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En 2017 el gasto en misiones militares en el exterior superará los 1.000 millones de euros

Nero+con+stile...

Por Otto Nassar

Fuente: Infolibre

A finales de julio explicábamos la nefasta política militar española, intervencionista, militarista, agresiva, con 87 intervenciones militares en el exterior desde los años 80 a la fecha actual,

Una política además muy cara y ocultada por nuestros conspicuos capitostes de la cúpula militar-industrial y sus palmeros políticos que la consienten, cuando no la estimulan.

Como se sabe, la partida de gasto militar referida a las operaciones en el exterior es una de las 69 partidas ocultas de nuestro gasto militar, tal como explicamos en una infografía recientemente publicada. Concretamente forma parte de la partida allí denominada “deuda militar extraordinaria”.

Ahora nos ofrecen una cifra escalofriante, por encima de la previsión que hicimos en nuestras estimaciones del gasto militar para 2017.

En aquel estudio estimamos que el gasto oculto para estas operaciones militares en el exterior sería el mismo que en el 2016, unos 771,11 millones de euros, pero los datos que nos ofrece Defensa sitúa el gasto real para 2017 de operaciones militares en el exterior en 1.076 millones de euros, casi 75 veces los ridículos 14´3 millones de euros consignados para estas operaciones por los presupuestos del Estado de 2.017.

La cifra no debería sorprender a nadie a estas alturas. Por una parte, ya la insinuó el Secretario de Estado de Defensa en Abril  (por cierto, insinuó que a lo mejor podía llegar a los 1.200 millones por los despliegues de Estonia) en su comparecencia ante la Comisión de Defensa, sin que hiciera mella en el ánimo de los somnolientos diputados, siempre tan infatigables en dejar pasar las oportunidades de controlar al Ministerio. Por otra parte, el hecho de que se consignen en los presupuestos partidas de unos 14 millones y se gasten en torno a 700 u 800 o 1.100 al año para este tipo de invasiones exteriores viene siendo una práctica constante del Ministerio de Defensa.

Lo verdaderamente significativo no es, por tanto, que el Ministerio de Defensa mienta (lo hace siempre). Lo relevante es que se consolida, y aumenta gravemente incluso, la política de injerencia militar que aplica el Ministerio de Defensa por medio de estas operaciones en el exterior y que lo hace sin la más mínima crítica ni oposición a este papel creciente en el militarismo mundial.

Hay que criticar la cifra de gasto, pero más aún la razón de ser, el “para qué” se usa este dineral, tanto el uso supuesto (operaciones en el exterior) que encubren una política exterior militarizada y agresiva que cuenta con más medios que cualquier otra dimensión de la política exterior del Estado, como el uso real (que se aprovecha además para exhibir armamento español con vistas a la venta de armas en la que somos la sexta potencia exportadora mundial, así como para camuflar gasto de operatividad y de reparaciones de las fuerzas armadas que no aparece en el presupuesto del Ministerio de Defensa y para incentivar el sueldo de los soldados que participan en todo esto).

Podemos comparar la cifra con la que aporta España a la cooperación internacional o a la solidaridad con otros pueblos. el resultado es desalentador y escandaloso. Somos un peligro, concretamente el segundo contribuyente militar europeo en tropas en el exterior y el cuarto de la ONU, algo inaudito y vergonzoso.

Tal vez ahora la Ministra pretenda “aflorar” este espectacular aumento de la partida de operaciones militares en el exterior y consignarla en los presupuestos de 2018 para simular y vendernos que intentamos acercarnos al 2% del PIB en gasto militar (cuando la realidad es que este gasto ya se produce y superamos el 2% del PIB en gasto militar y que lo hacen de forma opaca, para que la gente no se entere de esta opción militarista).

En todo caso, sería deseable imponer por ley la obligación de transparentar todo el gasto militar y de someter al debate social y al control las razones de nuestro espectacular fomento del militarismo y su enorme gasto.

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Los números rojos de Navantia y el rescate de la industria militar hunden la SEPI y hundirán las regiones dependientes del monocultivo militar

Exponaval+2012

Por Jesús Fernández García

Fuente: EconomíaDigital

Del desastre sin paliativos ni excusas que es Navantia, la empresa mimada de la industria militar española, nos hemos ocupado por extenso a lo largo de años.

Desastre que tiene que ver con sus pérdidas de vértigo y su mala gestión, con su mala calidad, con su inmoral negocio en sí y con el trasiego de favores y puertas giratorias que soportan, contra viento y marea, la empresa pública con el dinero de todos y en beneficio de unos poquitos.

El Estado, amén de mandar de viaje a ministros, monarcas y otras autoridades menores y disponibles para que vendan los productos de Navantia, ha cooptado alcaldes y autoridades incompetentes (en la materia, se supone) para que, cerrando los ojos o tapándose la nariz, hablen parabienes de este negocio y ha comprado titulares periodísticos para que nos expliquen la gran mentira, un nuevo ejemplo de agnotología militar, de lo requetebueno que es vender armas de Navantia, aunque sea a Arabia Saudí, para nuestra seguridad y para bajar las cifras del paro.

Las terribles y engañosas cuentas de Navantia

Y de buenas a primeras nos enteramos por las cuentas anuales de 2016 presentadas por la SEPI que en 2016 Navantia acumuló (a pesar de las inmejorables ayudas públicas) unas pérdidas de 303 millones de euros, la mayor deuda de todas las empresas publicas españolas.

Navantia se convierte así en un agujero negro (y bastante opaco) que arrastra las cuentas públicas al desastre. ¿Hay que agradecérselo a alguien en concreto?

Según otro medio, las cuentas de Navantia implican que ésta está en una situación que obligaría a su disolución aunque han empleado un truco contable para evitarla.

Así informó a su vez a finales de junio Economía Digital.

Para más aclaraciones de la desastrosa situación de Navantia, la Oficina Nacional de Auditoría (órgano adscrito a la IGAE) dice  en su informe de auditoría de las cuentas de SEPI, páginas 4 y 5, que

En el informe de auditoría del Grupo Navantia, el auditor llama la atención sobre las notas 3 y 22 de la memoria, que describen la situación patrimonial del Grupo. El patrimonio neto a efectos mercantiles de la Sociedad Dominante del Grupo Navantia se sitúa en 23.393 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 y, por tanto, en situación patrimonial de disolución, en aplicación del artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, celebrado el 15 de marzo de 2017 aprobó la solicitud a SEPI, su accionista único, de un préstamo participativo por importe de 90.000 miles de euros. Con fecha 28 de marzo de 2017 ambas sociedades firmaron el contrato del referido préstamo, que ha sido desembolsado en la misma fecha. Considerando este préstamo participativo y teniendo en cuenta el patrimonio neto a efectos mercantiles, a 31 de diciembre de 2016, la Sociedad Dominante no se encuentra en causa de disolución, sí se encuentra en situación patrimonial de reducción de capital obligatoria, en aplicación del artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que durante el ejercicio 2017 la sociedad tendrá que tomar medidas tendentes a conseguir el equilibrio patrimonial.

Es decir, traducido al idioma autóctono de quienes ni sabemos de finanzas ni usamos corbatas y camisas de seda, Navantia debería disolverse, pero como el dinero es de todos y a sus administradores les cuesta muy poco, unos cuantos (casualmente los causantes y cómplices del desastre) han decidido auto-otorgarle a Navantia (osea a ellos mismos y a los intereses que representan) un préstamo para camuflar las cuentas y permitir un nuevo salto en el vacío, algo así como un rescate como los que salvaron el negocio de los accionistas de los bancos pero ahora aplicado a la industria militar (que también es casualidad que sea una de las que financia la banca armada).

Más deuda a nuestras costillas y más gasto militar

¿Significa eso que nos va a salir gratis la broma de este “reflote” (véase la metáfora marítima que elegimos para más rechifla) de la industria de muerte?

Pues no. Significa monda y lirondamente más gasto militar, porque ¿adivinan de dónde saldrá el pastuco del préstamo de camuflaje?

