Archive for Transparencia militar

No hay transparencia en las relaciones militares de España con Arabia Saudí

Imagen de Mangesh Kalelkar

Fuente:  Google Play Kiosko.

Nos informa Eva Belmonte en Público de una verdad oculta pero que se intuía por todos: España firmó hace un año (Septiembre de 2016) un acuerdo con Arabia Saudí para ocultar información sobre defensa.   El acuerdo tiene un plazo de vigor de 5 años.  Durante 2016 España vendió armas a Arabia Saudí por un monto de 116 millones de €.

Según parece, este tipo de acuerdos son habituales como, por ejemplo, el firmado con Singapur.  En otras ocasiones lo que se hace es ocultar estos acuerdos militares promocionando el secretismo en acuerdos de comercio más generales.

Se trata con este acuerdo de ocultar

cualesquiera negociaciones precontractuales, contratos, subcontratos o cualquier otro acuerdo entre dos o más contratistas por los que se creen o definan derechos y obligaciones mutuamente exigibles y que contengan o afecten a Información Clasificada

de naturaleza militar.

Además, en el BOE se especifica que, por parte española, la Autoridad de Seguridad responsable de ejecutar este acuerdo será el Secretario de Estado director general del CNI.  Recordamos que actualmente el CNI está bajo el poder del Ministerio de Presidencia, con lo cual este ministerio aparentemente neutro adquiere una nueva función en la industria y comercio militar.

El acuerdo es farragoso y engorroso, en muchas partes incluso podemos disfrutar de él al estilo de los Hermanos Marx:

Una Parte que desee adjudicar un contrato clasificado a un contratista o
subcontratista de la otra Parte, o que desee autorizar a uno de sus contratistas o subcontratistas a adjudicar un contrato clasificado en el territorio de la otra Parte en el marco de un proyecto clasificado, deberá obtener, a través de su Autoridad de Seguridad, una confirmación previa por escrito de su homóloga de la otra Parte de que el contratista o subcontratista propuesto dispone de una Habilitación de Seguridad de Establecimiento del grado correspondiente.

Pero seamos serios, lo malo de estas cinco páginas publicadas en el BOE es que dan claridad a lo que realmente es el comercio de armas:  la falta de transparencia, la ocultación, la oscuridad.  Porque se trata de ocultar la muerte, las masacres, el dolor de miles y miles de personas que sufrirán lejos sin que la sociedad española pueda enterarse dado que hay un acuerdo internacional que lo prohíbe.

Otra vez más estamos en manos de los señores de la guerra.

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La mala gestión de Defensa provoca que tengamos que pagar una multa de 243 millones de €

Imagen de Aerofossile 2012

Fuente:  El País.

La programación militar española quería poder tener fuerza de proyección (eufemismo de intervencionismo o de invasión) muy lejos de nuestras fronteras.  Para ello eran indispensables aviones de transporte con mucha capacidad y amplio radio.

El diseño militarista pensó que lo necesario eran 27 A400M.  La cifra era disparatada para un país como España.

Por ello, mucho más tarde, el anterior Secretario de Estado de Defensa, Pedro Arguelles, pactó con Airbus la compra de 14 A400M (avión de transporte militar) entre 2016 y 2022, y posponer la recepción de los 13 restantes hasta 2025.

Entonces a Morenés y a Arguelles les pareció un ejemplo de gran gestión comercial.  Es decir, postergaban el problema unos cuantos años, los suficientes para salir del Ministerio de Defensa y para que otros tuviesen que ocuparse del problema.  Genial.

Si Defensa no cumplía, el Estado debería pagar 243 millones de € como penalización a Airbus.

Ahora el problema está aquí:

Defensa ya ha declarado estos 13 aviones como “no operables” –es decir, innecesarios—y ha aceptado pagar a Airbus 243 millones por la cancelación de este pedido.

