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¿Qué tendrá Yibuti?

Caballos

mirguzman

Fuente: mundo BBC

Yibuti es un pequeño país del cuerno de África con algo más de 800.000 habitantes y menos de 24.000 kilómetros cuadrados. Más o menos como dos veces Asturias de extensión y alrededor de 200.000 personas menos que dicha comunidad.

Es el país 168 en el índice de desarrollo humano (datos de 2014) sobre un total de 186 países y con un coeficiente de 0,47, a la altura de Afganistán y Senegal, por ejemplo, y por encima de Costa de Marfil, Gambia o Etiopía.

La mayoría de su población (Yibuti) se concentra en su capital, con más de 550.000 habitantes según la ficha país que publica el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Sus tasas de analfabetismo (32,1%) según el referido informe país del Ministerio de exteriores español, de paro (60% en las ciudades y 83% en el mundo rural), su pobre esperanza de vida (62 años), su baja renta per cápita (2.700 $ anuales) y su elevada deuda externa (1.222 millones de dólares de USA) sitúan a Yibuti como un país pobre y tremendamente vulnerable.

Cuenta con un ejército de 10.400 efectivos,  un militar por cada 76,9 yibutienses, lo cual no es poca cosa si tenemos en cuanta el enorme paro del país y su empobrecedora dependencia. Un ejército que además está muy entrenado, pues ha participado desde su nacimiento en 1977 (con su independencia)  en apoyo de Somalía durante la guerra del Ogadén desatada ese año, y más tarde en enfrentamientos fronterizos con Eritrea en 1996, 1999 y 2008.

Yibuti tiene la feliz coincidencia de encontrarse en uno de los puntos más transitados por el tráfico marítimo y el comercio internacional mundial, como punto de acceso al Mar Rojo desde el Océano Índico vía Canal de Suez y, por ello, punta en entrada de los países mediterráneos al Índico y a Asia y viceversa.

YIbuti es un punto comercial de primer orden. Cuenta con una costa privilegiada para el tráfico marítimo mundial y es uno de los lugares de repostaje más importante del planeta, a la vez que puerta de importaciones y exportaciones de su vecina Etiopía y desde allí al resto de África.

Si nos referimos a sus principales inversores, tenemos a Arabia Saudí, inconfundible árbitro regional de la zona, con un 18´1% del total de inversiones, seguido de China, uno de los actores más potentes y activos en el índico, con un 16´6% del total, India, con un 14% y a EEUU, sexto inversor tras Indonesia y Malasia, con un 4.3% del total.

Los proveedores de Yibuti son similares pero con los puestos cambiados. China el primero de todos, con el 24% de las importaciones de Yibuti, Arabia Saudí, con el 16’4%, India con el 10´6, e Indonesia con el 7’3 %.

Pero Yibuti tiene otra característica más que sospechosa. Es uno de los lugares del globo con mayor concentración de bases militares.

Según el Informe País del MInisterio español de Exteriores

Yibuti se ha convertido en un importante aliado de Occidente gracias a su estabilidad interna y a su estratégica situación en el Estrecho de Bab el Mandeb, entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Francia, EEUU y Japón disponen de bases militares permanentes en territorio yibutí. Alemania y España tienen contingentes desplegados –España de forma permanente y Alemania temporal-. Las facilidades otorgadas para el establecimiento de bases militares en su territorio, están convirtiendo a Yibuti en uno de los puntos básicos en la lucha contra la piratería en el océano Índico, Golfo de Arabia y Mar Rojo, así como en la lucha contra los movimientos terroristas que actúan en suelo de Somalia y de Yemen.

Vayan echando cuentas: bases militares permanentes de EEUU, Francia, Japón; bases donde España tiene un destacamento permanente y Alemania otro temporal. A ello podemos unir que es el principal centro en que se ubican los barcos de las operaciones Atalanta de la OTAN, como reconoce el MInisterio de Defensa español.

También cuenta ahora con una base militar china. Una de las mayores bases navales de la región y una fuente de preocupación en los países occidentales que tienen bases en dicho territorio, que ven que no tienen la exclusiva militar en la zona precisamente en un momento en que la tensión con China va creciendo.

China contará con hasta 10.000 soldados que se desplegarán hasta 2026 en la base de Yibuti, algo muy natural si tenemos en cuenta la gran dependencia económica de YIbuti de la inversión china, inversión, por lo demás creciente en toda África, donde ya ronda los 40.000 millones de euros “para desarrollo” del continente africano.

Se trata del primer despliegue de tropas chinas en África, aunque el país actualmente tiene efectivos militares en algunas Misiones de Paz de la ONU en el continente y ha desempeñado un importante rol en el control de la piratería en las aguas que bordean Somalia.

Como no puede ser menos, la finalidad de la base militar china en Yibuti es pacífica y consiste, según declaraciones del medio de noticias Xinhua en

reabastecer buques de la Armada que participen en misiones de mantenimiento de la paz y humanitarias en las costas de Yemen y Somalia

Dicen además los chinos en un editorial publicado ayer en el diario estatal chino Global Times que

el propósito esencial del desarrollo de la fuerza militar China es proteger la seguridad de China y no trata de controlar el mundo

Nada importa que la base se encuentre cercana a uno de los principales nucleos de explotación petrolera por parte de los chinos, donde

China recientemente desplegó una fuerza de 700 hombres para proteger sus intereses petroleros en Sudán del Sur, lo que muestra que está dispuesta a proteger sus negocios de US$200.000 millones anuales con África.

La razón humanitaria, por tanto, podría parecer falsa, pero no más que las razones, también razonables y humanitarias, de las bases militares en la zona de los otros países afincados, España entre ellos.

Llama la atención el cúmulo de características que hacen de Yibuti una presa fácil del militarismo y un aviso para navegantes: pobreza, dependencia económica, paro y subdesarrollo, dependencia de lo militar, intereses económicos y lucrativos para unos pocos, bases militares.

El militarismo, las bases militares, una condena al fracaso para las zonas agraciadas por su proliferación.

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En 2017 el gasto en misiones militares en el exterior superará los 1.000 millones de euros

Nero+con+stile...

Por Otto Nassar

Fuente: Infolibre

A finales de julio explicábamos la nefasta política militar española, intervencionista, militarista, agresiva, con 87 intervenciones militares en el exterior desde los años 80 a la fecha actual,

Una política además muy cara y ocultada por nuestros conspicuos capitostes de la cúpula militar-industrial y sus palmeros políticos que la consienten, cuando no la estimulan.

Como se sabe, la partida de gasto militar referida a las operaciones en el exterior es una de las 69 partidas ocultas de nuestro gasto militar, tal como explicamos en una infografía recientemente publicada. Concretamente forma parte de la partida allí denominada “deuda militar extraordinaria”.

Ahora nos ofrecen una cifra escalofriante, por encima de la previsión que hicimos en nuestras estimaciones del gasto militar para 2017.

En aquel estudio estimamos que el gasto oculto para estas operaciones militares en el exterior sería el mismo que en el 2016, unos 771,11 millones de euros, pero los datos que nos ofrece Defensa sitúa el gasto real para 2017 de operaciones militares en el exterior en 1.076 millones de euros, casi 75 veces los ridículos 14´3 millones de euros consignados para estas operaciones por los presupuestos del Estado de 2.017.

La cifra no debería sorprender a nadie a estas alturas. Por una parte, ya la insinuó el Secretario de Estado de Defensa en Abril  (por cierto, insinuó que a lo mejor podía llegar a los 1.200 millones por los despliegues de Estonia) en su comparecencia ante la Comisión de Defensa, sin que hiciera mella en el ánimo de los somnolientos diputados, siempre tan infatigables en dejar pasar las oportunidades de controlar al Ministerio. Por otra parte, el hecho de que se consignen en los presupuestos partidas de unos 14 millones y se gasten en torno a 700 u 800 o 1.100 al año para este tipo de invasiones exteriores viene siendo una práctica constante del Ministerio de Defensa.

Lo verdaderamente significativo no es, por tanto, que el Ministerio de Defensa mienta (lo hace siempre). Lo relevante es que se consolida, y aumenta gravemente incluso, la política de injerencia militar que aplica el Ministerio de Defensa por medio de estas operaciones en el exterior y que lo hace sin la más mínima crítica ni oposición a este papel creciente en el militarismo mundial.

Hay que criticar la cifra de gasto, pero más aún la razón de ser, el “para qué” se usa este dineral, tanto el uso supuesto (operaciones en el exterior) que encubren una política exterior militarizada y agresiva que cuenta con más medios que cualquier otra dimensión de la política exterior del Estado, como el uso real (que se aprovecha además para exhibir armamento español con vistas a la venta de armas en la que somos la sexta potencia exportadora mundial, así como para camuflar gasto de operatividad y de reparaciones de las fuerzas armadas que no aparece en el presupuesto del Ministerio de Defensa y para incentivar el sueldo de los soldados que participan en todo esto).

Podemos comparar la cifra con la que aporta España a la cooperación internacional o a la solidaridad con otros pueblos. el resultado es desalentador y escandaloso. Somos un peligro, concretamente el segundo contribuyente militar europeo en tropas en el exterior y el cuarto de la ONU, algo inaudito y vergonzoso.

Tal vez ahora la Ministra pretenda “aflorar” este espectacular aumento de la partida de operaciones militares en el exterior y consignarla en los presupuestos de 2018 para simular y vendernos que intentamos acercarnos al 2% del PIB en gasto militar (cuando la realidad es que este gasto ya se produce y superamos el 2% del PIB en gasto militar y que lo hacen de forma opaca, para que la gente no se entere de esta opción militarista).

En todo caso, sería deseable imponer por ley la obligación de transparentar todo el gasto militar y de someter al debate social y al control las razones de nuestro espectacular fomento del militarismo y su enorme gasto.

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Los números rojos de Navantia y el rescate de la industria militar hunden la SEPI y hundirán las regiones dependientes del monocultivo militar

Exponaval+2012

Por Jesús Fernández García

Fuente: EconomíaDigital

Del desastre sin paliativos ni excusas que es Navantia, la empresa mimada de la industria militar española, nos hemos ocupado por extenso a lo largo de años.

Desastre que tiene que ver con sus pérdidas de vértigo y su mala gestión, con su mala calidad, con su inmoral negocio en sí y con el trasiego de favores y puertas giratorias que soportan, contra viento y marea, la empresa pública con el dinero de todos y en beneficio de unos poquitos.