¿Han pensado que de los presupuestos? Pues acertaron. Lo dice así el diario La Información y nos pone sobre la pista para anotar en 2017 dinero camuflado de gasto militar en la SEPI y para vigilar el presupuesto de 2018, donde es previsible que vuelvan a repetir la jugada

En los Presupuestos Generales de 2017 se concede a la SEPI una aportación de 1.210 millones para avalar a sus diferentes empresas, una cifra idéntica a la de 2016. El Gobierno, además, prevé que la Sociedad estatal acabe el año en pérdidas, con un resultado negativo de 149 millones.

El desastre productivo de Navantia

Pero este aspecto económico no lo es todo en el caos de Navantia.

Su eficacia productiva es inigualable.

Navantia nos ha empobrecido vendiendo al Estado unos submarinos que no flotan y han debido ser revisados innumerables veces.

Revisiones que han implicado aumento de la factura de producción de los mismos y aumento de la factura de reparación de los actualmente en uso para alargar su vida útil hasta que los nuevos ingenios de Navantia tengan a bien emerger del fondo marino donde los sitúa la incompetencia del personal “altamente cualificado” del que alardea el escalafón militarista, desde la ministra hacia abajo.

En efecto, el inicial proyecto de submarinos de Navantia supondría un coste de 1.796 millones de euros, pero ya vamos, sumados los sobrecostes del propio submarino y los gastos que ha implicado para reparar los antiguos y mantenerlos en uso, 3.013 millones de euros, según informamos en febrero de 2017. Y según el Secretario de Estado en su intervención en el Congreso para informar sobre los Programas Especiales de Armamento del pasado 2016, estas cantidades sólo permitirán poner en el agua el primero de los cuatro submarinos previstos, sin que se sepa el coste de los otros tres restantes.

Pero los errores de diseño de Navantia no son exclusivos de su empeño en submarinos con sobrepeso y alcanzan a otros productos de la naval, como los barcos de la clase Camberra que quiere vender a Australia, o el BPE Juan Carlos I como ya explicamos en otra entrada de mayo de este año.

¿Qué suerte habrían corrido las comarcas de Cádiz, Ferrol y Cartagena si el dinero invertido en mantener Navantia se hubiera invertido en reconversión y desarrollo?

Las cifras no engañan. Navantia ha recibido varios miles de millones del erario público en concepto de ayudas, subvenciones y aportaciones para mantenerla en pié.

La sola suma de las pérdidas de Navantia en los últimos diez años (pérdidas que cubre el Estado al margen de las ayudas y encargos que realiza a esta empresa) es escalofriante, con una media anual de más de 250 millones de euros y sin un plan viable de salida.

La explicación que nos han dado es que con ello contribuían a la cuestión social de Murcia, Cartagena y Ferrol, ampliamente dependientes de la industria naval militar.

Muchos de los contratos de Navantia no han tenido una finalidad, dijo un anterior Secretario de Estado de Defensa, desde el punto de vista militar, pues lo “encargado” o no se necesitaba o se podía conseguir mejor fuera, sino industrial, para fortalecer el sector naval militar.

Si contabilizamos todas estas ayudas, subvenciones, dinero invertido en encargos, sobrecostes de sus productos y dotaciones de pérdidas ¿no podría haberse cortado la sangría antes e invertido todo este dineral tirado a la basura para desarrollar de forma alternativa estas regiones?

Lo militar ha supuesto para Cartagena, Murcia o Cádiz dependencia, no progreso ni desarrollo y mantener incólume esta dinámica no puede sino condenar a estas regiones a más dependencia y peor futuro.

¿Por qué nadie reclama ese cambio de rumbo?

Si de lo que se trata es de sostener la viabilidad de las regiones referidas, ¿por qué no se invierten los más de 300 millones de perdidas de Navantia no en mantenerla viva, sino en el desarrollo de estas regiones?

¿Por qué no se incentiva una reconversión radical de Navantia y sus tecnologías hacia fines socialmente útiles y sectores sostenibles?

La respuesta es más que sencilla. Porque lo que se busca no es el desarrollo de estas regiones, sino el negocio lucrativo de unos pocos.

Paro y Navantia

Las cuentas anuales de Navantia de 2016, bastante edulcoradas, por cierto, nos aportan un dato más:

  • La plantilla de Naviantia a 31-12-2016 era de 5.296 personas únicamente.
  • La cifra de negocio de Navantia en 2016 ha sido de 710´08 millones de euros.
  • El resultado de Navantia en 2016 ha sido de 229,74 millones de euros.
  • Las inversiones en inmovilizado durante 2016 han sido de 170 millones de euros.
  • El patrimonio de Navantia se ha contabilizado por valor de 341,29 millones de euros.
  • Ha obtenido donaciones y subvenciones (principalmente de la Comunidad de Murcia, el Ministerio de Industria y la UE) por importe de 3,9 millones de euros.
  • el pago total de personal ha sido de 311´36  millones de euros, lo que equivale a un sueldo medio de 58.791 euros, cifra que, a la vista de las tablas salariales de su propio convenio, no cobra ni siquiera el 10% de su plantilla y que sobre la cifra de negocio anual supone un 43% de aquella.

Estas cifras despejan, a su vez, la idea de que Navantia ofrece mucho trabajo, únicamente 5.296 personas en unas regiones que cuentan con una población parada de cerca de 200.000 personas en la región de Cádiz (un paro de más del 33% de su población activa), más de 130.000 personas en la región de Murcia (cerca del 20% de parados) y con un paro en la comarca de Ferrol de 6.100 personas, un 24% de su población activa.

Navantia no es, vistas las cifras, ni una solución parcial al paro desmesurado y producto de una ínfima inversión en desarrollo de estas regiones.

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Listado de las 69 partidas ocultas del Gasto Militar español

¿Es el momento de hacer algo?

 

 

 

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Indicadores de paz y coste de la violencia

Esta es nuestro primer intento de presentar materiales para reflexionar en forma de infografía.

El tema son los indicadores de paz que múltiples organizaciones utilizan para hacer clasificaciones anuales sobre cómo va la paz en cada país.  Para ello reúnen una serie de indicadores a los que les dan valores negativos o positivos, según vayan en contra de la paz o a su favor.  Con ello hacen clasificaciones por países.

A estos datos le hemos unido el cálculo que ofrecen sobre el coste que tiene la violencia en millones de dólares, y algunas reflexiones generales.

Esperamos que este primer esfuerzo infográfico sea del agrado de l@s lector@s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El ciclo de vida del armamento

Imagen de Agencia do Brasil Fotografias

Fuente:  Infodefensa.

Un arma (cazas, fragatas, tanques, helicópteros) se suele empezar a pagar 20 años antes de empezar a usarse.  Esos 20 años se utilizan en su diseño, en las pruebas y, finalmente, en su fabricación.  Tras todo ello el arma es lo más moderno en el mercado durante unos pocos años, hasta que la industria rival, que empezó a diseñar el contraarmamento hace 15 años llega a producir un modelo nuevo y más mortífero.

Entonces, irremediablemente, el armamento queda obsoleto y hay que iniciar un nuevo círculo armamentista.

Esta locura hace que los países productores de grandes armas tengan que recurrir a la exportación de su material bélico si quieren recuperar algo del dinero invertido por su nación.  Para ello, claro, será necesario crear conflictos, o fomentarlos, en países alejados, del Tercer Mundo y con cierta capacidad de comprar armamento por parte de sus élites.

Parece que ahora, como nos cuenta Antonio Fonfría en Infodefensa, se está replanteando esta situación en el que el ciclo de vida del armamento es cortísimo.

Lo primero que nos place es que el autor reconoce este hecho, la obsolescencia de las armas muy sofisticadas y caras es rapidísima.

Lo primero que nos apena es que el reconocimiento llegue tan tarde, después de décadas utilizando el anterior planteamiento y despilfarrando en armamento que rápidamente quedaba obsoleto.

Las razones que nos da Fonfría para este viraje en la política de la industria de Defensa son varias:

  • La falta de presupuesto.  Efectivamente, los Estados cada vez están más endeudados y tienen menor capacidad para asumir ingentes gastos militares, en buena parte debido a la deuda militar generada por la fabricación y/o compra de armamento.
  • Hasta ahora sólo se contemplaba el coste de adquisición del armamento, sin tener en cuenta los programas mantenimiento, de apoyo y de modernización necesarios y que consisten en actualizar todos los sistemas de propulsión, autodefensa, informática, comunicaciones, etc., que consiguen que el armamento pueda seguir siendo mortífero, que no útil.
  • Las empresas están presionando para reducir costes en apoyo y mantenimiento del armamento.

