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Los números rojos de Navantia y el rescate de la industria militar hunden la SEPI y hundirán las regiones dependientes del monocultivo militar

Exponaval+2012

Por Jesús Fernández García

Fuente: EconomíaDigital

Del desastre sin paliativos ni excusas que es Navantia, la empresa mimada de la industria militar española, nos hemos ocupado por extenso a lo largo de años.

Desastre que tiene que ver con sus pérdidas de vértigo y su mala gestión, con su mala calidad, con su inmoral negocio en sí y con el trasiego de favores y puertas giratorias que soportan, contra viento y marea, la empresa pública con el dinero de todos y en beneficio de unos poquitos.

El Estado, amén de mandar de viaje a ministros, monarcas y otras autoridades menores y disponibles para que vendan los productos de Navantia, ha cooptado alcaldes y autoridades incompetentes (en la materia, se supone) para que, cerrando los ojos o tapándose la nariz, hablen parabienes de este negocio y ha comprado titulares periodísticos para que nos expliquen la gran mentira, un nuevo ejemplo de agnotología militar, de lo requetebueno que es vender armas de Navantia, aunque sea a Arabia Saudí, para nuestra seguridad y para bajar las cifras del paro.

Las terribles y engañosas cuentas de Navantia

Y de buenas a primeras nos enteramos por las cuentas anuales de 2016 presentadas por la SEPI que en 2016 Navantia acumuló (a pesar de las inmejorables ayudas públicas) unas pérdidas de 303 millones de euros, la mayor deuda de todas las empresas publicas españolas.

Navantia se convierte así en un agujero negro (y bastante opaco) que arrastra las cuentas públicas al desastre. ¿Hay que agradecérselo a alguien en concreto?

Según otro medio, las cuentas de Navantia implican que ésta está en una situación que obligaría a su disolución aunque han empleado un truco contable para evitarla.

Así informó a su vez a finales de junio Economía Digital.

Para más aclaraciones de la desastrosa situación de Navantia, la Oficina Nacional de Auditoría (órgano adscrito a la IGAE) dice  en su informe de auditoría de las cuentas de SEPI, páginas 4 y 5, que

En el informe de auditoría del Grupo Navantia, el auditor llama la atención sobre las notas 3 y 22 de la memoria, que describen la situación patrimonial del Grupo. El patrimonio neto a efectos mercantiles de la Sociedad Dominante del Grupo Navantia se sitúa en 23.393 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 y, por tanto, en situación patrimonial de disolución, en aplicación del artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, celebrado el 15 de marzo de 2017 aprobó la solicitud a SEPI, su accionista único, de un préstamo participativo por importe de 90.000 miles de euros. Con fecha 28 de marzo de 2017 ambas sociedades firmaron el contrato del referido préstamo, que ha sido desembolsado en la misma fecha. Considerando este préstamo participativo y teniendo en cuenta el patrimonio neto a efectos mercantiles, a 31 de diciembre de 2016, la Sociedad Dominante no se encuentra en causa de disolución, sí se encuentra en situación patrimonial de reducción de capital obligatoria, en aplicación del artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que durante el ejercicio 2017 la sociedad tendrá que tomar medidas tendentes a conseguir el equilibrio patrimonial.

Es decir, traducido al idioma autóctono de quienes ni sabemos de finanzas ni usamos corbatas y camisas de seda, Navantia debería disolverse, pero como el dinero es de todos y a sus administradores les cuesta muy poco, unos cuantos (casualmente los causantes y cómplices del desastre) han decidido auto-otorgarle a Navantia (osea a ellos mismos y a los intereses que representan) un préstamo para camuflar las cuentas y permitir un nuevo salto en el vacío, algo así como un rescate como los que salvaron el negocio de los accionistas de los bancos pero ahora aplicado a la industria militar (que también es casualidad que sea una de las que financia la banca armada).

Más deuda a nuestras costillas y más gasto militar

¿Significa eso que nos va a salir gratis la broma de este “reflote” (véase la metáfora marítima que elegimos para más rechifla) de la industria de muerte?

Pues no. Significa monda y lirondamente más gasto militar, porque ¿adivinan de dónde saldrá el pastuco del préstamo de camuflaje?

¿Han pensado que de los presupuestos? Pues acertaron. Lo dice así el diario La Información y nos pone sobre la pista para anotar en 2017 dinero camuflado de gasto militar en la SEPI y para vigilar el presupuesto de 2018, donde es previsible que vuelvan a repetir la jugada

En los Presupuestos Generales de 2017 se concede a la SEPI una aportación de 1.210 millones para avalar a sus diferentes empresas, una cifra idéntica a la de 2016. El Gobierno, además, prevé que la Sociedad estatal acabe el año en pérdidas, con un resultado negativo de 149 millones.

El desastre productivo de Navantia

Pero este aspecto económico no lo es todo en el caos de Navantia.

Su eficacia productiva es inigualable.

Navantia nos ha empobrecido vendiendo al Estado unos submarinos que no flotan y han debido ser revisados innumerables veces.

Revisiones que han implicado aumento de la factura de producción de los mismos y aumento de la factura de reparación de los actualmente en uso para alargar su vida útil hasta que los nuevos ingenios de Navantia tengan a bien emerger del fondo marino donde los sitúa la incompetencia del personal “altamente cualificado” del que alardea el escalafón militarista, desde la ministra hacia abajo.

En efecto, el inicial proyecto de submarinos de Navantia supondría un coste de 1.796 millones de euros, pero ya vamos, sumados los sobrecostes del propio submarino y los gastos que ha implicado para reparar los antiguos y mantenerlos en uso, 3.013 millones de euros, según informamos en febrero de 2017. Y según el Secretario de Estado en su intervención en el Congreso para informar sobre los Programas Especiales de Armamento del pasado 2016, estas cantidades sólo permitirán poner en el agua el primero de los cuatro submarinos previstos, sin que se sepa el coste de los otros tres restantes.

Pero los errores de diseño de Navantia no son exclusivos de su empeño en submarinos con sobrepeso y alcanzan a otros productos de la naval, como los barcos de la clase Camberra que quiere vender a Australia, o el BPE Juan Carlos I como ya explicamos en otra entrada de mayo de este año.

¿Qué suerte habrían corrido las comarcas de Cádiz, Ferrol y Cartagena si el dinero invertido en mantener Navantia se hubiera invertido en reconversión y desarrollo?

Las cifras no engañan. Navantia ha recibido varios miles de millones del erario público en concepto de ayudas, subvenciones y aportaciones para mantenerla en pié.

