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Los números rojos de Navantia y el rescate de la industria militar hunden la SEPI y hundirán las regiones dependientes del monocultivo militar

Exponaval+2012

Por Jesús Fernández García

Fuente: EconomíaDigital

Del desastre sin paliativos ni excusas que es Navantia, la empresa mimada de la industria militar española, nos hemos ocupado por extenso a lo largo de años.

Desastre que tiene que ver con sus pérdidas de vértigo y su mala gestión, con su mala calidad, con su inmoral negocio en sí y con el trasiego de favores y puertas giratorias que soportan, contra viento y marea, la empresa pública con el dinero de todos y en beneficio de unos poquitos.

El Estado, amén de mandar de viaje a ministros, monarcas y otras autoridades menores y disponibles para que vendan los productos de Navantia, ha cooptado alcaldes y autoridades incompetentes (en la materia, se supone) para que, cerrando los ojos o tapándose la nariz, hablen parabienes de este negocio y ha comprado titulares periodísticos para que nos expliquen la gran mentira, un nuevo ejemplo de agnotología militar, de lo requetebueno que es vender armas de Navantia, aunque sea a Arabia Saudí, para nuestra seguridad y para bajar las cifras del paro.

Las terribles y engañosas cuentas de Navantia

Y de buenas a primeras nos enteramos por las cuentas anuales de 2016 presentadas por la SEPI que en 2016 Navantia acumuló (a pesar de las inmejorables ayudas públicas) unas pérdidas de 303 millones de euros, la mayor deuda de todas las empresas publicas españolas.

Navantia se convierte así en un agujero negro (y bastante opaco) que arrastra las cuentas públicas al desastre. ¿Hay que agradecérselo a alguien en concreto?

Según otro medio, las cuentas de Navantia implican que ésta está en una situación que obligaría a su disolución aunque han empleado un truco contable para evitarla.

Así informó a su vez a finales de junio Economía Digital.

Para más aclaraciones de la desastrosa situación de Navantia, la Oficina Nacional de Auditoría (órgano adscrito a la IGAE) dice  en su informe de auditoría de las cuentas de SEPI, páginas 4 y 5, que

En el informe de auditoría del Grupo Navantia, el auditor llama la atención sobre las notas 3 y 22 de la memoria, que describen la situación patrimonial del Grupo. El patrimonio neto a efectos mercantiles de la Sociedad Dominante del Grupo Navantia se sitúa en 23.393 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 y, por tanto, en situación patrimonial de disolución, en aplicación del artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, celebrado el 15 de marzo de 2017 aprobó la solicitud a SEPI, su accionista único, de un préstamo participativo por importe de 90.000 miles de euros. Con fecha 28 de marzo de 2017 ambas sociedades firmaron el contrato del referido préstamo, que ha sido desembolsado en la misma fecha. Considerando este préstamo participativo y teniendo en cuenta el patrimonio neto a efectos mercantiles, a 31 de diciembre de 2016, la Sociedad Dominante no se encuentra en causa de disolución, sí se encuentra en situación patrimonial de reducción de capital obligatoria, en aplicación del artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que durante el ejercicio 2017 la sociedad tendrá que tomar medidas tendentes a conseguir el equilibrio patrimonial.

Es decir, traducido al idioma autóctono de quienes ni sabemos de finanzas ni usamos corbatas y camisas de seda, Navantia debería disolverse, pero como el dinero es de todos y a sus administradores les cuesta muy poco, unos cuantos (casualmente los causantes y cómplices del desastre) han decidido auto-otorgarle a Navantia (osea a ellos mismos y a los intereses que representan) un préstamo para camuflar las cuentas y permitir un nuevo salto en el vacío, algo así como un rescate como los que salvaron el negocio de los accionistas de los bancos pero ahora aplicado a la industria militar (que también es casualidad que sea una de las que financia la banca armada).

Más deuda a nuestras costillas y más gasto militar

¿Significa eso que nos va a salir gratis la broma de este “reflote” (véase la metáfora marítima que elegimos para más rechifla) de la industria de muerte?

Pues no. Significa monda y lirondamente más gasto militar, porque ¿adivinan de dónde saldrá el pastuco del préstamo de camuflaje?

¿Han pensado que de los presupuestos? Pues acertaron. Lo dice así el diario La Información y nos pone sobre la pista para anotar en 2017 dinero camuflado de gasto militar en la SEPI y para vigilar el presupuesto de 2018, donde es previsible que vuelvan a repetir la jugada

En los Presupuestos Generales de 2017 se concede a la SEPI una aportación de 1.210 millones para avalar a sus diferentes empresas, una cifra idéntica a la de 2016. El Gobierno, además, prevé que la Sociedad estatal acabe el año en pérdidas, con un resultado negativo de 149 millones.

El desastre productivo de Navantia

Pero este aspecto económico no lo es todo en el caos de Navantia.

Su eficacia productiva es inigualable.

Navantia nos ha empobrecido vendiendo al Estado unos submarinos que no flotan y han debido ser revisados innumerables veces.

Revisiones que han implicado aumento de la factura de producción de los mismos y aumento de la factura de reparación de los actualmente en uso para alargar su vida útil hasta que los nuevos ingenios de Navantia tengan a bien emerger del fondo marino donde los sitúa la incompetencia del personal “altamente cualificado” del que alardea el escalafón militarista, desde la ministra hacia abajo.

En efecto, el inicial proyecto de submarinos de Navantia supondría un coste de 1.796 millones de euros, pero ya vamos, sumados los sobrecostes del propio submarino y los gastos que ha implicado para reparar los antiguos y mantenerlos en uso, 3.013 millones de euros, según informamos en febrero de 2017. Y según el Secretario de Estado en su intervención en el Congreso para informar sobre los Programas Especiales de Armamento del pasado 2016, estas cantidades sólo permitirán poner en el agua el primero de los cuatro submarinos previstos, sin que se sepa el coste de los otros tres restantes.

Pero los errores de diseño de Navantia no son exclusivos de su empeño en submarinos con sobrepeso y alcanzan a otros productos de la naval, como los barcos de la clase Camberra que quiere vender a Australia, o el BPE Juan Carlos I como ya explicamos en otra entrada de mayo de este año.

¿Qué suerte habrían corrido las comarcas de Cádiz, Ferrol y Cartagena si el dinero invertido en mantener Navantia se hubiera invertido en reconversión y desarrollo?

Las cifras no engañan. Navantia ha recibido varios miles de millones del erario público en concepto de ayudas, subvenciones y aportaciones para mantenerla en pié.

La sola suma de las pérdidas de Navantia en los últimos diez años (pérdidas que cubre el Estado al margen de las ayudas y encargos que realiza a esta empresa) es escalofriante, con una media anual de más de 250 millones de euros y sin un plan viable de salida.

La explicación que nos han dado es que con ello contribuían a la cuestión social de Murcia, Cartagena y Ferrol, ampliamente dependientes de la industria naval militar.

Muchos de los contratos de Navantia no han tenido una finalidad, dijo un anterior Secretario de Estado de Defensa, desde el punto de vista militar, pues lo “encargado” o no se necesitaba o se podía conseguir mejor fuera, sino industrial, para fortalecer el sector naval militar.

Si contabilizamos todas estas ayudas, subvenciones, dinero invertido en encargos, sobrecostes de sus productos y dotaciones de pérdidas ¿no podría haberse cortado la sangría antes e invertido todo este dineral tirado a la basura para desarrollar de forma alternativa estas regiones?

Lo militar ha supuesto para Cartagena, Murcia o Cádiz dependencia, no progreso ni desarrollo y mantener incólume esta dinámica no puede sino condenar a estas regiones a más dependencia y peor futuro.

¿Por qué nadie reclama ese cambio de rumbo?

Si de lo que se trata es de sostener la viabilidad de las regiones referidas, ¿por qué no se invierten los más de 300 millones de perdidas de Navantia no en mantenerla viva, sino en el desarrollo de estas regiones?

¿Por qué no se incentiva una reconversión radical de Navantia y sus tecnologías hacia fines socialmente útiles y sectores sostenibles?

La respuesta es más que sencilla. Porque lo que se busca no es el desarrollo de estas regiones, sino el negocio lucrativo de unos pocos.

Paro y Navantia

Las cuentas anuales de Navantia de 2016, bastante edulcoradas, por cierto, nos aportan un dato más:

  • La plantilla de Naviantia a 31-12-2016 era de 5.296 personas únicamente.
  • La cifra de negocio de Navantia en 2016 ha sido de 710´08 millones de euros.
  • El resultado de Navantia en 2016 ha sido de 229,74 millones de euros.
  • Las inversiones en inmovilizado durante 2016 han sido de 170 millones de euros.
  • El patrimonio de Navantia se ha contabilizado por valor de 341,29 millones de euros.
  • Ha obtenido donaciones y subvenciones (principalmente de la Comunidad de Murcia, el Ministerio de Industria y la UE) por importe de 3,9 millones de euros.
  • el pago total de personal ha sido de 311´36  millones de euros, lo que equivale a un sueldo medio de 58.791 euros, cifra que, a la vista de las tablas salariales de su propio convenio, no cobra ni siquiera el 10% de su plantilla y que sobre la cifra de negocio anual supone un 43% de aquella.

Estas cifras despejan, a su vez, la idea de que Navantia ofrece mucho trabajo, únicamente 5.296 personas en unas regiones que cuentan con una población parada de cerca de 200.000 personas en la región de Cádiz (un paro de más del 33% de su población activa), más de 130.000 personas en la región de Murcia (cerca del 20% de parados) y con un paro en la comarca de Ferrol de 6.100 personas, un 24% de su población activa.

Navantia no es, vistas las cifras, ni una solución parcial al paro desmesurado y producto de una ínfima inversión en desarrollo de estas regiones.

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Listado de las 69 partidas ocultas del Gasto Militar español

¿Es el momento de hacer algo?

 

 

 

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El ciclo de vida del armamento

Imagen de Agencia do Brasil Fotografias

Fuente:  Infodefensa.

Un arma (cazas, fragatas, tanques, helicópteros) se suele empezar a pagar 20 años antes de empezar a usarse.  Esos 20 años se utilizan en su diseño, en las pruebas y, finalmente, en su fabricación.  Tras todo ello el arma es lo más moderno en el mercado durante unos pocos años, hasta que la industria rival, que empezó a diseñar el contraarmamento hace 15 años llega a producir un modelo nuevo y más mortífero.

