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Base militar de Hoya Fría: un accidentado culebrón desde el franquismo a la expropiación final. Como siempre, pierde el pueblo

Path+-+Anaga

Por Luc.T

Fuente. La Moncloa.

El Consejo de Ministros de 11 de noviembre ha dado para varios acuerdos militares.  Uno de ellos ha sido el de declarar de utilidad pública y necesidad de adquisición y urgente ocupación para la defensa de la finca registral nº 35.032 del Registro de la Propiedad de La Laguna (Tenerife),

necesarios para el mantenimiento de la operatividad en su actual ubicación de la base militar de “Hoya Fría” en Santa Cruz de Tenerife.

Y es que Defensa ha decidido no trasladar la base militar de Hoya Fría y consolidar su dominio sobre este territorio mediante la expropiación forzosa de los terrenos que consideran “necesarios”.

La valoración del terreno hecha por el perito designado al efecto es de 1.156.336,35 euros. Esta cantidad será abonada al expropiado

Como este proceder de Defensa, expropiar un terreno donde ya están instalados, parece poco habitual, nos hemos dedicado a indagar sobre la situación de Hoya Fría y lo que hemos encontrado, gracias al periódico local Diario de Avisos  es, cuando menos, asombroso.

Primero, parece ser que la ocupación de Hoya Fría por parte del Ejército fue un poco singular: el terreno fue donado tras el golpe de estado del general Franco por una familia propietaria (la familia Rodríguez-López, más conocida por patrocinar alguno de sus miembros el estadio de fútbol del Tenerife) como pago por el rescate de un familiar, Rubens Marichal, capturado por los sublevados.

Esta donación poco volulntaria, al parecer, fue revocada por el Tribunal Supremo en 2007. Pero no por la extorsión antedicha, sino porque en la donación la familia Rodríguez-López puso como condición que los terrenos tenían que tener un uso exclusivamente militar y Defensa cometió la torpeza de vender una porción para especular, con lo que los propietarios anteriores pudieron demostrar que se habían usado con fines inmobiliarios y revocar la donación.

Después de la sentencia se celebró un contrato de arrendamiento del terreno entre los propietarios de Hoya Fría y Defensa. Contrato que, parece ser, distingue entre dos parcelas, una más amplia (200.000 metros cuadrados), que según el Diario de Avisos, no finaliza hasta 2019 y otra menos extensa (53.792 metros cuadrados que es donde está enclavada la base militar), que es objeto de la actual expropiación, y cuyo arriendo vencía en 2015 pero se prorrogó (no sabemos por cuánto tiempo) con el compromiso de que Defensa abonara los alquileres atrasados e impagados una vez aprobara los nuevos presupuestos generales.

Defensa pretendía un cambio de emplazamiento de la base de Hoya Fría, para ubicar una nueva base más moderna en Los Rodeos, pero la oposición del principal grupo de ganaderos de la zona, la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE), y de los vecinos afectados por el previsible nuevo emplazamiento, lo evitaron, por lo que el Ministerio se encontró entre la espada y la pared, y se avino a negociar con la familia propietaria de los terrenos para solucionar la ubicación definitiva del ejército en Hoya Fría y comprar los terrenos.

Agárrense, que ahora viene una de traca.

Al parecer en algún momento de todo esto, dos dirigentes del PP, según aparece en una grabaciones de la policía que desveló a los medios el Secretario de Estado Agustín Conde, “querían influir en el resultado del expediente” de la venta. Esto lo afirma el ABC en una noticia de época en la que habla del famoso “caso Lezo”.

Dice así ABC

La orden la ha dado el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, en nombre de la ministra, María Dolores de Cospedal, tras las información que apunta a que el expresidente madrileño Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana trataron de “influir” en el ministerio para que agilizara los tramites sobre el uso de los terrenos de propiedad privada donde se encuentra la base militar.

¿Se imaginaban que en una cosa tan rara aparecieran nombres tan mediáticos? Nosotros nos hemos quedado de piedra.

Enterada la ministra Cospedal de este humo tóxico, al parecer, ordenó la cancelación del expediente y de la negociación de venta y dio inicio al expediente de expropiación que ahora el Consejo de Ministros materializa con  la expropiación de la finca de 53.792 metros cuadrados y la fijación de un justiprecio de 1´15 millones de euros.

De modo que, por unas y otras, Tenerife mantendrá una flamante base militar, ahora consagrada como necesaria, la familia expropiada (es de esperar) iniciará un pleito para sacar más tajada al precio que les deban dar por dichos terrenos, los señores Zaplana y González incrementarán su ya redomada mala fama y los habitantes de la isla, como siempre, de convidados de piedra entre los movimientos de los ricos.

Porque, se habrán fijado, en todo este relato falta el protagonismo de la gente. ¿Quieren la base?, ¿han dejado que opine?, …

 

 

 

 

 

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Bando. De campo de tiro a pelotazo pasando por varios desafueros

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Fuente:  La Voz de Galicia.

Desde 2013 a 2017 los terrenos del polígono de tiro de Bando en Santiago de Compostela han permanecido sin utilidad pública ninguna y llenándose de rastrojos.