El Estado, amén de mandar de viaje a ministros, monarcas y otras autoridades menores y disponibles para que vendan los productos de Navantia, ha cooptado alcaldes y autoridades incompetentes (en la materia, se supone) para que, cerrando los ojos o tapándose la nariz, hablen parabienes de este negocio y ha comprado titulares periodísticos para que nos expliquen la gran mentira, un nuevo ejemplo de agnotología militar, de lo requetebueno que es vender armas de Navantia, aunque sea a Arabia Saudí, para nuestra seguridad y para bajar las cifras del paro.

Las terribles y engañosas cuentas de Navantia

Y de buenas a primeras nos enteramos por las cuentas anuales de 2016 presentadas por la SEPI que en 2016 Navantia acumuló (a pesar de las inmejorables ayudas públicas) unas pérdidas de 303 millones de euros, la mayor deuda de todas las empresas publicas españolas.

Navantia se convierte así en un agujero negro (y bastante opaco) que arrastra las cuentas públicas al desastre. ¿Hay que agradecérselo a alguien en concreto?

Según otro medio, las cuentas de Navantia implican que ésta está en una situación que obligaría a su disolución aunque han empleado un truco contable para evitarla.

Así informó a su vez a finales de junio Economía Digital.

Para más aclaraciones de la desastrosa situación de Navantia, la Oficina Nacional de Auditoría (órgano adscrito a la IGAE) dice  en su informe de auditoría de las cuentas de SEPI, páginas 4 y 5, que

En el informe de auditoría del Grupo Navantia, el auditor llama la atención sobre las notas 3 y 22 de la memoria, que describen la situación patrimonial del Grupo. El patrimonio neto a efectos mercantiles de la Sociedad Dominante del Grupo Navantia se sitúa en 23.393 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 y, por tanto, en situación patrimonial de disolución, en aplicación del artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, celebrado el 15 de marzo de 2017 aprobó la solicitud a SEPI, su accionista único, de un préstamo participativo por importe de 90.000 miles de euros. Con fecha 28 de marzo de 2017 ambas sociedades firmaron el contrato del referido préstamo, que ha sido desembolsado en la misma fecha. Considerando este préstamo participativo y teniendo en cuenta el patrimonio neto a efectos mercantiles, a 31 de diciembre de 2016, la Sociedad Dominante no se encuentra en causa de disolución, sí se encuentra en situación patrimonial de reducción de capital obligatoria, en aplicación del artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que durante el ejercicio 2017 la sociedad tendrá que tomar medidas tendentes a conseguir el equilibrio patrimonial.

Es decir, traducido al idioma autóctono de quienes ni sabemos de finanzas ni usamos corbatas y camisas de seda, Navantia debería disolverse, pero como el dinero es de todos y a sus administradores les cuesta muy poco, unos cuantos (casualmente los causantes y cómplices del desastre) han decidido auto-otorgarle a Navantia (osea a ellos mismos y a los intereses que representan) un préstamo para camuflar las cuentas y permitir un nuevo salto en el vacío, algo así como un rescate como los que salvaron el negocio de los accionistas de los bancos pero ahora aplicado a la industria militar (que también es casualidad que sea una de las que financia la banca armada).

Más deuda a nuestras costillas y más gasto militar

¿Significa eso que nos va a salir gratis la broma de este “reflote” (véase la metáfora marítima que elegimos para más rechifla) de la industria de muerte?

Pues no. Significa monda y lirondamente más gasto militar, porque ¿adivinan de dónde saldrá el pastuco del préstamo de camuflaje?

¿Han pensado que de los presupuestos? Pues acertaron. Lo dice así el diario La Información y nos pone sobre la pista para anotar en 2017 dinero camuflado de gasto militar en la SEPI y para vigilar el presupuesto de 2018, donde es previsible que vuelvan a repetir la jugada

En los Presupuestos Generales de 2017 se concede a la SEPI una aportación de 1.210 millones para avalar a sus diferentes empresas, una cifra idéntica a la de 2016. El Gobierno, además, prevé que la Sociedad estatal acabe el año en pérdidas, con un resultado negativo de 149 millones.

El desastre productivo de Navantia

Pero este aspecto económico no lo es todo en el caos de Navantia.

Su eficacia productiva es inigualable.

Navantia nos ha empobrecido vendiendo al Estado unos submarinos que no flotan y han debido ser revisados innumerables veces.

Revisiones que han implicado aumento de la factura de producción de los mismos y aumento de la factura de reparación de los actualmente en uso para alargar su vida útil hasta que los nuevos ingenios de Navantia tengan a bien emerger del fondo marino donde los sitúa la incompetencia del personal “altamente cualificado” del que alardea el escalafón militarista, desde la ministra hacia abajo.

En efecto, el inicial proyecto de submarinos de Navantia supondría un coste de 1.796 millones de euros, pero ya vamos, sumados los sobrecostes del propio submarino y los gastos que ha implicado para reparar los antiguos y mantenerlos en uso, 3.013 millones de euros, según informamos en febrero de 2017. Y según el Secretario de Estado en su intervención en el Congreso para informar sobre los Programas Especiales de Armamento del pasado 2016, estas cantidades sólo permitirán poner en el agua el primero de los cuatro submarinos previstos, sin que se sepa el coste de los otros tres restantes.

Pero los errores de diseño de Navantia no son exclusivos de su empeño en submarinos con sobrepeso y alcanzan a otros productos de la naval, como los barcos de la clase Camberra que quiere vender a Australia, o el BPE Juan Carlos I como ya explicamos en otra entrada de mayo de este año.

¿Qué suerte habrían corrido las comarcas de Cádiz, Ferrol y Cartagena si el dinero invertido en mantener Navantia se hubiera invertido en reconversión y desarrollo?

Las cifras no engañan. Navantia ha recibido varios miles de millones del erario público en concepto de ayudas, subvenciones y aportaciones para mantenerla en pié.

La sola suma de las pérdidas de Navantia en los últimos diez años (pérdidas que cubre el Estado al margen de las ayudas y encargos que realiza a esta empresa) es escalofriante, con una media anual de más de 250 millones de euros y sin un plan viable de salida.

La explicación que nos han dado es que con ello contribuían a la cuestión social de Murcia, Cartagena y Ferrol, ampliamente dependientes de la industria naval militar.

Muchos de los contratos de Navantia no han tenido una finalidad, dijo un anterior Secretario de Estado de Defensa, desde el punto de vista militar, pues lo “encargado” o no se necesitaba o se podía conseguir mejor fuera, sino industrial, para fortalecer el sector naval militar.

Si contabilizamos todas estas ayudas, subvenciones, dinero invertido en encargos, sobrecostes de sus productos y dotaciones de pérdidas ¿no podría haberse cortado la sangría antes e invertido todo este dineral tirado a la basura para desarrollar de forma alternativa estas regiones?

Lo militar ha supuesto para Cartagena, Murcia o Cádiz dependencia, no progreso ni desarrollo y mantener incólume esta dinámica no puede sino condenar a estas regiones a más dependencia y peor futuro.

¿Por qué nadie reclama ese cambio de rumbo?

Si de lo que se trata es de sostener la viabilidad de las regiones referidas, ¿por qué no se invierten los más de 300 millones de perdidas de Navantia no en mantenerla viva, sino en el desarrollo de estas regiones?

¿Por qué no se incentiva una reconversión radical de Navantia y sus tecnologías hacia fines socialmente útiles y sectores sostenibles?

La respuesta es más que sencilla. Porque lo que se busca no es el desarrollo de estas regiones, sino el negocio lucrativo de unos pocos.

Paro y Navantia

Las cuentas anuales de Navantia de 2016, bastante edulcoradas, por cierto, nos aportan un dato más:

  • La plantilla de Naviantia a 31-12-2016 era de 5.296 personas únicamente.
  • La cifra de negocio de Navantia en 2016 ha sido de 710´08 millones de euros.
  • El resultado de Navantia en 2016 ha sido de 229,74 millones de euros.
  • Las inversiones en inmovilizado durante 2016 han sido de 170 millones de euros.
  • El patrimonio de Navantia se ha contabilizado por valor de 341,29 millones de euros.
  • Ha obtenido donaciones y subvenciones (principalmente de la Comunidad de Murcia, el Ministerio de Industria y la UE) por importe de 3,9 millones de euros.
  • el pago total de personal ha sido de 311´36  millones de euros, lo que equivale a un sueldo medio de 58.791 euros, cifra que, a la vista de las tablas salariales de su propio convenio, no cobra ni siquiera el 10% de su plantilla y que sobre la cifra de negocio anual supone un 43% de aquella.

Estas cifras despejan, a su vez, la idea de que Navantia ofrece mucho trabajo, únicamente 5.296 personas en unas regiones que cuentan con una población parada de cerca de 200.000 personas en la región de Cádiz (un paro de más del 33% de su población activa), más de 130.000 personas en la región de Murcia (cerca del 20% de parados) y con un paro en la comarca de Ferrol de 6.100 personas, un 24% de su población activa.

Navantia no es, vistas las cifras, ni una solución parcial al paro desmesurado y producto de una ínfima inversión en desarrollo de estas regiones.

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Empresas promotoras de la guerra

Por Xurxo Martínez

Fuente: La Marea

Es de sobra conocida la vinculación de las empresas más feroces del capitalismo y las guerras.

Tan evidente y tantas veces explicado desde diversos ángulos del conocimiento que resulta hasta innecesario explicarlo al detalle.

Ahora se da un caso en el que una multinacional de matriz española, REPSOL, una petrolera del capitalismo extractivista y demoledor que sufrimos, está en el punto de provocar una guerra por sus lucrativas actividades,

REPSOL está en un proyecto para extraer gas natural nada menos que en una zona de disputa territorial entre China y Vietnam.

Vietnam ha concedido a REPSOL su aquiescencia a que REPSOL perfore y explote el yacimiento, pero ocurre que China disputa este terreno a Vietnam y no acepta las disposiciones vietnamitas.

¿Y REPSOL que hacía mientras tanto?

Pues se hacía la loca, como si la cosa no fuera con ellos.

Las cosas llegaron a un grado en el que el gobierno chino amenazó al vietnamita con el uso de la fuerza para paralizar la actividad de la multinacional petrolera y, de momento, los vietnamitas han ordenado a REPSOL que no siga con sus actividades.

