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Liquidación del Gasto Militar 2015

En 2015 lo que se presupuestó para el Ministerio de Defensa llegó para pagar facturas hasta 110 días, hasta el 20 de abril.  Es decir, el Presupuesto del Ministerio de Defensa sólo llegó para pagar 110 días, el 30’13 % del Gasto Militar de 2015 total.

El resto de los 365 días, es decir, 255 fueron ocultados de diversas maneras pero se acabaron gastando a beneficio del Ministerio de Defensa:

  • Luego, 88 días más se pagaron con lo que audita como Gasto Militar la IGAE, con esto se llegó hasta el 17 de julio.
  • Luego, otros 167 días se ocultaron las cifras para acabar acumulando el Gasto Militar de 2015.  Sin ellos, el Ministerio de Defensa no hubiese sobrevivido.

Otro nuevo trabajo monográfico de Utopía Contagiosa, la liquidación del Gasto Militar 2015 según la IGAE (Intervención General del Estado).  Es decir, con cifras oficiales.

Este documento lo podéis consultar en:

En scribd:

https://es.scribd.com/document/367184485/Liquidacion-GM-2015

En google drive:

https://drive.google.com/file/d/1Nmqbn-0EqQSNY2U8I2FUzC2oRtJG8Xct/view?usp=sharing

Y esperamos que os guste.  Hemos hecho un importante esfuerzo en presentar los datos con tablas y gráficos más atractivos y claros, además, de aclarar los conceptos que utilizamos.

Agradeceríamos cualquier ayuda que nos permita corregir errores, o que nos dé nuevas ideas.

También estamos abiertos a nuevos apoyos al documento.

Y, por supuesto, os agradeceríamos su difusión por vuestros círculos habituales, además de ofrecernos a dar charlas para explicar el contenido.

 

DATOS MÁS RELEVANTES:

Presupuesto del Ministerio de Defensa 2015:  5.767’78 millones €

Gasto Militar (auditado por la IGAE) en 2015:  10.250’46 millones de €

Sobregasto militar (auditado por la IGAE) en 2014:  4.482’68 millones €

% de desviación sobre lo presupuestado:  77’72 %

 

Presupuesto del Ministerio de Defensa en 2015:  5.767’78 millones de €

Liquidación del Presupuesto del Ministerio de  Defensa en 2015:  8.102’26 millones de €

+ 2.934’48 millones (+ 40’47 %)

Diferencia entre lo presupuestado y lo liquidado: 6’39 millones € /día

La IGAE no audita el 46’41 % del Gasto Militar

Defensa es el 2º ministerio con más ingresos:  1.047’88 millones de €

IGAE sólo audita el 13’89 % del total de las clases pasivas militares

El 90’8 de la I+D relacionada con Defensa está oculta en otros ministerios

El 34’65 de las inversiones reales del Estado se destinan a Defensa

 Entre 2002-2015:

Presupuestado para el Ministerio de Defensa:  96.656’89 millones de €

Liquidado por el Ministerio de Defensa:  115.955’52 millones de €

+ 19.298’63 millones de € (+ 19’96 %)

Gasto Militar vs. Gasto Social

El Gasto Militar representa:

  • 14’66 veces más que el gasto en Servicios Sociales y Promoción Social
  • 236’94 veces más que el gasto en Fomento del Empleo
  • 12’92 veces más que el gasto en Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación
  • 3’6 veces más que el gasto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 2’77 veces más que el gasto en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
  • 4’99 veces más que el gasto en el Ministerio de Justicia
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Despilfarro en la «Comunidad de Bardenas Reales»

Por GTM Dreams Photos

Fuente: Noticias de Navarra.

Una vez más la Cámara de Comptos nos ofrece una fotografía del despilfarro de la Comunidad de Bardenas Reales, la institución (privada) que utiliza Defensa para legitimar su permanencia contra el sentir de la población, en el campo de tiro de Bardenas, situado en pleno meollo de un parque natural, declarado además Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Vayamos por partes.

Como la permanencia del ejército en Bardenas era tan impopular después de finalizar la cesión de este espacio al ejército americano por el franquismo, el Estado se inventó un viejo truco: pasó la «titularidad» jurídica de todo el espacio de Bardenas Reales a la «Comunidad de Bardenas Reales»  a cambio de que esta entidad firmara con el Ministerio de Defensa un Convenio de cesión (con la contraprestación de un canon) para vestir el muñeco legalmente del uso militar de la Bardena.

La Comunidad de Bardenas Reales:

Para entender este viejo truco hay que hacer una explicación suplementaria.

La Comunidad de Bardenas Reales es una figura jurídica algo peculiar y esto es lo que ha valido a Defensa para encontrar en ella un interlocutor manejable que sorteara cualquier atisbo de control democrático o de reivindicación social.

La Comunidad de Bardenas Reales, es una  «persona jurídica» autónoma y diferenciada de los ayuntamientos y de la Comunidad Foral de Navarra (y no sometida ni a la presión social ni a todos los controles democráticos de éstos).