Vemos muchas malas prácticas en estas decisiones:

  •  La primera es que nuestros militaristas dirigentes siempre planifican los gastos muy por encima de las necesidades y de las posibilidades de España.  Les da igual porque nadie les va a pedir cuentas.
  • Para ellos prima el programa de fabricación de armamentos sobre las necesidades de defensa españolas reales o sobre las posibilidades económicas españolas, lo importante para los políticos militaristas es que se pueda hacer el nuevo modelo de armas, ofertándolo como un futuro éxito de ventas.  Luego, como en el caso que nos ocupa del A400M estas ventas no llegarán, pero les da igual porque nadie les va a pedir cuentas.
  • La tercera es que nuestros dirigentes militaristas siempre acaban favoreciendo a la industria militar y son capaces de firmar multas que le impondrá la industria militar al Estado si no cumplen con lo pactado.  Les da igual, el Estado somos todos y lo pagaremos a escote con los impuestos.  Además, la ciudadanía no acaba de entererarse.
  • La cuarta es que los políticos militaristas ven muy fácil endeudar a España porque nadie les va a pedir cuentas.  Total, cuando la deuda militar sea un problema ellos ya no estarán en el poder (estarán jubilados), o podrán recurrir al argumento de echar la culpa a gobiernos previos.

Mientras el Parlamento y la sociedad permanezcan ignorantes y callados no habrá problema para los políticos militaristas.  Hasta que no haya una auditoría independiente de Defensa no habrá soluciones.

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Más sobre la opacidad del gasto militar: el índice de opacidad del gasto militar auditado por la IGAE

Imagen de Anne Worner

 

Fuentes:  IGAE y elaboración propia.

En nuestro informe sobre el Gasto Militar en 2016, y también en nuestro blog, definimos, por primera vez, el Índice de Opacidad del G.M., que sería el porcentaje del G.M. que se oculta con respecto al presupuesto del Ministerio de Defensa.

En lo concerniente al informe sobre el Gasto Militar auditado por la IGAE para 2014, podríamos definir el Índice de Opacidad del Gasto Militar auditado por la IGAE, que sería el porcentaje de G.M. que se oculta en el informe de fiscalización anual de la IGAE.  Hemos de aclarar que las cifras del cuadro que siguen son diferentes al Índice de Opacidad del Gasto Militar porque aquí estamos hablando del sobregasto real, no de presupuestos.  El presupuesto anual esconde cifras alarmantes de sobregasto militar del 437’55 %.  Lo hacen en otros ministerios y en otras partidas presupuestarias.

Pero el Gasto Militar auditado por la IGAE nos informa de que además de ese gigantesco ocultamiento presupuestario, se produce, de facto, un sobregasto que lo acaba aumentando.  Las cifras que explicamos en este informe nos demuestran un sobregasto en el G.M. auditado por la IGAE para 2014 del 66’18 % sobre lo presupuestado para el Ministerio de Defensa (y recordamos que son cifras parciales, como explicábamos en el punto “1.3.- Contextualización:  diversos criterios para contabilizar el Gasto Militar”).

Consideramos que es positivo aportar una escala que intente medir, aunque sólo sea aproximadamente el volumen de la opacidad del G.M. auditado por la IGAE.  Lo presentamos en una sencilla tabla:

Índice de Opacidad del Gasto Militar auditado por la IGAE

% Denominación

Consecuencias político-económico-sociales

0- 2’5 Bajo Coyuntural.  Aceptable por cuestiones políticas-económicas-sociales puntuales
2’5 – 5 Moderado
5 – 10 Preocupante Baja calidad democrática en el ejercicio del gobierno y en el control en el Parlamento
10 – 20 Alto, poco aceptable
20 – 33 Demasiado alto, inaceptable Muy baja o nula calidad democrática y de transparencia en la toma de decisiones.  Opacidad generalizada y descontrolada.  Control parlamentario sólo aparente.  Generador de malestar social.
33 – 50 Escandaloso
>50 Inaudito Ausencia total de calidad democrática y de transparencia en la toma de decisiones tanto por el gobierno como por el parlamento.

Fallo total en el sistema de control parlamentario.

Sistema sin garantías democráticas reales.

Estado efectivamente militarizado en todos sus aspectos políticos-económicos-sociales.

El ejército es un estado dentro del Estado que sólo vela por sus intereses.  Casta privilegiada.  Connivencia militares – élite política.

