La opacidad del Ministerio de Defensa en sus gastos publicitarios

Por Alejandro

Fuente:  Confilegal.

El Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos correspondientes van a estar obligados a facilitar los datos económicos de sus campañas publicitarias porque se lo ha impuesto una sentencia del 22-11-17.

La sentencia en cuestión desautoriza al Ministerio de Defensa y a su pretensión de correr un tupido y turbio velo sobre los gastos de sus campañas publicitarias, algo muy revelador, por lo que parece, de la política informativa tan manipuladora del Ministerio de Defensa.

Es el caso que una persona, al amparo de la ley de transparencia, pidió  que el Ministerio de Defensa le proporcionara información del listado de campañas realizada y presupuesto ejecutado tanto por el Ministerio de Defensa como por sus Organismos Autónomos, en el período 2012 a 2015, desglosado por medios de comunicación y solicitando los datos por año, presupuesto ejecutado, organismo, campaña, número de inscripciones, tarifa y medio de comunicación.

Defensa quiso impedirlo, dictando resolución el 15 de noviembre de 2016 en la que denegaba la mayor u daba una larga cambiada:

Se informa que el acceso a la información que se solicita, relativa al listado de campañas realizadas, organismo y presupuesto ejecutado del Ministerio de Defensa para los años 2012-2015, es público y se encuentra disponible en los planes e informes anuales de publicidad y comunicación institucional del Portal de Transparencia

y

La información solicitada relativa al número de inserciones, tarifa y medio de comunicación se encuentran incluidas en los planes de medios de las campañas de publicidad institucional difundidas en el mencionado periodo, para conseguir información con mayor detalle que el ofrecido en las páginas mencionadas, sería necesaria una acción previa de reelaboración, labor que implicaría la inadmisión de esta parte de la pregunta conforme al artículo 18.1 e) de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información pública y Buen Gobierno (LTAIBG).

Por otro lado, el acceso a otra información distinta a la publicada en el Portal de Transparencia o en las páginas indicadas podría suponer un perjuicio a los intereses económicos y comerciales de las empresas afectadas por los contratos, por lo que nos encontramos ante el supuesto del artículo 14.1.h) de la LTAIBG

El ciudadano despachado con un no tan insólito, recurrió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que por medio de su Presidente le dio la razón, ante lo que Defensa instó un recurso ante el Tribunal Central de lo Contencioso Administrativo, del que ha salido la sentencia que le enmienda la plana.

¿Por qué Defensa no quería proporcionar estos datos?, ¿es que había algo imperdonable en facilitar información tan lógica?

El juez, en su sentencia, da la razón al Presidente del Consejo de Transparencia,  y ratifica que la razón invocada por Defensa no es razonable, es un mero invento sin base legal:

En el presente caso, la resolución dictada por el MINISTERIO DE DEFENSA carece de toda motivación relativa a la aplicación de la indicada causa de inadmisión más allá de la mención a que la considera de aplicación

Ello por varias razones

No se puede entender que sea necesario volver a elaborar algo cuando ha quedado demostrado por lo indicado en los apartados anteriores de esta resolución que la información que pide el solicitante sobre los planes de medios es información que la empresa encargada de la campaña debe proporcionar al organismo responsable que, además, también debe informar detalladamente de la ejecución de la campaña

y

El derecho de acceso a los registros y documentos administrativos constituye un derecho de los ciudadanos de los llamados de la tercera generación. Está enraizado en el principio de transparencia administrativa, el cual responde a una nueva estructuración de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. Este derecho está reconocido por la Constitución en el artículo 105 b) […] El Tribunal Constitucional, considerando su valor sustantivo, ha estimado, en aplicación del principio de la fuerza normativa directa de la Constitución, que dicho precepto es directamente aplicable sin necesidad de esperar a su desarrollo legislativo

3) Resulta, pues, evidente, que, en aplicación directa de la norma constitucional, este derecho exige, con el fin de respetar su núcleo esencial integrado por el haz de facultades que lo hacen reconocible y la efectividad de los intereses del administrado a que responde, que se haga en un grado razonable asequible a los particulares, superando las limitaciones derivadas de su posición de inferioridad material frente a los poderes públicos, el adquirir conocimiento de los datos y documentos que puedan legítimamente interesarles, sin otras limitaciones que las que el propio precepto constitucional contempla («en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas») y las derivadas de las normas generales de procedimiento y de los principios de proporcionalidad, racionalidad y buena fe a que debe sujetarse el ejercicio de todo derecho.

