Archive for zonas de interés para la defensa

El Ministerio de Defensa hace negocio con los bares

Imagen de Sven Sivertssen

Fuentes:  Infodefensa 1 y 2

Os damos noticia de un par de informaciones sobre concursos abiertos por el Ministerio de Defensa:

  • La Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal para el suministro de explotación del servicio de bares y comedor en la Residencia Militar de Descanso “La Plana” en Castellón.  El importe total son 692.750 €.
  • La misma Jefatura, para el suministro de explotación del servicio, restauración, bares y cafeterías del Centro Deportivo y Sociocultural Militar “El Soto” de Zaragoza.  El importe es de 499.125 €.

El total son 1.191.875 €.  Todo por la felicidad de los militares.

Nuestro análisis es el siguiente:

  • Nos parece un despilfarro que con cargo a los presupuestos del Ministerio de Defensa se esté gastando más de 1 millón de € en dos bares-restaurantes de Zaragoza y Castellón.
  • ¿Cuánto se gastará en otros bares-restaurantes similares de los que aún no hemos tenido noticias?
  • Estos clubes militares de ocio, deporte y recreo, ¿deberían estar pagados por el erario público?  ¿No son, más bien, un lujo que intenta, otra vez, favorecer a los militares frente a las altas necesidades de gasto social existentes en el país?
  • ¿Pagan IVI y los demás impuestos estos establecimientos de restauración que, claramente, no tienen nada que ver con la Defensa Nacional, o están sujetos también a esa arbitraria declaración de Zona de Interés de la Defensa, que decide el propio Ministerio de Defensa y que les exime de obligaciones con el resto de la sociedad como indicábamos en nuestro estudio:  “Antimilitarismo y elecciones municipales y autonómicas 2015“?
  • Datos como estos son los que nos hace ver como necesaria y urgente una auditoría independiente de los gastos del Ministerio de Defensa.

Como se ve, el dinero que manejan estos bares-restaurantes exclusivos de militares es muy alto.  Si la licitación es de casi 1’2 millones de €, ¿cuántos millones dejarán estos negocios?

Luego nos extraña que el Ministerio de Defensa sea el segundo que más ingresos logra reflejar en los presupuestos anuales como decíamos en el artículo anterior:  Defensa, uno de los ministerios que más ingresa.

El despilfarro de la base naval militar de Las Palmas

Imagen de Geert Weggen

Fuente:  El Conficencial Digital.

¿Se pensaban que por cambiar de año iban a cambiar las costumbres militares?  Pues no.

Otro año más volvemos al, cada vez más enorme, tema del despilfarro militar.  Poco importa que lo que tienen se lo deban, en su mayor parte a los impuestos que pagamos los civiles.  Cuando un euro llega a sus arcas ya no vuelve al sector civil.  Ni el euro, ni los servicios que se podrían compartir entre militares y civiles.

Ahora son los canarios los que protestan por enterarse de que la base naval militar y el Club Náutico de la isla disponen de instalaciones deportivas (dos piscinas y otras instalaciones) a las que no tienen acceso los civiles.

Todo surge de manera inintencionada al difundirse unas imágenes fabulosas que pretenden fomentar el turismo en Canarias.  En ellas, gracias a que están hechas desde el cielo, se ven las instalaciones militares y los privilegios de los que disfrutan los uniformados.

Nosotros añadimos al debate algunos puntos que deberían estudiarse por los canarios:

  • ¿Están afectados estos terrenos al interés de la Defensa?
  • ¿Es legítimo que lo estén, teniendo en cuenta que sólo defienden los privilegios y el modo de vida elitista de los militares?
  • ¿Pagan IBI estas instalaciones, o se les olvida como en muchas instalaciones militares que aunque están afectadas por el interés de la Defensa, no tienen que ver nada con este concepto (piscinas, instalaciones deportivas, cantinas militares, …?

La remilitarización en Egipto y sus lecciones para España

Imagen de Kalasniblog

Imagen de Kalasniblog

Fuente:  El País.

Ya en agosto de 2013 nos hacíamos eco de que la remilitarización de Egipto era el peor negocio para la población.  Entonces titulábamos el artículo de esta manera:

Los militares egipcios y el militarismo yanki agravan el conflicto egipcio.