Está constituida como una «entidad local sin población», jurídicamente calificada como agrupación tradicional (es decir, es el reconocimiento de una personalidad jurídica propia de la legislación foral navarra, a un ente atípico por el hecho de que antiguamente existía una especie de costumbre tradicional de explotar «comunalmente» los recursos de Bardenas entre los diversos pueblos de la zona llegando a acuerdos para ello) y con capacidad propia para contratar, decidir legalmente, administrar bienes, etc.

Como se trata de un ente «tradicional», sus «socios» son sólo una parte de los pueblos de la zona bardenera, precisamente los más antiguos (es decir, se excluyen pueblos nacidos con posterioridad a la «costumbre» de Navarra y todos los pueblos ribereños de Aragón).

Dicha persona «jurídica» tiene en su Junta General (órgano máximo de gobierno) un representante de cada uno de los pueblos (más dos valles y un monasterio) que se reúne ordinariamente una vez al año (y extraordinariamente alguna otra si se convocan reuniones extraordinarias).

Estos representantes de la Junta General, en total 22, son personas designadas por los históricos «congozantes» de la Bardena (es decir, por cada ayuntamiento histórico, por cada uno de los dos valles implicados y por el monasterio de la Oliva), pero estos representantes no están sometidos a la decisión de sus ayuntamientos, ni tienen por qué ir con una postura consensuada por sus representantes vecinales.

A su vez, se cuenta con una Comisión Permanente con siete vocales (estos sí se reúnen con mayor frecuencia) que son elegidos por la Junta General de entre sus miembros y con un Presidente, función que por mucho tiempo ha ejercido un señor que a la vez fue diputado en Madrid de UPN  en la V Legislatura (1993-1996), y en el Parlamento Navarro de 1999 a 2003,  el señor José Antonio Gayarre, presidente de Bardenas desde 1985 a 2009 y actor principal de la renegociación de 2008 (con Carmen Chacón como Ministra de Defensa) del actual convenio con el Ministerio de Defensa.

A diferencia de las personas jurídicas más o menos normales, no se rigen por estatutos, sino por ordenanzas también tradicionales.

La Comunidad de Bardenas, interlocutor de Defensa:

El terreno actual de Bardenas no era propiedad inscrita de nadie. Tradicionalmente había pertenecido a los reyes y cuando se acabó este cuento, Franco lo cedió al ejército americano para que pusieran ahí su campo de entrenamiento cercano a la base aérea de San Gregorio.

El problema surge cuando los americanos dejan de hacer uso de la base y hay que dar alguna apariencia de legalidad al uso que a partir de entonces hace Defensa (el ejército del Aire) y los ejércitos «amigos» de la OTAN, dado que, ya muerto el dictador, el uso de la base era impopular y dado también el recelo de los militares a las intenciones que pudieran tener los ayuntamientos democráticos o, en su caso, la Comunidad Foral de Navarra, lógicamente los que deberían ser titulares de dicho territorio.

Es entonces cuando Defensa hace la ficción de acordar con esta «Comunidad de Bardenas», más manejable y sobornable, el poner a su nombre la titularidad de las más de 40.000 hectáreas de Bardenas a cambio de que esta Comunidad firme un contrato bilateral y legítimo, como dueño del terreno, con Defensa, para autorizar la ocupación militar de este espacio.

Se impedía con ello reconocer derecho alguno sobre este territorio bien a la Comunidad de Navarra, bien a los ayuntamientos circundantes, en uno y otro caso regidos bajo principio democrático y tal vez más proclives, en un momento dado, a pedir la desmilitarización de ese territorio.

De hecho, cuando la Comunidad Foral de Navarra se dio cuenta, en pleno gobierno de Aznar, de que la promesa de desmantelar el campo de tiro y llevarlo a otro destino (se hablaba de Cabañeros o Anchuras, aunque la presión social lo hacía inviable) se aprestó a declararlo Parque Natural para evitar la continuidad del campo de tiro (en 1999), el gobierno del PP de Aznar recurrió la ley navarra que así lo declaraba ante el Tribunal Constitucional, solicitando su suspensión provisional, y declaró simultáneamente toda la zona de Bardenas como zona de interés para la defensa, para afectar su uso e impedir movimientos contra la permanencia del uso militar.

De este modo, despreciando el malestar social y la protesta, a los sucesivos vencimientos de los convenios firmados entre la Comunidad de Bardenas y el ejército, éstos se han reemplazado por otros sin mayor problema «legal», vendiendo a su vez el caramelo de que el uso militar del territorio conllevará un canon que acaba redundando en los municipios «congozantes» (digamos que no íntegramente, sino que la Comunidad de Bardenas aporta a éstos una parte del canon y se queda otro gran pico para sus actividades).

Dinero público y control

Pero a pesar de todo, como la Comunidad de Bardenas es una entidad atípica y el dinero que recibe por parte de Defensa es dinero público, lo cierto es que la gestión que se hace de dicho dinero está sometida a un cierto control de la Comunidad Foral, por medio de la Cámara de Comptos.

Y aquí es donde empieza a desentrañarse la foto fija de este tinglado de la Comunidad de Bardenas, porque en el informe elaborado por ésta en 2017, se destaca el tremendo despilfarro de la gestión de la Comunidad de Bardenas.

