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El gobierno autoriza a ISFAS a gastarse 971´69 millones de euros con entidades privadas de seguros en 2018-2019

por ISFAS

Fuente: Infodefensa

Aprovechando la sequía de noticias en este sitio anodino que llamamos España, el frenético gobierno que preside el despierto Rajoy, ha aprobado un acuerdo del que, como de costumbre, no han dado mucha información por eso de no sacarnos de la siesta perenne. Según dicho acuerdo, se autoriza al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) a gastarse en conciertos con la sanidad privada 971´69 millones de euros. Unos conciertos para atender a las prestaciones sanitarias a los militares y a sus familiares y beneficiarios en los años 2018 y 2019.

No importa que los presupuestos de  2018 y 2019 no se hayan aprobado, ni siquiera que no hayan pasado aún por el Parlamento. Lo suyo es comprometer el gasto y el que venga detrás que apechugue.

Se da el caso de que los presupuestos de 2017 ya contemplaban, en el programa 312-E, una partida de 471´6 millones de euros  para conciertos de asistencia sanitaria privados y conciertos de asistencia con la seguridad social, de los que le ha soltado el Estado, gracias a nuestros impuestos, 430 millones de euros a las entidades sanitarias privadas para atender a los militares enfermizos.

Dicha partida de 471´6 millones de euros (430 ya gastada en 2017  para conciertos privados) forma parte de otra mayor (677´05 millones) que recibió el ISFAS para “Asistencia sanitaria de las Fuerzas Armadas”, partida que, además, no es la única que recibe  año tras año (hay otra de 77´81 millones del programa 222-M por “Prestaciones Económicas del Mutualismo Administrativo” y  una tercera de 624,411 que recibe de “Diversos Ministerios” en el programa 929)

Pero si la partida es generosa, el destino es, sencillamente, la prueba, una más, de la privatización de la sanidad militar en manos de las grandes compañías sanitarias, una de las marcas de la casa en la política privatizadora del PP.

Si atendemos a la memoria de objetivos y explicación del programa  312-E en los presupuestos de 2017, resulta que de los 622.000 usuarios de la sanidad militar (han oído bien, un cotizante por cada dos de matute) solo 40.000 reciben asistencia pública, y el resto se han transferido a estos conciertos privados tan lucrativos.

¿Indignante? Sí, pero más aún el que haga falta una sanidad militar diferenciada, con su propia estructura paralela, supradotada en recursos, para atender a la casta militar, en vez de integrarlos, sin más, en la sanidad común y normal, como a cada hijo de vecino.

Y es que lo más estrambótico de todo es que siga existiendo el ISFAS, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, este espacio de autonomía militar tan peculiar, que además tiene la cara de conveniar con las comunidades autónomas para prestarle sus hospitales en desuso o infrautilizados a cambio de pasta y de que entre todos asumamos sus gastos.

 

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España apoya descaradamente al militarismo israelí comprando sus misiles contracarro SPIKE

Imagen de Pan American Defense

España desarrolla unos Programas Especiales de Armamento (PEAS) que están provocando una deuda gigantesca para el Ministerio de Defensa y para el Estado Español.

Hay muchas críticas a estos PEAS y a la forma que tiene el Ministerio de Defensa de proveerse de armas para sus impulsos intervencionistas en el extranjero.

Unas de ellas son la ética y las implicaciones internacionales de nuestras políticas.

Analizamos hoy la compra de 260 puestos de tiro y 2.600 Misiles contracarro de alcance medio SPIKE por un precio total de 364’69 millones de €, según Wikipedia el coste total será de 394 millones de €.  Se calcula que el coste de cada unidad ronda los 100.000 dólares USA.

En la hoja de servicio de este misil se declara que ha sido usado contra la Intifada.

Dicho programa adolece de uno de los defectos generales de los PEAS, el prolongadísimo periodo desde la toma de decisión, inicio del diseño, inicio de la producción, avatares varios que retrasan la fecha de entrega, etc.  Así, todo el proceso se dilata, en este caso desde 2005 a 2024.  Ello provoca, habitualmente, unos sobrecostes enormes.

Otro de los defectos habituales en los programas de Defensa, sobre todo en los PEAS, es el de que los pagos se suelen realizar por medio de partidas plurianuales, lo que supone un escondite perfecto para su seguimiento.

Una breve historia de los recorridos de esta colaboración militar hispano-israelí se pueden resumir así:

  • En 2002 General Dynamics – Santa Bárbara firma un acuerdo con Rafael por la que la contratista española se convertiría en el contratista principal de las ventas del Spike si era finalmente elegido.
  • En el Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2006, presidido por Zapatero, del PSOE, se decide invertir en el programa:  260 lanzadores y 2.600 misiles MR (Medium Range).  Se informaba que la industria nacional asumiría el 60 % del trabajo y que el pago se repartiría en 15 anualidades desde 2008 a 2022.
  • El 30 de noviembre de 2007 el Consejo de Ministros decidió comprar más Spike, versión ER (Extended Range), destinados a los helicópteros de ataque Tigre:  44 lanzadores y 200 misiles por 44’027 millones de € prorrateados entre 2007 y 2012.
  • El 29 de mayo de 2009 se entregaron al Ministerio de Defensa los primeros misiles.

