Archive for violencia económica

El Ministerio de Defensa hace negocio con los bares

Imagen de Sven Sivertssen

Fuentes:  Infodefensa 1 y 2

Os damos noticia de un par de informaciones sobre concursos abiertos por el Ministerio de Defensa:

  • La Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal para el suministro de explotación del servicio de bares y comedor en la Residencia Militar de Descanso “La Plana” en Castellón.  El importe total son 692.750 €.
  • La misma Jefatura, para el suministro de explotación del servicio, restauración, bares y cafeterías del Centro Deportivo y Sociocultural Militar “El Soto” de Zaragoza.  El importe es de 499.125 €.

El total son 1.191.875 €.  Todo por la felicidad de los militares.

Nuestro análisis es el siguiente:

  • Nos parece un despilfarro que con cargo a los presupuestos del Ministerio de Defensa se esté gastando más de 1 millón de € en dos bares-restaurantes de Zaragoza y Castellón.
  • ¿Cuánto se gastará en otros bares-restaurantes similares de los que aún no hemos tenido noticias?
  • Estos clubes militares de ocio, deporte y recreo, ¿deberían estar pagados por el erario público?  ¿No son, más bien, un lujo que intenta, otra vez, favorecer a los militares frente a las altas necesidades de gasto social existentes en el país?
  • ¿Pagan IVI y los demás impuestos estos establecimientos de restauración que, claramente, no tienen nada que ver con la Defensa Nacional, o están sujetos también a esa arbitraria declaración de Zona de Interés de la Defensa, que decide el propio Ministerio de Defensa y que les exime de obligaciones con el resto de la sociedad como indicábamos en nuestro estudio:  “Antimilitarismo y elecciones municipales y autonómicas 2015“?
  • Datos como estos son los que nos hace ver como necesaria y urgente una auditoría independiente de los gastos del Ministerio de Defensa.

Como se ve, el dinero que manejan estos bares-restaurantes exclusivos de militares es muy alto.  Si la licitación es de casi 1’2 millones de €, ¿cuántos millones dejarán estos negocios?

Luego nos extraña que el Ministerio de Defensa sea el segundo que más ingresos logra reflejar en los presupuestos anuales como decíamos en el artículo anterior:  Defensa, uno de los ministerios que más ingresa.

Dossier informativo contra la Feria de Armas HOMSEC

La coordinadora Desarma Madrid ha realizado un dossier informativo contra la Feria de Armas HOMSEC que se “celebrará” entre el 14 y el 16 de marzo en el IFEMA de Madrid.

En el dossier se habla de:

 1.- La historia de las anteriores ferias, esta es la 6ª.

2.-  La justificación que se hace de HOMSES por sus promotores.

3.-  Los promotores de HOMSEC, militares de alta graduación retirados que ahora hacen negocio con el comercio de armas.  Algunos de ellos son ex golpistas del 23-F

4.-  Una breve contextualización del comercio de armas.

5.-  El rechazo social a HOMSEC.

6.-  Los promotores y los 90 grupos firmantes del dossier.

Lo puedes visitar en:  https://www.scribd.com/document/337851038/Dossier-Homsec-Desarma-Madrid

Dossier Homsec Desarma Madrid by Colectivo Utopía Contagiosa on Scribd

¿Exenciones a las empresas militares de los PEAS?

Imagen de .Bambo.

Como nos viene pasando habitualmente en los temas de Defensa, no salimos de nuestro asombro.

Leemos en Defensa.com que Cospedal ha conseguido algo que nos parece un nuevo privilegio militar:

Si bien, ha habido otra noticia en materia económica digna de mención:  Defensa ha conseguido que el Gobierno imponga una excepción fiscal a las empresas de Defensa adjudicatarias de los 18 PEAS con el fin de evitar que sean embargadas por Hacienda.  El Ministerio amenazaba con esta medida extrema ante la imposibilidad de aquellas para hacer frente a sus obligaciones con el Ministerio de Industria por los retrasos en los pagos, a su vez, del Ministerio de Defensa.

Vemos que cita a otra fuente y recurrimos a ella:  El Confidencia.com, que en su noticia “Cospedal, ‘cautiva y desarmada’ ante Hacienda para pagar compras de Defensa” subtitula:

El Gobierno ha impuesto una excepción fiscal para evitar embargos contra las empresas públicas de armamento que deben a Industria lo que Defensa no les paga a ellas

Hemos buscado en

Y no hemos encontrado tal norma.

¿Lo están haciendo en secreto?  ¿Es un globo sonda?  ¿Es un bulo?  ¿Es un error?

Si fuese realidad, habría que leer tal norma para ver:

  • cómo fundamentan este nuevo privilegio a la industria militar
  • qué conceden a la industria de la muerte, en concreto.

Por ahora no hay noticias claras. Todo muy extraño.

El despilfarro de la base naval militar de Las Palmas

Imagen de Geert Weggen

Fuente:  El Conficencial Digital.

¿Se pensaban que por cambiar de año iban a cambiar las costumbres militares?  Pues no.

Otro año más volvemos al, cada vez más enorme, tema del despilfarro militar.  Poco importa que lo que tienen se lo deban, en su mayor parte a los impuestos que pagamos los civiles.  Cuando un euro llega a sus arcas ya no vuelve al sector civil.  Ni el euro, ni los servicios que se podrían compartir entre militares y civiles.

Ahora son los canarios los que protestan por enterarse de que la base naval militar y el Club Náutico de la isla disponen de instalaciones deportivas (dos piscinas y otras instalaciones) a las que no tienen acceso los civiles.

Todo surge de manera inintencionada al difundirse unas imágenes fabulosas que pretenden fomentar el turismo en Canarias.  En ellas, gracias a que están hechas desde el cielo, se ven las instalaciones militares y los privilegios de los que disfrutan los uniformados.