Para adaptarse a estos cambios que aumenten la vida del armamento, Fonfría propone cuatro grandes áreas de trabajo:

  • El cambio organizativo.  Aquí la enumeración de Fronfría parece que no tiene casi nada que ver con las empresas a las que propone que cambien su estructura piramidal por otra más horizontales, sino que la mayor parte de los cambios tienen que ver con la estructura del Ministerio de Defensa.  Propone que a lo anterior hay que añadir simplificar las estructuras de toma de decisión, reducir drásticamente las rigideces administrativas, minimizar duplicidades y aprovechar sinergias entre los tres ejércitos.  Acaba proponiendo que el Ministerio de Defensa se aproveche de instituciones de investigación externas que pueden dar un importante valor añadido (es curioso, parece que lo tiene claro, pero no especifica cuáles y cómo, con lo que la propuesta queda en agua de borrajas).

¿Algo nuevo?  Nada nuevo.  Muchas de estas propuestas llevan años, mejor dicho, décadas proponiéndose para luego no hacer nada.  Otra razón que nos lleva a desconfiar de la supuesta eficiencia de la industria militar y del Ministerio de Defensa.

Por otro lado, ¿la industria militar no ha demostrado en múltiples programas A400M, NH-90, Eurofighter, F-35, submarinos S-20, … que es muy ineficaz y por ello alarga los plazos de investigación, modelización, producción, etc., de manera que hace encarecer mucho todo el proceso y que como consecuencia reduce la vida del armamento en el mercado internacional?

  • La formación.  Se refiere a la formación universitaria que explica ha de ser multidisciplinar para poder abordar los retos complejos de la industria armamentístia.

¿Hay alguna razón más grosera, inhumana y malvada para proponer que la formación universitaria sea multidisciplinar que la de fabricar armas más mortíferas y que duren más?  El autor de esta propuesta está imbuido hasta el tuétano del paradigma de dominación-violencia y, por ello, ve natural poner la enseñanza universitaria al servicio de la fabricación de armas.  ¡Vergonzoso!

  • La ciberseguridad.  Propone fomentar la inversión en ciberseguridad para tranquilidad de las empresas de armamento y sus negocios.

Pero, … ¿esto qué tiene que ver con la prolongación del ciclo de vida del armamento?  Pues ya se ve, aprovechando que hablamos de cualquier cosa vamos a proponer, como hacen todos últimamente, el mantra de gastar más en ciberseguridad, el nuevo nicho de negocio.  Faltaría más.

  • Simulación y modelización.  Dice que es el corazón del cambio que nos espera.  Dota a la simulación y modelización de la capacidad de adelantarse a los acontecimientos.

Pero claro, no explica que este nuevo grial lo están buscando también el resto de las naciones y que también ellas tendrán mayor capacidad de simular y modelizar nuestro comportamiento en materia de armamento, con lo cual la ventaja industrial, productiva y guerrera quedará muy próxima a cero (tanto por debajo como por arriba).

Gran desilusión.  Otro análisis aparentemente sesudo y técnico por parte de un experto que una vez pensado con detenimiento queda en muy poca cosa, en humo que le hará ganar puntos en el entorno de la industria militar y del Ministerio de Defensa y poco más.

Eso sí.  Nos ha sorprendido que no reclame más fondos para realizar todo lo anterior.  ¡Menudo despiste!  Si es que no se pueden escribir los artículos con prisa y sólo por ganas de agradar y no de enfrentarse al verdadero problema que supone la industria militar y la producción de armamento:  es un gasto inhumano, 100 % despilfarrador y que siega vidas y cercena calidad de vida tanto a los países que las producen como a aquellos, sobre todo, que las sufren.

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Los engaños en la renovación de los cazas españoles

Imagen de Airman Magazine

Una de las muchas peculiaridades de nuestro modelo de defensa es su dependencia de sistemas de armas que aúnan tres de las peores características posibles, pues

1) tienen unos costes muy elevados tanto en su diseño y fabricación como en su vida útil,

2) su entrega siempre se hace demasiado tarde y en condiciones tecnológicas superadas, por lo que hay que estar constantemente introduciendo mejoras de nuevo a costes elevados, y,

3) en el mejor de los casos, se acaban volviendo obsoletas sin llegar a hacerse un uso significativo de ellas, con lo que hay que volver periódicamente a sustituirlas por otros sistemas de armas más modernos que, de nuevo, vuelen a caer en el mismo círculo vicioso.

Es el caso de los actuales aviones de combate Harrier de la Armada española y del Programa de Futuro Avión de Combate (FACA), actuales F18, ambos ejemplos esclarecedores de los que parece que no vamos a aprender.

Los aviones de despegue vertical HARRIER.

La compra de los Harrier se hizo conjuntamente entre los ejércitos de EE.UU., Italia y España, para abaratar costes.  En 1983 España adquirió a McDonnell Douglas estos aviones de despegue vertical para dotar al portaaviones español Príncipe de Asturias. Los 12 primeros aviones se entregaron en 1988.  Las siguientes 8 unidades en 1993 (se encargaron en 1990) y en el año 2000 empezó el programa de “actualización” y modernización de estos aviones de guerra.

Su vida útil se preveía que se agotara en 2024 y fueran dados de baja, pero el año 2015, un memorando de entendimiento con la empresa fabricante, prolongó la vida de estos aviones hasta 2034, introduciéndose más adelante en los presupuestos generales de 2016 una partida de 47´6 millones de € para modernizar los AV-8B, que tras la modernización pasarán a ser los AV8B Harrier Plus, dotados con un mando multimodo AN/APG-65.

En la actualidad contamos con 16 de estos aparatos, 12 en pleno servicio y 4 declarados de baja a la espera de una nueva actualización. Una de sus grandes proezas ha sido participar en la operación “Deny Flight” en Bosnia Herzegovina.

Actualmente operan en el LHD Juan Carlos I, un portaviones que deja de ser útil si no lleva aviones de despegue vertical y cuyo coste superó los 500 millones de €.  Así, de no contar con los Harrier o con otros aviones que los sustituyan, tendríamos un portaviones que descendería de categoría si no cuenta con aviones de despegue vertical (pasaría a ser portahelicópteros) y los únicos que para la Armada cumplen las condiciones necesarias son los F-35.

El Programa FACA, los famosos F18 del ejército español

El programa FACA dio a España, igualmente con prolongados plazos de entrega, los 96 aviones de combate F-18 que compró (24 de segunda mano) y que deberán ser sustituidos en 2025, al llegar a las 7.000 horas de vuelo.  Actualmente se mantienen en uso 86 de estos aparatos, que también han ido sufriendo mejoras en el largo período de su uso.

La apuesta por los F35

Con todo, el ejército y la armada apuestan por comprar 60 F35 Lightning II (Relámpago) de Lockheed Martin para sustituir a los F18 y los Harrier actuales.

Por otra parte, las noticias en prensa son contradictorias. Unas afirman que hay conversaciones con el fabricante Lockheed Martin para su adquisición a un precio asequible. Pero otras dicen que Defensa los descarta.  La alternativa serían los Eurofighter europeos, en cuya fabricación participa España.

Desde los defensores de la compra se piensa en un número de entre 45 y 50 aviones para el ejército del aire y 15 para la Armada, según informa El País.

El competidor, el Eurofighter europeo y español.

España se ha gastado ya 10.600 millones de euros en el avión de combate europeo, Eurofighter, que parece ahora que no va a comprar.

Por lo tanto, la opción por comprar el F-35 no dejaría retornos en la industria española y, nuevamente, la política industria española estaría en entredicho dado que hace años se optó por el Eurofighter y ahora se abandonaría este multimillonario proyecto por falta de previsión y planificación rigurosa.

Además, la opción Eurofighter también está muy cuestionada en los últimos tiempos.  Así, por ejemplo, Austria ha renunciado a su flota de Eurofighter.