Según la BBC

La semana pasada las autoridades vietnamitas ordenaron a la petrolera que pusiera fin a sus perforaciones en una zona reivindicada por China después de que el Gobierno chino amenazara con lanzar un ataque para cancelarlas por la fuerza

REPSOL ha respondido a los periodistas de La Marea que no tiene nada que decir, bonita manera de decirlo todo.

El gobierno español, contra lo que se supone, si tiene algo que decir:

“el gobierno sigue de cerca el caso y mantiene una “estrecha relación con Repsol”. Sobre el conflicto entre China y Vietnam, Exteriores responde que “España no entra en controversias que pueda haber entre estados ribereños del Mar de China” y defiende que “las diferencias deben ser resueltas de modo pacífico”.

Por entendernos es neutral a medias, pues defiende que se resuelvan pacíficamente las controversias (lo cual es como no decir nada, porque es precisamente eso lo que dice la legislación internacional), pero “mantiene una estrecha relación con Repsol y sigue de cerca el caso”, algo así como que están pendientes para ayudar a Repsol (no a China o a Vietnam).

Podría pensarse que REPSOL es un convidado de piedra en todo este embrollo, pero no es así, porque en las aguas cercanas a las que ahora agujerea (agujereaba hasta hace unos días) anteriormente a que REPSOL entrara a hacer de las suyas, las armadas de China y Vietnam ya habían protagonizado encontronazos militares en 2014, lo que demuestra que REPSOL entraba en un avispero sabiendo dónde se metía.

La noticia que nos ofrece La Marea, remata la jugada diciendo que

En los últimos años Repsol ha sido protagonista de otros enfrentamientos entre gobiernos. El más relevante tuvo lugar en 2012, cuando la diplomacia española lanzó una ofensiva contra Argentina como respuesta a la nacionalización de YPF, hasta entonces perteneciente a la petrolera española cuyo máximo ejecutivo es Josu Jon Imaz (ex presidente del PNV).

No hace falta ser una multinacional de EE.UU para formar parte de las empresas capitalistas que desestabilizan la paz. REPSOL es un ejemplo, un mal ejemplo en este caso, de anteponer los intereses lucrativos a la seguridad mundial y de ensuciar el planeta, no sólo con su nefasto negocio, sino con su pésima ética.

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¿Ciudades libres de militarismo? Un reto para el nuevo curso

Fuente: Xarxanet.org

Nos ha sorprendido y esperanzado la iniciativa del pleno municipal de Sant Cugat, declarándose municipio libre de industria militar.

¿Es posible que un municipio adopte políticas de paz basadas en la idea de desmilitarización y de promoción activa de la paz con contenidos, o se deben conformar con buenas palabras y tópicos?  Parece que el ejemplo de Sant Cugat está destinado a confrontar la palabrería, la bisoñez y el cálculo que en otros lugares son moneda común.

Que sepamos es la primera vez que un municipio asume un compromiso por la paz tan evidente y necesario.

La iniciativa ha sido impulsada por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau y ha contado con el voto favorable de todos los grupos de la corporación menos el PP, algo por otra parte (el temita del PP) que casi no causa sorpresa, sino pena.

Mucho hay que agradecer a los compañeros del Centre Delàs esta iniciativa ¡y que no decaiga!

Conforme a lo acordado, en Sant Cugat se tendrá en cuenta, a la hora de sacar a concurso cualquier servicio municipal, la historia de las empresas licitadodoras y, sobre todo, si tienen vinculación con la industria militar, lo cual es una manera de premiar la ética y de castigar a las empresas colaboracionistas con la guerra y la propagación de la plaga del armamentismo.

Dice Jordi Calvó, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau (y que nos perdone por nuestra traducción) que

La idea, …, es exigir a las compañías más transparencia, abrir el debate y evitar que este tipo de empresas puedan trabajar sin fiscalización y sin trabas.

Alguien podría decir que la declaración es cosmética, pues en Sant Cugat, que se sepa, no opera ninguna industria militar, pero no es así del todo. Por ejemplo, existe una banca armada, que financia las inversiones de las industrias militares y que bien puede verse afectada por tal declaración de incompatibilidad con prestar servicios al municipio. También hay otro tipo de empresas, radicadas en cualquier otro lugar y no necesariamente en Sant Cugat, que pretendan “concursar” a servicios en Sant Cugat y que se puedan ver afectadas por su historial manchado de armamentismo.

Por poner un ejemplo, en 2008 (no sabemos si existe otro más actualizado) el Centre  Delàs publicó un catálogo de empresas catalanas que tenían relación con la industria militar que merece la pena no perder de vista. A ellas se pueden sumar otras que prestan normalmente servicios a diversas administraciones en cuestiones relacionadas con el tratamiento de información, la seguridad o proyectos de eficiencia energética, por ejemplo, como es el caso de INDRA (de innegable producción y vinculación militar). De la propia INDRA, por ejemplo, sabemos que en 2010 al menos participaba con el Ayuntamiento de Sant Cugat y Fenosa (otra empresa con ciertas sospechas) de colaboracionismo militarista) en un proyecto de eficiencia energética.

Nosotros, por nuestra parte, ya editamos hace un tiempo un documento sobre la extensión del militarismo más allá del ámbito estatal, en las comunidades autónomas, ciudades y pueblos, en el que advertíamos de la enorme extensión del militarismo y la afectación a la vida ciudadana (desde exenciones al pago de impuestos y tasas a la imposición cultural de la idea de las glorias militares y su parafernalia, pasando por la colaboración con la industria militar, etc.) y proponiendo ejemplos y alternativas desde las que era posible desmilitarizar gradualmente las ciudades y nuestras vidas.

Lograr más ciudades que se declaren libres de la industria militar puede ser un paso adecuado y un buen ejemplo que nos sirva de test para verificar la coherencia de las proclamas de paz de las corporaciones locales y sus munícipes.

Como también podría serlo la exigencia municipal de que los ejércitos y las industrias militares paguen impuestos municipales sin excepción, o la de recargar estos impuestos y contribuciones con suplementos en función de su perjudicial papel social, de su impacto medioambiental o como medio de incentivar su reconversión a actividades socialmente útiles.

O la reclamación de reversión al bien común de los bienes y patrimonio (ingente en el caso español, donde el Ejército es el segundo terrateniente del estado) que el Ejército posee (lo que incluye parajes protegidos, islas, infinidad de inmuebles, etc.) y que podrían servir a un verdadero plan de choque ante el enorme problema social de falta de dotaciones necesarias y de vivienda convertida en un negocio especulativo.

O la revisión de los callejeros municipales para sacar de ellos toda la versión militarista y nefasta de nuestra historia.

O de prohibición de exhibiciones militares (hace pocos días en Gijón, un poco antes en Guadalajara,…) en su territorio.

O la lucha municipal, sobre todo en el ámbito rural, por quitarse el sambenito de la declaración de zona de interés para la defensa (lo que condiciona desde el derecho de paso a los usos que se pueden dar al terreno, entre otros efectos, supeditados a la autorización militar) y la dependencia del monocultivo militar.

O de lucha contra los campos de tiro e instalaciones militares en los territorios municipales.

O una política de solidaridad con los resistentes y refugiados de las guerras, de apoyo a sus redes, de impulso de sus iniciativas noviolentas y de lucha contra las causas culturales y estructurales de éstas.

O la promoción de una verdadera política de paz, entendida como política pública municipal transversal y de mirada amplia y ambiciosa.

O tantas otras iniciativas que, sin duda, obligarían a un cambio radical y desde abajo de nuestra política y a una reapropiación por parte de la ciudadanía y sus administraciones más cercanas de la política que busca la seguridad humana y la paz, hoy negadas por una unilateral visión negativa de la paz, convertida en política militar de defensa y secuestrada en manos de militares y políticos con intereses nada santos.

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Unas preguntas simples sobre las 87 intervenciones militares españolas en el exterior

Fuente: Revista Española de Defensa

Recientemente España se ha desplegado militarmente hablando en Letonia, país con el que, a tenor del “informe país” de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España cuenta con una ridícula inversión directa de 1´64 millones de euros en 2015 y acumulada desde 2012 de 17,9 millones de euros, una verdadera nadería, principalmente relacionada con negocios de FCC, Iberdrola, Inditex y Mango. A Letonia le exporta España productos por la también ridícula cifra de 133 millones de euros, sobre todo cereales (56 millones), madera (8 millones) y equipos eléctricos (29 millones), e importamos de Letonia por valor de 161 millones de euros, principalmente por frutas (28 millones), verduras (17 millones) y bebidas alcohólicas (16 millones).

Con Letonia no nos une más de lo que, por ejemplo, con países como Mueva Zelanda, por poner uno que esté a nuestras antípodas, con el que mantenemos relaciones internacionales desde mucho tiempo antes, inversiones más cuantiosas, exportaciones por más de 229 millones de euros e importaciones de 137 millones, según el propio informe país correspondiente o con Madagascar, con quien España mantiene relaciones desde mucho más tiempo que con Letonia, mantiene inversiones sólidas y de mayor calado, sobre todo en la generación de energía, y exportamos en 2015 más de 30 millones de euros, con importaciones de Madagascar por valor de 71 millones en dicho año, y una cooperación internacional de más de 30 millones de euros (cero euros en el caso letón).

Con Letonia, la relación española es, por decir algo, “por los pelos” y tangencialmente por el hecho de ser ambos miembros de la UE y de la OTAN y de plegarse ambos al mando de EE.UU.

¿Qué tenemos que ver con Letonia como para mandar a nuestro ejército, en formación de combate, allí? Aparentemente nada. Pero nuestros políticos afirman, con Rajoy a la cabeza, que mucho, muchísimo y que sin nuestra presencia militar en Letonia prácticamente la vamos a cagar como sociedad, hasta el punto de que aprovechó su visita a la base militar de Adazi, donde está acampada la tropa española en dicho país, para anunciar que España aumentará su presencia militar en aquel país para atajar la creciente agresividad rusa.

La respuesta obvia es que bien poco. Que las razones que esgrime nuestro rancio militarismo para involucrarse (por cierto, incumpliendo el mandato de llevar estos temas al Parlamento para su aprobación) en una operación militar allí no tiene que ver ni con los intereses de España en aquel lugar (como vemos casi ninguno), ni con la defensa de España, ni con los intereses mundanos de los españoles, tales como aguantar las políticas antisociales que padecemos, conseguir empleo, una sanidad de calidad y tantas otras. Y si se nos apura, tampoco tiene nada que ver con los intereses de los letones, probablemente poco ufanos del papelón que la OTAN está jugando en su frontera con Rusia.