Engaño generalizado.

Impunidad total del militarismo.

Despilfarro, descontrol económico y político, ¿corrupción sistémica?

Para el análisis de este cuadro, nótese que no hablamos de liquidaciones de presupuestos decididos social y democráticamente por la población, sino que nos estamos fijando en lo contrario:  aumentos de gastos ocultos, opacos, y , por lo tanto, sin el necesario control parlamentario y social.

Pensamos que hay situaciones políticas, económicas y sociales sobrevenidas y urgentes que pueden hacer que un cierto grado de sobregasto en un tipo de gasto pueda ser asumible, por un periodo corto:  unos pocos presupuestos anuales, quizá.

Nos resultaría a todos más difícil aceptar una situación de sobregasto en las liquidaciones presupuestarias, en cualquier partida, más continuada en el tiempo y de cuantía mayor.  Este ocultamiento empezaría a ser poco aceptable porque implicaría que el gobierno estaría haciendo sus funciones de espaldas a la sociedad, engañando y sin dar verdaderas explicaciones democráticas.  También significaría que el control parlamentario estaría muy mermado.

¿Qué pensarían l@s español@s si el grado de ocultamiento del gasto liquidado de cualquier ministerio fuese mayor del 33 %?  Sería escandaloso, ¿verdad?  Posiblemente lo considerasen inaceptable porque implicaría que existe una muy baja o nula calidad democrática en el ejercicio del gobierno ya que ofrece unas liquidaciones de gastos anuales en las que se sobregasta demasiado y con continuidad.  Posiblemente la sociedad lo considerase como una opacidad generalizada y descontrolada, algo en lo que habría que pedir explicaciones políticas y penales de manera urgente y tajante.  Lo más seguro es que la sociedad también desconfiase del Parlamento porque al llegar a este grado de opacidad se derivaría, con seguridad, que el control del gobierno que las leyes exigen que realice el Parlamento sería nulo.  Ello supondría que los parlamentarios estarían haciendo, al menos, dejación de funciones.  Es seguro que toda esta situación política generaría un malestar social importante.

¿Podría ser imaginable que el grado de opacidad, de ocultamiento de un presupuesto determinado pasase del 50 %, y, sobre todo, que lo hiciese de manera continuada en el tiempo?

Pues esta es la realidad del Gasto Militar auditado por la IGAE para 2014.  Y no sólo en 2016, sino en cualquiera de los años precedentes.  No incluimos datos de Comunidades Autónomas ni de ayuntamientos.

¿Qué significa este dato?  Antes de contestar, tómese su tiempo para reflexionar.  Es necesario.

Nosotros lo hemos hecho y estas son las conclusiones:

  • Ausencia total de calidad democrática y de transparencia en la toma de decisiones tanto por el Gobierno como por el Parlamento.
  • Fallo total en el sistema de control parlamentario. Es seguro que unos parlamentarios están en connivencia con los militares y con el gobierno militarista;  y también es seguro que otros parlamentarios están haciendo dejación de funciones en sus labores de control de la actividad del gobierno en lo militar.
  • El sistema político que así obre deja claro a la ciudadanía que no existen garantías democráticas reales en los temas militares.
  • Esta situación derivaría (ya ha derivado) en un Estado efectivamente militarizado en todos sus aspectos políticos-económicos-sociales. Esta militarización del Estado se estaría realizando, eso sí, mediante una práctica política muy alejada de la vistosidad de un golpe de estado, por medios mucho más sofisticados y ladinos, pero con una efectividad igual.
  • También se deduciría que el ejército es un estado dentro del Estado que sólo vela por sus intereses. Conformarían una casta altamente privilegiada y, a la vez, oculta a la crítica social por múltiples mecanismos políticos y económicos.
  • De ello se sigue que es necesaria una connivencia militares – élite política que podría tener un ejemplo máximo en un ministro (Morenés) y un secretario de Estado (Arguelles) que han usado las puertas giratorias con continuidad. A ellos se les podrían añadir otros ejemplos del PSOE para no ser parciales y para que se vea que el problema es generalizado.
  • El resultado sería una situación de Impunidad total del militarismo en sus aspectos políticos, e incluso penales porque sus intereses estarían favorecidos cotidianamente por la élite dirigente política y parlamentaria.
  • El engaño social sería generalizado.
  • Las consecuencias serían el despilfarro, el descontrol económico y político, y, muy posiblemente la corrupción sistémica en las cuestiones de defensa.
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¿Exenciones a las empresas militares de los PEAS?

