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El pleno de A coruña contra la especulación militar con la abstención de la casta

Curso+de+vela

Por iteijeiro

Fuente: La opinión A Coruña

El pleno municipal del Ayuntamiento de A Coruña votó la propuesta llevada al Consistorio por un colectivo ciudadano (Comisión aberta do defensa do común) que pedía reclamar al INVIED la paralización de la subasta de terrenos militares en A Maestranza y su cesión a fines sociales del municipio.

La subasta de Defensa pretende obtener una cantidad de más de 24 millones de euros de beneficio por unos terrenos que les costaron cero euros, que no tienen ningún sentido militar y que pueden servir para fines sociales más adecuados.

La moción ha sido aprobada con los votos a favor de BNG y Marea Atlántica, pero, en esa especie de abrazo particular que el PSOE y el PP se ofrecen mutuamente en todo lo relacionado con el ejército, con la abstención del PP y el PSOE.

A pesar de las enormes resistencias, la crítica y lucha ciudadana contra el militarismo se va poco a poco abriendo paso. Esperemos que el ejemplo cunda y poco a poco vayamos reduciendo el peso del militarismo.

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Suelo de Defensa a subasta por 35 millones de euros

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en la Pagina web de INVIED

Fuente: Infodefensa

El INVIED ha hecho otra de las suyas: ahora saca a subasta en Madrid y A Coruña 65.000 metros cuadrados para uso residencial por valor de 35 millones de euros que se quieren embolsar para compra de nuevas infraestructuras militares y armas.

En el caso de Madrid el lote es parte de la antigua Operación Campamento, y supone 58.493 metros cuadrados, uno de los planes de pelotazo que ha venido arrastrándose desde que intentaron lo del casino de Adelson.

Concretamente, la parcela en venta cuenta en su perímetro con una boca de metro y todo, lo que convierte el terreno en más que codiciable.

Que sepamos, los partidos políticos que «nos representan» en el municipio no han efectuado ningún tipo de valoración de este nuevo pelotazo, lo cual da que pensar.

Hasta la fecha no parece que Carmena vaya a pedir ningún tipo de explicación a esta importante venta, lo cual no despeja la duda del papel que el Ayuntamiento quiere jugar respecto de los intereses del militarismo en la ciudad.

En cuanto a A Coruña, lo que se saca a subasta son tres solares de uso residencial en el Paseo Marítimo, por algo más que 25 millones de euros, lo cual también suena bastante a pelotazo, sin que tampoco sepamos la postura que adoptará ante todo esto el nuevo alcalde de la ciudad.

NO a la especulación militar.

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Cada año Defensa desahucia unas 60 personas

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Fuente: Bez

Denuncia esta página un sorprendente apagón informativo de la memoria del INVIED (Instituto de la Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, del propio Ministerio de Defensa).

Concretamente se refieren a que, a diferencia de las memorias de años anteriores, esta vez, la memoria de 2014 (publicada hace pocos días) no refleja el número de desahucios que el INVIED ha practicado en dicho año a personas hasta entonces en alquiler en viviendas militares. Normalmente se trata de viejecitas y/o ancianos militares jubilados que disfrutan de viviendas en alquiler que ahora se han vuelto golosas para la especulación.

En la memoria relativa al ejercicio 2012, reflejaron 63 desalojos. En la de 2013 se efectuaron 60. Durante 2014… no se ha publicado, aunque se tiene constancia, dice la página, porque se publican en el BOE y se han rastreado varios de estos.

¿A qué responde este apagón informativo? ¿No resulta una información relevante conocer a cuánta gente echan de sus casas los militares?, ¿no será que en período preelectoral prefieren no hacer ruido?

¿O tendrá que ver con el escándalo de los intentos de desalojo de cerca de ciento cincuenta ancianos que ahora el INVIED quiere desahuciar de una colonia (antes en las afueras de Madrid) en la hoy muy bien situada calle Maudes, en la que en su día se construyeron viviendas para los trabajadores del «taller de artillería de precisión»  por parte de la «Obra Sindical del Hogar» y que ahora pertenecen al INVIED?

Parece mentira el grado de cinismo del INVIED y la voracidad especulativa con la que arrasan con todo.

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Defensa subasta una finca en Écija reclamada por el Ayuntamiento para tareas agrícolas

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Por Pablo Miranzo

Fuente: ABC Sevilla

El INVIED (Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de Defensa, del Ministerio de Defensa) ha pegado hace unos días otro de sus monumentales pelotazos subastando la finca de «Las Islas» en Écija, por más de 7 millones de euros para financiar sus actividades más habituales: comprar armas e invertir en nuevas infraestructuras militares.

Se da el caso de que la finca había sido reiteradamente reclamada por el ayuntamiento de Écija para las labores agrícolas de la zona y con el objetivo principal de paliar en lo posible el terrible paro, lo que nos sitúa de nuevo ante el dilema de «cañones o mantequilla», casi siempre resuelto por los mandamases a favor de la peor opción posible.

También se da el caso de que la citada finca ha sido a la vez una de las que el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha señalado con el dedo como una de las tierras baldías en manos militares mientras los jornaleros no tienen tierras para cultivar.  Concretamente contamos con una noticia del mes de julio en la que Cañamero y otros sindicalistas denunciaban la operación especulativa que ahora se ha fraguado en plena época preelectoral, sin luz ni taquígrafos.

