que es la capacidad de apoyar, formar, titular y empoderar a esos militares para que una vez hayan acabado su periodo puedan reintegrarse lógicamente en la sociedad con todas las capacitaciones para hacer cualquiera de las profesiones que hayan podido desarrollar durante su tarea militar, que no necesariamente tiene que ser militar.

O la lista desplegada de medidas que la diputada Cantera de Castro desplegó y a las que luego nos referiremos.

En suma, el problema se define como una situación de agravio de los soldados y marineros que por ley tienen que abandonar el ejército al cumplir los cuarenta y cinco años, perdiendo su carrera y poniendo a sus familias en grave situación. Y definido así el problema, únicamente cabe una solución: desenredar el entuerto y cambiar la ley, como pidió Podemos en su Proposición No de Ley, presentada por el portavoz de dicho grupo parlamentario en la comisión de defensa y por el portavoz del grupo parlamentario en aquel entonces.

Nos queda una duda: ¿es ese el problema? Lo abordaremos un poco más tarde, para centrarnos ahora en otros aspectos del debate igualmente enjundiosos.

El origen del problema

De algún modo, definido el problema de la manera explicada, el origen del mismo no puede sino encontrarse en la supresión del servicio militar y el establecimiento de un ejército profesional, como dice el diputado del PP Mateu Ísturiz,  en su intervención:

Hemos llegado a esta situación precisamente por una actuación del Gobierno del Partido Popular, la Ley 17/1999, que eliminó el servicio militar obligatorio.

Pero la supresión del servicio militar obligatorio generó una ansiedad en la sociedad española en el sentido de que querían unas tropas profesionales para estar a la altura de las circunstancias y una profesionalización en el cumplimiento de las tareas asignadas por la pertenencia a ciertos organismos internacionales y tener una proyección exterior en aquellas misiones en las que participábamos.

Mateu ofrece una explicación no sólo falsa en cuanto al origen del problema, sino también claramente manipuladora en la propia interpretación del fin de la mili como una especie de concesión natural y liberal del PP (y no como consecuencia de una lucha antimilitarista que erosionó suficientemente la legitimidad de esta larga e inmoral servidumbre, usada además como escuela de control y adoctrinamiento por el franquismo que al parecer no existió en el relato de la derecha) y de lo que querían los españoles (lejano por cierto tanto al intervencionismo internacional, como a la descarada alineación con las políticas agresivas de la OTAN, el aumento del gasto militar y los demás problemas que aquejan a la sociedad por culpa del militarismo impuesto).

Sin embargo, este origen del problema definido por el PP es compartido por los demás, que lo cifran de uno u otro modo en la aplicación de la actual Ley de Tropa y Marinería, con la que se quiso regular la condición de los militares con contratos de larga duración.

Podemos preguntarnos de nuevo si el origen del problema es, como se dice, la supresión de servicio militar y la profesionalización de las fuerzas armadas. Anticipamos que, en nuestra opinión, tampoco.

Las previsibles soluciones

A pesar de que las intervenciones de los diputados en la ya tantas veces referidas segunda sesión de la comisión de defensa señalaron que debería esperarse al trabajo de la subcomisión, con la aportación de informes de los diversos departamentos ministeriales y la comparecencia de expertos por definir para ayudar a los diputados a elaborar su propuesta al gobierno, lo cierto es que en la propia sesión ya se anticiparan las soluciones, todas ellas previsibles, al asunto tratado.

Comencemos por las que planteó Podemos con su PNL, rechazada en esta sesión de la Comisión de Defensa para dar lugar a la subcomisión que en teoría debe abordar de forma más global el problema.

Podemos, que como decimos asumió la propuesta de la AUME y su enfoque como un problema de derechos laborales de los militares, propone romper el nudo gordiano:  si el problema es el artículo que prohíbe permanecer en el ejército a estos soldados entrados en años, suprímase el artículo para que permanezcan en servicio. No sabemos si en calidad de soldados veteranos de tropa y marinería, o pasando a algún otro grado militar en el ya abigarrado escalafón (aprovechemos para apuntar una de las aristas del verdadero problema de gigantismo de nuestro desmesurado ejército), o, peor aún, ingresando como funcionarios en cualquier otra administración que se preste.

Podríamos apelar a la locura de convertir sin más a estos soldados en fijos del ejército, incrementando más aún el grave problema de sobredimensión de nuestro ejército y sobrecargando los ya inmorales presupuestos militares con salarios y emolumentos para cuando accedan a la reserva, o la más insensata solución de convertirlos en funcionarios o privilegiarlos con una vía de acceso directo en otras administraciones, solución no sólo peligrosa por lo que supone de militarización de la administración pública, sino también por contravenir el principio de igualdad de todos los españoles en el acceso a un trabajo y porque supone un verdadero agravio comparativo frente a los millones de parados sin privilegio alguno, y porque contraviene el principio constitucional de concurrencia y competitividad en el acceso a la función pública, aspectos que, en aras a atender a las reclamaciones de los militares, Podemos no ha valorado suficientemente.

La misma solución, pero diciendo que no es la de Podemos, es la que parece desprenderse de las palabras del diputado de Ciudadanos Gutiérrez Vivas, para quien, además, la ley no ha garantizado los esfuerzos de reintegrar a otros nichos laborales a estos militares, con lo que se supone que además querrá potenciar este aspecto a futuro, y añade, algo lacrimosamente,

La realidad es que esto no se ha hecho y estas personas se ven abocadas a perder su condición de militares en activo, su empleo, y pelear en un mundo laboral que para ellos es en muchas ocasiones desconocido, sin la adecuada competencia y en desigualdad de oportunidades con otras personas, y más en un momento de crisis en el que el propio mundo laboral está en plena reestructuración.