Las empresas que participan en este programa de armamento son:

  • Global Dynamics/Santa Bárbara sistemas,
  • Rafael,
  • Tecnobit

Imagen de Dvircom

 

La empresa Rafael,  o Raphael, es una empresa que fabrica armas del Ministerio de Defensa israelí.  Tiene más de 7.000 empleados y se fundó en 1948.

Durante el principio de los años 1990 Rafael operó con pérdidas (con un pico en 1995, con pérdidas de $120 millones sobre una facturación de $460 millones); entonces se decidió reestructurar la organización para empezar a operar Rafael como una compañía. Inicialmente se crearon tres divisiones diferenciadas; cada una operando como un centro de beneficios, con una hoja de balance separada, a presentar al nuevo consejo de dirección.

La restructuración fue completada en 2002 cuando Rafael fue formalmente incorporada como sociedad limitada (a pesar de ser una empresa estatal), manteniendo sus capacidades tecnológicas a través de extensos programas de inversión en I+D (en torno al 10% de la facturación). En su primer año como sociedad limitada, Rafael obtuvo 37$ millones de beneficio sobre $830 millones de ventas.

Rafael tiene multitud de empresas subsidiarias en el mundo.  En Europa, a través del Holding ERCAS, de la que posee el 100 %, domina dos secciones militares:  Dinamit Nobel Defense (con el 100% de las acciones) y PAP Tecnos (con el 100 % de las acciones).

Una compra tan grande de misiles SPIKE supone un apoyo decidido al militarismo israelí y hace rentable a una de sus principales empresas armamentísticas, con lo que da alas a la política represiva de Israel sobre Palestina.

Nuevamente una decisión militar que influye en nuestra política exterior, que en principio se define como de apoyo a una solución negociada y no violenta en el conflictos israelo-palestino.

Damos con una mano lo que quitamos con la otra.

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Tenemos una democracia parcial y muy parcial

Imagen de PortaldelSur Es

El título no es un error.  Nos referimos a que:

  • Nuestra democracia es parcial, muy cortita.  No se puede hablar de todo y menos votarlo todo.  Hay temas que sólo deciden las elites y éstas suelen ser conservadoras y tenerlo todo atado y bien atado.  Ya se vio con las protestas masivas contra la participación de España en la guerra, ningún caso a la reclamación social, y luego, para colmo, hemos ido haciendo intervenciones militares en múltiples escenarios bélicos.  Dichas intervenciones no han aportado nada a la resolución de los conflictos, antes bien los han enquistado.  Ya se vio en el clamor popular sobre la monarquía.  Ningún caso.  Se cambia un rey vetusto por otro tierno, pero se deja igual la institución y lo que significa.  Ya se ha visto con las imágenes de ayer, que si nos las sirven hablando de cualquier país bananero o de cualquier dictadura de hace años no nos hubiesen causado tanta indignación como sabiendo que son propias:  es la policía y la guardia civil quien por la fuerza se lleva (confisca, dirían ellos) las papeletas, las urnas y las urnas con papeletas ya depositadas.  La militarización de un conflicto (recordamos que la Guardia Civil es un cuerpo militar) para evitar la democracia.  Una y otra vez se nos enseña que no hay soberanía ciudadana en los temas que realmente nos importan.
  • Nuestra democracia es muy parcial, muy de parte, porque siempre está al servicio de una parte, no del global de la sociedad.  Siempre está al servicio de las elites económicas cuyos bancos son rescatados y sus directivos reciben primas por sus chanchullos. Se hace una reforma laboral al servicio de los grandes empresarios y para facilitar los ERES y el lucro de unos pocos. Se privatiza al servicio de los de siempre sanidad, educación o cualquier otro servicio público, que pasa de ser un derecho a ser un negocio. Pero nunca están con los de abajo que se ven expulsados de sus viviendas y enjuiciados por ocupación.  Que se ven despedidos y con empleos precarios. Con mala calidad de su educación y con rebajas en sus derechos sanitarios. Prima más el derecho a la propiedad privada que el derecho a la vivienda o el derecho a tener trabajo.  Cuando se habla de optar entre cañones o mantequilla el debate se para en seco porque lo único que se permite es la violencia.

En el mundo de la paz ocurre igual.  La democracia es parcial y muy parcial.  No hay forma de que las Directivas de Defensa Nacional se debatan por la ciudadanía, las deciden unos pocos.  Tampoco hay forma de que el gran engaño que supone que las cuentas oficiales hablen de un presupuesto del Ministerio de Defensa de 7.638’54 millones de € mientras que nuestras cuentas hablan de un Gasto Militar de 34.068’29 millones de € queden aclaradas por una auditoría independiente.

La gran mayoría de la sociedad no tenemos derecho a decidir.  Sólo deciden los conservadores que nos explican que éstos son asuntos de Estado y que en ellos el consenso político impide los cambios.  Pero, … ¿qué consenso?, ¿cuándo se logró?, ¿quiénes lo hicieron?

Mentira tras mentira, tema tras tema, imposición tras imposición, siempre sin derecho a decidir salvo que decidamos lo que a ellos les interesa.