Entre 2010 y 2016, la Mancomunidad de Bardenas Reales gastó algo más de 900.000 euros en gastos protocolarios, asistencias a reuniones e indemnizaciones para cargos electos.

Un dineral que desmiente el uso a favor del pueblo del canon que percibe por el uso militar y que nos muestra el destino inadmisible de dicho canon.

Las atenciones protocolarias y de representación suman 240.000 euros y un gasto anual de casi 50.000 euros en 2011 que, desde entonces, ha ido descendiendo. El 80% del gasto corresponde a restauración, aguinaldos y alimentación, siendo sus principales beneficiarios los miembros de los órganos de la Comunidad y representantes de los pueblos congozantes.

¿Inmoral? Es lo menos que podemos decir, pero no es todo:

En cuanto a indemnizaciones a cargos, entre 2010 y 2016 el gasto sumó 560.000 euros. También esta materia ha sido objeto de regulación este año para clarificar y normalizar los conceptos retributivos a los que tienen derecho los miembros de la Comunidad. Se ha diseñado asimismo un modelo retributivo específico para el presidente del ente local, que en la actualidad tiene una remuneración fija con dedicación parcial.

Se ve que el reparto es importante para mantener engrasadas las fidelidades.

La asistencia a reuniones y conferencias ha supuesto un gasto de 102.000 euros, la mayor parte del cual se concentra en viajes a Chile, Costa Rica, Israel y Brasil. Dicho gasto lo factura mayoritariamente una agencia de viajes que no siempre aporta la información necesaria para conocer el detalle y desglose de los gastos.

¿Viajes a Chile, Costa Rica, Israel o Brasil?…¿Qué sentido tienen en la gestión del parque natural de Bardenas?

Pero hay más: varios viajes institucionales a Egipto (2006), Argentina (2007), Senegal (2008) y Costa Rica (2012). En la autorización se justifican dichos viajes en el conocimiento de modelos de gestión de parques nacionales. Por extraño que parezca, en ninguno de estos viajes participó personal técnico de la Comunidad.

A la vista de que a Egipto fueron 34 representantes de la Comunidad y a Senegal 29, el informe considera excesivo el número de viajeros en ambos, concluyendo dicho apartado con una llamada a la prudencia en el gasto público:

La gestión pública debe estar presidida por los principios de mesura, prudencia y racionalidad, principios difícilmente presentes en al menos dos de los viajes analizados.

Despilfarro, la otra cara de la dependencia y del militarismo.

Despilfarro y gestión de la comunidad de Bardenas van unidos de la mano. No es la primera vez que la Cámara de Comptos denuncia el despilfarro en la Comunidad de Bardenas. Ya lo hizo en 2011 con similares críticas. Desde Utopía Contagiosa ya nos hemos ocupado del despilfarro de esta entidad en otra ocasión, en 2016.

A nuestro entender el despilfarro con el uso del canon es un caramelo envenenado que convierte en prisioneros del Ministerio de Defensa a los miembros de la Junta de Bardenas, por otra parte un gasto no excesivamente fiscalizado y no sometido a riguroso  control social y público.

¿Ha pedido el Ministerio de Defensa algún tipo de explicación del uso que se hace del canon?, ¿ha exigido un uso coherente de este dinero público que sale de nuestros impuestos?

Que sepamos, jamás.

El canon, así, es la perversión con la que el ejército compra la complicidad de una entidad utilizada «ad hoc» para legitimar la apariencia de corrección de un campo de tiro innecesario y que nadie quiere.

Defensa no tiene un campo de tiro en Bardenas porque lo imponga así, sino que lo tiene porque ha llegado a un acuerdo libre y voluntario con los propietarios de un terreno en Bardenas que se lo han querido alquilar.

¿Ha criticado la Junta de Bardenas la actividad del ejército, sus prácticas de tiro, su peligrosidad, las molestias frecuentes a la población?

Son silencios complementarios.

Y el despilfarro y el uso singular que del canon hace la Junta de Bardenas es una de las mejores noticias que puede encontrar Defensa. Basta con alimentar la codicia, con prometer más prebendas, con ampliar su importe para asegurarse el complacido voto favorable y la ausencia de crítica de la Junta de Bardenas.

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Defensa e Iberdrola estrechan lazos

Por Elojeador

Fuente: Derecho.com

Que cuando Defensa predica que defiende los intereses de España más allá de las fronteras se refiere a las grandes empresas capitalistas, como Iberdrola, es una evidencia que no necesitamos argumentar mayormente.

Y es enternecedor el modo tan arrebatado en que las grandes empresas devuelven el favor a Defensa.

El caso de Iberdrola nos permite encontrar un ejemplo más (¡uno más!, no una rara avis) de la simbiosis «Defensa» y, pongamos por caso, nuestro oligopolio eléctrico.

En Resolución 420/38234/2017, de 6 de octubre, de la Secretaría General Técnica, se ha publicado la Adenda de modificación y prórroga al Convenio Marco de Colaboración entre Defensa e Iberdrola, SA.

¿Colaboración en qué, nos preguntamos ante un matrimonio tan peregrino? Según la adenda, «para el desarrollo de actividades de formación, investigación y difusión del conocimiento», algo en lo que, como se sabe, Defensa e Iberdrola, tienen una de sus máximas prioridades.