No nos imaginamos lo que pensará el tal Gutiérrez de los trabajadores en paro de larga duración, los jóvenes parados y sin fututo, los subempleados, empobrecidos y demás categorías que pelean en un mundo laboral desconocido y de feroz competencia, que en parte es cual es gracias a los partidos que aprueban y sostienen las políticas neoliberales diseñadas desde las instituciones más retrógradas de Europa en beneficio de la élite. Y, casi, no nos lo queremos llegar a imaginar.

Para el PP, en boca del diputado Tarno Blanco, la solución pasa por aggiornar la ley de tropa y marinería, como no puede ser menos, pero no por suprimir el compromiso temporal, del que dice que es necesario para evitar el envejecimiento de la tropa que es suficientemente conocido por los soldados que firman los contratos de larga duración desde el principio, sino por potenciar más las actividades de SAPROMIL para ofertar salidas profesionales, ampliar las plazas en policías locales y otro tipo de convenios con las otras administraciones para que los soldados puedan concurrir a ellas, e incrementar las ofertas de plazas de las academias de suboficiales para los soldados que quieran optar alas pruebas de acceso

Quien planteó un cuadro más estructurado de temas a abordar fue la diputada del PSOE Cantera de Castro, que señaló

  • Formación técnica de los militares profesionales, con titulación homologada para la vida civil.
  • Obtención de titulaciones oficiales del sistema educativo general, principalmente de FP grado medio y certificados de profesionalidad.
  • Revisar el sistema actual de temporalidad de los compromisos de corta y larga duración para:
    • Garantizar mayor estabilidad y seguridad.
    • Que las FAS puedan aprovechar mejor su capacitación y experiencia para determinadas especialidades.
  • Tener en cuenta el rejuvenecimiento de los efectivos para la escala, pero con un margen de discrecionalidad mayor que el actual sistema.
  • Fomentar vías para que los soldados que abandonen las Fuerzas Armadas puedan reincorporarse y cuando lo hagan estén altamente cualificados.
  • Fomentar las vías de incorporación al mercado laboral.
  • Planes de formación ocupacional con itinerarios individualizados, en colaboración con el Ministerio de Empleo.
  • Reserva de plazas en las convocatorias de empleo público del conjunto de las administraciones públicas
  • Mejorar el SAPROMIL tanto en número de ofertas como en perfiles
  • Habla del pago de 7.200 euros anuales a los soldados y marineros que superan los 45 años y solicitan pertenecer a la reserva de especial disponibilidad y pide analizar esto desde el punto de vista social y económico.

Definido el problema de los soldados de 45 años del modo en que lo hace la Comisión de Defensa, es lógico que las soluciones no puedan moverse mucho del marco de las propuestas señaladas, muy deprimente porque, de ponerse en práctica, no harán sino agigantar un problema ya de por sí desmesurado y que heredamos desde el franquismo, el enorme e innecesario ejército que mantenemos, tanto en efectivos como en mandos, un problema, éste sí, que requiere solución, pero una solución que levanta ampollas en una derecha militarista y con amplia complicidad con la oficialidad militar, la cual se vería muy afectada por una solución real del problema, y en una izquierda deslumbrada por la cada vez menos posible idea del ejército democrático y del pueblo y, por qué no decirlo, cada vez más separada de la visión pacifista y antimilitarista que promueve un cambio de paradigma e la idea de seguridad, para centrarse en la seguridad humana y en la apuesta por desinventar el modelo de defensa vigente para asumir, de forma gradual y en paralelo, la consolidación de una defensa social noviolenta (en la línea de la defensa de los derechos sociales que ya se efectúa en tantos campos por organizaciones diversas, de índole ecologista, feminista, de derechos sociales, solidaridad, etc.).

El trabajo de la subcomisión

La subcomisión se pretende nutrir de diversos instrumentos de trabajo:

  1. informes y comparecencias del gobierno y de diversos departamentos del Ministerio de Defensa.
  2. expertos que no se han definido
  3. la opinión de varias asociaciones de militares. Concretamente se citan AUME, Asociación de Tropa y Marinería Española y con la Asociación profesional de suboficiales.

Con este coro tan poco plural es altamente improbable que se aborden los problemas reales del gigantismo del ejército, de su evidente falta dé lógica, de la desmesurada proporción de un mando por cada 1´7 soldados, de la abundancia de oficiales en todo el escalafón, desde generales, donde contamos con muchos más de los que la ley permite, descendiendo por lo diversos grados; de la existencia de una reserva para los oficiales que permite que pasen a una situación de retiro previa a la jubilación en la que pueden compatibilizar el cobro de un salario militar por no hacer nada con un trabajo en lo privado y que nos cuesta más de 500 millones de euros del presupuesto, de la propia dimensión justa de las fuerzas armadas, del desmesurado, despilfarrador y poco transparente gasto militar español y, más allá de ello, de para qué queremos un ejército y cuáles son los objetivos que hay que defender, cuales los riesgos, amenazas o enemigos y el papel que quiere desarrollar en todo esto España.

Resolver el problema real implica reducir drásticamente el ejército, pues es innecesario y costoso y su mantenimiento impone restricciones en necesidades básicas de la sociedad, pero si la solución que se busca  va a pasar por consolidar el gigantismo del ejército, creando más fijos, la insostenibilidad del modelo será cada vez más importante.

Sin embargo, tal vez alguien levante en esta subcomisión el dedo para indicar, como el niño del cuento, que el rey está desnudo, que donde sitúan el problema sólo está un señuelo, y que el verdadero problema exige algo más que estudiar la situación de los soldados veteranos y de algo distinto a mantener la actual y desmesurada estructura y dimensión del ejército.

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Nueva Directiva de Defensa Nacional. Sin luz, sin taquígrafos y sin control de nadie.