Entonces, irremediablemente, el armamento queda obsoleto y hay que iniciar un nuevo círculo armamentista.

Esta locura hace que los países productores de grandes armas tengan que recurrir a la exportación de su material bélico si quieren recuperar algo del dinero invertido por su nación.  Para ello, claro, será necesario crear conflictos, o fomentarlos, en países alejados, del Tercer Mundo y con cierta capacidad de comprar armamento por parte de sus élites.

Parece que ahora, como nos cuenta Antonio Fonfría en Infodefensa, se está replanteando esta situación en el que el ciclo de vida del armamento es cortísimo.

Lo primero que nos place es que el autor reconoce este hecho, la obsolescencia de las armas muy sofisticadas y caras es rapidísima.

Lo primero que nos apena es que el reconocimiento llegue tan tarde, después de décadas utilizando el anterior planteamiento y despilfarrando en armamento que rápidamente quedaba obsoleto.

Las razones que nos da Fonfría para este viraje en la política de la industria de Defensa son varias:

  • La falta de presupuesto.  Efectivamente, los Estados cada vez están más endeudados y tienen menor capacidad para asumir ingentes gastos militares, en buena parte debido a la deuda militar generada por la fabricación y/o compra de armamento.
  • Hasta ahora sólo se contemplaba el coste de adquisición del armamento, sin tener en cuenta los programas mantenimiento, de apoyo y de modernización necesarios y que consisten en actualizar todos los sistemas de propulsión, autodefensa, informática, comunicaciones, etc., que consiguen que el armamento pueda seguir siendo mortífero, que no útil.
  • Las empresas están presionando para reducir costes en apoyo y mantenimiento del armamento.

Para adaptarse a estos cambios que aumenten la vida del armamento, Fonfría propone cuatro grandes áreas de trabajo:

  • El cambio organizativo.  Aquí la enumeración de Fronfría parece que no tiene casi nada que ver con las empresas a las que propone que cambien su estructura piramidal por otra más horizontales, sino que la mayor parte de los cambios tienen que ver con la estructura del Ministerio de Defensa.  Propone que a lo anterior hay que añadir simplificar las estructuras de toma de decisión, reducir drásticamente las rigideces administrativas, minimizar duplicidades y aprovechar sinergias entre los tres ejércitos.  Acaba proponiendo que el Ministerio de Defensa se aproveche de instituciones de investigación externas que pueden dar un importante valor añadido (es curioso, parece que lo tiene claro, pero no especifica cuáles y cómo, con lo que la propuesta queda en agua de borrajas).

¿Algo nuevo?  Nada nuevo.  Muchas de estas propuestas llevan años, mejor dicho, décadas proponiéndose para luego no hacer nada.  Otra razón que nos lleva a desconfiar de la supuesta eficiencia de la industria militar y del Ministerio de Defensa.

Por otro lado, ¿la industria militar no ha demostrado en múltiples programas A400M, NH-90, Eurofighter, F-35, submarinos S-20, … que es muy ineficaz y por ello alarga los plazos de investigación, modelización, producción, etc., de manera que hace encarecer mucho todo el proceso y que como consecuencia reduce la vida del armamento en el mercado internacional?

  • La formación.  Se refiere a la formación universitaria que explica ha de ser multidisciplinar para poder abordar los retos complejos de la industria armamentístia.

¿Hay alguna razón más grosera, inhumana y malvada para proponer que la formación universitaria sea multidisciplinar que la de fabricar armas más mortíferas y que duren más?  El autor de esta propuesta está imbuido hasta el tuétano del paradigma de dominación-violencia y, por ello, ve natural poner la enseñanza universitaria al servicio de la fabricación de armas.  ¡Vergonzoso!

  • La ciberseguridad.  Propone fomentar la inversión en ciberseguridad para tranquilidad de las empresas de armamento y sus negocios.

Pero, … ¿esto qué tiene que ver con la prolongación del ciclo de vida del armamento?  Pues ya se ve, aprovechando que hablamos de cualquier cosa vamos a proponer, como hacen todos últimamente, el mantra de gastar más en ciberseguridad, el nuevo nicho de negocio.  Faltaría más.

  • Simulación y modelización.  Dice que es el corazón del cambio que nos espera.  Dota a la simulación y modelización de la capacidad de adelantarse a los acontecimientos.

Pero claro, no explica que este nuevo grial lo están buscando también el resto de las naciones y que también ellas tendrán mayor capacidad de simular y modelizar nuestro comportamiento en materia de armamento, con lo cual la ventaja industrial, productiva y guerrera quedará muy próxima a cero (tanto por debajo como por arriba).

Gran desilusión.  Otro análisis aparentemente sesudo y técnico por parte de un experto que una vez pensado con detenimiento queda en muy poca cosa, en humo que le hará ganar puntos en el entorno de la industria militar y del Ministerio de Defensa y poco más.

Eso sí.  Nos ha sorprendido que no reclame más fondos para realizar todo lo anterior.  ¡Menudo despiste!  Si es que no se pueden escribir los artículos con prisa y sólo por ganas de agradar y no de enfrentarse al verdadero problema que supone la industria militar y la producción de armamento:  es un gasto inhumano, 100 % despilfarrador y que siega vidas y cercena calidad de vida tanto a los países que las producen como a aquellos, sobre todo, que las sufren.

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Los engaños en la renovación de los cazas españoles

Imagen de Airman Magazine

Una de las muchas peculiaridades de nuestro modelo de defensa es su dependencia de sistemas de armas que aúnan tres de las peores características posibles, pues

1) tienen unos costes muy elevados tanto en su diseño y fabricación como en su vida útil,

2) su entrega siempre se hace demasiado tarde y en condiciones tecnológicas superadas, por lo que hay que estar constantemente introduciendo mejoras de nuevo a costes elevados, y,

3) en el mejor de los casos, se acaban volviendo obsoletas sin llegar a hacerse un uso significativo de ellas, con lo que hay que volver periódicamente a sustituirlas por otros sistemas de armas más modernos que, de nuevo, vuelen a caer en el mismo círculo vicioso.

Es el caso de los actuales aviones de combate Harrier de la Armada española y del Programa de Futuro Avión de Combate (FACA), actuales F18, ambos ejemplos esclarecedores de los que parece que no vamos a aprender.

Los aviones de despegue vertical HARRIER.

La compra de los Harrier se hizo conjuntamente entre los ejércitos de EE.UU., Italia y España, para abaratar costes.  En 1983 España adquirió a McDonnell Douglas estos aviones de despegue vertical para dotar al portaaviones español Príncipe de Asturias. Los 12 primeros aviones se entregaron en 1988.  Las siguientes 8 unidades en 1993 (se encargaron en 1990) y en el año 2000 empezó el programa de “actualización” y modernización de estos aviones de guerra.

Su vida útil se preveía que se agotara en 2024 y fueran dados de baja, pero el año 2015, un memorando de entendimiento con la empresa fabricante, prolongó la vida de estos aviones hasta 2034, introduciéndose más adelante en los presupuestos generales de 2016 una partida de 47´6 millones de € para modernizar los AV-8B, que tras la modernización pasarán a ser los AV8B Harrier Plus, dotados con un mando multimodo AN/APG-65.

En la actualidad contamos con 16 de estos aparatos, 12 en pleno servicio y 4 declarados de baja a la espera de una nueva actualización. Una de sus grandes proezas ha sido participar en la operación “Deny Flight” en Bosnia Herzegovina.

Actualmente operan en el LHD Juan Carlos I, un portaviones que deja de ser útil si no lleva aviones de despegue vertical y cuyo coste superó los 500 millones de €.  Así, de no contar con los Harrier o con otros aviones que los sustituyan, tendríamos un portaviones que descendería de categoría si no cuenta con aviones de despegue vertical (pasaría a ser portahelicópteros) y los únicos que para la Armada cumplen las condiciones necesarias son los F-35.

El Programa FACA, los famosos F18 del ejército español

El programa FACA dio a España, igualmente con prolongados plazos de entrega, los 96 aviones de combate F-18 que compró (24 de segunda mano) y que deberán ser sustituidos en 2025, al llegar a las 7.000 horas de vuelo.  Actualmente se mantienen en uso 86 de estos aparatos, que también han ido sufriendo mejoras en el largo período de su uso.

La apuesta por los F35

Con todo, el ejército y la armada apuestan por comprar 60 F35 Lightning II (Relámpago) de Lockheed Martin para sustituir a los F18 y los Harrier actuales.

Por otra parte, las noticias en prensa son contradictorias. Unas afirman que hay conversaciones con el fabricante Lockheed Martin para su adquisición a un precio asequible. Pero otras dicen que Defensa los descarta.  La alternativa serían los Eurofighter europeos, en cuya fabricación participa España.

Desde los defensores de la compra se piensa en un número de entre 45 y 50 aviones para el ejército del aire y 15 para la Armada, según informa El País.

El competidor, el Eurofighter europeo y español.

España se ha gastado ya 10.600 millones de euros en el avión de combate europeo, Eurofighter, que parece ahora que no va a comprar.

Por lo tanto, la opción por comprar el F-35 no dejaría retornos en la industria española y, nuevamente, la política industria española estaría en entredicho dado que hace años se optó por el Eurofighter y ahora se abandonaría este multimillonario proyecto por falta de previsión y planificación rigurosa.

Además, la opción Eurofighter también está muy cuestionada en los últimos tiempos.  Así, por ejemplo, Austria ha renunciado a su flota de Eurofighter.