Las más que fundadas dudas sobre el F-35:

Pero esta asombrosa adquisición tiene algunos datos añadidos que conviene no perder de vista;

  • El gasto que se prevé que realice España por los F35 superará los 6.000 millones de euros en un escenario optimista en el que los aviones bajen de precio. Y para la compra de entre 60 y 65 unidades.  La estimación nos parece dudosa porque Australia estimó en 2014 que iba a comprar 75 unidades por 11.600 millones de dólares.
  • El programa F-35 ha costado ya a USA, en 2013, 395.000 millones de dólares.
  • Hay noticias que hablan de un precio de hasta 120 millones de € por aparato. Aunque si somos serios y realistas, actualmente, el precio se encuentra en los 206’3 millones de dólares, con todo instalado.  Eso sí, están esperando que cuando el avión entre en plena fase de producción, en 2019, su precio baje a una horquilla entre los 80 y los 110 millones de €, aunque estas cifras parecen cada día más inverosímiles:  en la anterior remesa vendida, en 2012, el precio medio fue de 213 millones de €, con una bajada de sólo un 5 %.
  • El precio que se maneja por los comentaristas en Defensa, habitualmente no incluye el motor, lo cual, aunque sorprendente, es una práctica bastante habitual en este tipo de contratos. El motor se calcula que puede estar alrededor de 23’03 millones de dólares por unidad.
  • El precio que maneja la prensa tampoco incluye las mejoras y modernizaciones que explicábamos antes y que son imprescindibles para cualquier avión de guerra. Mejoras y modernizaciones se calculan ahora en torno a los 32’07 millones de €, por cada aparato.
  • Otro precio del que no se suele hablar mucho es de los cascos de los pilotos de F-35: 400.000 $ por unidad.  Son cascos que sustituyen a las pantallas de datos del avión por la visera del casco y permiten una visión de 360º, gracias a 6 cámaras infrarrojas situadas en el exterior del avión.  Esta moderna tecnología también está teniendo problemas.  Así, cuando hay turbulencias, las imágenes tienen retardo y provocan mareos.  Tampoco funciona la función de visión nocturna que provoca un resplandor verde que oscurece las imágenes.  También funciona mal la capacidad de compartir datos con otros F-35, que sólo funciona bien con hasta 3 F-35.  Con 4 se producen problemas de comunicación que crean imágenes inexactas para los pilotos.   Si tenemos en cuenta que se calcula comprar entre 45 y 50 F-35, el monto total de los cascos de los pilotos será de, al menos, 18-20 millones de dólares.
  • Los problemas en la fabricación han sido continuos: por un lado, ha habido problemas en los motores, por problemas en los materiales de titanio que han provocado el incendio de algún motor.  También ha habido problemas por la fragilidad del casco del avión, por la maniobrabilidad en simulación de combate directo contra un F-16, por la vulnerabilidad a los ataques cibernéticos, también en 2013 tuvo fallos en la turbina del motor, …  A finales de 2013 se presentó una auditoría sobre el F-35  en la que se analizaba el grado de cumplimiento de la norma de calidad aeroespacial AS9100, “Sistemas de Gestión de Calidad Requisitos para Organismos de Aviación, Espacio y Defensa”.  El programa cuenta con 9 preseries en las que se van añadiendo nuevos adelantes.  Pero el informe es muy desalentador porque

el programa ha sido vuelto a revisar varias veces desde el 2001; la primera vez en 2004 por problemas de peso y rendimiento; en 2007 por aumento del coste y retrasos; en 2010 porque la JPO declaró que el programa excedía el aumento de los límites de los costes críticos establecidos por la ley Nunn-McCurdy; y que durante 2011 y 2012 la JPO realizó varias acciones para reestructurar profundamente el programa, con más financiación, ampliando los plazos de entrega y reduciendo los aviones a suministrar a corto plazo, retrasando la adquisición de 410 aviones hasta el 2017.

Además,

También indica que los datos de calidad muestran una ligera mejoría: en la primera preserie se necesitaron 972 acciones de calidad por avión; en la cuarta había disminuido a 859, representando una media de coste del 13,11%.

  • Con estos datos, no es extraño que las dudas hayan comenzado a aparecer. Canadá, en 2015 se retiró del programa.  Canadá es uno de los 9 socios del programa F-35 y su participación es del 2 %.

En la práctica, todos los países pertenecientes al consorcio que tiene previsto adquirir 2.400 aparatos –EE.UU., Australia, Canadá, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, Noruega, Países Bajos y Turquía- han expresado alguna vez sus dudas acerca de si acabarán cumpliendo sus respectivos compromisos de adquisición de la aeronave.

  • Como la descoordinación militar nunca para, la Marina estadounidense anunciaba en 2015 que no podrían cargar en el F-35, dado que no está adaptado, un nuevo tipo de bomba que quieren utilizar. Se trata de la bomba ‘Small Diameter Bomb II’ –SDB II, ‘Bomba de Pequeño Diámetro’- que es capaz de apuntar a objetivos móviles a distancias de hasta 70 km y podría estar listo en 2017. La SDB II se integra sin ningún problema en el F-35A de la Fuerza Aérea… pero no en el F-35B en su actual configuración.

 

Los ingenieros del F-35 se excusan aduciendo que no estaba previsto que la Marina usara también la bomba SDB II. Añaden que no supondrá mayor problema adaptar el compartimento del F-35B gracias al tiempo de siete años del que disponen. Además, prefieren esperar a que la SDB II esté totalmente desarrollada antes de efectuar cambios en la arquitectura del avión. Hasta entonces, tampoco podrán calcular el coste de la posible adaptación.

Es necesario llevar el debate a unos parámetros más racionales y menos militaristas.

Con los datos que aportamos antes, se puede ver que, para Defensa, el debate está posicionado en qué modelo comprar.  Ni se entra en discutir la alternativa:  ¿es necesario para la defensa de España comprar alguno de los modelos o cualquier otro?  No se debaten otros parámetros que son tan o más importantes.  Algunos serían los siguientes:

  • ¿Qué queremos defender y cómo? Estos serían los debates principales, los más importante, las clave.  Y en este debate intervendrían cuestiones tales como qué tipo de defensa necesita o quiere la sociedad española.  Sin embargo, en la política española no hay ni rastros de estos debates, que son los que cimentan toda la cadena de toma de decisiones.  ¿Quién se aprovecha de ello?  Los militares que, ante la falta de debate y decisión de la sociedad, siguen comprando armas sin ninguna cortapisa.
  • ¿Queremos una defensa ofensiva o defensiva? Porque los Eurofighter y los F-35 son armas eminentemente ofensivas, de ataque, de proyección como se dice ahora (invasión, como se decía antes).  ¿Podríamos estar más seguros, de una manera meramente defensiva comprando otros materiales o utilizando los miles de millones que vamos a gastar en cazas en el futuro para fomentar otro tipo de políticas más pacíficas y noviolentas que enfrenten de manera creativa y constructiva algunos de los problemas que tiene España como la emigración y la cooperación para el desarrollo de los países de nuestra ribera sur?
  • ¿Cuántos cazas necesita la Defensa Nacional? Actualmente tenemos 16 Harrier de despegue vertical y 96 F-18 (84 en uso).  El total son 112 cazas.  Ahora la horquilla se sitúa entre 60 y 65.  Es evidente que el número que teníamos antes era desorbitado, ahora se quieren comprar un 42 % menos.  Nos alegramos de la reducción del número de unidades, aunque suponemos que el coste será otro cantar.  ¿Son muchos, pocos, son suficientes, exagerados?  ¿Dónde está el debate y los razonamientos que ofrecen los militares?
  • Los vaivenes en la planificación de la política de defensa y en su política industrial. Hasta hace unos meses era incuestionable para los militares la necesidad de invertir en armamento propio (español o de la Unión Europea), se veía como más barato, generador de retornos a la industria española y de empleo.  Sin embargo, ahora para argumentar la compra de los F-35 se dice que es mejor, en materia de repuestos, no tener todos los huevos en la misma cesta.  De los retornos y del empleo patrio no se comenta nada.
  • Son las cuentas de la lechera. Anuncian un gasto de 6.000 millones de euros para adquirir entre 60 ó 65 F-35 con la promesa de que el precio unitario bajará. Por lo tanto esperan comprarlos a entre 92’3 y 100 millones de € el caza.  Sin embargo, el precio actual es de 206’3 millones de dólares.
  • El despilfarro. ¿Se consideran ya tirados a la basura los 10.600 millones de € gastados, o malgastados, en el desarrollo del Eurofighter?
  • Las consecuencias políticas. ¿Hay algún responsable político de este despilfarro y de los vaivenes en la toma de decisiones?  ¿Cómo rinden cuentas?  ¿Quién se las pide?
  • ¿Es el momento de tomar la decisión? Evidentemente no.  Parece que los criterios que se están usando, militarmente, son los que les conviene a la Armada.  Ellos necesitan aviones de despegue vertical, pero los necesitan para 2034.  Un futuro muy lejano.  Parece que han pensado ahorrar en este rubro uniendo su pedido al del Ejército del Aire.  Pero a ellos sí les corre más prisa, sus aviones tienen una vida útil hasta 2025, un plazo más breve.  El ahorro para la Armada lo acabaríamos pagando todos los españoles con un modelo de avión que está muy en entredicho técnicamente.
  • ¿Es una cuestión de prestigio militar? En las clasificaciones internacionales de potencia militar, uno de los criterios que más cuentan para que un país se ubique entre los primeros puestos es la posesión de un portaaviones.  ¿Necesita España un portaaviones como el Juan Carlos I?  ¿Qué queremos invadir?  ¿Es esta la política de Defensa que deseamos?  ¿Nos sobra el portaaviones Juan Carlos I y sus 16 Harrier de despegue vertical o sus 15 F-35?
  • ¿Qué tiene que ver todo este gasto con la deuda de 30.000 millones de los PEAS?   Se acumulará a ella y, por lo tanto, la hará mucho más difícil de pagar.  La burbuja militar se agrandará en un gran porcentaje y la sociedad española habrá de pagarla a través de impuestos y dejando de gastar dinero en gasto social.

