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La Guardia Civil tiene 33.999 pisos por toda España

Imagen de Landahlauts

Fuente:  Público.

Los privilegios de los militares no acaban nunca.  Ahora hablamos de la vivienda y los guardias civiles.

Su queja es amarga:

La Guardia Civil mantiene sin casa a más del 60% de la plantilla

¿Qué otros funcionarios tienen un parque de vivienda a su disposición para el 40% de su plantilla? ¿Qué otros funcionarios tienen estos privilegios?  ¿Qué otro ministerio da casa a sus funcionarios?  Pues sí hay otro:  Defensa.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC)

considera “un agravio” esta situación mientras la Dirección General acordaba hace unas semanas destinar 50.762 euros a reformar uno de sus pisos para alojar al director general de Tráfico , Gregorio Serrano , en una intervención que incluía partidas como un falso techo de escayola valorado en 2.325 euros, un armario corredero de 2.392 y una inversión de alrededor de 4.000 en tarima flotante de roble.

Parece que el problema está claro, la Guardia Civil, privilegia a los altos mandos frente a la tropa:

La política de vivienda de la Guardia Civil no acaba de resultar favorable para su tropa (agentes y cabos), a la que están destinados solo 27.942 pisos de los 33.999 que posee el instituto armado, una cifra claramente insuficiente cuando 65.641 de sus miembros tienen esa categoría.

La asociación reclama al cuerpo “normas sociales” para repartir esas viviendas ya que la actual regulación da preferencia en las unidades territoriales a los mandos, con sueldos más elevados que la tropa.

Esa misma normativa de derecho preferente para ocupar viviendas en la sede del instituto armado a cargos de libre designación como los asesores del director general -fue corregido para dejarlos “a disposición ” del director- y el jefe de su secretaría, así como a su chófer y al de su jefe de gabinete.

Y, la verdad, es que estaríamos de acuerdo en no privilegiar a los mandos frente a la tropa, o, al menos, igualarla en comparación con los oficiales.

Pero a nosotros de esta noticia lo que verdaderamente nos llama la atención es el inmenso imperio inmobiliario de la Guardia Civil:  33.999 pisos a lo largo de toda España.  En zona rural y urbana, céntricos y periféricos, en lugares idílicos y en otros más modositos.

Ya lo quisiera cualquier inmobiliaria de postín.

¿Vivienda social?  No, nos dirán desde el Gobierno del PP.  Es un gasto que no podemos asumir.  Sin embargo, tanto PP como PSOE han ido, poco a poco construyendo, con el dinero del Estado, más casas cuartel y más pisos para los guardias civiles.

¿No es un privilegio?

¿Cuántos civiles, funcionarios también, tienen sueldos de menos de 1.500 o de 1.300 € y posibilidad de casa pagada?

¿No se ve una necesidad que los civiles y la gente del común de los mortales también tengan acceso a vivienda digna gratuita?

Hay que civilizar a la militarizada Guardia Civil.  Y también a sus privilegios, propios de tiempos que ya pasaron.

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Despilfarro militar de la Guardia Civil

Imagen de Golbal Panorama

Fuente:  El Plural.

Magnífica la información de Celia Guzmán para El Plural.

La opacidad con la que la Guardia Civil maneja sus cuentas no permite conocer despilfarros como el producido con el buque transoceánico Río Tajo, en el que se han trasladado dos embarcaciones donadas al Gobierno de Guinea Bissau, y que ha supuesto un gasto “no inferior a 200.000 euros”, según han confirmado a ELPLURAL.COM fuentes solventes que cuestionan que el traslado no haya sido realizado en un carguero convencional, que habría supuesto “un coste de no más de 20.000 o 30.000 euros”.

¿Qué razón les habrá llevado a decidir gastar 10 veces más de lo necesario para hacer el traslado de esta militar manera?

Seguramente la sensación de que si no lo hacían así, la Guardia Civil, no haría nada útil con la patrullera, estarían mano sobre mano sin defender a la patria de manera alguna.

Con ello se pierden 170.000 ó 180.000 €, pero se hace indispensable a la Guardia Civil.

¿Ocurren casos parecidos habitualmente?  Pues sí.  ¿Por qué ha de recurrirse a la UME para apagar fuegos, por ejemplo, cuando las Brigadas Antiincendios hacen la misma labor con más rapidez y más eficacia?  Pues por dos razones:

  • para militarizar una nueva faceta de la sociedad, la lucha contra los incendios y catástrofes.
  • para justificar lo militar como la forma preponderante de actuación gubernamental.

La costumbre de donar patrulleras no es nueva:

  • 2 patrulleras donadas a Guinea Bissau en 2017
  • 2 patrulleras donadas a la gendarmería de Mauritania en 2006
  • 1 patrullera donada a Senegal en 2007

¿Significaron las anteriores donaciones despilfarros como el actual?

Por otro lado, nos preguntamos para qué le sirven a Guinea Bissau 2 patrulleras.  Seguramente para controlar el tráfico de personas hacia el norte, España, para buscar una vida mejor.

Si es así, la cesión no supone una ayua a Guinea Bissau para solucionar sus problemas, sino un regalo para que nos ayuden a solucionar nuestro problema con la inmigración.  Una donación pues, muy interesada.  Y es que la militarización de la cooperación siempre acaba en la búsqueda de nuestro interés y no resuelve ningún problema a los países con los que presuntamente colaboramos.

Y, por último, otra pregunta:  ¿Si la Río Tajo se dedica al transporte, realmente la necesitamos para nuestra defensa militar?

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Desarma Madrid: no a la feria de armas madrileña de HOMSEC

 

Cuando pasees por las calles madrileñas o, simplemente, vayas a trabajar los próximos 14, 15 y 16 de marzo puede que veas unos coches, suponemos que negros, grandes, con los cristales tintados y reforzados para aguantar atentados.  Quizá en algún hotel o restaurante de los caros te cruces con algunas personas que suponemos irán bien trajeadas, enchaquetadas, encorbatadas y con el pelo bien cortado.  No sospecharás que son traficantes de muerte, que son los señores de la guerra.