Imagen de .Bambo.

Como nos viene pasando habitualmente en los temas de Defensa, no salimos de nuestro asombro.

Leemos en Defensa.com que Cospedal ha conseguido algo que nos parece un nuevo privilegio militar:

Si bien, ha habido otra noticia en materia económica digna de mención:  Defensa ha conseguido que el Gobierno imponga una excepción fiscal a las empresas de Defensa adjudicatarias de los 18 PEAS con el fin de evitar que sean embargadas por Hacienda.  El Ministerio amenazaba con esta medida extrema ante la imposibilidad de aquellas para hacer frente a sus obligaciones con el Ministerio de Industria por los retrasos en los pagos, a su vez, del Ministerio de Defensa.

Vemos que cita a otra fuente y recurrimos a ella:  El Confidencia.com, que en su noticia “Cospedal, ‘cautiva y desarmada’ ante Hacienda para pagar compras de Defensa” subtitula:

El Gobierno ha impuesto una excepción fiscal para evitar embargos contra las empresas públicas de armamento que deben a Industria lo que Defensa no les paga a ellas

Hemos buscado en

Y no hemos encontrado tal norma.

¿Lo están haciendo en secreto?  ¿Es un globo sonda?  ¿Es un bulo?  ¿Es un error?

Si fuese realidad, habría que leer tal norma para ver:

  • cómo fundamentan este nuevo privilegio a la industria militar
  • qué conceden a la industria de la muerte, en concreto.

Por ahora no hay noticias claras. Todo muy extraño.

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Gasto Militar 2014 liquidado por la IGAE: 9.548’37 millones de € (se habían presupuestado: 5.745’77 millones de €)

Imagen de Juliogmilat fotografía

Fuente:  Elaboración propia.

Hay varias estadísticas que se pueden utilizar para hablar de Gasto Militar.

Normalmente nos referimos al Gasto Militar de un año cuando analizamos los Presupuestos Generales del Estado.

Pero hay otra forma de valorar los Gastos Militares, que aunque también es parcial porque no analiza todo lo que la OTAN considera Gasto Militar, vale para tener algunas cifras más precisas y reconocidas por el propio Estado:  el Gasto Militar liquidado por la IGAE.  Dentro de poco sacaremos nuestro informe sobre 2014.  Hasta entonces pueden consultar el de 2013.

El Estado Español cuenta con un mecanismo de control y fiscalización del gasto público, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este organismo tiene entre sus funciones la de revisar con criterios contables europeos los Presupuestos Generales del Estado y proceder a una verificación fiel de su liquidación. Sus funciones se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Como ven, por tanto, nuestra fuente son los papeles oficiales del Ministerio de Hacienda a través de la IGAE.

Adelantamos los primeros resultados generales a través de este cuadro, en el cual las cifras están expresadas en millones de €:

2011 2012 2013 2014
Ministerio de Defensa (presupuestado) 7.156’37 6.316’44 5.913’65 5.745’77
Ministerio de Defensa (liquidado) 8.301,09 9.066,29 7.867’09 7.696’65
Investigación y desarrollo relacionado con la Defensa en el Ministerio de Industria 900,45 582,77 218’15 343’60
Organismos Autónomos Militares 1.195’04 1.130’93 999’30 1.037’23
CNI 216,32 214,61 197’46 213’96
AEMET 11’97 8’79 5’19 4’99
Centros Universitarios de la Defensa 6,79 6,56 10’99 7’74
Pensiones de guerra 348,03 310,29 276’88 245’04
TOTAL (GM liquidado por la IGAE) 10.979’69 11.320’21 9.575’06 9.548’37
TOTAL DEL SOBREGASTO MILITAR