Y volvemos a los cañones y la mantequilla, que desvelan en este caso la impudicia de la subasta. Recogemos palabras del discurso de Cañamero el pasado mes de julio, cuando se concentraron ante las puertas de la finca.

«con el paro y el subdesarrollo que hay en Andalucía, hay que poner esta finca de 476 hectáreas en valor para que las cooperativas y los ayuntamientos la gestionen».

Oídos sordos, que la cosa era hacer negocio para engrosar el militarismo que, por paradojas de la vida, consagra el estado de cosas que crea parados, pobreza e insolidaridad.

Continúa el discurso de Cañamero

Hace falta que esta finca cumpla una función social, es pública y la puede cumplir; nosotros no pedimos la luna, y esta finca está ahora gestionada por los militares, quienes después sacan los cultivos a concurso y la coge una empresa privada»

¿No parece indignante la subasta insolidaria?

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Defensa vende, en Madrid, un inmueble por 111 millones de euros

 

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imagen de Domo Gestora

Fuente: Infodefensa

Alertamos hace tiempo del pelotazo que Defensa pretendía dar con la venta de un inmueble en Madrid.  Ahora se ha consumado y Defensa recibirá 111 millones de euros a cambio del solar Raimundo Fernández VIllaverde número 50 de Madrid (al lado de La Castellana). El solar tiene una edificabilidad de 54.000 metros cuadrados y una superficie de 14.500 metros cuadrados (por cierto, actualmente el solar no es tal, sino que tiene un imponente edificio encima, nada menos que la sede del Taller de Precisión y Centros Electrónicos de Artillería).

La puja la ha ganado la empresa DOMO que ya comercializa la recientemente ganada promoción. Suponemos que no podrá edificarse en el mismo cualquier cosa, por lo que no nos salen las cuentas que la compradora se hace de demoler y edificar 325 viviendas de lujo con un precio medio de superior a los 350.00 €, en vivienda de entre una y cinco habitaciones. Un edificio que aparentemente es el de la maqueta que acompaña este post.

Gracias a las curiosas prerrogativas del INVIED, de las que ya hemos hablado, Defensa ha podido celebrar esta subasta sin control de Hacienda (lo cual es obligatorio en otro tipo de desafecciones de bienes públicos y subastas de patrimonio público) y, también por ese tipo de casualidades de la vida, podrá embolsarse los 111 millones de euros para las actuaciones y negocios del INVIED, sin necesidad de destino más solidario del dinero así obtenido y con la posibilidad de que dicha cantidad se destine a inversiones especulativas del INVIED o a compra de armamentos.

¿Podrá controlar el destino de todo esto el Parlamento? Aparentemente no, porque el INVIED, que es quien vende en nombre de defensa, es un organismo autónomo.

¿Podrá el Parlamento pedir que, por ejemplo, el dinero así obtenido se use para atajar un poco de la deuda militar impagable, por ejemplo, o a fines alternativos al militar? Aparentemente no.

¿Podrá la sociedad pedir que se controle este negocio del ejército?

Mientras la casta siga mandando, aparentemente no.

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Los Organismos Autónomos Militares incrementan el gasto militar en otros 1.686´3 millones de €

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Presupuestos Generales del Estado 2015

El Gobierno ha presentado en el Parlamento el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015 y nosotros, fieles a nuestro compromiso, hemos comenzado a desentrañarlo.

Como de costumbre, se nos ofrece una cifra oficial de Gasto de Defensa (5.767,77 millones de €, un 0,38% más que el año anterior) que dista mucho de ser la cifra del gasto militar español, muy por encima de la cifra oficial y oculto en infinidad de partidas de 12 de los 13 ministerios del gobierno de Rajoy (falta el de Justicia, donde de momento no hemos encontrado nada) y en otras partidas presupuestarias fuera de las ministeriales.

Con todo, el presupuesto del Ministerio de Defensa es el segundo más alto en gastos de todos los ministerios, solo por detrás de Empleo y Seguridad Social que cuenta en su presupuesto las prestaciones a parados (sin este rubro, el presupuesto de Defensa sería el más alto de todos).

En todo caso, el presupuesto de Defensa no sólo es engañoso porque oculta cuatro de cada cinco euros del efectivo gasto militar español, sino también porque, año tras año, el presupuesto ejecutado (es decir, el dinero efectivamente gastado) rebasa ampliamente al presupuestado, en una deliberada estrategia de ocultar el desmesurado gasto militar.

Por ello, entre el gasto de defensa presentado por el gobierno de España y el gasto militar real hay una sideral distancia y el descaro en la ocultación llega a tanto, que el propio Tribunal de Cuentas ha censurado este modo deliberado de ocultar el gasto militar que tiene el Gobierno Español.

Uno de los rubros de gasto militar que habitualmente se nos oculta es el que se corresponde con los Organismos Autónomos Militares. Los organismos autónomos son varias entidades con personalidad jurídica propia que gestionan determinadas funciones de los ejércitos. En la actualidad, y conforme a la reorganización que se ha producido existen tres organismos autónomos militares:

  • El INVIED (Instituto de la Vivienda, Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa), que se encarga de todo lo relacionado con el patrimonio militar, con la enajenación y venta de terrenos militares (lo que incluye no pocos casos de verdadera especulación), con las ayudas a la vivienda de militares y con inversiones en armas e infraestructuras a partir de los «beneficios» de su gestión
  • El ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), encargado de las prestaciones sociales y del equivalente a la seguridad social de los militares y de sus familiares.
  • EL INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) que se encarga de la investigación aeroespacial enfocada a lo militar.