La razón es que por diversas vicisitudes, penalidades y pleitos que parecen sacados de un cuento de Cunqueiro, Defensa aún no ha conseguido dar el pelotazo que espera poder dar y el alcalde del cambio de Compostela no se da prisa en ayudar a tan loable fin.

Si seguimos la “narratio” de la Voz de Galicia, bolígrafo en mano para ir apuntando las idas y venidas del relato, podemos ir sacando en claro la trama:

  1. Defensa intentó vender los terrenos de Bando, el otrora campo de tiro con más de 900.000 metros cuadrados, donde durante décadas pegaba petardazos a diestro y siniestro. Para ello contrató una empresa inmobiliaria (¡Pero cómo!, ¿no cuenta con un instituto autónomo militar para estos menesteres, el INVIED?) para que los sacara a subasta. ¿Cuánto habrán pagado a una “inmobiliaria” por estas gestiones?
  2. En un momento dado se dan cuenta de que no pueden hacer la operación y dan marcha atrás, arguyendo que prefieren hacer un “convenio” con el Ayuntamiento (convenio del que no volvemos a tener noticia en el relato).
  3. Al margen de esta operación negociadora, el hecho es que Defensa decidió regularizar la situación de la parcela“. Es decir, se dan cuenta de que no tienen “regularizada” (digamos mejor “inscrita” o al menos “bien inscrita” a su nombre) la parcela y se dedican a arreglar el papeleo, mediante el “deslinde” (separarla e individualizarla de otras parcelas con las que está confundida) y la “regularización registral” (es decir, poner bien en el registro, ya sea porque no está bien inscrita, no lo está en absoluto, lo está por menos metros de los que corresponde, consten cargas y gravámenes en el registro que no existen en realidad, o servidumbres, etc.). ¿Defensa no tenía puesta a su nombre la finca? (lo cual nos deja claro que la administración del Ministerio de Defensa es malísima, dado que no saben ni lo que tienen ni en qué situación lo tienen).¿Explica eso por qué no pudo venderla antes?, ¿acaso es que se la han quedado por la cuatro cuarenta, como los obispos con los inmuebles de regularizan a nombre de la iglesia?  Parece que empieza a verse la luz en el relato.
  4. Ahora, 2017, están además a la espera de que el Ayuntamiento les indique en qué situación urbanística está esta parcela. Es decir, si es terreno rústico (que por tanto vale poco dinero), urbanizable (vale bastante más y permite un pelotazo en condiciones), urbano (mucho más),… Nos parece más que sospechoso, porque con ver el plan urbanístico se comprueba esto. ¿Qué es lo que impide conocer los usos a Defensa?, ¿qué es en realidad lo que no les proporciona el Ayuntamiento?
  5. Se comprueba de paso que eso de negociar un Convenio con el Ayuntamiento era trola y una excusa del Ministerio al darse cuenta en 2013 de que el pelotazo que intentaron no se podía dar hasta tener la parcela “regularizada” y suficientemente aclarado el tema de lo que dejarán hacer en ella al comprador cuando la vendan.
  6. Por cierto, dice Defensa que ha procedido a declarar la “desafección” de la parcela a la utilidad militar que tenía, lo que nos permite atrevernos a preguntar al Ayuntamiento de Compostela si por una casualidad le están pidiendo el correspondiente impuesto y tasas a Defensa por dicho terreno, dado que ya no está afectado a un uso de la defensa y no pueden oponerse al pago por tal motivo. Y, ya que estamos, deberían prepararse para cobrarles el correspondiente impuesto de plusvalía una vez peguen el pelotazo.
  7. Defensa pretende de nuevo sacar a la venta el terreno, una vez el Ayuntamiento, que parece que se retrasa, les diga los usos permisibles en el mismo., pues

    La idea del Ministerio de Defensa es sacarlo a subasta pública en cuanto hayan finalizado todos los trámites

Añade la noticia, con un alarde de lirismo que nos place, que el departamento que dirige Dolores de Cospedal señala que

con el aliño legal y físico de la finca aspira a tener éxito en la nueva venta.

Y es que es verdad. De nuevo, los negocios de Defensa necesitan de mucho aliño.

Y de no menos morro.

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El Ministerio de Defensa no cobra alquiler, ni luz ni agua, ni teléfono a asociaciones militares (incluidas franquistas)

Imagen de Ministerio de Defensa

Fuente:  Público.

El Ministerio de Defensa español es uno de los que más ingresos tiene, según delatan los Presupuestos Generales del Estado.  Muchas veces nos hemos preguntado de dónde vienen estos ingresos.

Parece que el Ministerio de Defensa cede sus edificios para que sean usados por asociaciones varias.  Pero, sobre todo, privilegian a las asociaciones militares.  A ellas no les cobran arrendamiento ni luz, ni llamadas de teléfono, ni agua.  Gratis total.  Sin embargo, a otras asociaciones civiles sí les cobra, o no, no sabemos el criterio que siguen.

Llama la atención esta actitud porque nos consta que Defensa no suele ser favorecedor con la sociedad civil cuando estos le solicitan edificios o terrenos para usos sociales.

El Ministerio de Defensa cobija gratuitamente a la Asociación de Militares Españoles (AME), conocida por su apología del franquismo, por ensalzar la figura del dictador y por posicionarse en contra del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Así consta en un documento obtenido a través del portal de transparencia al que ha tenido acceso este medio, en el que el propio Ministerio reconoce que la AME está en la lista de organizaciones a las que exime del pago del canon por trabajar en edificios oficiales, por la energía que consumen en ellos, o por otros servicios como el uso de los ordenadores o de teléfonos.