Así no es extraño que nos convirtamos en transgresores.  Transgredir viene del latín transgredior, -gressum.  Significa ir (gradior) más allá (trans), atravesar, sobrepasar.

Estamos acostumbrados en el pacifismo a transgredir, a ir más allá, a proponer alternativas que sobrepasan las estáticas realidades de aquellos que quieren conservar este mundo injusto e inhumano porque obtienen beneficios personales.

Pero a l@s pacifistas, antimilitaristas y noviolentos no nos vale cualquier transgresión.  Ha de ser ética, justa y legítima.  No vale utilizar las artimañas políticas y/o legales que usa la elite retorciendo la legalidad una y otra vez a su conveniencia.  La transgresión por la que apostamos o es legítima y ética o no es.  El fin, para nosotr@s, está en los medios.

Con cariño, de Utopía Contagiosa.

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Las mejoras de la base militar de San Viator las pagará la Diputación de Almería

Imagen de Juan Miguel Pimentel

Fuente:  La Voz de Almería.

Hemos denunciado muchas veces que el militarismo se extiende, en los gastos y en las demás cosas, por todos los apartados de la sociedad.

Así, por ejemplo, decimos en nuestro estudio del gasto militar de 2017 que lejos de los 7.638’54 millones de € que dicen gastar en los presupuestos generales del Estado en el Ministerio de Defensa, la realidad es que van a acabar gastando 33.762’4 millones de € en total.

Pero este no es el único gasto militar que se realiza a lo largo del año.  También las Comunidades Autónomas mediante subvenciones a industrias militares y la promoción de actos militares, los ayuntamientos de toda España haciendo desfiles, conmemorando el día de las Fuerzas Armadas, etc., colaboran con el militarismo con sus respectivos gastos.

Menos nos habíamos fijado en el gasto militar de las diputaciones provinciales.  Y, según parece, también lo tienen:

La Diputación Provincial de Almería y el Ministerio de Defensa han firmado esta mañana un convenio de colaboración por el que la Institución provincial invertirá 400.000 euros en la realización de obras de mejora en la Base Militar Álvarez de Sotomayor, ubicada en el municipio de Viator.

El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, han suscrito el acuerdo que permitirá la mejora de las infraestructuras viarias de las instalaciones, a través del reasfaltado y señalización de su red viaria en tres zonas diferentes de la base ubicadas en el norte de la base y en el patio de armas y sus inmediaciones.

Pero no es sólamente esto, además, el convenio se fija en la promoción turística que parece que tiene como foco la base militar Álvarez de Sotomayor:

En este sentido, el convenio de colaboración recoge, junto a la mejora de las instalaciones, la promoción de la imagen turística de la provincia en los actos conjuntos que organicen ambas entidades y entre los usuarios y visitantes de la Base Álvarez de Sotomayor.

El convenio suscrito entre Diputación y Defensa incluye una serie de contraprestaciones que acercarán la historia y patrimonio de Defensa a la sociedad almeriense.

¿Dónde no llegarán los tentáculos del gasto militar en la sociedad española?

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Los partidos “constitucionalistas” del régimen impiden que se vete la venta de armas a Arabia Saudí

 

Por Armas Bajo Control

Fuente: La Marea.

Pues sí que escuece este nuevo fiasco de los partidos del régimen, de la casta, del PPSOECIUDADANS, como los quieran llamar; de los partidos “constitucionalistas” como los llama, con una frase tan vaporosa como la cabeza de su publicista, el predicador Albert. Y no porque no lo sospecháramos, sino porque es en nuestro nombre que se consigue esta nueva vileza.

Ha sido la cosa que en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados se votó  un dictamen sobre venta de armas y aplicación de la legislación al respecto, y dentro de éste, una propuesta para que los partidos pidieran al gobierno el veto de la venta de armas a Arabia Saudí, ese gran aliado de las democracias reales y positivas, e Irak, ese otro adalid de la democracia.

Porque Arabia Saudí hace la guerra en parte gracias a nuestras armas (no sólo las nuestras, hay más señores de la guerra haciendo negocio) y es un clamor social y de las organizaciones sociales que esto deje de pasar. Y armas españolas han llegado, dicen varias ONG especializadas, a los terroristas de ISIS vía Irán.

Y la moción referida no ha salido, porque el acuerdo del PP, de Ciudadanos y del PSOE, el trío calaveras, han impedido la aprobación de la iniciativa.

Al famoso trío le sirve de perrillo faldero un PNV cada vez más siniestro, que se abstuvo en esta propuestas, frente al voto a favor del veto por parte de Unidos Podemos, ERC y PDCat.

Daría la impresión, es un decir, que el constitucionalismo que predican los amantes del orden no se extiende al reconocimiento del derecho internacional y los derechos humanos, pongamos por caso, como fundamento del orden público y del ordenamiento “constitucional”, o de la paz como valor a defender y promover, tal como proclama la constitución ahora tan en boga y, en fin, a tantas otras promesas proclamadas en la Constitución que restauró la democracia unitaria y que decaen ante el olfato a negocio de nuestros egregios lacayos.