Pues bien, cuando el Ministerio de Defensa nos dice que sus presupuestos son de sólo 5.767,73 millones de euros para 2015, está excluyendo, junto con otros muchos gastos militares, el gasto de estos Organismos Autónomos que, como vamos a ver a continuación, es muy importante, pues alcanza 1.686,3 millones de euros en 2015, un 6’23% y 98,92 millones de euros más que el año pasado.

Si vemos este gasto por partidas, encontramos que se distribuye del siguiente modo:

  • INVIED: 216,13 millones de euros.  En 2014 el INVIED recibió 149’96 millones de €.  A ellos habría que sumarle los 50’18 que recibió el Servicio Militar de Construcciones que, tras su reestructuración, ha pasado a manos del INVIED.  Por lo tanto el presupuesto conjunto de ambos en 2014 es de 200’14 millones de €.  En definitiva, el INVIED ha aumentado su presupuesto en 15’99 millones de €, es decir, un 7’98 % más.
  • INTA:    138,13 millones de euros.  El INTA, para el año 2015 va a asumir el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo que en 2014 contó con un presupuesto de 5’31 millones de €.  A él habría que sumar los 100’27 millones de € que recibió el INTA en 2014.  El total son 105’58 millones de €.  Por lo tanto, el INTA en 2015 recibe 37’55 millones de € más, un 30’83 % más.  Porcentaje de aumento muy significativo.
  • ISFAS:  731,71 millones de euros (en el Programa 222M del Ministerio de Defensa) y otros 600’33 millones de € en la partida de «otros ministerios», en el programa 929, numeral 160021.  Por lo tanto el ISFAS va a recibir en 2015 1.332’04 millones de €.  Si tenemos en cuenta que en 2014 recibió 1.284’66 millones de €, se ha aumentado su presupuesto en 47’38 millones de €, un 3’68 % más.

Si a los 5.767’77 millones que publicita el Gobierno que son el Presupuesto del Ministerio de Defensa sumamos los 1.686’3 millones de € de los Organismos Autónomos Militares, obtenemos una cifra de 7.454’03 millones de €, lo que supone que el Gobierno a través de los Organismos Autónomos Militares oculta un 29’23 % del gasto del Ministerio de Defensa.  He aquí la principal función de los Organismos Autónomos Militares:  ocultar una parte sustancial del Gasto Militar.

Llama la atención que Defensa no reconozca como gasto militar este gasto tan nítido y reconocido por la OTAN como gasto militar, sus propios Organismos Autónomos. Pero no es lo único: los Organismos Autónomos Militares tienen otras fuentes de ingresos y gastos fuera de los presupuestos generales del Estado que, precisamente por no formar parte de los presupuestos públicos, están exentos de control y transparencia y que aumentan más aún (no sabemos cuánto sino por las memorias anuales que con bastante retraso van ofreciendo estos organismos) el gasto militar.

Seguiremos informando.

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El escándalo y la insolidaridad inmobiliaria del Ministerio de Defensa (y del Estado)

Imagen de Montecruz foto

En junio de 2013 se informaba que el Estado, en el entorno de su Plan de Reforma de las Administraciones, ponía a la venta 15.000 inmuebles públicos para intentar enjugar el déficit y la deuda de las Administraciones.

Un año más tarde se informa por vozpopuli que en 2013 sólo se han recaudado 123’6 millones frente a los 500 previstos.

El Ejecutivo ha vendido 2.922 edificios, fincas y viviendas. Ha ingresado, como media, 42.299 euros por inmueble hasta sumar 123,6 millones de euros, muy lejos de los 500 que esperaba apuntarse este año y de los 2.800 que marcaban el objetivo final. 

Para colmo, y como nos tienen acostumbrados Rajoy y Montoro:

El ministerio de Hacienda, responsable del programa de enajenación de inmuebles, ha mantenido una opacidad absoluta hasta el punto de proporcionar cifras contradictorias sobre sus resultados. Pero la obligación de rendir cuentas ante Bruselas ha forzado al Gobierno a admitir en la actualización de su Plan Nacional de Reformas que los ingresos de ventas totales ni siquiera han alcanzado lo que los Presupuestos preveían por la venta de terrenos y solares. En las cuentas públicas de 2013 se preveía ingresar 134 millones de euros por la venta de terrenos o solares del Estado. La lista de inmuebles vendidos incluye viviendas, oficinas, locales comerciales, garajes, trasteros y edificios singulares y la recaudación queda 9 millones por debajo de lo que se esperaba sólo en fincas.  

Y todo ello a pesar de que el Gobierno está concediendo mejores condiciones a los posibles interesados:

Los menores ingresos se producen pese a que el Estado está dando mayores facilidades a los compradores, según reconocen fuentes internas de Hacienda. El Gobierno ha rebajado las fianzas que pide a los compradores: comenzó exigiendo depósitos del 15% del valor del inmueble para quienes acudían a las subastas frente al 5% que demanda en la actualidad, aseguran esas mismas fuentes que apuntan que algunas siguen quedando desiertas.