De este modo, Defensa no tiene un derecho absoluto a limitar su información y salvo que exista una causa de suficiente entidad relacionada con la intimidad de otras personas, la averiguación de delitos o los intereses generales, la regla es que debe proporcionarse la información, por mucho que moleste al burócrata de turno.

Y en cuanto a los límites, explica el juez una cuarta argumentación

La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

Sigue la sentencia con otras consideraciones jurídicas que se refieren a la aplicación de las normas y de los procedimientos concretos, que igualmente señalan lo irrazonable de negarse a proporcionar información escondiéndose detrás de reglamentos y argumentos puramente formales, para añadir que la ley no sólo no prohíbe, como quiere Defensa, sino que justifica la aportación de esa información que Defensa se niega a dar.

Es lógico que se obligue a la administración a ofrecer información a los ciudadanos y a hacer transparentes unos gastos que no hay razón justificada para ocultar.

La sentencia tiene una especial importancia en lo que se refiere al Ministerio de Defensa, precisamente porque Defensa, y no sólo con los gastos de publicidad, es un agujero negro especialmente opaco.

Opacidad que, no en pocas ocasiones, viene acompañada de malas prácticas y una escandalosa situación.

Ejemplo de ello es el gasto militar, disperso y oculto en casi todos los ministerios y criticado no sólo por la sociedad civil o por grupos como el nuestro, sino también por la IGAE, por el Tribunal de Cuentas o por el propio Tribunal Constitucional.

A partir de ahora se redoblan las justificaciones para exigir a Defensa la transparencia de la que carece y demandar la información que con tanta fortuna se empeña en mantener en el limbo.

 

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AIRBUS quiere un centro logístico permanente en Albacete

Alejandro Román González

Fuente: Albaceteabierto

Aprovechando la entrega de los nuevos helicópteros Tigre al Ejército del Aire y al Ejército de Tierra, en acto con pompa y solemnidad, incluida la presencia de la Ministra de Defensa, la compañía AIRBUS, fabricante de los helicópteros, ha anunciado su intención de abrir en breve una planta de logística en el mismo Albacete.

El centro de logística proyectado tendría dos grandes enfoques: ser un centro de “excelencia industrial” para el fuselaje trasero de los modelos de AIRBUS, y ser centro nacional de soporte para dar servicios a las flotas de helicópteros ya en servicio.

Según el responsable de AIRBUS, señor Faury

este posible centro logístico supondría crear “empleo directo” en una planta donde ya se han generado alrededor de 500 empleos, y desarrollar el Parque Aeronáutico donde se ubica Airbus Helicopters

Entre los datos que ha ofrecido de la experiencia de diez años de producción de AIRBUS en Albacete, destaca que han entregado 180 nuevos helicópteros a las Fuerzas Armadas y que Airbus se ha situado como la primera empresa privada en facturación en la provincia y una de las cinco primeras de Castilla-La Mancha.

María Dolores de Cospedal, por su parte, ha destacado la importancia fabril de AIRBUS en Albacete, desde donde se han producido ya nueve NH-90 para Defensa, 18 helicópteros de asalto Tigre, y también los fuselajes delanteros de un centenar de NH-90 para otros clientes “nacionales e internacionales”, lo que en palabras de la ministra refleja que España no es solamente un país comprador de armas, sino un país capaz de contribuir con desarrollo tecnológico para tener sistemas aéreos avanzados propios.

Por su parte, el Alcalde de Albacete se ha mostrado entusiasmado por el anuncio de convertir Albacete en un centro de referencia para la industria militar,

” ya que se traducirá en la creación de empleos estables y de calidad, al tiempo que favorecerá el desarrollo industrial del Parque Aeronáutico y Logístico de nuestra ciudad”

De este modo, los parabienes de las autoridades, nacional y local, no han dejado de mostrar la sintonía de nuestras administraciones en apoyar a la industria militar y su apuesta por establecerse en Albacete de forma más intensa.

No han debido tener en cuenta las experiencias de otras zonas donde la propia industria militar ha generado un monocultivo que, a la larga, ha hecho depender todo el desarrollo de tales zonas de la bonanza de la industria militar, impidiendo un desarrollo alternativo y encadenando a la población a mayor o menor cantidad de encargos de armas y su venta, generalmente al exterior.