Estarán en Madrid haciendo que los habitantes de nuestra ciudad nos avergoncemos.  Durante esos días Madrid se convertirá en la capital mundial del tráfico de armas legal (¿habrá comercio ilegal de armas, aprovechando?  No lo sabemos, pero podemos suponer …).

14, 15 y 16 de marzo de 2017 se celebrará en Madrid la feria de armas HOMSEC.  La patrocina el Grupo Atenea del que ya hemos hablado en varias ocasiones remarcando su directiva militar, su antigua implicación en el 23-F, sus contactos con el PP.

Su objetivo es vender armas, al mejor postor.  Que Madrid acoja a los vendedores institucionales (o quizá no) de armas para que ellos, cómodamente, aprovechándose de la hospitalidad madrileña, puedan contactar, intercambiar noticias, necesidades, inventos y propuestas.  ¿Se moverán millones de € en armamentos?  Posiblemente.

Será la sexta vez, ya se han desarrollado en Madrid 5 ferias anteriormente.  Pero casi nadie se ha enterado.  Esa es la clave para los traficantes de la muerte, pasar desapercibidos.

Por ello, muchos colectivos sociales de la ciudad y de fuera hemos decidido divulgar esta realidad para que sea conocida por l@s madrileñ@s y para que las instituciones que lo apoyan tengan que pagar un precio político.

Penosamente, desde 2007, fecha de la celebración de la primera feria de armas de Madrid, alcaldes de Madrid (del PP) han apoyado esta iniciativa, también los presidentes de la Comunidad Autónoma (del PP) y gobiernos del PSOE (Zapatero) y del PP (Rajoy).

La feria HOMSEC ha ido creciendo en visitantes:  2007, casi 3.000 personas;  2008, 4.800 visitantes;  2011:  4.500 visitantes y 87 expositores, 2013:  más de 8.000 visitantes y 135 expositores;  2015:  13.000 visitantes y 198 expositores.  Se espera, por parte de HOMSEC, que en 2017 visiten la feria más de 15.000 personas y 195 expositores.

7 grupos nos hemos estado reuniendo para intentar montar una campaña opositora a HOMSEC:  Asamblea Antimilitarista de Madrid, BDS Madrid, Ecologistas en Acción Madrid, Mujeres de Negro contra la Guerra (Madrid), Palestina Toma la Calle, Colectivo Utopía Contagiosa y Yayoflautas Madrid.

84 colectivos han firmado el manifiesto contra la feria:

VIENEN A MADRID LOS SEÑORES DE LA GUERRA

Los colectivos, las personas y movimientos abajo firmantes queremos expresar nuestro más profundo rechazo a la Organización del 6º Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad Nacional, HOMSEC, los próximos 14, 15 y 16 de marzo de 2017 en el recinto del IFEMA de Madrid, espacio gestionado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, entre otras entidades.

HOMSEC es la mayor feria de armamento y tecnologías de seguridad que se organiza en el Estado Español. España es un gran exportador de armas, el 6º del Mundo. Esto no es casualidad y se logra, entre otras cosas, gracias a ferias como esta.

El evento es una muestra de los últimos avances en las diferentes áreas tecnológicas que abordan la Defensa y Seguridad Nacional y se presenta como el «único Salón profesional enfocado a la Seguridad Nacional en España, un país geoestratégico en su relación con Iberoamérica, África y Oriente Medio».

El promotor de HOMSEC es el Grupo Atenea-Seguridad Nacional, entramado empresarial fomentado por personajes vinculados con el golpe de estado de febrero de 1981 y conocidos por su vinculación a los ideales de la extrema derecha.

HOMSEC servirá de punto de encuentro entre comerciantes de armas y agentes que se benefician del negocio de la guerra, como empresas de seguridad privada militar y empresas de videovigilancia, entre otras.

En este espacio podrán intercambiar experiencias y «mantener reuniones clave con Administraciones y compradores privados y planificar su seguimiento mediante servicios privados de consultoría», tal como se recoge en la propia página web del evento. Este tipo de iniciativas sólo contribuyen a recortar derechos y libertades en pos de una falsa y manipulada idea de seguridad.

Instituciones que se declaran defensoras de la paz y los derechos humanos, como el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, no deberían permitir que eventos de este tipo se celebren en espacios de gestión pública como el IFEMA. Queremos que los espacios públicos sirvan para la promoción de una cultura de paz, no como escaparates de la guerra y la violencia.

Nosotras nos negamos a que los espacios públicos se utilicen para alojar este tipo de eventos que fomentan la cultura de la guerra y el conflicto, así como modelos de seguridad represivos y centrados en amenazas militares sobre la integridad territorial y política de los Estados, totalmente alejados del modelo de seguridad humana que defiende el derecho a una vida libre de violencia, incluida la violencia heteropatriarcal, el derecho a una vida libre de miseria y libre del miedo. Queremos un modelo de seguridad humana integral, que contemple aspectos que van desde lo político y lo comunitario, a aspectos relativos a la seguridad económica, alimentaria y medioambiental.

PORQUE CREEMOS QUE OTROS MODELOS DE SEGURIDAD SON POSIBLES:

1. Exigimos al IFEMA la cancelación del evento.

2. Exigimos que el Ayuntamiento de la ciudad de Madrid, declarada como una ciudad de paz y acogida en la que todas las personas puedan sentirse seguras, se desmarque públicamente de esta iniciativa

3. Exigimos a Ayto. y Comunidad que auditen las cuentas de la feria del evento y las haga públicas en aras de la transparencia.