(según la IGAE)

3.823’32 5.003’77 3.661’41 3.802’6
% de desviación sobre lo presupuestado 53’42 % 79’21 % 61’91 % 66’18%

 

Como se ve, estos datos globales suponen una constatación de tres aspectos básicos en la política presupuestaria del ministro Morenés y del gobierno del PP:

  • Se acumulan cifras astronómicas de sobregasto militar:  16.291’1 millones de € de sobregasto militar entre 2011 y 2014, la primera legislatura de Rajoy.
  • Se oculta el sobregasto en múltiples partidas:
    • Organismos Autónomos Militares.
    • Investigación y Desarrollo relacionado con la defensa del Ministerio de Industria.
    • Centro Nacional de Inteligencia del Ministerio de Presidencia.
    • Agencia Estatal de Meteorología del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
    • Centros Universitarios de la Defensa.
    • Pensiones de Guerra.
  • Mienten mucho, y a sabiendas, sobre el Gasto Militar. Que haya desviaciones de gasto que oscilan entre el 53’42 y el 79’21 %, en los últimos años analizados, es algo que se hace y se mantiene a sabiendas.  No se puede hablar de circunstancias coyunturales surgidas durante el ejercicio, de asuntos inesperados.
  • El motivo por el cual el Ministerio de Defensa y el Gobierno en pleno mienten continuamente a l@s español@s es para ocultar el altísimo grado de militarización que sufrimos la sociedad española y la preponderancia que dan al Gasto Militar sobre el Gasto Social.
  • La mala gestión que se hace los presupuestos militares debería implicar algunas medidas políticas para corregirla.  Por ejemplo una auditoría independiente de las cuentas que acabe desvelando la realidad del Gasto Militar.
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Los PEAS son la burbuja especulativa que le va a explotar al Ministerio de Defensa

Imagen de Ferran BCN

Sobre los PEAS hemos publicado muchísimo.  Y seguiremos publicando porque es una chapuza financiera de la que el Ministerio de Defensa no sabe salir, haciendo las cosas bien, se entiende.

El supuesto éxito de Cospedal

Nos vende Infodefensa que Cospedal ha convencido al gobierno para reprogramar los gastos de PEAS de 2016 para 2017.  Parece un éxito de gestión de la Ministra de Defensa cuando realmente es un fracaso en toda regla, obligados por el Tribunal Constitucional.  Al final, en 2017 se pagarán los 1.107’7 millones de € de dicho año y los 716’7 millones de 2016.  El total va a ser escalofriante:  1.824’4 millones de € para PEAS en 2017.

El primer problema de Cospedal:  la imagen insolidaria del Ministerio de Defensa.

Si tenemos en cuenta que el presupuesto  del Ministerio de Defensa ronda los 6.000 millones de €, el aumento sería de, aproximadamente, un 30 %.  ¿Cómo le será posible a Cospedal, en una época de duros recortes sociales, económicos y políticos, vender un aumento del 30 % en su ministerio, el menos social de todos?.  ¿Cómo convencerá a l@s español@s de la solidaridad del Ministerio de Defensa cuando ellos suben su propio presupuesto en un 30 %?

Los 18 Programas Especiales de Armamento (PEAS)

En la siguiente infografía se enumeran los PEAS, lo que iban a costar en 2009, lo que se reprogramó para 2013, y abajo los compromisos de pagos acordados entre la industria armamentística y el gobierno.

Infografía de El País

Las conclusiones al analizar esta infografía son claras:

  • Cada vez vamos a recibir menos armamento
  • El precio total y parcial de cada PEA cada vez será mayor.
  • Nos quedan por pagar 14.280’9 millones de € hasta 2030.
  • Estamos hipotecados por estos programas de armamento hasta el año 2030 y ello va a suponer una burbuja financiera que va a acabar explotándole al Ministerio de Defensa y, de paso, a los contribuyentes.

Con más detalle se puede ver en este otro cuadro también publicado por Infodefensa:

En la anterior tabla salta a la vista otro dato, todavía más escalofriante, el monto total de los PEAS va a ser de 29.479’06 millones de €.

