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Desarma Madrid: no a la feria de armas madrileña de HOMSEC

 

Cuando pasees por las calles madrileñas o, simplemente, vayas a trabajar los próximos 14, 15 y 16 de marzo puede que veas unos coches, suponemos que negros, grandes, con los cristales tintados y reforzados para aguantar atentados.  Quizá en algún hotel o restaurante de los caros te cruces con algunas personas que suponemos irán bien trajeadas, enchaquetadas, encorbatadas y con el pelo bien cortado.  No sospecharás que son traficantes de muerte, que son los señores de la guerra.

Estarán en Madrid haciendo que los habitantes de nuestra ciudad nos avergoncemos.  Durante esos días Madrid se convertirá en la capital mundial del tráfico de armas legal (¿habrá comercio ilegal de armas, aprovechando?  No lo sabemos, pero podemos suponer …).

14, 15 y 16 de marzo de 2017 se celebrará en Madrid la feria de armas HOMSEC.  La patrocina el Grupo Atenea del que ya hemos hablado en varias ocasiones remarcando su directiva militar, su antigua implicación en el 23-F, sus contactos con el PP.

Su objetivo es vender armas, al mejor postor.  Que Madrid acoja a los vendedores institucionales (o quizá no) de armas para que ellos, cómodamente, aprovechándose de la hospitalidad madrileña, puedan contactar, intercambiar noticias, necesidades, inventos y propuestas.  ¿Se moverán millones de € en armamentos?  Posiblemente.

Será la sexta vez, ya se han desarrollado en Madrid 5 ferias anteriormente.  Pero casi nadie se ha enterado.  Esa es la clave para los traficantes de la muerte, pasar desapercibidos.

Por ello, muchos colectivos sociales de la ciudad y de fuera hemos decidido divulgar esta realidad para que sea conocida por l@s madrileñ@s y para que las instituciones que lo apoyan tengan que pagar un precio político.

Penosamente, desde 2007, fecha de la celebración de la primera feria de armas de Madrid, alcaldes de Madrid (del PP) han apoyado esta iniciativa, también los presidentes de la Comunidad Autónoma (del PP) y gobiernos del PSOE (Zapatero) y del PP (Rajoy).

La feria HOMSEC ha ido creciendo en visitantes:  2007, casi 3.000 personas;  2008, 4.800 visitantes;  2011:  4.500 visitantes y 87 expositores, 2013:  más de 8.000 visitantes y 135 expositores;  2015:  13.000 visitantes y 198 expositores.  Se espera, por parte de HOMSEC, que en 2017 visiten la feria más de 15.000 personas y 195 expositores.

7 grupos nos hemos estado reuniendo para intentar montar una campaña opositora a HOMSEC:  Asamblea Antimilitarista de Madrid, BDS Madrid, Ecologistas en Acción Madrid, Mujeres de Negro contra la Guerra (Madrid), Palestina Toma la Calle, Colectivo Utopía Contagiosa y Yayoflautas Madrid.

84 colectivos han firmado el manifiesto contra la feria:

VIENEN A MADRID LOS SEÑORES DE LA GUERRA

Los colectivos, las personas y movimientos abajo firmantes queremos expresar nuestro más profundo rechazo a la Organización del 6º Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad Nacional, HOMSEC, los próximos 14, 15 y 16 de marzo de 2017 en el recinto del IFEMA de Madrid, espacio gestionado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, entre otras entidades.

HOMSEC es la mayor feria de armamento y tecnologías de seguridad que se organiza en el Estado Español. España es un gran exportador de armas, el 6º del Mundo. Esto no es casualidad y se logra, entre otras cosas, gracias a ferias como esta.

El evento es una muestra de los últimos avances en las diferentes áreas tecnológicas que abordan la Defensa y Seguridad Nacional y se presenta como el “único Salón profesional enfocado a la Seguridad Nacional en España, un país geoestratégico en su relación con Iberoamérica, África y Oriente Medio”.

El promotor de HOMSEC es el Grupo Atenea-Seguridad Nacional, entramado empresarial fomentado por personajes vinculados con el golpe de estado de febrero de 1981 y conocidos por su vinculación a los ideales de la extrema derecha.

HOMSEC servirá de punto de encuentro entre comerciantes de armas y agentes que se benefician del negocio de la guerra, como empresas de seguridad privada militar y empresas de videovigilancia, entre otras.

En este espacio podrán intercambiar experiencias y “mantener reuniones clave con Administraciones y compradores privados y planificar su seguimiento mediante servicios privados de consultoría”, tal como se recoge en la propia página web del evento. Este tipo de iniciativas sólo contribuyen a recortar derechos y libertades en pos de una falsa y manipulada idea de seguridad.

Instituciones que se declaran defensoras de la paz y los derechos humanos, como el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, no deberían permitir que eventos de este tipo se celebren en espacios de gestión pública como el IFEMA. Queremos que los espacios públicos sirvan para la promoción de una cultura de paz, no como escaparates de la guerra y la violencia.

Nosotras nos negamos a que los espacios públicos se utilicen para alojar este tipo de eventos que fomentan la cultura de la guerra y el conflicto, así como modelos de seguridad represivos y centrados en amenazas militares sobre la integridad territorial y política de los Estados, totalmente alejados del modelo de seguridad humana que defiende el derecho a una vida libre de violencia, incluida la violencia heteropatriarcal, el derecho a una vida libre de miseria y libre del miedo. Queremos un modelo de seguridad humana integral, que contemple aspectos que van desde lo político y lo comunitario, a aspectos relativos a la seguridad económica, alimentaria y medioambiental.

PORQUE CREEMOS QUE OTROS MODELOS DE SEGURIDAD SON POSIBLES:

1. Exigimos al IFEMA la cancelación del evento.

2. Exigimos que el Ayuntamiento de la ciudad de Madrid, declarada como una ciudad de paz y acogida en la que todas las personas puedan sentirse seguras, se desmarque públicamente de esta iniciativa

3. Exigimos a Ayto. y Comunidad que auditen las cuentas de la feria del evento y las haga públicas en aras de la transparencia.

4. Llamamos a la sociedad civil a denunciar y boicotear esta feria uniéndose a las acciones contra la misma.

Si quieres sumarte al comunicado y participar en la campaña puedes contactar a través de:

desarmamadrid@desobediencia.es

o

utopiacontagiosa@gmail.com

Los PEAS son la burbuja especulativa que le va a explotar al Ministerio de Defensa

Imagen de Ferran BCN

Sobre los PEAS hemos publicado muchísimo.  Y seguiremos publicando porque es una chapuza financiera de la que el Ministerio de Defensa no sabe salir, haciendo las cosas bien, se entiende.

El supuesto éxito de Cospedal

Nos vende Infodefensa que Cospedal ha convencido al gobierno para reprogramar los gastos de PEAS de 2016 para 2017.  Parece un éxito de gestión de la Ministra de Defensa cuando realmente es un fracaso en toda regla, obligados por el Tribunal Constitucional.  Al final, en 2017 se pagarán los 1.107’7 millones de € de dicho año y los 716’7 millones de 2016.  El total va a ser escalofriante:  1.824’4 millones de € para PEAS en 2017.

El primer problema de Cospedal:  la imagen insolidaria del Ministerio de Defensa.

Si tenemos en cuenta que el presupuesto  del Ministerio de Defensa ronda los 6.000 millones de €, el aumento sería de, aproximadamente, un 30 %.  ¿Cómo le será posible a Cospedal, en una época de duros recortes sociales, económicos y políticos, vender un aumento del 30 % en su ministerio, el menos social de todos?.  ¿Cómo convencerá a l@s español@s de la solidaridad del Ministerio de Defensa cuando ellos suben su propio presupuesto en un 30 %?

Los 18 Programas Especiales de Armamento (PEAS)

En la siguiente infografía se enumeran los PEAS, lo que iban a costar en 2009, lo que se reprogramó para 2013, y abajo los compromisos de pagos acordados entre la industria armamentística y el gobierno.

Infografía de El País

Las conclusiones al analizar esta infografía son claras:

  • Cada vez vamos a recibir menos armamento
  • El precio total y parcial de cada PEA cada vez será mayor.
  • Nos quedan por pagar 14.280’9 millones de € hasta 2030.
  • Estamos hipotecados por estos programas de armamento hasta el año 2030 y ello va a suponer una burbuja financiera que va a acabar explotándole al Ministerio de Defensa y, de paso, a los contribuyentes.

Con más detalle se puede ver en este otro cuadro también publicado por Infodefensa:

En la anterior tabla salta a la vista otro dato, todavía más escalofriante, el monto total de los PEAS va a ser de 29.479’06 millones de €.

La práctica engañosa del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa venía haciendo una práctica ilegal, según ha reconocido el Tribunal Constitucional (2 sentencias) que consistía en que no incluía los PEAS en los Presupuestos Generales del Estado.  Luego, con la excusa de que eran gastos no previstos, los aprobaba en verano por Decreto Ley y sin la consulta al Parlamento.

Esto ocultaba una buena parte del gasto militar a la ciudadanía.

En el entramado financiero que gestiona los PEAS todo es raro:

  • La industria militar (privada, en su mayoría) se compromete con el Estado a dotarle de una serie de armamentos
  • El Estado prefinancia la investigación y desarrollo necesarios para que la industria militar pueda fabricar las armas.
  • La prefinanciación no ha hace el Ministerio de Defensa (sería poco vendible a la sociedad).  La hace el Ministerio de Industria, concediendo a la industria militar unos créditos previos a su labor de investigación y desarrollo.
  • Los créditos que Industria da a las armamentísticas son a interés cero.
  • Una buena parte de la industria militar no cumple los plazos y, además, acaban reclamando sobrecostes al Ministerio de Defensa y al de Industria.
  • El Ministerio de Defensa reprograma los PEAS. Tanto el número de armas que van a recibir, como lo que van a pagar.
  • La industria armamentística tiene que devolver anualmente los créditos al Ministerio de Industria.
  • Según va recibiendo el armamento Defensa va pagando los PEAS a la industria armamentística, eso sí, ya con sus sobrecostes añadidos.