Las más que fundadas dudas sobre el F-35:

Pero esta asombrosa adquisición tiene algunos datos añadidos que conviene no perder de vista;

  • El gasto que se prevé que realice España por los F35 superará los 6.000 millones de euros en un escenario optimista en el que los aviones bajen de precio. Y para la compra de entre 60 y 65 unidades.  La estimación nos parece dudosa porque Australia estimó en 2014 que iba a comprar 75 unidades por 11.600 millones de dólares.
  • El programa F-35 ha costado ya a USA, en 2013, 395.000 millones de dólares.
  • Hay noticias que hablan de un precio de hasta 120 millones de € por aparato. Aunque si somos serios y realistas, actualmente, el precio se encuentra en los 206’3 millones de dólares, con todo instalado.  Eso sí, están esperando que cuando el avión entre en plena fase de producción, en 2019, su precio baje a una horquilla entre los 80 y los 110 millones de €, aunque estas cifras parecen cada día más inverosímiles:  en la anterior remesa vendida, en 2012, el precio medio fue de 213 millones de €, con una bajada de sólo un 5 %.
  • El precio que se maneja por los comentaristas en Defensa, habitualmente no incluye el motor, lo cual, aunque sorprendente, es una práctica bastante habitual en este tipo de contratos. El motor se calcula que puede estar alrededor de 23’03 millones de dólares por unidad.
  • El precio que maneja la prensa tampoco incluye las mejoras y modernizaciones que explicábamos antes y que son imprescindibles para cualquier avión de guerra. Mejoras y modernizaciones se calculan ahora en torno a los 32’07 millones de €, por cada aparato.
  • Otro precio del que no se suele hablar mucho es de los cascos de los pilotos de F-35: 400.000 $ por unidad.  Son cascos que sustituyen a las pantallas de datos del avión por la visera del casco y permiten una visión de 360º, gracias a 6 cámaras infrarrojas situadas en el exterior del avión.  Esta moderna tecnología también está teniendo problemas.  Así, cuando hay turbulencias, las imágenes tienen retardo y provocan mareos.  Tampoco funciona la función de visión nocturna que provoca un resplandor verde que oscurece las imágenes.  También funciona mal la capacidad de compartir datos con otros F-35, que sólo funciona bien con hasta 3 F-35.  Con 4 se producen problemas de comunicación que crean imágenes inexactas para los pilotos.   Si tenemos en cuenta que se calcula comprar entre 45 y 50 F-35, el monto total de los cascos de los pilotos será de, al menos, 18-20 millones de dólares.
  • Los problemas en la fabricación han sido continuos: por un lado, ha habido problemas en los motores, por problemas en los materiales de titanio que han provocado el incendio de algún motor.  También ha habido problemas por la fragilidad del casco del avión, por la maniobrabilidad en simulación de combate directo contra un F-16, por la vulnerabilidad a los ataques cibernéticos, también en 2013 tuvo fallos en la turbina del motor, …  A finales de 2013 se presentó una auditoría sobre el F-35  en la que se analizaba el grado de cumplimiento de la norma de calidad aeroespacial AS9100, “Sistemas de Gestión de Calidad Requisitos para Organismos de Aviación, Espacio y Defensa”.  El programa cuenta con 9 preseries en las que se van añadiendo nuevos adelantes.  Pero el informe es muy desalentador porque

el programa ha sido vuelto a revisar varias veces desde el 2001; la primera vez en 2004 por problemas de peso y rendimiento; en 2007 por aumento del coste y retrasos; en 2010 porque la JPO declaró que el programa excedía el aumento de los límites de los costes críticos establecidos por la ley Nunn-McCurdy; y que durante 2011 y 2012 la JPO realizó varias acciones para reestructurar profundamente el programa, con más financiación, ampliando los plazos de entrega y reduciendo los aviones a suministrar a corto plazo, retrasando la adquisición de 410 aviones hasta el 2017.

Además,

También indica que los datos de calidad muestran una ligera mejoría: en la primera preserie se necesitaron 972 acciones de calidad por avión; en la cuarta había disminuido a 859, representando una media de coste del 13,11%.

  • Con estos datos, no es extraño que las dudas hayan comenzado a aparecer. Canadá, en 2015 se retiró del programa.  Canadá es uno de los 9 socios del programa F-35 y su participación es del 2 %.

En la práctica, todos los países pertenecientes al consorcio que tiene previsto adquirir 2.400 aparatos –EE.UU., Australia, Canadá, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, Noruega, Países Bajos y Turquía- han expresado alguna vez sus dudas acerca de si acabarán cumpliendo sus respectivos compromisos de adquisición de la aeronave.

  • Como la descoordinación militar nunca para, la Marina estadounidense anunciaba en 2015 que no podrían cargar en el F-35, dado que no está adaptado, un nuevo tipo de bomba que quieren utilizar. Se trata de la bomba ‘Small Diameter Bomb II’ –SDB II, ‘Bomba de Pequeño Diámetro’- que es capaz de apuntar a objetivos móviles a distancias de hasta 70 km y podría estar listo en 2017. La SDB II se integra sin ningún problema en el F-35A de la Fuerza Aérea… pero no en el F-35B en su actual configuración.

 

Los ingenieros del F-35 se excusan aduciendo que no estaba previsto que la Marina usara también la bomba SDB II. Añaden que no supondrá mayor problema adaptar el compartimento del F-35B gracias al tiempo de siete años del que disponen. Además, prefieren esperar a que la SDB II esté totalmente desarrollada antes de efectuar cambios en la arquitectura del avión. Hasta entonces, tampoco podrán calcular el coste de la posible adaptación.

Es necesario llevar el debate a unos parámetros más racionales y menos militaristas.

Con los datos que aportamos antes, se puede ver que, para Defensa, el debate está posicionado en qué modelo comprar.  Ni se entra en discutir la alternativa:  ¿es necesario para la defensa de España comprar alguno de los modelos o cualquier otro?  No se debaten otros parámetros que son tan o más importantes.  Algunos serían los siguientes:

  • ¿Qué queremos defender y cómo? Estos serían los debates principales, los más importante, las clave.  Y en este debate intervendrían cuestiones tales como qué tipo de defensa necesita o quiere la sociedad española.  Sin embargo, en la política española no hay ni rastros de estos debates, que son los que cimentan toda la cadena de toma de decisiones.  ¿Quién se aprovecha de ello?  Los militares que, ante la falta de debate y decisión de la sociedad, siguen comprando armas sin ninguna cortapisa.
  • ¿Queremos una defensa ofensiva o defensiva? Porque los Eurofighter y los F-35 son armas eminentemente ofensivas, de ataque, de proyección como se dice ahora (invasión, como se decía antes).  ¿Podríamos estar más seguros, de una manera meramente defensiva comprando otros materiales o utilizando los miles de millones que vamos a gastar en cazas en el futuro para fomentar otro tipo de políticas más pacíficas y noviolentas que enfrenten de manera creativa y constructiva algunos de los problemas que tiene España como la emigración y la cooperación para el desarrollo de los países de nuestra ribera sur?
  • ¿Cuántos cazas necesita la Defensa Nacional? Actualmente tenemos 16 Harrier de despegue vertical y 96 F-18 (84 en uso).  El total son 112 cazas.  Ahora la horquilla se sitúa entre 60 y 65.  Es evidente que el número que teníamos antes era desorbitado, ahora se quieren comprar un 42 % menos.  Nos alegramos de la reducción del número de unidades, aunque suponemos que el coste será otro cantar.  ¿Son muchos, pocos, son suficientes, exagerados?  ¿Dónde está el debate y los razonamientos que ofrecen los militares?
  • Los vaivenes en la planificación de la política de defensa y en su política industrial. Hasta hace unos meses era incuestionable para los militares la necesidad de invertir en armamento propio (español o de la Unión Europea), se veía como más barato, generador de retornos a la industria española y de empleo.  Sin embargo, ahora para argumentar la compra de los F-35 se dice que es mejor, en materia de repuestos, no tener todos los huevos en la misma cesta.  De los retornos y del empleo patrio no se comenta nada.
  • Son las cuentas de la lechera. Anuncian un gasto de 6.000 millones de euros para adquirir entre 60 ó 65 F-35 con la promesa de que el precio unitario bajará. Por lo tanto esperan comprarlos a entre 92’3 y 100 millones de € el caza.  Sin embargo, el precio actual es de 206’3 millones de dólares.
  • El despilfarro. ¿Se consideran ya tirados a la basura los 10.600 millones de € gastados, o malgastados, en el desarrollo del Eurofighter?
  • Las consecuencias políticas. ¿Hay algún responsable político de este despilfarro y de los vaivenes en la toma de decisiones?  ¿Cómo rinden cuentas?  ¿Quién se las pide?
  • ¿Es el momento de tomar la decisión? Evidentemente no.  Parece que los criterios que se están usando, militarmente, son los que les conviene a la Armada.  Ellos necesitan aviones de despegue vertical, pero los necesitan para 2034.  Un futuro muy lejano.  Parece que han pensado ahorrar en este rubro uniendo su pedido al del Ejército del Aire.  Pero a ellos sí les corre más prisa, sus aviones tienen una vida útil hasta 2025, un plazo más breve.  El ahorro para la Armada lo acabaríamos pagando todos los españoles con un modelo de avión que está muy en entredicho técnicamente.
  • ¿Es una cuestión de prestigio militar? En las clasificaciones internacionales de potencia militar, uno de los criterios que más cuentan para que un país se ubique entre los primeros puestos es la posesión de un portaaviones.  ¿Necesita España un portaaviones como el Juan Carlos I?  ¿Qué queremos invadir?  ¿Es esta la política de Defensa que deseamos?  ¿Nos sobra el portaaviones Juan Carlos I y sus 16 Harrier de despegue vertical o sus 15 F-35?
  • ¿Qué tiene que ver todo este gasto con la deuda de 30.000 millones de los PEAS?   Se acumulará a ella y, por lo tanto, la hará mucho más difícil de pagar.  La burbuja militar se agrandará en un gran porcentaje y la sociedad española habrá de pagarla a través de impuestos y dejando de gastar dinero en gasto social.

Como ven, empezar a analizar una compra concreta de material militar (los F-35 yankis) nos ha llevado a cuestionar la supuesta excelencia tecnológica de la industria militar, la mala práctica en cuanto a planificación y gasto del Ministerio de Defensa, la falta de democracia en las tomas de decisiones en Defensa, la política militar de carácter ofensivo de España,  la sinrazón del gasto militar que impide gastos sociales, la deuda y el despilfarro militar, la impunidad de los que toman decisiones en materia de Defensa y la descoordinación de todo el modelo.

Nos parecen razones suficientes para proponer que antes de todos estos gastos haya en España un debate serio, profundo y plural (es decir, no solo entre los sectores vinculados a la industria militar o al ejército) sobre política de Defensa.

 

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¿Es la industria de defensa un factor determinante para nuestro bienestar?