Como ven, empezar a analizar una compra concreta de material militar (los F-35 yankis) nos ha llevado a cuestionar la supuesta excelencia tecnológica de la industria militar, la mala práctica en cuanto a planificación y gasto del Ministerio de Defensa, la falta de democracia en las tomas de decisiones en Defensa, la política militar de carácter ofensivo de España,  la sinrazón del gasto militar que impide gastos sociales, la deuda y el despilfarro militar, la impunidad de los que toman decisiones en materia de Defensa y la descoordinación de todo el modelo.

Nos parecen razones suficientes para proponer que antes de todos estos gastos haya en España un debate serio, profundo y plural (es decir, no solo entre los sectores vinculados a la industria militar o al ejército) sobre política de Defensa.

 

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¿Revisar el régimen profesonal de la tropa o cambiar de modelo?

Por Biheta

Nos provoca la pregunta que pone título a esta entrada el debate que tuvo lugar en la Comisión de Defensa del pasado 24 de noviembre de 2016, según aparece en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Defensa, Sesión número 2 y que dio lugar a la aprobación de una subcomisión que estudiará la situación de la Tropa y Marinería, con especial atención a los soldados que llegan a la edad de 45 años con compromisos de permanencia de larga duración y que, al llegar a dicha edad, a tenor del artículo 10 de la actual Ley de Tropa y Marinería, no se permiten nuevos reenganches y deben abandonar el ejército.

El contexto de dicha comisión venía alimentado por una sorda pero continua presión de algunas asociaciones de militares, principalmente AUME, para que el gobierno derogase este impedimento, permitiendo que los soldados y marineros mayores de 45 años pudieran seguir en el Ejército superada esa edad, así como por dos pasos mediáticos de cierto recorrido: la caminata a pie desde Badajoz hacia Madrid de dos exsoldados, Fernando Tello y David Rodríguez, concernidos por esta situación y la anunciada manifestación para dos días después de la celebración de la comisión en la capital de cientos de militares en reclamación de una solución a su “despido” inminente.

Con estas premisas, el grupo de Podemos presentó al Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) para instar al gobierno a abolir el referido artículo, proposición que fue enmendada por Ciudadanos y que posteriormente motivó la petición por el PSOE de que en vez de abordar este asunto en una proposición No de Ley, se creara una subcomisión específica para que, con participación de expertos varios, asociaciones, gobierno, etc., se pudiera emitir un dictamen al gobierno con las conclusiones y las medias que el parlamento considerara se deberían tomar.

La discusión de la PNL de Podemos y de la propuesta de crear la referida subcomisión se debatieron, como decimos, en la segunda sesión de la Comisión de Defensa, el día 24 de noviembre. La lectura de las intervenciones nos ha llamado la atención y, en nuestra opinión, intenta poner el carro antes que los bueyes, lo que, si es que no se pone remedio, vendrá a resolver el problema no resolviendo nada, o agravándolo.

¿Cómo definen en problema?

Es evidente que la definición que se haga de un problema, el cómo se enmarca, predetermina en cierto modo las respuestas que puedan darse al mismo. En este caso, como iremos viendo, la mirada al problema desde una determinada óptica (cuando hay al menos otra bien diferente, más compleja y más incómoda también) conlleva que la solución previsible no pueda ser sino dar un giro de tuerca más y en la mala dirección al problema real, agravándolo.

Para entender lo que, acuciados tal vez por la agenda mediática, preocupa a sus señorías, hemos leído las actas con el debate mantenido entre los diputados de la comisión de defensa referida:

Lo define bien la diputada Zaida Cantera de Castro, del PSOE, la promotora de la iniciativa de crear la subcomisión de estudio, cuando dice

Los militares profesionales de tropa y marinería temporales alcanzan los cuarenta y cinco años: en ese momento no se les renueva el compromiso de larga duración porque -todo hay que decirlo- así lo establece la ley.

Que este es el problema y no otro, es, al parecer, algo en lo que está de acuerdo todo el arco parlamentario, con un pequeño matiz, en este caso del diputado Tarno Blanco, del PP, que lo redefine como cuestión del envejecimiento de la tropa, lo cual afecta a la operatividad de la misma, porque, al parecer, una tropa vieja, a diferencia de otros sectores, es inservible (no así un gobierno empolvado y viejuno, donde, daría la impresión, la vetusta e inamovible experiencia es un grado). Lo dice así

Hay muchos problemas en la tropa, pero el principal -lo ha dicho la representante del Grupo Socialista- es su envejecimiento, la falta de operatividad de la fuerza, porque nos encontramos con tropa envejecida que no puede cumplir sus funciones. En todo eso es en lo que tenemos que trabajar en esa subcomisión.

Podríamos señalar, no sabemos si a modo de anécdota o para alegrar la mañana a los lectores, que a esta definición del problema, se aportó la meritoria contribución desde el grupo mixto de otro enfoque tangencial, el del diputado Salvador Arméndariz, quien malgastó la oportunidad de exhibir su innegable talento para explicar su punto de vista acerca de Rita Barberá, a la que rindió homenaje en una especie de salida del tiesto

… Quiero trasladar mis condolencias a su familia, a sus amigos, también a la familia del Partido Popular, y trasladar al señor presidente y a todos los compañeros de esta Comisión una cierta sensación de amargura en ese final, un sabor amargo porque diera la sensación de que en esta democracia no rige la presunción de inocencia. Hoy no podemos decir otra cosa, sino el hecho de que esta persona no podrá defender su honor frente a las acusaciones…

Ya lo ven, la Comisión de Defensa no siempre trabaja con igual intensidad.