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Por European People’s Party

Al inicio de cada legislatura se publica por el Presidente de Gobierno, como responsable de la política de defensa a tenor del artículo 6.1 de la L.O 5/2005, de la Defensa Nacional, la llamada Directiva de Defensa Nacional, documento que orienta el planeamiento de la defensa, define los riesgos y amenazas que marcan el contexto de ésta y plantea las directrices de la política de defensa para una legislatura.

Se trata, y así se define en la Orden Ministerial 37/2005 de 30 de marzo publicada en el Boletín Oficial de la Defensa número 68, de 8 de abril de dicho año, del principal documento de la defensa y del planeamiento militar.

La vigente Directiva de Defensa Nacional, titulada “Por una defensa necesaria, por una defensa responsable” es de julio de 2012 y tras su aprobación por el Presidente de Gobierno fue informada al Parlamento (remarquemos que únicamente informada, no debatida, ni votada, ni siquiera consultada previamente a su aprobación).

Muy resumidamente, dicha directiva partía de un doble contexto: el de inseguridad internacional, eso sí explicado desde la versión simplista de la derecha, y el de crisis económica. Uno y otro servían para decir, tan a gusto del gobierno y en línea en cierto modo muy continuista con las directivas anteriores, que España no podía hacer dispendios en gasto militar (dispendios que, sin embargo ha seguido haciendo pero ocultándolos) y que por eso los presupuestos de la legislatura serían austeros y sin alegría. También afirmaba que el contexto exigía profundizar en las líneas de defensa que han sido el mantra de ese férreo consenso de estado de PP y PSOE en estos temas: 1) modernizar nuestra defensa y sus instrumentos, 2) profesionalizar la defensa, 3) seguir en el  papel intervencionista de nuestra tropa más allá de las fronteras y al servicio del entramado de intereses de la OTAN, UE, EEUU, 4) privilegiar la industria militar y 5) buscar el reconocimiento de lo militar en nuestra sociedad a través de una política de adoctrinamiento y propaganda que denominan “cultura de la defensa” en la que todo lo que sea criticar este sistema es considerado incultura.

Las Directivas de Defensa, a pesar de su importancia, pasan por ser un documento desconocido y opaco, incluso para el propio Parlamento. De hecho, hasta 1992 (12 años después de la primera de ellas) fue un documento secreto.

Es cierto que Carme Chacón, en comparecencia que efectuó ante la Comisión de Defensa del Parlamento, el 25 de noviembre de 2008 prometió que a partir de la fecha se escucharía y consultaría previamente al Parlamento, pero del dicho al hecho… no se ha cumplido tal promesa y el Parlamento es un convidado de piedra más a sumar a la ciudadanía desinformada, a la clase política despreocupada de estos temas (por cierto previamente pactados y cerrados entre los partidos que se han alternado en el gobierno bajo la excusa poco rigurosa de que son “políticas de estado”) y a los medios de comunicación demasiado desinteresados por explicar de verdad aspectos tan peliagudos como lo que se define como enemigos, riesgos y amenazas, si se va gastar mucho o no en armas y ejércitos, si seguimos con un enfoque de ejército intervencionista, el vínculo con la OTAN y sus políticas o el impulso a una industria militar que se ha convertido en la sexta exportadora de armas del mundo y que, cada vez más, promueve no solo el negocio, sino también el conflicto y la guerra.

Con este contexto, surge una primera pregunta: ¿por qué el gobierno de Rajoy, en el poder desde 2011, y después de permanecer gobernando “en funciones” un buen pellizco de 2015 y del 2016, más el tiempo que lleva como presidente nominado desde octubre pasado, aún no ha aprobado la nueva “Directiva de Defensa Nacional”?

Y de esta pregunta tres nuevas cuestiones:  ¿sera que asistimos a un repliegue de las directivas al secreto?, ¿Será que con una oposición más compleja que las del tiempo de plena vigencia del bipartito prevén que la directiva abra una rendija, mínima rendija a nuestro parecer, a la crítica y al cuestionamiento de esta “política de Estado”?, ¿Será, sencillamente, que esperan a publicar los PGE que consolidan una apuesta por aflorar una mayor porción del gasto militar (precisamente la destinada a comprar armas de “proyección/ataque” que no se necesitan y que nos arruinan, y a consolidar mediáticamente el mensaje de vuelta de tuerca del militarismo que está efectuando la ministra del ramo?

¿O será, como en tantas otras cosas, otro ejemplo de desidia de nuestro abúlico presidente?

Sea como sea, y antes de que sea tarde, queremos alertar del hecho de que el gobierno, antes o después, va a firmar la directiva que definirá la política de defensa para la legislatura, sin contar para ello con nadie más que con la propia cúpula del ejército y de espaldas al Parlamento, a la sociedad y al debate ciudadano.

Y una vez firmado ese marco referencial, el debate sobre qué defensa queremos estará, definitivamente, cerrado por otra legislatura. Gastarán más, invadirán más, serán más estrechamente cómplices de la política de la OTAN, venderemos más armas, generaremos más deuda militar… Serviremos mejor al status quo.

Para promover el debate, empecemos por señalar lo que probablemente dirá la nueva directiva. Para ello tenemos algunas pistas, como, por ejemplo, las declaraciones repetidas y tópicas de la Ministra y de sus corifeos de que hay que aumentar el gasto militar español al 2% del PIB (por cierto, que según nuestros cálculos, sumado el presupuesto del Ministerio de Defensa a punto de aprobación definitiva con las partidas escondidas en otros departamentos y partidas que conforme al criterio de la OTAN son gasto militar, ya superamos ese 2% del PIB), o acerca del reiniciado “segundo ciclo de rearme”, con la apuesta por comprar nuevos sistemas de armas innecesarias y de invasión (Aviones A400 y F35, nuevos barcos de guerra, vehículos 8×8, drones, nuevos sistemas de misiles, etc.), o los nuevos compromisos anunciados de participar en más operaciones de guerra en el exterior (Afganistán, frontera con Rusia, mayor implicación en Centroáfrica…), o los acelerados pasos para “securitizar” y  militarizar otras políticas, como la de movilidad humana, la de seguridad pública y libertades bajo el nuevo trampantojo del terrorismo internacional como excusa.