Nosotros añadimos al debate algunos puntos que deberían estudiarse por los canarios:

  • ¿Están afectados estos terrenos al interés de la Defensa?
  • ¿Es legítimo que lo estén, teniendo en cuenta que sólo defienden los privilegios y el modo de vida elitista de los militares?
  • ¿Pagan IBI estas instalaciones, o se les olvida como en muchas instalaciones militares que aunque están afectadas por el interés de la Defensa, no tienen que ver nada con este concepto (piscinas, instalaciones deportivas, cantinas militares, …?

Las guerras como I+D (ojalá en 2017 rompamos el círculo vicioso)

Image de Santiago Stucchi Portocarrero

Fuente:  El País.

Mientras la población siria sufre los estragos de la guerra, el militarismo ruso se haya de enhorabuena:  con su participación en la guerra siria han conseguido:

  • probar más de 160 nuevos armamentos (un 84 % pasaron las pruebas que suponen combates reales)

Por ejemplo:

el 9 de diciembre de 2015, dispararon desde un submarino que estaba en el Mediterráneo una serie de misiles Kalibr, que, según el Ministerio de Defensa, habían demostrado un alto grado de precisión al dar contra los blancos del Estado Islámico. Esos misiles crucero tienen un alcance de unos 2.000 kilómetros.

  • foguear, entrenar a los aviadores militares que desde hace años tenían poca experiencia en acciones de combate real
  • despertar en una serie de países el deseo de comprar armas rusas

Como se ve, no sólo los yankis y los europeos nos aprovechamos de las guerras en el Tercer Mundo.

Así pues, las guerras son altamente funcionales para el primer mundo.  Gracias a ellas:

  • podemos investigar nuevos armamentos y pagar a los investigadores,
  • podemos exportar armas y pagar a los empresarios exportadores,
  • podemos probar los armamentos y pagar a los militares que lo hacen,
  • podemos fomentar la emigración de los que sufren las guerras y pagar a los militares que vigilan nuestras fronteras,
  • podemos fomentar el odio hacia nuestros nacionales por nuestras políticas intervencionistas y pagar a los militares y guardia civiles que nos protegen,
  • podemos fomentar el terrorismo y sentirnos amenazados y pagar a los militares que nos cuidan
  • podemos pagar a los medios de comunicación que nos venden una realidad cínica y aséptica en la que las guerras sólo son imágenes y no sufriemiento
  • podemos pagar a un Jefe de Estado militar y militarista, garante de los negocios militares
  • podemos pagar, también, a tanto político militarista que protege a quienes nos protegen

También, podríamos en 2017 romper el círculo vicioso del militarismo y las guerras y construir un círculo virtuoso basado en la Seguridad Humana.  Deberíamos.

Los PEAS son la burbuja especulativa que le va a explotar al Ministerio de Defensa

Imagen de Ferran BCN

Sobre los PEAS hemos publicado muchísimo.  Y seguiremos publicando porque es una chapuza financiera de la que el Ministerio de Defensa no sabe salir, haciendo las cosas bien, se entiende.

El supuesto éxito de Cospedal

Nos vende Infodefensa que Cospedal ha convencido al gobierno para reprogramar los gastos de PEAS de 2016 para 2017.  Parece un éxito de gestión de la Ministra de Defensa cuando realmente es un fracaso en toda regla, obligados por el Tribunal Constitucional.  Al final, en 2017 se pagarán los 1.107’7 millones de € de dicho año y los 716’7 millones de 2016.  El total va a ser escalofriante:  1.824’4 millones de € para PEAS en 2017.

El primer problema de Cospedal:  la imagen insolidaria del Ministerio de Defensa.

Si tenemos en cuenta que el presupuesto  del Ministerio de Defensa ronda los 6.000 millones de €, el aumento sería de, aproximadamente, un 30 %.  ¿Cómo le será posible a Cospedal, en una época de duros recortes sociales, económicos y políticos, vender un aumento del 30 % en su ministerio, el menos social de todos?.  ¿Cómo convencerá a l@s español@s de la solidaridad del Ministerio de Defensa cuando ellos suben su propio presupuesto en un 30 %?

Los 18 Programas Especiales de Armamento (PEAS)

En la siguiente infografía se enumeran los PEAS, lo que iban a costar en 2009, lo que se reprogramó para 2013, y abajo los compromisos de pagos acordados entre la industria armamentística y el gobierno.

Infografía de El País

Las conclusiones al analizar esta infografía son claras:

  • Cada vez vamos a recibir menos armamento
  • El precio total y parcial de cada PEA cada vez será mayor.
  • Nos quedan por pagar 14.280’9 millones de € hasta 2030.
  • Estamos hipotecados por estos programas de armamento hasta el año 2030 y ello va a suponer una burbuja financiera que va a acabar explotándole al Ministerio de Defensa y, de paso, a los contribuyentes.

Con más detalle se puede ver en este otro cuadro también publicado por Infodefensa:

En la anterior tabla salta a la vista otro dato, todavía más escalofriante, el monto total de los PEAS va a ser de 29.479’06 millones de €.

La práctica engañosa del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa venía haciendo una práctica ilegal, según ha reconocido el Tribunal Constitucional (2 sentencias) que consistía en que no incluía los PEAS en los Presupuestos Generales del Estado.  Luego, con la excusa de que eran gastos no previstos, los aprobaba en verano por Decreto Ley y sin la consulta al Parlamento.

Esto ocultaba una buena parte del gasto militar a la ciudadanía.

En el entramado financiero que gestiona los PEAS todo es raro:

  • La industria militar (privada, en su mayoría) se compromete con el Estado a dotarle de una serie de armamentos
  • El Estado prefinancia la investigación y desarrollo necesarios para que la industria militar pueda fabricar las armas.
  • La prefinanciación no ha hace el Ministerio de Defensa (sería poco vendible a la sociedad).  La hace el Ministerio de Industria, concediendo a la industria militar unos créditos previos a su labor de investigación y desarrollo.
  • Los créditos que Industria da a las armamentísticas son a interés cero.
  • Una buena parte de la industria militar no cumple los plazos y, además, acaban reclamando sobrecostes al Ministerio de Defensa y al de Industria.
  • El Ministerio de Defensa reprograma los PEAS. Tanto el número de armas que van a recibir, como lo que van a pagar.
  • La industria armamentística tiene que devolver anualmente los créditos al Ministerio de Industria.
  • Según va recibiendo el armamento Defensa va pagando los PEAS a la industria armamentística, eso sí, ya con sus sobrecostes añadidos.