Más de 3 años después se confirman los funestos augurios:

Casi seis años después de la Revolución, la economía egipcia todavía no levanta cabeza: su crecimiento es anémico, la deuda se expande a un ritmo galopante y los consumidores padecen escasez de algunos productos básicos. En cambio, los negocios de las Fuerzas Armadas van viento en popa. A pesar del halo de secretismo que envuelve las actividades empresariales de la institución, algunos informes apuntan a que ha ampliado de forma notable su presencia en varios sectores durante los últimos años, bajo la presidencia del mariscal Abdelfatá al Sisi.

El grado de dependencia militar de la economía egipcia es considerable y muy preocupante:

Los proyectos económicos de las Fuerzas Armadas se realizan normalmente a través de cuatro partes: los proyectos de servicios Autoridad Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, la Autoridad Nacional de Producción Militar, dependiente del Ministerio de la Producción Militar y la Organización árabe independiente para la industrialización, los tres de los cuales son responsables de  un gran número de fábricas y empresas. La cuarta parte es la Autoridad de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, que se dedica a proyectos de infraestructuras civiles y militares.

En Egipto son continuas las noticias de que diversos ministerios (Ministerio de Dotaciones, Ministerio de Fomento, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, …) renuncian a sus competencias para que sean desarrolladas por cualquier organismo militar paralelo.

El Ministerio de Defensa no sólo construye las carreteras, sino que además, dado que consideran a las carreteras como áreas estratégicas de importancia militar, Al Sisi les ha asignado la propiedad de sus laterales (en 2 km de profundidad):

En junio pasado Sisi emitió el Decreto 233/2016, que asigna los tramos de terreno a ambos lados de las carreteras construidas por el Ministerio de Defensa, que mide 2 km de profundidad, a las Fuerzas Armadas. El Ministerio considera que estas áreas estratégicas de importancia militar que no puede ser transmitida a la propiedad privada. Veintiún carreteras se vieron afectados por este decreto.

Pero esto no es todo, también una agencia dependiente del Ejército egipcio es la que fabrica los medicamentos oncológicos, otra se encarga de la importación de leche para lactantes, así como de la importación de diversos productos sanitarios.

En el mundo de la educación, el Ejército Egipcio también ha construido colegios y han sido elegidos para supervisar los servicios de alimentación y vivienda para los estudiantes.

En el sector energético, también hay actividad de las Fuerzas Armadas de Egipto:  así, han firmado acuerdos con China para construir planta de producción de energía solar y otro para producir unidades de aire acondicionado.

También ha habido 3 decretos para encargar a los militares, dotándoles de tierras públicas, de construir 3 piscifactorías.

Al menos 3 proyectos de restauración de su patrimonio cultural han sido realizados por los militares.

Pero no acaba aquí la militarización de Egipto.  Ahora empezamos con los privilegios militares:

En estos últimos años pasados, las actividades económicas de las Fuerzas Armadas han disfrutado de una serie de privilegios legislativos. En abril de 2012 el Parlamento aprobó las enmiendas a la Ley Militar Judicial 25/1966 que identifican la justicia militar como la única autoridad encargada de investigar los casos de ganancias ilícitas por parte de agentes militares, ninguno de los cuales han sido investigados antes de su retiro.

Sobhy emitió un decreto en junio pasado la exención de 574 instalaciones militares de impuesto sobre bienes inmuebles, incluyendo 52 clubes, 29 hoteles, 18 estaciones de verano y ocho salas de cine y teatros, además de una serie de edificios, espacios, sucursales de supermercados, mataderos mecanizados, edificios residenciales y villas .

En diciembre pasado Sisi emitió el Decreto 446/2016 tierras regulación desocupadas por las Fuerzas Armadas, ordenando que sus ingresos se utilizarán para la construcción de nuevas zonas militares.

Este decreto permitió a las Fuerzas Armadas para que establezcan empresas, ya sea por sí solo o con capital nacional o extranjero. También permitió la Compañía Nacional de Desarrollo de Recursos de pescado, afiliada a la Autoridad Nacional de Proyectos de Servicio, para establecer una empresa conjunta piscicultura con un inversor de Arabia Saudita y una empresa alemana especializada en la cría de peces de atún, (Compañía Internacional de Productos Marinos).

Las Fuerzas Armadas también goza de una ventaja competitiva adicional, ya que la mayor parte de su fuerza de trabajo se compone de los reclutas que no están sujetos a las leyes de trabajo civil.