Presidida por el coronel de Intendencia Leopoldo Muñoz, la ideología de sus miembros no es desconocida en el entorno castrense: la asociación edita la revista Militares, donde la defensa del “laureado y mundialmente prestigioso general Francisco Franco Bahamonde” [carta del propio Muñoz publicada en el último número, editado en julio] y del golpe de Estado del 18 de julio es constante. También lo son las mofas sobre el movimiento feminista, e incluso han publicado viñetas sexistas dirigidas a la propia ministra Cospedal.

Destaca Público el caso de la AME por su marcado carácter franquista y machista.  Sin embargo, habría que señalar que muchas otras asociaciones militares podrían estar también en entredicho, por ejemplo:

  • Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios.
  • Hermandad de Boinas Verdes.
  • Hermandad de Combatientes de la División Azul.

Defensa premia esta actitud permitiendo a la AME hacer uso de las dependencias del Ejército de Tierra, algo vetado por ejemplo para las asociaciones profesionales que llevan a cabo funciones asimilables a un sindicato. Estas no pueden ejercer su labor en instalaciones que usen los Ejércitos, ya sean cuarteles para los soldados u oficinas militares, lo que se conoce como establecimientos de “la fuerza” o de “apoyo a la fuerza”. En cambio, la asociación franquista ocupa el acuartelamiento San Nicolás en Madrid, edificio del Ejército de Tierra donde se encuentran otras instituciones que no forman parte de la estructura orgánica de Defensa pero a las que el Ministerio da un carácter oficial, como el Patronato de Huérfanos, la Real Hermandad de Veteranos o la de Caballeros Legionarios.

“A nosotros solo nos permiten estar en establecimientos del Ministerio, como una subdelegación. Tuvimos que rechazar la sede que nos ofrecieron en Madrid porque solo nos permitían usarla en horario de oficina, de nueve a dos. En esas horas nosotros y nuestros y nuestros socios estamos trabajando, y ellos lo saben”, explica un miembro de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). “Con nosotros todo son pegas y a ellos Defensa les paga el teléfono, les pone ordenadores…”, resume en conversación con este medio.

La lista de las asociaciones militares que utilizan las instalaciones del Ministerio de Defensa:

Larguísima  la lista.  Según nuestras cuentas:

  • asociaciones militares:  87, por todo el territorio nacional
  • asociaciones no militares (o que quizá lo sean pero no queda claro por el nombre):  21, (incluida una peña taurina, otro tipo de violencia).  Aunque hemos investigado una al azar, atraídos por el nombre:  Asociación de Gurripatos de Málaga, y corresponde a una asociación de veteranos del Ejército del Aire.

En este último sentido nos llama mucho la atención el arrendamiento que hace la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer, que mensualmente paga un arrendamiento de 1.639’36 €.  Lo que anualmente supone:  19.672’32 €.  ¿Colabora la Asociación de Lucha Contra el Cáncer con el militarismo español?

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Plan de paz para Madrid

Fuente:  Plan de Paz para el Ayuntamiento de Madrid.

¿Sería útil que los ayuntamiento españoles tuviesen un plan de paz entre sus políticas habituales?

Desde Utopía Contagiosa hemos hecho una primera propuesta con la que buscamos abrir el debate y que este sea concreto y creativo.  La propuesta la podéis encontrar en el enlace anterior o podéis verla aquí abajo:

No nos cabe duda que dada la simbiosis entre los Estados actuales y el militarismo, es necesario que no sólo desde la sociedad y las ongs se trabaje de manera alternativa por la paz, sino que también es imprescindible que lo hagan otras instituciones con criterios distintos a los estatales y más próximos a las ideas de Seguridad Humana, que realmente defiende lo que interesa a las personas.

Como se ve en la propuesta, no abogamos por una opción de trabajo cualquiera, sino por algo comprometido y que promueva la participación social.  Nuestra opción es por promover las labores de paz tanto en Madrid municipio como en el extranjero y para ello presentamos 18 objetivos con 104 propuesta políticas en total.

Esperamos que sea de interés general y que nos lleguen comentarios con cambios, proposiciones, mejoras, etc.  Todas ellas serán bien recibidas para iniciar este camino de paz en el municipalismo.

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El consistorio de Valladolid no renovará la reserva de plazas a los militares para acceder a la policía local

Imagen de José María Cuadro

Fuente:  El Norte de Castilla.

Una buena noticia procedente de Valladolid:

El concejal de Seguridad, Luis Vélez, indicó ayer que el Equipo de Gobierno no tiene intención de renovar el convenio que el anterior alcalde, Javier León de la Riva, suscribió en abril de 2015 con la subsecretaria del Ministerio de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, y mediante el cual el Consistorio vallisoletano se comprometía a reservar el 20% de las vacantes que se convocasen para la Policía Municipal para el personal de tropa y marinería.