Múltiples irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas

Con informaciones sacadas de El País  (Miguel González) procedemos a publicitar siete irregularidades en la contratación del Ministerio de Defensa.

1.-  Contrato de 18’8 millones de € concedido por el Ejército de Tierra a General Dynamics, sin licitación ni publicidad.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, anuló el pasado 24 de junio un contrato por 18,8 millones de euros concedido por el Ejército de Tierra a la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDSBS). En su resolución, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitación ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la número 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 años.

 Lo que no explicaba la resolución es que lo que se buscaba con esta adjudicación es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de más, aunque para ello se recurriera a una fórmula de dudosa legalidad.

La explicación figura en el folio 127 del Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) elaborado por el Tribunal de Cuentas. El contrato de compra de 219 carros de combate Leopard y 16 de recuperación tenía un importe total de 2.489 millones de euros, pero la empresa fabricante ha recibido ya en anticipos del Ministerio de Industria y en pagos de Defensa un total de 2.507 millones. Tiene por tanto, constata el Tribunal de Cuentas, “un exceso de financiación de 18,8 millones”; justo el importe de la adjudicación anulada por Hacienda. Si hubiera dudas sobre la identidad de ambas partidas, el informe explica: “Esta cantidad se encuentra en trámites de regularización, pues es objeto de la Adenda 25, actualmente en negociación”. A la postre, sin embargo, la regularización ha resultado irregular.

2.-  Sobrecostes de 43’6 millones de € de la compañía española SAPA por programas de transmisiones.

No es la única anomalía constatada en la mayor compra de carros de combate de la historia del Ejército español. Defensa ha reconocido sobrecostes por un importe de 43.6 millones de euros derivados, básicamente, de los problemas que la compañía española SAPA, suministradora de las transmisiones, ha tenido con su socio tecnológico alemán Renk.

El Tribunal de Cuentas considera “indudable” que “las circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales” en programas de estas características “exceden los cauces de contratación ordinaria”, pero agrega que SAPA conocía las condiciones de suministro y las aceptó, que el contrato ya preveía un beneficio del 10% con el que cubrir esos imprevistos y que la operación contó con un 100% de financiación pública, por lo que el riesgo financiero era cero.

3.-  El programa de carros de combate Leopard se rige por un antiguo convenio del Ministerio de Defensa con el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) de 1981, mucho más beneficioso para el contratista (General Dynamics, nuevamente).

El informe llama la atención sobre un hecho insólito: Santa Bárbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas públicas) que data de 1981 y “contiene un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general”. Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debió liquidarse hace años.

4.-  Navantia, empresa pública y que no debería tener beneficios al contratar con la Administración, incluye en sus convenios con Defensa beneficios entre el 4 y el 12 %.

Si ya es sorprendente que empresas privadas se comporten como públicas, no lo es menos que públicas lo hagan como privadas. El Tribunal de Cuentas se extraña de que el convenio entre Defensa y el astillero público Navantia incluya un margen de beneficio de entre el 4 el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan. El informe alega que el ánimo de lucro, “principal incentivo para el empresario particular”, no tiene sentido en una sociedad pública, que está obligada a aceptar los encargos que le hace el Estado y solo puede facturar los costes reales, De lo contrario, advierte, podría considerarse “un exceso de financiación pública”.

Defensa ha tomado nota de esta advertencia y ha replicado que, en su nuevo convenio con Navantia, el concepto beneficio se sustituye por el de “margen industrial”, para hacer frente a los “riesgos relativos” a la ejecución de los programas. En esos riesgos no se incluye la revisión de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acción Marítima (BAM).

5.-  Defensa renuncia a imponer penalizaciones a Navantia por el retraso de 78 meses en la entraga de los BAM.

La entrega a la Armada de estos cuatro barcos ha sufrido un retraso total de 78 meses, lo que dio lugar a la apertura de expedientes para imponer las penalizaciones contempladas en los contratos, por un importe total de 31,7 millones de euros. Sin embargo, “por una causa que no se ha justificado”, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanción alguna.

Defensa ha negado que existiera aquiescencia por parte de la Armada para no imponer sanciones y ha anunciado que se reactivará el grupo de trabajo dedicado a discutir con Navantia su importe, aunque alguno de los expedientes, que data de 2011, puede haber caducado.

6.-  Defensa se niega a recepcionar oficialmente armamento y lo mantiene almacenado para no subir el déficit público.

Quien no se retrasó en la entrega fue el consorcio fabricante del avión de combate europeo Eurofighter. Además de los 47 cazas ya en servicio en el Ejército del Aire, hay otros 12 almacenados durante tres años en la base aérea de Los Llanos (Albacete), que España no ha querido recepcionar oficialmente para que no computen en el déficit público.

7.-  Defensa demuestra incompetencia porque no puede usar los helicópteros NH-90 porque no tiene el personal, los equipos y las instalaciones necesarias.

Además, tres helicópteros NH-90 están depositados “temporalmente” en las instalaciones de Eurocopter en Albacete hasta que el Ejército de Tierra disponga del personal, los equipos y las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional.

En este asunto de los PEAS, el Tribunal Constitucional ha dictado 2 sentencias:

  • La primera anulaba el decreto ley de 2014 que destinó 886’3 millones de € a los Peas.  El recurso lo habían presentado el PSOE, pero también Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA, Izquierda Plural y UPyD.