4. Llamamos a la sociedad civil a denunciar y boicotear esta feria uniéndose a las acciones contra la misma.

Si quieres sumarte al comunicado y participar en la campaña puedes contactar a través de:

desarmamadrid@desobediencia.es

o

utopiacontagiosa@gmail.com

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Nivel de alerta 4: excusa para aumentar el gasto de la policía en más de 7 millones de euros

Tonyina

Tamara SHerrero

Fuente: El confidencial Digital

Estamos en nivel de alerta 4, dentro del plan de prevención y actuación antiterrorista del Ministerio del Interior, lo que quiere decir que para Interior hay un alto riesgo de atentados terroristas que obliga a las fuerzas de seguridad a varias actuaciones: mayor presión y vigilancia sobre sospechosos, protección de centros estratégicos y mayor vigilancia callejera.

Esta situación ha servido de excusa a una acusada compra de material para el Ministerio del Interior, que, aprovechando la tesitura, ha decidido vendernos que se necesita aumentar el gasto en seguridad, aprobando tres grandes lotes de material:

En el primero de los lotes, se trata de adquirir, por 2.077.755 euros, 4.100 pistolas, 100 fusiles de asalto G-36, y 20 subfusiles MP5 para los GEO.

No es todo el refuerzo que a medio plazo pretende hacer Interior. También comprarán, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, 11.000 chalecos antibalas (1.000 de uso externo y 10.156 de uso interno) y, 200 placas balísticas, por importe total de 3.879.485 euros, que estaban licitados desde junio de 2016 pero que por la orden HAB/1169/2016 de 14 de Julio estaba congelado el gasto.

Una tercera licitación, por importe de 1.209.065,54 euros de euros, será para adquirir 4.545.400 cartuchos 9 mm parabellum blindados, otros 550.900 cartuchos 5,56 x 45 homologados por la OTAN y 275.400 cartuchos calibre 7.62 x 51 homologados por la OTAN.

Estas tres licitaciones suman nada menos que 7.166.326 euros, contando el neto y el IVA correspondiente, una cantidad nada despreciable que se intenta justificar en el supuesto peligro en que nos encontramos.

Por el volumen de material se nos hace más que difícil pensar que estas compras respondan al aumento real del nivel de riesgo (por otra parte decretado en junio de 2016 y no ahora) y parece más bien que el nivel de riesgo referido se ofrece como una mera excusa para evitar la impopularidad del aumento de gasto para material policial  tan abrumador, sobre todo cuando en años anteriores se hicieron gastos en material similar, como por ejemplo en 2012, cuando aumentaron el gasto en material antidisturbios en un 1.780%. o en agosto de 2013, que lo elevaron en otro 18,77%.

Aquí no acaba todo. El Ministerio del Interior tiene previsto comprar 700 vehículos que se para renovar los actuales en el «plan de refuerzo y reforma de la policía nacional» de 2017-2020, un nuevo dispendio en material policial que sorprende, sobre todo, si tenemos en cuenta, conforme a la Oficina estadística Eurostat y los propios sindicatos policiales españoles, según publica Publico, que España es el país de Europa que tiene más policías y, salvo raras excepciones, de todo el mundo, con 534 agentes por cada 100.000 habitantes, para una tasa de delitos de las más bajas de Europa (4846 delitos por cada 100.000 habitantes, frente a los 14.791 de Suecia, 9.678 de Bélgica o los 7.867 de Dinamarca.

Con todo, no parece que tengamos un nivel alto de alerta terrorista que justifique un aumento tan bárbaro del gasto en material policial, sino que contamos con una abrumadora cantidad de policías y con un desmedido interés en incrementar el gasto policial sin otro sentido que el de mantener un modelo de seguridad caduco y poco acorde con la realidad.

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Botes de humo para el verano

Esmad

Jordi Ferrer

Fuente: El Diario .es

El arsenal de botes de humo y gas lacrimógeno de la policía debe estar a tope. Este año han adquirido 2.000 botes más de gas lacrimógeno y 5.000 botes de humo, por importe de más de 162.000 euros, por si la muchachada se pone levantisca y protesta por los recortes de derechos en boga.

El arsenal de nuevo material antidisturbios se le va a comprar a la empresa Falken S.A. que no nos dice nada en principio si no es porque, según denuncia la prensa, los propietarios tienen vínculos con el PP y con alguien muy cercano al gobierno de la Comunidad de Madrid.

Dice El Diario.es que

Solo uno de los diez miembros del Consejo de Administración de Falken no se apellida Bardisa. En él se sientan todos los hermanos de Ismael, a excepción del político. Ismael Bardisa fue diputado del PP en tres legislaturas seguidas, hasta 2008. De ahí pasó al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, en calidad de consejero electivo.

Se da la circunstancia de que, según fuentes de la policía, no utiliza botes de gas lacrimógeno desde 2003, lo que nos hace preguntarnos para qué querrán estos 2.000 nuevos botes en la actualidad. ¿Es que nos van a lanzar alguna andanada preventiva por orden de la superioridad? ¿Tan malos somos? ¿Tanto nos temen, o nos odian?

En cuanto a la empresa Falkien SA, según parece, es beneficiaria de contratos con la poli desde al menos el año 2000 y le ha costado ya al erario público más de 7,6 millones de euros, lo cual no es poca cosa.

En todo caso, este constante acopio de material antidisturbios por parte de la policía no parece que se justifique por el activismo social reivindicativo pero noviolento que, día sí día no, recuerda a los de la élite extractiva las reivindicaciónes de derechos y democracia a los que con tanta frecuencia, y descaro, hacen oídos sordos.

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La Guardia Civil no quiere ser militar, un paso más para el transarme

Imagen de Aitor Méndez

Fuente:  Público.

Tres de cada cuatro agentes de la Guardia Civil (el 75,77 por ciento) se pasarían a la Policía Nacional, y la mitad de ellos alega como razones fundamentales para ese cambio el régimen disciplinario del instituto armado y su carácter militar.