Una dependencia que ha empobrecido a estas zonas, juntando a la creciente depauperación asociada al monocultivo militar una creciente inseguridad global, al pasar a ser, además, punto de mira para los países amenazados por las armas fabricadas en estas factorías, y una creciente miseria ética, al convertirse en productores de armas usadas para exportar conflictos a otras zonas.

El apoyo del Alcalde de Albacete mucho nos hace temer que AIRBUS, como en otros lugares, gozará de un trato especial por parte del municipio. ¿Tendremos que investigar qué partidas o qué políticas municipales incorporan gasto militar encubierto para AIRBUS, o exenciones de impuestos, por ejemplo?

Tal vez Albacete merece un desarrollo igualmente apoyado desde las instituciones, de eso no nos cabe duda, pero alternativo a convertirse en un nuevo espacio ganado por la industria militar.

No en vano, los primeros insumisos enjuiciados en España lo fueron en Albacete y esa memoria pacifista sigue latente en la ciudad.

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Mapa de Discapacidad de las Fuerzas Armadas

Auroras+77

Por David Peinado

Fuente: Fundación ONCE.

La Fundación ONCE, bajo el amparo de un Convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Defensa, y con la financiación del Fondo Social Europeo, ha elaborado una radiografía de la discapacidad en las Fuerzas Armadas, en el documento “Mapa de Discapacidad de las Fuerzas Armadas” en el que se explica que en la actualidad hay 10.907 militares discapacitados (10.680 varones y 227 mujeres) y cobrando algún tipo de prestación por su situación, de ellos la mayoría (8.484 en concreto) en edad laboral (menos de 65 años).

el retrato robot del militar con discapacidad de las FAS que cobra algún tipo de prestación es el de un hombre (97,9%) con una edad media de 57,5 años,  que ingresó en las Fuerzas Armadas antes de cumplir los 20 años. Una vez retirado de la vida activa por su discapacidad, se concentra mayoritariamente en las zonas de más tradición militar, como son Cádiz (10%), La Coruña  (5,2%),  Murcia (7,2%), Sevilla (5,6%) o Madrid (12,7%).

Si atendemos a las posibilidades de inserción en otro tipo de actividades civiles, encontramos que en su mayoría se trata de una población envejecida y con escasas posibilidades de inserción laboral (más del 50% tienen entre 50 y 64 años) y los menores de 50 años (con mayores posibilidades de salidas laborales) agrupan al 27´4% del total.

De este modo, los esfuerzos por una integración laboral solamente son posibles respecto a algo menos de un tercio del total de esta población, y ´para el resto la integración posible no pasa por lo laboral, sino por medidas de índole social, exactamente igual que ocurre con los discapacitados del mundo civil sin posibilidad de acceso al trabajo.

Por el tipo de prestaciones que cobra, la mayoría, el 73,7%  reciben la ayuda correspondiente por Incapacidad Permanente Total ( impide para el trabajo específico en el que se declara la incapacidad, pero no para otro tipo de trabajo), seguido de un 17´6% que percibe por incapacidad permanente absoluta (no pueden trabajar en nada) y por un 8´7% que además son grandes inválidos (necesitan la asistencia de otra persona para atender a sus necesidades).

El mapa nos da algunos datos imprescindibles para aplicar políticas justas hacia estos discapacitados y debemos celebrarlo.

Políticas justas que, como hemos dicho en otras ocasiones, pasan por asimilar su condición a la de cualquier otro discapacitado, pues no hay razón para dos regímenes de tato diferentes entre la población civil y la militar a la hora de gozar de las prestaciones sociales y derechos.

Y ello nos pone en el punto de reivindicar, una vez más, la desaparición e integración en el sistema general del ISFAS, un instituto autónomo militar que duplica actividades que ya efectúan los correspondientes dispositivos civiles y que genera un gasto que podría aprovecharse mucho mejor y con más eficiencia.

Pero el panorama de discapacidad de las Fuerzas Armadas nos sitúa en un segundo plano, el de la tremenda población discapacitada que genera la actividad militar, algo que hace a los ejércitos en un oficio especialmente peligroso para los propios militares y que nos debería llevar a otro tipo de reflexión acerca del propio riesgo que conlleva el ejército.