Los recurrentes argumentaron que estos pagos estaban previstos con antelación y responden a una programación plurianual, por lo que debían haberse incluido en los Presupuestos Generales del Estado, propiciando así un debate parlamentario en profundidad. El Gobierno replicó que, aunque el importe global de estos programas es conocido (29.500 millones de euros hasta 2030), la cuantía exacta de cada anualidad está sujeta a negociación con la industria militar y depende de la evolución del déficit, por lo que no era posible incluirla en el presupuesto ordinario de Defensa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, recrimina al Gobierno que ni de la exposición de motivos de la norma ni del expediente tramitado por Defensa “se puede deducir argumento concluyente que ampare la utilización del decreto ley, pues nada se argumenta sobre la extraordinaria y urgente necesidad”, que es lo que justifica su uso según el artículo 86.1 de la Constitución. Al contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció en su discurso de convalidación del crédito extraordinario que no se trataba “de dar cobertura a necesidades imprevistas”, sino de “proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”, y añadió que la Administración estaba obligada a “no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros”, en alusión a la industria militar.

Tras calificar de “singular” la técnica empleada por el Gobierno, el Constitucional constata que “más que la respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad por imprevisible”, la aprobación de créditos extraordinarios para Defensa “se ha convertido en una práctica habitual” para atender un compromiso de pago que es “previsible y programable”.

“Simplemente se alude [por el Gobierno] a la importancia de que se pague a los proveedores para evitar el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse, [pero] esas consecuencias negativas aparecerían en cualquier obligación contractual del Estado”, sin que se explique por qué serían más graves en el caso de la industria militar, argumenta.

El Constitucional no rechaza que se aprueben créditos extraordinarios para financiar programas militares al margen del presupuesto ordinario, pero agrega que debería hacerse a través de una ley y no mediante el decreto ley, cuyo uso está restringido expresamente por la Constitución. “En definitiva”, concluye, “el recurso sistemático al decreto ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

La sentencia, que anula el decreto ley de 2014 pero cuya doctrina es aplicable a los de 2012, 2013 y 2015, no obligará a las empresas a devolver los 4.300 millones de euros recibidos. Y no solo porque los decretos leyes fueron posteriormente convalidados en las Cortes. Sensible al efecto que ello tendría sobre la industria militar española y sobre el Estado, que se enfrentaría a penalizaciones de los consorcios internacionales que gestionan dichos programas, el Constitucional aclara que, por el “principio de seguridad jurídica”, que garantiza los derechos de terceros que mantienen de buena fe relaciones económicas con la Administración, no serán revisables las “situaciones establecidas mediante actuaciones administrativas firmes”; es decir, los mandamientos de pago realizados al amparo de los créditos extraordinarios.

  • La segunda anula otro decreto ley por 846’4 millones de €. Presentada por 50 diputados socialistas.

El alto tribunal estima el recurso presentado por 50 diputados socialistas y considera que “el uso sistemático del decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento” no está justificado por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” y, por tanto, “no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

Sin embargo, la sentencia no obliga a las empresas de armamento a devolver el dinero cobrado a través de este sistema irregular, ya que “la protección de los terceros de buena fe que mantienen relaciones económicas con la Administración se vería gravemente comprometida si desapareciese la autorización del crédito extraordinario”. En consecuencia, “tras ponderar el principio de seguridad jurídica”, declara “no suceptibles de ser revisados como consecuencia de [la] nulidad”  del decreto-ley los pagos realizados por Defensa.

PEAS II.

La apuesta por la militarización del gobierno de Rajoy sobrepasa el primer plan PEAS y ahora están propiciando un plan PEAS II.  En 2014 publicábamos un artículo en el que advertíamos que el Ministerio de Defensa tenía planes para hacer un segundo plan PEAS, el plan PEAS II.

(…) articular un plan de I+D vinculado a la potenciación y capacitación de nuestra industria principalmente en esas capacidades industriales esenciales antes identificadas.  Este plan se ha puesto en marcha abordando dos de las necesidades militares identificadas por el JEMAD más prioritarias, y que ya tienen financiación en los PGE de 2015:  el 8×8 y la fragata F-110.  De ambos se han derivado 20 proyectos tecnológicos (7 del 8×8 y 13 de F-110).  Estos programas darán comienzo ya en el ejercicio 2015.  Están dotados con 41 y 37 millones de € en el Capítulo 8 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  Además, en este mismo Capítulo se han contemplado las partidas de prefinanciación del contrato de los dos nuevos BAM para la Armada:  son 161 millones de €.  En términos numéricos totales, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incorpora 564 millones de € para programas de defensa, un 64 % más que en 2014.

Es decir, el PEAS II consta de:

  • Blindados 8×8, por 41 millones de €
  • Fragata F-110, por 37 millones de €
  • 2 nuevos BAM de la Armada:  161 millones de €

Todo ello hace un total de 239 millones de € para el plan PEAS II, que habría que sumar a los 30.000 millones del primer plan PEAS.

Las alternativas futura de Cospedal.

Las posibilidades que tiene Cospedal para 2017 son dos:

  • Aflorar, por fin, los PEAS en la contabilidad del Ministerio de Defensa, pasando los 6.000 millones, más o menos, que presupuestan ahora a 8.000 millones, y quedando como el Ministerio con más aumento de gasto en épocas de crisis y de recortes.
  • Hacer una nueva ley en la que seguir ocultando esta parte del Gasto Militar y en la que se aprueben los PEAS.

¿Cuál será su opción?

El despilfarro de los militares en la reserva

Imagen de Juantiagues

Imagen de Juantiagues

Uno de los capítulos más complejos del despilfarro militar lo constituye la llamada situación de reserva, articulada en la actualidad en la Ley  39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.

En la época de la transición se hereda del tardofranquismo un desmesurado ejército que no era sostenible desde el puro punto de vista técnico. Como explica en una recomendable tesis doctoral de 2013 Quesada González, la falta de conflictos militares, el aumento de población española y de sus condiciones de vida y la tendencia general en Europa llevaron en los años 70 a una integral reforma del servicio militar (que era obligatorio y universal) y de la estructura del ejército tendente a reducir tanto el desmesurado número de efectivos como el desproporcionado número de oficiales.

Será Narcís Serra el que inicie el proceso de reducción significativa del ejército y su poder y el que enfoque una cierta lógica a la operatividad  militar, enfocada cada vez menos a la idea de un ejército de masas y cada vez más a una fuerza militar integrada en la OTAN y de enfoque hacia operaciones internacionales.