Múltiples irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas

Con informaciones sacadas de El País  (Miguel González) procedemos a publicitar siete irregularidades en la contratación del Ministerio de Defensa.

1.-  Contrato de 18’8 millones de € concedido por el Ejército de Tierra a General Dynamics, sin licitación ni publicidad.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, anuló el pasado 24 de junio un contrato por 18,8 millones de euros concedido por el Ejército de Tierra a la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDSBS). En su resolución, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitación ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la número 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 años.

 Lo que no explicaba la resolución es que lo que se buscaba con esta adjudicación es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de más, aunque para ello se recurriera a una fórmula de dudosa legalidad.

La explicación figura en el folio 127 del Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) elaborado por el Tribunal de Cuentas. El contrato de compra de 219 carros de combate Leopard y 16 de recuperación tenía un importe total de 2.489 millones de euros, pero la empresa fabricante ha recibido ya en anticipos del Ministerio de Industria y en pagos de Defensa un total de 2.507 millones. Tiene por tanto, constata el Tribunal de Cuentas, “un exceso de financiación de 18,8 millones”; justo el importe de la adjudicación anulada por Hacienda. Si hubiera dudas sobre la identidad de ambas partidas, el informe explica: “Esta cantidad se encuentra en trámites de regularización, pues es objeto de la Adenda 25, actualmente en negociación”. A la postre, sin embargo, la regularización ha resultado irregular.

2.-  Sobrecostes de 43’6 millones de € de la compañía española SAPA por programas de transmisiones.

No es la única anomalía constatada en la mayor compra de carros de combate de la historia del Ejército español. Defensa ha reconocido sobrecostes por un importe de 43.6 millones de euros derivados, básicamente, de los problemas que la compañía española SAPA, suministradora de las transmisiones, ha tenido con su socio tecnológico alemán Renk.

El Tribunal de Cuentas considera “indudable” que “las circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales” en programas de estas características “exceden los cauces de contratación ordinaria”, pero agrega que SAPA conocía las condiciones de suministro y las aceptó, que el contrato ya preveía un beneficio del 10% con el que cubrir esos imprevistos y que la operación contó con un 100% de financiación pública, por lo que el riesgo financiero era cero.

3.-  El programa de carros de combate Leopard se rige por un antiguo convenio del Ministerio de Defensa con el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) de 1981, mucho más beneficioso para el contratista (General Dynamics, nuevamente).

El informe llama la atención sobre un hecho insólito: Santa Bárbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas públicas) que data de 1981 y “contiene un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general”. Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debió liquidarse hace años.

4.-  Navantia, empresa pública y que no debería tener beneficios al contratar con la Administración, incluye en sus convenios con Defensa beneficios entre el 4 y el 12 %.

Si ya es sorprendente que empresas privadas se comporten como públicas, no lo es menos que públicas lo hagan como privadas. El Tribunal de Cuentas se extraña de que el convenio entre Defensa y el astillero público Navantia incluya un margen de beneficio de entre el 4 el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan. El informe alega que el ánimo de lucro, “principal incentivo para el empresario particular”, no tiene sentido en una sociedad pública, que está obligada a aceptar los encargos que le hace el Estado y solo puede facturar los costes reales, De lo contrario, advierte, podría considerarse “un exceso de financiación pública”.

Defensa ha tomado nota de esta advertencia y ha replicado que, en su nuevo convenio con Navantia, el concepto beneficio se sustituye por el de “margen industrial”, para hacer frente a los “riesgos relativos” a la ejecución de los programas. En esos riesgos no se incluye la revisión de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acción Marítima (BAM).

5.-  Defensa renuncia a imponer penalizaciones a Navantia por el retraso de 78 meses en la entraga de los BAM.

La entrega a la Armada de estos cuatro barcos ha sufrido un retraso total de 78 meses, lo que dio lugar a la apertura de expedientes para imponer las penalizaciones contempladas en los contratos, por un importe total de 31,7 millones de euros. Sin embargo, “por una causa que no se ha justificado”, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanción alguna.

Defensa ha negado que existiera aquiescencia por parte de la Armada para no imponer sanciones y ha anunciado que se reactivará el grupo de trabajo dedicado a discutir con Navantia su importe, aunque alguno de los expedientes, que data de 2011, puede haber caducado.

6.-  Defensa se niega a recepcionar oficialmente armamento y lo mantiene almacenado para no subir el déficit público.

Quien no se retrasó en la entrega fue el consorcio fabricante del avión de combate europeo Eurofighter. Además de los 47 cazas ya en servicio en el Ejército del Aire, hay otros 12 almacenados durante tres años en la base aérea de Los Llanos (Albacete), que España no ha querido recepcionar oficialmente para que no computen en el déficit público.

7.-  Defensa demuestra incompetencia porque no puede usar los helicópteros NH-90 porque no tiene el personal, los equipos y las instalaciones necesarias.

Además, tres helicópteros NH-90 están depositados “temporalmente” en las instalaciones de Eurocopter en Albacete hasta que el Ejército de Tierra disponga del personal, los equipos y las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional.

En este asunto de los PEAS, el Tribunal Constitucional ha dictado 2 sentencias:

  • La primera anulaba el decreto ley de 2014 que destinó 886’3 millones de € a los Peas.  El recurso lo habían presentado el PSOE, pero también Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA, Izquierda Plural y UPyD.

Los recurrentes argumentaron que estos pagos estaban previstos con antelación y responden a una programación plurianual, por lo que debían haberse incluido en los Presupuestos Generales del Estado, propiciando así un debate parlamentario en profundidad. El Gobierno replicó que, aunque el importe global de estos programas es conocido (29.500 millones de euros hasta 2030), la cuantía exacta de cada anualidad está sujeta a negociación con la industria militar y depende de la evolución del déficit, por lo que no era posible incluirla en el presupuesto ordinario de Defensa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, recrimina al Gobierno que ni de la exposición de motivos de la norma ni del expediente tramitado por Defensa “se puede deducir argumento concluyente que ampare la utilización del decreto ley, pues nada se argumenta sobre la extraordinaria y urgente necesidad”, que es lo que justifica su uso según el artículo 86.1 de la Constitución. Al contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció en su discurso de convalidación del crédito extraordinario que no se trataba “de dar cobertura a necesidades imprevistas”, sino de “proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”, y añadió que la Administración estaba obligada a “no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros”, en alusión a la industria militar.

Tras calificar de “singular” la técnica empleada por el Gobierno, el Constitucional constata que “más que la respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad por imprevisible”, la aprobación de créditos extraordinarios para Defensa “se ha convertido en una práctica habitual” para atender un compromiso de pago que es “previsible y programable”.

“Simplemente se alude [por el Gobierno] a la importancia de que se pague a los proveedores para evitar el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse, [pero] esas consecuencias negativas aparecerían en cualquier obligación contractual del Estado”, sin que se explique por qué serían más graves en el caso de la industria militar, argumenta.

El Constitucional no rechaza que se aprueben créditos extraordinarios para financiar programas militares al margen del presupuesto ordinario, pero agrega que debería hacerse a través de una ley y no mediante el decreto ley, cuyo uso está restringido expresamente por la Constitución. “En definitiva”, concluye, “el recurso sistemático al decreto ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

La sentencia, que anula el decreto ley de 2014 pero cuya doctrina es aplicable a los de 2012, 2013 y 2015, no obligará a las empresas a devolver los 4.300 millones de euros recibidos. Y no solo porque los decretos leyes fueron posteriormente convalidados en las Cortes. Sensible al efecto que ello tendría sobre la industria militar española y sobre el Estado, que se enfrentaría a penalizaciones de los consorcios internacionales que gestionan dichos programas, el Constitucional aclara que, por el “principio de seguridad jurídica”, que garantiza los derechos de terceros que mantienen de buena fe relaciones económicas con la Administración, no serán revisables las “situaciones establecidas mediante actuaciones administrativas firmes”; es decir, los mandamientos de pago realizados al amparo de los créditos extraordinarios.

  • La segunda anula otro decreto ley por 846’4 millones de €. Presentada por 50 diputados socialistas.

El alto tribunal estima el recurso presentado por 50 diputados socialistas y considera que “el uso sistemático del decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento” no está justificado por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” y, por tanto, “no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

Sin embargo, la sentencia no obliga a las empresas de armamento a devolver el dinero cobrado a través de este sistema irregular, ya que “la protección de los terceros de buena fe que mantienen relaciones económicas con la Administración se vería gravemente comprometida si desapareciese la autorización del crédito extraordinario”. En consecuencia, “tras ponderar el principio de seguridad jurídica”, declara “no suceptibles de ser revisados como consecuencia de [la] nulidad”  del decreto-ley los pagos realizados por Defensa.

PEAS II.

La apuesta por la militarización del gobierno de Rajoy sobrepasa el primer plan PEAS y ahora están propiciando un plan PEAS II.  En 2014 publicábamos un artículo en el que advertíamos que el Ministerio de Defensa tenía planes para hacer un segundo plan PEAS, el plan PEAS II.

(…) articular un plan de I+D vinculado a la potenciación y capacitación de nuestra industria principalmente en esas capacidades industriales esenciales antes identificadas.  Este plan se ha puesto en marcha abordando dos de las necesidades militares identificadas por el JEMAD más prioritarias, y que ya tienen financiación en los PGE de 2015:  el 8×8 y la fragata F-110.  De ambos se han derivado 20 proyectos tecnológicos (7 del 8×8 y 13 de F-110).  Estos programas darán comienzo ya en el ejercicio 2015.  Están dotados con 41 y 37 millones de € en el Capítulo 8 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  Además, en este mismo Capítulo se han contemplado las partidas de prefinanciación del contrato de los dos nuevos BAM para la Armada:  son 161 millones de €.  En términos numéricos totales, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incorpora 564 millones de € para programas de defensa, un 64 % más que en 2014.

Es decir, el PEAS II consta de:

  • Blindados 8×8, por 41 millones de €
  • Fragata F-110, por 37 millones de €
  • 2 nuevos BAM de la Armada:  161 millones de €

Todo ello hace un total de 239 millones de € para el plan PEAS II, que habría que sumar a los 30.000 millones del primer plan PEAS.