Son las conclusiones de una encuesta que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, ha realizado entre los agentes para pulsar su opinión después de que el Ministerio del Interior haya propuesto en el proyecto de ley de personal de la Policía una «pasarela» para que puedan acceder a ella agentes de otras fuerzas de seguridad, entre ellas la Guardia Civil.

Por lo tanto, parece claro que los guardias civiles, de manera masiva, están más por las labores policiales que por las militares.

Las razones son el carácter militar y el régimen disciplinario derivado de dicho carácter que siguen manteniéndose en el cuerpo.  Más claro agua.  Lo militar no gusta ni tan siquiera en la Guardia Civil.  Es mucho decir.

Tamaño desinfle nos hace pensar que quizá la militarización de muchas actividades que podrían ser perfectamente civilizadas tampoco son agradables para los guardias civiles ni a la sociedad española.

El SEPRONA (servicio de protección a la naturaleza) podría ser tranquilamente civil y no chuscamente militar, la labor en las carreteras otro tanto, la lucha contra el narcotráfico podría también civilizarse un poco, como la labor de vigilancia de  aeropuertos y otros espacios similares, que  podrían también civilizarse sin ninguna reticencia social.  Si esto es así, lo único que falta es la voluntad política y demilitarización al canto.

Confiamos en que en la peregrinación a Lourdes de la Guardia Civil para este 2015, sufragada con el dinero del erario, por supuesto, encuentren la inspiración necesaria para progresar en su desmilitarización.  Nosotros, sorprendentemente para ellos, les apoyaremos en esa rogativa, aunque se ahorren el viaje.

En nuestra agenda política figura el término transarme.  Se basa en la progresiva desmilitarización y en la construcción paralela de una alternativa noviolenta de defensa.  Una de las objeciones que nos suelen poner es la poca gracia que les haría a los militares.  Sin embargo, esta encuesta nos hace ver algo más posible la consecución de la desmilitarización de la Guardia Civil sin que hayan ruido de sables ni peligro de involución al franquismo.

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La militarización y el intervencionismo de la Guardia Civil

Imagen de Escalepade

Fuente:  Estrella Digital.

Jugosísimo el artículo de Carlos Penedo en la Estrella Digital.

1.-  Sobre la militarización de la Guardia Civil.

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005 establece en su articulado la necesidad de definir las misiones militares de la Guardia Civil, que las sitúa bajo la autoridad del ministro de Defensa. En concreto, el artículo 23 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece que la Guardia Civil es un Instituto armado de naturaleza militar, dependiente del ministro del Interior en el desempeño de las funciones que se le atribuyen por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y del ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden.

La determinación de las misiones de carácter militar y la consecuente dependencia del ministro de Defensa de los miembros de la Guardia Civil que las desarrollen están regulada en un Real Decreto de noviembre de 2010, que no aclara gran cosa en el apartado internacional.

Otros datos y argumentos más para aquellos que niegan que incluyamos en el Gasto Militar anual a la Guardia Civil.

Y como dice Penedo, cada vez es más difícil distinguir entre actuaciones miliares y/o policiales:

En el campo de la seguridad cada vez es más complicado delimitar las amenazas y respuesta en el apartado de seguridad interior o exterior. Sobre el terreno, los contingentes militares de las Fuerzas Armadas muchas veces desarrollan tareas policiales en un escenario conflictivo, mientras que cuerpos policiales como la Guardia Civil van tomando competencias en seguridad dura.

La militarización de la Guardia Civil se realiza desde hace tiempo y cada vez es mayor, también su intervencionismo:

En los últimos años la Guardia Civil ha ido completando capacidades navales y aéreas desconocidas en su historia,actuando incluso a miles de kilómetros de territorio nacional en escenarios habitualmente competencia del Ejército del Aire o la Armada.

2.-  El intervencionismo de la Guardia Civil.

En mayor o menor medida, agentes de la Guardia Civil están destinados en este momento en escenarios como Líbano, Afganistán, Timor Leste, Guatemala, Haití, Níger, Israel, Kosovo, Gambia, Senegal, Mauritania, Cabo Verde o Guinea Bissau.

Es decir, nada más y nada menos que en 13 países.

3.-  La falta de control parlamentario de las acciones de la Guardia Civil en el extranjero.

Mientras el ministro de Defensa está obligado a comparecer para informar sobre las misiones de Defensa fuera de nuestras fronteras, el de Interior se libra de informar sobre estas 13 misiones militares en el extranjero.

4.-  El trabajo clandestino de la Guardia Civil en Mauritania.

La Guardia Civil patrulla en estos momentos por tierra, mar y aire, incluso a pie y hasta en solitario, las fronteras de Mauritania. Su labor es continuada desde hace ocho años, creciente, discreta y habitual, como lo muestra las imágenes que ilustran este artículo: elsacerdote local que ofició una misa el pasado 12 de octubre, día de la Patrona, en Nuadibú se puso el tricornio como homenaje a los asistentes a la ceremonia, en su mayoría agentes de la Benemérita, también del CNI y del Cuerpo Nacional de Policía.

La actividad de la Guardia Civil en Mauritania es seguida

en tiempo real desde el centro subterráneo de mando que la Guardia Civil ha construido en su sede madrileña de Guzmán el Bueno, una inversión de 20 millones de euros financiados en su mayor parte por Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores.

Es decir, Frontex se convierte (ya lo decíamos) en parte del Gasto Militar anual.