Para ello procedió, junto con otras reformas (Plan General de Modernización del Ejército de Tierra que redujo las capitanías a seis, hizo desaparecer 116 unidades y redujo los efectivos a un 50%).  También se reformó la reserva militar, acortando los plazos de servicio activo de la legislación franquista y estableciendo diversos privilegios para que el enorme número de oficiales pudieran de manera voluntaria, pasar a la situación de reserva (sin perder sus derechos económicos y con la posibilidad de compatibilizar esta situación de retiro con otro trabajo remunerado) o de manera forzosa si los cupos de “reserva” previstos por la planificación militar no se completaban de manera voluntaria.

Con la desaparición del servicio militar obligatorio en 1999 y la implementación del Plan de Reorganización del Ejército de Tierra- RETO, del mismo año, y más tarde aún, el Nuevo Plan de reorganización del Ejército de Tierra (Plan Norte) se pretendía la plena profesionalización de las fuerzas armadas y abordar uno de los problemas surgidos como consecuencia de la nueva estructura del ejército, dando paso tanto al establecimiento de una “reserva movilizable” para caso de necesidad pero que no incrementase el número de efectivos en caso de no necesitarse, y reestructurando la situación de reserva para quitarse del medio tanto a los vejestorios heredados de otras épocas como al exceso de oficialidad que se arrastraba por la desproporcionada relación oficial/soldado del ejército y el empeño de los diversos planes de modernización, influenciados por la tendencia de los ejércitos de la OTAN, a “rejuvenecer” la oficialidad militar y sus competencias (que sepan inglés, que sepan manejarse con nuevas tecnologías, que sepan algo en definitiva) y a participar activamente en la política de injerencia militar existente en el seno de la Alianza y compartida, con verdadero ardor guerrero, por los gobiernos españoles del bipartido.

La ley de la Carrera Militar fija las “situaciones administrativas” en que puede estar un militar:

Artículo 107 Situaciones administrativas

  1. Los militares profesionales se hallarán en alguna de las siguientes situaciones administrativas:
  2. a) Servicio activo.
  3. b) Servicios especiales.
  4. c) Excedencia.
  5. d) Suspensión de funciones.
  6. e) Suspensión de empleo.
  7. f) Reserva.
  8. g) Servicio en la Administración civil.

Conforme al numeral 2 del referido artículo 107, a la situación de reserva sólo pueden acceder los militares de carrera, es decir, los que se han incorporado a una escala de oficiales o suboficiales y obtenido un “empleo” militar (Art. 76 de la norma referida), no así  los efectivos que acceden a las fuerzas armadas como soldados y marineros con un compromiso temporal, salvo que accedan a una relación de servicios de “compromiso permanente”.

Para acceder a tal condición, lo veremos más adelante, es necesario además contar con un mínimo de 20 años de servicio efectivo desde el acceso de la condición de militar profesional, pasando a la condición de retiro los que pasen a la reserva con menos de esta edad (art. 117.6).

Por tanto, los suboficiales y oficiales militares son los destinatarios de esta reserva y durante el tiempo de permanencia en situación de reserva y hasta que lleguen a la de “retiro” (en cuyo momento pasan a integrar las clases pasivas militares y cobran sus emolumentos por dicho concepto) seguirán sometidos, al menos en teoría, a la disciplina militar, aunque en su casa y sin prestar ningún servicio efectivo, salvo que por necesidad militar les cambien la situación por la de “comisión de servicio”.

Y esta es, a nuestro juicio la causa que provoca que consideremos la situación de reserva militar como uno de los grandes privilegios que tienen los militares de carrera y uno de los grandes despilfarros existentes en lo militar.

Es el artículo 113 de la norma el que regula la situación de reserva, luego matizada por reglamentos y órdenes internas.  Según este artículo hay varias maneras de acceder a la dorada reserva militar:

  1. a) Por cumplimiento de plazos de servicio (art. 113.1)
  2. b) Por decisión del gobierno (art. 113.2)
  3. c) de forma voluntaria (art. 113.3) cuando la planificación militar correspondiente tiene más sobrantes de los que pasarían a la reserva por transcurso del tiempo de servicio activo
  4. d) de forma forzosa, que la norma llama “anuente” (art. 113.3) cuando en la planificación de Defensa no se completan los cuadros de sobrantes con voluntarios
  5. e) Complimiento de edad máxima, (art 113.4)

La primera categoría, cumplimiento de plazo, manda a la reserva a los oficiales que cumplen determinado plazo de servicio, según su grado o empleo militar:

  1. a) Generales: por superación de 4 años de servicio si son generales de brigada, 7 entre los empleos que van desde general de brigada a general de división y 10 entre los de general de división y teniente general.
  2. b) Seis años, para los Coroneles, tenientes coroneles de las escalas técnicas de los cuerpos de ingenieros y oficiales enfermeros o suboficiales mayores o que al llegar a este empleo cumplan los 58 años de edad.

La segunda categoría de pase a la reserva la constituyen los generales que sean pasados a tal situación por Real Decreto del Consejo de Ministros.

La tercera de las categorías es la de los que acceden con carácter voluntario consiste en acceder a los “cupos” que autorice para los distintos empleos zonas, escalas o especialidades, el Ministerio de Defensa, de entre los oficiales que tengan cumplidos 25 años de servicios en las fuerzas armadas.

La cuarta consiste en las incorporaciones “anuentes” para el caso de que en esos cupos el Ministerio de Defensa prevea más plazas de las de voluntarios.  Conforme a la norma “De no existir suficientes peticionarios con carácter voluntario o anuente para cubrir estas plazas, se completarán con el pase a la reserva con carácter forzoso de los del empleo correspondiente de mayor antigüedad en él y siempre que hayan dejado de ser evaluados para el ascenso.

Por último, la quinta manda automáticamente a la reserva a los que no han accedido antes por cualquiera de las modalidades descritas, cuando cumplan los 61 años, si son oficiales o suboficiales, o a los 58 si son de tropa o marinería.