La medida anterior lo que permitía era un nuevo privilegio para los militares:

Defensa viene impulsando este tipo de acuerdos con los municipios que cuentan con Policías Locales, con la intención de dar una respuesta a los soldados que firman contratos hasta los 45 años para trabajar en las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa considera que los militares de tropa y marinería de más de 45 años no son útiles para sus intereses y prefiere que los asuman otras instituciones del Estado.  A tal practica de asumir porque sí militares los ayuntamientos, en nuestro barrio, lo conocíamos como la ley del embudo:  para mi …

A partir de esa edad, el Ministerio considera que debe renovarse la plantilla de tropa. Por este motivo, el acuerdo de colaboración establecía que se daría prioridad a este personal militar mediante un cupo, que después de que hubieran superado las pruebas físicas y de perfil psicológico podrían ingresar en la Policía Local.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa no realiza ninguna aportación económica ni de recursos por estos puestos, y no puede ser que sean los ayuntamientos los que paguen las consecuencias de otras administraciones», insistió el edil Luis Vélez.

La nueva posición municipal coincide también con la postura expresada por los sindicatos con representación en el Ayuntamiento, que rechazan esta reserva del 20% de las plazas.

Nos parece valiente y coherente la postura pucelana.  ¿Por qué habrían de tener privilegios a la hora de obtener un puesto de trabajo los militares, sólo por el hecho de ser militares?  ¿No tienen derecho los civiles, no tienen tantas necesidades como ellos?

Sin embargo, el concejal Luis Vélez dijo ayer que «nuestra voluntad es no continuar con este convenio, y que a las plazas libres pueda optar todo el mundo que cumpla los requisitos».

«Nuestra voluntad es clara de no renovar el mismo. No entendemos que tengan que existir preferencias en las vacantes libres sobre el resto de aspirantes.

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Furor inmobiliario

Por Börkur Sigurbjörnsson

Fuente: El Confidencial

En su consabida puesta en venta de patrimonio militar para hacer cuartos, Defensa ha sacado a la venta en pública subasta dos parcelas, por las que se han interesado alguno de  tiburones de nuestro panorama inmobiliario-especulativo.

El primero, en Alcalá de Henares, cuenta con 14.400 metros cuadrados, y 44.700 de edificabilidad (en alturas se entiende). Por ella ha puesto encima de la mesa 27´5 millones de euros Realia Business (unos activos de 1.204 millones de euros, según aparece en El Economista)  dedicada a la especulación en patrimonio e inmobiliaria,

Al parecer piensan hacer 500 viviendas sobre ese solar.

Una segunda parcela, por la que han obtenido un pelotazo más, está en Vicálvaro, también en Madrid y cercana al aeropuerto de Barajas, con 13.700 metros cuadrados y una edificabilidad de algo más de 19.000 metros. Aquí han pujado dos compañías, Vía Célere y Pryconsa, que es la que ha ganado el concurso por 15´12 millones de euros y pretende construir 240 pisos más.

Madrid cuenta con un impresionante problema de suelo, y Defensa ha salido en auxilio de los tiburones inmobiliarios, poniendo a su disposición nada menos que 28.100 metros cuadrados que no usaban para nada, por el módico precio de 42,62 millones de euros que pasarán a engrosar las arcas del INVIED para la compra de infraestructuras militares y armas, que sumar a otras ventas de terreno en Madrid, como el pelotazo por 111 millones de euros que  dio Defensa a finales de 2014, al vender terrenos en la calle Raimundo Fernández Villaverde de Madrid.

Por no hablar de los 25 millones que piensan sacar, también en Madrid, por subastar en antiguo hospital militar del aire, según informa Infodefensa.

 

 

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El Ministerio de Defensa y El Corte Inglés la lían en Salamanca

Por Salamanca RTV

Fuente:  El Norte de Castilla.

Informa el Norte de Castilla de un enredo urbanístico donde aparecen el Corte Inglés, el gobierno municipal de Salamanca (del PP) y el Ministerio de Defensa.

Pregunta el Diputado Juan López de Uralde, de Equo, en el Congreso por dicho jaleo y, sobre todo, por el papel de Defensa en todo ello.

Al parecer, El Corte Inglés edificó un centro comercial en los antiguos terrenos de un cuartel militar en Salamanca, y al hacerlo, se pasó tres pueblos y construyó más de lo que autorizaba la normativa helmántica.

En su día tiraron el cuartel de Infantería “Julián Sánchez `El Charro”  para construir un Corte Inglés, según reflejó ABC, gracias a un convenio de colaboración entre Defensa y el Ayuntamiento de Salamanca y, pásmense, el propio Corte Inglés. Un acuerdo que, dice ABC, llevaban negociando 18 años de nada.

El proyecto inicial hablaba de construir tanto el centro comercial, como viviendas, un espacio ajardinado, un centro cultural y un campo de fútbol, que así de grande debía ser este espacio.

El Ayuntamiento tuvo que acometer una remodelación urbanística en toda regla para que el proyecto se llevara a cabo y, oh sorpresa, cuando se dieron cuenta, el Corte Inglés había edificado “de más” para su mega centro comercial, dejando en agua de borrajas el resto del proyecto.

Entonces, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla León modifican provisionalmente el plan urbanístico para favorecer a El Corte Inglés en su trampa. Es aquí cuando empieza una batalla judicial que conlleva una sentencia donde se dice que El Corte no se ha cortado en sortear la legalidad y que no cuenta con licencia para lo realizado. Gracias a procedimiento iniciado por EQUO el asunto llega al Tribunal Supremo, que anula el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca aprobado por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, por favorecer los intereses particulares del centro comercial, en contra del interés general de la ciudad.