La sola suma de las pérdidas de Navantia en los últimos diez años (pérdidas que cubre el Estado al margen de las ayudas y encargos que realiza a esta empresa) es escalofriante, con una media anual de más de 250 millones de euros y sin un plan viable de salida.

La explicación que nos han dado es que con ello contribuían a la cuestión social de Murcia, Cartagena y Ferrol, ampliamente dependientes de la industria naval militar.

Muchos de los contratos de Navantia no han tenido una finalidad, dijo un anterior Secretario de Estado de Defensa, desde el punto de vista militar, pues lo “encargado” o no se necesitaba o se podía conseguir mejor fuera, sino industrial, para fortalecer el sector naval militar.

Si contabilizamos todas estas ayudas, subvenciones, dinero invertido en encargos, sobrecostes de sus productos y dotaciones de pérdidas ¿no podría haberse cortado la sangría antes e invertido todo este dineral tirado a la basura para desarrollar de forma alternativa estas regiones?

Lo militar ha supuesto para Cartagena, Murcia o Cádiz dependencia, no progreso ni desarrollo y mantener incólume esta dinámica no puede sino condenar a estas regiones a más dependencia y peor futuro.

¿Por qué nadie reclama ese cambio de rumbo?

Si de lo que se trata es de sostener la viabilidad de las regiones referidas, ¿por qué no se invierten los más de 300 millones de perdidas de Navantia no en mantenerla viva, sino en el desarrollo de estas regiones?

¿Por qué no se incentiva una reconversión radical de Navantia y sus tecnologías hacia fines socialmente útiles y sectores sostenibles?

La respuesta es más que sencilla. Porque lo que se busca no es el desarrollo de estas regiones, sino el negocio lucrativo de unos pocos.

Paro y Navantia

Las cuentas anuales de Navantia de 2016, bastante edulcoradas, por cierto, nos aportan un dato más:

  • La plantilla de Naviantia a 31-12-2016 era de 5.296 personas únicamente.
  • La cifra de negocio de Navantia en 2016 ha sido de 710´08 millones de euros.
  • El resultado de Navantia en 2016 ha sido de 229,74 millones de euros.
  • Las inversiones en inmovilizado durante 2016 han sido de 170 millones de euros.
  • El patrimonio de Navantia se ha contabilizado por valor de 341,29 millones de euros.
  • Ha obtenido donaciones y subvenciones (principalmente de la Comunidad de Murcia, el Ministerio de Industria y la UE) por importe de 3,9 millones de euros.
  • el pago total de personal ha sido de 311´36  millones de euros, lo que equivale a un sueldo medio de 58.791 euros, cifra que, a la vista de las tablas salariales de su propio convenio, no cobra ni siquiera el 10% de su plantilla y que sobre la cifra de negocio anual supone un 43% de aquella.

Estas cifras despejan, a su vez, la idea de que Navantia ofrece mucho trabajo, únicamente 5.296 personas en unas regiones que cuentan con una población parada de cerca de 200.000 personas en la región de Cádiz (un paro de más del 33% de su población activa), más de 130.000 personas en la región de Murcia (cerca del 20% de parados) y con un paro en la comarca de Ferrol de 6.100 personas, un 24% de su población activa.

Navantia no es, vistas las cifras, ni una solución parcial al paro desmesurado y producto de una ínfima inversión en desarrollo de estas regiones.

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17.163´86 millones de euros, ¿para qué?

Por Lanpernas 3.0

Fuente: Cuarto Poder

Les vamos a intentar contar “a lo fácil” (a ver si somos capaces) una historia entre truculenta y descabellada, a partes iguales, que pone en entredicho las entendederas de los que están al mando de la política española y también las nuestras, pues se nos queda cara de tontos.

Como ya es de dominio público, la industria militar es una verdadera bicoca para los que apuestan por ella, lo que incluye a los bancos y fondos de inversión que hacen sus apuestas de riesgo en ella, los accionistas que participan de las empresas del sector, los políticos que elaboran las leyes, y en el caso español, el propio Estado y su casta política adherida, que cuenta con un sector industrial propio en la materia y que colabora con la geopolítica impuesta por esa especie de organización de intereses para imponer la dominación y la violencia de la que somos socios.

Del terrorífico auge y de las expectativas tan halagüeñas de futuro de la industria militar, a escala planetaria, nos habla Diego Herranz en un artículo publicado en Público el día 23 de junio pasado que merece ser leído, en el que acaba informándonos de que la industria militar mundial espera nuevos pedidos equivalentes a 600.000 millones de dólares, la mitad del PIB español y el total que gasta EEUU en defensa en un año.

Pero ahora vamos a fijarnos en la pequeña escala local que nos corresponde, para hablar de tres de los programas de armas en los que España se enfrascó para dotar a nuestro ejército de potencia de combate de primera división.

Características comunes.

Empecemos por nombrar una de las características común a todos ellos. Los programas de armas españoles no se compran, como quien dice, como si un particular comprase una lavadora o una bicicleta, donde el comprador “encarga” el producto y lo paga a tocateja o a plazos, una vez se lo entregan y según lo pactado.

En el caso de los programas de armas, el Estado “anticipa” unas cantidades impresionantes como “créditos” a las industrias que van a fabricar (en plazos larguísimos) el “producto”. Después espera a que se lo entreguen para hacer el pago final descontado lo que “prestó”.

Es un modelo un tanto peculiar de funcionar, pero lo es más aún porque el Estado en realidad y como hemos denunciado desde 2012 , ofrece estos créditos a interés cero, lo que tiene como segunda consecuencia que somos los ciudadanos los que pagamos el interés o la depreciación del dinero prestado.

Otro pequeño detalle: para eludir que estos créditos contabilizaran como “gasto militar”, los mismos los otorgó (sigue otorgándolos en los otros programas de armas) Industria y no Defensa, con lo cual aparecen como un apoyo a la industria y no como una inversión y un gasto en armas.

La idea y el compromiso de estos créditos a interés cero, según dice el artículo que comentamos, fue de Serra Rexac (ministro de Defensa indistintamente con el PSOE y luego con Aznar y un hombre muy vinculado a la industria militar) y luego mejorado por Pedro Morenés, secretario de estado y luego ministro sucesivamente con Aznar y Rajoy (con un período intermedio presidiendo industrias militares y un destino actual en EE.UU, como veremos algo muy estratégico para conseguir contratos militares para España).
Podríamos decir que estos tres, Serra Rexac, Aznar (el de las Azores) y Morenés, componen un trío (a Aznar parece que le va lo ternario), en este caso, el trío calaveras de la Defensa.