El convenio entre la eléctrica y Defensa es de 29 de septiembre de 2015, pero les ha debido ir muy bien, por lo que han acordado mejorarlo.

El citado convenio (ahora prorrogado) se puede descargar aquí.

Dejando aparte la parafernalia declarativa del Convenio de 2015, éste se estableció para financiar por parte de Iberdrola (cláusula segunda):

  • actividades de formación, como seminarios, ciclos de conferencias, jornadas formativas y publicaciones destinadas a Defensa
  • Realización conjunta de proyectos «relacionados con el objeto del convenio» (lo que es no decir nada)
  • Cooperación mutua en el uso de instalaciones
  • Cuantas actividades sean consideradas de interés mutuo.

Además, «Iberdrola podrá presentar ciertos proyectos concretos a la Fundación Iberdrola España para que esta decida acerca de su desarrollo y siempre y cuando estos se ajusten al contenido de su plan director«.  ¿Qué quiere decir?  Difícil saberlo.  Parece como que Iberdrola podría pedir a su Fundación que financiase proyectos para Defensa.  Es decir, cooperación para que los «formandos» de estos actos identifiquen defensa con Iberdrola y cualquier otra cosa que se les ocurra. ¿Cabe mejor alianza?

Como es habitual en este tipo de acuerdos, se declara que no conllevará gasto para ninguna de las partes. Pero entonces… ¿quién corre con los gastos que origine?

En suma, un abrazo de intereses que ejemplifica la fusión de una defensa cada vez menos parecida a la defensa de lo que la gente quiere defender y un oligopolio cada vez más parecido a lo que nos quieren meter a calzador como interés general.

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El gobierno autoriza a ISFAS a gastarse 971´69 millones de euros con entidades privadas de seguros en 2018-2019

por ISFAS

Fuente: Infodefensa

Aprovechando la sequía de noticias en este sitio anodino que llamamos España, el frenético gobierno que preside el despierto Rajoy, ha aprobado un acuerdo del que, como de costumbre, no han dado mucha información por eso de no sacarnos de la siesta perenne. Según dicho acuerdo, se autoriza al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) a gastarse en conciertos con la sanidad privada 971´69 millones de euros. Unos conciertos para atender a las prestaciones sanitarias a los militares y a sus familiares y beneficiarios en los años 2018 y 2019.

No importa que los presupuestos de  2018 y 2019 no se hayan aprobado, ni siquiera que no hayan pasado aún por el Parlamento. Lo suyo es comprometer el gasto y el que venga detrás que apechugue.

Se da el caso de que los presupuestos de 2017 ya contemplaban, en el programa 312-E, una partida de 471´6 millones de euros  para conciertos de asistencia sanitaria privados y conciertos de asistencia con la seguridad social, de los que le ha soltado el Estado, gracias a nuestros impuestos, 430 millones de euros a las entidades sanitarias privadas para atender a los militares enfermizos.

Dicha partida de 471´6 millones de euros (430 ya gastada en 2017  para conciertos privados) forma parte de otra mayor (677´05 millones) que recibió el ISFAS para «Asistencia sanitaria de las Fuerzas Armadas», partida que, además, no es la única que recibe  año tras año (hay otra de 77´81 millones del programa 222-M por «Prestaciones Económicas del Mutualismo Administrativo» y  una tercera de 624,411 que recibe de «Diversos Ministerios» en el programa 929)

Pero si la partida es generosa, el destino es, sencillamente, la prueba, una más, de la privatización de la sanidad militar en manos de las grandes compañías sanitarias, una de las marcas de la casa en la política privatizadora del PP.

Si atendemos a la memoria de objetivos y explicación del programa  312-E en los presupuestos de 2017, resulta que de los 622.000 usuarios de la sanidad militar (han oído bien, un cotizante por cada dos de matute) solo 40.000 reciben asistencia pública, y el resto se han transferido a estos conciertos privados tan lucrativos.

¿Indignante? Sí, pero más aún el que haga falta una sanidad militar diferenciada, con su propia estructura paralela, supradotada en recursos, para atender a la casta militar, en vez de integrarlos, sin más, en la sanidad común y normal, como a cada hijo de vecino.

Y es que lo más estrambótico de todo es que siga existiendo el ISFAS, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, este espacio de autonomía militar tan peculiar, que además tiene la cara de conveniar con las comunidades autónomas para prestarle sus hospitales en desuso o infrautilizados a cambio de pasta y de que entre todos asumamos sus gastos.

 

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El Ministerio de Defensa y El Corte Inglés la lían en Salamanca

Por Salamanca RTV

Fuente:  El Norte de Castilla.

Informa el Norte de Castilla de un enredo urbanístico donde aparecen el Corte Inglés, el gobierno municipal de Salamanca (del PP) y el Ministerio de Defensa.

Pregunta el Diputado Juan López de Uralde, de Equo, en el Congreso por dicho jaleo y, sobre todo, por el papel de Defensa en todo ello.

Al parecer, El Corte Inglés edificó un centro comercial en los antiguos terrenos de un cuartel militar en Salamanca, y al hacerlo, se pasó tres pueblos y construyó más de lo que autorizaba la normativa helmántica.