Para complicar más las cosas, El Corte Inglés parece que se cabrea y amenaza al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla León con pedirle más de 150 millones de euros si no logra arreglar el asunto a favor de sus intereses, según nos informa Salamanca 24 horas,  manifestando que “si tiene que cerrar su centro comercial en Salamanca, tendría que cobrar 3,3 millones por la urbanización de la zona, 93 por el edificio de los grandes almacenes, 4,3 por la construcción del centro cívico, 31 por la pérdida patrimonial de un terreno depreciado, 8 por los gastos que supuso la apertura del centro comercial, 4,8 por la demolición que habría que acometer, 3,2 por las tasas e impuestos abonados, 2,2 por la parcela del campo de fútbol Neme que fue parte del convenio urbanístico y casi medio millón de euros por las costas judiciales”. Y a la vez otros gastos hasta 150 millones de euros por  “el coste de la extinción de los contratos de los trabajadores, el coste de los contratos vigentes con proveedores de productos, el lucro cesante por el cierre del centro comercial, el traslado a otros terrenos, gastos financieros, honorarios de abogados y notarios e incluso daños morales”.

Entonces el ayuntamiento del PP tiene la ocurrente idea de sortear de nuevo la ley también creando ad hoc una normativa provisional para saltarse el fallo de la sentencia, cambiando la edificabilidad de la dotación del Corte Inglés en detrimento de los otros usos, lo cual una vez desvelado no deja de ser una alcaldada más, eso sí, aprobada en el pleno municipal “por unanimidad” según desveló el medio 20 minutos en 2014.

Total, que con tanto pasteleo, en vez de cumplir la orden judicial, el ayuntamiento, denuncia Equo, intenta sortearla y los promotores de las denuncias judiciales siguen denunciando a la justicia este claro caso de desobediencia a lo que dicta un tribunal (que por cierto no tiene el mismo tratamiento ni merece los mismos improperios que suele verter el PP cuando quien incumple es otro). Hete aquí que los promotores de las denuncias judiciales, los verdes de Salamanca, ponen el enjuague en conocimiento del diputado López de Uralde, que a su vez ha preguntado a la Ministra de Defensa qué parte tienen (si es que la tienen) de conocimiento y/o complicidad en todo esto y, lo que es más enjundioso, si pretende el ministerio exigir compensaciones por la no dedicación del terreno a lo que se había aprobado.

Al margen de este asunto, otros aspectos más nos interesan.

1 ¿Qué tipo de convenio hizo Defensa con el Corte Inglés y el Ayuntamiento de Salamanca, para temer que ahora puedan pedir pasta?

2 ¿ Fue una venta?, ¿una permuta?, ¿alguna otra fórmula onerosa donde se haya perdido dinero público en detrimento de Salamanca y a favor del ejército?

3 ¿Cómo es posible un acuerdo de índole inmobiliaria entre El  Corte Inglés y el Ministerio de Defensa?, ¿qué recibió a cambio Defensa?

4 ¿Por qué el empeño de que ahora Defensa de respuesta?, ¿es que hay algo que se nos haya escapado?

5 ¿Ha estado Defensa al corriente de todo este pasteleo?; ¿ha tenido algo que ver en el mismo?

6 ¿Va a obtener el Ayuntamiento de Salamanca los equipamientos que le han sido arrebatados por la actuación tramposa de El Corte Inglés y la no menos memorable actuación contra el interés general del ayuntamiento y de la Junta de Castilla León?

A nuestro parecer, preguntas que necesitan claridad, porque lo que parece es que entre unos y otros la han liado parda contra los intereses de la sociedad y deben responder de tal situación. Ya se sabe el dicho: Quod natura non dat, Salmantica non præstat.

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Las grandes diferencias entre la paz negativa y la paz positiva

Imagen de Onasill Bill Bazdo

Fuente:  Amnistía Internacional.

Nos cuenta Jelena Sesar, investigadora sobre los Balcanes, los recuerdos de varias mujeres sobre la guerra que marchitó sus vidas.  Son escenas nítidas, potentes, que delatan la inhumanidad de quienes las ejecutaron:

Los vi llevarse a mi padre y a mi hermano pequeño. Los mataron brutalmente y dejaron los cuerpos en el campo, al lado de la casa. Mi padre era anciano y frágil

¿Qué sentido tiene llevarse para matarlos a un joven y a un anciano?  ¿Qué peligro suponían?  ¿Qué elemento táctico o estratégico de la guerra se cumplía con ello?  Posiblemente ninguno, salvo el terror.  Quizá acciones más personales encubiertas por el gran amparo de las necesidades de la guerra y la ubicua disculpa de los daños colaterales.

Ese fue sólo el principio del terror. A Elma la llevaron a lo que se conocía como “campo de violación”, donde los grupos paramilitares que volvían de sus misiones en primera línea la violaron colectivamente cada día. “Me pegaban y me violaban, a mí y a otras jóvenes, a menudo en grupo”, añade. “Llevaban pasamontañas y me preguntaban si podía adivinar cuál de ellos estaba encima de mí”.