A partir de esta definición del problema unánime (y quitando el punto de color del diputado Salvador Armendáriz), podemos encontrar matices, como, por ejemplo, los de Ciudadanos cuando dice que para solucionar “el problema” hace falta cambiar la ley de tropa y marinería. Lo dice así el Diputado Gutiérrez Vivas, quien en un exceso de énfasis llega a considerar a estos soldado con contrato de larga duración como funcionarios (que no lo son) despojados de sus derechos

… todos queremos -por lo menos Ciudadanos lo quiere- cambiar esta ley de los cuerpos de tropa y marinería, porque es injusto lo que se está haciendo con estos trabajadores, funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas,

O los de Podemos, que señalan que todo esto es un caso claro de lesión de derechos laborales que se soluciona restituyendo a los militares estos derechos, como fija en su intervención el diputado Alonso Cantoné cuando afirma que

nosotros desde hace tiempo siempre hemos considerado que el modelo diseñado era injusto, que en cierta forma afectaba a la dignidad de los profesionales porque estaba generando una precariedad laboral, igual que en otros sectores, que además no se compensaba con aquello que sí recoge la ley, que son los derechos, que es la capacidad de apoyar, formar, titular y empoderar a esos militares para que una vez hayan acabado su periodo puedan reintegrarse lógicamente en la sociedad con todas las capacitaciones para hacer cualquiera de las profesiones que hayan podido desarrollar durante su tarea militar, que no necesariamente tiene que ser militar.

O la lista desplegada de medidas que la diputada Cantera de Castro desplegó y a las que luego nos referiremos.

En suma, el problema se define como una situación de agravio de los soldados y marineros que por ley tienen que abandonar el ejército al cumplir los cuarenta y cinco años, perdiendo su carrera y poniendo a sus familias en grave situación. Y definido así el problema, únicamente cabe una solución: desenredar el entuerto y cambiar la ley, como pidió Podemos en su Proposición No de Ley, presentada por el portavoz de dicho grupo parlamentario en la comisión de defensa y por el portavoz del grupo parlamentario en aquel entonces.

Nos queda una duda: ¿es ese el problema? Lo abordaremos un poco más tarde, para centrarnos ahora en otros aspectos del debate igualmente enjundiosos.

El origen del problema

De algún modo, definido el problema de la manera explicada, el origen del mismo no puede sino encontrarse en la supresión del servicio militar y el establecimiento de un ejército profesional, como dice el diputado del PP Mateu Ísturiz,  en su intervención:

Hemos llegado a esta situación precisamente por una actuación del Gobierno del Partido Popular, la Ley 17/1999, que eliminó el servicio militar obligatorio.

Pero la supresión del servicio militar obligatorio generó una ansiedad en la sociedad española en el sentido de que querían unas tropas profesionales para estar a la altura de las circunstancias y una profesionalización en el cumplimiento de las tareas asignadas por la pertenencia a ciertos organismos internacionales y tener una proyección exterior en aquellas misiones en las que participábamos.

Mateu ofrece una explicación no sólo falsa en cuanto al origen del problema, sino también claramente manipuladora en la propia interpretación del fin de la mili como una especie de concesión natural y liberal del PP (y no como consecuencia de una lucha antimilitarista que erosionó suficientemente la legitimidad de esta larga e inmoral servidumbre, usada además como escuela de control y adoctrinamiento por el franquismo que al parecer no existió en el relato de la derecha) y de lo que querían los españoles (lejano por cierto tanto al intervencionismo internacional, como a la descarada alineación con las políticas agresivas de la OTAN, el aumento del gasto militar y los demás problemas que aquejan a la sociedad por culpa del militarismo impuesto).

Sin embargo, este origen del problema definido por el PP es compartido por los demás, que lo cifran de uno u otro modo en la aplicación de la actual Ley de Tropa y Marinería, con la que se quiso regular la condición de los militares con contratos de larga duración.

Podemos preguntarnos de nuevo si el origen del problema es, como se dice, la supresión de servicio militar y la profesionalización de las fuerzas armadas. Anticipamos que, en nuestra opinión, tampoco.

Las previsibles soluciones

A pesar de que las intervenciones de los diputados en la ya tantas veces referidas segunda sesión de la comisión de defensa señalaron que debería esperarse al trabajo de la subcomisión, con la aportación de informes de los diversos departamentos ministeriales y la comparecencia de expertos por definir para ayudar a los diputados a elaborar su propuesta al gobierno, lo cierto es que en la propia sesión ya se anticiparan las soluciones, todas ellas previsibles, al asunto tratado.

Comencemos por las que planteó Podemos con su PNL, rechazada en esta sesión de la Comisión de Defensa para dar lugar a la subcomisión que en teoría debe abordar de forma más global el problema.

Podemos, que como decimos asumió la propuesta de la AUME y su enfoque como un problema de derechos laborales de los militares, propone romper el nudo gordiano:  si el problema es el artículo que prohíbe permanecer en el ejército a estos soldados entrados en años, suprímase el artículo para que permanezcan en servicio. No sabemos si en calidad de soldados veteranos de tropa y marinería, o pasando a algún otro grado militar en el ya abigarrado escalafón (aprovechemos para apuntar una de las aristas del verdadero problema de gigantismo de nuestro desmesurado ejército), o, peor aún, ingresando como funcionarios en cualquier otra administración que se preste.

Podríamos apelar a la locura de convertir sin más a estos soldados en fijos del ejército, incrementando más aún el grave problema de sobredimensión de nuestro ejército y sobrecargando los ya inmorales presupuestos militares con salarios y emolumentos para cuando accedan a la reserva, o la más insensata solución de convertirlos en funcionarios o privilegiarlos con una vía de acceso directo en otras administraciones, solución no sólo peligrosa por lo que supone de militarización de la administración pública, sino también por contravenir el principio de igualdad de todos los españoles en el acceso a un trabajo y porque supone un verdadero agravio comparativo frente a los millones de parados sin privilegio alguno, y porque contraviene el principio constitucional de concurrencia y competitividad en el acceso a la función pública, aspectos que, en aras a atender a las reclamaciones de los militares, Podemos no ha valorado suficientemente.

La misma solución, pero diciendo que no es la de Podemos, es la que parece desprenderse de las palabras del diputado de Ciudadanos Gutiérrez Vivas, para quien, además, la ley no ha garantizado los esfuerzos de reintegrar a otros nichos laborales a estos militares, con lo que se supone que además querrá potenciar este aspecto a futuro, y añade, algo lacrimosamente,

La realidad es que esto no se ha hecho y estas personas se ven abocadas a perder su condición de militares en activo, su empleo, y pelear en un mundo laboral que para ellos es en muchas ocasiones desconocido, sin la adecuada competencia y en desigualdad de oportunidades con otras personas, y más en un momento de crisis en el que el propio mundo laboral está en plena reestructuración.

No nos imaginamos lo que pensará el tal Gutiérrez de los trabajadores en paro de larga duración, los jóvenes parados y sin fututo, los subempleados, empobrecidos y demás categorías que pelean en un mundo laboral desconocido y de feroz competencia, que en parte es cual es gracias a los partidos que aprueban y sostienen las políticas neoliberales diseñadas desde las instituciones más retrógradas de Europa en beneficio de la élite. Y, casi, no nos lo queremos llegar a imaginar.

Para el PP, en boca del diputado Tarno Blanco, la solución pasa por aggiornar la ley de tropa y marinería, como no puede ser menos, pero no por suprimir el compromiso temporal, del que dice que es necesario para evitar el envejecimiento de la tropa que es suficientemente conocido por los soldados que firman los contratos de larga duración desde el principio, sino por potenciar más las actividades de SAPROMIL para ofertar salidas profesionales, ampliar las plazas en policías locales y otro tipo de convenios con las otras administraciones para que los soldados puedan concurrir a ellas, e incrementar las ofertas de plazas de las academias de suboficiales para los soldados que quieran optar alas pruebas de acceso

Quien planteó un cuadro más estructurado de temas a abordar fue la diputada del PSOE Cantera de Castro, que señaló

  • Formación técnica de los militares profesionales, con titulación homologada para la vida civil.
  • Obtención de titulaciones oficiales del sistema educativo general, principalmente de FP grado medio y certificados de profesionalidad.
  • Revisar el sistema actual de temporalidad de los compromisos de corta y larga duración para:
    • Garantizar mayor estabilidad y seguridad.
    • Que las FAS puedan aprovechar mejor su capacitación y experiencia para determinadas especialidades.
  • Tener en cuenta el rejuvenecimiento de los efectivos para la escala, pero con un margen de discrecionalidad mayor que el actual sistema.
  • Fomentar vías para que los soldados que abandonen las Fuerzas Armadas puedan reincorporarse y cuando lo hagan estén altamente cualificados.
  • Fomentar las vías de incorporación al mercado laboral.
  • Planes de formación ocupacional con itinerarios individualizados, en colaboración con el Ministerio de Empleo.
  • Reserva de plazas en las convocatorias de empleo público del conjunto de las administraciones públicas
  • Mejorar el SAPROMIL tanto en número de ofertas como en perfiles
  • Habla del pago de 7.200 euros anuales a los soldados y marineros que superan los 45 años y solicitan pertenecer a la reserva de especial disponibilidad y pide analizar esto desde el punto de vista social y económico.