Toda esta vorágine remilitarizadora está consiguiendo dos cosas:

  • Aumentar escandalosamente el PIB militar egipcio:

“No hay forma de conseguir una estimación correcta del volumen de la economía militar… Pero yo lo situaría entorno al 4% o al 5% del PIB, incluyendo solo las compañías que poseen formalmente”, sostiene un reputado economista egipcio que prefiere guardar el anonimato a causa de la sensibilidad del asunto.

  • Como decíamos al principio del artículo:  estancar la economía egipcia y empobrecer a sus ciudadanos.

¿Son necesarias más pruebas para demostrar la hecatombe que supone militarizar la economía?

La práctica políticas militaristas de Egipto nos suenan muy lejanas y antiguas.  Muchos podéis pensar que en España ya no ocurre eso.  Sin embargo, estaría bien que os dieseis una vuelta por nuestro informe Gasto Militar 2016 para comprobar que en España, al menos, ya se dedica un 2’7 % del PIB  a lo militar y que 12 de los 13 ministerios actuales esconden gasto militar.

¿Son necesarias más pruebas para que España y los ayuntamientos y provincias más militarizadas:  Ferrol, Cádiz, Cartagena, Zaragoza, Madrid, se den cuenta de que poner en manos militares la economía, la educación, la sanidad, la industria, …, es la peor apuesta de futuro que se puede hacer?

El inmoral despilfarro de la Junta de Bardenas

Imagen de Manuel Fernández

Imagen de Manuel Fernández

Fuente:  Deia.

Hace poco titulábamos:  “Que dimitan todos los implicados en el mantenimiento del campo militar de Bardenas Reales“.  Parece, por lo que sigue, que no exagerábamos:

La Junta de Bardenas Reales, entidad responsable de la gestión y mantenimiento del parque natural en el que se ubica el polígono de tiro del Ejército, ha gastado una media de 40.000 euros anuales los últimos diez años en “atenciones protocolarias y representativas”. Cerca de 400.000 euros en una década, en muchos casos además sin que conste motivación ni destinatario del desembolso, y en ocasiones incluso sin que esté justificado documentalmente.

La Junta de Bardenas ya quedó en ridículo y en entredicho cuando se supo que su órgano asesor no se reunía desde hacía 16 años.  Ahora nos cuentan que aunque no se reunían sí que gastaban en protocolo.  Y de manera desaforada.

Un gasto llamativo por su ambigüedad y dotación en una entidad formada por apenas una treintena de personas entre miembros de la junta y empleados, y sobre el que ya puso el foco el tribunal de cuentas navarro, que en 2011 emplazó a detallar “el motivo y los destinatarios” de una partida que da margen para la discrecionalidad de comidas y viajes de los congozantes. Y que aunque se ha moderado en los últimos ejercicios, mantiene una asignación de 30.000 euros para este año.

La de protocolo es una partida habitual en los presupuestos de la Comunidad de Bardenas, que entre 2009 y 2012 llegó a superar los 60.000 euros de previsión y los 40.000 en ejecución. Tres veces más de lo que Tudela destina a protocolo, y casi lo mismo que Iruñea, y eso que en el caso del Ayuntamiento de la capital se incluyen los actos de Sanfermines.

Ahora vamos entendiendo bien qué supone el canon que paga el Ministerio de Defensa para la Junta de Bardenas:

  • Hasta ahora pensábamos que con ello compraban a los ayuntamientos para que no se negasen a la militarización de sus tierras.
  • Ahora comprendemos que, sobre todo, lo que buscaban es tener contentos a los que mandan y legitiman la base militar.  Para que lo hiciesen con una estructura opaca, nada democrática y dilapidadora.

¿En qué han gastado estos milies de € anuales?

Prebendas como suculentas cestas de Navidad. O como los viajes de una semana con gastos pagados para visitar parques naturales en Senegal, Costa Rica, Lanzarote o Argentina. Otorgados a dedo en su mayoría por el presidente. O como el pago “por asistencia a reuniones y conferencias”. Los privilegios, y hasta enriquecimiento descontrolado, de los miembros de la Junta son merecedores de una explicación pública por parte de sus responsables.

Como todos tienen que callar, nadie de la Junta de Bardenas se va a oponer a que las cosas sigan como hasta ahora, sin democratizar la toma de decisiones, y sin informar a los pueblos de qué ocurre realmente en las maniobras militares.