Lamentablemente no hemos podido acceder al informe (no aparece en la página de la Fundación ONCE y no lo hemos encontrado en ninguna otra), para comprobar si, en dicho informe, se explican algunas dudas que nos podrían llevar a reflexiones complementarias, como por ejemplo, el modo en que se produjeron tales lesiones (no es lo mismo si en “operaciones en el exterior”, pongamos por caso, que en accidente en el cuartel u otro tipo de causa), el cuadro de prestaciones económicas y sociales que perciben, o el empleo concreto que tenían al momento de su discapacidad.

Datos que, a su vez, nos permitirían asociar este tipo de lesiones a determinado tipo de actividades y/o empleos, lo que incluye también el debate sobre el abandono de alguna de ellas, comprobar las prestaciones que perciben en relación a las que perciben los discapacitados de la sociedad civil, y el grado de “integración” que logran las políticas aplicadas por el sistema militar de protección social en relación al que se consigue con el sistema común aplicable a los civiles, a fin de desarrollar políticas igualatorias y de adopción de las mejores prácticas existentes en todos los casos.

 

 

 

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Nuevo ente en el Ministerio de Defensa: Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa

Imagen del Gobierno de Castilla La Mancha

Fuente:  Estrella Digital.

Antes era, simplemente, la Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa, ahora va a ser la Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa.  Nombre mucho más rimbombante y, esperan, más de acuerdo con la nueva categoría:  Subdirección General.  Además, se va a crear un gabinete y un gabinete técnico para el JEMAD.

La nueva Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa va a estar al mando, directamente, de la ministra Cospedal.  Nos alegramos porque estamos seguros de que ello le va a dar emoción, no en vano aún no acabamos de dar crédito al último alarde comunicativo de Cospedal con los dos humoristas rusos que la tomaron el pelo a base de bien, con ella, toda una ministra de Defensa, asumiendo cuantas trolas le querían contar, por muy increíbles que pareciesen.

Ahora, la Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa aunará bajo su mando todas las cuestiones concernientes a comunicación que antes estaban dispersas por las diversas estructuras del Ministerio de Defensa y de sus Organismos Autónomos Militares.  También asumirán las campañas de publicidad.  Es decir, serán los nuevos portavoces oficiales del Ministerio de Defensa.  Isabel Gil estará al frente de la nueva Dirección.

Son muchos los aspectos que hay que mejorar en el Ministerio de Defensa, pero esta es la primera reforma institucional que hace Cospedal, parece que lo que más le preocupa no es la eficacia de su ministerio, sino lo bien o mal que se venda.

¿Mejorará la transparencia informativa sobre el gasto militar del Ministerio de Defensa o será sólo un mero retoque publicitario?  Ya veremos, pero mucho nos tememos que …

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AUME hace lobby

Por Cristina Cifuentes

Fuente: La Vanguardia

AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles) tiene un nuevo Secretario General, Iñaky Unibaso, que, como no puede ser menos, lucha por los derechos sindicales de sus asociados y ofrece sus apuestas a quien quiere oírlas.

Ha explicado en un desayuno informativo mantenido con periódicos que uno de sus propósitos actuales es mantener reuniones con los distintos partidos parlamentarios para hacerles ver sus puntos de vista y propuestas, entre las que incluye la igualación salarial de los militares con la Policía y la Guardia Civil, que ganan más que ellos, y que los soldados mayores de 45 años puedan seguir reenganchándose al Ejército a partir de dicha edad.

No quiere soldados jóvenes (el principal argumento por el que Defensa no quiere soldados de más de 45 años es su edad), o no tan jóvenes, porque, dice, no estamos en los Tercios de Flandes (que al parecer eran todos unos pimpollos), y porque las nuevas acciones militares se basan más en la logística que en la juventud. Añade que en el ejército actual no todos tienen por qué ser guerreros (de hecho una gran parte son burocracia y oficialidad en dique seco).

Dice el Secretario General que un Soldado por término medio gana unos 15.000 euros anuales, mientras que un Guardia Civil o un Policía Nacional gana unos 20.000; y que un Sargento gana  unos 23.000 euros, mientras que un Sargento de la Policía Nacional supera los 29.000 y un Sargento de la Guardia Civil los 26.000, agravio mayor cuando miramos la retribución de un Teniente del Ejército, 27.000 euros, frente a los Tenientes de Guardia Civil y Policía Nacional superan los 31.000.