Las alternativas futura de Cospedal.

Las posibilidades que tiene Cospedal para 2017 son dos:

  • Aflorar, por fin, los PEAS en la contabilidad del Ministerio de Defensa, pasando los 6.000 millones, más o menos, que presupuestan ahora a 8.000 millones, y quedando como el Ministerio con más aumento de gasto en épocas de crisis y de recortes.
  • Hacer una nueva ley en la que seguir ocultando esta parte del Gasto Militar y en la que se aprueben los PEAS.

¿Cuál será su opción?

Se confirma parte del gasto militar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Imagen de la Armada Española

Fuente:  Infodefensa.

Estamos de enhorabuena, aunque bien mirado habría que decir que estamos de enhoramala.  Nos explicamos:

El Consejo de Ministros autorizó una excepción a la orden del Ministerio de Hacienda por la que se cerraba el ejercicio presupuestario para todos los ministerios.  Pero, ya se sabe, Defensa es especial y cuenta con bula para seguir gastando.

Ahora van a dejar que los patrulleros Alborán, Tarifa y Arnomendi de la Armada española participen en las campañas pesqueras de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  El importe es de 2.278.163 € para el Alborán y el Tarifa y de 135.000 € para el Arnomendi.

El total suma 2.413.163 €.  Cifra nada despreciable y que pensamos que debe computar como colaboración del Ministerio de Agricultura al Gasto Militar.

En nuestro estudio “Gasto Militar 2016” incluíamos las siguientes partidas en el gasto militar del Ministerio de Agricultura:

Los 52’17 millones de € de 2016 corresponden a:

  • 16’75 millones de € destinados a patrulleras y otros barcos que se dedican a inspeccionar las campañas de pesca.
  • 0’5 millones de €, estimación muy a la baja, de lo que cuesta la colaboración de Agricultura al control de la piratería en el Índico.
  • 23’17 millones de € destinados por parte de la AEMET a su colaboración con el Ministerio de Defensa.
  • El subtotal hasta aquí sería de 40’42 millones de €.  Pero habría que añadir algunos gastos más, que sólo podemos estimar por no encontrar las cuantías en los Presupuestos publicados:
    • Facturas de intervenciones de la UME con carácter ecológico (incendios y catástrofes).
    • Colaboración de Medio Ambiente en el reciclaje de buques de la Armada.

Como se ve, un suma y sigue continuo a la hora de desvelar el total del Gasto Militar del Estado Español.

Corrupción militarista en Defex

Imagen de Defex

Imagen de Defex

Fuente:  El Mundo.

Son varias las veces que hemos tratado el caso de DEFEX en este blog.  Y, según parece, más serán las que lo trataremos.

Defex es

una empresa constituida en el año 1972, tiene como objeto social la promoción y exportación de bienes y servicios de empresas españolas.

DEFEX es una sociedad mercantil estatal participada mayoritariamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En su Consejo de Administración están representados el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de SEPI, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Defensa y diversos accionistas privados.

El caso DEFEX ha dado tantas vueltas que no nos vendrá mal hacer un breve repaso, de la mano de El Mundo:

En 2012, las autoridades de Luxemburgo preguntaron a España por unas transferencias por valor de 41 millones desde una cuenta bancaria conjunta de Defex y la empresa Comercial Cueto 92, con la que Defex ejecutaba un contrato de venta de armas a la Policía angoleña.  El fiscal anticorrupción Conrado Sáiz abrió diligencias de investigación en febrero de 2013, y en julio de 2014 se judicializó el caso, que recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que dirige José de la Mata.  El contrato de Angola era de 153 millones de euros. De ellos, unos 100 fueron de beneficio, pero cerca de 70 se desviaron a empresas pantalla y paraísos fiscales. Beatriz García Paesa, sobrina y mano derecha del espía Francisco Paesa, fue la que creó sociedades en paraísos fiscales para ocultar el dinero.  Todavía se está investigando quién se quedó con el dinero. Al menos una parte muy sustanciosa fue a manos de Juan Carlos Cueto, responsable de Comercial Cueto 92, la empresa que vendía las armas en Angola de la mano de Defex. Él, al igual que Beatriz Paesa, es uno de los imputados en el caso.

Defex, así, consiguió el honor de ser la primera empresa pública en ser imputada en una investigación penal.

Parece ser que los altos cargos de Defex siguen siendo purgados y despedidos, discretamente por la empresa, debido a las auditorías, el trabajo de Anticorrupción  y los escalofriantes informes forensic de PriceWaterhouseCoopers y Deloitte.

Las comisiones medias en los contratos que ha intermediado Defex desde 2008 y hasta 2014 -en que entró en sus instalaciones la Guardia Civil por orden judicial- son del 8% para los agentes contratados y del 9% para la empresa pública. Es decir,pellizcazos del 17% que suponen 57 millones sobre un total de 340

defex-pellizcos

Como se ve, los pelotazos que se daban en Defex son de tal cuantía que en ocasiones el proveedor real

se queda con menos del 50% del dinero del contrato.

¿Quiénes son los responsables de estos desaguisados?

Los accionistas de este engendro son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), con un 51% del capital, seguida principalmente de las privadas Maxam Expal, con un 20%, e Instalaza, con un 10%. En los órganos de gobierno de ambas participan o han participado importantes personalidades de la vida española y de confianza del Rey Emérito como Jaime Carvajal en Maxam o del actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Instalaza.

El representante de Maxam Expal en el consejo de Defex es nada menos que el ex jefe del Estado Mayor de la Armada, Francisco Torrente, también muy próximo al padre del actual Monarca. También figura el presidente de Maxam, José Fernando Sánchez Junco, ex director general del Ministerio de Industria con el PSOE. Además, hay en el consejo representantes de Exteriores, Defensa y Economía

Es desolador. El presidente más longevo de Defex durante décadas, José Ignacio Encinas, fue detenido en una primera fase de la investigación iniciada en 2014, aunque ya había sido relevado dos años antes al llegar al poder el PP. La Sepi nombró presidente de Defex en 2012 a Fernando Aguilar con el respaldo de su cuñada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Aguilar, que había sido antes delegado en la oscura delegación de Singapur, terminó siendo también relevado en 2015 y se encuentra imputado desde este verano en la segunda fase de la investigación. En el entorno de la dirigente del PP aseguran que la relación con su cuñado es inexistente desde hace algún tiempo.

¿No sabían nada estos responsables políticos y económicos?, ¿se han enterado por la prensa?

¿Se pedirán responsabilidades políticas y penales a alguno de ellos?  ¿Alguien de la SEPI, y por lo tanto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá alguna responsabilidad por ser socios mayoritarios, la tendrá su ministro Montoro?  ¿La tendrán los Ministerios de Defensa, Exteriores o del de Economía, es decir, Morenés, García Margallo o Guindos?

Pero el caso Defex parece infinito.  Al menos son infinitas las ganas de lucro de algunos de sus empleados.  Nos cuenta El Diario que

Un juzgado de Madrid ha obligado a la empresa semipública de exportación de material militar Defex (que tiene al Estado como mayor accionista con el 51%) a readmitir a un exdirectivo imputado en la Operación Angola por un presunto fraude en una operación de venta de armas a ese país por importe de 152 millones de euros.

El directivo en cuestión es Manuel Iglesias Sarriá Fernández de Navarrete, exdirector de Operaciones de Defex. El pasado 1 de octubre, Defex procedió a darle de alta en la Seguridad Social, aunque su reincorporación efectiva no se produjo hasta el lunes 10 de octubre. A Iglesias prácticamente no le dio tiempo a encender el ordenador: ese día se le entregó la carta de despido, según fuentes al tanto del proceso.

Ingeniero de Telecomunicaciones y primo carnal del cantante Julio Iglesias (su padre era hermano del doctor Julio Iglesias Puga, alias Papuchi), Iglesias Sarriá llevaba trabajando en Defex desde 1990 y en enero de 2013 fue nombrado director de Operaciones, bajo dependencia directa del entonces presidente de la compañía, Fernando Aguilar Viyuela.

Aguilar, que es cuñado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue presidente de Defex desde 2012 hasta mayo de 2015, cuando fue sustituido por el teniente general del Ejército Juan Carlos Villamía.

Pero no nos engañemos.  Este no es un caso puntual en la Administración del Estado.  Es un caso estructural porque hay que preguntarse para qué sirven las empresas y organismos autónomos del Estado.  ¿Cuál es su función si los trabajos que realizan los podrían, y deberían, hacer los funcionarios en los propios ministerios?  En muchas ocasiones hemos dicho que los Organismos Autónomos militares deberían cerrarse porque parece que su función sólo es doblar gestiones y sueldos y esconder las responsabilidades de gestión directas del Estado a través de sus ministros.

Política de defensa de Gran Bretaña

Imagen de Miguel Discart

Imagen de Miguel Discart

Continuamos la serie que prometíamos en el artículo “Política de defensa de Alemania“, siguiendo el estudio “Análisis comparativode la capacidades militares españolas con las de los países de su entorno” realizado por Ignacio Fuente Cobo para el IEEE del Ministerio de Defensa.

Hoy nos ocupamos de las líneas generales de la política de defensa de Gran Bretaña.

Las grandes líneas de la política de defensa de G.B. se rigen por

  • la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS), que analiza el entorno de seguridad y establece los objetivos estratégicos.  La última es de noviembre de 2015.  Y se revisa cada 5 años.
  • la denominada Revisión Estratégica de Seguridad y Defensa (SDSR) que establece las formas de lograr esos objetivos y los medios necesarios para conseguirlo, es decir, los recursos que van a emplear.  La última es de noviembre de 2015.  Y se revisa cada 5 años.
  • un informe anual a la comisión parlamentaria de defensa sobre la implementación de la NSS
  • y un registro nacional de riesgos de carácter abierto y revisable cada dos años

Esta organización nos parece mucho más transparente y participativa que la DDN española que es realizada y aprobada por el gobierno y que tras ello y, sólo con carácter informativo, es puesta en conocimiento del Congreso.