La práctica engañosa del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa venía haciendo una práctica ilegal, según ha reconocido el Tribunal Constitucional (2 sentencias) que consistía en que no incluía los PEAS en los Presupuestos Generales del Estado.  Luego, con la excusa de que eran gastos no previstos, los aprobaba en verano por Decreto Ley y sin la consulta al Parlamento.

Esto ocultaba una buena parte del gasto militar a la ciudadanía.

En el entramado financiero que gestiona los PEAS todo es raro:

  • La industria militar (privada, en su mayoría) se compromete con el Estado a dotarle de una serie de armamentos
  • El Estado prefinancia la investigación y desarrollo necesarios para que la industria militar pueda fabricar las armas.
  • La prefinanciación no ha hace el Ministerio de Defensa (sería poco vendible a la sociedad).  La hace el Ministerio de Industria, concediendo a la industria militar unos créditos previos a su labor de investigación y desarrollo.
  • Los créditos que Industria da a las armamentísticas son a interés cero.
  • Una buena parte de la industria militar no cumple los plazos y, además, acaban reclamando sobrecostes al Ministerio de Defensa y al de Industria.
  • El Ministerio de Defensa reprograma los PEAS. Tanto el número de armas que van a recibir, como lo que van a pagar.
  • La industria armamentística tiene que devolver anualmente los créditos al Ministerio de Industria.
  • Según va recibiendo el armamento Defensa va pagando los PEAS a la industria armamentística, eso sí, ya con sus sobrecostes añadidos.

Múltiples irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas

Con informaciones sacadas de El País  (Miguel González) procedemos a publicitar siete irregularidades en la contratación del Ministerio de Defensa.

1.-  Contrato de 18’8 millones de € concedido por el Ejército de Tierra a General Dynamics, sin licitación ni publicidad.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, anuló el pasado 24 de junio un contrato por 18,8 millones de euros concedido por el Ejército de Tierra a la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDSBS). En su resolución, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitación ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la número 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 años.

 Lo que no explicaba la resolución es que lo que se buscaba con esta adjudicación es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de más, aunque para ello se recurriera a una fórmula de dudosa legalidad.

La explicación figura en el folio 127 del Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) elaborado por el Tribunal de Cuentas. El contrato de compra de 219 carros de combate Leopard y 16 de recuperación tenía un importe total de 2.489 millones de euros, pero la empresa fabricante ha recibido ya en anticipos del Ministerio de Industria y en pagos de Defensa un total de 2.507 millones. Tiene por tanto, constata el Tribunal de Cuentas, “un exceso de financiación de 18,8 millones”; justo el importe de la adjudicación anulada por Hacienda. Si hubiera dudas sobre la identidad de ambas partidas, el informe explica: “Esta cantidad se encuentra en trámites de regularización, pues es objeto de la Adenda 25, actualmente en negociación”. A la postre, sin embargo, la regularización ha resultado irregular.

2.-  Sobrecostes de 43’6 millones de € de la compañía española SAPA por programas de transmisiones.

No es la única anomalía constatada en la mayor compra de carros de combate de la historia del Ejército español. Defensa ha reconocido sobrecostes por un importe de 43.6 millones de euros derivados, básicamente, de los problemas que la compañía española SAPA, suministradora de las transmisiones, ha tenido con su socio tecnológico alemán Renk.

El Tribunal de Cuentas considera “indudable” que “las circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales” en programas de estas características “exceden los cauces de contratación ordinaria”, pero agrega que SAPA conocía las condiciones de suministro y las aceptó, que el contrato ya preveía un beneficio del 10% con el que cubrir esos imprevistos y que la operación contó con un 100% de financiación pública, por lo que el riesgo financiero era cero.

3.-  El programa de carros de combate Leopard se rige por un antiguo convenio del Ministerio de Defensa con el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) de 1981, mucho más beneficioso para el contratista (General Dynamics, nuevamente).

El informe llama la atención sobre un hecho insólito: Santa Bárbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas públicas) que data de 1981 y “contiene un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general”. Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debió liquidarse hace años.