Cuentan más bien razones de otra índole, como por ejemplo:

  • Que la única manera de pintar algo en la política internacional de nuestro gobierno, y a falta de verdadera política, es vindicarse como mamporreros en cuanto conflicto bélico aparece y dejar claro así nuestro papel subalterno y de guardián de las esencias de occidente.
  • Que se quieren congraciar con EEUU y demostrar que su contribución al esfuerzo militar exigido por éste es puntual y fiel.
  • Que, dado que el presupuesto explícito del Ministerio de Defensa únicamente da para pagar los PEAS, pagar los sueldos de nuestro desproporcionado ejército y poco más, la única manera de disfrazar el gasto de mantenimiento y la operatividad de los sistemas de armas es mandarlas fuera a rodar y pasar luego a los gastos opacos de las operaciones en el exterior la factura de las reparaciones, de la puesta a punto, etc.
  • Que al exhibir nuestras armas en el extranjero es más fácil vender nuestro catálogo de armamento a terceros, lo que le viene muy bien a la industria militar y a sus aliados políticos y económicos.
  • Que de paso sirve de entrenamiento para los soldados españoles que se despliegan en estas misiones.
  • Que dada la impopularidad del militarismo en España, y principalmente del gasto militar, sacar triunfalistamente la tropa al exterior, inventar un relato entre humanitario y heroico lleno de tópicos y trufado de boberías y llenar las portadas de sensibleras fotografías de nuestra flamante ministra, del propio Rajoy y otras instituciones, sirve muy bien a la campaña de autobombo del ejército y para intentar justificar el desmesurado gasto militar que mantenemos.
  • Que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ofrecen a nuestros militares un cuantioso sobresueldo que les deja bien contentos con esta situación.

De modo que, hecha la pregunta, hecha la respuesta: la misión sirve para mantener el estado de despropósito de la defensa española y para beneficiar a los de siempre. Para nada más y, sobre todo, para nada relacionado con la defensa y con los intereses humanitarios y buenistas que se invocan por nuestra casta extractiva.

Pero nos vamos a preguntar otras cuantas cuestiones igualmente incómodas. Por ejemplo:

  • ¿Cuánto cuesta este envío de tropas y tanques a Letonia en realidad?
  • ¿Para que sirven las otras cinco misiones bajo mando OTAN que realiza España en la actualidad (Apoyo a Irak  adiestrando a sus soldados, Apoyo a Turquía con misiles Patriot, Grupos navales permanentes de la OTAN, Policía aérea en el Báltico , Resolute Support en Afganistán y Sea Guardian ) y cuánto nos cuestan al año?
  • ¿Para qué sirven las seis misiones que realizamos actualmente bajo mandato de la Unión Europea (EUNAVFORMED Sofía http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/actuales/listado/eunavformed.html en las costas libias, EUTM RCA en República Centroafricana entrenando militares, EUTM Somalia  también entrenando militares, EUTM Mali en apoyo del expansionismo francés, Destacamento Marfil en Senegal, Operación Atalanta  en el índico), y cuánto cuestan al año o desde que llevamos con ellas?
  • ¿Para qué sirven las tres operaciones militares que mantenemos bajo mandato ONU (FINUL en Líbano, Acuerdo de paz  en Colombia, y apoyo a RCA en Gabón) y cuánto cuestan al año o desde que llevamos con ellas?
  • ¿Para qué sirven las cuatro operaciones militares que mantenemos por propia iniciativa y sin mandato alguno (Golfo de Guinea , Seguridad cooperativa  en Mauritania, Seguridad cooperativa en Senegal y Seguridad cooperativa en Túnez) y cuánto cuestan?
  • ¿En qué han mejorado los índices de desarrollo humano, o el índice de paz de estos lugares gracias a la presencia y la inversión militar española en estos años?
  • Para qué han servido las en total 87 operaciones militares que llevamos desde Felipe González hasta la fecha, 21 con Felipe González, 23 con Aznar, 22 con Zapatero y otras 21 con Rajoy, con miles de millones malgastados en estas?
  • ¿Para vender armas, para ocultar y encubrir el gasto de operatividad de las fuerzas armadas, para entrenar a la tropa, para servir a la estrategia de dominación de occidente, … o para ayudar a conseguir un mundo más justo y pacífico?
  • ¿Se ha evaluado qué impacto habría tenido efectuar un esfuerzo en recursos personales y económicos similar en cooperación al desarrollo?

Resulta evidente que nuestro exagerado intervencionismo militar no es una buena señal y nada tiene que ver con una política de paz.

¿Por qué nadie le pregunta en serio estas cosas al gobierno?

¿Por qué no se muestra nuestra rebeldía e indignación ante este macabro papel de nuestra política exterior?

Muchos poqués y pocas ganas de encararlos. Se nota que estamos de vacaciones.

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¿España tiene algo que ver en las hambrunas inadmisibles en cuatro países pobres?


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Por Trocaire

Fuente: Esglobal

Informa esglobal que en cuatro países la hambruna acecha y que están en riesgo de no poder acceder a alimentos más de 20 millones de personas, principalmente por causa de los conflictos bélicos que padecen.

Esto, como viene siendo habitual, no indigna lo suficiente a nadie y ni siquiera es motivo de un tratamiento mediático proporcional al drama que supone y a la bajeza moral en la que nos sitúa. Tal vez la prensa libre no tiene intereses en estos países o los tiene demasiado comprometidos con los causantes de tal desaguisado.

1.- Puntos en común de cuatro países empobrecidos

Los cuatro países en concreto son Yemen, Sudán del Sur, Somalia y Nigeria y comparten entre sí algunas características que no podemos dejar de constatar.

  • Los cuatro se sitúan en una zona geoestratégica particularmente intensa para los intereses occidentales. Casi podríamos trazar una línea recta que los atravesara, desde Yemen, en la península arábiga, hasta Nigeria, todos ellos en la zona subsahariana.
  • Los cuatro son países de religión mayoritaria musulmana con complejas comunidades religiosas, circunstancia que se ha alimentado para dividir y fracturar a éstos y para alimentar conflictos en los que la excusa del radicalismo yihadista y otros argumentos sirve muy bien para alimentar peleas bien mundanas.
  • Los cuatro son países empobrecidos, con índices de desarrollo humano de 0’52 para Nigeria, que ocupa el puesto 152 de los países, 0,48 para Yemen, que ocupa el puesto 168, de 0´41 para Sudán del Sur, que ocupa el puesto 181, y 0,36 para Somalia, que ocupa el último puesto del mundo.
  • Los cuatro están en guerra
  • En los cuatro uno de los factores más determinantes de su desgraciada situación es precisamente el conflicto y el coste de la violencia que soportan, con unas cifras en el Índice de Paz Mundial escandalosas, ocupando respectivamente sobre un total de 162 países analizados, los puestos 160 (Sudán del Sur, con un coste de la violencia de 3.58 billones de dólares, lo que equivale al 26 % de su PIB según el FMI, Somalia con 1.240 millones de dólares, aproximadamente el 135´22 de su PIB, Yemen con 9.337 millones de euros, el 23´8% de su PIB, y Nigeria con 70.551 millones de dólares, un 24% de su PIB.
  • Y en los cuatro los intereses occidentales forman parte de un bando, dándole apoyo en todos los ámbitos y con la clara idea de fragmentar y debilitar cualquier intento de independencia real de éstos.

Podríamos añadir la existencia de recursos estratégicos básicos (eso sí, en general bajo el dominio o la influencia de las grandes potencias) y la pertenencia de dichos países a rutas de tránsito de materias primas esenciales para el capitalismo, para acabar el cuadro.

2.- La hambruna y la guerra

Cada cual puede sacar las conclusiones que prefiera, pero parece claro que la hambruna tiene que ver mucho con la guerra que padecen estos pueblos maltratados y… también con nosotros.

Porque hasta ahora estos contundentes datos nos invisibilizan, algo que tal vez le viene muy bien a nuestra tranquilidad y al sosiego de una opinión pública dormida y narcotizada en lo que tiene que ver con el orden mundial.

Pero nuestras políticas no son invisibles en la zona. Veamos nuestro caso, el caso español.

3.- El conflicto de Yemen.

España no participa en el conflicto de Yemen. Faltaría más.

Es un conflicto que comenzó cuando una coalición liderada por Arabia Saudí, con apoyo logístico de EEUU, inició en marzo de 2015 la operación “tormenta decisiva” bombardeando aéreamente Yemen y en contra de su presidente de entonces, lo que desencadena una guerra entre la facción de éste, conocida como huzíes (de credo chií) y la facción que apoya a Arabia Saudí (de credo sunní), con el actual presidente del estado yemení.

No es una lucha religiosa, sino de poder, en una zona geoestratégica donde compiten por la hegemonía de un lado Arabia Saudí y de otro Irán, con un papel relevante de EEUU y occidente en apoyo de Arabia Saudí y de los intereses de Israel y una estrategia clara de dividir y debilitar todo lo posible a los pueblos árabes (para lo cual se atizan y alimentan conflictos) a fin de evitar que puedan mantener políticas independientes y poco favorables para los intereses occidentales.

Según Amnistía internacional, el conflicto ha generado graves crímenes de guerra y abusos de los derechos humanos, amén de los muertos y heridos, destrucción de bienes y la tremenda hambruna que está desencadenando.

Y aquí es donde entra la participación española en el conflicto.

España vendió en 2016 armas a Arabia Saudí por valor de 116´11 millones de euros,  el 2,9 de nuestras exportaciones de armas, según el informe Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso del año 2016” , presentado recientemente en el Congreso de los Diputados por el secretario de Defensa, Agustín Conde.

Las ventas a Arabia Saudí durante 2016, según dicho informe han sido (pág. 8) para

aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española y para una aeronave de un programa de cooperación, granadas de mortero, munición de artillería, munición de calibre medio, equipos de detección e identificación de señales y equipos para un sistema de vigilancia perimetral.”

Por supuesto el informe aclara que Arabia Saudí ha dado garantías de no usar estas armas fuera de su frontera, si bien son múltiples las noticias por las que hemos conocido que esto no es así y que España prefiere  no darse por enterada para no tener que suspender la venta de armas a Arabia Saudí.

Es curioso que Arabia Saudí compre a España repuestos para aviación, que es principalmente el arma que utiliza en esta guerra, y municiones, de las que se ha encontrado alguna de fabricación española en la guerra yemení.