Probablemente el contexto que defina esta nueva directiva venga a explicarnos, como siempre, que vivimos en un mundo lleno de riesgos y amenazas que, como dice la ministra, obligan a fortalecer la defensa porque nuestra seguridad y bienestar se defiende lejos de nuestras fronteras y por medio del ejército. A este mundo de constante liquidez y movilidad, se une que el rajoinato predica el fin de las vacas flacas, lo que de rondón valdrá para que la nueva directiva, de nuevo, sea más de lo mismo de las anteriores con directrices que propondrán mayor gasto militar para alcanzar el 2% del PIB en defensa, mayor esfuerzo militar en el exterior, principalmente de la mano de la OTAN y de las operaciones de la UE, mayor esfuerzo en promover la industria militar y la exportación de armas y algunos cantos de sirenas más para incorporar a la noción de defensa previa esta especie de invasión de la securitización de la vida social, con toda la retahíla de propuestas sobre la ciberseguridad, la necesidad de recortar derechos para evitar el terrorismo y las demás lindezas con las que se justifica la expansión del militarismo.

Con este panorama nos cabe otro par de preguntas más.

De todo esto, ¿qué opinan los partidos políticos del arco parlamentario?, ¿están de acuerdo?, ¿no merece la pena protestar antes de que sea tarde?

Si observamos los diversos programas políticos las divergencias, si es que las hubiere, podrían ir referidas principalmente a la necesidad de una mayor transparencia de la política de defensa y del gasto militar.  A partir de ahí, sin embargo, los partidos de la derecha, Ciudadanos y PSOE muestran más similitudes que diferencias y apuestan por apoyar el consolidado sistema de defensa vigente. Tal vez las fuerzas más a la izquierda discutirían el contexto de riesgos planteados por el establishment, para poner el énfasis en la violencia estructural y en los intereses poco santos de occidente, y para criticsar la apuesta de vincularnos a operaciones de paz bajo el paraguas de la OTAN. Tal vez discutan la prioridad del gasto militar cuando existen tantas necesidades sociales, y la existencia de algunos capítulos del gasto militar poco presentables, pero no vemos mayores disensos.

No obstante, a los partidos les tocará, si es que lo estiman oportuno, hacer sus propias consideraciones al respecto, claro está, si es que son consultados, lo cual, de nuevo, está fuera del escenario actual.

No parece, sin embargo, que vayan a exigir que la directiva de defensa sea discutida en el Parlamento, ni someterla a crítica y debate público, aunque en cierto modo, una discusión pública de esta política, como ocurre en otras, sea un ejercicio de salud democrática que nos permitiría al menos contrastar argumentos, posibilidades y alternativas.

¿Por qué, entonces, no se exige que se debata y apruebe por el Parlamento, no como hasta ahora?

¿Cabria proponer, e incluso construir socialmente, desde ya, propuestas diferentes a la previsible directiva?, ¿cabría formular propuestas para por ejemplo, parar esta deriva?, ¿para iniciar un ciclo al menos diferente?, ¿o incluso para impulsar un cambio de modelo que abandone el enfoque militarista y adopte un enfoque de la seguridad alternativo?

Desde luego, las múltiples demandas y propuestas de los movimientos sociales altermundistas y antiglobalizadores, anticapitalistas, de la solidaridad internacional, antimilitarista, ecologista, feminista, pongamos por caso, en sus diferentes y complementarios enfoques, permitirían rellenar una agenda de caminos a emprender para desenmadejar el tema de la defensa y construir una alternativa de seguridad humana. ¿Merece la pena una puesta en común que nos permita ofrecer un referente con el que contrastar el modelo de defensa militarista que defenderá la próxima Directiva de Defensa?

Para cuando llegue ese momento, nosotros creemos que hay algunas preguntas básicas que, como hemos venido promoviendo desde el inicio de nuestro recorrido, podrían ayudar a definir una política acorde con la seguridad humana:

 

Pregunta básica Alternativa 1 Alternativa 2
¿Qué es lo que hay que defender?

 

La seguridad militar

Las fronteras

El status quo

La lucha contra el terrorismo internacional

Contra las invasiones y amenazas militares

Los derechos sociales

Los derechos humanos

La seguridad humana

La lucha contra la violencia estructural y cultural

La lucha contra los problemas globales de índole ecológica, pobreza, etc.

¿Quién tiene que ser el sujeto de esta defensa? Las élites

Los ejércitos

La industria militar

Expertos

La sociedad en su conjunto

Los movimientos sociales y otros cauces de auto-organización

Sin delegación

¿Cómo hay que ejercitar esta defensa? Militar

Violenta. Guerras.

Bajo el paradigma dominación-viole

Social

Noviolenta. Transformación de conflictos

Bajo el paradigma cooperación-noviolencia

 

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La industria militar no tiene nada que ver con la defensa de la sociedad, sí con el enriquecimiento de unos pocos

Imagen de Pedro Lozano

Fuente:  Infodefensa.

Cospedal viaja a Australia.  Hace un par de semanas lo hizo Agustín Conde, Secretario de Estado de Defensa.  El objetivo, continuar haciendo de vendedores externos de Navantia, para lograr el contrato para construir 9 fragatas por el coste de 20.000 millones de €.