Casi la mitad del presupuesto se reparte así entre las 22 entidades congozantes, responsables de elegir a su órgano directivo y que desde 2009 reciben 195.000 euros cada uno para gastos de ámbito municipal. Casi dos millones más se dedican a afrontar préstamos y el resto se destina a la gestión y mantenimiento del parque.

En este último apartado tradicionalmente se han reservado diversas partidas, de cantidades entre 40.000 y 100.000 euros y no siempre transparentes, para actividades y retribuciones de los miembros de la Junta. Entre ellas la de gastos de protocolo de una entidad que sin actividad pública que no da servicio directo a los ciudadanos.

Lo que nos hace deducir que el servicio directo, si no se lo dan a los ciudadanos, se lo dan entre ellos y a los militares que les subsidian.

La Junta de Bardenas no tiene que dar cuentas a los ciudadanos, sino a los representantes de los ayuntamientos, valles y monasterio congozantes.  Son ellos, por tanto, los responsables secundarios de este despilfarro.

No a la militarización de la Vuelta Ciclista a España

Imagen de Julio Alexander

Fuente:  Defensa.com

La noticia nos parece surrealista.  Nos habla de que se está haciendo una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).  En ella se presentan dos de las etapas que van conformar la Vuelta Ciclista a España.

Pues bien, en este marco se nos cuela que el general de brigada Francisco Miguel Almerich Simó, Jefe del Sistema de Mando y Control Aéreo fue invitado a hablar y dijo que:

La seguridad es fundamental para el turismo

 

Imagen de www.beevoz.com

 

Pero para nuestro ejército mezclar churras con merinas y aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para seguir con su campaña de autobombo es algo normal.  Y son capaces de explicarlo diciendo que la habitual colaboración de las Fuerzas Armadas con los grandes eventos deportivos contribuye a que la gente sea consciente del trabajo de los militares.  Además, envalentonado y lanzado ya, como buen piloto, acabó diciendo que la actuación de los militares es fundamental para el turismo.

Imagen de Alessandro Prada

 

Para acabar la historia hay que decir que la Vuelta Ciclista de este año tendrá una etapa que acabará en la sede del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5, en el pico de Aitana.

Por nuestra parte, insistimos en que en varios puntos del territorio español se está luchando contra la militarización del territorio.  Uno de ello es la sierra de Aitana.  Ya son más de una decena de marchas convocadas contra la militarización de esta sierra y ya han sido varios los problemas que han tenido los antimilitaristas por actos tan duros como poner una bandera de la paz en la base militar de Aitana.  Por ello les denunció el ejército y por ello un juez les absolvió.  Los militares niegan el paso a los pacifistas alegando que la Sierra de Aitana es su coto privado porque está declarado como Zona de Interés para la Defensa, pero se lo conceden a la Vuelta, a cambio de publicidad gratuita.

Es una pena que un deporte tan popular como el ciclismo se militarice y nos intente militarizar sirviendo de altavoz publicitario al militarismo.  Sus directivos deberían repensarse su ética, tantas veces cuestionada por cuestiones deportivas y ahora, también, por cuestiones sociales.

Antimilitarismo y elecciones municipales y autonómicas

Hasta ahora cuando llegaban las elecciones municipales y autonómicas se solía pensar que no era el momento del debate militarismo-antimilitarismo.  Se veían mucho más claro centrar este debate en los comicios generales y en las propuestas generalistas que “ofertaban” los partidos en liza (por cierto siempre referidas a pequeñas reformas cosméticas pero sin entrar en el nucleo de preguntas que el antimilitarismo formula a la sociedad.

Sólo algunos grupos intentaban que se reconociesen como importantes temas muy locales y pegados a sus preocupaciones habituales:  campos de tiro próximos, campamentos militares que molestaban, etc.  Pero un debate más general y pormenorizado no lo habíamos abordado con intenciones de trascender a la agenda de los partidos políticos con fuerza.

Hemos querido ofrecer un material que desvela que lo militar sí afecta al ámbito local y autonómico en gran medida.

Además, con la propuesta que os ofrecemos pensamos que cubrimos, al menos en parte, porque todo es susceptible de ser mejorado, el aspecto propositivo que ha de caracterizar al antimilitarismo y a la noviolencia.  Por ello hay un capítulo de 8 páginas que hemos titulado “Cultura de paz” en el que hay muchas propuestas para construir la paz desde municipios y Comunidades Autónomas tanto antes como durante y después de una guerra.