En su día tiraron el cuartel de Infantería «Julián Sánchez `El Charro»  para construir un Corte Inglés, según reflejó ABC, gracias a un convenio de colaboración entre Defensa y el Ayuntamiento de Salamanca y, pásmense, el propio Corte Inglés. Un acuerdo que, dice ABC, llevaban negociando 18 años de nada.

El proyecto inicial hablaba de construir tanto el centro comercial, como viviendas, un espacio ajardinado, un centro cultural y un campo de fútbol, que así de grande debía ser este espacio.

El Ayuntamiento tuvo que acometer una remodelación urbanística en toda regla para que el proyecto se llevara a cabo y, oh sorpresa, cuando se dieron cuenta, el Corte Inglés había edificado «de más» para su mega centro comercial, dejando en agua de borrajas el resto del proyecto.

Entonces, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla León modifican provisionalmente el plan urbanístico para favorecer a El Corte Inglés en su trampa. Es aquí cuando empieza una batalla judicial que conlleva una sentencia donde se dice que El Corte no se ha cortado en sortear la legalidad y que no cuenta con licencia para lo realizado. Gracias a procedimiento iniciado por EQUO el asunto llega al Tribunal Supremo, que anula el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca aprobado por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, por favorecer los intereses particulares del centro comercial, en contra del interés general de la ciudad.

Para complicar más las cosas, El Corte Inglés parece que se cabrea y amenaza al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla León con pedirle más de 150 millones de euros si no logra arreglar el asunto a favor de sus intereses, según nos informa Salamanca 24 horas,  manifestando que «si tiene que cerrar su centro comercial en Salamanca, tendría que cobrar 3,3 millones por la urbanización de la zona, 93 por el edificio de los grandes almacenes, 4,3 por la construcción del centro cívico, 31 por la pérdida patrimonial de un terreno depreciado, 8 por los gastos que supuso la apertura del centro comercial, 4,8 por la demolición que habría que acometer, 3,2 por las tasas e impuestos abonados, 2,2 por la parcela del campo de fútbol Neme que fue parte del convenio urbanístico y casi medio millón de euros por las costas judiciales». Y a la vez otros gastos hasta 150 millones de euros por  «el coste de la extinción de los contratos de los trabajadores, el coste de los contratos vigentes con proveedores de productos, el lucro cesante por el cierre del centro comercial, el traslado a otros terrenos, gastos financieros, honorarios de abogados y notarios e incluso daños morales».

Entonces el ayuntamiento del PP tiene la ocurrente idea de sortear de nuevo la ley también creando ad hoc una normativa provisional para saltarse el fallo de la sentencia, cambiando la edificabilidad de la dotación del Corte Inglés en detrimento de los otros usos, lo cual una vez desvelado no deja de ser una alcaldada más, eso sí, aprobada en el pleno municipal «por unanimidad» según desveló el medio 20 minutos en 2014.

Total, que con tanto pasteleo, en vez de cumplir la orden judicial, el ayuntamiento, denuncia Equo, intenta sortearla y los promotores de las denuncias judiciales siguen denunciando a la justicia este claro caso de desobediencia a lo que dicta un tribunal (que por cierto no tiene el mismo tratamiento ni merece los mismos improperios que suele verter el PP cuando quien incumple es otro). Hete aquí que los promotores de las denuncias judiciales, los verdes de Salamanca, ponen el enjuague en conocimiento del diputado López de Uralde, que a su vez ha preguntado a la Ministra de Defensa qué parte tienen (si es que la tienen) de conocimiento y/o complicidad en todo esto y, lo que es más enjundioso, si pretende el ministerio exigir compensaciones por la no dedicación del terreno a lo que se había aprobado.

Al margen de este asunto, otros aspectos más nos interesan.

1 ¿Qué tipo de convenio hizo Defensa con el Corte Inglés y el Ayuntamiento de Salamanca, para temer que ahora puedan pedir pasta?

2 ¿ Fue una venta?, ¿una permuta?, ¿alguna otra fórmula onerosa donde se haya perdido dinero público en detrimento de Salamanca y a favor del ejército?

3 ¿Cómo es posible un acuerdo de índole inmobiliaria entre El  Corte Inglés y el Ministerio de Defensa?, ¿qué recibió a cambio Defensa?

4 ¿Por qué el empeño de que ahora Defensa de respuesta?, ¿es que hay algo que se nos haya escapado?

5 ¿Ha estado Defensa al corriente de todo este pasteleo?; ¿ha tenido algo que ver en el mismo?

6 ¿Va a obtener el Ayuntamiento de Salamanca los equipamientos que le han sido arrebatados por la actuación tramposa de El Corte Inglés y la no menos memorable actuación contra el interés general del ayuntamiento y de la Junta de Castilla León?

A nuestro parecer, preguntas que necesitan claridad, porque lo que parece es que entre unos y otros la han liado parda contra los intereses de la sociedad y deben responder de tal situación. Ya se sabe el dicho: Quod natura non dat, Salmantica non præstat.

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Las mejoras de la base militar de San Viator las pagará la Diputación de Almería

Imagen de Juan Miguel Pimentel

Fuente:  La Voz de Almería.