Sigamos por una segunda característica común. Los programas de armas a los que nos referimos sufren retrasos innumerables y exagerados en la “entrega” del “producto”, pero estos retrasos no implican “penalizaciones” para el fabricante, no porque no las contengan los contratos firmados, sino porque el Gobierno se las perdona a estas industrias, algo de lo que se ha quejado el propio Tribunal de Cuentas .

Podríamos explicar una tercera característica, común a los programas que comentamos y a otros muchos programas militares. Su diseño y fabricación es chapucera a no poder más, y los “productos” tienen múltiples errores y fallos que, por cierto, acaban costándonos más, ya que las ingentes inversiones realizadas en estos sistemas irían a la basura (en teoría con el descrédito de los políticos que los encargaron, aunque solo en teoría porque nunca pasa nada) si se cancelaran o se rescindieran los contratos.

Aunque… ¿No sería una solución más económica y justa?.

EF2000

Pues bien, vayamos al primero de los grandes contratos para la aviación española, el avión de combate europeo EF2000.

España ingresó en el consorcio Eurofighter GmbH en 1983 con otros tres países más (Italia, Alemania y Reino Unido) para diseñar y fabricar el futuro avión europeo de combate : en principio, el avión tendría la doble misión de dotar a las fuerzas armadas de cada uno de estos países de aviones de combate (Reino Unido 232 aparatos, Alemania 180, Italia 121 y España 87) y de vender a “terceros” el avión así diseñado.

La inversión comprometida (y al parecer desembolsada) de España ha sido de 10.795 millones de euros (según Wikipedia ) o de 10.629´86 (según Cuarto Poder), aunque después, y dados diversos problemas de fabricación, retrasos, mejoras y sobrecostes de los aviones, España ha acordado con el consorcio recibir sólo 70 aparatos (ya tiene 61 en su poder y los 9 restantes irán saliendo antes de finalizar 2018) por el mismo precio comprometido, los casi 11.000 millones de euros.

Es una suerte que no somos capaces de valorar, porque nunca hemos sido capaces de apreciar el enorme logro de conseguir comprar algo por un precio y que nos den algo más caro pero en menor cantidad de unidades de las comprometidas. Pongamos por ejemplo, que te compras una bici por mil euros, y te la dan por 1.200 pero sin una rueda.

Veremos si somos capaces de hacernos unos ligeros cálculos. Acaso seamos capaces de entender mejor este apartado de la negociación.

Con los 84 aviones comprometidos, al precio de 10.629´86 millones de euros (pongámonos en el escenario más modesto), cada avión de combate de estos nos costaría 126´54 millones de euros, una cantidad desmesurada que acaso diera para construir varios colegios o para zanjar grandes problemas sociales.

Pero si finalmente recibiremos 70 en vez de 84, el precio por aparato será de al menos 151´85 millones de euros, algo que resulta escandaloso.

Doblemente escandaloso porque, opinamos, para poder “recuperar” este enorme dispendio económico, a los estados consorciados no les quedará otro remedio que emplearse a fondo en buscar compradores de otros aparatos de estos para que financien nuestra defensa con los beneficios de la venta de estas armas. Es decir, fomentar la inestabilidad, el armamentismo, el militarismo, la venta de armas… como lo quieran llamar.

Un problema añadido: el avión tiene toda la pinta de ser una castaña pilonga, y la mayoría de los ejércitos, incluidos los consorciados, empiezan a valorar el hacerse con aviones americanos F35 en detrimento de estos aviones. España, entre otros, está mirando precios de estos aviones americanos (y aquí sale por segunda vez Pedro Morenés, flamante embajador español ante EEUU, ¿curioso?).

A-400

Vayamos al segundo gran negocio, los A400M, un avión de transporte también europeo, fabricado por el consorcio Airbus (con capital de España, Alemania, Francia y Reino Unido).

Igualmente planearon hacer un “avión europeo de transporte” con la doble finalidad de dotarse de estos aparatos y de venderlos al resto del orbe.

La planeación y el diseño del avión ha sido catastrófica, con fallos en los motores y la aviónica, hasta el punto de haberse causado muertos. Los retrasos acumulados en la entrega son de más de cuatro años, con sus consabidos sobrecostes. Ahora resulta que el diseño que se hizo del avión no tuvo en cuenta uno de sus principales cometidos: cargar y descargar personas y cosas. Las puertas diseñadas para ello son pequeñas y mal diseñadas, los soldados no pueden saltar en condiciones… Osea.

El coste inicial para España era de 4.332´54 millones de euros para obtener 27 de estos aviones. Al final los aviones se han encarecido un poco y España recibirá (de momento sólo tiene uno) 14 aviones, eso sí, al precio de 5.019 millones de euros, unos 700 millones más caro por 12 aviones menos, todo un negocio por el que no sabemos a quién hay que felicitar en concreto.

Eso sí, tendremos la suerte de que estos aviones se entregarán con menos capacidades de las inicialmente previstas, aunque la empresa se compromete a realizar en el futuro el “retrofit” (suponemos que una adaptación) de los aparatos para que alcancen la configuración final sin ningún coste adicional. ¡menos mal!.

De modo que, suma y sigue: si antes el precio por avión era de 160´5 millones de euros, ahora, que tendremos además menos aviones y sin “retrofrit-ar”, ha subido a 185´88 millones. De nuevo cantidades impensables con las que podríamos abordar múltiples problemas sociales secularmente desatendidos o infradotados.

Los helicópteros Tigre

Se fabrican a partir de un inicial consorcio constituido por MBB (alemana) y Aéroespatiale (francesa), por AIRBUS , donde participa también España y Reino Unido.
Como no podía ser menos, España pidió 18 de estos helicópteros por los que iba a pagar 1.353,5 millones de euros, que después de diversos retrasos y complicaciones, han acabado pasando a ser 1.515 millones de euros, o, lo que es lo mismo, de los 74´19 millones de euros por helicóptero a los 84´16 millones de pago final (eso sí, después de renunciar, para no encarecer todavía más, a la adaptación de los 6 comprometidos en el contrato inicial por el motor).

17.163,86 millones de euros ¿para qué?