5.-  Programas y financiación comunitaria de la Guardia Civil en África Occidental:

  • West Sahel II, el proyecto más reciente, con un coronel de la Guardia Civil al frente, contempla el desarrollo en los próximos años de actividades de formación con la Gendarmería mauritana, cesión de material y medios para el control de sus fronteras terrestres. Prevé la creación de un Centro de Cooperación Policial Internacional con sede en este país, un destacamento fluvial en el río Senegal y tiene un coste de 620.000 euros, 500.000 a cargo de la UE y 120.000 por España a través de la Guardia Civil. Contempla patrullas conjuntas con las gendarmerías de Mauritania, también Senegal y Malí. Este proyecto es la continuación del West Sahel desarrollado en años anteriores.
  • Red Seahorse, que ha establecido a partir de 2006 la conexión de centros de coordinación con Mauritania, Senegal, Malí, Guinea Bissau, Gambia, Níger, Cabo Verde, Portugal y Marruecos para el intercambio permanente de información. Una iniciativa similar a ésta se ha implantado en 2013 en el Mediterráneo.
  • Medios marítimos: dos patrulleras de altura de la Guardia Civil -30 metros de eslora-, más un buque oceánico incorporado este 2014, están destacadas de forma permanente en Mauritania desde 2006, con tripulaciones mixtas con la Gendarmería local, para patrullar sus aguas y controlar la salida de cayucos que ese año disparó su número hacia Canarias. En origen, con un coste de 180.000 euros, este despliegue fue financiado al 60% por la Comisión Europea en el marco del programa Atlantis.
  • Medios terrestres: el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, firmó el pasado mes de marzo un acuerdo con las autoridades mauritanas  sobre cooperación en el control de la inmigración irregular y «actividades ilícitas» que ha permitido la creación de patrullas conjuntas terrestres, y también en solitario.
  • Medios aéreos: el Servicio Aéreo de la Guardia Civil -SAER- se ha dotado recientemente de dos aviones de patrulla marítima C-235, estacionados habitualmente en Canarias aunque este noviembre uno de los aparatos se ha trasladado a Mauritania, donde opera en los aeropuertos de Nuakchot y Nuadibú. En esta última ciudad, en el límite norte del país, tiene como base un helicóptero Bo-105 de la Guardia Civil desde 2006.

Es decir:

Al menos 800.000 €, 2 patrulleras de altura, 1 buque oceánico, 2 aviones de patrulla marítima C-235, y 1 helicóptero Bo-105.

Formación, cesión de materiales y medios, patrullas conjuntas y patrullas en solitario, intercambio de información.

Y suponemos que etc. porque el excelente artículo de Carlos Penedo no habrá podido descubrir todo.

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Una vuelta de tuerca más en la militarización de la seguridad: se aprueba el Plan Estratégico Nacional de lucha contra la radicalización violenta

kameras

Daniel Lobo

 

Fuente: Consejo de Ministros de 20-1-2015

Muy grave nos parece lo que comentamos hoy.

El Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015 aprobó el «Plan Estratégico nacioal de lucha contra la radicalización violenta«, documento que hay que enmarcar necesariamente en el contexto de refuerzo de la idea de seguridad de corte militar y recorte de libertades que se está impulsando desde los centros de poder a partir (y sobre todo, con la excusa de) los atentados terroristas sufridos en los últimos años.

Luego hablaremos de este contexto y enmarcaremos el Plan con otras medidas adoptadas por el gobierno del PP y otras en fase de deliberación (algunas incluso pactadas con la otra pata del PP, de siglas y compromisos cada vez más inseparables) con las que, al parecer, van a modificar el actual marco legal y social.

Pero comentemos ahora el plan. Y empecemos por lo que dice y cómo lo dice:

¿Unos antecedentes que justifican este Plan?

Comienza el Plan elaborado por el departamento que dirige el halcón (por cierto de afinidades religiosas y políticas muy a la derecha del Padre) Don Jorge Fernández  por explicar las razones que llevan al gobierno a establecer ahora este Plan, y que son:

  1. La existencia de una clara amenaza terrorista (cita atentados en Estados Unidos de 2001, Indonesia de 2002, Marruecos en 2003, España en 2004, Reino Unido en 2005 y ahora en Francia). No cita, tal vez por irrelevantes para la concepción de la seguridad desde la que se elabora este plan, la mayoría de los atentados terroristas que han tenido lugar en países del propio área a la que implícitamente se refiere el plan en todo momento, ni los variopintos atentados provocados por alguno de nuestros aliados, como el caso de Israel, o los otros provocados por error por tropas de nuestro propio bando en las diversas guerras con las que hemos intervenido en el área referida. Tampoco refiere nada en relación a las causas y antecedentes políticos, históricos, económicos, sociales, etc., que dan lugar a este terrorismo, ni a las prácticas políticas que podemos estar llevando nosotros que puedan provocar un cierto odio o una estrategia de reacción que provoque que nos tengan en el punto de mira).
  2. Europa ha definido la lucha contra el terrorismo como uno de los ejes de su política de seguridad (cita el documento de la UE  que puede consultarse aquí «Estrategia de la Unión Europea para la Lucha Contra la Radicalización y la Captación de Terroristas«) cuyo enfoque remilitariza abiertamente la idea de seguridad interior e inicia un soterrado pero firme avance de las ideas más militaristas en torno a la seguridad, eso sí, sin que la crítica de los grupos sociales o políticos alternativos se haya hecho oír al respecto ni en la sociedad ni en el parlamento europeo).
  3. La estrategia se seguridad nacional española sitúa el terrorismo internacional como la principal amenaza para la seguridad de España (cita para ello el documento Seguridad Nacional, un proyecto compartido de 2013. Deja de citar los de ámbito militar que con más precisión enmarcan este proceso en el enfoque militarista, como es la propia directiva de defensa nacional 1/2012, máximo documento del planeamiento militar español)
  4. La lucha contra el terrorismo viene priorizada en el documento «Estrategia integral contra el terrorismo internacional y la radicalización aprobado en 2010 (curiosamente es un documento aprobado en junio de 2010, con Zetapé, por la Comisión de Situaciones de Crisis, y luego ratificado por el Gobierno de Rajoy en 2013. Dicho documento está declarado secreto).