Decía la convocatoria de la Comisión de Defensa donde ha ocurrido esta felonía que se convocaba para

 Dictaminar, a la vista de las propuestas de resolución que han presentado los distintos Grupos Parlamentarios, acerca del Informe sobre “Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2016”, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

Por si alguien tiene morbo puede seguir el desarrollo de la sesión en el canal parlamentario del Congreso de los Diputados. Lamentablemente, no hemos sabido enlazarlo en esta entrada.

Pongamos algunas reflexiones que dijeron los diputados:

“cambian los gobiernos, pero todos priorizan la venta de armas por encima del respeto de los derechos humanos e incluso del derecho penal internacional ”  (ERC)

O la señora Alconchel, del PSOE, que defendió su propia y muy genérica propuesta, que acababa pidiendo apoyo para la internacionalización de la industria militar española y su importancia en la generación de retornos para la sociedad. y  dijo ante la propuesta de incluir en cualquier moción la prohibición de venta de armas a Irak y Arabia Saudí,

O el portavoz del PP que alabó al sector industrial militar por su aportación a la economía de un porcentaje del PIB importante, pidiendo que se dejara a parte la ideología sobre si se debe vender o no y a quién este tipo de material.

El PNV, que añadió que tenemos una ley razonable y adecuada, pero que quieren mejoras de información y transparencia y mitigar el riesgo de abusos. Para él, significar a países concretos es inapropiado y hay que ir caso a caso.

Podemos propone que se controle rigurosamente la venta de armas y hacer valer el tratado de prohibición de armas para evitar la venta a países que puedan usarlas en conflictos o violando el derecho internacional, y piden que se vete la venta de armas a Arabia Saudí y a Irak para que no quede todo en un brindis al sol.

En cuanto a Ciudadanos, el más rigurosamente impresentable en la Comisión,  pide escapar del tinte ideológico que algunos grupos tienen  en tema de la venta de  armas y tener dos aspectos en cuenta: primero, el empleo, porque Ciudadanos estará siempre a favor de todo lo que genere empleo, diferenciándose así de otros grupos, Unidos Podemos y ERC, que piden que no se exporte a Arabia Saudí, cosa que afecta al trabajo en sitios como por ejemplo la bahía de Cádiz. Pero además quieren condicionar la venta de armas a otros países a controlar las exportaciones para impedir que se usen para fines contrarios a los derechos humanos, todo un brindis al sol cuando se prioriza el lucro propio sobre cualquier otra cosa.

Acaba Ciudadanos diciendo que sus prioridades son por este orden a: 1) el empleo , 2) la transparencia, 3) el cumplimiento de la ley y 4) los derechos humanos.

Total que se acabó votando con el consabido consenso en aprobar recomendaciones genéricas y sin compromisos concretos y desestimar una propuesta de recomendar el veto  de venta de armas a Irak o Arabia Saudí, en este caso con 8 votos a favor del veto, 24 en contra (PP, PSOE y Ciudadanos) y una abstención.

Lamentablemente, otro documento de recomendaciones buenistas y genéricas para que sigan las cosas como siempre, sin compromisos contrastables, igual que los informes de años anteriores, que sirven para guardar las apariencias y seguir vendiendo armas a países canallas. Eso sí, resguardando el trabajo de los que se emplean en la industria militar (muchos menos de lo que se dice) y los beneficios de sus accionariados (en este caso mucho mayores de lo que se sospecha).

A ver si en esto, como aspiraba el tal ribera en su moción para que los partidos constitucionalistas apoyaran al PP en su política (si es que se la puede llamar así) frente al desafío catalán, la ciudadanía toma nota de quién es quien y les pasa factura a estos grandes hombres de estado.

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Agnotología militar: el ejemplo de las misiones militares en el exterior

Aquellos que quieran informarse sobre las operaciones militares españolas en el exterior lo tendrán difícil.  Encontrarán cifras distintas, incluso en la misma página web sobre, por ejemplo, el total de las misiones que están en curso.  Esto quizá sea una de las prácticas habituales de la agnotología militar:  dar informaciones contradictorias, equívocas, para fomentar la desinformación.

Fíjense en las imágenes que siguen:  informan de las misiones militares españolas en el exterior.  No coinciden en su número:  17, 18, 20.  Ni en eso coinciden.  ¿Cómo puede haber tal disparidad?  ¿Mal trabajo periodístico, mala actualización de datos?  Sin embargo, la primera infografía, la de El Mundo, cita fuentes de las Fuerzas Armadas.

En la infografía de El Mundo son 17 las misiones militares en el exterior:

Sin embargo, la fuente oficial, la página web del Ministerio de Defensa nos informa de 18 misiones militares:

Pero según el Ministerio de Defensa, unas líneas más abajo, en su propia web, en la misma página, las misiones en curso son 20:

¿Qué provoca esto?  Confusión.  Desconfianza.  Sospechas de ocultismo.

O, quizá, lo que existe en el Ministerio de Defensa es una descoordinación y desorganización gigante.  O falta de interés por la calidad de la información.  O es que quieren confundir a posta.  O es que buscan darnos bonitos gráficos, es decir, cuidar la forma, pero con contenidos nada trabajados.