¿Cuánto han costado estos viajes?  ¿A cargo de qué partida presupuestaria se van a pagar?  ¿Qué diputado lo va a preguntar?

Allí está la fragata Cristóbal Colon, atracada en el puerto de Sidney desde el 9 de enero y que permanecerá allí, no defendiendo a España, lo que debería ser su único objetivo, sino exhibiéndose para vender más fragatas a Australia.

¿Cuánto cuesta esta exhibición en la casa del comprador?

¿Era necesaria la fragata Cristóbal Colon para la defensa de España si se pasa medio año en las antípodas?

No.  No era necesaria.  La industria militar es un círculo vicioso.  Para que podamos construir nuestras fragatas a precios más bajos debemos vender otras al exterior, así enjugamos un poco el déficit y la deuda que originan.  Así podemos hacer campaña de prensa diciendo lo bien que se nos da la venta de armas por el mundo y lo que tira del empleo y la economía la industria militar.  Construimos armas para exhibirlas por el mundo, no para defendernos.  Exhibimos para vender, vendemos para construir nuevas armas.  Y así sucesivamente.

La industria militar no tiene nada que ver con la defensa de la sociedad, sino con el enriquecimiento de unos pocos habitualmente.

Lo malo es que Navantia es estatal, 100%.  Todos somos culpables, por tanto, de sus desmanes, de sus despilfarros, de promover sus guerras necesarias para generar sus ventas.

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Otra prueba de que lo militar no es serio

Imagen del Ejército del Aire

Fuente:  Defensa.com

¿Despilfarro, principios de locura, descaro total, estar totalmente fuera de la realidad?  Ustedes juzgarán.

Resulta que una tripulación del 333 Escuadrón de la patrulla Marítima de la Fuerza Aérea noruega ha realizado una visita al Grupo 22 del Ala 11 de la Base Aérea de Morón.

¿Qué hacen ahí?  ¿Cuál es la utilidad del viaje?  ¿Tiene algo que ver con la defensa nacional de Noruega, o de España?

Nuestro Grupo 22 aprovechó que pasaban por ahí los noruegos para explicarles algunos planes de modernización de sus aviones P-3B y, también, en qué operaciones en el exterior están enfrascados.

¿Qué les puede interesar a los noruegos de estas explicaciones para hacer un viaje tan largo?  Nada.  Nada, por supuesto.  Nada militar.  Nada lógico.

Resulta que en un viaje que hicieron los españoles a Noruega en 1998 como parte de los intercambios de patrulla marítima realizados a raíz de la adquisición de los aviones P-3B a la Fuerza Aérea Noruega se extravió una roca Elmer “The Rock”.

Lo del extravío no queda claro si fue un error al cargar el avión de vuelta o si la patrulla española lo afanó en un descuido.  Todo indica que es un juego entre diversas fuerzas aéreas mundiales, que además les ayuda a hacer turismo.

Elmer es una roca islandesa de varios miles de años dice la noticia (en realidad que una roca tenga miles de años de antigüedad es como si una persona tuviese unas horas de antigüedad, es decir, muy poco, por lo tanto, suponemos que querrán decir unos cientos, al menos, de millones de años).

Resulta que Elmer fue adoptada por un escuadrón B-24 americano en la Segunda Guerra Mundial.  Desde entonces, Elmer se ha extraviado sucesivamente por varios lugares del mundo, incluso en Corea y Vietnam.

La roca provoca problemas en el centro de gravedad de las aeronaves que la transportan, pero nuestro Grupo 22 la ha llevado a diversos vuelos de operaciones nacionales e internacionales.

¿Se imaginan lo seria que es nuestra defensa militar, lo concentrados que están nuestros militares, lo que se juegan la vida por nosotros, lo que nos defienden de todos los males del universo, y lo concentrados que están nuestros aviadores en defendernos, jugando con la piedrecita?

Una verguenza.

Suponemos que en esta estúpida historia habrá intervenido el espionaje noruego para ubicar a Elmer, y suponemos que nuestro contraespionaje, nuestro CNI habrá hecho todo lo posible para que no pudiesen localizarla.

Mientras esto pasa, se multa a lo manifestantes pacifistas por criticar a la industria del armamento.

El mundo está loco.  Que paren el mundo, que nos queremos bajar.

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Se multiplica por 2’57 el despilfarro del día de las Fuerzas Armadas

Infografía de La Razón

Fuentes:  Infodefensa y La Razón.

Nuevamente el Ministerio de Defensa se lanza al despilfarro.  Su presupuesto para las actividades (inútiles para la defensa nacional, salvo para la propaganda militarista) pasarán de un gasto en 2016 de 136.000 € a los 350.000 € de 2017.  Un subida que multiplica el dispendio por 2’57.

Los militares han sido los últimos en sufrir la crisis y los parece ser que quieren recuperar terreno siendo los primeros en aumentar el gasto.

Serán los habitantes de Guadalajara los que tengan que aguantar en sus cielos y calles la ostentación militar.  Por cierto, ¿cuánto le costará al ayuntamiento de Guadalajara la colaboración, no sabemos si forzosa, con el militarismo?  Será un no parar:

La parte aérea durará 6 minutos y constará de:

  • Volverá la exhibición aérea.  Con el A400M incluido.
  • Participarán 29 cazas de combate de la Armada y el Ejército del Aire.
  • 14 aviones de transporte:  13 de la Fuerza Aérea y otro de la Guardia Civil
  • 20 helicópteros de los tres ejércitos y de la benemérita.
  • La Patrulla Águila se encargará de hacer piruetas aéreas para poner la guinda del despilfarro.
  • En total, 63 aeronaves.