4.-  Navantia, empresa pública y que no debería tener beneficios al contratar con la Administración, incluye en sus convenios con Defensa beneficios entre el 4 y el 12 %.

Si ya es sorprendente que empresas privadas se comporten como públicas, no lo es menos que públicas lo hagan como privadas. El Tribunal de Cuentas se extraña de que el convenio entre Defensa y el astillero público Navantia incluya un margen de beneficio de entre el 4 el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan. El informe alega que el ánimo de lucro, “principal incentivo para el empresario particular”, no tiene sentido en una sociedad pública, que está obligada a aceptar los encargos que le hace el Estado y solo puede facturar los costes reales, De lo contrario, advierte, podría considerarse “un exceso de financiación pública”.

Defensa ha tomado nota de esta advertencia y ha replicado que, en su nuevo convenio con Navantia, el concepto beneficio se sustituye por el de “margen industrial”, para hacer frente a los “riesgos relativos” a la ejecución de los programas. En esos riesgos no se incluye la revisión de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acción Marítima (BAM).

5.-  Defensa renuncia a imponer penalizaciones a Navantia por el retraso de 78 meses en la entraga de los BAM.

La entrega a la Armada de estos cuatro barcos ha sufrido un retraso total de 78 meses, lo que dio lugar a la apertura de expedientes para imponer las penalizaciones contempladas en los contratos, por un importe total de 31,7 millones de euros. Sin embargo, “por una causa que no se ha justificado”, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanción alguna.

Defensa ha negado que existiera aquiescencia por parte de la Armada para no imponer sanciones y ha anunciado que se reactivará el grupo de trabajo dedicado a discutir con Navantia su importe, aunque alguno de los expedientes, que data de 2011, puede haber caducado.

6.-  Defensa se niega a recepcionar oficialmente armamento y lo mantiene almacenado para no subir el déficit público.

Quien no se retrasó en la entrega fue el consorcio fabricante del avión de combate europeo Eurofighter. Además de los 47 cazas ya en servicio en el Ejército del Aire, hay otros 12 almacenados durante tres años en la base aérea de Los Llanos (Albacete), que España no ha querido recepcionar oficialmente para que no computen en el déficit público.

7.-  Defensa demuestra incompetencia porque no puede usar los helicópteros NH-90 porque no tiene el personal, los equipos y las instalaciones necesarias.

Además, tres helicópteros NH-90 están depositados “temporalmente” en las instalaciones de Eurocopter en Albacete hasta que el Ejército de Tierra disponga del personal, los equipos y las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional.

En este asunto de los PEAS, el Tribunal Constitucional ha dictado 2 sentencias:

  • La primera anulaba el decreto ley de 2014 que destinó 886’3 millones de € a los Peas.  El recurso lo habían presentado el PSOE, pero también Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA, Izquierda Plural y UPyD.

Los recurrentes argumentaron que estos pagos estaban previstos con antelación y responden a una programación plurianual, por lo que debían haberse incluido en los Presupuestos Generales del Estado, propiciando así un debate parlamentario en profundidad. El Gobierno replicó que, aunque el importe global de estos programas es conocido (29.500 millones de euros hasta 2030), la cuantía exacta de cada anualidad está sujeta a negociación con la industria militar y depende de la evolución del déficit, por lo que no era posible incluirla en el presupuesto ordinario de Defensa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, recrimina al Gobierno que ni de la exposición de motivos de la norma ni del expediente tramitado por Defensa “se puede deducir argumento concluyente que ampare la utilización del decreto ley, pues nada se argumenta sobre la extraordinaria y urgente necesidad”, que es lo que justifica su uso según el artículo 86.1 de la Constitución. Al contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció en su discurso de convalidación del crédito extraordinario que no se trataba “de dar cobertura a necesidades imprevistas”, sino de “proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”, y añadió que la Administración estaba obligada a “no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros”, en alusión a la industria militar.

Tras calificar de “singular” la técnica empleada por el Gobierno, el Constitucional constata que “más que la respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad por imprevisible”, la aprobación de créditos extraordinarios para Defensa “se ha convertido en una práctica habitual” para atender un compromiso de pago que es “previsible y programable”.