Hemos denunciado muchas veces que el militarismo se extiende, en los gastos y en las demás cosas, por todos los apartados de la sociedad.

Así, por ejemplo, decimos en nuestro estudio del gasto militar de 2017 que lejos de los 7.638’54 millones de € que dicen gastar en los presupuestos generales del Estado en el Ministerio de Defensa, la realidad es que van a acabar gastando 33.762’4 millones de € en total.

Pero este no es el único gasto militar que se realiza a lo largo del año.  También las Comunidades Autónomas mediante subvenciones a industrias militares y la promoción de actos militares, los ayuntamientos de toda España haciendo desfiles, conmemorando el día de las Fuerzas Armadas, etc., colaboran con el militarismo con sus respectivos gastos.

Menos nos habíamos fijado en el gasto militar de las diputaciones provinciales.  Y, según parece, también lo tienen:

La Diputación Provincial de Almería y el Ministerio de Defensa han firmado esta mañana un convenio de colaboración por el que la Institución provincial invertirá 400.000 euros en la realización de obras de mejora en la Base Militar Álvarez de Sotomayor, ubicada en el municipio de Viator.

El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, han suscrito el acuerdo que permitirá la mejora de las infraestructuras viarias de las instalaciones, a través del reasfaltado y señalización de su red viaria en tres zonas diferentes de la base ubicadas en el norte de la base y en el patio de armas y sus inmediaciones.

Pero no es sólamente esto, además, el convenio se fija en la promoción turística que parece que tiene como foco la base militar Álvarez de Sotomayor:

En este sentido, el convenio de colaboración recoge, junto a la mejora de las instalaciones, la promoción de la imagen turística de la provincia en los actos conjuntos que organicen ambas entidades y entre los usuarios y visitantes de la Base Álvarez de Sotomayor.

El convenio suscrito entre Diputación y Defensa incluye una serie de contraprestaciones que acercarán la historia y patrimonio de Defensa a la sociedad almeriense.

¿Dónde no llegarán los tentáculos del gasto militar en la sociedad española?

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No hay transparencia en las relaciones militares de España con Arabia Saudí

Imagen de Mangesh Kalelkar

Fuente:  Google Play Kiosko.

Nos informa Eva Belmonte en Público de una verdad oculta pero que se intuía por todos: España firmó hace un año (Septiembre de 2016) un acuerdo con Arabia Saudí para ocultar información sobre defensa.   El acuerdo tiene un plazo de vigor de 5 años.  Durante 2016 España vendió armas a Arabia Saudí por un monto de 116 millones de €.

Según parece, este tipo de acuerdos son habituales como, por ejemplo, el firmado con Singapur.  En otras ocasiones lo que se hace es ocultar estos acuerdos militares promocionando el secretismo en acuerdos de comercio más generales.

Se trata con este acuerdo de ocultar

cualesquiera negociaciones precontractuales, contratos, subcontratos o cualquier otro acuerdo entre dos o más contratistas por los que se creen o definan derechos y obligaciones mutuamente exigibles y que contengan o afecten a Información Clasificada

de naturaleza militar.

Además, en el BOE se especifica que, por parte española, la Autoridad de Seguridad responsable de ejecutar este acuerdo será el Secretario de Estado director general del CNI.  Recordamos que actualmente el CNI está bajo el poder del Ministerio de Presidencia, con lo cual este ministerio aparentemente neutro adquiere una nueva función en la industria y comercio militar.

El acuerdo es farragoso y engorroso, en muchas partes incluso podemos disfrutar de él al estilo de los Hermanos Marx:

Una Parte que desee adjudicar un contrato clasificado a un contratista o
subcontratista de la otra Parte, o que desee autorizar a uno de sus contratistas o subcontratistas a adjudicar un contrato clasificado en el territorio de la otra Parte en el marco de un proyecto clasificado, deberá obtener, a través de su Autoridad de Seguridad, una confirmación previa por escrito de su homóloga de la otra Parte de que el contratista o subcontratista propuesto dispone de una Habilitación de Seguridad de Establecimiento del grado correspondiente.

Pero seamos serios, lo malo de estas cinco páginas publicadas en el BOE es que dan claridad a lo que realmente es el comercio de armas:  la falta de transparencia, la ocultación, la oscuridad.  Porque se trata de ocultar la muerte, las masacres, el dolor de miles y miles de personas que sufrirán lejos sin que la sociedad española pueda enterarse dado que hay un acuerdo internacional que lo prohíbe.

Otra vez más estamos en manos de los señores de la guerra.

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Defensa vuelve a intentar el pelotazo de la operación Campamento

20121105-007234

Por Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio

Fuente: el País

Nos informa El País de la intención de Cospedal de hacer caja con la ya varias veces fallida operación Campamento, en la que el Ministerio de Defensa pretende vender terrenos de propiedad del ejército en uno de los pelotazos de terreno más ingentes que se recuerdan.

Si hacemos memoria, la operación Campamento es un esperpento que solo busca lucrar a Defensa, como denunciamos en 2013. En 2015 se intentó colocar una millonada de metros cuadrados a un grupo empresarial chino para hacer una zona recreativa, y anteriormente a otro empresario estadounidense para hacer casinos, pero la operación fracasó en ambos casos.