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Por Alfredo Guerrero

Fuente: Defensa.com

La Ministra de Defensa, Dolores de Cospedal ha lapidado con su habitual fraseología

La existencia de una base industrial y tecnológica asociada a la Defensa es un factor determinante, no sólo para la operatividad de las Fuerzas Armadas, sino para el bienestar de la sociedad en su conjunto

Qué bárbaro lo de la señora. Con que trapío de naderías sentencia. En este caso, en la clausura de la Asociación Española de Tecnologías de la Defensa (TEDAE), la patronal del sector armamentista, celebrada el pasado 27 de junio.

Nuestro bienestar pendiente de un hilo, como quien dice, atado al negocio de los tiburones de la industria militar, a quienes deberíamos estar mucho más agradecidos por llevarnos a los puestos de cabeza del ranquing de los exportadores de armas y darnos tanto beneficio social al precio tan bajo de nuestra abyección.

¿En que se basa la ministra para ese fraseo?

Pues aporta sus datos, que los tiene y sorprendentes.

Las empresas asociadas en TEDAE (la inmensa mayoría del sector en España, pero no todo) han sumado este año “de crisis” nada menos que 10.700 millones de euros de negocio, un 10´2% más que en 2016, que ya fue un año muy positivo: Esta cifra representa, según la memoria de autobombo de TEDAE el 1% del PIB español y el  6% del PIB industrial español. Además, la industria armamentista, dice la ministra, tiene un notable impacto en el empleo, de hasta 55.000 profesionales, entre empleos  directos e indirectos, con una inmensa mayoría de personal de alta cualificación.

Y con un recadito para esos agoreros que critican el gasto en defensa, a los que tan cordialmente se ha dirigido la doña, afirma:

Las cifras constatan una evidencia: el sector está fuertemente comprometido con el futuro de España y por tanto su desarrollo debe ser una apuesta estratégica

Nosotros somos de los agoreros. De esos que critican todo lo que se gasta en Defensa y, sobre todo, para lo poquito que vale y lo mucho que les aprovecha a unos cuantos en perjuicio del resto.

Y decimos que la cifra de negocio de TEDAE, no podemos sino reconocer las palabras de la ministra, es enorme. Nada menos que 10.700 millones de euros y creciendo. Eso sí, la mayoría (el 83% de la producción según TEDAE) para la exportación de armas, porque se venden estas armas a países poco recomendables (y de paso se fomenta con ello la carrera de armamentos, la guerra, el conflicto, el odio  que otros pueblos nos consideren parte del enemigo, etc.).

Un negocio que ofrece a los socios de TEDAE pingües beneficios, sobre todo si tenemos en cuenta que, además, reciben un desorbitado trato de favor (subvenciones a tipo de interés cero, subvenciones sin más, exenciones, apoyo institucional para su negocio, encargos innecesarios, etc.).

Pero un negocio que no ofrece retornos a la sociedad en la proporción que los ofrecen otros sectores, por varios motivos:

  1. Según la ministra el impacto del sector en el empleo es de 55.000 profesionales, entre empleos directos e indirectos (por cierto, muchos menos que los que en otras ocasiones ha ofrecido el gobierno como impacto laboral), una cifra que no es de las más amplias en nuestro tejido industrial, ni en otros sectores laborales. Por ejemplo, sólo el sector de energías renovables,  según informe elaborado en 2010,  estimaba para dicho sector un impacto de empleo directo de alta cualificación de 68.000 personas, e indirecto de cerca de otros 45.000 para el período 2015-2020, mucho más que la industria militar y mucho más ético. O por poner otro ejemplo, el sector de la tecnología sanitaria y del equipamiento hospitalario cuenta con una facturación de unos 7.400 millones de euros, pero emplea directamente a 32.000 personas altamente cualificadas e indirectamente entre 80.000 y 100.000, según el estudio de impacto realizado por la Federación de empresas de tecnología sanitaria.
  2. El impacto de este sector en el desarrollo científico, tecnológico o de aplicación social de los ingenios militares es más que limitado.
  3. El gasto en innovación del sector militar es el 7´5 % del gasto total de innovación de nuestro tejido industrial, según la propia TEDAE.
  4. No existe una redistribución de la riqueza generada por el sector, sino, al contrario, una acumulación apabullante en manos de los accionistas de este y de los bancos que financian sus inversiones, muy pocas manos pero tremendamente ricas y poderosas, hasta el punto de contar con amplias complicidades políticas y mediáticas.
  5. Cuenta con complicidades de la clase política extractiva y un amplio apoyo institucional, como se demuestra en el ejemplo de la propia ministra cerrando su junta de accionistas o del rey emérito y su hijo reinante apoyando las ventas de armas a Arabia Saudí, por ejemplo.
  6. Factura mucho cuando todas las demás empresas están en crisis, como demuestra la siguiente afirmación de su informe anual “La actividad directa generada por los sectores industriales integrados en TEDAE aportó a la economía española cada día del pasado ejercicio la cantidad de 29,4 millones de euros. Actividad que creció tres veces más rápido (10,2%) que el total nacional (3,2%)“.
  7. No es casualidad que las grandes zonas donde están erradicadas sus factorías de producción sean zonas deprimidas y dependientes del monocultivo militar, que necesita de esta dependencia para su propio desarrollo insolidario.
  8. En cierta medida, podemos considerar que un retorno de estas industrias que fomentan la venta de armas y la conflictividad mundial es la mayor inseguridad global y las amenazas terroristas que se ciernen sobre nosotros, pues es precisamente la alimentación de los conflictos y la venta de armas uno de los capítulos que ha hecho crecer este fenómeno de resentimiento y odio.

Con todo, al ministra tiene algo de razón, como cada vez que habla. Y es que efectivamente, nuestro bienestar está relacionado con estas industrias. Concretamente de forma inversa a como la ministra plantea. Cuanto mejor las va a ellas, peor nos va a los de abajo.

Esa es la triste y humillante realidad y la razón por la que deberíamos impulsar reivindicaciones de que este tipo de industrias desaparezcan o se reconviertan a usos socialmente útiles.

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17.163´86 millones de euros, ¿para qué?

Por Lanpernas 3.0

Fuente: Cuarto Poder

Les vamos a intentar contar “a lo fácil” (a ver si somos capaces) una historia entre truculenta y descabellada, a partes iguales, que pone en entredicho las entendederas de los que están al mando de la política española y también las nuestras, pues se nos queda cara de tontos.

Como ya es de dominio público, la industria militar es una verdadera bicoca para los que apuestan por ella, lo que incluye a los bancos y fondos de inversión que hacen sus apuestas de riesgo en ella, los accionistas que participan de las empresas del sector, los políticos que elaboran las leyes, y en el caso español, el propio Estado y su casta política adherida, que cuenta con un sector industrial propio en la materia y que colabora con la geopolítica impuesta por esa especie de organización de intereses para imponer la dominación y la violencia de la que somos socios.

Del terrorífico auge y de las expectativas tan halagüeñas de futuro de la industria militar, a escala planetaria, nos habla Diego Herranz en un artículo publicado en Público el día 23 de junio pasado que merece ser leído, en el que acaba informándonos de que la industria militar mundial espera nuevos pedidos equivalentes a 600.000 millones de dólares, la mitad del PIB español y el total que gasta EEUU en defensa en un año.

Pero ahora vamos a fijarnos en la pequeña escala local que nos corresponde, para hablar de tres de los programas de armas en los que España se enfrascó para dotar a nuestro ejército de potencia de combate de primera división.

Características comunes.

Empecemos por nombrar una de las características común a todos ellos. Los programas de armas españoles no se compran, como quien dice, como si un particular comprase una lavadora o una bicicleta, donde el comprador “encarga” el producto y lo paga a tocateja o a plazos, una vez se lo entregan y según lo pactado.

En el caso de los programas de armas, el Estado “anticipa” unas cantidades impresionantes como “créditos” a las industrias que van a fabricar (en plazos larguísimos) el “producto”. Después espera a que se lo entreguen para hacer el pago final descontado lo que “prestó”.

Es un modelo un tanto peculiar de funcionar, pero lo es más aún porque el Estado en realidad y como hemos denunciado desde 2012 , ofrece estos créditos a interés cero, lo que tiene como segunda consecuencia que somos los ciudadanos los que pagamos el interés o la depreciación del dinero prestado.

Otro pequeño detalle: para eludir que estos créditos contabilizaran como “gasto militar”, los mismos los otorgó (sigue otorgándolos en los otros programas de armas) Industria y no Defensa, con lo cual aparecen como un apoyo a la industria y no como una inversión y un gasto en armas.

La idea y el compromiso de estos créditos a interés cero, según dice el artículo que comentamos, fue de Serra Rexac (ministro de Defensa indistintamente con el PSOE y luego con Aznar y un hombre muy vinculado a la industria militar) y luego mejorado por Pedro Morenés, secretario de estado y luego ministro sucesivamente con Aznar y Rajoy (con un período intermedio presidiendo industrias militares y un destino actual en EE.UU, como veremos algo muy estratégico para conseguir contratos militares para España).
Podríamos decir que estos tres, Serra Rexac, Aznar (el de las Azores) y Morenés, componen un trío (a Aznar parece que le va lo ternario), en este caso, el trío calaveras de la Defensa.

Sigamos por una segunda característica común. Los programas de armas a los que nos referimos sufren retrasos innumerables y exagerados en la “entrega” del “producto”, pero estos retrasos no implican “penalizaciones” para el fabricante, no porque no las contengan los contratos firmados, sino porque el Gobierno se las perdona a estas industrias, algo de lo que se ha quejado el propio Tribunal de Cuentas .

Podríamos explicar una tercera característica, común a los programas que comentamos y a otros muchos programas militares. Su diseño y fabricación es chapucera a no poder más, y los “productos” tienen múltiples errores y fallos que, por cierto, acaban costándonos más, ya que las ingentes inversiones realizadas en estos sistemas irían a la basura (en teoría con el descrédito de los políticos que los encargaron, aunque solo en teoría porque nunca pasa nada) si se cancelaran o se rescindieran los contratos.

Aunque… ¿No sería una solución más económica y justa?.

EF2000

Pues bien, vayamos al primero de los grandes contratos para la aviación española, el avión de combate europeo EF2000.

España ingresó en el consorcio Eurofighter GmbH en 1983 con otros tres países más (Italia, Alemania y Reino Unido) para diseñar y fabricar el futuro avión europeo de combate : en principio, el avión tendría la doble misión de dotar a las fuerzas armadas de cada uno de estos países de aviones de combate (Reino Unido 232 aparatos, Alemania 180, Italia 121 y España 87) y de vender a “terceros” el avión así diseñado.