Como siempre, esperamos que os guste.

Además, agradeceríamos comentarios, enlaces con informaciones de nuevos temas a tratar, propuestas y correcciones para mejorar este trabajo.

Y también quedamos a la espera de que a algún grupo le interese el debate mediante una charla específica con los partidos de su zona.

Antimilitarismo y Elecciones Municipales y Autonómicas 2015 by Colectivo Utopía Contagiosa

 

 

 

 

 

 

 

Defensa no paga el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles)

Imagen de Jorge Megía Peralta

Fuente:  Gasto Militar 2015.

Otra de las características de nuestros sistema de defensa es la existencia de una serie de privilegios que permiten transferir costes y cargas militares a la sociedad en general, principalmente por la vía de la exención del pago de determinados impuestos de la que gozan las instituciones castrenses, y por la vía de ingresos “atípicos” que proceden de las facturas que los ejércitos nos pasan a la sociedad en su conjunto y de los ingresos por la venta y uso en exclusiva del ingente patrimonio militar.
En cuanto a las exenciones fiscales de las que gozan los ejércitos, conviene tener en cuenta que la legislación española ha permitido un régimen privilegiado en lo relativo a las cargas impositivas en relación con lo militar desde tiempo inmemorial. La exención y el privilegio del que disfruta Defensa en la no contribución de determinadas cargas fiscales a favor de los ejércitos, como ocurre con otras instituciones, afectan a todos los ciudadanos.
Un estudio elaborado por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional en 2009 se ocupa ampliamente de este aspecto, reseñando los tres grandes apartados que afectan al régimen de exenciones fiscales:
  •  los relativos a la exención del IBI de los establecimientos militares,
  • la exención del IBI de los bienes “afectos a la defensa nacional y a la seguridad ciudadana”
  • y los relativos a las exenciones impositivas de los materiales de interés militar traficados con otros países de la OTAN 
 Por lo que respecta a la incidencia de lo militar en el sistema de financiación de la administración local, la legislación española ofrece exenciones del IBI a lo militar, que en definitiva sirve para la financiación de los servicios principales de los ayuntamientos.  La falta de pago del ingente patrimonio inmobiliario de los ejércitos de este impuesto no implica que tengan, por contrapartida, peor alumbrado, alcantarillado, servicios de viales y accesos, u otros, sino que la contribución que el militarismo no realiza repercute sobre el resto de la sociedad, que sufraga estas necesidades sin la necesaria solidaridad militar.
Es importante referir esta realidad porque a la línea oficial del Ministerio de Defensa se le llena la boca con quejas de la escasa participación de la sociedad en el esfuerzo con la Defensa, cuando, como se ve, el esfuerzo de la sociedad es inconmensurable. El IBI, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 se considera
 
“Un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienesinmuebles en los términos establecidos en esta Ley”.
 
Conforme al artículo 61 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, el hecho imponible de este impuesto es :
 