También nos parece muy oportuno dividir el debate en dos:  por un lado definir los enemigos, riesgos y objetivos de la defensa;  y en otro debate posterior plantearse cómo realizar esos objetivos.  Así, se pueden analizar por separado para mejorarlas y se pueden pedir responsabilidades o fijar los errores más concretos.

El principal problema de la SDSR de 2010 era que mantenía la misma premisa de la anterior, al afirmar que con el fin de la Guerra Fría la probabilidad de que se produjese un conflicto interestatal era muy baja, por lo que habría dejado de ser prioritario dotarse de las capacidades necesarias para hacer frente a un Estado militarmente avanzado, un escenario básicamente improbable.

La premisa subyacente en esta revisión de 2010 que, sin embargo, no fue formulada explícitamente, era que Reino Unido confiaba en que las crisis de seguridad y humanitarias fueran lo suficientemente infrecuentes y limitadas como para que las Fuerzas Armadas británicas estuvieran en condiciones de evitarlas o, en su caso, hacerlas frente con pocos medios. De hecho, los británicos nunca comprometieron más del 10% de sus efectivos en las operaciones más exigentes de Irak y Afganistán (diez mil soldados de un total de cien mil).

Un esfuerzo que, aunque pudiera parecer muy elevado para otros países, resultaba escaso para lo que estaba acostumbrado a comprometer hasta entonces Reino Unido. La denominada Fuerza Futura 2020 que contemplaba la revisión, establecía que Reino Unido solo debía hacer frente a un único problema importante de seguridad —Major Operation— en cada momento.

La SDSR 2010 no fue capaz de anticipar una serie de crisis y acontecimientos que iban a conformar el panorama estratégico de nuestros días. Los más evidentes fueron la participación de Reino Unido en las acciones en Libia en 2011, la inestabilidad en Ucrania en 2014.   la aparición de una nueva forma de islamismo extremista en Siria e Irak, o la epidemia del virus del ébola en África occidental.

De esta manera, se establecía un nivel de ambición consistente en desplegar un máximo de 6.600 soldados durante una década en una sola operación de estabilización y en un solo país, complementada con esfuerzos temporales menores que en ningún caso superarían los 3.000 soldados.

Así se redujo progresivamente el coste de las operaciones de proyección de fuerza un 19% en 2015 en comparación con los niveles de 2010.

Sin embargo, Reino Unido sobrepasó en 2010 su nivel de ambición respecto a su capacidad de conducir operaciones marcado para ese año —el denominado Defence Planning Assumptions— lo que supuso un esfuerzo extraordinario para las Fuerzas Armadas británicas, dando lugar a disfunciones que aún persisten

La postura gubernamental de llevar al límite esta política intervencionista ha supuesto graves problemas en el Ejército de Tierra, el más sobrecargado en las intervenciones:

La realidad fue, por tanto, que esos diez mil militares que estuvieron en operaciones durante esos años no supuso un esfuerzo repartido proporcionalmente entre el conjunto de las Fuerzas Armadas, sino que, muy mayoritariamente, recayó en el ejército de Tierra y en particular de las Unidades de Infantería, con lo que el nivel de exigencia operativa sobre esta parte relativamente reducida de la estructura de fuerzas británica resultó absolutamente desproporcionado. Por otro lado, este esfuerzo comenzó en 2003 en Irak y tuvo que mantenerse casi hasta 2014, unos diez años, sumando los años en Irak y en Afganistán, lo que ocasionó que casi se llegara a alcanzar el punto de ruptura de sus unidades, con problemas de retención, reclutamiento y generación de contingentes. Esta concentración del esfuerzo operativo sobre una porción limitada de unidades hizo que sus efectos dañinos todavía estén en proceso de recuperación.

G.B. eligió una opción generalista en la que asumía su papel como gran potencia intervencionista:

Reino Unido renunciaba a la especialización en determinadas capacidades, o en determinadas especialidades operativas, que debían ser reforzadas en caso de resultar insuficientes por las aportadas por los aliados. Por el contrario, intentaría mantener todas las capacidades propias de una potencia militar avanzada, incluyendo aquellas que estimaba habían quedado anticuadas como los carros de combate, aviones de combate de última generación, submarinos, armas nucleares, o portaviones, si bien en cantidades más modestas.

Finalmente, en una declaración que parecía más voluntarista que realista, asumía que más que centrarse en una región particular del mundo (por ejemplo, Europa y el Oriente Medio) su compromiso era global, abarcando desde el Pacífico hasta el África subsahariana.

Lo más significativo en cuanto a la reevaluación de sus planteamientos estratégicos por parte de Reino Unido realizada en la SDSR 2015 no eran estos acontecimientos en sí mismos, sino las tendencias que representaban. En primer lugar, la premisa de que tras las campañas de Irak y Afganistán debería seguir un período de «pausa estratégica», durante las cuales pudiera desarrollarse e implementarse la Fuerza Futura 2020, resultaba errónea desde el momento en que Reino Unido se vio inmerso en acciones militares en Libia, África occidental y Oriente Medio. En segundo lugar, tampoco era cierta la premisa de que Europa era inmune a la violencia estatal transfronteriza, por el contrario Estados poderosos en la región como Rusia no habían renunciado a emplear la fuerza como herramienta fundamental de su política internacional. Finalmente, estaba la relevancia de la aparición del Estado islámico en Irak y Siria que, con su brutal combinación de terrorismo e insurgencia, tenía como objetivo la posesión territorial, no tanto para crear una estructura estatal, capaz de ser reconocida por el ordenamiento jurídico internacional, como para establecer un califato islámico que desafiase al modelo westfaliano de orden internacional existente

¡Cuánto nos recuerda a nuestra DDN española!  Y eso que nuestro potencial económico y político no llega, ni de lejos, a los británicos.

Restricciones presupuestarias.

El análisis siguiente debería ser muy educativo para las elites militaristas españolas.  La producción y compra de armamento no es el objetivo principal de una nación al que todo debe plegarse.  Hay problemas más importantes y acuciantes que hacen que el esfuerzo militar pase a un segundo plano y sea contingente:

Ahora bien, el principal problema de la SDSR de 2010 no estaba tanto en la evaluación del entorno de seguridad —ciertamente limitada— sino, sobre todo, en que emergía en el contexto singular de una profunda crisis económica y financiera, lo que se tradujo en recortes sustanciales de los gastos públicos, incluidos los de defensa. Los compromisos de defensa heredados de épocas anteriores fueron considerados inabordables tanto a la hora de abordar la reducción del déficit público como a la hora de financiar los programas de equipamientos correspondientes. La consecuencia fue una sustancial reducción en los presupuestos de defensa que alcanzó el 8% en términos reales en el año 2015, traduciéndose esta rebaja en cambios importantes en la configuración y en el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Los principales recortes en capacidades críticas, como la de la aviación embarcada con la retirada de los aviones Harrier y del portaviones HMS Ark Royal (un nombre mítico que había estado en servicio en la Armada británica desde los tiempos de la «Invencible»), así como el retraso en la construcción de dos nuevos portaviones debido, entre otras cosas, a la dificultad de acomodar en ellos el nuevo avión de combate F-35, reflejaban la dificultad de Reino Unido de lograr unas capacidades militares acordes al nivel de ambición global expresado en su revisión de la defensa. La eliminación de programas considerados hasta entonces prioritarios como el de patrulla marítima con la supresión del programa Nimrod MRA4, o la reducción de la flota de superficie de veintitrés a diecinueve fragatas y destructores, no hacían sino abundar en estas dificultades. En general, todas las capacidades fundamentales sufrieron recortes muy importantes, cuyo promedio alcanzó el 30%

Pero quizás la reducción más crítica fue en el personal en servicio activo, al prever el recorte en 17.000 efectivos del número de soldados y marineros (10.000 en el Ejército de Tierra y 5.000 en cada uno de los otros dos ejércitos). De esta manera, las Fuerzas Armadas británicas quedaban dimensionadas a unas cifras que no se conocían desde mediados del siglo XIX. La disminución de personal militar en activo debía compensarse con reservistas, cuyo número se preveía alcanzase un total de treinta y cinco mil en el año 2018, aunque existían serias dudas sobre la efectividad.

Es decir, países de nuestro entorno, países a los que las elites militaristas quieren parecerse, son conscientes de que la crisis económica imponía la reducción de gastos y de armamentos.  Nosotros no.  Los hemos considerado sagrados y hemos conseguido, con ello, multiplicar la deuda pública.

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Crecen las críticas.

Cristalizaron fundamentalmente alrededor de dos temas:

– Que la SDSR había sido dictada por las consideraciones presupuestarias más que por un verdadero análisis estratégico de los recursos necesarios para las Fuerzas Armadas a la vista del entorno de seguridad.

– Que la reducción de personal y los recortes en los equipos ponían en riesgo la capacidad de las Fuerzas Armadas británicas para llevar a cabo todas las misiones que se les encomendaban, especialmente las más exigentes.

La decisión de reducir el enorme déficit presupuestario provocó una disminución considerable en la capacidad militar de Reino Unido, a medida que se iban reduciendo las capacidades convencionales de combate de sus Fuerzas Armadas y los niveles de preparación de sus tropas. En un entorno estratégico que se iba complicando con la aparición de problemas como la anexión de Crimea por Rusia, o los efectos perversos de las «Primaveras árabes», Reino Unido disminuyó el perfil de su política exterior y de seguridad, lo que parecía indicar que se estaba produciendo un cierto agotamiento estratégico. La reducción sustancial de sus Fuerzas Armadas puso en duda la capacidad de Reino Unido de ofrecer en cualquier operación militar futura el mismo nivel de compromiso sostenido en el tiempo que fue capaz de soportar durante las guerras de Irak y Afganistán.

La autocrítica en G.B. a su política de defensa les impide cometer errores que aquí, en España, se nos acumulan (S-80, intervencionismo por todo el globo, ejércitos sobredimensionados en cuanto a personal, gasto militar desaforado, …):

el Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes publicara en marzo de 2015 tres informes demoledores en los que se criticaba duramente la forma en que se planeaban las operaciones militares y se ejecutaban las decisiones de compras de armamentos y equipos. Ejemplo de la seriedad con que se tratan los temas de defensa en este país, en uno de los informes al referirse al segundo de los portaviones previstos para la Armada (el Príncipe de Gales), se afirmaba sin contemplaciones que «tenía poco sentido el adquirirlo» a menos que se encontrase el suficiente dinero para comprar los aviones con que debía dotarse y los buques de protección que debían acompañarle

La nueva Revisión Estratégica de la Defensa.