La inversión comprometida (y al parecer desembolsada) de España ha sido de 10.795 millones de euros (según Wikipedia ) o de 10.629´86 (según Cuarto Poder), aunque después, y dados diversos problemas de fabricación, retrasos, mejoras y sobrecostes de los aviones, España ha acordado con el consorcio recibir sólo 70 aparatos (ya tiene 61 en su poder y los 9 restantes irán saliendo antes de finalizar 2018) por el mismo precio comprometido, los casi 11.000 millones de euros.

Es una suerte que no somos capaces de valorar, porque nunca hemos sido capaces de apreciar el enorme logro de conseguir comprar algo por un precio y que nos den algo más caro pero en menor cantidad de unidades de las comprometidas. Pongamos por ejemplo, que te compras una bici por mil euros, y te la dan por 1.200 pero sin una rueda.

Veremos si somos capaces de hacernos unos ligeros cálculos. Acaso seamos capaces de entender mejor este apartado de la negociación.

Con los 84 aviones comprometidos, al precio de 10.629´86 millones de euros (pongámonos en el escenario más modesto), cada avión de combate de estos nos costaría 126´54 millones de euros, una cantidad desmesurada que acaso diera para construir varios colegios o para zanjar grandes problemas sociales.

Pero si finalmente recibiremos 70 en vez de 84, el precio por aparato será de al menos 151´85 millones de euros, algo que resulta escandaloso.

Doblemente escandaloso porque, opinamos, para poder “recuperar” este enorme dispendio económico, a los estados consorciados no les quedará otro remedio que emplearse a fondo en buscar compradores de otros aparatos de estos para que financien nuestra defensa con los beneficios de la venta de estas armas. Es decir, fomentar la inestabilidad, el armamentismo, el militarismo, la venta de armas… como lo quieran llamar.

Un problema añadido: el avión tiene toda la pinta de ser una castaña pilonga, y la mayoría de los ejércitos, incluidos los consorciados, empiezan a valorar el hacerse con aviones americanos F35 en detrimento de estos aviones. España, entre otros, está mirando precios de estos aviones americanos (y aquí sale por segunda vez Pedro Morenés, flamante embajador español ante EEUU, ¿curioso?).

A-400

Vayamos al segundo gran negocio, los A400M, un avión de transporte también europeo, fabricado por el consorcio Airbus (con capital de España, Alemania, Francia y Reino Unido).

Igualmente planearon hacer un “avión europeo de transporte” con la doble finalidad de dotarse de estos aparatos y de venderlos al resto del orbe.

La planeación y el diseño del avión ha sido catastrófica, con fallos en los motores y la aviónica, hasta el punto de haberse causado muertos. Los retrasos acumulados en la entrega son de más de cuatro años, con sus consabidos sobrecostes. Ahora resulta que el diseño que se hizo del avión no tuvo en cuenta uno de sus principales cometidos: cargar y descargar personas y cosas. Las puertas diseñadas para ello son pequeñas y mal diseñadas, los soldados no pueden saltar en condiciones… Osea.

El coste inicial para España era de 4.332´54 millones de euros para obtener 27 de estos aviones. Al final los aviones se han encarecido un poco y España recibirá (de momento sólo tiene uno) 14 aviones, eso sí, al precio de 5.019 millones de euros, unos 700 millones más caro por 12 aviones menos, todo un negocio por el que no sabemos a quién hay que felicitar en concreto.

Eso sí, tendremos la suerte de que estos aviones se entregarán con menos capacidades de las inicialmente previstas, aunque la empresa se compromete a realizar en el futuro el “retrofit” (suponemos que una adaptación) de los aparatos para que alcancen la configuración final sin ningún coste adicional. ¡menos mal!.

De modo que, suma y sigue: si antes el precio por avión era de 160´5 millones de euros, ahora, que tendremos además menos aviones y sin “retrofrit-ar”, ha subido a 185´88 millones. De nuevo cantidades impensables con las que podríamos abordar múltiples problemas sociales secularmente desatendidos o infradotados.

Los helicópteros Tigre

Se fabrican a partir de un inicial consorcio constituido por MBB (alemana) y Aéroespatiale (francesa), por AIRBUS , donde participa también España y Reino Unido.
Como no podía ser menos, España pidió 18 de estos helicópteros por los que iba a pagar 1.353,5 millones de euros, que después de diversos retrasos y complicaciones, han acabado pasando a ser 1.515 millones de euros, o, lo que es lo mismo, de los 74´19 millones de euros por helicóptero a los 84´16 millones de pago final (eso sí, después de renunciar, para no encarecer todavía más, a la adaptación de los 6 comprometidos en el contrato inicial por el motor).

17.163,86 millones de euros ¿para qué?

Si nos tomamos el pequeño esfuerzo de pedir la cuenta, como en el bar, nos sale que estos tres desastrosos programas que han comprometido en nuestro nombre el trío calaveras y sus adláteres, han costado nada menos que la friolera de 17.183,86 millones de euros, una cantidad abrumadora que equivale a lo que se gastó Europa en control migratorio en 2016 , un año caliente en desplazamientos humanos y en la política represiva de Europa en la materia, o el equivalente a más de 100 veces el gasto presupuestario del Plan Nacional de Drogas previsto para 2017 o en igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, más de 200 veces lo gastado para el mismo período para atención a la infancia y a las familias, más de 50 veces lo gastado en promoción y servicios a la juventud o en prevención de violencia de género, más de 30 veces lo que se destina a la Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad… y así, suma y sigue.

Pero siendo la cifra tan escandalosa, lo más grave no es la cifra.

Lo grave, lo principalmente grave, es que estos aviones, en realidad, para lo que valen no es para defender a España de amenazas a su integridad. Son armas de “proyección”, de largo alcance, es decir, de ataque a muchos kilómetros de nuestras fronteras, donde, por cierto se usan y van a seguir usándose.

Son los aviones que nos convierten en una potencia intervencionista, en un aliado de la nefasta política militarista occidental.

Gastamos mucho. Gastamos mal. Derrochamos. Pero sobre todo, gastamos en imponer un orden militarizado e injusto que nos envilece, que nos devuelve nuestra peor imagen, que causa un sufrimiento inconmensurable allá donde participa nuestro militarismo y que, como rebote, vuelve a nosotros en forma de mayor inseguridad e inestabilidad mundial.
Eso sí, para que se enriquezcan unos cuantos en nuestro nombre y con el silencio cómplice o desinformado de la inmensa mayoría.

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El gasto militar español: mucho más que el 2% del PIB

Por Edicions La Veu del País

Aunque nos venden como novedad el acuerdo adoptado por nuestros gobernantes para que los países europeos de la OTAN alcancen el 2% de su PIB en gasto militar, es un acuerdo que ya habían tomado en la Cumbre de Cardiff (Gales) de la OTAN, en  septiembre de 2014 (mucho antes de que Trump llegara a la presidencia de EEUU).

Que EE.UU tiene interés en este incremento del gasto militar en apoyo de sus políticas es evidente. Ellos no quieren pagarse por sí mismos su propia “defensa” y necesitan repartir sus costes. No hay más que oír a su tremulante presidente para darse cuenta de ello.

En la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de mayo de 2017, y tras la machacona insistencia de Donald, los demás expresaron su compromiso de superar dicho porcentaje en 2024, algo que ya habían decidido antes, pero ahora con la novedad de asociar a este esfuerzo la “necesidad” de luchar contra el Estado Islámico, el nuevo enemigo ad hoc que se ha fabricado el militarismo agresivo occidental para autojustificarse ante las cada vez más desinformadas y atemorizadas sociedades.

La portavoz de la Alianza, Oana Lungescu, pudo anunciar a su término ufana en Twitter que “los líderes de la OTAN han adoptado planes para combatir el terrorismo y mejorar el reparto de cargas

1.- El caso de España

El caso de España no creemos que sea una excepción, pero nos sirve muy bien para ejemplificar el paso al frente de la creciente militarización occidental, que necesita justificarse ante sus desorientadas sociedades con el anuncio de que hay que aceptar un mayor gasto militar como en el refrán de las lentejas, y resignarse a perder libertades para gozar de más seguridad, como dice chuscamente nuestra Ministra del ramo.

España, a la hora de consignar su gasto militar, es un despropósito, de forma que los datos oficiales discrepan entre sí en cuantificar el verdadero gasto militar existente.

  • Por una parte, contamos con el gasto presupuestado, es decir, el que reconocen los presupuestos generales del estado en las partidas del Ministerio de Defensa. Según este parámetro, para 2017 nuestro gasto militar será de 7.638´54 millones de euros, el 31,97 % de aumento respecto del de 2016, gracias a que otro organismo oficial, en Tribunal Constitucional, obligó el año pasado en una sentencia a considerar gasto militar los pagos extrapresupuestarios (y descontrolados) que Defensa hacía en verano por las compras de programas de armamento.

Con esta nueva cifra, que es la que España ofrece a la OTAN, sale ya un 1´1% del PIB, una cifra superior al 0,9% que la OTAN reconoce, haciendo uso de los datos proporcionados por España. Nos asignaba como tercer menor contribuyente de la alianza, según la oficial Agencia Europa Press, al lado de Luxemburgo y Bélgica, a los que, parece ser, no deseamos parecernos en nada.

  • Tenemos, además, el gasto militar que reconoce el propio Estado en los documentos que elabora de control del gasto público. Concretamente, contamos con las “liquidaciones del gasto” que publica la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), conforme a las cuales podemos observar cómo, año tras año, Defensa es el ministerio que gasta ¡mucho más! de lo que presupuesta. Según el Informe que elaboramos en febrero de 2017, referido al último informe de la IGAE (el de 2014), podemos observar cómo en el período 2003 a 2014 se ha gastado de más la cifra de 8.344,8 millones de euros, lo que representa una media de sobregasto del 14,14% sobre lo presupuestado para ese período. De modo que sobre lo que España proyecta en sus cuentas, al menos hemos de adicionar un resultado final de un 14.1% de aumento, si bien en los presupuestos elaborados por Rajoy en su tiempo de gobierno, esta nunca ha bajado del 30%.
  • Si acudimos a los datos que ofrece el SIPRI, el prestigioso Instituto para la Paz de Estocolmo, que tiene en cuenta los datos ofrecidos por los gobiernos con algunos ajustes, la cifra del gasto militar español se eleva otro peldaño. En 2016 España, según el SIRPI,  llegó a un gasto militar de 12.852 millones de euros, es decir, el 1,3% PIB, cifra próxima a la que nos ofrece el Banco Mundial, que también baraja datos oficiales y la consigna en 12.715,76 M€ para 2016.
  • Nosotros, siguiendo el criterio OTAN, hemos elaborado diversos informes que intentan desvelar el gasto militar oculto en otros ministerios y que no suele ser reconocido como tal, así como el impacto del pago de la deuda que este gasto genera y la propia proyección de los sobregastos que anualmente y de forma deliberada realiza defensa sobre lo presupuestado.