Como consecuencia de la violencia, perdió a su bebé y sufrió lesiones en la columna de las que nunca se ha recuperado.

Y, luego, mucho más tarde, la paz.  Una paz que no es reparadora sino mera ausencia de guerra.  Todos pensamos que la ausencia de guerra, esa paz llamada negativa, es un gran paso, algo necesario e imprescindible.  Pero, ¿imprescindible para qué?  Quizá con las declaraciones que nos ofrece Jelena se nos aclaren los conceptos y entendamos que la mera ausencia de guerra no significa paz para muchas personas:

Un cuarto de siglo después, se siente olvidada y abandonada por el gobierno e incluso por su propia comunidad. No tiene empleo y necesita urgentemente asistencia médica y psicológica para tratar de reconstruir su vida.

25 años después no se han reparado las heridas psicológicas y sociales que provocó una guerra que nosotros ya, casi, hemos olvidado.  Para mucha gente aquella guerra sigue siendo una parte importante de su presente, de sus costumbres, de su personalidad, de sus miedos:

Mujeres como Sanja, que estuvo cautiva y fue violada en reiteradas ocasiones por un soldado y sus camaradas, contra los cuales las autoridades no han adoptado ninguna medida. “Ya no confío en nadie, especialmente en el Estado”, dijo. “Todos me han fallado.”

Una mujer que fue violada múltiples veces por paramilitares en su casa dice que la mayoría “de las supervivientes no vivirá lo suficiente para ver que se hace justicia. En unos años no quedarán supervivientes, perpetradores ni testigos con vida”.

Las disculpas son importantes para nosotras”, me dice Elma. “Nos demuestran que la sociedad reconoce que no fuimos responsables de lo que nos pasó y que la culpa está en otra parte. Cuando vi a uno de los criminales de guerra condenados reconocer su culpa y venirse abajo en el juicio, diciendo que sentía realmente todo lo que había hecho, me sentí profundamente conmovida. Lo perdono un poco”.

El trauma psicológico y los problemas físicos sin tratar causados por la violencia sexual podrían impedir que muchas mujeres encuentren trabajo y mantengan su empleo. Por lo general, las víctimas de violación en tiempo de guerra experimentan tasas elevadas de desempleo y pobreza, y constituyen uno de los grupos económicos más vulnerables de Bosnia y Herzegovina.

El concepto de paz positiva no se fija tanto en la ausencia de guerras como hace el modelo de defensa militar, sino en aspectos que tienen que ver con la Seguridad Humana, como todo aquello que tiene que ver con defender las posibilidades de desarrollar una vida más plena en el plano personal, social y ecológicamente:  la posibilidad de sentirse acogido en el seno de la comunidad, la posibilidad de confiar en las personas para poder relacionarte, la posibilidad de estar sano psicológicamente, la posibilidad de tener empleo, casa, sanidad, etc., la posibilidad de vivir plenamente una vida digna.  Sin embargo, las mujeres violadas en la guerra de los Balcanes no se sienten así porque en 25 años nadie les ha ayudado, ni reconocido.

Según el derecho internacional, las autoridades de Bosnia y Herzegovina son responsables de ofrecer justicia, verdad y reparación a las víctimas de crímenes de guerra, pero los sucesivos gobiernos les han fallado por reiteradas razones legales y políticas. Desde que en 2004 comenzaron los juicios por crímenes de guerra en Bosnia y Herzegovina, menos del 1% del número estimado de casos de víctimas ha llegado a los tribunales. Con una ingente cantidad de casos de crímenes de guerra pendientes, los tribunales de todo el país sólo han juzgado 123 casos de violencia sexual.

Aunque en los últimos años ha habido considerables avances en los programas de protección de testigos y una mejora general de la calidad de los enjuiciamientos de estos casos, siguen existiendo otros problemas que dificultan que se haga justicia y crean una sensación generalizada de impunidad. Los tribunales de algunas partes del país tienen un índice elevado de absoluciones y otrosimponen condenas reducidas, permitiendo que los perpetradores de crímenes de guerra se libren con sólo pagar una multa. Teniendo en cuenta la enorme acumulación de casos y la penosa lentitud de las actuaciones judiciales, es probable que la mayoría de los perpetradores nunca comparezca ante la justicia.

Aunque las víctimas del crimen de guerra de violencia sexual son algunas de las más vulnerables del país, sólo alrededor de 800 han podido acceder al estatuto especial y a un subsidio básico. La existencia de estas ayudas no está garantizada universalmente en todo el país. A algunas supervivientes se las discrimina por su lugar de residencia, y que otras cambian su domicilio oficial para tener derecho a recibir una pequeña ayuda económica en las zonas donde ésta existe. Estos malabarismos administrativos dejan a menudo a estas mujeres sin atención médica o psicológica básica en los lugares donde viven realmente.

Pero la inexistencia de un programa formal de resarcimiento obliga a las víctimas a sortear los complejos sistemas de la seguridad social y judicial sin ayuda, a menudo con resultados inciertos.