Lo acertado de los análisis críticos anteriores nos hacían pensar que la política de defensa de G.B. tomaría derroteros mucho más pacíficos y comedidos que los que implantó la nueva Revisión Estratégica de la Defensa publicada en noviembre de 2015:

La nueva revisión asume una aproximación más completa al tema de la seguridad, de manera que incluye no solo la política de defensa y las capacidades de las Fuerzas Armadas, sino que abarca una visión de la seguridad ampliada, en la que se contemplen asuntos tales como la defensa interior, el contraterrorismo, la ciberseguridad, la seguridad de las fronteras o la evolución de la seguridad internacional.

Se trata, por tanto, de una visión reforzada de la seguridad en la que se contempla rehacer las Fuerzas Armadas para el nuevo período postafganistán, de manera que sean capaces de apoyar las operaciones de estabilidad hasta en 12 teatros simultáneamente, en los que haya que hacer frente tanto a amenazas no convencionales como convencionales. En todo caso, y en un ejercicio de pragmatismo, Reino Unido reconoce que dado que ningún país es capaz de afrontar estas amenazas en solitario, su primera misión es actuar en el seno de grandes coaliciones o alianzas, principalmente con los Estados Unidos y, subsidiariamente, con la OTAN.

La locura.  Parece ser que los británicos, conscientes de que no pueden mantener una única intervención militar en el exterior durante 10 años, optan por mantener 12 teatros  exteriores simultáneos, junto con el de la defensa ante la amenaza “interior”.

Ahora Reino Unido parece dispuesto a emplear su liderazgo militar en el seno de la OTAN, para asegurar que la Alianza cuenta con toda la gama de fuerzas convencionales necesaria para defender Europa contra una amenaza clásica como pudiera ser la rusa. En este sentido, Reino Unido pretende reconstruir sus capacidades convencionales seriamente erosionadas desde el fin de la Guerra Fría y volver a ponerlas «a punto» para las nuevas contingencias.

Al mismo tiempo, la nueva SDSR busca desarrollar capacidades que respondan a las amenazas asimétricas y aquellas definidas como de la «próxima-generación», o «ambiguas», como puedan ser los ciberataques, la operaciones de información y el empleo de fuerzas especiales para fomentar la subversión. En definitiva, responder a lo que entiende como la nueva amenaza rusa en entornos operativos híbridos, de manera que se pueda evitar la repetición de lo ocurrido en el caso de Ucrania. Igualmente, Reino Unido pretende desarrollar la capacidad de respuesta frente a una amplia serie de desafíos y riesgos que pueden surgir fuera de Europa, como puedan ser el terrorismo, los regímenes criminales, los grupos extremistas que controlan territorios extensos (i.e. el Dáesh/IS), las guerras civiles y los Estados colapsados o frágiles

Este número tan elevado de riesgos y amenazas potenciales que pueden presentarse simultáneamente hace que las operaciones de estabilización intensivas en recursos humanos y materiales, tipo Irak o Afganistán, tiendan a ser desechadas como modelos de intervención futuras. Ahora se recuperan los casos de Bosnia o Sierra Leona como modelos de éxito a repetir en el futuro, mientras se contempla la necesidad de desarrollar una nueva estructura de fuerzas y capacidades adecuada a los requerimientos exigibles en situaciones más complicadas como serían los casos de Libia, Siria o Ucrania.

La política de defensa está íntimamente relacionada con su entorno con las otras políticas estatales.  En España optamos por priorizar y salvaguardar la política de defensa, su despilfarro en armas que en nada de tiempo se quedan obsoletas, :

Ahora bien, el problema de los presupuestos de defensa en Reino Unido es que, al igual que pasa en la mayoría de países europeos, los gastos del Estado en temas como educación, salud o pensiones están «blindados» ante cualquier tipo de reducción y consumen la mayor parte del mismo, por lo que, en escenarios económicos deprimidos, el presupuesto de defensa resulta especialmente vulnerable

¿Será G.B. capaz de mantener estos desmedidos esfuerzos en defensa mientras se sigue recortando el apoyo social a su propia población?  Parece difícil considerar que sí, sobre todo si tenemos en cuenta que:

La SDSR 2010 dejaba fuera el sistema de misiles balísticos Trident considerado el arma estratégica última de Reino Unido, a pesar de que supone el 25% del presupuesto militar en adquisiciones durante al menos la próxima década. Esto, unido a las cantidades significativas necesarias para dotarse de los dos portaviones previstos, parece indicar que, inevitablemente, se producirán recortes en otros capítulos, lo que pone en serias dudas la capacidad de Reino Unido para afrontar satisfactoriamente los riesgos y amenazas que proclama en su próxima SDSR.

Estos compromisos incluyan un incremento del presupuesto de gastos de adquisición de nuevos equipos en un 1% en términos reales cada año a partir de 2016, lo que permitiría adquirir nuevos submarinos de la clase Astute, cierta cantidad de aviones F-35 de última generación, nuevas fragatas Type-26 y vehículos acorazados Scout.

El problema es que el mantenimiento de estas promesas en cuanto a adquisiciones exige mantener «congelados» los sueldos militares, una situación que viene prolongándose desde 2010 como parte de la consolidación fiscal del sector público acometido por el Gobierno británico en esa fecha.

Estas circunstancias pueden llevarnos a pensar que, muy probablemente, un porcentaje del 2% no sea suficiente para cubrir todas las necesidades de la defensa, incluyendo la reestructuración de la Fuerza Futura 2020, lo que obligará al Reino Unido a tomar decisiones difíciles en lo que se refiere al empleo de unos recursos limitados.

 

Los español@s pensamos que se gasta demasiado en Defensa

Fuente:  CIS.

Vamos a analizar el barómetro de Julio de 2016 del CIS en lo que tiene que ver con algunas cuestiones sobre la defensa.

En la pregunta número 7 se pregunta por los problemas que existen en España

cis7julio2016

Las contestaciones con mayor porcentaje se refieren al paro en un 75’6 % en un primer, segundo o tercer lugar.  Le sigue la corrupción y el fraude con un 43’4 %, los problemas de índole económica con un 22’8 %, los políticos en general con un 19’4 %.

El terrorismo internacional parece que sólo preocupa a un 2’1 %, siendo el primer problema para el 0’2 %, un segundo problema para el 1’2% y un tercer problema para el 0’7 %.

La inmigración, otro de los aspectos que suelen usarse para justificar la existencia de nuestras desmesuradas fuerzas armadas, preocupa al 2’9 % de los españoles.

Los refugiados, por su parte, sólo preocupan al 0’1 %, y como tercer problema en importancia.

Nos ha llamado mucho la atención el hecho de que en la pregunta 12 no se haga mención a uno de los servicios públicos que se consideran, por parte de todos los partidos políticos, más esenciales:  la defensa.

cis12julio2016

¿Hay miedo a preguntar sobre si Defensa funciona bien o mal?  ¿Quizá los datos serían, o son, demasiado negativos?

Sin embargo, en la pregunta 16 sí preguntan sobre si los impuestos dedicados a Defensa son excesivos, los justos o menos de lo que deberían ser:

cis16julio2016

Y el 38’2 % de los encuestados piensa que para Defensa son demasiados (es el porcentaje mayor de los gastos considerados demasiados por los entrevistados), el 29’4 % piensa que son los justos y el 12’3 % piensa que son muy pocos (el menor porcentaje de los entrevistados que consideran que se gasta poco).  Hay que tener en cuenta que el 19’7 % no sabe (porcentaje, comparativamente, muy elevado), lo cual no nos extraña teniendo en cuenta lo poco que se difunden las cuestiones de Defensa en la sociedad.

La sociedad española piensa que en Defensa se gasta demasiado (es, con mucho, la cifra más alta de todas las opciones), es decir, en la opción cañones o mantequilla, lo tienen claro.  Y en los siguientes temas básicos muy poco:  Ayuda a personas dependientes:  67’3 %, Sanidad:  64 %, Enseñanza: 60 %, Investigación en ciencia y tecnología:  60 %, Seguridad Social y pensiones:  59’3 %, Protección al desempleo:  58’1 %, Cultura:  53 %, Vivienda:  51’8 %.

Los datos son incontestables:  sólo un 12’3 % piensa que se gasta muy poco en Defensa, la cifra más baja, y con mucho, de entre todas las opciones.

¿Quieren decir algo estas cifras?  ¿Hay descontento social contra los gastos militares?

Nos parece un argumento más para llamar a la objeción fiscal contra el gasto militar. Es un gasto no aceptado por la ciudadanía.

Recordemos que en un barómetro anterior:  julio de 2015, sí se preguntó sobre si los españoles consideraban a la guerra como una de sus preocupaciones.  El resultado fue atronador:  el 0’0 % lo hacía.  Quizá por ello, en el barómetro de 2016 ya ni lo contemplan.

Entonces, sólo el 1 % de los encuestados consideraban que el terrorismo internacional era un problema.

Entonces, la valoración del ministro de Defensa, Pedro Morenés, era de un 2’45 sobre 10, es decir, un muy deficiente.

Y es que no asistimos a un desinterés por la defensa, sino al desprestigio de la aberrante política de defensa. Los españoles tienen opinión en la materia. Una opinión contraria a la de la élite, aunque como se ve muy poco escuchada por nuestros “representantes”.

Con Rajoy se vende un 57’9 % más de armas que con Zapatero

Fuente:  El País.

Aunque la noticia ya la hemos comentado desde otra perspectiva, ahora completamos otro análisis.

En los tres años de los que disponemos de datos, de la legislatura del PP de Rajoy España ha exportado un total de 10.831’1 millones de €.  A una velocidad media de 3.610’4 millones de € al año.

Sin embargo, si analizamos las exportaciones en la segunda legislatura de Zapatero, vemos que en los 4 años que duró se gastaron 6.859’5 millones de €.  A una media de 2.286’5 millones de € al año.