Definido el problema de los soldados de 45 años del modo en que lo hace la Comisión de Defensa, es lógico que las soluciones no puedan moverse mucho del marco de las propuestas señaladas, muy deprimente porque, de ponerse en práctica, no harán sino agigantar un problema ya de por sí desmesurado y que heredamos desde el franquismo, el enorme e innecesario ejército que mantenemos, tanto en efectivos como en mandos, un problema, éste sí, que requiere solución, pero una solución que levanta ampollas en una derecha militarista y con amplia complicidad con la oficialidad militar, la cual se vería muy afectada por una solución real del problema, y en una izquierda deslumbrada por la cada vez menos posible idea del ejército democrático y del pueblo y, por qué no decirlo, cada vez más separada de la visión pacifista y antimilitarista que promueve un cambio de paradigma e la idea de seguridad, para centrarse en la seguridad humana y en la apuesta por desinventar el modelo de defensa vigente para asumir, de forma gradual y en paralelo, la consolidación de una defensa social noviolenta (en la línea de la defensa de los derechos sociales que ya se efectúa en tantos campos por organizaciones diversas, de índole ecologista, feminista, de derechos sociales, solidaridad, etc.).

El trabajo de la subcomisión

La subcomisión se pretende nutrir de diversos instrumentos de trabajo:

  1. informes y comparecencias del gobierno y de diversos departamentos del Ministerio de Defensa.
  2. expertos que no se han definido
  3. la opinión de varias asociaciones de militares. Concretamente se citan AUME, Asociación de Tropa y Marinería Española y con la Asociación profesional de suboficiales.

Con este coro tan poco plural es altamente improbable que se aborden los problemas reales del gigantismo del ejército, de su evidente falta dé lógica, de la desmesurada proporción de un mando por cada 1´7 soldados, de la abundancia de oficiales en todo el escalafón, desde generales, donde contamos con muchos más de los que la ley permite, descendiendo por lo diversos grados; de la existencia de una reserva para los oficiales que permite que pasen a una situación de retiro previa a la jubilación en la que pueden compatibilizar el cobro de un salario militar por no hacer nada con un trabajo en lo privado y que nos cuesta más de 500 millones de euros del presupuesto, de la propia dimensión justa de las fuerzas armadas, del desmesurado, despilfarrador y poco transparente gasto militar español y, más allá de ello, de para qué queremos un ejército y cuáles son los objetivos que hay que defender, cuales los riesgos, amenazas o enemigos y el papel que quiere desarrollar en todo esto España.

Resolver el problema real implica reducir drásticamente el ejército, pues es innecesario y costoso y su mantenimiento impone restricciones en necesidades básicas de la sociedad, pero si la solución que se busca  va a pasar por consolidar el gigantismo del ejército, creando más fijos, la insostenibilidad del modelo será cada vez más importante.

Sin embargo, tal vez alguien levante en esta subcomisión el dedo para indicar, como el niño del cuento, que el rey está desnudo, que donde sitúan el problema sólo está un señuelo, y que el verdadero problema exige algo más que estudiar la situación de los soldados veteranos y de algo distinto a mantener la actual y desmesurada estructura y dimensión del ejército.

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El Pentágono pide entre 230.000 y 290.000 millones de $ para desarrollar las armas nucleares

Imagen de James Vaughan

Fuente:  Poderío Militar.

Se suele tener la sensación de que las armas nucleares están guardadas en sus profundos silos, quietas, a la espera.  Y esto nos puede llevar a concluir, peligrosamente, que ya no pasa nada en este submundo del militarismo mundial.

Grave error:

En los próximos 20 años, el Pentágono planea invertir en la modernización de sus fuerzas nucleares entre 230.000 y 290.000 millones de dólares, anunció el subsecretario adjunto de la Defensa estadounidense, Robert Soofer. En un reciente discurso ante la Comisión de los Asuntos de las Fuerzas Armadas del Senado de EE.UU., el alto cargo explicó la importancia de desarrollar la energía nuclear y la necesidad de asignar fondos para su modernización. Esos fondos, el país norteamericano planea destinarlos a las fuerzas nucleares entre los años 2018 y 2040.

Esta cantidad incluye el coste total de los sistemas estratégicos de suministro de armas nucleares, así como parcialmente el de los bombarderos B-21, que pueden usar tanto armas nucleares como convencionales

Cifras así de altas no nos suelen decir mucho. Por ello vamos a intentar compararlas con una cifra similar recogida en la prensa:  imagínense, representa casi dos veces el techo de gasto que Montoro ha fijado para 2018.  Es decir, todo lo que el Estado Español gastará en 2018 y 2019.  Una locura.

Las cifras que da el artículo son totalmente mareantes:

  •  EE.UU. gasta en el mantenimiento de la energía nuclear alrededor de 14.000 millones al año (suponemos que se refiere a la energía nuclear militar).
  • Sin embargo, en 2018 el Ministerio de Defensa tiene previsto aumentar esta cantidad a 19.000 millones de dólares
  • 5.000 millones de los cuales se destinarán exclusivamente a la modernización. El dinero se asignará para el desarrollo de submarinos estratégicos clase Columbia (5.000 millones de dólares anuales) y de bombarderos de nueva generación B-21 (2.700 millones de dólares anuales), así como para la fabricación y modernización de misiles balísticos y de crucero.

Y todo ello en manos de Trump!

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¿Es promoción del militarismo la rehabilitación de las fortificaciones de la guerra civil en la Comunidad de Madrid?

Imagen de PhotosNormandie

Fuente:  El Confidencial.

Los debates son interesantes porque mezclan historia, turismo, cultura de defensa versus cultura de paz, educación, negocio y ética.

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid ha identificado 462 bastiones de la Guerra Civil en 68 municipios madrileños.  Estas fortificaciones militares se encuentran actualmente protegidas desde 2013 como Bienes de Interés Cultural por la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

Cristina Cifuentes quiere iniciar un ambicioso plan para identificar, rehabilitar y promocionar turísticamente muchas de las fortificaciones de la Guerra Civil que aún se conservan

Y es que la guerra sirve para todo.  También para sacar dinero mediante el turismo.

El debate cultural:  cultura de defensa o cultura de paz.

Pero la noticia es preocupante desde el ámbito cultural porque nadie nos dice qué versión de la guerra venderán, ¿la de los republicanos, la de los franquistas?  Y la cuestión es importante dado que nadie duda de la honestidad e imparcialidad de Cifuentes y del PP.  ¿Se hablará de las tropelías de ambos bandos, o sólo de las de un bando, según sea el gobierno regional de turno?  ¿Serán los búnkeres de la Guerra Civil usados como propaganda del militarismo actual?

Porque, suponemos, en ningún caso promocionarán una visión pacifista, antimilitarista y antibélica; una visión que nos haga aprender de la maldad intrínseca de todas las guerras.  ¿Se divulgará el movimiento antiguerra durante la guerra civil?

El objetivo es la promoción, la difusión turística. La Dirección General de Patrimonio Cultural ya ha incluido en sus rutas patrimoniales los restos ya restaurados de la Guerra Civil que forman parte del Frente del Agua, en la sierra norte, un recorrido circular de nueve kilómetros, transitable a pie y en bicicleta, que recorre 27 fortificaciones. Una importante zona estratégica por la que lucharon republicanos y nacionales, entre Paredes de Buitrago y Prádena del Rincón, que incluye nidos de ametralladora, amplios refugios de tropas y puestos de mando, líneas de trincheras y fortines republicanos (ladrillo revocado y techado con hormigón) y bastiones del bando nacional (hormigonados al completo). Un ejemplo de lo que se quiere hacer en todo Madrid, una especie de ‘paquete turístico’ para disfrutar de una parte de nuestra historia.