Si nos tomamos el pequeño esfuerzo de pedir la cuenta, como en el bar, nos sale que estos tres desastrosos programas que han comprometido en nuestro nombre el trío calaveras y sus adláteres, han costado nada menos que la friolera de 17.183,86 millones de euros, una cantidad abrumadora que equivale a lo que se gastó Europa en control migratorio en 2016 , un año caliente en desplazamientos humanos y en la política represiva de Europa en la materia, o el equivalente a más de 100 veces el gasto presupuestario del Plan Nacional de Drogas previsto para 2017 o en igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, más de 200 veces lo gastado para el mismo período para atención a la infancia y a las familias, más de 50 veces lo gastado en promoción y servicios a la juventud o en prevención de violencia de género, más de 30 veces lo que se destina a la Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad… y así, suma y sigue.

Pero siendo la cifra tan escandalosa, lo más grave no es la cifra.

Lo grave, lo principalmente grave, es que estos aviones, en realidad, para lo que valen no es para defender a España de amenazas a su integridad. Son armas de “proyección”, de largo alcance, es decir, de ataque a muchos kilómetros de nuestras fronteras, donde, por cierto se usan y van a seguir usándose.

Son los aviones que nos convierten en una potencia intervencionista, en un aliado de la nefasta política militarista occidental.

Gastamos mucho. Gastamos mal. Derrochamos. Pero sobre todo, gastamos en imponer un orden militarizado e injusto que nos envilece, que nos devuelve nuestra peor imagen, que causa un sufrimiento inconmensurable allá donde participa nuestro militarismo y que, como rebote, vuelve a nosotros en forma de mayor inseguridad e inestabilidad mundial.
Eso sí, para que se enriquezcan unos cuantos en nuestro nombre y con el silencio cómplice o desinformado de la inmensa mayoría.

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El desbarajuste de los Programas Especiales de Armamento (PEAS)

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POr US Air Force

Fuente: Bez

Hay muchas maneras de explicar el desbarajuste y la ruina económica que los Programas Especiales de Armamento (PEAS) están suponiendo para las arcas públicas y con ello para la sociedad.

Nosotros lo hemos contado en términos de deuda inmoral e ilegitima en un texto de 2013 en el que explicamos el origen, el crecimiento y el despilfarro que son estos programas armamentistas.

Del artículo que realiza Beatriz Yubero en el portal colaborativo BEZ, podemos sacar algunas notas que, sin ser novedosas,vuelven a poner sobre la mesa el despropósito de estos programas de armas.

1.- Dice la comentarista que los programas especiales de armamentos, cuyo origen hay que situar en el primer gobierno de Aznar, son fruto de los compromisos adquiridos por el PP y el PSOE como consecuencia de nuestra entrada en el club militar OTAN. Ello señala dos extremos que habitualmente pasan desapercibidos:

  • Que sin la OTAN nos los podríamos haber ahorrado
  • Que son una imposición ilegítima. No podemos decir si fruto del interés de la industria militar europea y estadounidense de ganar siempre y a cualquier precio, o si por la imposición de la élite política (nuestra y ajena) de meternos en la senda de una cada vez más militarizada y unidimensional política económica, abocada a llevarnos a esta especie de bola de nieve imparable de gasto militar y militarismo sin retorno, pero al fin y al cabo, fruto de un interés que no era el nuestro.

2.- Señala el artículo, casi sin quererlo decir (al menos así) que si hay dos grandes culpables políticos de estos programas son los pactos bajo cuerda de los años 90 entre PP y PSOE, pactos que se han demostrado inamovibles y no cuestionados y que nos indican uno de los puntos esenciales de la ilegitimidad de estos programas: no responden al interés general, sino al interés de esa oligarquía extractiva de políticos de la casta en generar gasto militar inútil

3.- Cuenta el magnífico compromiso de deuda que nos sepulta. 23 programas comprometidos solemnemente en nombre del estado con previsión de pago total a 2030, que nos supusieron una deuda de 37.000 millones de euros, de los uqe se han pagado 8.000 aproximadamente y por lo que el MInisterio de Industria ha pagado unos siniestros créditos (a interés cero, algo que obvia el artículo) de más de 10.000 millones de euros previos a la fabricación de estos programas de armas y que la industria militar debe devolver una vez fabrique estos ingenios (se le ha olvidado a la articulista señalar con suficiente claridad que cuando esto ocurra, los programas habrán adquirido un espectacular precio porque habrán sufrido sobrecostes como consecuencia de encargos suplementarios de mejoras, o de que los encargos, quien sabe si por descuido o malicia, se hicieron a medias, sin contratar por ejemplo, los sistemas electrónicos de los aviones que se solicitaban, etcétera).

4.- Los programas de armamentos no sólo eran ilegítimos en el origen, sino que además, durante su ejecución la ilegitimidad se ha reforzado más, pues los negociadores permitieron tanto sobrecostes como encargos innecesarios, pero bien favorables a los intereses del complejo militar-industrial (dice el artículo ” Sobre estos programas siempre ha planeado la sombra de los sobrecostes y del exceso en el número de unidades encargadas. De hecho, el Tribunal de Cuentas llegó a denunciar costes excesivos …y poca diligencia por parte del Ministerio de Defensa (en época de Morenés) a la hora de penalizar a las empresas por sus retrasos, lo que hubiera servido para rebajar las facturas“)

5.- Señala que, a pesar de que el desastre que estuvo a punto de llevarnos al precipicio al inicio de la crisis era tal, el Ministro puertagiratorio Pedro Morenés renegoció el precio final de los programas para comprometer que fuera de 30.075 millones de euros, aunque en unas negociaciones tan opacas que probablemente podemos encontrarnos con algún caramelo envenenado ( según la articulista “Hubo pocas explicaciones sobre cómo se hizo esa renegociación y sobre los criterios que se siguieron“)

6.- Además, cuando la troika vino a rescatarnos, y para evitar que acabáramos como Grecia, intervenidos a lo bestia, los gobiernos de Rajoy procedieron a realizar un fraude contable, ocultando esta deuda impagable, para lo que acudieron a sacar de los PGE toda referencia a los mismos a fin de que no computase como déficit y de paso para evitarse la crítica social (se olvida la articulista de comentar que esta política tan curiosa la llevaban ejerciendo indistintamente los gobiernos del PP y el PSOE con anterioridad).

7: Ocultándola pero no eliminándola, porque por la puerta de atrás ha seguido pagando ingentes cantidades a la industria militar por medio de una fórmula ilegal (declarada así por el propio Tribunal Constitucional) consistente en emitir créditos extraordinarios con cargo a deuda pública (osea, generando más deuda aún) mediante decretos ley ad hoc para pagar a la industria militar.