Pero si vamos al fondo, poca información, faltan datos vitales:

  • ¿Cuánto han costado estos despliegues?  Ninguna información en la página del Ministerio de Defensa.  ¿Por qué?
  • ¿Cuántos muertos ha habido?
  • ¿Cuántos problemas internacionales se han solucionado?  Porque viendo los lugares donde nos desplegamos para invadir e intervenir en problemas de otras naciones, no vemos países donde el PIB o el Índice de Desarrollo Humano, o cualquier otro parámetro macroeconómico haya subido o mejorado.
  • ¿Ha habido alguna evaluación imparcial de estas misiones militares en el exterior?
  • ¿Están contentas las poblaciones locales con nuestra actividad?  ¿Aprobaron estas poblaciones nuestra presencia o ha sido impuesta?
  • ¿Tiene alguna consecuencia negativa nuestra intervención militar?
  • ¿Problematizan estas intervenciones militares nuestra política exterior?
  • ¿Existen alternativas noviolentas llevadas a cabo por la sociedad civil que sean más ventajosas que la intervención militar?

Nos parece que hasta que el tratamiento informativo de las misiones militares en el exterior no sea más completo y neutral, no dejará de ser propaganda militar.

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Protestas en Burgos contra la especulación militar de suelo

Imagen de Daniel Lobo

 

Fuente:  Burgos Conecta y Noticias de Burgos.

Ocurre que el Ministerio de Defensa es el segundo terrateniente español.  Ello conlleva que muchos de sus pisos, solares, garajes, edificios y terrenos rústicos y urbanos estén en desuso o abandonados, muchas veces desde hace muchos años.

Por tanto, en muchas ocasiones se producen conflictos entre los municipios y los intereses del Ministerio de Defensa, que siempre son los mismos, lucrarse con la especulación para luego invertir en armas.

La postura del PCAS (Partido Castellano) en Burgos es muy clara:

El Partido Castellano (PCAS), a través del Grupo Parlamentario Compromís, ha trasladado a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, varias preguntas relativas a los terrenos que ocupa el abandonado Parque de Artillería de Santa Bárbara en Burgos. El PCAS, con estas preguntas, intenta que el Ministerio de Defensa rectifique y paralice la actual subasta de los terrenos prevista para mediados de septiembre.

Además, los castellanistas defienden que estos casi 50.000 metros cuadrados de suelo deberían de volver a manos municipales “sin coste alguno”. Luis Marcos, secretario de Organización del partido, considera que “todavía se está a tiempo de parar esta operación”. Y es que, en su opinión, “no solo se trata de hacer justicia, sino de compensar el injusto tratamiento del Ministerio de Defensa con Burgos en los últimos años, con el cierre de diferentes dotaciones militares”.

Esa es la opción 1, la opción del PCAS.

La opción 2 es la del Ministerio de Defensa:  vender los terrenos (y aplicar lo obtenido por la venta a comprar armas y equipamientos militares), actualmente tasados en 14 millones de €, para edificar 337 viviendas por parte de empresas privadas.

Esta opción no le parece correcta al PCAS porque trata mal a Burgos, que siempre se ha portado bien con Defensa:

ha recordado el trato exquisito que la ciudad brindó durante más de 100 años a Defensa mediante concesiones gratuitas de terrenos destinados a cuarteles y el establecimiento de unidades militares acarreando la pérdida de multitud de importantes edificaciones, solares, acuartelamientos y unidades militares. Con estas enajenaciones el Ministerio ha obtenido 80 millones de euros, según Marcos, lo que considera un lucro aprovechando las facilidades del Ayuntamiento.

La opción 3, la del ayuntamiento, es permutar la parcela por otras de titularidad municipal.  Esta solución también es rechazada por el PCAS porque

las otras parcelas que posee el Ayuntamiento “deben de servir para hacer políticas sociales de vivienda y el Ministerio de Defensa no está por la labor porque lo que quiere es hacer caja rápido”

Nuevamente más pruebas de la insolidaridad del Ministerio de Defensa con la población civil.

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En 2017 el gasto en misiones militares en el exterior superará los 1.000 millones de euros

Nero+con+stile...

Por Otto Nassar

Fuente: Infolibre

A finales de julio explicábamos la nefasta política militar española, intervencionista, militarista, agresiva, con 87 intervenciones militares en el exterior desde los años 80 a la fecha actual,

Una política además muy cara y ocultada por nuestros conspicuos capitostes de la cúpula militar-industrial y sus palmeros políticos que la consienten, cuando no la estimulan.

Como se sabe, la partida de gasto militar referida a las operaciones en el exterior es una de las 69 partidas ocultas de nuestro gasto militar, tal como explicamos en una infografía recientemente publicada. Concretamente forma parte de la partida allí denominada “deuda militar extraordinaria”.

Ahora nos ofrecen una cifra escalofriante, por encima de la previsión que hicimos en nuestras estimaciones del gasto militar para 2017.