Así, sin más, paquete turístico para disfrutar de una parte de nuestra historia.

¿Disfrutar?  ¿Sin ninguna crítica a las guerras, a su uso por lo militares que se alzaron, a los miles y miles de muertos que produjo, a la represión de 40 años de dictadura y militarismo a ultranza que siguieron?

Ni los hechos acaecidos fueron neutros, ni lo serán las formas que tengamos de enseñar a nuestros jóvenes y turistas lo que fue, es y serán las guerras.

El debate económico y su importancia para establecer el Gasto Militar.

Pero el cultural no es el único punto de preocupación.

Hasta la fecha, el Ejecutivo autonómico ha invertido 353.700 euros en varias actuaciones, como la rehabilitación del Frente del Agua, 27 fortines, búnkeres y nidos de ametralladora situados en Paredes de Buitrago, que cuenta ya con un centro de interpretación que visitan los escolares madrileños; y en el Blockhaus número 13, un gran refugio de hormigón que hoy sigue vigilando la carretera de Colmenar del Arroyo hacia Navalagamella, en el oeste de la región.

Y he aquí otro debate.  Si la inversión deviene en ensalzar el militarismo y la guerra, en no criticarlo, en, de otra manera más, presentarlo como inevitable, en presentarlo desde sólo sus aspectos técnicos (cómo se construía, cómo se conectaban los búnkeres, cuáles fueron las estrategias militares, etc.) y no desde aspectos más humanitarios, críticos, antimilitaristas y antibélicos, lo primero nos hace considerar que la inversión de 353.700 € por la Comunidad de Madrid es Gasto Militar encubierto esta vez en una Comunidad Autónoma, y lo segundo nos haría variar nuestra postura.

Pero ni Cifuentes ni el PP dejan duda, mucho nos tememos que es una nueva partida de Gasto Militar.

Y eso esperando que no esté la Comunidad de Madrid haciendo el caldo gordo al Ministerio de Defensa, acondicionando restos históricos militares que no sabemos si son de su propiedad.

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¿Es la industria de defensa un factor determinante para nuestro bienestar?

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Por Alfredo Guerrero

Fuente: Defensa.com

La Ministra de Defensa, Dolores de Cospedal ha lapidado con su habitual fraseología

La existencia de una base industrial y tecnológica asociada a la Defensa es un factor determinante, no sólo para la operatividad de las Fuerzas Armadas, sino para el bienestar de la sociedad en su conjunto

Qué bárbaro lo de la señora. Con que trapío de naderías sentencia. En este caso, en la clausura de la Asociación Española de Tecnologías de la Defensa (TEDAE), la patronal del sector armamentista, celebrada el pasado 27 de junio.

Nuestro bienestar pendiente de un hilo, como quien dice, atado al negocio de los tiburones de la industria militar, a quienes deberíamos estar mucho más agradecidos por llevarnos a los puestos de cabeza del ranquing de los exportadores de armas y darnos tanto beneficio social al precio tan bajo de nuestra abyección.

¿En que se basa la ministra para ese fraseo?

Pues aporta sus datos, que los tiene y sorprendentes.

Las empresas asociadas en TEDAE (la inmensa mayoría del sector en España, pero no todo) han sumado este año “de crisis” nada menos que 10.700 millones de euros de negocio, un 10´2% más que en 2016, que ya fue un año muy positivo: Esta cifra representa, según la memoria de autobombo de TEDAE el 1% del PIB español y el  6% del PIB industrial español. Además, la industria armamentista, dice la ministra, tiene un notable impacto en el empleo, de hasta 55.000 profesionales, entre empleos  directos e indirectos, con una inmensa mayoría de personal de alta cualificación.

Y con un recadito para esos agoreros que critican el gasto en defensa, a los que tan cordialmente se ha dirigido la doña, afirma:

Las cifras constatan una evidencia: el sector está fuertemente comprometido con el futuro de España y por tanto su desarrollo debe ser una apuesta estratégica

Nosotros somos de los agoreros. De esos que critican todo lo que se gasta en Defensa y, sobre todo, para lo poquito que vale y lo mucho que les aprovecha a unos cuantos en perjuicio del resto.

Y decimos que la cifra de negocio de TEDAE, no podemos sino reconocer las palabras de la ministra, es enorme. Nada menos que 10.700 millones de euros y creciendo. Eso sí, la mayoría (el 83% de la producción según TEDAE) para la exportación de armas, porque se venden estas armas a países poco recomendables (y de paso se fomenta con ello la carrera de armamentos, la guerra, el conflicto, el odio  que otros pueblos nos consideren parte del enemigo, etc.).

Un negocio que ofrece a los socios de TEDAE pingües beneficios, sobre todo si tenemos en cuenta que, además, reciben un desorbitado trato de favor (subvenciones a tipo de interés cero, subvenciones sin más, exenciones, apoyo institucional para su negocio, encargos innecesarios, etc.).

Pero un negocio que no ofrece retornos a la sociedad en la proporción que los ofrecen otros sectores, por varios motivos:

  1. Según la ministra el impacto del sector en el empleo es de 55.000 profesionales, entre empleos directos e indirectos (por cierto, muchos menos que los que en otras ocasiones ha ofrecido el gobierno como impacto laboral), una cifra que no es de las más amplias en nuestro tejido industrial, ni en otros sectores laborales. Por ejemplo, sólo el sector de energías renovables,  según informe elaborado en 2010,  estimaba para dicho sector un impacto de empleo directo de alta cualificación de 68.000 personas, e indirecto de cerca de otros 45.000 para el período 2015-2020, mucho más que la industria militar y mucho más ético. O por poner otro ejemplo, el sector de la tecnología sanitaria y del equipamiento hospitalario cuenta con una facturación de unos 7.400 millones de euros, pero emplea directamente a 32.000 personas altamente cualificadas e indirectamente entre 80.000 y 100.000, según el estudio de impacto realizado por la Federación de empresas de tecnología sanitaria.
  2. El impacto de este sector en el desarrollo científico, tecnológico o de aplicación social de los ingenios militares es más que limitado.
  3. El gasto en innovación del sector militar es el 7´5 % del gasto total de innovación de nuestro tejido industrial, según la propia TEDAE.
  4. No existe una redistribución de la riqueza generada por el sector, sino, al contrario, una acumulación apabullante en manos de los accionistas de este y de los bancos que financian sus inversiones, muy pocas manos pero tremendamente ricas y poderosas, hasta el punto de contar con amplias complicidades políticas y mediáticas.
  5. Cuenta con complicidades de la clase política extractiva y un amplio apoyo institucional, como se demuestra en el ejemplo de la propia ministra cerrando su junta de accionistas o del rey emérito y su hijo reinante apoyando las ventas de armas a Arabia Saudí, por ejemplo.
  6. Factura mucho cuando todas las demás empresas están en crisis, como demuestra la siguiente afirmación de su informe anual “La actividad directa generada por los sectores industriales integrados en TEDAE aportó a la economía española cada día del pasado ejercicio la cantidad de 29,4 millones de euros. Actividad que creció tres veces más rápido (10,2%) que el total nacional (3,2%)“.
  7. No es casualidad que las grandes zonas donde están erradicadas sus factorías de producción sean zonas deprimidas y dependientes del monocultivo militar, que necesita de esta dependencia para su propio desarrollo insolidario.
  8. En cierta medida, podemos considerar que un retorno de estas industrias que fomentan la venta de armas y la conflictividad mundial es la mayor inseguridad global y las amenazas terroristas que se ciernen sobre nosotros, pues es precisamente la alimentación de los conflictos y la venta de armas uno de los capítulos que ha hecho crecer este fenómeno de resentimiento y odio.

Con todo, al ministra tiene algo de razón, como cada vez que habla. Y es que efectivamente, nuestro bienestar está relacionado con estas industrias. Concretamente de forma inversa a como la ministra plantea. Cuanto mejor las va a ellas, peor nos va a los de abajo.

Esa es la triste y humillante realidad y la razón por la que deberíamos impulsar reivindicaciones de que este tipo de industrias desaparezcan o se reconviertan a usos socialmente útiles.

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