La parte terrestre durará unos 30 minutos y constará de:

  • Volverán los carros de combate Leopard.
  • Carros de combate Pizarro.
  • Vehículos Vamtac y Piraña
  • Obuses ATP 155
  • Participarán 2.500 militares
  • 160 vehículos

Es decir, cada minuto de locura derrochadora militarista nos va a salir por 11.666’66 €.

Además, habrá, por toda la geografía nacional, 362 actos con el lema “Nuestra misión, tu libertad”

Una pena que la libertad de la sociedad civil no sea realmente su misión y se dediquen a despilfarrar lo que serían muy bien utilizado en gasto social.

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Transarme, una propuesta utilizando inmuebles de Defensa

Imagen de Carlos Soler

Fuente:  El Economista y El País.

Supongamos que queremos hacer una política de defensa alternativa, dentro del paradigma de cooperación-noviolencia, defendiendo los principios de Seguridad Humana.

¿Cómo la financiamos sin aumentar ni un € el gasto en defensa actual?

Pues muy fácil, del mismo modo en que financian los militares sus rearmes y otros gastos:  utilizando el patrimonio en fincas y bienes inmuebles que posee el INVIED en todo el territorio nacional.

Ahora mismo la noticia es:

El Ministerio de Defensa busca desprenderse de un total de 189 activos inmobiliarios por un valor inicial de 44 millones de euros. Las operaciones las realiza el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa (Invied) que tiene como principal función la enajenación de los bienes inmuebles que sean desafectados por la Administración que actualmente encabeza María Dolores de Cospedal.

De un lado, el Invied tiene previsto sacar a subasta próximamente, concretamente entre abril y mayo, un total de 89 locales, 14 garajes, 11 solares y tres edificios por un precio inicial total de 22,4 millones de euros. Además, y por otro lado, el organismo también tiene ya puestos en venta directa otros 50 locales, 12 garajes y 10 solares que suman un valor total de 21,65 millones de euros. Según explica la propia página web del Instituto de la Vivienda del Ministerio de Defensa, los inmuebles que actualmente se ofrecen en venta directa son los que han quedado desiertos en subastas anteriores. Del mismo modo, algunos de los bienes inmuebles que se ofrecen en subasta ya han pasado por primeras pujas en las que han quedado desiertos y esperan una segunda oportunidad.

Lo sacan a subasta ahora que el precio de los inmuebles está subiendo y hay más oportunidades para vender.  El dinero que consiguen hace que el Ministerio de Defensa sea el segundo ministerio que más ingresa.  Pero estos ingresos no los comparte con el resto de los ministerios o el resto de las administraciones del Estado (ayuntamientos, comunidades autónomas), sino que lo usa para sus financiar sus objetivos armamentíticos.

Pero esta política podría ser de otra manera, para ello hacemos uso de la noticia de El País, que nos habla de que una antigua fábrica de bombas hidráulicas va a pasar a ser:

  • un centro cultural donde promocionar el arte moderno y contemporáneo,
  • y un centro social de atención a los niños vulnerables del barrio,
  • además de un centro de referencia en la investigación de enfermedades raras, sobre todo la de Wilson.  Todo ello en Valencia.

¿Buena idea?  Claro que sí.  Si se puede hacer en el ámbito privado, ¿no se podría hacer también en la esfera pública?  Seguro.

Daría nuevos servicios al barrio, nuevos empleos, directos e indirectos, proyección a la ciudad en diversos ambientes culturales, bienestar a la vecindad del barrio, etc.

¿Mejoraría la Seguridad Humana?  Por supuesto, los objetivos del proyecto lo harían por sí solos, no habría que añadir nada más.

Pero es que, además, se podrían usar los fondos obtenidos con estas ventas de inmuebles a otros aspectos políticos que mejorasen las posibilidades de solución de conflictos armados, como ya decíamos en las conversaciones de paz de Sudán de Sur, o muchos otros pequeños objetivos de paz a lo largo del mundo.

Tres son los grandes solares (Muruarte de Reta, en Navarra; Son Olivaret en Menorca;  y Lorán en Estartit, Gerona) de los que se quiere deshacer Defensa, en cada uno de ellos se podrían iniciar actividades diversas que promocionasen el barrio o pueblo, diesen empleo a la gente de la localidad y generasen bienestar al barrio:

De manera desglosada, entre los 11 solares que saldrán de forma inminente a subasta destacan el antiguo Campamento El Carrascal, ubicado en la localidad navarra de Muruarte de Reta y con una extensión de 231.434 metros cuadrados, la vieja instalación de artillería situada en Son Olivaret (Menorca) de 307.300 metros cuadrados o la base de Lorán, ubicada en Estartit (Gerona), de 351.800 metros cuadrados.

Es sólo una cuestión de voluntad política y de apostar por un mundo de paz en lugar de apostar por la violencia y el militarismo.

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La implicación militar de España en las guerras de Oriente Medio

Alfredo Miguel Romero

Fuente:  Europa Press.

Nos recuerda Europa Press que España participa militarmente de estas formas en las guerras de Oriente Medio:

  • Desde enero de 2015, con 149 militares en la base turca de Incirlik que, además, cuenta con 6 lanzadores de misiles Patriot y un radar.  Todo ello como apoyo a las acciones de la OTAN.
  • Con la base en Rota, sede del Escudo Antimisiles y de donde partieron los dos destructores yankis que atacaron la base aérea del gobierno de Assad en Siria.
  • Con el apoyo a la flota rusa, como en Octubre de 2016 preguntaba ERC:

¿Por qué un país de la UE y de la OTAN colabora con Rusia facilitando apoyo logístico a sus buques de guerra que participan en la guerra de Siria apoyando al dictador Bashar Al Assad?