Defensa como inmobiliaria:

Sigue informando vozpopuli, ahora sobre el Ministerio de Defensa:

Defensa lleva sobre sus espaldas buena parte de la responsabilidad de la estrategia con la que el Gobierno pretende ingresar cerca de 3.000 millones de euros hasta 2015. Uno de cada tres inmuebles de titularidad pública de los más de 15.000 que se han puesto a la venta depende de este Ministerio y la mayoría son viviendas destinadas a militares.

Pero, en esto tampoco responde el Ministerio de Defensa porque:

El Ministerio de Defensa se ha topado de frente, en su nueva faceta como agente inmobiliario con los problemas que viene arrastrando el sector desde los comienzos de la crisis. Durante el primer año de puesta en marcha de los planes del Gobierno para enajenar patrimonio público, el departamento que dirige Pedro Morenés ha conseguido colocar en el mercado un total de 136 viviendas, lo que apenas supone un 2% del total de pisos que debería vender hasta finales de 2015.

A mucha gente le extrañará que el Ministerio de Defensa tenga un papel inmobiliario, por eso les recomendamos que lean sobre el INVIED.  A nosotros lo que nos alucina es que el Ministerio de Defensa tenga 6.800 viviendas que entren en este plan del gobierno.  Es decir, 6.800 viviendas, mientras

Durante el pasado año, 38.961 familias perdieron su vivienda habitual por no pagar la hipoteca

Muchos problemas podría solucionar el Estado (y en concreto el Ministerio de Defensa) si no tuviesen esa actitud meramente buitre y fuesen solidarios.

Pero es que además el número de viviendas no utilizadas del Ministerio de Defensa se calcula en 1.514, las cuales tampoco consigue vender pero sigue manteniendo en su poder sin darles ningún fin social:

Tampoco ha sido por el momento provechoso para el Ministerio el apartado de las viviendas desocupadas, para cuya adjudicación hay previsto un concurso público para el personal de Defensa, tanto militar como civil. Bajo esta modalidad se vendieron en 2013 un total de 106 viviendas, algo más de un 7% del total de las de este tipo.

Y todo ello teniendo en cuenta las ventajas que ofrece Defensa a los comparadores:

En ambos casos, las operaciones de compra presentan ventajas considerables, toda vez que el precio establecido supone un 50% de la tasación de la vivienda que realizan dos entidades independientes.

A pesar de todo lo que se esperaba de Defensa, la realidad ha resultado mucho más penosa:

Defensa ingresó en 2013 un total de 33 millones de euros por enajenación de patrimonio. A los 14,6 millones que pertenecen a las viviendas hay que sumar los 18,4 millones de euros obtenidos por la venta de otros activos, entre los que se encuentran el Centro Cultural de los Ejércitos, en Cádiz, un inmueble en Bilbao y un porcentaje de la escuela de tiro situada en San Fernando.

Como siempre, una nueva prueba más de la insolidaridad de Defensa en el tema de la Vivienda.

Si optásemos por cambiar de concepto de defensa y nos volcásemos en la Seguridad Humana, los millones que malgasta Defensa serían utilizados en defender lo que realmente nos interesa:  la vivienda, la sanidad, la educación, el medio ambiente.  El mundo sería distinto con cambiar de modelo de defensa, sería mejor.

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Las curiosas prerrogativas del INVIED

Sherman+Ave.+Seasons+Mural

Left Hand Rotation Acciones Urbanas

Es curiosa la vida y particularidades del INVIED, un organismo creado para promover el enriquecimiento de los ejércitos con la venta de terrenos y las inversiones en infraestructuras y armas.

El INVIED es el heredero de un largo proceso normativo y político perfectamente planificado por los políticos militaristas del PP y del PSOE para la negociación inmobilliaria autónoma de los ejércitos y, de paso, para la obtención de recursos con los que comprar armas por la puerta de atrás.

Veamos algunos pasos de este singular proceso, caracterizado, como tantas otras cosas de lo militar, por el ocultismo, la opacidad y la falta de un verdadero control político, parlamentario y ciudadano.

1.- EL PSOE crea un «organismo autónomo» para la especulación inmobiliaria militar:  la gerencia de infraestructuras

El primer paso fue dado por el Gobierno de Felipe González mediante Ley 28/1984 de 31 de julio, por la que se creó la «Gerencia de Infraestructuras» del Ministerio de Defensa.

El organismo así creado tenía una pretensión que aparece en el preámbulo de la norma; atender a

la necesidad de contar con medios propios, que permitan una actuación mas flexible de la Defensa en materia urbanística e inmobiliaria, así como la especial de repercusión que supone el nuevo despliegue de los Ejércitos en el conjunto de la reestructuración territorial proyectada, con supresión de algunas unidades y creación de otras nuevas, junto con la cada vez mas urgente necesidad de trasladar determinadas instalaciones militares fuera de los núcleos urbanos, hace necesaria la existencia de un organismo autónomo, con facultades para la adquisición y enajenación de bienes inmuebles y para la colaboración con los Organismos autonómicos y locales en la planificación urbanística.

Para este fin, la norma crea esta «gerencia» como un organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Defensa,

Se crea la gerencia de la Infraestructura de la Defensa como Organismo autónomo de carácter administrativo dependiente del Ministerio de Defensa (art. 1)

el organismo tendría una duración máxima, según la referida ley, de 10 años.