Y más curioso que ahora que Arabia Saudí esté estudiando un bloqueo naval de Yemen, es cuando, con participación de altas instancias españolas, ha empezado a negociar la compra de fragatas españolas de Navantia.

También resulta curiosa la venta de material militar a otro país aliado de Arabia Saudí, Emiratos Arabes Unidos, que igualmente participa de la coalición que lucha en Yemen    (junto con Kuwait, Bahreim, Qatar, Jordania, Marruecos, Egipto y Pakistán):

 26,7 millones de euros en partes, piezas y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española y para aviones de reabastecimiento en vuelo, granadas de mortero y balas de pequeño calibre.

También vendemos armas a Barheim

19,1 millones de euros en morteros integrados en vehículos militares con accesorios

Y a Egipto

219,3 millones de euros en ocho aviones de transporte (213,1 millones de euros), motores y componentes de diversas aeronaves, componentes de paracaídas, recambios para vehículos de transporte y blindados y maquinaria y recambios relacionados con la fabricación  y reparación de cadenas de tanques.

Y a Qatar

66.132 euros en recambios para carros de combate de fabricación francesa y antenas telescópicas de comunicación y sus mástiles

Y Jordania

5,1 millones de euros en partes, piezas y reparables para aeronaves de entrenamiento y de transporte de fabricación española.

Y Marruecos

30,3 millones de euros en partes, piezas y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española, granadas de mortero, cartuchos impulsores y botes fumígenos de colores.

Y Pakistán

8,4 millones de euros en recambios para vehículos blindados, repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española, sistemas antitanques y equipos alertadores radar.

Si hacemos números, resulta que España ha vendido armas en 2016 a los países que forman la coalición que lucha en Yemen por valor de 425,6 millones de euros. ¿No es esto alimentar los conflictos militares en zonas calientes militarmente hablando?.

Por si fuera poco, España participa en 5 operaciones militares no directamente en Yemen pero en las inmediaciones, que sitúan tropas españolas cerca del conflicto:

  • EUTM Somalia (otro de los países en riesgo de hambruna), donde España tiene asesores militares para formar soldados en la lucha contra el terrorismo y la piratería
  • Ocean Shield, con vigilancia marítima, integrada en la OTAN, del Golfo de Adén y del índico.
  • EUCAP Nestor. De vigilancia marítima en el índico y una base permanente en Mogadisco (Somalia).
  • Atalanta, contra la piratería en el índico y bases en el Golfo de Aden y las Islas Seychelles.

España, como se ve, participa en esta guerra vendiendo armas a Arabia Saudí.

4.- Sudán del Sur

La guerra comenzó en 2013 a raíz de un intento fallido de golpe de estado que derivó en una guerra abierta entre las facciones en liza.

Sudán del Sur mantiene importantes reservas de petróleo, la mayoría en poder de los rebeldes al gobierno.

La zona es también sensible a  los intereses occidentales y cuenta con una fuerza “de pacificación” de la ONU, principalmente estadounidense, habiendo declarado el pacifista Obama en su mandato presidencial que, de seguir degenerándose el conflicto, EEUU se reservaba el derecho de intervenir directamente en la guerra,

La situación e Sudán del Sur, igualmente, participa de la idea de fronteras avanzadas que mantiene la estrategia de defensa española, siendo por ello considerada una zona sensible a los intereses militares españoles.

5.- Somalia

El conflicto somalí se remonta a los años 90 del Siglo XX y ha involucrado a varios países de la región.

En su penúltima fase intervino directamente Estados Unidos, con la operación “devolver la esperanza”, bombardeando objetivos islamistas e iniciando una campaña para acabar con los supuestos vínculos de miembros de Al Queda.

A partir de 2009 Somalia se divide de facto en dos zonas, la del norte controlada por el gobierno y la del sur en manos de sus oponentes “islamistas”.

El conflicto se agrava por la existencia de varios señores de la guerra en litigio, el tráfico de armas, el uso como opción de guerra de los desplazamientos de población, etc.

España cuenta con dos operaciones militares directas en Somalia, la operación EUTM Somalia, dando formación militar al ejército en su lucha contra el “terrorismo islamista” de Al Shabab, con base en Mogadisco, y con la operación EUCAP Nestor, también con base en Mogadisco y de vigilancia del índico.

Además de ello, participa en las operaciones de vigilancia del Golfo de Adén (uno de los circuitos más importantes para el tránsito del petróleo que consume occidente, en las operaciones Atalanta, con base en Yibuti, y la operación Ocean Shield.

A Somalia en teoría España no puede venderle armas, al sufrir un embargo de armas desde el año 2002, pero esta teoría es más bien complaciente, porque en la página 101 del informe sobre exportación de armas de 2016 al que antes nos hemos referido se dice

En los embargos a Costa de Marfil, Irak, Líbano, Liberia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur quedan excluidos de la prohibición los envíos de armas a sus Gobiernos, las fuerzas de seguridad y las fuerzas internacionales de pacificación.

Otro conflicto en el que estamos metidos de lleno, en este caso incluso formando a los combatientes.

Nigeria

Tras un pasado colonial similar al sufrido por toda África y el creciente fértil, y después de un pasado de guerras y conflictos desde los años 60 y 70 del siglo XX, este país, uno de los que tienen mayor cantidad de recursos estratégicos, uy que concita un especial interés geoestratégico y económico para Europa y EEUU; entró en una espiral de violencia, entre el gobierno y los rebeldes al mismo.

Según aparece en El País en mayo de 2017, los grupos rebeldes  de los años 60-70 fueron en su día apoyados por algunos países, entre ellos España y Francia, que ayudaron a cronificar la situación, lo que explica en gran parte la actual situación

La perduración del conflicto tampoco hubiera sido posible sin los apoyos al régimen rebelde. Éste obtuvo el respaldo de algunas naciones africanas, como Sudáfrica y las Rhodesia, y, fuera de África, Francia, España y Portugal. El punto en común fue la búsqueda de la disminución del poder de una nación muy poderosa en África, como Nigeria, y contrarrestar los sueños panafricanos de un continente unido.

Los intereses de fragmentar el país y fomentar su división permanecen, pero ahora, junto a Francia y España, aliados en este bando, se contraponen los intereses de EEUU yt Reino Unido (¿tal vez no les gusta la petrolera francesa ELF que opera en Nigeria?)

Según declaraciones de Onwuka, el plan secesionista sería fruto del entendimiento del movimiento que conduce con Reino Unido y los Estados Unidos (principalmente). Onwuka cree que el fracaso de su pueblo durante la Guerra de Biafra se debió a la imposibilidad de relacionarse Ojukwu con Gran Bretaña, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso es lo que Onwuka está dispuesto a revertir. Por otra parte, son muchos los biafreños que tienen esperanzas en que la administración Trump atienda el reclamo de autodeterminación de la región.

La venta de armas españolas a Nigeria es relativamente pequeña, 89.500 euros, pero la implicación de España en la política regional amplia, y así, participa en diversas operaciones, de la mano de  Francia, en la región:

Desde el punto de vista militar, es destacable, nos informa la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España que en el marco del Plan África y del Plan de Diplomacia de Defensa, entre 2011 y el primer semestre de 2012 tres patrulleras de la Armada española visitaron Nigeria (y otros países de la zona), para realizar operaciones militares conjuntas y participar en actividades de formación y de capacitación del personal de las marinas locales.

Nigeria exporta a España crudo (el 76,2 % de nuestras importaciones) y gas natural (22 %).

Llama la atención esta fuerte presencia de nuestro ejército en una zona tan sensible y plagada de recursos naturales estratégicos.

España cuenta con una doctrina, como hemos dicho en otras ocasiones, de “fronteras de seguridad avanzada” que sitúa nuestra frontera militar y de intereses en Centroáfrica, y que ha posibilitado esta expansión militarista y esta adscripción a la lucha francesa por imponer su influencia en la región bajo las premisas de dominación y violencia.

También aquí, con la misma táctica de divide y vencerás, colaboramos al desastre mundial y propio de Nigeria.

Tras este repaso nosotros vemos muy clara la implicación “invisible” de España (y también del resto de occidente) en las situaciones de violencia estructural que dan lugar a la hambruna dramática de 20 millones de personas de estos cuatro países.

Implicación que, más grave aún, tiene un componente también militar basado en la idea de dominación como estrategia y que usa además de la inmoral venta de armas para mantener la situación de debilidad y caos que facilita los intereses poco santos de occidente.

Una manera muy hipócrita de funcionar en el mundo y una oportunidad más para la indignación y la rebeldía ante políticas que hacen unos caraduras en nuestro nombre pisoteando la dignidad de los hambrientos y la nuestra.

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El gasto militar español: mucho más que el 2% del PIB

Por Edicions La Veu del País

Aunque nos venden como novedad el acuerdo adoptado por nuestros gobernantes para que los países europeos de la OTAN alcancen el 2% de su PIB en gasto militar, es un acuerdo que ya habían tomado en la Cumbre de Cardiff (Gales) de la OTAN, en  septiembre de 2014 (mucho antes de que Trump llegara a la presidencia de EEUU).

Que EE.UU tiene interés en este incremento del gasto militar en apoyo de sus políticas es evidente. Ellos no quieren pagarse por sí mismos su propia “defensa” y necesitan repartir sus costes. No hay más que oír a su tremulante presidente para darse cuenta de ello.

En la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de mayo de 2017, y tras la machacona insistencia de Donald, los demás expresaron su compromiso de superar dicho porcentaje en 2024, algo que ya habían decidido antes, pero ahora con la novedad de asociar a este esfuerzo la “necesidad” de luchar contra el Estado Islámico, el nuevo enemigo ad hoc que se ha fabricado el militarismo agresivo occidental para autojustificarse ante las cada vez más desinformadas y atemorizadas sociedades.

La portavoz de la Alianza, Oana Lungescu, pudo anunciar a su término ufana en Twitter que “los líderes de la OTAN han adoptado planes para combatir el terrorismo y mejorar el reparto de cargas

1.- El caso de España

El caso de España no creemos que sea una excepción, pero nos sirve muy bien para ejemplificar el paso al frente de la creciente militarización occidental, que necesita justificarse ante sus desorientadas sociedades con el anuncio de que hay que aceptar un mayor gasto militar como en el refrán de las lentejas, y resignarse a perder libertades para gozar de más seguridad, como dice chuscamente nuestra Ministra del ramo.