Los militares de carrera que pasen por cualquiera de estos “caminos” a la situación de reserva pero no hayan cumplido 20 años de servicio desde la adquisición de la condición de militar profesional, pasarán directamente a situación de retiro

La norma además dispone que en la situación de retiro no se producirán ascensos (artículo 113.7) y que los militares en situación de retiro pueden pasar a la de  comisión de servicios, en cuyo caso cobrará los emolumentos propios del empleo que realice.

Los militares en la reserva estarán a disposición del Ministerio de Defensa y quedarán adscritos a la Subdelegación de  Defensa de la provincia que corresponda a la localidad en la que el militar fije su residencia, teniendo que notificar los cambios de residencia a la autoridad militar para que le adscriban a un nuevo destino.

Mensualmente el reservista debe realizar una declaración personal para justificar la situación en el mes de la fecha y en consecuencia el derecho a percibir la nómina del mes.

Igualmente debe notificar a la Autoridad Militar de quién dependa su intención de salir al extranjero cuando el motivo del viaje no sea por razón de servicio. Esta notificación ha de hacerse al menos con 7 días naturales antes de la iniciación del mismo.

Retribuciones:  los militares que pasan a la reserva lo hacen conservando sus retribuciones básicas, formadas por el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias, y además percibirán el llamado complemento de disponibilidad, una especie de cajón de sastre que se calcula a partir de dos variables:  el empleo (rango militar) y un concepto abierto que se llama “componente general del complemento específico”.

El tiempo que se permanezca en la reserva computa tanto para sumar trienios como para los derechos pasivos que correspondan a partir del pase a la situación de retiro.

Por otra parte quien pase con carácter forzoso o anuente a la situación de reserva forzosa, percibirá de una sola vez una indemnización (una prima de la cuantía que se establezca reglamentariamente teniendo en cuenta los años que le falten para alcanzar las edades de pase a la reserva referidas en el apartado 4 del art 113 arriba explicado.

Por tanto, los sueldos de los militares en la reserva son:

– Los que se corresponden por el grado militar con arreglo a la ley que regula los salarios militares

– Los que se refieren a los trienios que se vayan cumpliendo, pagas extraordinarias, medallas y menciones si las tienen

– El llamado complemento de disponibilidad, que cobran todos los militares, un suculento pellizco que pasamos a explicar.

El complemento de disponibilidad fue reducido al 80% del complemento de disponibilidad genérico en tiempos de Felipe González para los militares en la reserva en razón a que en realidad estos militares no hacían nada.

En 2015, en plena vorágine electoral, este complemento se elevó para igualarse al del resto de miembros de las fuerzas armadas.  Por tanto, por este complemento, según informa El Confidencial Digital, al sueldo, antigüedad y pagas de los militares en la reserva se sumarán (igualándose así a los complementos de disponibilidad de los militares en activo) las cuantías siguientes:

— Un soldado pasará de ganar 333 euros mensuales a ganar 417.

— Un cabo mayor, de 559 a 699 euros mensuales.

— Un subteniente, de 698 a 873 euros.

— Un capitán, de 881 a 1.102 euros.

— Un coronel, de 1.308 a 1.636 euros.

— Un general de división, de 1.744 a 2.181 euros.

— Un general del Ejército o Almirante General, de 2.229 a 2.787 euros.

 

Compatibilidad con el desempeño de otro trabajo retribuido:  además de este pago público por no hacer nada, resulta que la situación de reserva es compatible con la realización de trabajos retribuidos, tanto en la administración como en el sector privado.

La Ley 53/84 de 23 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la administración pública, que es de aplicación supletoria para el personal militar por mor del artículo 5 de la Ley 39/07 de la Carrera Militar, no prescribe incompatibilidad alguna para la percepción de otro salario público para los militares en la reserva cuando se realicen funciones docentes universitarias o se determine por el Consejo de Ministros como una situación de “interés público” (por ejemplo presidir una empresa pública), ni cuando se trate de un cargo electo, y permite la realización de actividades privadas que en el caso de los militares en la reserva afecta a todas las actividades porque no están sometidos, como los militares en activo, a horarios que los incompatibilicen.

Es decir, nuevo privilegio de los militares:  realizar y cobrar por dos trabajos.

Por su parte, el Real Decreto 517/1986 de 21 de febrero, de incompatibilidades del personal militar, permite la realización de un trabajo también a los militares en la reserva.  Concretamente el artículo 17 del Real Decreto señala que

  1. El personal en situación de reserva activa que no ocupe destino podrá desempeñar actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales de carácter privado, sin precisar para ello la autorización a que se refiere el artículo 12 de este Real Decreto, siempre que no se le hubiese concedido compatibilidad para desempeñar algún puesto o actividad pública.
  2. Los haberes del personal en situación de reserva activa que no ocupe destino ni desempeñe actividad pública o privada serán compatibles con la percepción de pensión de jubilación de los distintos regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social. Por el contrario, dichos haberes no serán compatibles con aquellas pensiones de jubilación causadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley si respondieran a puestos incompatibles.

No obstante, la cantidad total percibida en los supuestos previstos en el párrafo anterior no podrá superar el límite de 187.950 pesetas mensuales fijado por el artículo 37 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, o el límite que se fije en el futuro para la concurrencia de pensiones.

  1. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo será, asimismo, de aplicación a los oficiales generales en situación de segunda reserva.

También la Guardia Civil

Aunque resulta una obviedad, también la Guardia Civil estará comprendida en el régimen de reserva militar.

 Gastos de personal de reserva: un perfecto despilfarro

Descrita la situación de la reserva militar, nada más evidente que el carácter despilfarrador de este tipo de gasto:

  • Porque se trata de personal innecesario para el ejército
  • Fruto de una planificación obsoleta que mantiene por el peso de la tradición un número imponente de oficiales que no son objetivamente ni necesarios ni útiles para el ejército y que el poder político no quiere enfrentar cogiendo el toro por los cuernos, sino pagando para que su potencial de presión social y política quede adormecido
  • Personal que no realiza ninguna actividad ni función ni tiene ningún sentido en la estructura militar
  • Personal por tanto del que es posible prescindir, acometiendo las reformas que en otros sectores el poder no ha tenido empacho en acometer a pesar de su coste social.
  • Cuyo coste efectivo es brutal para los presupuestos generales del estado, sin que ningún debate público haya permitido a la sociedad decidir si quiere afrontarlo sin más.

