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Materia militar en el último Consejo de Ministros del año

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Por La Moncloa, Gobierno de España.

 

Fuente: La Moncloa.

Pues, como nos veíamos venir, también ha aprovechado el Gobierno para añadir más incentivos al militarismo en el último Consejo de Ministros del año.

1.- Autorización de inversiones militares a empresas extranjeras.

Esta vez en forma de autorización de empresas de Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido para que realicen inversiones en empresas militares en España. Todo sea regalar inversión al militarismo, que para eso somos la sexta potencia mundial exportando armas (y como añadido, regalando guerras a países diversos).

El Consejo de Ministros ha autorizado una inversión extranjera consistente en que las sociedades “PI 1, S.Á.R.L” (sociedad constituida en Luxemburgo); “Everest Holdings, B.V.” (Países Bajos), y “ANV Co-Invest, L.P.” (Reino Unido), adquieren, de manera directa, el 60,41 por 100, del capital social de Aernnova Aerospace Corporation S.A., y, de forma indirecta, el mismo porcentaje respectivamente en las filiales de esta última, para que se puedan destinar a realizar actividades relacionadas con la defensa nacional.

Aernnova Aerospace Corporatión SA (con sede en Gasteiz), aparentemente, no se dedica al sector militar, sino a la gestión de espacios aéreos y fabricación de estructuras aeronáuticas, según aparece en su página web, pero sí indirectamente, porque lo hace a través de sus empresas filiales, como dice el propio Consejo de Ministros. Estas filiales son:

  • Aernnova Aerospace, S.A.U.
  • Aernnova Aeroestructuras Álava, S.A.U.
  • Aernnova Andalucía Estructuras Aeronáuticas, S.A.U.
  • NMF Europa, S.A.U.
  • INTEC-AIR, S.L.U.
  • Gestión de Materiales y Proyectos, S.A.U.
  • Aeronáutica y Automoción, S.A.U.
  • Fibertecnic, S.A.U.
  • Internacional de Composites, S.A.U.

De paso vemos una de las más endiabladas realidades de la industria militar. Hay empresas, esta es un ejemplo, que aparentemente no tienen que ver con la defensa (lavado de cara) pero que luego resulta que o bien tienen empresas filiales que sí que lo hacen, o bien participan en el accionariado de las empresas militares, con lo que es difícil hacer un seguimiento de éstas. Si además, acaban siendo, como es el caso, participadas por fondos europeos y empresas de otros lugares, el rastreo de estas empresas se hace más difuso aún.  Y si a todo ello añadimos la colaboración de una banca armada en financiar su negocio, tenemos un cuadro más complejo de este sector tan opaco y peligroso.

2.- Cofinanciación con Europa del INTA.

No es el único acuerdo que afecta a lo militar. Hay un segundo acuerdo, como es de esperar fuera del Ministerio de Defensa, por el que el Ministerio de Industria y Competitividad realiza un acuerdo con el organismo autónomo militar INTA, para “para la ejecución del proyecto “FENYX-Gran Aeronave de Investigación y Experimentación” que, a su vez, cofinancian (es decir, pone una parte) los fondos FEDER (Fondos Europeos de Desarrollo Regional) con cargo al Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020.

Aclaremos que este Programa Operativo es el instrumento con el que el Ministerio de Hacienda (ya tenemos tres ministerios implicados en financiar al militarismo por este asunto) tiene para distribuir estos Fondos Europeos en cofinanciación entre España y Europa.

Según el convenio que se autoriza, el presupuesto del que contará INTA para desarrollar este proyecto FENYX será de 35 millones de euros de los que los fondos FEDER, a través del Ministerio de Economía, aportará 28 millones y el INTA (no dice de dónde lo sacará) otros siete.

3.- Reglamento del INVIED.

Además de estos dos acuerdos, el Consejo de Ministros ha aprobado otra resolución para modificar el Estatuto del INVIED mediante Real Decreto.

El anterior estatuto de este organismo fue declarado nulo por el Tribunal Supremo porque para su aprobación, como ocurre con otra normativa militar, no se habían atenido a la legalidad formal (para qué, si al fin y al cabo nadie les pone trabas).

En este caso se habían saltado un informe preceptivo (pero no vinculante) de un organismo oficial, el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas recogido en otra ley militar, la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, del 27 de julio de 2011.

Además de contar ahora con este informe han aprovechado para introducir una modificación sobre el anterior texto, concretamente para permitir que si un usuario de una casa del INVIED no paga la renta, se pueda suplir el desahucio por llegar a un acuerdo de pago más cómodo y, en caso de situación de vulnerabilidad del ocupante, que se pueda suspender el desahucio por un plazo de hasta tres años.

Una buena medida, que no existe en la legislación civil y que el Gobierno podría imitar para los miles de familias en situación de vulnerabilidad o riesgo que no pueden pagar la vivienda.

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