España, a la hora de consignar su gasto militar, es un despropósito, de forma que los datos oficiales discrepan entre sí en cuantificar el verdadero gasto militar existente.

  • Por una parte, contamos con el gasto presupuestado, es decir, el que reconocen los presupuestos generales del estado en las partidas del Ministerio de Defensa. Según este parámetro, para 2017 nuestro gasto militar será de 7.638´54 millones de euros, el 31,97 % de aumento respecto del de 2016, gracias a que otro organismo oficial, en Tribunal Constitucional, obligó el año pasado en una sentencia a considerar gasto militar los pagos extrapresupuestarios (y descontrolados) que Defensa hacía en verano por las compras de programas de armamento.

Con esta nueva cifra, que es la que España ofrece a la OTAN, sale ya un 1´1% del PIB, una cifra superior al 0,9% que la OTAN reconoce, haciendo uso de los datos proporcionados por España. Nos asignaba como tercer menor contribuyente de la alianza, según la oficial Agencia Europa Press, al lado de Luxemburgo y Bélgica, a los que, parece ser, no deseamos parecernos en nada.

  • Tenemos, además, el gasto militar que reconoce el propio Estado en los documentos que elabora de control del gasto público. Concretamente, contamos con las “liquidaciones del gasto” que publica la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), conforme a las cuales podemos observar cómo, año tras año, Defensa es el ministerio que gasta ¡mucho más! de lo que presupuesta. Según el Informe que elaboramos en febrero de 2017, referido al último informe de la IGAE (el de 2014), podemos observar cómo en el período 2003 a 2014 se ha gastado de más la cifra de 8.344,8 millones de euros, lo que representa una media de sobregasto del 14,14% sobre lo presupuestado para ese período. De modo que sobre lo que España proyecta en sus cuentas, al menos hemos de adicionar un resultado final de un 14.1% de aumento, si bien en los presupuestos elaborados por Rajoy en su tiempo de gobierno, esta nunca ha bajado del 30%.
  • Si acudimos a los datos que ofrece el SIPRI, el prestigioso Instituto para la Paz de Estocolmo, que tiene en cuenta los datos ofrecidos por los gobiernos con algunos ajustes, la cifra del gasto militar español se eleva otro peldaño. En 2016 España, según el SIRPI,  llegó a un gasto militar de 12.852 millones de euros, es decir, el 1,3% PIB, cifra próxima a la que nos ofrece el Banco Mundial, que también baraja datos oficiales y la consigna en 12.715,76 M€ para 2016.
  • Nosotros, siguiendo el criterio OTAN, hemos elaborado diversos informes que intentan desvelar el gasto militar oculto en otros ministerios y que no suele ser reconocido como tal, así como el impacto del pago de la deuda que este gasto genera y la propia proyección de los sobregastos que anualmente y de forma deliberada realiza defensa sobre lo presupuestado.

Ello nos ha permitido calcular, para este 2017, un gasto militar oculto de 3 de cada cuatro euros de gasto real, con una escandalosa cifra final de  33.762,40 millones de euros, un 3% del PIB, conforme al siguiente cuadro

Concepto Millones de euros
Gasto en el Ministerio de Defensa 7.638´54
Gasto oculto en otros ministerios y organismos 8.852´40
Gasto militar antes de deuda 16.490´83
Deuda 17.271´54
Total 33.762´40

Por tanto, el manido mantra de la flamante ministra de defensa y la prensa del régimen, de que tenemos que llegar al 2% del PIB en gasto militar para satisfacer a nuestros macabros socios, resulta que falsifica la realidad y no busca sino despistarnos, pues el 2% del PIB de dicho gasto ya lo superamos con creces.

Este hecho lo reconoce también el Ex JEMAD Julio Rodríguez en un reciente artículo publicado en Infolibre, donde aprovecha para exigir que haya transparencia en el gasto militar y la política de defensa y que la propia política de defensa forme parte del debate abierto y público.

2.- El PIB no lo es todo

Pero, al igual que en otros países, el PIB no es todo el coste que soporta la sociedad (de momento resignadamente) en el mantenimiento del entramado militarista.

Por ofrecer algunos ejemplos más del abrumador coste social de la defensa militar, consideremos los siguientes:

– El Coste de la violencia para España, según el Índice Global de Paz, referido a 2016, es de 39.051´95 millones de dólares (algo más de 26.000 millones de euros), con varios valores destacados en lo negativo por dicho índice, como son la exportación de armas (aprovechemos para decir que somos la sexta potencia exportadora del mundo, un verdadero peligro), la militarización, la conflictividad social, el personal destinado a seguridad y los conflictos exteriores en que se participa.

– El elevado número de operaciones en el exterior en que participamos. Actualmente 17 conflictos, y un total de 82 desde Felipe González a la fecha, 79 hasta 2016 y otros 3 nuevos en 2017, con más de 12.208,91 M€ gastados según datos propios sacados de comparecencias de la Ministra de Defensa Cospedal, declaraciones del SEDAF y respuestas del Portal de Transparencia del Gobierno a El Confidencial.

La participación española en las industrias militares: España es accionista único de varias industrias militares gravemente deficitarias, como es el caso de NAVANTIA, y de otras en las que participa merced al control que ejerce en su accionariado por las participaciones en estas del ejército a través del INTA y de la SEPI

– La pertenencia al entramado OTAN impone a España no sólo el pago de cuotas (que de forma poco comprensible se abonan desde el Ministerio de Asuntos Exteriores), compromisos de adquisición de material militar y participación en operaciones militares de injerencia militar, sino que condiciona el propio uso del territorio, como es el caso de la negativa de defensa a desmilitarizar Bardenas Reales y atender la reclamación social, por el valor estratégico del campo de tiro allí enclavado para el entrenamiento de los pilotos de la OTAN. Igualmente condiciona la seguridad de España al pasar a ser, merced a la política agresiva de esta organización, un verdadero enemigo para otros pueblos.

– Los platos rotos causados por la ineficacia y chapucería de nuestra industria militar puntera, con tan señalados desastres como el submarino S-80 y los aviones A400; chapuza que acaba redundando en sobrecostes y pagos desmesurados que el Estado asume sin rechistar porque nadie va a protestar.

– La existencia de varias Bases militares al servicio de la defensa occidental: es el caso de Morón, Rota, Bardenas Reales, Torrejón de Ardoz, Bétera, el entramado del “Escudo Antimisiles” … que nos pone en la punta del huracán y son un coste social inasumible.

La militarización del territorio,  condicionado en sus usos por leyes militares que imponen el prioritario interés de la defensa y que pueden afectar, sin más, al uso y disfrute del territorio que para los militares sea de interés, al tipo de cultivos o prácticas posibles en los mismos, o condicionar su venta, o incluso imponer la prohibición de su disfrute paisajístico o recreativo. Se da el caso de que los militares pueden hacer a su antojo maniobras, sin comunicarlo, en lugares tan emblemáticos como el Parque Nacional de Doñana.

La deuda militar generada por la adquisición de programas especiales de armamentos y que alcanza actualmente más de 30.000 millones de euros sin resolver, que lastran además nuestras cuentas públicas, y a la que ahora se quiere incrementar más aún con el nuevo ciclo inversor de armamentos con la adquisición de nuevos programas de defensa de los que los PGE de 2017 ya nos hablan y que ha detallado el SEDAF, Agustín Conde en comparecencia ante el Congreso de los Diputados (blindados 8×8, nuevas fragatas F-100, satélites militares, sistemas de mando y control, misiles y hasta los carísimos F35 que quiere la Armada).

La huella ecológica de la actividad militar, huella que pesa sobre todos nosotros, que provoca costes abrumadores que no se contabilizan como gasto.  De este coste ecológico hemos hablado más extenso en el informe sobre Gasto Militar 2016, páginas 40 a 47. Debemos destacar que nuestro ejército, en su actividad ordinaria, según fuentes oficiales, emite más de 150 tipos de residuos contaminantes, 120 de ellos muy peligrosos.

La pérdida e oportunidades vitales:  El viejo dilema “cañones o mantequilla” ejemplifica muy bien la correlación que existe entre las prioridades políticas ante las que se enfrenta el poder político. La relación entre gasto militar y necesidades humanas no es de complementariedad, como afirma la Ministra de Defensa, sino de exclusión mutua. Mayor gasto militar implica menor atención a las necesidades sociales.

Frente al aumento del presupuesto de defensa en los PGE en más de un 31%, encontramos las reducciones presupuestarias en algunas de las necesidades más básicas, como protección del desempleo, que baja un 6´6% respecto del año anterior, o acceso a la vivienda, que baja un 20,6%, o cultura, que baja un 0.7 % respecto al pasado ejercicio, o políticas de comercio y PYMEs, que baja un 11%, o infraestructuras, que también bajan cerca del 11%, sin contar, como explica Infolibre, con que los “ligeros” aumentos en pensiones (0´25%) harán perder poder adquisitivo a los ancianos en un 3,75%, o que la ínfima recuperación del presupuesto de dependencia no supone sino recuperar el 10% de lo recortado anteriormente, por poner algunos ejemplos esclarecedores.

Podríamos ahondar mucho más en los ejemplos, como para indicar que el coste del despilfarro militar español es abrumador, o que las políticas que permiten la exención de impuestos y tasas municipales a las instalaciones de defensa, (incluidas las que no son acuartelamientos, ni tienen un uso para la defensa, como son los campos de golf, espacios recreativos, cantinas, etc.) implican que somos los ciudadanos quienes pagamos su uso del espacio urbano, o la insostenible situación en que mantienen vedados al disfrute común espacios naturales “de su propiedad”, o el tremendo coste social de la militarización social, sin olvidar las subvenciones que las administraciones realizan a la industria militar.

Por otra parte, la comprobación del escaso apoyo que ofrece en la actualidad España a la Ayuda al desarrollo y a la lucha contra la pobreza, por debajo del 0´12 del PIB, ofrece otro elemento de juicio más del papel del militarismo en nuestra política.

Es, una vez más, la comprobación del tremendo impacto social y económico de mantener el sistema de defensa pactado por los gobiernos, mucho más allá del 2% del PIB. Un escándalo.

¿Y el gasto militar europeo?

La zona Euro de Europa tiene un PIB de 10.740.911 M€ en 2016, lo que pér cápita supone 31.600€. Según estos datos, la inversión del 2% de su PIB en defensa implicaría destinar a la misma 214.818,22 millones de euros. El PIB de toda la UE, según Eurostat, llegaría a 12,967.811 M€. y per cápita 25.500 €, es decir, su 2% equivale a 259.356 M€.