8.- Agustín Conde, el actual Secretario de Estado de Defensa, ha explicado a los diputados de la Comisión de Defensa que la deuda actual (unos 21.000 millones de euros) resulta igualmente impagable y difícilmente asumible, a pesar de lo cual la decisión del gobierno (apoyado en esto por Ciudadanos y PSOE) es pagarla (y empobrecernos más).

9.- Además, en el día a día, estos programas demuestran ser una verdadera chapuza. Por muestra dos ejemplos:  el submarino S80 de Navantia y el avión A400M.

Respecto del primero, dice la articulista que ” Estaba previsto que la primera unidad fuera entregada en 2013 pero, a día de hoy, la fecha prevista es diciembre de 2021 y podría seguir acumulando retraso. El coste inicial del programa ascendía a 2.135 millones de euros, de los que ya se han pagado 1.774 millones, pero ahora ese dinero, debido a los sobrecostes, solo da para pagar el primero de los cuatro submarinos. ¿Cómo piensa Defensa pagar los otros tres? ¿Qué coste tendrá cada uno de esos otros tres submarinos? ¿Cuál será el coste final del programa? Preguntas a día de hoy imposibles de responder.”

Respecto del segundo afirma que  “el A400M es un dolor de cabeza constante. El avión no cumple con las características técnicas requeridas y los países del consorcio (España, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y Turquía) están enfrentados con la cúpula de Airbus. Amenazan con sanciones económicas a la compañía, pero no se sabe si lo hacen con la boca pequeña para no recibir críticas. Para colmo, España compró 27 unidades, casi el doble de las 14 finales con las que se va a quedar, y eso significa que o consigue revender a otros países esas 13 aeronaves de diferencia o tendrá que pagar una multa de casi 250 millones de euros a la compañía.”

10.- Una vuelta de tuerca más: ahora que el Tribunal Constitucional ha dicho que es ilegal ocultar estos pagos, los quieren usar para engañar al viejo Donald que clama por un colmillo en incendiar de armas el mundo, y “aflorarlos” en el presupuesto del MInisterio de defensa para hacerle creer que están “aumentando” el gasto militar y acercándose al compromiso del 2%PIB (en realidad ya supera con mucho este porcentaje pero sigue siendo un gasto escondido, oculto en su gran mayoría y no por disgustar al amigo americano, sino para que el pueblo español no sepa en qué se gastan la pasta los que mandan). Lo dice así el artículo “El número dos de Defensa también dejó una pista muy clara sobre las intenciones a futuro de su Ministerio. Primero explicó que los próximos presupuestos de su departamento tendrán incorporados una partida de 1.824 millones de euros (716,8 millones de 2016 y 1.170 millones de 2017) para pagar los PEA. Después, dijo que gracias a esto “se estaría en consonancia con el compromiso asumido en la cumbre de la OTAN de Gales de 2014 de incrementar los presupuestos de Defensa hasta alcanzar en una década una cifra equivalente al 2% de PIB”.

Y como todo decálogo, una (mala) conclusión. Para colmo, esto es el cuento de nunca acabar. el ciclo de rearme se renueva a pesar de que este primer movimiento ya nos ha empobrecido suficientemente. “A futuro, España deberá seguir renovando su material armamentístico y los costes se incrementarán notablemente: la Armada necesita sustituir los cazas de despegue verticar Harrier -su vida operativa finalizará entre 2025 y 2030- por el F35B, única opción en el mercado. Además, por esas fechas, también deberá pensar en planificar la renovación de los cazas F-18, cuya única opción viable serían los F35A.

El problema es que el programa estadounidense del F35 en sus tres versiones acumula un grandísimo retraso y unos enormes sobrecostes, algo que ha llegado a denunciar a través de su cuenta de Twitter el presidente estadounidense, Donald Trump, que llamó al orden a la empresa fabricante, Lockheed Martin: “el programa F-35 y su coste está fuera de control. Miles de millones de dólares pueden y serán ahorrados en compras militares”.

Decepcionante. Otra que se ha tragado que necesitamos esos carísimos aviones de “ataque” (no defensa) estadounidenses que, por cierto, nos quieren vender en bruto ( y nuestros políticos de la casta comprar), sin sistemas de armas ni motores y otros elementos que luego “necesriamente” habrá que comprar para que no queden para un museo del horror.

Ni los necesitamos para nada, ni tendríamos por qué aumentar el gasto militar. Ni, dado que estamos ante una deuda ilegítima e impuesta por intereses que no son los de la sociedad ni han sido decididos por todos, asumir el pago de esta deuda inmoral.

Ni tenemos por qué asumir las torpezas de estos genios  de las finanzas ni tampoco por qué seguir obstinados en enterrar nuestras esperanzas como pueblo en el seguidismo armamentista y fatal al que nos quieren someter los señores de la guerra y sus partidos corporativos en el Parlamento.

No nos representan y no queremos que nos conduzcan al empobrecimiento primero y al desastre después.

Gastos militares para fines sociales.  Haz objeción fiscal al Gasto Militar.

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España debería financiar las conversaciones de paz de Sudán del Sur

Imagen de Hans Birger Nilsen

Fuente:  Europa Press.

Las autoridades de Sudán del Sur informan de que es imposible realizar las reuniones para buscar la paz dado que carecen de fondos para financiarlas.  La falta de fondos en Sudán del Sur es tan grave que los funcionarios y miembros del gobierno llevan dos meses sin cobrar.

Aunque estas reuniones deberían haber comenzado en marzo, aún no hay perspectivas de que comiencen y con ello condenan a sus habitantes a la desesperación.

Parece ser que era Japón quien se había comprometido a enviar la financiación necesaria para las conversaciones de paz, pero no lo ha hecho.

Pero también el gobierno de Sudán del Sur está haciendo dejación de funciones porque hay actuaciones que no son dependientes más que de la decisión política y no se han hecho.  Un ejemplo es el nombramiento y la jura del cargo del Comité Directivo para el Diálogo, que se publicó en diciembre, pero que aún no han sido llamados para prestar juramento.

Hay que recordar que las conversaciones de paz en Sudán del Sur han sido suspendidas múltiples veces en los últimos años.

¿Cuánto costará reanudar estas conversaciones de paz?

Una política de defensa alternativa y noviolenta debería de ocuparse de este problema.  Habría que anular alguna partida militarista del presupuesto de defensa actual para invertirla en impulsar estas conversaciones de paz.  Se podría renunciar a la compra de alguna fragata, de algún eurofighter, de algún 8×8, o también se podría reunicar a alguna de nuestras intervenciones militares en el extranjero y con ello financiar estas conversaciones de paz.