Es importante alertar de nuevo sobre esta característica singular: organismo autónomo. Es decir, con funcionamiento autónomo (y por ello no sometido a los controles rígidos de los departamentos ministeriales) y personal propio, que funciona como una entidad diferenciada, para negociar en el mundo de los negocios. Ello obedece a la intención de que los negocios inmobiliarios de los militares no se vieran entorpecidos por el control rígido de la administración, una tónica que, como veremos, se ha reforzado constantemente en lo militar y, en general, en todas las actividades especulativas de las distintas administraciones en su ideológica transformación hacia «el mercado».

El caramelo envenenado: Se prohíbe donar o ceder bienes militares.

La norma que crea este organismo autónomo, además, prohíbe por primera vez de forma normativa, que los terrenos pertenecientes a Defensa se puedan donar o ceder a entidades sin ánimo de lucro o a ayuntamientos o entidades privadas o públicas (salvo las limitaciones legales de cesión forzosa impuestos por la normativa urbanística, consistentes en que un porcentaje de toda promoción que afecte a un plan urbanístico debe cederse legalmente para usos comunes y dotaciones públicas).

Con esta prohibición, únicamente se puede proceder o a la venta o a la permuta de los bienes militares, nunca a su cesión o donación. Una elegante manera de asegurarse ingresos a espuertas y de zanjar todo tipo de reivindicación de reversión de bienes militares a usos sociales.

Es curioso que una norma destinada a crear un organismo autónomo para la compra y venta de terrenos, precisamente del segundo terrateniente de España (el primero es Renfe), contenga una especie de «caramelo envenenado» que, si bien venía siendo práctica habitual desde el franquismo, no tenía rango de ley hasta que Felipe González ordena su inclusión en la ley que estamos explicando.

La prohibición de que los terrenos militares puedan ser cedidos o donados viene incluida en un punto de la ley 28/1984, en el que supuestamente se nos están indicando las «funciones» de la Gerencia de Infraestructuras (y en el que, como quien no quiere la cosa, se nos introduce la prohibición para que nadie se de cuenta de ello). Una manera algo peculiar de tirar la piedra y esconder la mano.

El texto dice

Serán funciones de la gerencia de infraestructura de la defensa:

1.Desarrollar las directrices de defensa en materia de patrimonio y condiciones urbanísticas del mismo para contribuir a la elaboración y realización de los planes de infraestructura de las Fuerzas Armadas, …

2.- Proponer modificaciones a los planes generales, …

3. Colaborar con los Ayuntamientos en los planes de ordenación urbana, …

4. Adquirir bienes inmuebles con destino al dominio público del estado, para su afectación a los fines de defensa, conforme a los planes de infraestructura de las Fuerzas Armadas, así como enajenar mediante venta o permuta los inmuebles de dominio publico estatal que dejen de ser necesarios para la defensa, según los correspondientes planes, con el fin de obtener recursos para las instalaciones militares que satisfagan en cada momento las necesidades en esta materia, a estos fines, la enajenación de bienes demaniales por parte de la gerencia de la infraestructura de la defensa requerirá, por parte del Ministerio de Defensa, la previa y expresa desafectación de los bienes del fin público al que estaban destinados y la declaración de su alienabilidad, el Ministerio de Defensa pondrá entonces los bienes a disposición de la gerencia de la infraestructura de la defensa para que se proceda a su enajenación, a titulo oneroso, sin que en ningún supuesto puedan cederse los bienes gratuitamente a ninguna persona física o jurídica, publica o privada, salvo en las cesiones a que obligue la legislación urbanística.

Como se ve, el mecanismo es sencillo. Defensa puede desafectar los bienes de «su» propiedad. Una vez «desafectados», se ponen a disposición de la Gerencia de Infraestructuras, que los debe «enajenar» a título oneroso, sin que quepa cederlos de forma gratuita.

Vayamos atando cabos: Defensa, el segundo terrateniente de España, puede especular con sus terrenos, saltándose a la torera los controles precisos en cualquier enajenación civil de patrimonio público, ya que cede los bienes a «su» organismo autónomo, que los debe vender o permutar por otros, sin posibilidad de cesiones o reversión alguna (permitida en el resto de bienes públicos), para inyectar el dinero obtenido con este negocio a las infraestructuras militares, y sin pasar por los presupuestos generales del estado. Y esto ocurre desde que Felipe González se inventó la norma.

Si nos preguntamos por el título que hizo «propietario» a Defensa de determinados bienes malhabidos, cedidos por ayuntamientos en los años del franquismo, expropiados para supuestos fines militares o, sencillamente, obtenidos desde tiempo inmemorial sin otro título que la ocupación, podríamos tener la aspiración de que, cuando dichos bienes dejaran de tener un uso militar, reviertan a sus anteriores propietarios, como ocurre en otros procesos de expropiaciones «civiles». O podríamos aspirar a que los bienes de la defensa ya inservibles fueran «cedidos» a otros usos sociales o, incluso, que el dinero obtenido por su enajenación ingresara en las arcas comunes para atender a las necesidades sociales. Pero en materia de defensa todo esto está prohibido gracias a un artículo introducido sibilinamente en una ley por la que crea un organismo gestor, por el gobierno de Felipe González, adalid de la democracia.