En aquel estudio estimamos que el gasto oculto para estas operaciones militares en el exterior sería el mismo que en el 2016, unos 771,11 millones de euros, pero los datos que nos ofrece Defensa sitúa el gasto real para 2017 de operaciones militares en el exterior en 1.076 millones de euros, casi 75 veces los ridículos 14´3 millones de euros consignados para estas operaciones por los presupuestos del Estado de 2.017.

La cifra no debería sorprender a nadie a estas alturas. Por una parte, ya la insinuó el Secretario de Estado de Defensa en Abril  (por cierto, insinuó que a lo mejor podía llegar a los 1.200 millones por los despliegues de Estonia) en su comparecencia ante la Comisión de Defensa, sin que hiciera mella en el ánimo de los somnolientos diputados, siempre tan infatigables en dejar pasar las oportunidades de controlar al Ministerio. Por otra parte, el hecho de que se consignen en los presupuestos partidas de unos 14 millones y se gasten en torno a 700 u 800 o 1.100 al año para este tipo de invasiones exteriores viene siendo una práctica constante del Ministerio de Defensa.

Lo verdaderamente significativo no es, por tanto, que el Ministerio de Defensa mienta (lo hace siempre). Lo relevante es que se consolida, y aumenta gravemente incluso, la política de injerencia militar que aplica el Ministerio de Defensa por medio de estas operaciones en el exterior y que lo hace sin la más mínima crítica ni oposición a este papel creciente en el militarismo mundial.

Hay que criticar la cifra de gasto, pero más aún la razón de ser, el “para qué” se usa este dineral, tanto el uso supuesto (operaciones en el exterior) que encubren una política exterior militarizada y agresiva que cuenta con más medios que cualquier otra dimensión de la política exterior del Estado, como el uso real (que se aprovecha además para exhibir armamento español con vistas a la venta de armas en la que somos la sexta potencia exportadora mundial, así como para camuflar gasto de operatividad y de reparaciones de las fuerzas armadas que no aparece en el presupuesto del Ministerio de Defensa y para incentivar el sueldo de los soldados que participan en todo esto).

Podemos comparar la cifra con la que aporta España a la cooperación internacional o a la solidaridad con otros pueblos. el resultado es desalentador y escandaloso. Somos un peligro, concretamente el segundo contribuyente militar europeo en tropas en el exterior y el cuarto de la ONU, algo inaudito y vergonzoso.

Tal vez ahora la Ministra pretenda “aflorar” este espectacular aumento de la partida de operaciones militares en el exterior y consignarla en los presupuestos de 2018 para simular y vendernos que intentamos acercarnos al 2% del PIB en gasto militar (cuando la realidad es que este gasto ya se produce y superamos el 2% del PIB en gasto militar y que lo hacen de forma opaca, para que la gente no se entere de esta opción militarista).

En todo caso, sería deseable imponer por ley la obligación de transparentar todo el gasto militar y de someter al debate social y al control las razones de nuestro espectacular fomento del militarismo y su enorme gasto.

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La cultura de defensa consiste en que el buque escuela de la Armada sirva de crucero a gastos pagados a ministros y familiares

Imagen de juantiagues

Fuente:  El Diario.

El buque escuela Juan Sebastián Elcano se dedica, además de a instruir a nuestros militares marineros en la desusada militarmente navegación a vela, a hotel de lujo, dando camarotes gratis a familiares del Ministerio de Defensa.

Un caso más de mala praxis en el Ministerio de Defensa y de despilfarro militar.

Ignacio López del Hierro, el marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, fue uno de los pasajeros ilustres a bordo del Juan Sebastian Elcano. Ocupó uno de sus camarotes durante la última etapa de la travesía con la que el buque escuela de la Armada conmemoraba su 90º aniversario, un viaje entre los puertos de Marín (Pontevedra) y Cádiz con todos los gastos pagados.

La explicación, la habitual, es una tradición.  De ella participan los familiares de trabajadores (de alto rango, entendemos) del Ministerio de Defensa e, incluso, los titulares de la cartera, y otros titulares de ministerios ajenos como García Margallo (y mujer) y Zoido, al parecer cuando era alcalde de Sevilla.

El Ministerio quita importancia a la presencia de López del Hierro en ese crucero y asegura que siempre ha habido parientes de altos cargos, también “durante la época del PSOE”. Junto a ellos, “abogados, médicos y periodistas” a los que se permite subir a bordo como parte de una labor de “divulgación de la cultura de Defensa”.

El cinismo, el no asumir las responsabilidades del cargo, el pensar que el ministerio y lo que contiene o administra son su propio cortijo, el desprecio a la ciudadanía media que ni por asomo podrían pagarse un crucero así, etc., se venden como Cultura de la Defensa.  ¿En esto consiste la Cultura de Defensa?  No nos extraña que no se sientan respaldados por la ciudadanía.  Es una vergüenza su concepto.

Y, a su modo, tienen razón; es cultura de la defensa de las elites, de los violentos, de los militaristas.

Por una vez la noticia se hace eco del responsable:  el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, esta vez Teodoro López Calderón, que es quien decide directamente quién, de entre los solicitantes, merece el crucero de 4 días a gastos pagados.  ¿Dimitirá por ética?  ¿Algún alto cargo lo cesará para que no caigan las responsabilidades de encubrimiento en él?