Todos estamos de acuerdo en que el momento más difícil para ayudar a una zona en guerra es el periodo bélico, pero ¿qué ocurre con el antes y el después?  En ambos periodos es mucho más factible realizar acciones desde nuestro rico primer mundo, o al menos financiarlas para que las ejecuten ONG de la zona.  El apoyo previo y decidido a aquellas apuestas locales por la paz, el diálogo y el compromiso podría evitar guerras. El apoyo posterior a todos las víctimas de la guerra podría borrar muchas de las huellas del conflicto y podría conducir a que se hablasen seriamente y se llevasen a cabo iniciativas en las que las partes enfrentadas realmente analizasen el fondo del conflicto y pudiesen tener compromisos constructivos y pacíficos de entendimiento.

Aquí nuestra responsabilidad es grande desde nuestro remanso de ficticia paz.  Responsabilidad porque somos corresponsables de las guerras que ocurren lejos de nuestras fronteras con nuestras políticas económicas imperialistas y generadoras de desigualdad, con nuestra exportación de armas para el lucro de nuestras elites.  Y responsabilidad porque no hacemos nada positivo con nuestra políticas internacionales a nivel estatal, ni con las políticas a nivel de comunidad autónoma o ayuntamiento.

Sin embargo, pasamos de una guerra a otra a golpe de noticiario.  Todas nos espantan pero nada aprendemos, nunca cambiamos de paradigma.  Y es necesario hacerlo, debemos formarnos e investigar los dos conceptos:  paz negativa y paz positiva.  De ellos depende nuestra solidaridad y la vida y su calidad de muchas personas del mundo.

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Peticiones en San Fernando para que Defensa desafecte el campo de tiro de Camposoto en beneficio de la población

Imagen de José M. Ruibérriz

Fuente:  Diario de Cádiz.

Parece que tras mucho tiempo y paciencia comienzan a aparecer iniciativas antimilitaristas en Cádiz.  Ahora la Plataforma 3R, de San Fernando, ha reivindicado a Cospedal que desafecte el campo de tiro de Camposoto. Y …

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha elevado la petición de Plataforma 3R para que desafecte el campo de tiro de Camposoto a la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La sorprendente iniciativa ha sido muy bien recibido por 3R:

Plataforma 3R explica ahora que ha recibido notificación, a través de la Subsecretaría de Defensa, de que la petición realizada ha sido elevada a la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Se trata, a su juicio, de una buena noticia “no solo porque ha sido admitido a trámite la petición, sino porque se abre la posibilidad de que pudiéramos estar en la antesala del desarrollo civil de las bondades turísticas, económicas, medioambientales y sociales de esta mítica playa”.

Las razones de la Plataforma 3R para su solicitud son, entre otras:

La formación considera que el uso civil de este espacio en la zona de la playa isleña permitiría su desarrollo turístico y por ende la creación de empleo y riqueza. 3R ponía de manifiesto que esta medida vendría a paliar la situación socioeconómica de la ciudad.

La formación solicita un esfuerzo a Cospedal para que tuviera este gesto con San Fernando; y apelaba para ello a los servicios prestados a la Nación por parte de esta ciudad, “durante centurias, con la presencia en nuestro término municipal de Unidades de Infantería de Marina, del Ejército de Tierra y de la Marina de Guerra Española”.

Algo más de información sobre el partido Plataforma 3R en este enlace.

Esta iniciativa no es nueva pues en 2014 el Grupo Municipal de Izquierda Unida

ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno ordinario del mes de marzo, en la que se pide instar al Ministerio de Defensa a la clausura del Campo de Tiro situado junto a la Playa de Camposoto y al traslado de las actividades que allí se realizan a una instalación más adecuada.

Además también se pide a Defensa la desafección de los terrenos afectados, su limpieza y la recuperación ambiental para que pueda ser utilizado para actividades compatibles con la normativa del Parque Natural Bahía de Cádiz.

Se trata de una instalación dedicada a campo de tiro, de pistola y subfusil, que Defensa posee en la zona de Camposoto, junto al pozo Alcudia, pegado a la carretera de la Batería de la Ardila, y muy cercano a los esteros del Río Arillo, a la carretera de acceso a la playa, y a una zona muy utilizada como aparcamiento en época estival.

Aunque dicho terreno se encuentra vallado y señalizado como campo de tiro, “consideramos que los ejercicios de tiro tienen una alta la peligrosidad. Aunque en momentos de maniobras y prácticas se acordone la zona, el entorno no esta exento de riesgo”.

“Desde IU no vemos ni conveniente ni necesaria la permanencia de dicha instalación, fuera de los límites del acuartelamiento, ya que no posee los suficientes controles y vigilancia. Hemos podido comprobar como algunos ciudadanos saltan las vallas para buscar restos de balas o casquillos, con la posible intención de llevarse un recuerdo o ganar algún dinero en las chatarrerías”.

Desde el punto de vista medioambiental, turístico, deportivo, o simplemente para el paseo, “no se comprende” la permanencia de dicho campo de maniobras y prácticas de tiro dentro de los límites del  Parque Natural Bahía de Cádiz, y en una zona muy frecuentada, sobre todo en los meses estivales.

“Además sabemos de la existencia de otro polígono de tiro, situado en los terrenos de la Ciudad de San Carlos (camino de La Clica), en donde las tropas de la Armada realizan sus prácticas, en mejores condiciones de seguridad, lo que hace aún más incomprensible el mantenimiento de la instalación de Camposoto”, dice IU.