Otra curiosidad de la norma:  las ventas pueden hacerse en pública subasta o a dedo. Lo autoriza el artículo 3. Y como veremos más adelante, amén de posibilitar el enchufismo endémico del sistema y el enriquecimiento de empresas de amiguetes, produjo también un escollo al sistema de barra libre ideado por el Ministro Narcís Serra, por lo que otro ministro socialista (en este caso el puertagiratoria García Vargas) hubo de idear una fórmula para salvar todo tipo de obstáculo.

Las ventas se llevaran a cabo normalmente por el procedimiento de publica subasta. No obstante, se faculta a la gerencia para enajenar directamente bienes inmuebles, tanto a particulares como a comunidades autónomas y a corporaciones locales, en el supuesto de concurrencia de los intereses urbanísticos de estas con los de defensa, debiendo se aprobada por el Consejo de Ministros, previa comunicación al Ministerio de Economía y Hacienda, la venta o permuta.

2.- Un segundo paso:  el descontrol de defensa

Salvado el primer escollo, es decir, dotar a defensa de capacidad para la especulación inmobiliaria mediante la creación de un organismo sin excesivo control y creado para ello, quedaba el escollo de las desafecciones y de las ventas en pública subasta. Nos explicaremos:

Según la ley española, las operaciones de venta de bienes públicos mediante el método de «subasta» y hasta la cantidad de 3.000 millones de las antiguas pesetas, debía proceder y ser controlada por el Ministerio de Hacienda, fuere cual fuere el ministerio que pretendiese la subasta. A partir de los 3.000 millones, la decisión debía partir del Consejo de Ministros. Esta norma pretendía evitar chanchullos, loable propósito que solía saltarse porque con González de presidente para quien era igual que el gato fuera negro o blanco con tal de que cazara ratones, «quien hace la ley, hace la trampa».

Gran parte de las operaciones inmobiliarias y de los pelotazos buscados por el Ministerio de Defensa de la época,se encontraron con este doble límite que les ponía en la tesitura de dar explicaciones.

Pero esto se acabó en 1994, al desaparecer el filtro entorpecedor, también por medio de otra norma publicada bajo el mandato político de Felipe González, y siendo ministro de Defensa Julián García Vargas, actualmente jefe de la patronal del sector de la defensa.

Desde 1994 el Ministerio de Defensa consigue un cambio normativo y obtiene el privilegio de poder subastar directamente bienes patrimoniales de hasta 3.000 millones de euros, al igual que Hacienda, sin dar tres cuartos al pregonero y se relajan los controles para cantidades superiores, pues el Consejo de Ministros se limitará a ratificar las propuestas de defensa.

Imagen de infodefensa.com

3.- Un giro de tuerca:  la autorización para que el nuevo organismo autónomo compre armas

Las cosas iban razonablemente bien para el proceso de «modernización»  permanente del Ministerio de Defensa, pero podían ir mucho mejor, de modo que el gobierno sucesor, ahora del PP, pegó otro gran salto para hacer de la ocurrencia de un organismo autónomo, un instrumento más allá de la mera especulación urbanística e inmobiliaria.

En el año 1998, ahora con el Ministro Serra Rexac (otro de los prohombres del girapuertismo militar-industrial)  y bajo gobierno del PP, continuó la política de empoderamiento de la autonomía especulativa militar, al reformar el viejo organismo, que ahora pasó a llamarse «Gerencia de Infraestructuras y equipamiento» de la Defensa, y autorizó que, amén de la compraventa de terrenos y la especulación inmobiliaria, también pudiera adquirir armas y material para el uso militar.

La autorización para la adquisición de material militar y armas se hizo por Ley 50/1998 (por cierto, una ley de presupuestos generales del estado para el año siguiente), cuyo artículo número 71.2 dice

Son funciones de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa las siguientes:

a. La administración y disposición de su patrimonio propio.

b. La adquisición de infraestructura, armamento y material para su uso por las Fuerzas Armadas.

c. La enajenación de los bienes muebles e inmuebles que sean puestos a su disposición por el Ministerio de Defensa para su administración y disposición a título oneroso.

d…

Es un paso esencial, porque a partir de este momento, el ejército ha contado con un organismo autónomo con capacidad para la adquisición de armamento, ya sea por medio de los recursos por dicha gerencia adquiridos por la enajenación de inmuebles, ya por la aportación del singular mecanismo de créditos extraordinarios y extrapresupuestarios con los que Defensa ha venido incrementando el gasto militar fuera de los presupuestos de defensa.

Este carácter de instrumento de ocultación del gasto militar viene destacado en un estudio sobre el uso del espacio militar en Madrid publicado por Dolores Brandis y otros, en el que se nos señala que

De esta forma la Gerencia se convierte en el instrumento ordinario para desarrollar las directrices en materia de patrimonio y, al mismo tiempo, de financiación extrapresupuestaria, pues puede remitir fondos al Estado para atender las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la generación de crédito …

4.- La creación del INVIED

El INVIED nace reconvirtiendo el anterior organismo autónomo, junto con otro organismo autónomo militar, el Instituto para la Vivienda de las fuerzas armadas (encargado de dar vivienda en suculentas condiciones a los militares y sus familias) a la nueva denominación de Instituto  de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (INVIED), por ley 26/2009 de 23 de diciembre, al aparecer en la disposición adicional 51 de dicho texto (por cierto, un texto dedicado a los presupuestos Generales del Estado para 2010) bajo el mandato en defensa de Doña Carmen Chacón.