A ello se le llama transarme, política que consiste en defender la Seguridad Humana mediante la transferencia progresiva de parte del presupuesto militar a usos civiles de defensa noviolenta.

La paz en Sudán de Sur sería un éxito para esta política noviolenta de defensa, pero claro, dejarían de ganar dinero nuestras élites militaristas con la venta de armas.

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La mala gestión de Defensa provoca que tengamos que pagar una multa de 243 millones de €

Imagen de Aerofossile 2012

Fuente:  El País.

La programación militar española quería poder tener fuerza de proyección (eufemismo de intervencionismo o de invasión) muy lejos de nuestras fronteras.  Para ello eran indispensables aviones de transporte con mucha capacidad y amplio radio.

El diseño militarista pensó que lo necesario eran 27 A400M.  La cifra era disparatada para un país como España.

Por ello, mucho más tarde, el anterior Secretario de Estado de Defensa, Pedro Arguelles, pactó con Airbus la compra de 14 A400M (avión de transporte militar) entre 2016 y 2022, y posponer la recepción de los 13 restantes hasta 2025.

Entonces a Morenés y a Arguelles les pareció un ejemplo de gran gestión comercial.  Es decir, postergaban el problema unos cuantos años, los suficientes para salir del Ministerio de Defensa y para que otros tuviesen que ocuparse del problema.  Genial.

Si Defensa no cumplía, el Estado debería pagar 243 millones de € como penalización a Airbus.

Ahora el problema está aquí:

Defensa ya ha declarado estos 13 aviones como “no operables” –es decir, innecesarios—y ha aceptado pagar a Airbus 243 millones por la cancelación de este pedido.

Vemos muchas malas prácticas en estas decisiones:

  •  La primera es que nuestros militaristas dirigentes siempre planifican los gastos muy por encima de las necesidades y de las posibilidades de España.  Les da igual porque nadie les va a pedir cuentas.
  • Para ellos prima el programa de fabricación de armamentos sobre las necesidades de defensa españolas reales o sobre las posibilidades económicas españolas, lo importante para los políticos militaristas es que se pueda hacer el nuevo modelo de armas, ofertándolo como un futuro éxito de ventas.  Luego, como en el caso que nos ocupa del A400M estas ventas no llegarán, pero les da igual porque nadie les va a pedir cuentas.
  • La tercera es que nuestros dirigentes militaristas siempre acaban favoreciendo a la industria militar y son capaces de firmar multas que le impondrá la industria militar al Estado si no cumplen con lo pactado.  Les da igual, el Estado somos todos y lo pagaremos a escote con los impuestos.  Además, la ciudadanía no acaba de entererarse.
  • La cuarta es que los políticos militaristas ven muy fácil endeudar a España porque nadie les va a pedir cuentas.  Total, cuando la deuda militar sea un problema ellos ya no estarán en el poder (estarán jubilados), o podrán recurrir al argumento de echar la culpa a gobiernos previos.

Mientras el Parlamento y la sociedad permanezcan ignorantes y callados no habrá problema para los políticos militaristas.  Hasta que no haya una auditoría independiente de Defensa no habrá soluciones.

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El Tribunal de Cuentas dictamina: sobrefinanciación, sobrecostes y otros fallos en los PEAS de Morenés

Fuente: Voxpopuli

A juzgar por la opinión del Tribunal de Cuentas, a Pedro Morenés, ex-ministro de defensa y Grande de España, le han castigado mandándolo de embajador a EEUU, un sitio cutre donde los haya, por manta y por manirroto.

No se explica, de otro modo, el castigo ejemplar que ha recibido.

Dice el Tribunal de Cuentas, que ha revisado las que presentó el Ministerio de Defensa relativas a los años 2012 a 2014, que estas son todo lo peor que se pueda imaginar (se supone que todo lo peor menos austeras, porque para el Estado el que el gasto militar sea desmesurado no es un mal).

Las cuentas de Morenés son un cuento, de la categoría de cuento de Carracuca, feos y apolillados.

El informe, que puede verse pinchando aquí, dice entre otras lindezas, que todo el negocio del pago de los créditos extraordinarios para financiar programas de armamento ha sido una ruina y un verdadero despropósito contable y político.

Describe muy bien el mamoneo que hay con la financiación de los programas espaciales de armamento (PEAS), que implica a tres “actores”

el Ministerio de Defensa, adjudicador y cliente del contrato de adquisición; el Ministerio de Industria, financiador parcial del contrato mediante anticipos reintegrables a la empresa adjudicataria (a tipo cero); y el Contratista Principal, adjudicatario del contrato. Los dos Ministerios, el de Defensa y el de Industria, suscriben, con carácter previo al arranque del programa, un acuerdo general por el que se formaliza su voluntad conjunta de desarrollar un programa de adquisición al que se le dotará de prefinanciación en el marco general de un apoyo a la consolidación del sector industrial de la Defensa y el apoyo a procesos innovadores en materia tecnológica

Por ejemplo en sus conclusiones se señala que

la financiación de los créditos extraordinarios se hace con cargo a Deuda Pública, cuando se trata de operaciones no financieras, cuya financiación debería haberse hecho con baja en otros créditos no financieros o del Fondo de Contingencia

Los sistemas de armas contratados se entregan al Ministerio de Defensa, según un calendario previamente definido que casi siempre, y por muy diversas circunstancias, es objeto de modificación. El Ministerio a medida que recibe las unidades contratadas, y por tanto de forma diferida, paga las adquisiciones al contratista principal con cargo a su Capítulo VI (inversiones reales).

El contrato de obra mediante el abono total del precio, unido a la posibilidad de pagos aplazados contenida en la Ley General Presupuestaria, es lo que permite al Ministerio diferir el pago y distribuir la carga financiera en el tiempo.

Finalmente, las empresas adjudicatarias devuelven al Tesoro Público los anticipos recibidos del MINETUR según unos calendarios pactados y a medida que reciben los pagos comprometidos del Ministerio de Defensa.