Este traslado permitiría desarrollar en esa zona la moción presentada por IU en el pleno del 26 de abril de 2013, para la adecuación de una Red de Corredores Verdes en el perímetro exterior de nuestra ciudad, que fue aprobada por unanimidad, aunque de momento apenas se ha iniciado su cumplimiento. Creemos que es un buen momento para impulsar y poner en valor toda la capacidad medioambiental que el Parque Natural genera en nuestro municipio. También facilitaría la introducción de mejoras en los accesos a la playa de Camposoto, que según parece está en las intenciones del Ayuntamiento.

“La playa no solo posee un valor turístico-recreativo de cara a la temporada de verano. Debe ser un lugar accesible y utilizable por los ciudadanos durante todo el año, pero siempre con el máximo respeto medioambiental”.

La formación de izquierda asegura que la clausura de dicho campo de tiro es “una necesidad, que traerá beneficios a nuestra ciudad”, máxime teniendo en cuenta que las actuales prácticas se pueden seguir desarrollando en el otro campo de tiro que Defensa tiene, donde además esas actividades se harían en mejores condiciones de seguridad.

Una vez liberados los terrenos, y tras la imprescindible limpieza y recuperación ambiental, se deberán dedicar a usos compatibles con las determinaciones del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural, y como área recreativa o de descanso junto a los accesos a la playa. “Nunca para usos que conlleven hormigón o asfalto”.

Penosamente, en enero de 2017 se informaba que Defensa:

Las pretensiones municipales de conseguir la liberación de los dos kilómetros de la playa de Camposoto que siguen en manos militares se han dado de bruces con unas tajantes declaraciones de Defensa que ayer se encargó de airear Ciudadanos (C’s) a través del diputado isleño Javier Cano.

El Ministerio no se plantea ni por asomo prescindir del campo de tiro en superficie que existe junto a la playa alegando que es frecuentemente utilizado por las unidades del Ejército de Tierra que se asientan en el acuartelamiento de Camposoto para su adiestramiento militar, lo que de entrada cierra la puerta a cualquier posibilidad en este sentido.

Los cinco kilómetros de playa que ahora se pueden usar con libertad por el público se lograron por medio de luchas noviolentas protagonizadas por la gente de la zona y surfistas. Nos lo cuentan en este otro enlace, donde también se puede ver que el movimiento por la desmilitarización completa de la playa tiene muchos más apoyos sociales y políticos, incluidos el PSOE.

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Protestas en Burgos contra la especulación militar de suelo

Imagen de Daniel Lobo

 

Fuente:  Burgos Conecta y Noticias de Burgos.

Ocurre que el Ministerio de Defensa es el segundo terrateniente español.  Ello conlleva que muchos de sus pisos, solares, garajes, edificios y terrenos rústicos y urbanos estén en desuso o abandonados, muchas veces desde hace muchos años.

Por tanto, en muchas ocasiones se producen conflictos entre los municipios y los intereses del Ministerio de Defensa, que siempre son los mismos, lucrarse con la especulación para luego invertir en armas.

La postura del PCAS (Partido Castellano) en Burgos es muy clara:

El Partido Castellano (PCAS), a través del Grupo Parlamentario Compromís, ha trasladado a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, varias preguntas relativas a los terrenos que ocupa el abandonado Parque de Artillería de Santa Bárbara en Burgos. El PCAS, con estas preguntas, intenta que el Ministerio de Defensa rectifique y paralice la actual subasta de los terrenos prevista para mediados de septiembre.

Además, los castellanistas defienden que estos casi 50.000 metros cuadrados de suelo deberían de volver a manos municipales “sin coste alguno”. Luis Marcos, secretario de Organización del partido, considera que “todavía se está a tiempo de parar esta operación”. Y es que, en su opinión, “no solo se trata de hacer justicia, sino de compensar el injusto tratamiento del Ministerio de Defensa con Burgos en los últimos años, con el cierre de diferentes dotaciones militares”.

Esa es la opción 1, la opción del PCAS.

La opción 2 es la del Ministerio de Defensa:  vender los terrenos (y aplicar lo obtenido por la venta a comprar armas y equipamientos militares), actualmente tasados en 14 millones de €, para edificar 337 viviendas por parte de empresas privadas.

Esta opción no le parece correcta al PCAS porque trata mal a Burgos, que siempre se ha portado bien con Defensa:

ha recordado el trato exquisito que la ciudad brindó durante más de 100 años a Defensa mediante concesiones gratuitas de terrenos destinados a cuarteles y el establecimiento de unidades militares acarreando la pérdida de multitud de importantes edificaciones, solares, acuartelamientos y unidades militares. Con estas enajenaciones el Ministerio ha obtenido 80 millones de euros, según Marcos, lo que considera un lucro aprovechando las facilidades del Ayuntamiento.

La opción 3, la del ayuntamiento, es permutar la parcela por otras de titularidad municipal.  Esta solución también es rechazada por el PCAS porque

las otras parcelas que posee el Ayuntamiento “deben de servir para hacer políticas sociales de vivienda y el Ministerio de Defensa no está por la labor porque lo que quiere es hacer caja rápido”

Nuevamente más pruebas de la insolidaridad del Ministerio de Defensa con la población civil.

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