Está bien comparar la escala de sueldos con los de Policía y Guardia Civil, que tampoco son mancos, pero puestos a hablar de agravios, podría haberse comparado con los salarios medios en la sociedad civil y reivindicar, en justa correspondencia, un espectacular aumento de salarios de tantos millones de civiles subempleados, mal pagados y altamente cualificados. Y no hacer ni siquiera mención a este grave problema de toda la sociedad nos parece un tanto insolidario.

No debe concernirle al sindicalismo militar la desprotección laboral de los civiles, que ni son militares, ni Guardia Civiles o Policías, sino gente del común y desarmada.

Podría también haber abundado, a la hora de tratar el tema de los soldados mayores de 45 años, en el verdadero problema del ejército, ese que lo hace presupuestariamente inviable: el gran tema del gigantismo militar. Porque el meollo de la cuestión es que tenemos el enorme lastre de contar con muchos más efectivos de los que se necesitan y de gastar la inmensa mayoría del presupuesto del Ministerio de Defensa en pagar sueldos a militares que sobran y por no hacer nada. Pero debe ser que el sindicalismo militar sólo se fija en los intereses de sus asociados, no en la solución de los problemas de la sociedad.

Podía haber añadido, puestos a ello, que contamos con una reserva que paga más de 500 millones de euros al año a miles de oficiales que no se necesitan y que sobran, por la imprescindible actividad de tocarse las narices, sin atreverse a acabar con esta ofensa al sentido común. Pero debe ser que denunciar los privilegios propios tampoco hace al caso al sindicalismo militar.

Temas estos que, ya de paso, podrían mirar los políticos a los que van a vender el caramelo del agravio comparativo, desde un planteamiento alternativo de estas situaciones y del modo de resolverlas,  tal como ya abordados en el texto que, al efecto de los soldados mayores de 45 años, elaboramos hace poco más de 1 mes, y ya cuenta con más de 8.000 visitas.

Porque el mensaje del sindicalismo militar, por legítimo que se nos antoje, se centra demasiado en pedir una igualación que suena a defensa de intereses corporativo y egoísta, con deliberado olvido de los problemas de toda una sociedad, y  elude abordar problemas de índole estructural que afectan a la insostenibilidad y la sangría que supone un gigantismo militar anacrónico y que soportamos injustamente con nuestros impuestos.

Tal vez con un ejército menor y destinado a otras cosas, se podría pagar mejor a los soldados imprescindibles.

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¿Es la cooperación militar fundamental para la integración social europea?

Por Javier CruX

Fuente: Teinteresa.

Lo ha dicho la Ministra de Defensa española en sede parlamentaria y a preguntas de un diputado del PP:  la puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, por sus siglas en inglés) representa una herramienta fundamental para la integración social, política y económica de la Unión Europea

La integración social, política y económica europea, nos parecía a nosotros, tendría que ver con un proyecto compartido de lucha por y disfrute de derechos sociales, económicos y culturales; de intercambio de conocimiento y creatividad; de apuesta por la ciencia con rostro humano; de lucha por la promoción de los derechos humanos; de apuesta por promover la paz y el desarrollo y, en fin, todo ese elenco de promesas que ha constituido el difuso ideal europeo de hacer que las personas caminen con la cabeza erguida y el paso firme en la construcción de sociedades justas y de democracia real y no retórica.

Pero ahora resulta que la famosa integración que nos prometen las élites políticas es cuartelaria, quieren hacer una sociedad-cuartel, promueven una economía de guerra y desarrollan una política  de halcones, cuyo eje principal, dice la Ministra de Defensa española, es la cooperación militar, el músculo de guerra, la amenaza a la paz.

No nos vamos a integrar, pongamos por ejemplo, ratificando los protocolos aún por firmar de la Carta Social Europea, que impondría a España cosas tan curiosas como establecer unas condiciones mínimas de renta y de prestaciones sociales para evitar que nadie caiga en el umbral de la pobreza; o modificando las leyes para que ninguna persona sin solución habitacional pueda ser desahuciada de su casa por falta de medios, para cumplir así con otra exigencia europea o, en un tercer caso, ratificando la Convención de Derechos de los Trabajadores Migrantes, que permite tratar como seres humanos a los que nuestras políticas militares y de fronteras comunes trata como sospechosos y aplica las políticas de retorno…  Por no hablar de derechos culturales, ecológicos, de las mujeres, de las diversidades sexuales y de género…

Ni lo vamos a hacer promoviendo un orden mundial justo, como pide la ONU, o fomentando la cooperación científica, técnica o el desarrollo de otros pueblos.