El coste del gasto de la reserva.

Los presupuestos generales del estado cuentan desde al menos 2006 con un programa específico para atender al “personal en Reserva” (programa 212-O)

 

Año Importe programa 1210 (mill. €) Acumulado (mill. €)
2006 655,60 655,60
2007 638,93 1.294,53
2008 657,66 1.952,19
2009 604,25 2.556,44
2010 604,25 3.160,69
2011 546,55 3.707,24
2012 550,95 4.258,19
2013 554,41 4.812,6
2014 532,66 5.345,26
2015  513,43 5.858,69
2016 524,13 6.382,82
Total 2006-2016 6.382,82

 

La remilitarización en Egipto y sus lecciones para España

Imagen de Kalasniblog

Imagen de Kalasniblog

Fuente:  El País.

Ya en agosto de 2013 nos hacíamos eco de que la remilitarización de Egipto era el peor negocio para la población.  Entonces titulábamos el artículo de esta manera:

Los militares egipcios y el militarismo yanki agravan el conflicto egipcio.

Más de 3 años después se confirman los funestos augurios:

Casi seis años después de la Revolución, la economía egipcia todavía no levanta cabeza: su crecimiento es anémico, la deuda se expande a un ritmo galopante y los consumidores padecen escasez de algunos productos básicos. En cambio, los negocios de las Fuerzas Armadas van viento en popa. A pesar del halo de secretismo que envuelve las actividades empresariales de la institución, algunos informes apuntan a que ha ampliado de forma notable su presencia en varios sectores durante los últimos años, bajo la presidencia del mariscal Abdelfatá al Sisi.

El grado de dependencia militar de la economía egipcia es considerable y muy preocupante:

Los proyectos económicos de las Fuerzas Armadas se realizan normalmente a través de cuatro partes: los proyectos de servicios Autoridad Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, la Autoridad Nacional de Producción Militar, dependiente del Ministerio de la Producción Militar y la Organización árabe independiente para la industrialización, los tres de los cuales son responsables de  un gran número de fábricas y empresas. La cuarta parte es la Autoridad de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, que se dedica a proyectos de infraestructuras civiles y militares.

En Egipto son continuas las noticias de que diversos ministerios (Ministerio de Dotaciones, Ministerio de Fomento, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, …) renuncian a sus competencias para que sean desarrolladas por cualquier organismo militar paralelo.

El Ministerio de Defensa no sólo construye las carreteras, sino que además, dado que consideran a las carreteras como áreas estratégicas de importancia militar, Al Sisi les ha asignado la propiedad de sus laterales (en 2 km de profundidad):

En junio pasado Sisi emitió el Decreto 233/2016, que asigna los tramos de terreno a ambos lados de las carreteras construidas por el Ministerio de Defensa, que mide 2 km de profundidad, a las Fuerzas Armadas. El Ministerio considera que estas áreas estratégicas de importancia militar que no puede ser transmitida a la propiedad privada. Veintiún carreteras se vieron afectados por este decreto.

Pero esto no es todo, también una agencia dependiente del Ejército egipcio es la que fabrica los medicamentos oncológicos, otra se encarga de la importación de leche para lactantes, así como de la importación de diversos productos sanitarios.

En el mundo de la educación, el Ejército Egipcio también ha construido colegios y han sido elegidos para supervisar los servicios de alimentación y vivienda para los estudiantes.

En el sector energético, también hay actividad de las Fuerzas Armadas de Egipto:  así, han firmado acuerdos con China para construir planta de producción de energía solar y otro para producir unidades de aire acondicionado.

También ha habido 3 decretos para encargar a los militares, dotándoles de tierras públicas, de construir 3 piscifactorías.

Al menos 3 proyectos de restauración de su patrimonio cultural han sido realizados por los militares.

Pero no acaba aquí la militarización de Egipto.  Ahora empezamos con los privilegios militares:

En estos últimos años pasados, las actividades económicas de las Fuerzas Armadas han disfrutado de una serie de privilegios legislativos. En abril de 2012 el Parlamento aprobó las enmiendas a la Ley Militar Judicial 25/1966 que identifican la justicia militar como la única autoridad encargada de investigar los casos de ganancias ilícitas por parte de agentes militares, ninguno de los cuales han sido investigados antes de su retiro.

Sobhy emitió un decreto en junio pasado la exención de 574 instalaciones militares de impuesto sobre bienes inmuebles, incluyendo 52 clubes, 29 hoteles, 18 estaciones de verano y ocho salas de cine y teatros, además de una serie de edificios, espacios, sucursales de supermercados, mataderos mecanizados, edificios residenciales y villas .

En diciembre pasado Sisi emitió el Decreto 446/2016 tierras regulación desocupadas por las Fuerzas Armadas, ordenando que sus ingresos se utilizarán para la construcción de nuevas zonas militares.

Este decreto permitió a las Fuerzas Armadas para que establezcan empresas, ya sea por sí solo o con capital nacional o extranjero. También permitió la Compañía Nacional de Desarrollo de Recursos de pescado, afiliada a la Autoridad Nacional de Proyectos de Servicio, para establecer una empresa conjunta piscicultura con un inversor de Arabia Saudita y una empresa alemana especializada en la cría de peces de atún, (Compañía Internacional de Productos Marinos).

Las Fuerzas Armadas también goza de una ventaja competitiva adicional, ya que la mayor parte de su fuerza de trabajo se compone de los reclutas que no están sujetos a las leyes de trabajo civil.