Ello nos ha permitido calcular, para este 2017, un gasto militar oculto de 3 de cada cuatro euros de gasto real, con una escandalosa cifra final de  33.762,40 millones de euros, un 3% del PIB, conforme al siguiente cuadro

Concepto Millones de euros
Gasto en el Ministerio de Defensa 7.638´54
Gasto oculto en otros ministerios y organismos 8.852´40
Gasto militar antes de deuda 16.490´83
Deuda 17.271´54
Total 33.762´40

Por tanto, el manido mantra de la flamante ministra de defensa y la prensa del régimen, de que tenemos que llegar al 2% del PIB en gasto militar para satisfacer a nuestros macabros socios, resulta que falsifica la realidad y no busca sino despistarnos, pues el 2% del PIB de dicho gasto ya lo superamos con creces.

Este hecho lo reconoce también el Ex JEMAD Julio Rodríguez en un reciente artículo publicado en Infolibre, donde aprovecha para exigir que haya transparencia en el gasto militar y la política de defensa y que la propia política de defensa forme parte del debate abierto y público.

2.- El PIB no lo es todo

Pero, al igual que en otros países, el PIB no es todo el coste que soporta la sociedad (de momento resignadamente) en el mantenimiento del entramado militarista.

Por ofrecer algunos ejemplos más del abrumador coste social de la defensa militar, consideremos los siguientes:

– El Coste de la violencia para España, según el Índice Global de Paz, referido a 2016, es de 39.051´95 millones de dólares (algo más de 26.000 millones de euros), con varios valores destacados en lo negativo por dicho índice, como son la exportación de armas (aprovechemos para decir que somos la sexta potencia exportadora del mundo, un verdadero peligro), la militarización, la conflictividad social, el personal destinado a seguridad y los conflictos exteriores en que se participa.

– El elevado número de operaciones en el exterior en que participamos. Actualmente 17 conflictos, y un total de 82 desde Felipe González a la fecha, 79 hasta 2016 y otros 3 nuevos en 2017, con más de 12.208,91 M€ gastados según datos propios sacados de comparecencias de la Ministra de Defensa Cospedal, declaraciones del SEDAF y respuestas del Portal de Transparencia del Gobierno a El Confidencial.

La participación española en las industrias militares: España es accionista único de varias industrias militares gravemente deficitarias, como es el caso de NAVANTIA, y de otras en las que participa merced al control que ejerce en su accionariado por las participaciones en estas del ejército a través del INTA y de la SEPI

– La pertenencia al entramado OTAN impone a España no sólo el pago de cuotas (que de forma poco comprensible se abonan desde el Ministerio de Asuntos Exteriores), compromisos de adquisición de material militar y participación en operaciones militares de injerencia militar, sino que condiciona el propio uso del territorio, como es el caso de la negativa de defensa a desmilitarizar Bardenas Reales y atender la reclamación social, por el valor estratégico del campo de tiro allí enclavado para el entrenamiento de los pilotos de la OTAN. Igualmente condiciona la seguridad de España al pasar a ser, merced a la política agresiva de esta organización, un verdadero enemigo para otros pueblos.

– Los platos rotos causados por la ineficacia y chapucería de nuestra industria militar puntera, con tan señalados desastres como el submarino S-80 y los aviones A400; chapuza que acaba redundando en sobrecostes y pagos desmesurados que el Estado asume sin rechistar porque nadie va a protestar.

– La existencia de varias Bases militares al servicio de la defensa occidental: es el caso de Morón, Rota, Bardenas Reales, Torrejón de Ardoz, Bétera, el entramado del “Escudo Antimisiles” … que nos pone en la punta del huracán y son un coste social inasumible.

La militarización del territorio,  condicionado en sus usos por leyes militares que imponen el prioritario interés de la defensa y que pueden afectar, sin más, al uso y disfrute del territorio que para los militares sea de interés, al tipo de cultivos o prácticas posibles en los mismos, o condicionar su venta, o incluso imponer la prohibición de su disfrute paisajístico o recreativo. Se da el caso de que los militares pueden hacer a su antojo maniobras, sin comunicarlo, en lugares tan emblemáticos como el Parque Nacional de Doñana.

La deuda militar generada por la adquisición de programas especiales de armamentos y que alcanza actualmente más de 30.000 millones de euros sin resolver, que lastran además nuestras cuentas públicas, y a la que ahora se quiere incrementar más aún con el nuevo ciclo inversor de armamentos con la adquisición de nuevos programas de defensa de los que los PGE de 2017 ya nos hablan y que ha detallado el SEDAF, Agustín Conde en comparecencia ante el Congreso de los Diputados (blindados 8×8, nuevas fragatas F-100, satélites militares, sistemas de mando y control, misiles y hasta los carísimos F35 que quiere la Armada).

La huella ecológica de la actividad militar, huella que pesa sobre todos nosotros, que provoca costes abrumadores que no se contabilizan como gasto.  De este coste ecológico hemos hablado más extenso en el informe sobre Gasto Militar 2016, páginas 40 a 47. Debemos destacar que nuestro ejército, en su actividad ordinaria, según fuentes oficiales, emite más de 150 tipos de residuos contaminantes, 120 de ellos muy peligrosos.

La pérdida e oportunidades vitales:  El viejo dilema “cañones o mantequilla” ejemplifica muy bien la correlación que existe entre las prioridades políticas ante las que se enfrenta el poder político. La relación entre gasto militar y necesidades humanas no es de complementariedad, como afirma la Ministra de Defensa, sino de exclusión mutua. Mayor gasto militar implica menor atención a las necesidades sociales.

Frente al aumento del presupuesto de defensa en los PGE en más de un 31%, encontramos las reducciones presupuestarias en algunas de las necesidades más básicas, como protección del desempleo, que baja un 6´6% respecto del año anterior, o acceso a la vivienda, que baja un 20,6%, o cultura, que baja un 0.7 % respecto al pasado ejercicio, o políticas de comercio y PYMEs, que baja un 11%, o infraestructuras, que también bajan cerca del 11%, sin contar, como explica Infolibre, con que los “ligeros” aumentos en pensiones (0´25%) harán perder poder adquisitivo a los ancianos en un 3,75%, o que la ínfima recuperación del presupuesto de dependencia no supone sino recuperar el 10% de lo recortado anteriormente, por poner algunos ejemplos esclarecedores.

Podríamos ahondar mucho más en los ejemplos, como para indicar que el coste del despilfarro militar español es abrumador, o que las políticas que permiten la exención de impuestos y tasas municipales a las instalaciones de defensa, (incluidas las que no son acuartelamientos, ni tienen un uso para la defensa, como son los campos de golf, espacios recreativos, cantinas, etc.) implican que somos los ciudadanos quienes pagamos su uso del espacio urbano, o la insostenible situación en que mantienen vedados al disfrute común espacios naturales “de su propiedad”, o el tremendo coste social de la militarización social, sin olvidar las subvenciones que las administraciones realizan a la industria militar.

Por otra parte, la comprobación del escaso apoyo que ofrece en la actualidad España a la Ayuda al desarrollo y a la lucha contra la pobreza, por debajo del 0´12 del PIB, ofrece otro elemento de juicio más del papel del militarismo en nuestra política.

Es, una vez más, la comprobación del tremendo impacto social y económico de mantener el sistema de defensa pactado por los gobiernos, mucho más allá del 2% del PIB. Un escándalo.

¿Y el gasto militar europeo?

La zona Euro de Europa tiene un PIB de 10.740.911 M€ en 2016, lo que pér cápita supone 31.600€. Según estos datos, la inversión del 2% de su PIB en defensa implicaría destinar a la misma 214.818,22 millones de euros. El PIB de toda la UE, según Eurostat, llegaría a 12,967.811 M€. y per cápita 25.500 €, es decir, su 2% equivale a 259.356 M€.

No existen coincidencias entre los países de la eurozona y la UE, ni entre estos y los de la OTAN (faltarían Irlanda, Chipre Austria y Malta que no forman parte de la Eurozona ni de la OTAN) pero los datos son significativos para sostener que el 2% del PIB de los países europeos de la OTAN no puede superar los 259.356 M€ que implica el conjunto de todos los países de la UEm donde se incluyen otros que no son de la OTAN.

Pues bien, de la lectura de los datos del SIPRI, ofrecidos por el Banco Mundial como fiables para 2015 (que a su vez no dispone de cifras de gasto militar de Eslovaquia e Islandia) podemos comprobar, conforme al cuadro siguiente, que el gasto militar conjunto de estos países (sin contar más que con lo que calcula el SIPRI, como vemos, en el caso de España, muy por debajo de lo que supone su gasto militar real) sería de 360.690 M$, equivalentes a 322.913 M€, por encima de ese 2% del PIB de la UE. Si a esta cantidad le sumamos el gasto militar de Turquía, la cifra que moviliza, sin contar con EEUU y Canadá, el militarismo occidental es abrumadora y escandalosa.