Nos vamos a integrar con ejércitos, con política militar, con inversión en armas, con intervenciones militares en el exterior, participando de políticas mundiales injustas y de dominación.

Así ya hubo otras (nefastas) intentonas de integración europea imperialista que, paradójicamente, han dado lugar a grandes fracasos paneuropeistas y ecuménicos: el militarismo europeo, cada vez que ha asomado, no ha integrado a los pueblos europeos, ni ha colaborado con su desarrollo, únicamente les ha impuesto la bota militar y los ha subyugado bajo su peso.

De modo que la integración a la que aspira nuestra Ministra de Defensa y los políticos al uso no es la integración a la que aspiran las plurales sociedades europeas. Mientras la primera quiere un estado militarizado y un ejército como ultima ratio, la segunda quiere sociedades justas y la cooperación y noviolencia como su ratio propia.

Lo uno o lo otro, cañones o mantequilla, derechos humanos o bandos militares.

Lo malo es que los halcones nos están haciendo creer que no hay alternativa a sus malas ideas.

Y que no tenemos, en las instituciones, una política de paz con contenidos a oponer a su propaganda de guerra.

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Maniobras antiaéreas en Tarragona

Por Armada Española

Fuente: La Vanguardia.

Durante el próximo mes de Diciembre, Defensa ha tenido la feliz idea de programar una nueva operación ‘Eagle Eye’ , que se realizará en la provincia de Tarragona, con participación de los tres ejércitos (Tierra, Armada y Aire) y con el objetivo de entrenarse en una “defensa antiaérea” para cumplir la “función permanente de vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional“.

A comprobar la eficacia de estas maniobras “antiaéreas” tan inoportunas va a acudir la Ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, tal vez para dar más realce y empaque a las maniobras.

En las mismas participará lo más granado de nuestros aviones de guerra, los aviones EF-2000 del Ala 14, y de nuestra Armada, que llevará la  fragata ‘Almirante Juan de Borbón´ (¿por aquello de que el tal Borbón era Conde de Barcelona?).

Es llamativo que en plena resaca restauradora del discurso más nacionalista español, artículo 155 de la Constitución y todo en marcha, y en plena campaña electoral del PP en Cataluña, se realicen estas maniobras militares extemporáneas que, a todas luces, no parecen una necesidad vital ni, mucho menos, responden a una urgencia de ningún tipo, y coinciden con un momento crítico en la vida civil catalana. ¿O es que hay algún riesgo de necesitarse una defensa antiaérea sobre Tarragona?

Nuevamente, el uso político del Ejército como propaganda aparece como un elemento más del pintoresquismo propio de nuestra derecha más a la derecha y como otro nuevo ejemplo de su uso partidista de las Fuerzas Armadas, mascarón de proa de una política renacionalizadora y de estrechas miras que funciona como una apisonadora de las sensibilidades plurales que pululan por los pueblos ibéricos.

Una publicidad ésta de la Defensa Antiaérea sobre Cataluña que, dicho sea de paso, no sabemos cuánto nos va a costar, ni qué molestias va a suponer para los pueblos y su cotidiana vida pacífica, ni qué malas consecuencias nos va a acarrear. Como siempre.

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Anticorrupción solicita información a la Armada

Infantry+uniform

Por Thomas Quine

Fuente: Infolibre.

Informa el digital Infolibre de la investigación que ha abierto la Fiscalía Anticorrupción y que puede afectar a la Armada.

En concreto ha solicitado que le remitan seis expedientes de contratación de vestuario para la Armada y, dice la noticia, vigila las relaciones familiares existentes entre el General Francisco Suanzes, Director de Abastecimiento de la Armada, y la dueña del principal grupo adjudicatario (Grupo Iturri) del vestuario de la Armada, a la sazón la tía del general.

Para la Armada no hay problema alguno, porque la ley sólo prohíbe celebrar contratos con familiares de hasta segundo grado y la relación de parentesco sobrino-tía es un parentesco de cuarto grado.