La financiación del MINETUR cubre en algunos casos hasta la totalidad del precio del contrato. En este caso los pagos que realiza MINISDEF serán destinados por el contratista a la devolución de los anticipos recibidos, si bien, en ocasiones la financiación de Industria no cubre la totalidad del precio, de modo que parte de los desembolsos del MINISDEF sirven también para terminar de financiar el coste del programa.

o que

mientras el crédito extraordinario concedido en 2012 se destinó a satisfacer obligaciones de ejercicios anteriores, los aprobados en 2013 y 2014 estaban dirigidos a la cobertura de obligaciones del propio ejercicio, que en ocasiones no habían nacido con anterioridad a la concesión del crédito extraordinario, lo que cuestiona la existencia de una extraordinaria y urgente necesidad que justificara la tramitación de un Real Decreto-ley.

y

Respecto a la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria, las memorias justificativas se limitan a señalar que no hay crédito suficiente y a reproducir el listado de cuantías por programa cuya financiación extraordinaria se solicita. Las memorias económicas son, a su vez, breves y apenas incorporan una somera referencia a las necesidades que han de atenderse con las cuantías solicitadas para cada programa. La memoria económica correspondiente al crédito extraordinario y suplementario del año 2014 no contiene dato alguno relativo a las necesidades concretas que justifican la solicitud

El informe acusa a Morenés de permitir alegremente sobrecostes, de admitir sin pestañear retrasos y aplazamientos en la entrega de las armas convenidas, de no exigir responsabilidades ni indemnizaciones y de sobrefinanciar por la puerta de atrás a la industria militar.

Defensa abusa de figuras de verdadera ingeniería contable que disfrazan sus cuentas

El uso excesivo de la figura de la modificación presupuestaria ha sido ampliamente criticado por el Tribunal de Cuentas desde la perspectiva de los problemas que la falta de dotación inicial en los créditos genera al gestor de fondos públicos (la insuficiencia del crédito inicial implica que durante diferentes periodos de tiempo de cada ejercicio presupuestario, no se disponga de los recursos necesarios para atender las necesidades existentes y se tienda a utilizar transitoriamente otros créditos realizándose posteriormente las oportunas rectificaciones lo que da lugar a una gestión presupuestaria laboriosa y confusa, además de formalmente irregular), como desde una dimensión competencial. Y ya desde tiempo más reciente, el control sobre las modificaciones debe intensificarse desde la perspectiva de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Afirma que los “créditos extraordinarios” son un fraude para pagar los PEAS y que

debe ponerse de manifiesto que la situación jurídico financiera de los PEAs no era, ni es, en absoluto desconocida ni imprevisible, sino todo lo contrario

La financiación a través de créditos extraordinarios y suplementarios de la rúbrica 14.030122B.65 de los Prepuestos Generales del Estado desde 2012 se ha convertido en una situación presupuestaria estructural contraria a los principios de la planificación y la estabilidad presupuestaria, en defecto de una presupuestación realista ajustada a los compromisos de sobra conocidos, como es obvio a la luz de los sucesivos Acuerdos de Consejo de Ministros de reprogramación financiera de los PEAs y de las propuestas de anteproyecto de presupuesto remitidas al Ministerio de Hacienda por el Ministerio de Defensa.

Pero además, supone una violación inadmisible de leyes

Puede concluirse por tanto que la justificación de la vía de financiación de estas modificaciones presupuestarias para atender obligaciones no financieras no es consistente, pues en ocasiones se apela a la falta de impacto en la capacidad de financiación del Estado, en otras a la insuficiencia del Fondo de Contingencia y en otras a la discrecionalidad y previsibilidad de las obligaciones a satisfacer como causa de la excepción a la financiación a través del citado Fondo, todo lo cual plantea dudas sobre la corrección del empleo de Deuda pública para financiar créditos extraordinarios y suplementos de crédito destinados a atender obligaciones no financieras del presupuesto, ya sea para satisfacer obligaciones del propio ejercicio o de ejercicios anteriores atendiendo al mandato contenido en los artículos 55 y concordantes de la LGP. Este tipo de actuación podría implicar una derogación singular de la regulación general contenida en la Ley General Presupuestaria, que si bien tiene el mismo rango normativo, trata de vertebrar con vocación de generalidad la materia regulada, de modo que, como ya señalara también el Consejo de Estado (dictamen nº2096/2003 de 10 de julio, sobre el anteproyecto de Ley General Presupuestaria), no resulta apropiado introducir excepciones singulares a las leyes generales por la vía del Decreto-Ley, sin perjuicio de su admisibilidad según los casos (STC 6/1991, de 15 de enero).

Acude a los distintos programas financiados y encuentra defectos importantes en cada uno de ellos, tanto en los sobregastos, como en la financiación irregular y caprichosa a la industria militar, retrasos de la industria militar en sus entregas y falta de garantías y de reparaciones al estado por incumplimientos de la industria militar.

Los PEAS, concluye, son un desastre y un agujero insostenible en el bolsillo de los ciudadanos.

Morenés, por tanto, se ha destacado como un desastre para el control de los dineros públicos y para el interés general, pero a lo mejor desde la perspectiva de la industria militar ha sido una bendición del cielo.

Y precisamente, con este nefasto pasado, Rajoy le ha castigado desterrándole a EEUU, donde a buen seguro, y en una administración que ya ha dado síntomas de su interés por la cosa pública y por la paz, será un apestado por su nefasta gestión de lo público. A lo mejor le vemos de vuelta, haciendo de las suyas, antes de lo previsto.

Es el justo merecido a su metedura de pata permanente.

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Invertir en industria militar es elegir la opción menos rentable para crear empleo

Fuente:  Infodefensa.

El sector de la industria de Defensa en España tiene mucha importancia.  Y más que va a tener salvo que por parte de la sociedad hagamos algo para evitarlo.

Por ejemplo, algunos ministerios están altamente militarizados:

El sector industrial de la defensa ha continuado siendo un sector al que desde el extinto Ministerio de Industria Energía y Turismo, hoy Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha dedicado un volumen importante de recursos. En el marco de la colaboración que mantenemos desde hace 20 años con el Ministerio de Defensa para la financiación de los programas especiales de armamento, se han prefinanciado 23 de estos programas con unas aportaciones de 15.000 millones de euros.

Habría que añadir que la prefinanciación ha sido a interés 0.

También habría que añadir que al anterior ciclo inversor (PEAS I) ahora se une otro (PEAS II):

Asimismo, tenemos que constatar el efectivo inicio de un nuevo ciclo inversor en la industria de la defensa alrededor de los programas tecnológicos para la futura Fragata F-110 y los vehículos blindados 8×8.