Pues bien, vistos estos antecedentes «justificativos», a saber:  los atentados, Europa, nuestra política de defensa y seguridad, nos podemos preguntar si tales antecedentes son en realidad justificativos de una respuesta tan unilateral y reactiva y, más en concreto, si este argumentario justifica un plan de seguridad que busca remilitarizar, como veremos, la idea de seguridad, e implicar de forma contundente en dicha estrategia a los entes locales y autonómicos de competencias tales como escuelas, servicios sociales, educación, etcétera, a los trece ministerios, y a las entidades sociales que el gobierno «estime oportuno».

Nuestra respuesta, la anticipamos ya, es no. No porque los problemas de seguridad no se pueden enfrentar desde una respuesta meramente reactiva, de vigilancia y control policial-militar y que huye de estudiar el fenómeno en su complejidad, buscando atajar las causas con medidas más transversales y con metodologías alternativas.

El plan, como veremos, no contiene una sola medida educativa, social,  de prevención basada en la idea de Seguridad Humana, de interculturalidad o convivencia, de enfoque noviolento, sino, sencillamente, la implantación de unos protocolos de  información a las diversas policías, en el ámbito «interno» y de protagomismo del Ejército en el ámbito exterior.

Da por ello más bien la impresión de que el plan es previo a la justificación: se pretende imponer unas políticas y se ha buscado un argumentario ad hoc (y por cierto ampliamente simplista) para «justificarlas»

Unos objetivos reactivos e indefinidos.

Continúa el Plan diseñando los objetos a los que pretende responder, que son:

  1. Responder a la radicalización violenta
  2. Cumplir con las directrices de la Unión Europea
  3. imponer un «consenso» entre las administraciones, la sociedad civil y los colectivos vulnerables o en riesgo de radicalización
  4. Implicar y obligar a todos los Ministerios de la administración general del Estado y entidades sociales bajo coordinación del Ministerio del Interior (y aunque no lo dice en los objetivos sí en las medidas, de Defensa):

Llama la atención la amplitud e indefinición de los sujetos sobre los que se piensa aplicar esta política, calificados como «radicalización violenta».  ¿Que se considera como «radicalización violenta»?  ¿Entra únicamente el fenómeno yihadista que aparentemente justifica este plan?, ¿se entiende extensible a la violencia fascista que hemos visto retransmitida en campos de fútbol y otros eventos deportivos?  ¿Incluye los «grupos antisistema» que forman parte de las obsesiones del Ministro del Interior?, ¿es extensible a los «radicales», expresión usada por el PP para referirse despectivamente a cualquiera que no sean ellos?…

En segundo lugar acudimos a la misma indefinición si nos fijamos en la idea de «violencia» que subyace al texto: ¿Qués e entiende por radicalización «violenta»?, ¿qué entra en la categoría «violento» objeto de este especial tratamiento represivo?

La cuestión no es baladí, porque el proyecto de código penal que el PP propone en el nuevo pacto con el PSOE, su otra pata, aplica diversos tipos delictivos encaminados a reprimir penalmente como delitos de terrorismo conductas como «desórdenes públicos», «actos contra el patrimonio», «ultrajes a España»  o «alteraciones de la paz pública» que sospechosamente nada tienen que ver con el terrorismo ni con la violencia en sí, tal como denuncia por ejemplo la imparcial, objetiva y liberal Amnistía Internacional,  y que parecen más bien pensados para un ejercicio de represión contra la disidencia, la protesta o la movilización social contra los mandamanses, como puede ser el ejemplo de las movilizaciones de las plataforma de hipotecados o de la Hepatitis C, las movilizaciones similares a las de «rodea el Congreso» y tantas acciones noviolentas ejercidas por grupos pacifistas, ecologistas, altermundistas, de ocupación y de diverso signo en estos últimos tiempos.

Una tercera crítica la encontramos en este criterio autoritario de pretender imponer un consenso desde arriba que afecte y obligue a todos. Es comprensible que un ministro perteneciente al Opus Dei, como es el caso del actual de Interior, o un partido popular que recogió los rescoldos de las derechas más agrias de toda la vida y que fue fundado por un señor que fue ministro de Franco y predicó un concepto de orden público de honda raíz autoritaria, piensen que el consenso es algo parecido a la sumisión, pero cualquier manual actual acerca de la construcción de los consensos descarta esta modalidad de consensos a la búlgara. El consenso no es fruto de la autoridad, sino del diálogo y la construcción en común y, que se sepa, es imposible de imponer a la sociedad a su pesar.

Desvela este objetivo un deje altamente deficitario en cuanto a calidad democrática se refiere, y más aún si se intenta imponer obligatoriamente.

Estamos con ello ante unos objetivos políticos de muy poco calado democrático, de un sesgo autoritario apabullante y que se fijan más en la represión de la disidencia mediante medidas reactivas que en abordar el complejo fenómeno del terrorismo desde su multidimensionalidad.

Unos ámbitos de actuación que refuerzan el papel preponderante de lo militar y nos considera enemigos internos

Si los presagios que se intuyen de lo ya comentado son malos, las cosas tienen la capacidad de empeorar mucho más. Y así ocurre que cuando el plan se refiere  a los ámbitos de actuación en los que se va a desarrollar esta política fija tres, a cual peor:

  1. El ámbito interno, coordinado por el Ministerio del Interior y donde pretende articularse a todos los niveles: desde el estatal al autonómico y local, pasando por la sociedad civil. En este, dice el plan, el escenario principal de actuación será el municipio, donde pretende vincular en la «lucha·» a diversos actores.
  2. El exterior, al parecer coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero con un fuerte protagonismo (de hecho es el actor único) del Ministerio de Defensa y del Ejército. Según el plan, este nivel se realizará «en atención a los intereses y zonas de influencia de España», idea bastante difusa pero que no está puesta ahí de forma ingenua, ya que hace relación al propio planeamiento militar de la defensa y a la idea de que España, más allá de defender su territorio y sus fronteras, defiende militarmente sus intereses en cualquier parte del globo, y de  otra brillante y peligrosa idea plasmada en un plan de estrategia militar español, la de que tenemos unas «fronteras de seguridad avanzadas«  que tienen que ver con nuestras zonas de influencia y su tratamiento militar (Mali, Centroáfrica, Somalia, Golfo de Guinea, etc.).
  3. El indefinido mundo del «ciberespacio» donde afectará, dice el plan, a actores y contenidos y que será controlado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que depende del Ministerio del Interior e íntimamente relacionado (si no subordinado) con el Mando Conjunto de Ciberdefensa, dependiente del Estado Mayor de la Defensa, cuyos cometidos son (esto no lo cuenta el Plan que comentamos) : «1.- Garantizar el libre acceso al ciberespacio, con el fin de cumplir las misiones y cometidos asignados a las Fuerzas Armadas, mediante el desarrollo y empleo de los medios y procedimientos necesarios.2.- Garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, así como la integridad y disponibilidad de las redes y sistemas que la manejan y tenga encomendados.3.- Garantizar el funcionamiento de los servicios críticos de los sistemas de información y telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas en un ambiente degradado debido a incidentes, accidentes o ataques.4.- Obtener, analizar y explotar la información sobre ciberataques e incidentes en las redes y sistemas de su responsabilidad.5.- Ejercer la respuesta oportuna, legítima y proporcionada en el ciberespacio ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional.6.- Dirigir y coordinar, en materia de Ciberdefensa, la actividad de los centros de respuesta a incidentes de seguridad de la información de los Ejércitos y Armada y el de operaciones de seguridad de la información del Ministerio de Defensa.7.- Ejercer la representación del Ministerio de Defensa en materia de ciberdefensa militar en el ámbito nacional e internacional.8.- Cooperar, en materia de ciberdefensa, con los centros nacionales de respuesta a incidentes de seguridad de la información, de acuerdo con lo que determinen las estrategias y políticas nacionales de ciberseguridad en vigor, así como con otros centros militares de respuesta a incidentes de seguridad de la información en el ámbito internacional.

Bajo este triple escenario se pueden leer algunas conclusiones que empeoran las cosas:

a) La consideración del espacio interior como un espacio de intervención de esta idea de seguridad difusa y militarista, que nos vuelve a convertir, si alguna vez dejamos de serlo para la doctrina de la seguridad militar, en el enemigo interno. Todas las personas y todos los ámbitos de nuestra actuación somos susceptibles de ser considerados parte del problema y de que nos apliquen las políticas de seguridad pretendidas.

b) La ocupación de espacios tradicionalmente ajenos a la seguridad militar se agranda.  Ahora el municipio, el espacio local, el pluriespacio público, son objetos de preocupación de esta idea de seguridad y, como veremos más adelante, los diversos mecanismos municipales pensados tiempo atrás para la convivencia y la prestación de servicios a la comunidad, agentes de esta extensión de la idea de seguridad y de sus políticas de control. No sabemos lo que pensarán las diversas propuestas políticas municipalistas de esta extensión de la militarización al espacio local. ¿Le parecerá bien a las candidaturas ciudadanas, a los partidos no manchados por el extractivismo político deplorable que nos aqueja, a las nuevas agrupaciones de electores, que se les obligue a participar de esta idea de enemigo interno? ¿Dirán algo al respecto en sus programas? ¿Alertarán a la ciudadanía de la necesidad de empoderamiento social para abordar estas temáticas de forma alternativa?

3) Se legitima la intromisión de lo militar y de la idea de seguridad en la propia privacidad y en la red. El fantasma del riesgo ciberterrorista deroga, de facto, la vigencia del derecho a la intimidad en relación a la propia comunicación y cibervida que se pretendió garantizar (ciertamente con la boca pequeña) en la decrépita y plagada de promesas incumplidas constitución del 78.

4) La idea militarista de seguridad, criticada por Naciones Unidas cuando acuñó el término de «Seguridad Humana» como alternativa  esta, gana terreno y remilitariza espacios, contenidos y libertades anteriormente ajenas a lo militar.

5) Se incrementa, en consonancia con la estrategia neoliberal, todo el arsenal de políticas de disciplinamiento social, cuyo interés prioritairo es convertirnos de ciudadanos en súbditos, pero usando al retórica de los derechos (la zanahoria) y la política del recorte de derechos y aspiraciones (el palo).

La estructura de mando: De nuevo organigrama autoritario-militar

Dicen los entendidos que una imagen vale más que mil palabras y, aunque la que presentamos es engañosa (elude al militarismo, director de la orquesta) permite comprobar el grado de enfoque represivo y militar de todo el asunto.

 foto1Este organigrama se corresponde con la estructura nacional de coordinación del plan. Como podemos ver, la coordinación de todo el plan, en lo que se refiere a la cuestión interior, se encuentra en el «grupo nacional de lucha contra la radicalización violenta» coordinado por Interior, con especial aportación del CNI (que hasta ahora no habían mencionado en todo el plan), los 12 ministerios restantes, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Fundación Pluralismo y Convivencia (una fundación estatal creada para tratar temas de pluralismo religioso) y «otras entidades públicas y privadas que se considere necesarias (un indefinido que no queda nada claro).

Nos da una muestras clara de la expansión de la idea de seguridad como orden público policial, cuando no meramente militarista, que se mantiene en este plan y del papel de mano extendida allá donde tiene más difícil el acceso lo policial/militar que se quiere hacer jugar a las entidades sociales, y a los propios ayuntamientos.

Siguiendo con la estructura del plan propuesto encontramos que éste define una serie de «agentes» del mismo:

  • En el ámbito de la lucha interna:
    • policía local
    • policía autonómica
    • Ayuntamiento
    • juzgados
    • centros escolares
    • Asuntos sociales
    • entidades sociales
    • colectivos de riesgo
  • En el ámbito externo:
    • Ministerio de Defensa
    • Fuerzas Armadas
  • En el ciberespacio:
    • El CITCO, El CNI

La expansión del militarismo a la idea de seguridad

Hemos explicado anteriormente que la idea de seguridad humana tiene poco que ver con la idea militar de seguridad, basada en aspectos de orden público, represión, imposición legal y violenta, defensa de unos supuestos intereses vitales allende las fronteras, etc.