De la página del grupo Iturri hemos sacado información que afirma que llevan surtiendo de uniformes a la Armada desde 2011 por medio de contratos plurianuales de vestuario tres años de duración.

El Grupo Iturri nutre de uniformes no sólo a la Armada, según hemos visto, sino a otros cuerpos militares.

Tal vez la relación familiar, por sí sola, no sea un elemento objetivo de ilegalidad, pero no cabe duda que habiendo por medio un familiar tan directo, aunque no sea de segundo grado, la cosa huele, como poco, rara y la prudencia exigiría cuando menos evitar participar de la contratación en que estén involucrados familiares. No es de extrañar, por ello, que la fiscalía quiera conocer estos expedientes por si van más allá de la escrupulosa legalidad.

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2´67 millones de euros más para el PEAS de los vehículos 8×8

Ad-hoc+Mosaics.

Allied Joint Force Command Brunssum

Fuente: La Moncloa

El Consejo de Ministros del 17 de noviembre permitió comprometer otra partida más de gasto militar para los programas especiales de armamento (PEAS).

En este caso encubierta en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

La nota del Consejo de Ministros dice así:

… se autoriza al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a celebrar con la Unión Temporal de Empresas denominada Indra Sistemas, S.A.- Santa Bárbara Sistemas, S.A.- Sapa Operaciones,S.L. (UTE vcr 8×8) una primera adenda al convenio de colaboración para la ejecución de programas tecnológicos asociados al futuro vehículo de combate sobre ruedas 8×8.

Esta nueva autorización aumenta la financiación del programa en 2.671.680 euros, hasta un presupuesto total de 91.969.680 euros.

Estos 91.969.680 €, maravíllense, son sólo para los 5 demostradores tecnológicos, según informa Infodefensa.  Suponemos que serán prototipos.  Y no está mal el asunto, cada prototipo o demostrador tecnológico nos sale por casi 20 millones de €.  Y aún no son operativos, ni nada.

La fase de producción está prevista para 2019.

También aumenta el plazo máximo de ejecución del expediente, que se extiende hasta el 2 de noviembre de 2018.  Es decir, otro nuevo atraso en la entrega de la industria militar que se caracteriza, con tozudez, por su impericia.

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Defensa no prevé de momento gastar en los F-35 americanos

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C Watts

Fuente: Agencia Europa Press.

A raíz de las noticias difundidas por diversos medios de comunicación con motivo de la visita de Rajoy al Presidente de EE.UU., afirmando que España tenía interés en comprar los carísimos F-35 para la Armada y el Ejército del Aire, una diputada de PDeCat hizo una pregunta parlamentaria, cuestionando esta supuesta inversión multimillonaria.

La respuesta del Ministerio de Defensa, como tantas otras que hemos visto antes, no tiene desperdicio y es un claro ejemplo de la falta de claridad con la que contestan a las pretensiones de control por parte de los diputados:

El planeamiento de recursos financieros y materiales del proceso de Planeamiento de la Defensa no contempla actualmente la inversión que se refiere.

Una respuesta que nos deja perplejos, pues en realidad responder, lo que se dice responder, responde. Pero eso sí, responde sin decir nada claramente, que es tanto como no responder.

Veamos:

  • ¿El hecho de que el planeamiento de recursos financieros no contempla este gasto, quiere decir que no es un gasto previsto?, ¿qué no es un gasto contemplado en algún otro sitio del Ministerio de Defensa?
  • La palabrita “actualmente” ¿quiere matizar la respuesta negativa?; ¿no lo contemplan actualmente, pero sí a futuro?
  • En definitiva, ¿se piensan gastar estos señores tan burocráticos y opacos en sus respuestas seis mil millones de euros (6.000 millones, que se dice pronto) en aviones de combate F-35?
  • ¿Han contado con alguien sensato para tal dispendio?

De los aviones F-35 ya nos encargamos en julio de este mismo año en una entrada de este blog, en la que denunciábamos los engaños y turbiedades que existían en las negociaciones y presiones para que las Fuerzas Armadas españolas se hagan con estos sofisticados, defectuosos y carísimos aparatos.

Ahora el Ministerio ha decidido zanjar el asunto (sobre todo para la opinión pública, para el debate social y para el Parlamento) “de momento”.

Inquietante.

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