La cifra de civiles agraciados este año con el crucero no es pequeña:  90.  Viajaron con 171 militares.  2/3 del pasaje total.  Demasiado para algo tan serio como es la Defensa Nacional.

Por otro lado, ¿es necesario un buque escuela como Elcano?  No son ya demasiadas las polémicas, muchas muy turbias, con las que nos regala, año sí y año también:

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Los números rojos de Navantia y el rescate de la industria militar hunden la SEPI y hundirán las regiones dependientes del monocultivo militar

Exponaval+2012

Por Jesús Fernández García

Fuente: EconomíaDigital

Del desastre sin paliativos ni excusas que es Navantia, la empresa mimada de la industria militar española, nos hemos ocupado por extenso a lo largo de años.

Desastre que tiene que ver con sus pérdidas de vértigo y su mala gestión, con su mala calidad, con su inmoral negocio en sí y con el trasiego de favores y puertas giratorias que soportan, contra viento y marea, la empresa pública con el dinero de todos y en beneficio de unos poquitos.

El Estado, amén de mandar de viaje a ministros, monarcas y otras autoridades menores y disponibles para que vendan los productos de Navantia, ha cooptado alcaldes y autoridades incompetentes (en la materia, se supone) para que, cerrando los ojos o tapándose la nariz, hablen parabienes de este negocio y ha comprado titulares periodísticos para que nos expliquen la gran mentira, un nuevo ejemplo de agnotología militar, de lo requetebueno que es vender armas de Navantia, aunque sea a Arabia Saudí, para nuestra seguridad y para bajar las cifras del paro.

Las terribles y engañosas cuentas de Navantia

Y de buenas a primeras nos enteramos por las cuentas anuales de 2016 presentadas por la SEPI que en 2016 Navantia acumuló (a pesar de las inmejorables ayudas públicas) unas pérdidas de 303 millones de euros, la mayor deuda de todas las empresas publicas españolas.

Navantia se convierte así en un agujero negro (y bastante opaco) que arrastra las cuentas públicas al desastre. ¿Hay que agradecérselo a alguien en concreto?

Según otro medio, las cuentas de Navantia implican que ésta está en una situación que obligaría a su disolución aunque han empleado un truco contable para evitarla.

Así informó a su vez a finales de junio Economía Digital.

Para más aclaraciones de la desastrosa situación de Navantia, la Oficina Nacional de Auditoría (órgano adscrito a la IGAE) dice  en su informe de auditoría de las cuentas de SEPI, páginas 4 y 5, que

En el informe de auditoría del Grupo Navantia, el auditor llama la atención sobre las notas 3 y 22 de la memoria, que describen la situación patrimonial del Grupo. El patrimonio neto a efectos mercantiles de la Sociedad Dominante del Grupo Navantia se sitúa en 23.393 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 y, por tanto, en situación patrimonial de disolución, en aplicación del artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, celebrado el 15 de marzo de 2017 aprobó la solicitud a SEPI, su accionista único, de un préstamo participativo por importe de 90.000 miles de euros. Con fecha 28 de marzo de 2017 ambas sociedades firmaron el contrato del referido préstamo, que ha sido desembolsado en la misma fecha. Considerando este préstamo participativo y teniendo en cuenta el patrimonio neto a efectos mercantiles, a 31 de diciembre de 2016, la Sociedad Dominante no se encuentra en causa de disolución, sí se encuentra en situación patrimonial de reducción de capital obligatoria, en aplicación del artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que durante el ejercicio 2017 la sociedad tendrá que tomar medidas tendentes a conseguir el equilibrio patrimonial.

Es decir, traducido al idioma autóctono de quienes ni sabemos de finanzas ni usamos corbatas y camisas de seda, Navantia debería disolverse, pero como el dinero es de todos y a sus administradores les cuesta muy poco, unos cuantos (casualmente los causantes y cómplices del desastre) han decidido auto-otorgarle a Navantia (osea a ellos mismos y a los intereses que representan) un préstamo para camuflar las cuentas y permitir un nuevo salto en el vacío, algo así como un rescate como los que salvaron el negocio de los accionistas de los bancos pero ahora aplicado a la industria militar (que también es casualidad que sea una de las que financia la banca armada).

Más deuda a nuestras costillas y más gasto militar

¿Significa eso que nos va a salir gratis la broma de este “reflote” (véase la metáfora marítima que elegimos para más rechifla) de la industria de muerte?

Pues no. Significa monda y lirondamente más gasto militar, porque ¿adivinan de dónde saldrá el pastuco del préstamo de camuflaje?

¿Han pensado que de los presupuestos? Pues acertaron. Lo dice así el diario La Información y nos pone sobre la pista para anotar en 2017 dinero camuflado de gasto militar en la SEPI y para vigilar el presupuesto de 2018, donde es previsible que vuelvan a repetir la jugada

En los Presupuestos Generales de 2017 se concede a la SEPI una aportación de 1.210 millones para avalar a sus diferentes empresas, una cifra idéntica a la de 2016. El Gobierno, además, prevé que la Sociedad estatal acabe el año en pérdidas, con un resultado negativo de 149 millones.