Vemos la continuidad de las políticas y de la práctica de meter las disposiciones de este organismo singular en los rincones de leyes destinadas a otras cosas, como si se quisiera ocultar algo.

El nuevo engendro asume las competencias de los dos anteriores (es decir, las que ya tenía de especulación inmobiliaria y adquisición de armas y equipamientos, más las de proveer de vivienda en buenas condiciones y de subvenciones para la vivienda a los militares) así como otras nuevas que le han ido «añadiendo».

Según detalla la Memoria del INVIED de 2012, última publicada,

La misión del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa consiste básicamente en la obtención de ingresos procedentes de la gestión y enajenación del patrimonio inmobiliario propio y del puesto a su disposición, de la enajenación de bienes muebles y de la explotación de los bienes afectados, para dedicarlos a la adquisición de infraestructura y equipamiento para su uso por las Fuerzas Armadas, contribuir a su profesionalización y modernización, favorecer la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como atender a los programas específicos de investigación, desarrollo e in novación en el ámbito de la defensa

Es decir, a las funciones anteriores y las de apoyar a la vivienda militar (en la retórica «favorecer la movilidad de los miembros de las fuerzas armadas») se han incorporado las de atender a los programas de i+d+i militar, un pellizco que ha ido creciendo en el presupuesto de defensa en detrimento del i+d civil.

Pero veamos la norma en concreto. Dice así:

Uno. Se aprueba la refundición de los Organismos Autónomos Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa que se hará efectiva, a iniciativa del Ministerio de Defensa, en el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley.

Dos. El Organismo Autónomo resultante de la fusión pasará a denominarse Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, tendrá personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad de obrar, dentro de su esfera de competencia, para el ejercicio de las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de los fines que la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus normas de desarrollo, el artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, el Real Decreto 1687/2000, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y demás normativas de desarrollo, atribuyen en la actualidad al Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas y a la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, y asumirá las funciones, los derechos y las obligaciones que en la actualidad desarrollan los citados Organismos Autónomos y las demás que se establecen en esta disposición adicional.

Tres. En el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley el organismo asumirá la gestión, explotación, utilización e, incluso, la enajenación, tanto en el ámbito interno como en el extranjero de los bienes muebles pertenecientes al patrimonio de defensa que se pongan a su disposición para el cumplimiento de sus fines.

La enajenación de los citados bienes será acordada por resolución de su Director General Gerente con los requisitos y procedimientos que establezca la legislación especial del Organismo y supletoriamente por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y sus normas de desarrollo.

Cuatro. El Ministerio de Defensa podrá encomendar al Organismo la utilización y explotación económica y comercial de los bienes afectados al dominio público cuyas características, situación y régimen de utilización hagan posible este tipo de utilización adicional.

Cinco. Los ingresos procedentes de la actividad de este organismo podrán ser aplicados por el mismo a los fines de profesionalización y modernización de la Defensa y del personal al servicio de la misma y a programas específicos de investigación, desarrollo e innovación en este mismo ámbito.

Seis. Durante el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, y sin perjuicio de lo expuesto en el apartado uno de este artículo, el Organismo Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, podrá enajenar las viviendas militares y los demás bienes inmuebles que estuvieren inscritos en los diferentes registros de la propiedad a favor del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas o de los extintos patronatos de casas militares del Ejército de Tierra, de casas de la Armada y de casas del Ejército del Aire, y de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sin necesidad de actualizar las titularidades registrales de dichos bienes o de los que se pusieren a su disposición, así como, en su caso, de los bienes muebles de los que sea titular.

4.- La vuelta de tuerca de 2012:  la aceleración de  las enajenaciones militares

Los tres años posteriores se calculaban para las grandes operaciones especulativas: Operación Campamento, terrenos militares de Cuatro Vientos-Alcorcón para los casinos de Adelson, especulación en Sevilla, San Fernando y otros lugares. Las grandes operaciones se vienen abajo.

Como se recordará, la barra libre de venta de terrenos militares tenía un cierto plazo de caducidad, tres años según la ley, pero la dinámica avarienta del propio INVIED y la política de defensa pactada entre PP y PSOE de nutrirse de ingresos de todo tipo y fuera del presupuesto del estado para el ejército, hacían obligatorio que el INVIED siguiera con la fiesta.

Será ahora bajo el gobierno del PP, y el ministro girapuertas Pedro Morenés, que encuentran una «nueva» manera de habilitar la constante y voraz política especulativa del INVIED.

Ahora se publicitará, a bombo y platillo, la elaboración de una «Propuesta de «Racionalización y utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa» (PREPIDEF) destinado, de nuevo, a conseguir ingresos por la venta de patrimonio y a la adquisición de otro patrimonio con el que seguir la espiral.

El resultado de esta propuesta fue un documento llamado «PROPUESTA PREPIDEF» y que se concreta en una lista de 80 actuaciones encaminada para estos fines.