«La titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles,urbanos y rústicos y sobre los inmuebles de características especiales: a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos. b) De un derecho real de superficie. c)De un derecho real de usufructo. d) Del derecho de propiedad.»
 Aunque es ciertamente difícil cuantificar el ingente patrimonio inmobiliario, rústico y urbano, de los ejércitos (cuantificación que ni siquiera se ha conseguido con el PREPIDEF de 2012, plan especial del Ministerio de Defensa para la optimización y explotación de este patrimonio), lo cierto es que cuando menos:
El número de propiedades de Defensa es superior a las 2.000, que ocupan 140.000 hectáreas. De éstas, un 93% son terreno rústico, en tanto que la superficie ocupada por terreno urbano alcanza las 10.000 hectáreas. Las distintas propiedades se encuentran diseminadas por las 17 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, esparciéndose por 40 provincias.  Resulta significativo el dato de que tan sólo 72 grandes propiedades abarcan el 82% de los terrenos de Defensa, con una superficie de 116.000 hectáreas
Conforme a la legislación comentada, las cuotas tributarias de este impuesto vienen a suponer entre un 4% a un 11% del valor catastral de los inmuebles (efectuadas las reducciones que la ley pueda haber autorizado) en el caso de bienes urbanos y entre un 3 a un 9% en el caso de bienes rústicos. 
El régimen de exención del que goza, por ley, el patrimonio del Ministerio de Defensa equivale, por tanto a dejar de pagar en concepto de IBI anualmente entre un 4 a un 11% del valor catastral de los terrenos urbanos del Ministerio de Defensa y entre un 3 y un 9% de los rústicos, una cantidad desorbitada y que no nos hemos atrevido a calcular.
El art. 64.a de la Ley ofrece una exención del impuesto a los bienes afectos a la defensa:
Gozarán de exención los siguientes bienes:  a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, y que estén directamente afectos a la Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y a los Servicios Educativos y Penitenciarios; asimismo, las carreteras, los caminos, los del dominio público marítimo terrestre e hidráulico y las demás vías terrestres que sean de aprovechamiento público y gratuito.»
 Y la Disposición Adicional Novena de la norma estableció
«A partir de 31 de diciembre de 1989 quedarán suprimidos cuantos beneficios fiscales estuvieren establecidos en los tributos locales, tanto de forma genérica como específica en toda clase de disposiciones distintas de las de Régimen Local, sin que su actual vigencia pueda ser invocada respecto de ninguno de los tributos regulados en la presente Ley; lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el apartado segundo de la Disposición Transitoria Segunda…»
Y la Disposición Adicional Segunda establecía
Quién a la fecha de comienzo de aplicación del IBI goce de cualquier clase de beneficio fiscal en la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria o en la Contribución Territorial Urbana, continuarán disfrutando de los mismos en el Impuesto citado en primer lugar, hasta la fecha de su extinción y si no tuvieran término de disfrute hasta el 31 de diciembre de 1992, inclusive
El Ministerio de Defensa, ante esta tesitura, dictó una serie de disposiciones para poner a buen resguardo el patrimonio militar, declarando todo inmueble del que tuvo constancia de su titularidad fuera declarado de interés para la defensa, una bonita muestra de la solidaridad militar.
Pues bien, a pesar de todo ello, diversos ayuntamientos donde el patrimonio militar tiene un enorme impacto, han pretendido que Defensa contribuya por el IBI, como en buena lógica debería ocurrir si no fuera por la curiosa aplicación de la ley del embudo que acompaña a lo militar.
Así, el Ayuntamiento de Torrejón ha reclamado en diversos momentos el IBI por la ocupación de la base de Torrejón, habiendo reclamado hasta 2002 la cantidad de 4,5 millones de € (donde además de las instalaciones militares hay un campo de golf, piscinas y diversas instalaciones civiles,con suerte adversa, hasta que en 2013 consiguió recaudar 552.488,45 por IBI al no haber recurrido a tiempo el Ministerio la sentencia judicial que así lo estableció.
También el Ayuntamiento de Ávila reclamó el IBI por el Archivo militar, por importe de
15.970,51 €, recibiendo sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 15 de junio de 2012.
También el Ayuntamiento de Cartagena viene reclamando el IBI a Defensa. En 2012 reclamó IBI atrasado por 42 inmuebles y valor de 3,62 millones de €, habiendo reclamado los años sucesivos sin que, hasta la fecha, Defensa haya abonado ni un euro. 
Lo mismo sucede con Ferrol, donde Navantia, empresa militar de titularidad pública, pretendía marcharse de rositas sin pagar el IBI, unos 600.000 € anuales, hasta que el Tribunal Europeo de Justicia ha considerado que es ilegal esta exención porque supondría una subvención encubierta a las industrias navales
El suma y sigue de los municipios con litigios con el ejército es extenso y nos permite considerar que esta exención supone una enorme e injustificada contribución de los ciudadanos al coste militar, en términos de que lo que deja de pagar el ejército por el uso del territorio (al margen de la degradación a la que lo militar lo somete frecuentemente) implica una traslación de la carga militar al resto de la sociedad.
Tampoco el ejército paga determinadas tasas municipales, como son las de residuos, vados, reservas de plazas y otras similares.
Pero esta contribución de los municipios al coste militar no es su única contribución.  Existen también convenios de índole municipal que ofrecen privilegios y facilidades a los militares en el ámbito municipal, como los firmados por más de una docena de municipios de la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid a la cabeza, para que el 20% de las plazas policiales de éstos se reserven a personal militar.
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