La idea de Seguridad Humana, acuñada por el PNUD, habla de desarrollo humano, de disfrute de derechos y libertades, de disminución de la pobreza, de garantías frente a la enfermedad, la incultura, la pobreza, y ofrece un carácter universal a estas dimensiones, añadiendo que la seguridad humana en un punto del planeta depende de la de los demás, y se consigue incrementarla incrementando la de los demás, pues son interdependientes.

Este enfoque propondría otro tipo de medidas para abordar el fenómeno del terrorismo internacional, basadas en la comprensión entre los pueblos, en la inversión para conseguir sociedades más igualitarias y con estándares de disfrute de bienes sociales y garantías de vida digna, en educación, en políticas de igualdad, en solidaridad, …

Un enfoque que busca abordar lso conflictos de forma constructiva y noviolenta.

Pero, por desgracia, este enfoque choca con una realidad cruel donde la dominación y la violencia son las políticas rectoras y donde la imposición de explotación, dominación, depredación de recursos, expolio e imposición militar de todo ello son el abc de cada día.

En el caso concreto de los países occidentales no puede decirse que basen su «bienestar» en la colaboración con el bienestar de otros pueblos, sino al contrario, en la dominación abusiva de éstos, y también en políticas que los debilitan, como son la venta de armas, la promoción de la guerra en su interior, la potenciación de la rivalidad y la corrupción, etc., todo lo cual es un verdadero caldo de cultivo para el resentimiento y, también, para reacciones basadas en los mismos parámetros de dominación y violencia.

El plan ahora comentado no hace sino expandir estas ideas reactivas a áreas donde hasta ahora no tenía espacio el ideal de seguridad militar. Y lo hace de la mano de otro paquete de medidas de recorte de derechos y libertades, como el paquete recientemente negociado por el PP-PSOE de políticas antiterroristas, o la reforma del código penal, o la creación de un adefesio constitucional que es el estado de crisis en en anteproyecto de ley de seguridad nacional.

Una expansión de la visión autoritaria y militarista muy en consonancia con la desconposición acelerada del régimen vigente.

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Despilfarro en la Guardia Civil

Imagen de Rufino Lasaosa

Fuente:  Público.

El Ministerio de Interior tenía proyectados dos únicos nuevos cuarteles en 2014.  Uno de ellos será en Fitero y está diseñado para 15 agentes, pueblo natal del padre del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz:

localidad navarra de 2.000 habitantes de la merindad de Tudela, es también el lugar de residencia de su madre y la sede del balneario donde se reúne habitualmente el numeroso clan Fernández Díaz, formado por diez hermanos.

Varias son las razones que hacían altamente desaconsejable el nuevo cuartel:

  • Fitero contó con un cuartel de nueve agentes hasta 1991, cuando se decidió su cierre por falta de actividad.
  • Actualmente, la localidad navarra cuenta con dos dependencias del Instituto Armado a seis y nueve kilómetros, en los pueblos de Cintruénigo y Corella, respectivamente.
  • La construcción ha desatado las críticas de algunos vecinos así como de los propios agentes de la Guardia Civil, que lo consideran un gasto innecesario y «un capricho» del ministro.
  • «Es un despropósito que haya guardias civiles que no tenemos chaleco antibalas, vehículos con más de 300.000 kilómetros, que no son uno ni dos sino muchísimos, y cuyo mantenimiento es prácticamente inexistente… ¿Cómo levantas un cuartel nuevo cuando hay otros que se están cayendo a pedazos porque no tienen mantenimiento?», se pregunta Juan Antonio Delgado, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
  • También hay críticas desde la AUGC a la «política de construcción de cuarteles» del Instituto Armado, que en su opinión debe tender a «suprimir todos estos minicuarteles y crear cuarteles grandes que funcionen y sean efectivos».
  • Antes de que Fernández Díaz decidiera utilizar el solar para edificar el cuartel que espera inaugurar en marzo, el Ayuntamiento de Fitero lo había cedido al Gobierno de Navarra para construir un consultorio médico, proyecto que quedó paralizado por falta de fondos.  Parece que los fondos que no existen para Sanidad aparecen, cual brotes verdes, para los verdes guardiciviles.
  • Varios vecinos han llevado el caso ante el Tribunal Administrativo de Navarra, al considerar que ha habido irregularidades tanto en la nueva cesión al Ministerio del Interior como en el uso del terreno, que en la ordenanza municipal aparece como «dotacional» y donde solo se contempla la construcción de una vivienda, en vez de las cinco que necesitará el cuartel.

Ha habido protestas de todo tipo e incluso preguntas en el Parlamento.  Aquí la respuesta brilló por no contestar a nada, por dejar claro que el Ministro hace lo que quiere y por no respetar el juego democrático en el que la ciudadanía tiene que ver, al menos, argumentadas las medidas del Ejecutivo:

En mayo, la diputada de Geroa Bai Uxue Barkos presentó una batería de preguntas al Congreso para que Interior justificara el gasto del cuartel. En su respuesta a las cuestiones, de tres párrafos, el Ministerio utilizó dos de ellos para explicar «conceptos básicos» de geometría y «el área del círculo».

Podríamos dedicar algunas palabras a comentar que los cuarteles de la Guardia Civil tengan que ser, a la vez, casas subsidiadas, lo cual no deja de ser un privilegio para los militares y una forma de mantenerles alejados de la población a la que han de reprimir en estos duros tiempos de Ley Mordaza.  Ello encarece mucho la obra del cuartel e implica un agravante más al despilfarro de construir un cuartel donde todos parecen juzgarlo innecesario.

Un nuevo ejemplo de despilfarro en la Guardia Civil y en lo militar.

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