Como aún no podemos comparar el monto total de las dos legislaturas, nos hemos de conformar con comparar la media que logró cada una.  Y en este sentido, el PP ha dejado claro que la media de venta de armas en su legislatura es un 57’9 % más que la de Zapatero.

Y hay  que tener en cuenta que en los dos últimos años de la legislatura de Zapatero se produjo un espectacular aumento en la venta de armas.

Imagen de El País.

Por otro lado, la noticia nos comenta que se prevé un récord de ventas de armas en 2016, dado que las exportaciones autorizadas son también récord.  Ello nos puede llevar a afirmar que con el gobierno de Rajoy se van a vender, posiblemente, más de el doble de armas que con el de Zapatero.exportaciones armas autorizadas

Quizá algún lector no esté de acuerdo en que liguemos los gobiernos con las ventas de armas, muchas realizadas por empresas no dependientes del gobierno.  Sin embargo, hay que recordar que tanto el anterior como el actual rey, el ministro de Defensa, el de Exteriores, el presidente del Gobierno, y otros ministros, es decir, toda la cúpula de la administración del Estado, funcionan continuamente como embajadores de buena voluntad, y vendedores a domicilio de armas en múltiples países.

Banca Armada: la financiación de la industria armamentística por la banca española

Fuente:  Evolución de la Banca Armada en España.

El informe sobre el que hoy hacemos hincapié es de octubre de 2013 y está elaborado por Jordi Calvo Rufanges y los investigadores de apoyo:  Jordi Alsina, Ainhoa Díaz, Arnau Jordà, Cristina Mediavilla y Blanca Nogueras.

El núcleo del trabajo es hacer una radiografía de la financiación de la industria armamentística por la banca española.  ¿Quiénes son los culpables de esta economía tan poco ética?  ¿Cuáles son las principales cifras?

En el cuadro siguiente se agrupan los fondos de inversión, las acciones y los bonos en empresas de armas de la banca española en el periodo de 2009 a 2013.  Llama mucho la atención el papel preponderante de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) que pertenece al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  La SEPI tiene un Consejo de Administración integrado, además de por su presidente, por el vicepresidente de esta Sociedad Estatal, con el mismo cargo en el Consejo, por el secretario del Consejo y por los vocales, que representan a los ministerios de Defensa; Hacienda y Administraciones Públicas; Industria, Energía y Turismo; Economía y Competitividad; Fomento; Empleo y Seguridad Social; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Presidencia.

Es decir, el Estado, a través de la SEPI, financió a traves de fondos de inversión, acciones y bonos entre 2009 y 2013 919’49 millones de € a la industria militar.

banca armada 1

Por otro lado, es de destacar el importe total de las inversiones de SEPI, más bancos y aseguradoras: 1.679’58 millones de € en 5 años, a una media de 355’9 millones de € al año.

banca armada 2

A la participación del Estado a través de SEPI hay que unir la que tiene el mismo Estado y se desarrolla a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial) que pertenece al Instituto de Economía y Competitividad.  El ICO es un banco público con forma jurídica de entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Por tanto, de esta manera sibilina el Estado desde 2009 a 2013 concedió 116 millones de € de créditos a la industria militar. Por supuesto, con el dinero de todos los contribuyentes. SI a ello unimos los créditos de apoyo al sector industrial militar que el Estado ofrece anualmente a las industrias de guerra a interés cero a través del MInisterio de Industria, la cifra de apoyo estatal resulta más abultada aún.

Pero aquí no acaba todo y hay otras formas de financiación de la industria militar:

banca armada 3

Con todos estos datos, el ranking de la Banca Armada española quedaría de la siguiente forma:

banca armada 4

Del total de 7.238’6 millones de €, la parte del Estado, la parte que financiamos todos con nuestros impuestos supuso el 14’3 % y un total de 1.035’49 millones de €.

Un estado el nuestro altamente inversor en militarismo. ¿No resulta algo sorprendente y peligroso?

Carta abierta pacifista a Kichi

Imagen de Daniel López García

Fuente:  Andalucía Información.

La noticia:

Hablamos del contrato que estaría a punto de cerrarse entre Navantia y Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas, lo que generaría carga de trabajo para cinco años en los astilleros de la Bahía, tal y como indicó el presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Jesús Peralta.

El contrato asciende casi a 3.000 millones de euros, va a dar empleo a unas 10.000 familias, entre directo e indirecto, y “vamos a tener a cerca de 1.000 personas viviendo con sus familias aquí en la Bahía”, indicaba el sindicalista antes de indicar que le preocupaba la postura de Podemos en este asunto, pues junto con algunas ONG, estaba en contra de construir buques de guerra para un país que precisamente no es conocido por respetar los Derechos Humanos.

De hecho, Peralta dijo que los trabajadores habían hablado con los alcaldes de Podemos en Cádiz y Puerto Real para que instarán “a su jefe”, Pablo Iglesias, a que “se calle” porque con su oposición “va a joder a más de diez mil familias” gaditanas

Y las declaraciones de Kichi:

“por si alguien tenía alguna duda, este equipo de Gobierno da su apoyo a cualquier iniciativa que aumente la carga de trabajo en los astilleros de la Bahía de Cádiz”.

“Que no quepa la menor duda sobre nuestro apoyo a los astilleros de la Bahía de Cádiz”, afirmó para añadir que muestra su “respaldo y apoyo” a las negociaciones que la SEPI y la dirección de Navantia “están desarrollando para que el contrato de las corbetas se firme de la manera más inmediata posible”.

Eso sí, puntualizó, “eso no quita para que también cuestionemos la revisión de los compromisos en materia de diplomacia internacional con otros países como por ejemplo, con Arabia Saudí” y es que “sería conveniente que España instase a Arabia Saudí a que respete los Derechos Humanos”.

Por otro lado, el alcalde asegura que contratos como el de las corbetas “no son suficientes para enfrentar la difícil situación que atraviesa el empleo en la Bahía de Cádiz”, incidiendo en que el Gobierno de España “debe garantizar que llegue, no sólo del sector militar, sino también del civil, carga de trabajo sostenible para los astilleros de la Bahía de Cádiz”.
Por último, el regidor gaditano reclama que se ponga en marcha un Plan Estratégico para el Sector Naval, ausente en la última década, que renueve las inversiones y las plantillas en este sector.

Querido Kichi:

Somos conocedores de que en el año escaso que llevas de alcalde ha habido mejoras sustanciales en la ciudad, a pesar de los muchos palos que os han puesto en las ruedas otros actores políticos.  Sabemos que se ha bajado la deuda de Cádiz en más de 10 millones de €, que se ha implementado el programa de alimentación urgente para escolares, que ya no hay listas de espera en servicios sociales, que habéis aprobado un bono social para la electricidad de muchas familias pobres (y que estáis gestionando otro bono para el agua), sabemos que habéis fomentado la cultura participativa en el ayuntamiento.  Todo ello nos alegra y por ello te felicitamos.  Pero, ciertamente teníamos esperanzas, dada tu trayectoria, en que tu llegada a la alcaldía de Cádiz sirviera para bajar el nivel de militarización que sufre la ciudad y la comarca.

Cádiz es un ejemplo palmario de que el monocultivo militar no es bueno económicamente para ninguna región porque:

  • se convierte en la única alternativa de empleo y de inversión
  • éticamente es reprobable al cien por cien
  • vuelve dependiente a la población y a sus políticos de los inestables ciclos de venta de armas o de las guerras que se están preparando

Nosotros particularmente teníamos las expectativas abiertas porque nos habían hablado muy bien de ti como persona y de tu compromiso político.

Al principio de tu mandato nos sorprendió que recibieras institucionalmente a militares de alta graduación que recalaban en Cádiz, pero bueno, era el inicio y, en parte, eran asuntos menores.

Sin embargo este apoyo a la SEPI y a Navantia para fabricar corbetas, buques de guerra de la clase Avante 2200, corbetas destinadas a un país criminal que las emplerá, como se está viendo, en su lucha expansiva y por el control regional de una de las zonas más sensibles del planeta, este apoyo es un verdadero baño de realidad.  Parece que optas por ser uno más, uno de ellos, uno de los que callan ante el atropello del militarismo y prefiere el cálculo electoral a la dignidad.

Leemos los resultados de las votaciones de la Diputación de Cádiz y en el punto 20 no deja de sorprendernos la casi unanimidad:  a favor de fabricar las corbetas para Arabia votaron  PP, PSOE, IU, PC (Por Cádiz sí se puede) y PA (Grupo Andalucista).  Sólo se abstuvo GJ (Ganemos Jeréz) por sus recelos antes las prácticas de Arabia Saudí contra los Derechos Humanos.

El diputado de Grandes Sectores Estratégicos, José María Román, ha explicado que la defensa del empleo debe prevalecer sin que ninguna otra cuestión, que podría tratarse en un punto aparte, enturbie el consenso sobre este tema. En este sentido ha argumentado su rechazo a una enmienda del Grupo Por Cádiz Sí se Puede, que pedía una manifestación explícita de defensa de los Derechos Humanos y contra el terrorismo, no por cuestiones de fondo, sino porque se trataba de un acuerdo que quiere manifestar un mensaje rotundo e inequívoco en favor de la búsqueda de carga de trabajo, ante el enorme índice de desempleo de la provincia y la Bahía de Cádiz en particular.

El drama del empleo en Cádiz es indignante. En eso no podemos sino estar de acuerdo. Buscar salidas urgentes, inmediatas, a ese drama es, no cabe duda, la labor política más importante y no sólo cuestión de palabras. Pero el trabajo en Cádiz asociado a la fabricación de armas condena a Cádiz a la dependencia, a la precariedad laboral, a la insostenibilidad. Y ese es el problema que, al parecer, nadie quiere abordar.