País Presupuesto de defensa según el SIPRI (millones de dólares)
Albania 16.671
Alemania 35.517
Bélgica 3.758
Bulgaria 1.116
Croacia 5.179
Dinamarca 23.296
Eslovaquia
Eslovenia 367
España 12.716
Estonia 412
Francia 45.855
Grecia 4.582
Hungría 286
Islandia
Italia 21.494
Letonia 412
Lituania 425
Luxemburgo 273
Montenegro 58
Noruega 47.550
Países Bajos 8.000
Polonia 39.428
Portugal 3.322
Reino Unido 36.296
República Checa 43.738
Rumanía 9.939
Total 360.690
Turquía 41.546
Total + Turquía 402.236

Podemos arrojar otras cifras igualmente escandalosas respecto al militarismo europeo, como, por ejemplo:

  •           Que la suma del coste de la violencia de los países de Europa que forman parte de la OTAN es de 996.189 M$, correspondientes a 892.402 M€, una cifra astronómica
País Coste de la Violencia según el Indice Global de Paz (millones de dólares)
Albania 1.113
Alemania 171.144
Bélgica 23.078
Bulgaria 4.411
Croacia 3.556
Dinamarca 7.638
Eslovaquia 4.480
Eslovenia 1.868
España 39.051
Estonia 1.608
Francia 112.959
Grecia 13.232
Hungría 5.547
Islandia 242
Italia 67.268
Letonia 1.815
Lituania 2.735
Luxemburgo
Montenegro 691
Noruega 9.517
Países Bajos 28.045
Polonia 32.204
Portugal 11.428
Reino Unido 139.883
República Checa 10.272
Rumanía 12.404
Total 996.189
Turquía 94.007
Total + Turquía 1.090.196

 

  • Con arreglo a las cifras que ofrecimos en nuestro estudio “¿Ejército europeo?” , Europa cuenta con más de 6.300.000 personas movilizables y entrenadas en caso de conflicto, así como con un amplio dispositivo militar común en la UE.
  • Europa desarrolla por su cuenta múltiples misiones militares propias y en colaboración con al OTAN
  • El Complejo Militar industrial europeo, con la suma de sus empresas, factura al año más de 140.000 millones de euros y es de los más potentes del planeta.
  • Cuenta con una Agencia europea de Defensa plenamente operativa y que moviliza miles de millones de euros.
  • Recientemente se ha constituido, por acuerdo de sus presidentes de gobierno, un gran fondo europeo para gasto militar que movilizará 5.000 millones de euros en 2017, 25 millones anuales entre 2018 a 2019 y unos 500 anuales a partir de 2020.

Podríamos hacer comparaciones de esta abrumadora realidad con la más exigua del dinero destinado a la cohesión, a la persecución de los objetivos del milenio o a ayuda internacional al desarrollo (AOD). Durante el sexenio 2014 a 2020 el Parlamento Europeo aprobó que el presupuesto comunitario destinada a AOD la cantidad de 51.419 millones de €, una pizca comparado con lo que destinan los países europeos a gasto militar año tras año.

Hablar de defensa con estos datos nos parece un error. Asistimos a la consolidación del militarismo que agrede a las sociedades, detrae sus recursos, las empobrece, erosiona sus derechos e impone, en el mundo global, la lógica de la violencia y la dominación y una geopolítica inadmisible. Para eso es para lo que EE.UU quiere un gasto militar abrumador. Para eso, para garantizar, con sus socios, su hegemonía, para hacer negocio de la guerra, de la paz, de la venta de armas.

Por eso nos impone pagar sus guerras y pide a nuestras élites extractivas el suficiente apoyo para que lo hagamos sin rechistar y bajo el chantaje de un miedo a la reacción vengativa de los que aspiran a convertirse en tribunos de los vapuleados por estas políticas.

Son las malas políticas de occidente las que originan la actual situación de crisis, pero esta no revertirá mientras ahondemos en la torpeza y no en la lucha contra la inseguridad humana y la violencia estructural.

¿Seguiremos pagando a tan alto precio la seguridad de los intereses de los de arriba como si fueran los nuestros?

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El desbarajuste de los Programas Especiales de Armamento (PEAS)

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POr US Air Force

Fuente: Bez

Hay muchas maneras de explicar el desbarajuste y la ruina económica que los Programas Especiales de Armamento (PEAS) están suponiendo para las arcas públicas y con ello para la sociedad.

Nosotros lo hemos contado en términos de deuda inmoral e ilegitima en un texto de 2013 en el que explicamos el origen, el crecimiento y el despilfarro que son estos programas armamentistas.

Del artículo que realiza Beatriz Yubero en el portal colaborativo BEZ, podemos sacar algunas notas que, sin ser novedosas,vuelven a poner sobre la mesa el despropósito de estos programas de armas.

1.- Dice la comentarista que los programas especiales de armamentos, cuyo origen hay que situar en el primer gobierno de Aznar, son fruto de los compromisos adquiridos por el PP y el PSOE como consecuencia de nuestra entrada en el club militar OTAN. Ello señala dos extremos que habitualmente pasan desapercibidos:

  • Que sin la OTAN nos los podríamos haber ahorrado
  • Que son una imposición ilegítima. No podemos decir si fruto del interés de la industria militar europea y estadounidense de ganar siempre y a cualquier precio, o si por la imposición de la élite política (nuestra y ajena) de meternos en la senda de una cada vez más militarizada y unidimensional política económica, abocada a llevarnos a esta especie de bola de nieve imparable de gasto militar y militarismo sin retorno, pero al fin y al cabo, fruto de un interés que no era el nuestro.

2.- Señala el artículo, casi sin quererlo decir (al menos así) que si hay dos grandes culpables políticos de estos programas son los pactos bajo cuerda de los años 90 entre PP y PSOE, pactos que se han demostrado inamovibles y no cuestionados y que nos indican uno de los puntos esenciales de la ilegitimidad de estos programas: no responden al interés general, sino al interés de esa oligarquía extractiva de políticos de la casta en generar gasto militar inútil

3.- Cuenta el magnífico compromiso de deuda que nos sepulta. 23 programas comprometidos solemnemente en nombre del estado con previsión de pago total a 2030, que nos supusieron una deuda de 37.000 millones de euros, de los uqe se han pagado 8.000 aproximadamente y por lo que el MInisterio de Industria ha pagado unos siniestros créditos (a interés cero, algo que obvia el artículo) de más de 10.000 millones de euros previos a la fabricación de estos programas de armas y que la industria militar debe devolver una vez fabrique estos ingenios (se le ha olvidado a la articulista señalar con suficiente claridad que cuando esto ocurra, los programas habrán adquirido un espectacular precio porque habrán sufrido sobrecostes como consecuencia de encargos suplementarios de mejoras, o de que los encargos, quien sabe si por descuido o malicia, se hicieron a medias, sin contratar por ejemplo, los sistemas electrónicos de los aviones que se solicitaban, etcétera).

4.- Los programas de armamentos no sólo eran ilegítimos en el origen, sino que además, durante su ejecución la ilegitimidad se ha reforzado más, pues los negociadores permitieron tanto sobrecostes como encargos innecesarios, pero bien favorables a los intereses del complejo militar-industrial (dice el artículo ” Sobre estos programas siempre ha planeado la sombra de los sobrecostes y del exceso en el número de unidades encargadas. De hecho, el Tribunal de Cuentas llegó a denunciar costes excesivos …y poca diligencia por parte del Ministerio de Defensa (en época de Morenés) a la hora de penalizar a las empresas por sus retrasos, lo que hubiera servido para rebajar las facturas“)

5.- Señala que, a pesar de que el desastre que estuvo a punto de llevarnos al precipicio al inicio de la crisis era tal, el Ministro puertagiratorio Pedro Morenés renegoció el precio final de los programas para comprometer que fuera de 30.075 millones de euros, aunque en unas negociaciones tan opacas que probablemente podemos encontrarnos con algún caramelo envenenado ( según la articulista “Hubo pocas explicaciones sobre cómo se hizo esa renegociación y sobre los criterios que se siguieron“)

6.- Además, cuando la troika vino a rescatarnos, y para evitar que acabáramos como Grecia, intervenidos a lo bestia, los gobiernos de Rajoy procedieron a realizar un fraude contable, ocultando esta deuda impagable, para lo que acudieron a sacar de los PGE toda referencia a los mismos a fin de que no computase como déficit y de paso para evitarse la crítica social (se olvida la articulista de comentar que esta política tan curiosa la llevaban ejerciendo indistintamente los gobiernos del PP y el PSOE con anterioridad).

7: Ocultándola pero no eliminándola, porque por la puerta de atrás ha seguido pagando ingentes cantidades a la industria militar por medio de una fórmula ilegal (declarada así por el propio Tribunal Constitucional) consistente en emitir créditos extraordinarios con cargo a deuda pública (osea, generando más deuda aún) mediante decretos ley ad hoc para pagar a la industria militar.

8.- Agustín Conde, el actual Secretario de Estado de Defensa, ha explicado a los diputados de la Comisión de Defensa que la deuda actual (unos 21.000 millones de euros) resulta igualmente impagable y difícilmente asumible, a pesar de lo cual la decisión del gobierno (apoyado en esto por Ciudadanos y PSOE) es pagarla (y empobrecernos más).

9.- Además, en el día a día, estos programas demuestran ser una verdadera chapuza. Por muestra dos ejemplos:  el submarino S80 de Navantia y el avión A400M.

Respecto del primero, dice la articulista que ” Estaba previsto que la primera unidad fuera entregada en 2013 pero, a día de hoy, la fecha prevista es diciembre de 2021 y podría seguir acumulando retraso. El coste inicial del programa ascendía a 2.135 millones de euros, de los que ya se han pagado 1.774 millones, pero ahora ese dinero, debido a los sobrecostes, solo da para pagar el primero de los cuatro submarinos. ¿Cómo piensa Defensa pagar los otros tres? ¿Qué coste tendrá cada uno de esos otros tres submarinos? ¿Cuál será el coste final del programa? Preguntas a día de hoy imposibles de responder.”

Respecto del segundo afirma que  “el A400M es un dolor de cabeza constante. El avión no cumple con las características técnicas requeridas y los países del consorcio (España, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y Turquía) están enfrentados con la cúpula de Airbus. Amenazan con sanciones económicas a la compañía, pero no se sabe si lo hacen con la boca pequeña para no recibir críticas. Para colmo, España compró 27 unidades, casi el doble de las 14 finales con las que se va a quedar, y eso significa que o consigue revender a otros países esas 13 aeronaves de diferencia o tendrá que pagar una multa de casi 250 millones de euros a la compañía.”