No existen coincidencias entre los países de la eurozona y la UE, ni entre estos y los de la OTAN (faltarían Irlanda, Chipre Austria y Malta que no forman parte de la Eurozona ni de la OTAN) pero los datos son significativos para sostener que el 2% del PIB de los países europeos de la OTAN no puede superar los 259.356 M€ que implica el conjunto de todos los países de la UEm donde se incluyen otros que no son de la OTAN.

Pues bien, de la lectura de los datos del SIPRI, ofrecidos por el Banco Mundial como fiables para 2015 (que a su vez no dispone de cifras de gasto militar de Eslovaquia e Islandia) podemos comprobar, conforme al cuadro siguiente, que el gasto militar conjunto de estos países (sin contar más que con lo que calcula el SIPRI, como vemos, en el caso de España, muy por debajo de lo que supone su gasto militar real) sería de 360.690 M$, equivalentes a 322.913 M€, por encima de ese 2% del PIB de la UE. Si a esta cantidad le sumamos el gasto militar de Turquía, la cifra que moviliza, sin contar con EEUU y Canadá, el militarismo occidental es abrumadora y escandalosa.

País Presupuesto de defensa según el SIPRI (millones de dólares)
Albania 16.671
Alemania 35.517
Bélgica 3.758
Bulgaria 1.116
Croacia 5.179
Dinamarca 23.296
Eslovaquia
Eslovenia 367
España 12.716
Estonia 412
Francia 45.855
Grecia 4.582
Hungría 286
Islandia
Italia 21.494
Letonia 412
Lituania 425
Luxemburgo 273
Montenegro 58
Noruega 47.550
Países Bajos 8.000
Polonia 39.428
Portugal 3.322
Reino Unido 36.296
República Checa 43.738
Rumanía 9.939
Total 360.690
Turquía 41.546
Total + Turquía 402.236

Podemos arrojar otras cifras igualmente escandalosas respecto al militarismo europeo, como, por ejemplo:

  •           Que la suma del coste de la violencia de los países de Europa que forman parte de la OTAN es de 996.189 M$, correspondientes a 892.402 M€, una cifra astronómica
País Coste de la Violencia según el Indice Global de Paz (millones de dólares)
Albania 1.113
Alemania 171.144
Bélgica 23.078
Bulgaria 4.411
Croacia 3.556
Dinamarca 7.638
Eslovaquia 4.480
Eslovenia 1.868
España 39.051
Estonia 1.608
Francia 112.959
Grecia 13.232
Hungría 5.547
Islandia 242
Italia 67.268
Letonia 1.815
Lituania 2.735
Luxemburgo
Montenegro 691
Noruega 9.517
Países Bajos 28.045
Polonia 32.204
Portugal 11.428
Reino Unido 139.883
República Checa 10.272
Rumanía 12.404
Total 996.189
Turquía 94.007
Total + Turquía 1.090.196

 

  • Con arreglo a las cifras que ofrecimos en nuestro estudio “¿Ejército europeo?” , Europa cuenta con más de 6.300.000 personas movilizables y entrenadas en caso de conflicto, así como con un amplio dispositivo militar común en la UE.
  • Europa desarrolla por su cuenta múltiples misiones militares propias y en colaboración con al OTAN
  • El Complejo Militar industrial europeo, con la suma de sus empresas, factura al año más de 140.000 millones de euros y es de los más potentes del planeta.
  • Cuenta con una Agencia europea de Defensa plenamente operativa y que moviliza miles de millones de euros.
  • Recientemente se ha constituido, por acuerdo de sus presidentes de gobierno, un gran fondo europeo para gasto militar que movilizará 5.000 millones de euros en 2017, 25 millones anuales entre 2018 a 2019 y unos 500 anuales a partir de 2020.

Podríamos hacer comparaciones de esta abrumadora realidad con la más exigua del dinero destinado a la cohesión, a la persecución de los objetivos del milenio o a ayuda internacional al desarrollo (AOD). Durante el sexenio 2014 a 2020 el Parlamento Europeo aprobó que el presupuesto comunitario destinada a AOD la cantidad de 51.419 millones de €, una pizca comparado con lo que destinan los países europeos a gasto militar año tras año.

Hablar de defensa con estos datos nos parece un error. Asistimos a la consolidación del militarismo que agrede a las sociedades, detrae sus recursos, las empobrece, erosiona sus derechos e impone, en el mundo global, la lógica de la violencia y la dominación y una geopolítica inadmisible. Para eso es para lo que EE.UU quiere un gasto militar abrumador. Para eso, para garantizar, con sus socios, su hegemonía, para hacer negocio de la guerra, de la paz, de la venta de armas.

Por eso nos impone pagar sus guerras y pide a nuestras élites extractivas el suficiente apoyo para que lo hagamos sin rechistar y bajo el chantaje de un miedo a la reacción vengativa de los que aspiran a convertirse en tribunos de los vapuleados por estas políticas.

Son las malas políticas de occidente las que originan la actual situación de crisis, pero esta no revertirá mientras ahondemos en la torpeza y no en la lucha contra la inseguridad humana y la violencia estructural.

¿Seguiremos pagando a tan alto precio la seguridad de los intereses de los de arriba como si fueran los nuestros?

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Nueva Directiva de Defensa Nacional. Sin luz, sin taquígrafos y sin control de nadie.


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Por European People’s Party

Al inicio de cada legislatura se publica por el Presidente de Gobierno, como responsable de la política de defensa a tenor del artículo 6.1 de la L.O 5/2005, de la Defensa Nacional, la llamada Directiva de Defensa Nacional, documento que orienta el planeamiento de la defensa, define los riesgos y amenazas que marcan el contexto de ésta y plantea las directrices de la política de defensa para una legislatura.

Se trata, y así se define en la Orden Ministerial 37/2005 de 30 de marzo publicada en el Boletín Oficial de la Defensa número 68, de 8 de abril de dicho año, del principal documento de la defensa y del planeamiento militar.

La vigente Directiva de Defensa Nacional, titulada “Por una defensa necesaria, por una defensa responsable” es de julio de 2012 y tras su aprobación por el Presidente de Gobierno fue informada al Parlamento (remarquemos que únicamente informada, no debatida, ni votada, ni siquiera consultada previamente a su aprobación).

Muy resumidamente, dicha directiva partía de un doble contexto: el de inseguridad internacional, eso sí explicado desde la versión simplista de la derecha, y el de crisis económica. Uno y otro servían para decir, tan a gusto del gobierno y en línea en cierto modo muy continuista con las directivas anteriores, que España no podía hacer dispendios en gasto militar (dispendios que, sin embargo ha seguido haciendo pero ocultándolos) y que por eso los presupuestos de la legislatura serían austeros y sin alegría. También afirmaba que el contexto exigía profundizar en las líneas de defensa que han sido el mantra de ese férreo consenso de estado de PP y PSOE en estos temas: 1) modernizar nuestra defensa y sus instrumentos, 2) profesionalizar la defensa, 3) seguir en el  papel intervencionista de nuestra tropa más allá de las fronteras y al servicio del entramado de intereses de la OTAN, UE, EEUU, 4) privilegiar la industria militar y 5) buscar el reconocimiento de lo militar en nuestra sociedad a través de una política de adoctrinamiento y propaganda que denominan “cultura de la defensa” en la que todo lo que sea criticar este sistema es considerado incultura.

Las Directivas de Defensa, a pesar de su importancia, pasan por ser un documento desconocido y opaco, incluso para el propio Parlamento. De hecho, hasta 1992 (12 años después de la primera de ellas) fue un documento secreto.

Es cierto que Carme Chacón, en comparecencia que efectuó ante la Comisión de Defensa del Parlamento, el 25 de noviembre de 2008 prometió que a partir de la fecha se escucharía y consultaría previamente al Parlamento, pero del dicho al hecho… no se ha cumplido tal promesa y el Parlamento es un convidado de piedra más a sumar a la ciudadanía desinformada, a la clase política despreocupada de estos temas (por cierto previamente pactados y cerrados entre los partidos que se han alternado en el gobierno bajo la excusa poco rigurosa de que son “políticas de estado”) y a los medios de comunicación demasiado desinteresados por explicar de verdad aspectos tan peliagudos como lo que se define como enemigos, riesgos y amenazas, si se va gastar mucho o no en armas y ejércitos, si seguimos con un enfoque de ejército intervencionista, el vínculo con la OTAN y sus políticas o el impulso a una industria militar que se ha convertido en la sexta exportadora de armas del mundo y que, cada vez más, promueve no solo el negocio, sino también el conflicto y la guerra.

Con este contexto, surge una primera pregunta: ¿por qué el gobierno de Rajoy, en el poder desde 2011, y después de permanecer gobernando “en funciones” un buen pellizco de 2015 y del 2016, más el tiempo que lleva como presidente nominado desde octubre pasado, aún no ha aprobado la nueva “Directiva de Defensa Nacional”?

Y de esta pregunta tres nuevas cuestiones:  ¿sera que asistimos a un repliegue de las directivas al secreto?, ¿Será que con una oposición más compleja que las del tiempo de plena vigencia del bipartito prevén que la directiva abra una rendija, mínima rendija a nuestro parecer, a la crítica y al cuestionamiento de esta “política de Estado”?, ¿Será, sencillamente, que esperan a publicar los PGE que consolidan una apuesta por aflorar una mayor porción del gasto militar (precisamente la destinada a comprar armas de “proyección/ataque” que no se necesitan y que nos arruinan, y a consolidar mediáticamente el mensaje de vuelta de tuerca del militarismo que está efectuando la ministra del ramo?

¿O será, como en tantas otras cosas, otro ejemplo de desidia de nuestro abúlico presidente?

Sea como sea, y antes de que sea tarde, queremos alertar del hecho de que el gobierno, antes o después, va a firmar la directiva que definirá la política de defensa para la legislatura, sin contar para ello con nadie más que con la propia cúpula del ejército y de espaldas al Parlamento, a la sociedad y al debate ciudadano.

Y una vez firmado ese marco referencial, el debate sobre qué defensa queremos estará, definitivamente, cerrado por otra legislatura. Gastarán más, invadirán más, serán más estrechamente cómplices de la política de la OTAN, venderemos más armas, generaremos más deuda militar… Serviremos mejor al status quo.