Ahora se pretende sacar a la venta una «fase I» compuesta por 2,1 millones de metros cuadrados, pero, al parecer, encuentran reticencias en el Ayuntamiento para permitirles dicha venta.

Cospedal se ha comprometido, en el Senado y a preguntas de un senador del PSOE, a sacar adelante el pelotazo pese a quien pese (ella en realidad ha dicho «por encima de los colores políticos» que es la forma fina de decir que porque le sale de las mismísimas narices), tal como publica La Vanguardia.

Para demostrar que en esta materia los colores «políticos» no importan gran cosa, el senador del PSOE, mostrando su singular y secular sintonía con el PP, ha pedido a la ministra que se «cargue las pilas y haga realidad un proyecto que necesitan millones de madrileños», lo que demuestra no tanto las necesidades de los madrileños (que no pasan precisamente por el lucro del ministerio de Defensa) como la igualdad de ideas del PP y el PSOE en esta materia.

Para PSOE y PP lo de la Operación Campamento no debe mezclarse con la política, justo lo contrario de lo que parece que le interesa a la ciudad de Madrid.

Y es que son como hermanos siameses.

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Universidad de Granada, MADOC y Banco Santander unidos por el espíritu militar

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Por BOE

Fuente: BOE

Si hace poco más de un mes nos hacíamos eco de los convenios del Banco Santander para financiar la estancia de cadetes de la Academia de Zaragoza en la Academia militar de West Point, con un acuerdo de 2013 que dotaba al Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) de 400.000 euros, ahora encontramos un nuevo convenio, esta vez suscrito a tres bandas, entre el MADOC, la Universidad de Granada y el propio Banco de Santander, «para la organización y el desarrollo de proyectos y actividades del MADOC»

Dice el convenio que el Banco de Botín contribuirá con el MADOC para

1.- Un proyecto de formación de cadetes en el extranjero, que se desarrollará durante el curso 2016/2017 en Estados Unidos y Francia.

2.-  La celebración de seminarios de expertos, que tendrán lugar durante el curso 2016/2017. 

3.- La dotación de becas o ayudas para la realización de prácticas de estudiantes universitarios en los órganos del MADOC, colaborando con la gestión del conocimiento –Centro de documentación, Militarpedia, etc.– con una duración cada una de seis meses.

4.- Edición de Publicaciones Militares (PMET) y de la colección Biblioteca Conde de Tendilla.

5.- La organización de un Congreso, que comprenderá todos los temas relacionados con el Ejército de Tierra, abierto a expertos y estudiosos civiles y militares, de ámbito internacional, que incluirá ponencias de personalidades relevantes y paneles multidisciplinares de comunicaciones.

Asimismo, el Santander ofrece su disponibilidad para colaborar con el MINISDEFMADOC y la UGR en el estudio, diseño y desarrollo de aquellos proyectos singulares y de carácter institucional que, existiendo presupuesto y, a propuesta del MADOC o de la UGR, pudieran ser considerados de interés por la Comisión Mixta de Seguimiento de este convenio de colaboración contemplada en la cláusula tercera.

Por parte del MADOC los compromisos son

El MADOC aportará todo el personal necesario, propio o no, para el desarrollo de las actividades y proyectos contemplados en la cláusula primera anterior, facilitando igualmente los medios e instalaciones necesarios para su ejecución.

El MADOC se ocupará del diseño, estudio, preparación, dirección y ejecución de los distintos proyectos, garantizando así los contenidos, la buena preparación y los mejores resultados de los mismos.

Las actividades a desarrollar en virtud de este convenio no implicarán compromiso económico alguno para el MINISDEF-MADOC.

y la universidad de Granada (UGR)

La UGR, a través del Centro Mixto UGR-MADOC, en adelante CEMIX, dependiente de la Comisión Mixta UGR-MADOC y bajo su dirección, es responsable de la gestión ordinaria de las actividades derivadas de la ejecución del Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Granada para la realización de actividades docentes, de investigación, de desarrollo tecnológico, culturales y de cualquier otro ámbito de interés mutuo, suscrito el 24 de septiembre de 2015. La UGR participará en las actividades desarrolladas en virtud del presente convenio dentro del Plan Anual de Colaboración UGR-MADOC.

El Santander, en todo este negocio, aporta la pasta y los otros la reciben para sus fines lucrándose de becas (caso de Defensa) y para legitimar a Defensa con una mala capa de barniz cultural (caso de la Universidad). En concreto

El Santander realizará una aportación a favor de la UGR, con la naturaleza prevista en el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, de ciento cincuenta mil euros (150.000 euros), que la UGR, a través del CEMIX, habrá de destinar al desarrollo de las colaboraciones generales, académicas y tecnológicas previstas en la cláusula primera y que son objeto del presente convenio de colaboración.

Osea, que junto con el dinero que el Santander pone para mandar soldaditos a las academias, de los que nos hemos hecho eco en otras entradas de este blog, aporta además una segunda contribución,esta vez a la Universidad de Granada, para que ofrezca formación militar y bajo la dirección del MADOC a los cadetes militares.