Son varias las consideraciones que te queremos comentar desde el punto de vista pacifista:

  • Apoyo total al militarismo.  Parece, por tus declaraciones en facebook que el apoyo no tiene medias tintas, ni matizaciones.  No es que hayas dicho que no hay más remedio, que te ves obligado, que en el futuro procurarás que sea de otra manera.  Has dado todo tu apoyo inequívoco y sin matices.  Impresionante. Y así hemos capturado tu declaración en las redes:

kichi navantia subrayado

  • Todo para nada.  El contrato no es suficiente para enfrentar la difícil situación del empleo en la zona.  El actual contrato militar es un parche temporal que no va a solucionar los problemas de la zona.  Sin embargo, sí los va a enquistar:  Cádiz va a ser durante más años dependiente de los militar, como lo ha sido desde hace mucho.  La misma perspectiva vital penosa, dependiente, azarosa. Y esto, desde la responsabilidad de un político que viene a romper las dinámicas nefastas provocadas por el PP y el PSOE debería explicarlo claramente a la sociedad, incluso enfrentándose a los interesados grupos de presión que pujan por el interés militarista.
  • ¿Renunciamos a la ética?  Fomentar la venta de armas no es neutro, no es aséptico, tiene consecuencias.  Refleja falta de ética política porque fomenta la violencia directa, estructural y cultural.  Supone que un edil que quiere cambiar las situaciones de injusticia de su ciudad mira para otro lado si se promueve la violencia estructural en otros países que no respetan los derechos humanos, las relaciones internacionales militarizadas.  Eso es asumir el núcleo de las convicciones políticas del capitalismo:  lo importante es que ‘nosotros’ estemos bien, aunque sea explotando a los demás.
  • La compañía.   ¿No es sospechoso votar con PP y PSOE?  ¿Acaso son casta en todo menos en la cuestión de Defensa?  Votar con el PP y con el PSOE en cuestiones de Defensa es dar el primer paso para acabar asumiendo que la política de Defensa es intocable, incuestionable, no debatible.  Supone asumir el núcleo de la ideología en cuestiones de Defensa del PPPSOE, la política de Defensa es una Política de Estado y, por lo tanto, es conservadora, opaca, promotora de violencia, exportadora de armas, consolidadora del militarismo y de la OTAN.  Sobre todo, y esto es lo peor, supone asumir que no hay alternativa.
  • ¿Apoyar a Navantia?  Si la decisión es apoyar a una empresa que investiga para acabar desarrollando un submarino, el S-80, que se hunde pero no es capaz de flotar, la decisión no tiene muy buena pinta.  ¿Quién ha dimitido por una gestión tan desastrosa, y que le ha costado a los impuestos de todos un sobrecoste multimillonario, quién es el responsable?  Se está apoyando a una empresa antieconómica, que necesita sucesivas subvenciones del Estado para sobrevivir, que necesita apoyo institucional para vender su producto principal (naves de guerra) y con una gestión nefasta y unos responsables incapaces pero irresponsables.
  • ¿El empleo lo es todo?  ¿Aunque fomente a dictadores, aunque fomente la guerra?  Ya no importa nada:  empleo a cualquier precio, cualquier oferta es buena.  Seguramente contestarás que no.  Seguro que no aceptarías un vertedero de residuos nucleares en Cádiz, ni que cualquier corrupto hiciese un casino por mucho empleo que se crease. Seguro que estás de acuerdo, por ejemplo, con el ayuntamiento de Pontevedra que quiere quitar una industria papelera de allí, a pesar de que da empleo ¿Por qué no se mantiene la coherencia en lo antimilitar?
  • Empleo digno. Es muy fuerte que Cádiz tenga un 40% de paro.  Terrible, pero también es muy fuerte que la forma de trabajar en Cádiz sea fabricar armas. Y es más fuerte todavía conocer que es precisamente la dependencia que genera ese monocultivo militar el que provoca dependencia y quiebra la posibilidad de alternativas sostenibles de empleo. Exigimos trabajos dignos en horario, en conciliación familiar, en que no haya grandes diferencias salariales entre los directivos y los trabajadores de base.  ¿No exigimos que la producción sea, también, ética, pacífica, coherente, sostenible?
  • Empleo solidario.  ¿Solidario fabricar armas?  Antes bien es antiecológico, antieconómico, un despilfarro, inhumano, el colmo de la insolidaridad porque las armas sólo hace más fuertes a las elites económicas y políticas, no a la gente de base. Si con alguien es solidario apoyar a las industrias militares es con las industrias militares, pero se da el caso de que éstas son, precisamente, insolidarias con la lucha de los hombres y mujeres por la dignidad y la justicia. Hay que elegir bien las solidaridades y los amigos y aliados, no sea que acabemos siendo lo que empezamos deplorando y nos arrastremos por la vida como tantos patéticos e instalados sujetos que todos conocemos que nos hablan de sus batallitas de compromiso que, hace tanto y de forma tan escandalosa, abandonaron.
  • La peor apuesta para generar empleo.  Como se muestra en la siguiente imagen, con un millón de dólares se crean 8.555 empleos en lo militar, pero con los mismos destinados a otros fines, se crearían 10.779 en consumo personal, 12.804 en construcción, 12.883 en salud, 17.687 en educación y 19.795 empleos en el transporte público.  ¿Por qué apostar por lo menos productivo para paliar el problema de desempleo? ¿No es más sensato reclamar y con fuerza un cambio desde ya de las prioridades, de las inversiones públicas, de los objetivos de las empresas, etc. hacia sectores sostenibles y alternativos a lo militar?

investigación en armamento y trabajo

  • El círculo vicioso de la dependencia militar.  Cádiz siempre ha sido dependiente de lo militar, con esta decisión lo seguirá siendo y dará un nuevo giro de tuerca.  Esta decisión de apoyo militarista es pan (migajas) para hoy y hambre para mañana.  No se arregla ningún problema de desarrollo sostenible de Cádiz, se ahonda en el problema. Debería saber el alcalde de Cádiz que la producción de armas está sometida a ciclos de rearme y distensión y al fomento de las guerras y conflictos por parte de los grandes centros de decisión mundial. Estos ciclos necesitan de fases expansivas y de producción y otras de parón. Condicionar el futuro de Cádiz al capricho de la venta de armas es asociarlo de forma inconsciente a los ciclos del militarismo, condenar el trabajo a su precaria situación. ¿Cádiz tiene la mala calidad de trabajo porque tiene pocos pedidos militares o porque el militarismo precariza su mercado laboral? ¿Navantia es la solución o es más bien el problema?
  • La corresponsabilidad.  Defender el empleo de Cádiz de la manera en que lo has hecho, las declaraciones que has hecho, Kichi, te hacen corresponsable de la política de defensa militarista y violenta que practican PSOE y PP.  También del sostenimiento militar de la dictadura Saudí.
  •   No se han hecho los deberes.  ¿Cómo se puede romper con este círculo vicioso y violento?, ¿cómo para que no suceda de nuevo?  Porque esta situación era previsible. Cada poco tiempo, los intereses conjuntos de la empresa Navantia, de las empresas militares, de los partidos promilitaristas que apoyan sus intereses, de sus grupos mediáticos de apoyo y de la cúpula sindical instalada en sus viejos dogmas, se conjuntan para presionar, para exigir más carga de trabajo en armas, para hacer creer que su interés es el de todos, para conseguir el objetivo lucrativo que persiguen. Por tanto, que ahora iban a plantear lo de siempre, que iban a presionar a los alcaldes que dicen representar otro sentir, era evidente y el no tener respuesta y plegarse a las exigencias supone no tener hechos los deberes. Y parece que la visión ha sido muy cortoplacista, nada de prever el medio y largo plazo ¿Qué alternativas se han barajado?  ¿Qué planes se han desarrollado para evitar el marrón político que supone vender armas a una dictadura?  ¿Qué planes hay para evitar la perpetua dependencia de la inversión militar?  Parece que ninguno. Sencillamente, te has dejado vencer (esperamos que aún no convencer) por los lobbys de presión militar. Ahora te consideran uno de ellos.
  • Es imprescindible la crítica a lo militar desde las institudiones.  No es cierto que Cádiz entero aspire a la carga militar de trabajo. De hecho no todo el mundo votó a favor de la apuesta militarista. Es cierto que el bloque que se adscribió a las tesis del partido tácito militarista (PSOE, PP; IU, Por Cádiz SI se Puede, PA) fue mayoritario, pero el hecho de que hubiera un voto diferente implica que sí había otras posibilidades, al menos de mostrar no un apoyo incondicional, sino una apuesta por alternativas, un apoyo en su caso más matizado…  Pero, más allá, de los grupos políticos, es que son muchas las ONG y entidades que no apuestan por Navantia y la militarización de Cádiz. De hecho, el propio Presidente del Comité de Empresa de Navantia, uno de los grupos de presión más importantes de la Bahía, presionaba a Podemos para que  no se alineara con las ONG contra los contratos militares. Tampoco los pacifistas de Cádiz están por la labor de apoyar tan incondicionalmente la carga de trabajo militar para Cádiz como alternativa de trabajo decente.

Para acabar, Kichi, ¿es posible encontrar alternativas?

La desmilitarización de zonas dependientes del monocultivo militar no es nueva en Europa: Los programas KONVER y TACIS, promovidos por la Comisión Europea  a petición del Parlamento Europeo, permitió invertir importantes cantidades económicas a partir de 1993 en regiones fuertemente afectadas por el monocultivo militar en Italia, Francia, España y Alemania (tras la reunificación). Otro programa de la misma comisión, el llamado Programa TACIS promovió similares inversiones en las regiones fuertemente militarizadas de diversos estados de la extinta URSS.

De este modo, tanto el enfoque pro desmilitarización de zonas afectas al monocultivo militar como recursos para ello no son algo extraño en Europa, sino que existen antecedentes.  Hay muchos ejemplos de reconversión de la industria militar, de mayor y menor calado, son dignos de estudio y vendrían muy bien a Cádiz.

También hay algunos diseños sobre el camino de tránsito desde esta sociedad tan militarizada y violenta hacia otra sociedad pacífica, solidaria y noviolenta.  El concepto se llama transarme y no es un irrealizable.  Sobre él se puede leer en “Política noviolenta y lucha socia. Alterantiva noviolenta a la defensa militar”.