El desastre productivo de Navantia

Pero este aspecto económico no lo es todo en el caos de Navantia.

Su eficacia productiva es inigualable.

Navantia nos ha empobrecido vendiendo al Estado unos submarinos que no flotan y han debido ser revisados innumerables veces.

Revisiones que han implicado aumento de la factura de producción de los mismos y aumento de la factura de reparación de los actualmente en uso para alargar su vida útil hasta que los nuevos ingenios de Navantia tengan a bien emerger del fondo marino donde los sitúa la incompetencia del personal “altamente cualificado” del que alardea el escalafón militarista, desde la ministra hacia abajo.

En efecto, el inicial proyecto de submarinos de Navantia supondría un coste de 1.796 millones de euros, pero ya vamos, sumados los sobrecostes del propio submarino y los gastos que ha implicado para reparar los antiguos y mantenerlos en uso, 3.013 millones de euros, según informamos en febrero de 2017. Y según el Secretario de Estado en su intervención en el Congreso para informar sobre los Programas Especiales de Armamento del pasado 2016, estas cantidades sólo permitirán poner en el agua el primero de los cuatro submarinos previstos, sin que se sepa el coste de los otros tres restantes.

Pero los errores de diseño de Navantia no son exclusivos de su empeño en submarinos con sobrepeso y alcanzan a otros productos de la naval, como los barcos de la clase Camberra que quiere vender a Australia, o el BPE Juan Carlos I como ya explicamos en otra entrada de mayo de este año.

¿Qué suerte habrían corrido las comarcas de Cádiz, Ferrol y Cartagena si el dinero invertido en mantener Navantia se hubiera invertido en reconversión y desarrollo?

Las cifras no engañan. Navantia ha recibido varios miles de millones del erario público en concepto de ayudas, subvenciones y aportaciones para mantenerla en pié.

La sola suma de las pérdidas de Navantia en los últimos diez años (pérdidas que cubre el Estado al margen de las ayudas y encargos que realiza a esta empresa) es escalofriante, con una media anual de más de 250 millones de euros y sin un plan viable de salida.

La explicación que nos han dado es que con ello contribuían a la cuestión social de Murcia, Cartagena y Ferrol, ampliamente dependientes de la industria naval militar.

Muchos de los contratos de Navantia no han tenido una finalidad, dijo un anterior Secretario de Estado de Defensa, desde el punto de vista militar, pues lo “encargado” o no se necesitaba o se podía conseguir mejor fuera, sino industrial, para fortalecer el sector naval militar.

Si contabilizamos todas estas ayudas, subvenciones, dinero invertido en encargos, sobrecostes de sus productos y dotaciones de pérdidas ¿no podría haberse cortado la sangría antes e invertido todo este dineral tirado a la basura para desarrollar de forma alternativa estas regiones?

Lo militar ha supuesto para Cartagena, Murcia o Cádiz dependencia, no progreso ni desarrollo y mantener incólume esta dinámica no puede sino condenar a estas regiones a más dependencia y peor futuro.

¿Por qué nadie reclama ese cambio de rumbo?

Si de lo que se trata es de sostener la viabilidad de las regiones referidas, ¿por qué no se invierten los más de 300 millones de perdidas de Navantia no en mantenerla viva, sino en el desarrollo de estas regiones?

¿Por qué no se incentiva una reconversión radical de Navantia y sus tecnologías hacia fines socialmente útiles y sectores sostenibles?

La respuesta es más que sencilla. Porque lo que se busca no es el desarrollo de estas regiones, sino el negocio lucrativo de unos pocos.

Paro y Navantia

Las cuentas anuales de Navantia de 2016, bastante edulcoradas, por cierto, nos aportan un dato más:

  • La plantilla de Naviantia a 31-12-2016 era de 5.296 personas únicamente.
  • La cifra de negocio de Navantia en 2016 ha sido de 710´08 millones de euros.
  • El resultado de Navantia en 2016 ha sido de 229,74 millones de euros.
  • Las inversiones en inmovilizado durante 2016 han sido de 170 millones de euros.
  • El patrimonio de Navantia se ha contabilizado por valor de 341,29 millones de euros.
  • Ha obtenido donaciones y subvenciones (principalmente de la Comunidad de Murcia, el Ministerio de Industria y la UE) por importe de 3,9 millones de euros.
  • el pago total de personal ha sido de 311´36  millones de euros, lo que equivale a un sueldo medio de 58.791 euros, cifra que, a la vista de las tablas salariales de su propio convenio, no cobra ni siquiera el 10% de su plantilla y que sobre la cifra de negocio anual supone un 43% de aquella.

Estas cifras despejan, a su vez, la idea de que Navantia ofrece mucho trabajo, únicamente 5.296 personas en unas regiones que cuentan con una población parada de cerca de 200.000 personas en la región de Cádiz (un paro de más del 33% de su población activa), más de 130.000 personas en la región de Murcia (cerca del 20% de parados) y con un paro en la comarca de Ferrol de 6.100 personas, un 24% de su población activa.

Navantia no es, vistas las cifras, ni una solución parcial al paro desmesurado y producto de una ínfima inversión en desarrollo de estas regiones.

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