Toda esta vorágine remilitarizadora está consiguiendo dos cosas:

  • Aumentar escandalosamente el PIB militar egipcio:

“No hay forma de conseguir una estimación correcta del volumen de la economía militar… Pero yo lo situaría entorno al 4% o al 5% del PIB, incluyendo solo las compañías que poseen formalmente”, sostiene un reputado economista egipcio que prefiere guardar el anonimato a causa de la sensibilidad del asunto.

  • Como decíamos al principio del artículo:  estancar la economía egipcia y empobrecer a sus ciudadanos.

¿Son necesarias más pruebas para demostrar la hecatombe que supone militarizar la economía?

La práctica políticas militaristas de Egipto nos suenan muy lejanas y antiguas.  Muchos podéis pensar que en España ya no ocurre eso.  Sin embargo, estaría bien que os dieseis una vuelta por nuestro informe Gasto Militar 2016 para comprobar que en España, al menos, ya se dedica un 2’7 % del PIB  a lo militar y que 12 de los 13 ministerios actuales esconden gasto militar.

¿Son necesarias más pruebas para que España y los ayuntamientos y provincias más militarizadas:  Ferrol, Cádiz, Cartagena, Zaragoza, Madrid, se den cuenta de que poner en manos militares la economía, la educación, la sanidad, la industria, …, es la peor apuesta de futuro que se puede hacer?

La lucha social de los mayas paraliza una central eléctrica de una multinacional española

Tulum

Darius Wellborn

Fuente: eldiario.es

Presentamos un caso de lucha social noviolenta contra los fundamentos del capitalismo depredador que ha paralizado el atropello de una multinacional en Guatemala.

La compañía española  Ecoener-Hidralia tenía previsto crear y explotar una hidroeléctrica sobre terrenos ancestrales y, dicho sea de paso, bastante poco depredados, de las comunidades mayas Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’, comunidades indígenas todas ellas de Santa Cruz de Barillas.

Siguiendo la pauta de este tipo de expolios, se dedicaron primero a comprar tierras ancestrales, luego voluntades políticas y mamporreros y, con todo ello, creyendo que ya estaba hecho porque, como quien dice, los nadie son eso, nadie, un  deshecho, un atraso civilizatorio, imponer su idea de progreso, eso sí, arrasando con todo lo que encontraban a su alrededor.

Pero los pueblos mayas referidos tienen una relación alternativa con la tierra y con su propia patrimonio inmaterial. Una relación no lucrativa, de sostenibilidad, de integración, de respeto a la naturaleza, a su entorno, a su historia, a su territorio como hábitat para vivir.  Y la pretensión de la multinacional era romper con todo esto. Su proyecto “Cambalam I” consistía en el aprovechamiento de un salto natural de agua del río Cambalam, una cascada de 272 metros de altura, fabricando lo necesario para esa obra hidroeléctrica que, como no puede ser menos, implicaría un alto impacto en la zona.

Las comunidades mayas se opusieron, se resistieron, iniciaron acciones legales, acciones de denuncia, protestas, oposición y lucha social. Sólo en 2015 en Guatemala hubo 493 agresiones a líderes ambientales y comunitarios y 13 personas fueron asesinadas.

Llegó la represión, la criminalización, la fuerza. Una activista, Almudena Moreno explica que

Todo el aparato del Estado se ha volcado en criminalizar a los líderes comunitarios que defendían su territorio y su río”, explica. “La empresa actuaba a través de sus trabajadores, que empiezan a interponer denuncias acusándoles de todo, de terrorismo, posesión ilícita de armas, secuestro, atentados contra la seguridad de la nación…”.

Cecilia Mérida, mujer de uno de los dirigentes de la protesta recuerda que

“La vida se rompe. Y esta no es solo nuestra experiencia. Por cada uno de los compañeros que han estado presos, y son 21, hay 21 compañeras de vida que han tenido que pasar ese mismo calvario

En 2012 el Estado decretó durante 18 días el estado de sitio en Barillas.  Asesinan a un líder comunitario. La presión y la violencia se refuerzan.

Pero ocho años de lucha y al final, la multinacional desiste de su proyecto, la comunidad recupera el pleno dominio de su tierra ceremonial, (esas cataratas son un centro cultural, allí se llevan a cabo ceremonias, Cambalam significa Tigre Dorado)

Una lucha comunitaria que marca un camino de defensa de la seguridad humana de un pueblo:  no les han hecho falta ejércitos para ello.  No podemos sino felicitarnos.

Despilfarro militar en EE.UU.: 58.000 millones de $ en programas de armamento fallidos

Imagen de EFE

Imagen de EFE

Fuente:  Infodefensa.

Es de alabar, en ocasiones, la transparencia de USA en temas defensa.  Han publicado un informe titulado:  “Performance of the Defense acquisition system.  2016.  Annual report“.

En él identifican la existencia de 23 programas de desarrollo de armamento que han fracasado tras gastarse 58.000 millones de $.

8 de los 23 programas consumieron todo el dinero destinado a ellos antes de ser descartados.  7 de los 23 gastaron más dinero del presupuestado antes de ser eliminados.

  • El programa llamado Sistema Futuro de Combate (tanques) fue, durante 6 años, el programa de armamento más importante de USA.  Se canceló en 2009, tras haber gastado 20.000 millones de $.
  • El programa RAH 66 Comanche, un helicóptero de reconocimiento y ataque, se despilfarraron 9.800 millones de $.
  • El satélite NPOESS, despilfarró 3.700 millones de $.
  • El helicóptero presidencia VH-71 despilfarró 2.700 millones de $.
  • Los dirigibles de defensa aérea JLENS despilfarró 2.500 millones de $.

Todo ese gasto es una aberración y debe censurarse sin paliativos.

Pero, al menos en esto, los americanos tienen algo que en la política de defensa española no existe ni en pintura: son más transparentes en sus datos, incluso cuando muestran cagadas monumentales como esta que comentamos.

¿Cuándo será posible un ejercicio de autocrítica con datos semejante en España?  ¿A qué tiene miedo el Ministerio de Defensa para no publicar datos sobre este tema?

Es imprescindible una auditoría seria e imparcial de los gastos de Defensa.

¿Puede un país en grave crisis como España permitirse el despilfarro militar?

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