La infografía que ofrecen y reproducimos aquí abajo resume los principales datos de la industria armamentística española:

Y todo parece idílico salvo que se contraste con algún otro punto de vista.  Nosotros proponemos el de la infografía siguiente que nos dice que invertir en lo militar es ruinoso, con respecto al trabajo que crea:  por cada mil millones de dólares invertidos en industria militar se crean 8.555 trabajos.  Sin embargo, por igual inversión en

  • Sanidad:  12.883
  • Educación:  17.687

 

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El Gasto Militar no son sólo los presupuestos del Estado, sino iniciativas privadas: no a HOMSEC 2017

En este segundo día de “celebración” de la feria de armas HOMSEC 2017 en Madrid, queremos recordar que la economía del militarismo no sólo se nutre de los Presupuestos Generales del Estado, sino de pequeñas/grandes iniciativas privadas que aumentan mucho su impacto en la sociedad española.  La Feria de Armas HOMSEC 2017 sería un ejemplo de gasto militar ejecutado por civiles, pero con el apoyo de muchas instituciones del Estado.

El Gasto Militar 2016 es el último que hemos publicado y muchas de sus cifras son escandalosas:

  • Se publicita que el Presupuesto del Ministerio de Defensa es de 5.787 millones de €, pero el Gasto Militar de 2017 acaba siendo de 30.928 millones de €.
  • Se esconden 25.372 millones de €, el 81’29 %
  • 12 de los 13 ministerios actuales esconden gasto militar
  • El Gasto Militar es el 7’14 % del total de gasto de todos los Presupuestos Generales del Estado.
  • El Gasto Militar es el 2’71 % del total del PIB español, muy por encima del 0’8 % que anuncian el Ministerio de Defensa y los políticos militaristas, e incluso bastante por encima del 2 % que reclama que gastemos la OTAN y Trump.
  • El Gasto Militar genera una deuda de 16.127 millones de €.
  • El Gasto Militar supone:
    • 84’5 millones de € diarios
    • 3’52 millones de € por hora
    • 58.684 € por minuto
    • 978’06 € por segundo

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Navantia, la desastrosa empresa pública de armas, también se exhibirá en HOMSEC

Otra de las empresas que va a participar en HOMSEC los próximos 14, 15 y 16 de marzo en Madrid es Navantia.

Hemos podido saber que Navantia ha reservado suelo para su stand en HOMSEC 2017 por valor de 15.000 €.

NAVANTIA es una empresa pública española perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 100% de su capital.  Se dedica a la construcción de buques, tanto civiles como militares.

Tiene instalaciones en Ferrol y Fene (Galicia), Cartagena (Murcia), Cádiz, Puerto Real y San Fernando (en Andalucía), y Madrid.

En lo militar han construido fragatas-destructores (F-100), fragatas ligeras-corbetas, patrulleras, buques de apoyo logístico, buques anfibios, portaaviones, lanchas de desembarco, cazaminas y submarinos (S-80).

En los últimos años ha vendido buques a Brasil, Noruega, Turquía, Argelia, Australia, India, Indonesia, y Arabia Saudí.  Además de múltiples buques de guerra para el Estado Español.

Algunos de sus productos tienen una merecidísima mala fama internacional:

  • El submarino S-80 es conocido por su sobrepeso, problema que proviene desde los primeros momentos, dado que estuvo mal diseñado.  Por ello también sufre de continuos problemas de sobrecostes que lo están encareciendo repetidas veces y que habrá de pagar la sociedad española.  El proyecto se inició con unas previsiones de gasto de 1.796 millones de €.  A día de hoy, los costes se han encarecido hasta los 3.013 millones de €, es decir, un 67’76 %.  Se van a hacer 4 unidades del S-80, lo cual quiere decir que cada una nos saldrá a 753’5 millones de € (por lo menos).
  • Las fragatas F-100 son peculiares porque se están usando como escaparate móvil para la industria militar española.  Después de que Defensa las comprase, ahora las dedica no a defender nuestras costas, sino a mostrarse en aguas australianas para ver si las vendemos allí.  Lo cual deviene la fragata que allí se encuentra ha sido un despilfarro inútil de 823 millones de €, innecesario como se ve para nuestra defensa.
  • Las fragatas F-100 también son polémicas porque el último contrato que se espera conseguir es, nada menos, que con la dictadura de Arabia Saudí, que las usará, probablemente, en su guerra, poco publicitada, en Yemén.
  • Navantia, además, se adjudicó el mantenimiento de los destructores yankis del escudo antimisiles de Rota, por 171 millones de €.

Además, Navantia se niega reiteradamente a pagar el IBI por los inmensos terrenos que ocupa en Ferrol (unos 600.000 € anuales).

Y Navantia, como empresa es un ejemplo paradigmático de mala gestión porque

  • Desde hace años, arrastra pérdidas millonarias. Pérdidas que la SEPI por una parte (mediante capitalizaciones y entregas de beneficios de la corporación para compensar pérdidas) y el Gobierno por otra (mediante créditos bajo cuerda y contratos cautivos de la defensa española) se ven obligados a ir cubriendo a costa de los impuestos de toda la sociedad.
  • En realidad, Navantia arrastra una deuda, en 2013, de más de 1.200 millones de euros.
  • Navantia se ha visto forzada, varias veces, a hacer nuevos planes estratégicos, supuestamente para mantener la sostenibilidad, en todos ellos se ha previsto reducir la plantilla por despidos, dada su escasa viabilidad económica.
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¿Exenciones a las empresas militares de los PEAS?

Imagen de .Bambo.

Como nos viene pasando habitualmente en los temas de Defensa, no salimos de nuestro asombro.

Leemos en Defensa.com que Cospedal ha conseguido algo que nos parece un nuevo privilegio militar:

Si bien, ha habido otra noticia en materia económica digna de mención:  Defensa ha conseguido que el Gobierno imponga una excepción fiscal a las empresas de Defensa adjudicatarias de los 18 PEAS con el fin de evitar que sean embargadas por Hacienda.  El Ministerio amenazaba con esta medida extrema ante la imposibilidad de aquellas para hacer frente a sus obligaciones con el Ministerio de Industria por los retrasos en los pagos, a su vez, del Ministerio de Defensa.

Vemos que cita a otra fuente y recurrimos a ella:  El Confidencia.com, que en su noticia “Cospedal, ‘cautiva y desarmada’ ante Hacienda para pagar compras de Defensa” subtitula:

El Gobierno ha impuesto una excepción fiscal para evitar embargos contra las empresas públicas de armamento que deben a Industria lo que Defensa no les paga a ellas

Hemos buscado en

Y no hemos encontrado tal norma.

¿Lo están haciendo en secreto?  ¿Es un globo sonda?  ¿Es un bulo?  ¿Es un error?

Si fuese realidad, habría que leer tal norma para ver:

  • cómo fundamentan este nuevo privilegio a la industria militar
  • qué conceden a la industria de la muerte, en concreto.

Por ahora no hay noticias claras. Todo muy extraño.

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