Para promover el debate, empecemos por señalar lo que probablemente dirá la nueva directiva. Para ello tenemos algunas pistas, como, por ejemplo, las declaraciones repetidas y tópicas de la Ministra y de sus corifeos de que hay que aumentar el gasto militar español al 2% del PIB (por cierto, que según nuestros cálculos, sumado el presupuesto del Ministerio de Defensa a punto de aprobación definitiva con las partidas escondidas en otros departamentos y partidas que conforme al criterio de la OTAN son gasto militar, ya superamos ese 2% del PIB), o acerca del reiniciado “segundo ciclo de rearme”, con la apuesta por comprar nuevos sistemas de armas innecesarias y de invasión (Aviones A400 y F35, nuevos barcos de guerra, vehículos 8×8, drones, nuevos sistemas de misiles, etc.), o los nuevos compromisos anunciados de participar en más operaciones de guerra en el exterior (Afganistán, frontera con Rusia, mayor implicación en Centroáfrica…), o los acelerados pasos para “securitizar” y  militarizar otras políticas, como la de movilidad humana, la de seguridad pública y libertades bajo el nuevo trampantojo del terrorismo internacional como excusa.

Probablemente el contexto que defina esta nueva directiva venga a explicarnos, como siempre, que vivimos en un mundo lleno de riesgos y amenazas que, como dice la ministra, obligan a fortalecer la defensa porque nuestra seguridad y bienestar se defiende lejos de nuestras fronteras y por medio del ejército. A este mundo de constante liquidez y movilidad, se une que el rajoinato predica el fin de las vacas flacas, lo que de rondón valdrá para que la nueva directiva, de nuevo, sea más de lo mismo de las anteriores con directrices que propondrán mayor gasto militar para alcanzar el 2% del PIB en defensa, mayor esfuerzo militar en el exterior, principalmente de la mano de la OTAN y de las operaciones de la UE, mayor esfuerzo en promover la industria militar y la exportación de armas y algunos cantos de sirenas más para incorporar a la noción de defensa previa esta especie de invasión de la securitización de la vida social, con toda la retahíla de propuestas sobre la ciberseguridad, la necesidad de recortar derechos para evitar el terrorismo y las demás lindezas con las que se justifica la expansión del militarismo.

Con este panorama nos cabe otro par de preguntas más.

De todo esto, ¿qué opinan los partidos políticos del arco parlamentario?, ¿están de acuerdo?, ¿no merece la pena protestar antes de que sea tarde?

Si observamos los diversos programas políticos las divergencias, si es que las hubiere, podrían ir referidas principalmente a la necesidad de una mayor transparencia de la política de defensa y del gasto militar.  A partir de ahí, sin embargo, los partidos de la derecha, Ciudadanos y PSOE muestran más similitudes que diferencias y apuestan por apoyar el consolidado sistema de defensa vigente. Tal vez las fuerzas más a la izquierda discutirían el contexto de riesgos planteados por el establishment, para poner el énfasis en la violencia estructural y en los intereses poco santos de occidente, y para criticsar la apuesta de vincularnos a operaciones de paz bajo el paraguas de la OTAN. Tal vez discutan la prioridad del gasto militar cuando existen tantas necesidades sociales, y la existencia de algunos capítulos del gasto militar poco presentables, pero no vemos mayores disensos.

No obstante, a los partidos les tocará, si es que lo estiman oportuno, hacer sus propias consideraciones al respecto, claro está, si es que son consultados, lo cual, de nuevo, está fuera del escenario actual.

No parece, sin embargo, que vayan a exigir que la directiva de defensa sea discutida en el Parlamento, ni someterla a crítica y debate público, aunque en cierto modo, una discusión pública de esta política, como ocurre en otras, sea un ejercicio de salud democrática que nos permitiría al menos contrastar argumentos, posibilidades y alternativas.

¿Por qué, entonces, no se exige que se debata y apruebe por el Parlamento, no como hasta ahora?

¿Cabria proponer, e incluso construir socialmente, desde ya, propuestas diferentes a la previsible directiva?, ¿cabría formular propuestas para por ejemplo, parar esta deriva?, ¿para iniciar un ciclo al menos diferente?, ¿o incluso para impulsar un cambio de modelo que abandone el enfoque militarista y adopte un enfoque de la seguridad alternativo?

Desde luego, las múltiples demandas y propuestas de los movimientos sociales altermundistas y antiglobalizadores, anticapitalistas, de la solidaridad internacional, antimilitarista, ecologista, feminista, pongamos por caso, en sus diferentes y complementarios enfoques, permitirían rellenar una agenda de caminos a emprender para desenmadejar el tema de la defensa y construir una alternativa de seguridad humana. ¿Merece la pena una puesta en común que nos permita ofrecer un referente con el que contrastar el modelo de defensa militarista que defenderá la próxima Directiva de Defensa?

Para cuando llegue ese momento, nosotros creemos que hay algunas preguntas básicas que, como hemos venido promoviendo desde el inicio de nuestro recorrido, podrían ayudar a definir una política acorde con la seguridad humana:

 

Pregunta básica Alternativa 1 Alternativa 2
¿Qué es lo que hay que defender?

 

La seguridad militar

Las fronteras

El status quo

La lucha contra el terrorismo internacional

Contra las invasiones y amenazas militares

Los derechos sociales

Los derechos humanos

La seguridad humana

La lucha contra la violencia estructural y cultural

La lucha contra los problemas globales de índole ecológica, pobreza, etc.

¿Quién tiene que ser el sujeto de esta defensa? Las élites

Los ejércitos

La industria militar

Expertos

La sociedad en su conjunto

Los movimientos sociales y otros cauces de auto-organización

Sin delegación

¿Cómo hay que ejercitar esta defensa? Militar

Violenta. Guerras.

Bajo el paradigma dominación-viole

Social

Noviolenta. Transformación de conflictos

Bajo el paradigma cooperación-noviolencia

 

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¿Mejora la paz mundial?

Por esglobal

 

Fuente: esglobal

Nos sorprende mucho la cabecera de la noticia que publica esglobal, difundiendo un informe del Institute for Economics and Peace, un centro de pensamiento que elabora un índice mundial de paz cada año:

Los resultados del Índice de Paz Global de 2017 muestran una ligera mejora en la paz, 93 países han mejorado y 68 han empeorado. Seis de las nueve regiones experimentan cambios positivos. Sudamérica se convierte en la cuarta región más pacífica, mientras que Norteamérica, África subsahariana y Oriente Medio y Norte de África sufren los mayores deterioros.

Una ligera mejoría que implica que 68 países han empeorado en su índice de paz, que se dice pronto, y que nos permite apreciar lo mal que va el mundo cuando una noticia así aparece como algo mejor que lo que teníamos antes.

El informe aplica 23 indicadores cualitativos y cuantitativos para medir la paz, y tiene en cuenta dimensiones como la protección social, el grado de militarización y los conflictos internos e internacionales, de modo que no podemos reprocharle mucho.

El informe de este año ha incluido en el estudio factores de paz positiva (actitudes, estructuras y acciones que crean y sostienen sociedades pacíficas tal como lo definen) por lo que no solo se centran en la paz negativa (ausencia de guerra o conflicto) y nos dan una versión más realista del problema de la paz.

Si miramos la paz en un período más largo, una década, la situación es mucho menos halagüeña:

La tendencia del nivel de paz en los últimos 10 años muestra que la paz global se ha deteriorado en un 2,8% desde 2008 y que el 52% de los países del índice ha empeorado y el 48% ha mejorado.

La mejoría de 2016, en este informe de 2017 ha sido globalmente de un 0´28% respecto a 2016, lo cual, como veíamos antes, es poco o nada.

Islandia sigue siendo el país más pacífico del mundo, puesto que ocupa desde 2008. Arriba están también Nueva Zelanda, Portugal, Austria y Dinamarca, mantienen una situación similar al IPG del año pasado. También hay pocos cambios al final de la lista. Siria sigue siendo el país menos pacífico del mundo, precedido de Afganistán, Irak, Sudán del Sur y Yemen.

Si comprobamos la lista de países más pacíficos nos sorprenderemos de ver cómo ninguno de ellos forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual despeja dudas de la paz que promueve dicho Consejo de Seguridad,  y que tampoco son de los países con mayor arraigo militarista y gasto militar mundial, lo cual también señala la dirección de la paz.

Pero, si miramos por debajo, los países con menos paz, de nuevo nos vemos obligados a reconocer nuestras malas políticas como algo que tiene que ver con la ausencia de paz. Son países donde la intervención geopolítica del militarismo occidental, entre otros, es elocuente y en los que, de una u otra forma, participamos activamente en incendiar los conflictos.

Situación que nos apunta con el dedo más en concreto cuando nos preguntamos dónde está interviniendo el ejército español y leemos a continuación el informe donde se dice que

Los mayores deterioros regionales los sufren Norteamérica, África subsahariana y Oriente Medio y Norte de África (MENA)

También nos da cuenta el informe de lo cara que le sale al planeta la violencia y la guerra, tan cara que su erradicación podría acabar con gran parte de las lacras endémicas de la humanidad en un solo año.

En 2016, el impacto económico de la violencia en la economía mundial fue de 14,3 billones de dólares en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). Esta cifra equivale al 12,6% de la actividad económica del mundo (producto mundial bruto), 1.953 dólares por persona, y es un 3% inferior que en 2015. La reducción se debió sobre todo a la disminución del número de personas muertas en actos terroristas, que descendió un 10%, y al descenso de los gastos dedicados a mantener la paz y la seguridad interna y de los costes de los homicidios.

y

La repercusión económica de las guerras fue de 1’04 billones de dólares. Se calcula que el gasto de consolidación de la paz asciende aproximadamente a 10.000 millones de dólares, menos del 1% de lo que cuestan las guerras. El informe calcula también los rendimientos probables del aumento de los fondos para construir la paz y destaca que la rentabilidad de la inversión puede ser de hasta 16 veces el coste de la intervención, lo cual supone una gran oportunidad para inversiones futuras. Este dato es especialmente importante para los países atrapados en guerras, dado que el impacto económico medio de la violencia para los 10 países menos pacíficos fue equivalente al 37% de su PIB, mientras que no fue más que del 3% en el caso de los 10 más pacíficos.

El que no vea la necesidad de hacer de la lucha por la paz y la seguridad humana un eje principal de la nueva agenda global, al menos a la par de otros grandes problemas mundiales como el calentamiento global, por ejemplo, es porque no quiere. O porque no quiere un mundo estructuralmente pacífico y justo.

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