Por otra parte, también los Presupuestos Generales del Estado contemplan partidas para el desarrollo económico sostenible de regiones en declive industrial. Dichos fondos estatales, desde una reivindicación bien organizada, pueden reclamarse para una profunda reconversión hacia la sostenibilidad del empleo de calidad y justo en las grandes dependientes militares españolas con alto índice de paro asociado, Cádiz y Ferrol. Asombra no ver estas reclamaciones, al menos como matización, en las reivindicaciones del Alcalde alternativo de Cádiz. ¿Desconocimiento, desinterés, entrega a los intereses del militarismo?

En tercer lugar, las críticas a Navantia como empresa son muchísimas:  estaría encabezando cualquier lista de las principales empresas españolas donde hacer una auditoría seria y rigurosa.  La empresa pública Navantia arrastra una deuda espectacular, fruto de la falta de perspectiva real a medio y largo plazo, la evidentemente nefasta gestión y lo catastrófico de su producción fallida. Esta deuda, a la larga, es sufragada de forma indirecta por parte de toda la sociedad por la vía tanto del esfuerzo de las autoridades para conseguir nuevos contratos de armas (viajes del Ministro de Defensa y del propio Rey incluidos), como porque el agujero acaba siendo pagado por SEPI con cargo a los beneficios de otras de sus empresas o por el Estado por medio de aportaciones económicas, subvenciones y créditos a interés cero. Todo este esfuerzo destinado a la producción de armas se estima en varios cientos de millones cada año. La reversión de tal esfuerzo en términos políticos y económicos a los parados de Cádiz y a generar nuevos nichos de empleo decente, sencillamente, podrían paliar transitoriamente la situación regional hasta la consolidación de otras alternativas. Ni se ha visto al rey y a la pléyade de políticos corifeos del militarismo reivindicando una viabilidad alternativa para Cádiz, ni parece que sea interés de todos estos señores impulsar con tanto ahínco el trabajo de los gaditanos como la posición de España como séptima potencia en venta de armas del mundo.

Reivindicar desde ya la reconversión del sector naval de Cádiz y de Navantia hacia una producción diferente podría, igualmente, formar parte de la agenda política alternativa. ¿No cabe producir con la tecnología disponible otros ingenios por ejemplo enfocados hacia las energías limpias, o hacia el uso de la sofisticada tecnología en usos civiles que posicionaran a Cádiz de manera alternativa? De hecho Navantia tiene una línea de investigación en los sectores eólico y marino. ¿Puede potenciarse ésta en detrimento de la producción sucia de armas? ¿No apuesta Cádiz por un cambio hacia un modelo energético ética y ecológicamente sostenible que saque a la provincia de la postración? ¿No puede ser este el camino?

El militarismo en Cádiz es brutal también en lo territorial. Cádiz cuenta con más de 68.938.237,56 metros cuadrados de patrimonio militar (según los datos de patrimonio que, como se sabe, no contemplan el total del que tiene el militarismo), sin contar con el de Navantia. Sin embargo lo militar y sus industrias no pagan impuestos ni tasas a los municipios, están exentos. ¿No existe aquí una fuente ya sea para la reconversión de estos terrenos e instalaciones que no usan hacia fines útiles o planes de choque que ayuden a la población?  ¿No sería la exigencia de que paguen un apoyo a políticas de empleo, en este proceso de transición al cambio de modelo que Kichi ha prometido tantas veces, para Cádiz?

Entre la resignación fatalista y el escapismo que todo lo niega, caben caminos para revertir la injusta situación de paro de Cádiz, fruto de una historia de postraciones e intereses, donde la propia dependencia del monocultivo militar actúa no como solución, sino como generador de dependencia.

Pero esos caminos pasan por proponer y llevar a cabo políticas activas y por mostrar el camino de transarme que nos lleve a la superación de la dependencia.

Y en esto, querido Kichi, ni siquiera te has alineado en la propuesta de cambio.

Falta diálogo con los pacifistas.  Falta estudiar y comprender sus propuestas, sus alternativas, falta trabajo común con ellos, que también son parte de la izquierda y de la alternativa a esta sociedad de opresión.

Un saludo, compañero.

Avance provisional: 24.489,96 millones de euros de gasto militar para 2016

GASTO MILITAR 2016: 24.489,96 MILL. €

GASTO MILITAR 2016: 24.489,96 MILL. €

Como en años anteriores, ya estamos enfrascados en el estudio del previsible gasto militar que se puede deducir del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Las sorpresas son variadas y las iremos dando a conocer poco a poco.

De momento avanzamos una tabla provisional, que puede sufrir aún pequeñas variaciones a medida que avancemos en el estudio, del que, como mínimo, será el gasto militar del Estado español en 2016. Un gasto militar que pretende condicionar las políticas futuras, salga quien salga elegido en las próximas elecciones, y dejar “atados y bien atados” los intereses del militarismo.

Esperamos que sea de provecho.

GASTO MILITAR 2016 (en millones de €)
Concepto Imputado Subtotal
Ministerio de Defensa 5.787,85
Ministerio de Defensa 5.787,89
Clases pasivas militares (Ministerio de Hacienda) 3.477,37
Pensiones y prestaciones a familiares 3.268,34
Prestaciones a no funcionarios 18,06
Pensiones de guerra 190,97
Organismos Autónomos Militares 1.735,42
INVIED (Instituto Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento) 219,37
ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) 754,50
ISFAS (Cuotas Sociales, Programa 929 Diversos Ministerios) 624,12
INTA (Instituto Aeroespacial Técnica Aeroespacial E. Terradas) 147,50
Empresas Públicas del Sector de la Defensa
Exenciones de Impuestos a Defensa de entidades locales
Casa del Rey 0,84
Casa del Rey 0,84
Presidencia 240’97
CNI 240’97
Ministerio de Interior 2.658’30
Programa 131 N. Formación.  Dirección General de la Guardia Civil (D.G.G.C.) 57’53
Programa 131 O.  Reserva.  D.G.G.C. 197’49
Programa 132 A. Seguridad Ciudadana.  D.G.G.C. 2.378’09
Programa 132 C.  Actuaciones en materia de droga.  D.G.G.C. 21’79
Programa 132 A.  Dirección General Policía.  Suministros carácter militar y policial 3’40
Ministerio de Exteriores 201’33
Fundación Real Instituto Elcano 0,15
Asociación Atlántica Española 0,01
Transportes Ministerio de Defensa 1’24
Fundación CEI (Centro de Estudios Internacionales) 0’06
Arreglo de Wassenaar sobre control de las exportaciones de armas convencionales y bienes y tecnología de doble uso 0’62
Convención sobre Prohibición de Ciertas Armas Convencionales 0’3
Convención sobre Prohibición de Armas Biológicas 0’29
Convención sobre Prohibición de Municiones de Racimo 0’28
Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares 2’99
OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa) 10’39
OTAN (Organización Tratado Atlántico Norte) 19’91
OPAQ (Tratado de la Organización Permanente de Prohibición Armas Químicas) 1’96
Tratado de No Proliferación Armas Nucleares 0’06
Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para la ex-Yugoslavia 2’41
Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para Ruanda 1’20
Instituto Europeo de Seguridad (UE) 0’28
Unión Europea Occidental 0’99
Operaciones Mantenimiento de la Paz ONU 158’05
Contribución voluntarias ámbito seguridad, no proliferación y 0’14
Agregadurías militares en Embajadas y Consulados ¿?
Ministerio de Fomento 0,22
Coordinación Civil-Militar en la Agencia de Seguridad Aérea 0,22
Ministerio de Industria 500,42
Apoyo innovación tecnológica del Sector de Defensa 468,13
Apoyo a la exportación ICEX (*) ¿3,40?
Compensación intereses apoyo sector naval (*) ¿64,45? ++
Primas a la naval (*) ¿18,50?
Subvenciones industrialización zonas deprimidas: Cadiz y Ferrol (*) ¿?
Satélite PAZ-Ingenio 25,00
Programa observación por satélites de la Tierra 7,29
Subvención Proyectos Estratégicas sector Industrial ¿35,00?
Subvención a la participación de programas espaciales (*) 152,00
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 0’50
Instituto Social de la Marina.  Buque medicalizado Esperanza del Mar.  Apoyo a Malí 0’5
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 52’17
Barcos Apoyo al Índico 0’5
Inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera a cargo del Ejército y la G. Civil 16’75
Pagos a Defensa por actuaciones contra incendios de la U.M.E. ¿?
AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) 34’92
Ministerio de Hacienda 39,49
Aviones de la Agencia Tributaria ¿?
SEPI ¿?
Formación para el empleo de las administraciones públicas 0,35
Gastos plurianuales transporte Ministerio de Defensa e Interior 39,14
Ministerio de Sanidad, A. Sociales e Igualdad 0’3
Productos uso y consumo uniformidad femenina ¿0,3?
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 104.01
Real Instituto Elcano 0’07
Base Antártica Gabriel de Castilla (7,69) 6,73
Red de Seguridad Biomédica 25,58
Transferencia del CSIC al INTA 71,70
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 0’02
Conservación bienes culturales de carácter militar ¿?
Elcano 0’02
Otros Organismos:  Centros Universitarios de la Defensa 14,06
C.U.D. Academia del Aire San Javier 2,73
C.U.D. Academia General de Oficiales de Zaragoza 5,69
C.U.D.  Escuela Naval Marín 2,59
C.U.D.  Grupo de Escuelas de la Defensa Madrid 0,76
C.U.D. Guardia Civil 2,29
TOTAL antes de Gastos Extrapresupuestarios 14.813,06
DEUDA MILITAR 9.593´54
Deuda Militar Ordinaria 6.024’03
Deuda Militar Extraordinaria: 3.557,06
Previsión de sobregasto en Liquidaciones 1.301´57
PEAS (Programas Especiales de Armamento) 1.606,50
Operaciones Exterior 648’99
Intereses de la Deuda Militar 95´81
TOTAL GASTO MILITAR 2016 24.489,96
+423,12%
*) No aparece desagregada la parte destinada en estas partidas a industrias de defensa y para fines militares, por lo que hemos optado por señalar la cantidad máxima de cada partida a título ilulstrativo pero sin sumarla a las partidas seguras, aún sabiendo que una buena parte de estas irá a gasto militar.
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