Según el documento, las 80 propuestas incluyen:

  •   Cierres parciales con reducción de la superficie en base a las necesidades funcionales
  •   Cierres totales de instalaciones con un coste no adecuado a su necesidad
  •   Convenios con otras AAPP para su utilización.
  •   Mantenimiento y adecuación de instalaciones para recepción de otras actividades

Sin embargo, la lectura del mismo permite observar que las propuestas incluyen, sobre todo, al enajenación masiva de suelo militar, verdadera clave de bóveda sobre la que descansa la filosofía de las nuevas actuaciones.

La primera fase de estas enajenaciones a mansalva se desarrollarán durante los años  2014 y 2017, como primera fase o PREPIDEF 1, comienza ahora un período de planeamiento de detalle particularizado, conforme a los procedimientos de planeamiento militar existentes.

Si atendemos a la nota de prensa del Ministerio de Defensa de 26 de junio de 2013,

En relación con el suelo, las 49 acciones de PREPIDEF-1 sobre 109 instalaciones implican la liberación de 3.837.264 metros cuadrados. De ellos 2.837.510 m2 corresponden a suelo rústico, y 937.754m2 a suelo urbano.

Si además observamos la página del INVIED, comprobaremos el enloquecido ritmo de subastas y enajenaciones que actualmente nutren de ingentes ingresos al INVIED para inyectarlos en la compra de armas y de equipamientos militares, verdadero y deliberado objeto de la política del PPSOE en esta materia.

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El sucio círculo vicioso del ladrillo y las armas

Fuente:  lainformacion.com

No salimos de nuestro asombro:

El Ayuntamiento de Toledo ha firmado un acuerdo con el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) que permitirá la construcción de 72 viviendas –36 para el Consistorio y otras tantas para el Ministerio de Defensa–, zonas verdes y de usos dotacionales en una zona alta del barrio de Santa Bárbara de Toledo que llevaba muchos años «degradada», gracias a un convenio firmado entre ambas partes el 15 de noviembre de 2013

Para aquellos que deseéis más información sobre el INVIED os recomendamos su página web.  También os recomendamos nuestro artículo «El INVIED y el gasto militar«.

Nadie nos había dicho que el INVIED podía dedicarse a la construcción de casas y que funcionase como una inmobiliaria más en el mercado.

Parece que la actuación que comentamos no tiene objetivos sociales (dar vivienda a un barrio, dado que existen en él casas deshabitadas), sino que tiene claros matices de especulación inmobiliaria para conseguir dinero para armamentos en los que el Ministerio de Defensa, a través del INVIED, busca beneficios económicos utilizando suelo de su pertenencia para reedificarlo y poder vender las nuevas viviendas,

En concreto, en esa zona, donde actualmente hay 24 viviendas –algunas de ellas desocupadas y otras con gente viviendo– se promoverá un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para desarrollar un total de 72 viviendas –de tres plantas– entre Ayuntamiento y Ministerio, que se levantarán en dos parcelas residenciales de 1.128 metros cuadrados. Además, el proyecto incluirá 157 metros cuadrados de zonas verdes y otra dotacional.

Los costes de urbanización correrán al 50 por ciento, encargándose Defensa de realojar a los ocupantes de las viviendas o indemnizarlos y el Ayuntamiento del derribo de las viviendas.

El ansia de dinero del Ministerio de Defensa nos parece que se confirma cuando seguimos leyendo que:

en la parte que corresponde al Ayuntamiento, las viviendas serán «de protección» mientras que en la parte del Ministerio de Defensa podría construirse vivienda libre.

Parece que con la connivencia del alcalde de Toledo (PSOE y para más inri uno de los «primariables» que suena en la sempiterna lucha de poder de ese partido) se va a cerrar el círculo vicioso que representarían el ladrillo y las armas.  Una aparentemente inofensiva actuación inmobiliaria acabaría dando réditos al Ministerio de Defensa y éste los usaría para enjuagar parte de su deuda militar debida a los Programas Especiales de Armanento (PEAS).

 

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El ejército subasta locales comerciales en Madrid

quién maneja mis hilos

Fuente INVIED

El ejército, en la línea que sigue últimamente de hacer caja como sea, va a subastar el próximo día 12 de septiembre varios locales comerciales de su propiedad en Madrid. Espera obtener más de cinco millones de euros por la operación.

Los locales se encuentran en algunas calles de marcha de la capital, como son las del distrito de Moncloa o las del de Retiro.

Es muy llamativa esta nueva subasta porque, a diferencia de otras anteriores, el ejército está vendiendo «locales comerciales» que posee en calles muy cotizadas de Madrid, y no antiguos cuarteles, etcétera, ya en desuso.

¿Cómo es posible que el ejército tenga este patrimonio de locales comerciales? ¿Desde cuándo los tiene?¿Cómo los adquirió?¿A qué se han dedicado los ejércitos desde el franquismo, si no antes, hasta ahora: a especular y acaparar inmuebles en las ciudades?

En nuestra opinión es un escándalo que el ejército venda patrimonio de estas características para especular, pero más aún es escandaloso indagar cómo se hizo con el mismo y, sobre todo, que en la actual situación de crisis social, incluso de crisis de vivienda para la población, el dinero que se obtenga de estas subastas se destine a los intereses del ejército y no a los intereses de la sociedad.

Con esta venta el ejército y nuestros descabellados políticos muestran una vez más su insensibilidad y su falta de solidaridad.

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