10.- Una vuelta de tuerca más: ahora que el Tribunal Constitucional ha dicho que es ilegal ocultar estos pagos, los quieren usar para engañar al viejo Donald que clama por un colmillo en incendiar de armas el mundo, y “aflorarlos” en el presupuesto del MInisterio de defensa para hacerle creer que están “aumentando” el gasto militar y acercándose al compromiso del 2%PIB (en realidad ya supera con mucho este porcentaje pero sigue siendo un gasto escondido, oculto en su gran mayoría y no por disgustar al amigo americano, sino para que el pueblo español no sepa en qué se gastan la pasta los que mandan). Lo dice así el artículo “El número dos de Defensa también dejó una pista muy clara sobre las intenciones a futuro de su Ministerio. Primero explicó que los próximos presupuestos de su departamento tendrán incorporados una partida de 1.824 millones de euros (716,8 millones de 2016 y 1.170 millones de 2017) para pagar los PEA. Después, dijo que gracias a esto “se estaría en consonancia con el compromiso asumido en la cumbre de la OTAN de Gales de 2014 de incrementar los presupuestos de Defensa hasta alcanzar en una década una cifra equivalente al 2% de PIB”.

Y como todo decálogo, una (mala) conclusión. Para colmo, esto es el cuento de nunca acabar. el ciclo de rearme se renueva a pesar de que este primer movimiento ya nos ha empobrecido suficientemente. “A futuro, España deberá seguir renovando su material armamentístico y los costes se incrementarán notablemente: la Armada necesita sustituir los cazas de despegue verticar Harrier -su vida operativa finalizará entre 2025 y 2030- por el F35B, única opción en el mercado. Además, por esas fechas, también deberá pensar en planificar la renovación de los cazas F-18, cuya única opción viable serían los F35A.

El problema es que el programa estadounidense del F35 en sus tres versiones acumula un grandísimo retraso y unos enormes sobrecostes, algo que ha llegado a denunciar a través de su cuenta de Twitter el presidente estadounidense, Donald Trump, que llamó al orden a la empresa fabricante, Lockheed Martin: “el programa F-35 y su coste está fuera de control. Miles de millones de dólares pueden y serán ahorrados en compras militares”.

Decepcionante. Otra que se ha tragado que necesitamos esos carísimos aviones de “ataque” (no defensa) estadounidenses que, por cierto, nos quieren vender en bruto ( y nuestros políticos de la casta comprar), sin sistemas de armas ni motores y otros elementos que luego “necesriamente” habrá que comprar para que no queden para un museo del horror.

Ni los necesitamos para nada, ni tendríamos por qué aumentar el gasto militar. Ni, dado que estamos ante una deuda ilegítima e impuesta por intereses que no son los de la sociedad ni han sido decididos por todos, asumir el pago de esta deuda inmoral.

Ni tenemos por qué asumir las torpezas de estos genios  de las finanzas ni tampoco por qué seguir obstinados en enterrar nuestras esperanzas como pueblo en el seguidismo armamentista y fatal al que nos quieren someter los señores de la guerra y sus partidos corporativos en el Parlamento.

No nos representan y no queremos que nos conduzcan al empobrecimiento primero y al desastre después.

Gastos militares para fines sociales.  Haz objeción fiscal al Gasto Militar.

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La mala gestión de Defensa provoca que tengamos que pagar una multa de 243 millones de €

Imagen de Aerofossile 2012

Fuente:  El País.

La programación militar española quería poder tener fuerza de proyección (eufemismo de intervencionismo o de invasión) muy lejos de nuestras fronteras.  Para ello eran indispensables aviones de transporte con mucha capacidad y amplio radio.

El diseño militarista pensó que lo necesario eran 27 A400M.  La cifra era disparatada para un país como España.

Por ello, mucho más tarde, el anterior Secretario de Estado de Defensa, Pedro Arguelles, pactó con Airbus la compra de 14 A400M (avión de transporte militar) entre 2016 y 2022, y posponer la recepción de los 13 restantes hasta 2025.

Entonces a Morenés y a Arguelles les pareció un ejemplo de gran gestión comercial.  Es decir, postergaban el problema unos cuantos años, los suficientes para salir del Ministerio de Defensa y para que otros tuviesen que ocuparse del problema.  Genial.

Si Defensa no cumplía, el Estado debería pagar 243 millones de € como penalización a Airbus.

Ahora el problema está aquí:

Defensa ya ha declarado estos 13 aviones como “no operables” –es decir, innecesarios—y ha aceptado pagar a Airbus 243 millones por la cancelación de este pedido.

Vemos muchas malas prácticas en estas decisiones:

  •  La primera es que nuestros militaristas dirigentes siempre planifican los gastos muy por encima de las necesidades y de las posibilidades de España.  Les da igual porque nadie les va a pedir cuentas.
  • Para ellos prima el programa de fabricación de armamentos sobre las necesidades de defensa españolas reales o sobre las posibilidades económicas españolas, lo importante para los políticos militaristas es que se pueda hacer el nuevo modelo de armas, ofertándolo como un futuro éxito de ventas.  Luego, como en el caso que nos ocupa del A400M estas ventas no llegarán, pero les da igual porque nadie les va a pedir cuentas.
  • La tercera es que nuestros dirigentes militaristas siempre acaban favoreciendo a la industria militar y son capaces de firmar multas que le impondrá la industria militar al Estado si no cumplen con lo pactado.  Les da igual, el Estado somos todos y lo pagaremos a escote con los impuestos.  Además, la ciudadanía no acaba de entererarse.
  • La cuarta es que los políticos militaristas ven muy fácil endeudar a España porque nadie les va a pedir cuentas.  Total, cuando la deuda militar sea un problema ellos ya no estarán en el poder (estarán jubilados), o podrán recurrir al argumento de echar la culpa a gobiernos previos.

Mientras el Parlamento y la sociedad permanezcan ignorantes y callados no habrá problema para los políticos militaristas.  Hasta que no haya una auditoría independiente de Defensa no habrá soluciones.

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Cospedal, la madrina

Premios+C%C3%A1tedra+Metropol+US

Fuente: La Vanguardia

Y ahí que la tenemos, toda compuesta, de madrina.

Nada menos que la Ministra madrina, la Dolores de los Cospedales, la dama de los tercios, la infantina de la marina, como quieran que se diga, junto a la alcaldesa de San Fernando (Cadiz) señora Cavada, el Almirante Jefe del Estado Mayor, la Presidenta de la SEPI, el Presidente de Navantia y otras fuerzas vivas, aplaudidores y demás añadidos siempre lustrosos y ornamentales para estos actos.

Y la Ministra madrina que allá que se fue a botar el BAM (Buque de Acción Marítima), “Audaz”  (el próximo a botar se llamará “Furor”) del que la prensa militar especializada (principalmente en distorsionar la realidad y desenfocar los temas) ha dado datos de que ha supuesto para Navantia 1,1 millones de horas de trabajo y 250 empleos directos (lo que no parece justificar tanto revuelo ni ser la solución del abrumador paro en Cádiz) así como otros 1.000 indirectos en la industria auxiliar. Si hacemos un ligero cálculo, implica no más de 1.000 horas de trabajo por persona, es decir unas 25 semanas (menos de 6 meses), suponiendo un trabajo equivalente de 40 horas por semana y persona (y esperemos que la solidaridad de los trabajadores gaditanos no permita que alguno haga horas extra y deje sin trabajo a otro). No vemos cómo estas modestas cifras pueden hacer creer a algunas personas respetables y despiertas que Navantia es la panacea para salvar el paro, pero a veces las ideas tienen eso, que por falta de análisis se vuelven creencias y meras supersticiones.

Lo que no informa la noticia de la botadura es el precio del susodicho barco militar. A falta de otros datos mejores, hemos acudido al informe del Tribunal de Cuentas sobre los “Programas Especiales de Armamentos” (PEAS) recientemente publicado y del que ya hemos hecho algún comentario previo en este blog, para saber lo que viene costando cada BAM.

Según parece, cada BAM de los 4 ya entregados (este sería el quinto) cuesta cerca de 35 millones de euros, pero además su precio “final” es un 48,9% más caro que el inicialmente presupuestado. Como no podía ser menos, las entregas de estos barcos se hacen siempre con retraso, y el “Audaz” es un claro ejemplo de esto. A pesar de ello, el Estado ha renunciado a cobrar las penalizaciones por retraso de Navantia por los cuatro BAM anteriores, nada menos que 37,74 millones de euros. Añadamos que, dado que los buques de Navantia se “retrasan” en la entrega de sus barcos y que para poder hacerlos tienen que contar con industrias auxiliares (que incorporan aproximadamente 1000 trabajadores a los 250 que ha empleado Navantia) se supone que Navantia o ha perdonado los “retrasos ” a estas industrias militares, o se ha embuchado las penalizaciones o, la más rocambolesca de las tres posibilidades, las industrias auxiliares no se han retrasado y lo que pasa es que Navantia es el colmo de la ineficacia y la chapuza.

Pero volvamos al solemne acto de botadura del barco, que no queremos empañarlo con pequeñeces y críticas poco constructivas.

Cospedal sacó pecho por lo demasié que es la industria miliar española y toda la parafernalia de tópicos que ha debido heredar del apolillado manual de estilo de sus antecesores, pero soltó una perla propia. Agárrense las canillas, que vamos a transcribirla

Hay dirigentes políticos que dicen: Con el dinero de un barco se pueden construir varios hospitales”. Pero quienes dicen estas cosas por lo general ni construyen hospitales, ni saben todo el empleo, la riqueza y la prosperidad que genera la construcción de un barco»,

Todo lo hace, la pobre, por nuestro bien y el Ministerio de Defensa está haciendo todo lo posible para impulsar

iniciativas y soluciones para nuestros astilleros. Desde Defensa y desde la Armada estamos deseosos de impulsar cuantas más mejor

No sabemos si Doña Maria Dolores espetó al respetable con tan abrupta reflexión antes o después de estallar en el barco la botella tradicional de vino “sangre y trabajadero”, un oloroso con el que inauguró el pantano, como quien dice, o incluso de beberse la copa del brindis que, como el valor, se le supone a este tipo de actos.

Y ya lo ven, el recurso de Dolores es hacer barcos por nuestro bien, no hospitales, que para el caso que nos ocupa tanto monta y algo deja de beneficio a las amistades y puertas giratorias del sector. Aunque Navantia nos enseña que su especialidad es recibir pasta, fabricar mal, retrasarse constantemente, llegar siempre tarde  y, a la larga, ni barcos ni dineros, sino mero cebar la bomba.

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