Pero no hay que olvidar que nuestra actividad en Oriente Medio es mucho mayor que lo anterior porque también tenemos presencia en Irak:

  • España contribuye a la coalición con 374 efectivos, cuyo grueso principal del contingente se encuentra desplegado en el centro de adiestramiento de Besmayah, liderado por España, encargado de formar a las unidades de las Fuerzas Armadas iraquíes.
  • En total, parece que nuestras fuerzas han instruido a 6.000 militares irakíes que ya han participado en batallas importantísimas como la de Mosul.
  • Dentro de la iniciativa de la OTAN sobre el desarrollo de capacidades para Irak, España contribuye a la formación en Jordania de soldados iraquíes en la lucha contra artefactos explosivos improvisados, con participación del personal del Centro de Excelencia aliado C-IED, con sede en Hoyo de Manzanares.
  • Asimismo, las Fuerzas Armadas españolas también instruyen a las fuerzas de operaciones especiales iraquíes en las localidades de Bagdad y Taji.
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Lucha en Euskadi contra la industria militar

Nos congratulamos de la iniciativa que nos llega desde Euskadi y que nos cuenta  Marimar Salazar Moliné de la Koordinadora Antimilitarista Kakitzat:

La industria militar -mucha de ella radicada en nuestros pueblos- mata. Su único objetivo es enriquecerse mediante el negocio de la guerra, a costa de presupuestos militares –que no sufren ningún recorte, si no que se ven incrementados año tras año-, y de ejércitos que supuestamente mantienen la Paz a costa de múltiples guerras en diferentes países.

Guerras, por otro lado, siempre motivadas por los intereses de las grandes potencias para seguir manteniendo su hegemonía política y económica. Las cuales tienen como consecuencia: países devastados, miles de muertos en la población civil y millones de personas refugiadas.

Hace 80 años el pueblo de Gerrnika sufrió un devastador bombardeo que ha pasado a la historia; sin embargo, hoy seguimos siendo testigos de los macabros resultados de la apuesta por la militarización y la resolución de los conflictos a través de estructuras ajenas a la sociedad como los ejércitos.

Cabe destacar, que lo que se ha llamado “la crisis de los refugiados”, no se produce por casualidad: las  personas no huyen de sus países por voluntad propia, si no que son expulsadas de forma violenta por el militarismo.

En el actual contexto del negocio millonario de la guerra sobresale la industria militar vasca; la cual se encuentra con abundantes subvenciones por parte del  Gobierno Vasco. En concreto, el País Vasco es la tercera comunidad con mayor facturación en producción militar, sólo por detrás de Madrid y Andalucía. En el cluster militar vasco participan un centenar de empresas.

Según datos del Ministerio de Defensa dos empresas vascas se encuentran entre las diez primeras empresas del Estado Español en facturación de material militar: ITP es la sexta; y Aernnova ocupa el octavo lugar. Por otro lado, cabe destacar que SAPA es la sexta empresa a nivel estatal en el subsector de “armamento”; y Sener es la segunda empresa a nivel del Estado Español en el sector “misiles”, siendo sexta en el sector “aéreo-espacial” militar, y la duodécima en el segmento de armamento.

Debemos señalar que las empresas de armas vascas (SENER, ITP, Precicast-PCB) venden material militar a los Ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Turquía, España, Estados Unidos, Marruecos, Israel, Egipto o Arabía Saudí.

Un ejemplo del blindaje institucional, y la arrogancia de la industria militar vasca, lo encontramos en la empresa armamentistica SENER. En su propia página web corporativa esta empresa destaca que: “SENER lleva más de 40 años suministrando equipos, sistemas integrados y servicios de ingenieria a la industria internacional de defensa. La empresa también es proveedora del Ministerio de Defensa español y de los principales contratistas internacionales, y aspira a convertirse en la empresa de referencia en sistemas de misiles para el Ministerio de Defensa español, así como en uno de sus contratistas principales para programas de defensa, tanto nacionales como internacionales, garantizando la confidencialidad de toda la información”. Por lo que poco sabemos de la venta de armas a paises en conflicto, supuestamenta prohibida por el Tratado de la Venta de Armas de la ONU.

 Por todos estos motivos, este sábado 22 de abril se realizará la décima marcha de bicis contra el gasto y la industria militar; contra las guerras y por el acogimiento de las personas refugiadas. Esta inicitiva es una buena oportunidad para denunciar a qué se dedican estas empresas tan mimadas por las instituciones vascas y para reivindicar su inmediata conversión en industria civil.

Inicitiva que saldrá a las 11 de la mañana desde la Diputación Foral de Bizkaia para desplazarse hasta a una de las filiales de ITP, Precicast-PCB. Luego, de cruzar el Puente Colgante se dirigirá a Getxo para conocer la empresa matriz del conjunto de empresas vascas destinadas al negocio de la muerte, SENER.

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Al menos 1’35 millones de € gasta Defensa a los curas castrenses

Imagen de Catalia Gracia Saavedra

Fuente:  El Diario.

En otras entradas hemos hablado del concepto de coste militar, todo aquello que no computa en los presupuestos del estado o cuya cuantificación es muy difícil o imposible de concretar y que, sin embargo, contribuye a subir el gasto militar de la sociedad.

Uno de los rubros que hemos incluido en este apartado ha sido lo que tiene que ver con lo religioso.

¿Qué tiene que ver con la defensa nacional el que los legionarios, guardia civiles, marinos, etc., se dediquen en Semana Santa y otras fiestas religiosas a llevar tallas en procesiones?  ¿Les pagamos también para eso, o es una manifestación religiosa que deberían hacerse al margen de uniformes y de actividades oficiales de los ejércitos?