Lo dicho: universidad y banca, dos patas más del entramado colaborador del militarismo patrio. Un asquito.

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Intercambio de cadetes hispano-francés. ¿un Erasmus militar encubierto?

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avilas.es

Fuente: BOE

El BOE del pasado 14 de noviembre contiene una serie de convenios universitarios para impartir clases relacionadas con la defensa y de interés del Ministerio de Defensa y apoyar el mostrenco llamado «cultura de la Defensa». Concretamente se trata de los acuerdos con las universidades de Las Palmas, la de País Vasco, la de Castilla-León y otro último de la Complutense de Madrid.

En realidad este tipo de convenios se extiende por todas las universidades y prácticamente no ofrece novedades ni en sus materias (cursos específicos, jornadas de enfatización de los ejércitos, doctorandos y asignaturas militaristas en masteres y títulos sobre cooperación al desarrollo o cultura de paz) ni en el papel de la universidad (dotar de estudiantes, de profesores y de argumentos, por peregrinos que sean) o de los ejércitos (proveer económicamente con desembolsos que suelen rondar los 12.000 euros por universidad).

Llama la atención únicamente en cuanto que refleja el papel de la universidad como puntal acrílico de la cultura militarista, todo un contrasentido que la empequeñece.

Pero en el BOE del 14 de noviembre, una semana después de asumido el cargo por la ministra de defensa, aparece un nuevo convenio que, por dos razones resulta llamativo:

La primera, porque contiene un acuerdo de carácter militar, pero oculto en un acuerdo internacional aprobado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir, se usa el Ministerio de Exteriores como cobertura para aprobar una norma de contenido militar y carácter internacional, pero que bien puede pasar desapercibida en su contenido militar para el común de los mortales.

La segunda, porque esa norma establece un convenio entre España y Francia para el «intercambio» de cadetes (¡y familiares¡) entre las academias militares de uno y otro Estado. Un convenio peculiar que, además, nos da noticia de la extensión de estea especie de intercambio de cadetes entre los diversos países de la OTAN, ¿Un Erasmus militar?

Veámoslo:

El convenio señala  que este tipo de intercambios se fundamentan en el Tratado de la OTAN, que los admite en su artículo 3, así como en su ulterior desarrollo por medio del  Convenio entre los Estados partes del Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus Fuerzas (SOFA OTAN) firmado en Londres el 19 de junio de 1951 y los diversos acuerdos habidos con anterioridad entre España y Francia.

Es decir, anuncia que estos intercambios son habituales entre los cadetes de los países OTAN. Para ilustrarlo hemos tenido conocimiento de la existencia de otros entre españoles y estadounidenses (hace poco comentábamos que estos los viene apoyando económicamente el Banco de Botín),  o los que comenta una noticia de 2010 referidos a cadetes de Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal y Suecia que «estudiaban» en la Academia de San Javier.

Todo ello muy en consonancia con el anuncio, referido al año 2008 que señalaba que la Unión Europea estudiaba ya entonces crear un «Erasmus» militar para todos los países de la citada Unión menos Gran Bretaña.

El artículo 3 del acuerdo hispano-francés define el «Erasmus» entre ambos países con la siguiente finalidad

El oficial o cadete de intercambio participa en todas las actividades del organismo de formación. La finalidad del intercambio es permitir al oficial o cadete imbuirse de la cultura militar de la Academia anfitriona, que establecerá un programa pormenorizado del intercambio cuyo contenido y duración será acordado entre ambas Academias. Dicho programa podrá incluir las siguientes actividades: – un curso de inmersión cultural y lingüística; – un curso de investigación y enseñanza académica; – un periodo de adiestramiento militar táctico y técnico; – un curso de instructor durante un periodo de instrucción académica, táctica o técnica

En cuanto a la duración del curso es elástica, pues (art. 6)

El tiempo de permanencia del oficial o cadete en la Academia anfitriona vendrá determinado por la duración del ciclo de formación estándar o por mutuo acuerdo entre la Academia de procedencia y la Academia anfitriona. Dicho tiempo podrá prolongarse en casos concretos cuando se requiera para alcanzar los objetivos de formación previstos. La decisión última es de la Academia de procedencia de acuerdo con la Academia anfitriona.

Dicho tiempo podrá prolongarse en casos concretos cuando se requiera para alcanzar los objetivos de formación previstos. La decisión última es de la Academia de procedencia de acuerdo con la Academia anfitriona.

Los cadetes durante su estancia en el otro país, dependerán funcionalmente de las agregadurías militares de sus correspondientes embajadas (Art 7) y será el país de procedencia el que se haga cargo de los gastos de sus cadetes en el otro país (art 17) si bien el anfitrión le proporcionará al cadete

el alojamiento en la Academia anfitriona – la manutención en la Academia anfitriona – el acceso a toda dependencia (club, tiendas de efectos…) en las mismas condiciones que sus propios oficiales o cadetes. – los gastos de transporte, manutención y alojamiento derivados de las misiones específicas ordenadas por la Academia anfitriona

Osea, un verdadero Erasmus militar que nos pensaban pasar de forma desapercibida por si cuela.

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