Pero hay una parte de la relación Iglesia-Ejércitos que sí se puede empezar a cuantificar:  lo que se gasta el Estado en los curas castrenses:

  • 1 arzobispo
  • 5 vicarios, con cargo de general.  Uno para el Ejército de Tierra, otro para la Guardia Civil, otro para el Ejército del Aire, otro para la Armada y el último para la Policía Nacional.
  • 82 capellanes castrenses.

Sus sueldos los paga el Ministerio de Defensa con cargo al concepto 120 de retribuciones básicas y 121 de retribuciones complementarias.

“Sus retribuciones básicas se encuentran asimiladas a un nivel 26 de la Administración General del Estado”.

Mirando la legislación vigente, la retribución básica de ese nivel funcionarial prevista por el Ministerio de Hacienda para 2017 llega a 14.824 euros más otros 570 por cada trienio de servicio. Además, estos curas reciben un complemento de empleo que varía entre los 771 euros mensuales para los asimilados a comandante, los 807 euros para los capellanes con más de 15 años de antigüedad (como tenientes coroneles) y los 842 para los sacerdotes con más de 25 años (como coroneles), según el decreto que regula sus pagas.

También está previsto añadir al sueldo un complemento específico que va de 465 a 752 euros mensuales, según el Reglamento de retribuciones de las FFAA. Así, según la normativa, un capellán recién entrado en servicio percibiría unos 32.900 euros brutos anuales.

Su jefe, el arzobispo Juan del Río, ganó el año pasado 59.832 euros salidos de los Presupuestos Generales del Estado, según admite el Ministerio de Defensa tras una petición de acceso a información pública realizada por eldiario.es a través del portal de transparencia. Es un 5% más que en 2012.

Toda esta información devine de la contestación gubernamental a una pregunta de la socialista Zaida Cantera.

Es decir, los 82 capellanes más los 5 vicarios son 87 curas al servicio de las Fuerzas Armadas.  Tirando por lo bajo, suponiendo el sueldo más bajo posible y sin trienios, lo cual es mucho tirar por abajo, habría que multiplicar estos 87 curas por 14.824 € brutos al año, lo que nos daría un total de 1.289.688 € anuales, más los 59.832 que cobra el arzobispo, darían un total de 1.349.520 de € que paga el contribuyente, por lo bajo, a los capellanes castrenses.

Además, 77 capellanes han participado en misiones internacionales y, de ellos, más de la mitad han asistido en tres, cuatro, cinco y hasta seis misiones.

con el consiguiente aumento de sueldo.

¿Tienen algún sentido este oficio y su gasto consiguiente?

La Vanguardia nos informa de que:

La asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas está garantizada en España a través de los Acuerdos firmados en 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede.

otra razón para acabar con dichos Acuerdos de 1979 y dar otro paso hacia la aconfesionalidad estatal.

Muchas veces hemos argumentado, aunque sea preguntado, que España pertenece a los militares.  Este asunto de los curas castrenses es otro ejemplo más de que las Fuerzas Armadas son un Estado dentro del Estado.  Y el enésimo ejemplo de despilfarro militar.

Cuando hablamos de transarme hay algunos ejemplos fáciles y rápidos para argumentar qué empleos son inncesarios entre el militarismo actual, además, con estos 1’35 millones de € se podrían implementar programas anuales que defendieran aspectos concretos que sí que tienen que ver con lo que realmente la sociedad quiere defender, la Seguridad Humana.

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Despilfarro militar de la Guardia Civil

Imagen de Golbal Panorama

Fuente:  El Plural.

Magnífica la información de Celia Guzmán para El Plural.

La opacidad con la que la Guardia Civil maneja sus cuentas no permite conocer despilfarros como el producido con el buque transoceánico Río Tajo, en el que se han trasladado dos embarcaciones donadas al Gobierno de Guinea Bissau, y que ha supuesto un gasto “no inferior a 200.000 euros”, según han confirmado a ELPLURAL.COM fuentes solventes que cuestionan que el traslado no haya sido realizado en un carguero convencional, que habría supuesto “un coste de no más de 20.000 o 30.000 euros”.

¿Qué razón les habrá llevado a decidir gastar 10 veces más de lo necesario para hacer el traslado de esta militar manera?

Seguramente la sensación de que si no lo hacían así, la Guardia Civil, no haría nada útil con la patrullera, estarían mano sobre mano sin defender a la patria de manera alguna.

Con ello se pierden 170.000 ó 180.000 €, pero se hace indispensable a la Guardia Civil.

¿Ocurren casos parecidos habitualmente?  Pues sí.  ¿Por qué ha de recurrirse a la UME para apagar fuegos, por ejemplo, cuando las Brigadas Antiincendios hacen la misma labor con más rapidez y más eficacia?  Pues por dos razones:

  • para militarizar una nueva faceta de la sociedad, la lucha contra los incendios y catástrofes.
  • para justificar lo militar como la forma preponderante de actuación gubernamental.

La costumbre de donar patrulleras no es nueva:

  • 2 patrulleras donadas a Guinea Bissau en 2017
  • 2 patrulleras donadas a la gendarmería de Mauritania en 2006
  • 1 patrullera donada a Senegal en 2007

¿Significaron las anteriores donaciones despilfarros como el actual?

Por otro lado, nos preguntamos para qué le sirven a Guinea Bissau 2 patrulleras.  Seguramente para controlar el tráfico de personas hacia el norte, España, para buscar una vida mejor.

Si es así, la cesión no supone una ayua a Guinea Bissau para solucionar sus problemas, sino un regalo para que nos ayuden a solucionar nuestro problema con la inmigración.  Una donación pues, muy interesada.  Y es que la militarización de la cooperación siempre acaba en la búsqueda de nuestro interés y no resuelve ningún problema a los países con los que presuntamente colaboramos.

Y, por último, otra pregunta:  ¿Si la Río Tajo se dedica al transporte, realmente la necesitamos para nuestra defensa militar?

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