“Simplemente se alude [por el Gobierno] a la importancia de que se pague a los proveedores para evitar el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse, [pero] esas consecuencias negativas aparecerían en cualquier obligación contractual del Estado”, sin que se explique por qué serían más graves en el caso de la industria militar, argumenta.

El Constitucional no rechaza que se aprueben créditos extraordinarios para financiar programas militares al margen del presupuesto ordinario, pero agrega que debería hacerse a través de una ley y no mediante el decreto ley, cuyo uso está restringido expresamente por la Constitución. “En definitiva”, concluye, “el recurso sistemático al decreto ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

La sentencia, que anula el decreto ley de 2014 pero cuya doctrina es aplicable a los de 2012, 2013 y 2015, no obligará a las empresas a devolver los 4.300 millones de euros recibidos. Y no solo porque los decretos leyes fueron posteriormente convalidados en las Cortes. Sensible al efecto que ello tendría sobre la industria militar española y sobre el Estado, que se enfrentaría a penalizaciones de los consorcios internacionales que gestionan dichos programas, el Constitucional aclara que, por el “principio de seguridad jurídica”, que garantiza los derechos de terceros que mantienen de buena fe relaciones económicas con la Administración, no serán revisables las “situaciones establecidas mediante actuaciones administrativas firmes”; es decir, los mandamientos de pago realizados al amparo de los créditos extraordinarios.

  • La segunda anula otro decreto ley por 846’4 millones de €. Presentada por 50 diputados socialistas.

El alto tribunal estima el recurso presentado por 50 diputados socialistas y considera que “el uso sistemático del decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento” no está justificado por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” y, por tanto, “no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

Sin embargo, la sentencia no obliga a las empresas de armamento a devolver el dinero cobrado a través de este sistema irregular, ya que “la protección de los terceros de buena fe que mantienen relaciones económicas con la Administración se vería gravemente comprometida si desapareciese la autorización del crédito extraordinario”. En consecuencia, “tras ponderar el principio de seguridad jurídica”, declara “no suceptibles de ser revisados como consecuencia de [la] nulidad”  del decreto-ley los pagos realizados por Defensa.

PEAS II.

La apuesta por la militarización del gobierno de Rajoy sobrepasa el primer plan PEAS y ahora están propiciando un plan PEAS II.  En 2014 publicábamos un artículo en el que advertíamos que el Ministerio de Defensa tenía planes para hacer un segundo plan PEAS, el plan PEAS II.

(…) articular un plan de I+D vinculado a la potenciación y capacitación de nuestra industria principalmente en esas capacidades industriales esenciales antes identificadas.  Este plan se ha puesto en marcha abordando dos de las necesidades militares identificadas por el JEMAD más prioritarias, y que ya tienen financiación en los PGE de 2015:  el 8×8 y la fragata F-110.  De ambos se han derivado 20 proyectos tecnológicos (7 del 8×8 y 13 de F-110).  Estos programas darán comienzo ya en el ejercicio 2015.  Están dotados con 41 y 37 millones de € en el Capítulo 8 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  Además, en este mismo Capítulo se han contemplado las partidas de prefinanciación del contrato de los dos nuevos BAM para la Armada:  son 161 millones de €.  En términos numéricos totales, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incorpora 564 millones de € para programas de defensa, un 64 % más que en 2014.

Es decir, el PEAS II consta de:

  • Blindados 8×8, por 41 millones de €
  • Fragata F-110, por 37 millones de €
  • 2 nuevos BAM de la Armada:  161 millones de €

Todo ello hace un total de 239 millones de € para el plan PEAS II, que habría que sumar a los 30.000 millones del primer plan PEAS.

Las alternativas futura de Cospedal.

Las posibilidades que tiene Cospedal para 2017 son dos:

  • Aflorar, por fin, los PEAS en la contabilidad del Ministerio de Defensa, pasando los 6.000 millones, más o menos, que presupuestan ahora a 8.000 millones, y quedando como el Ministerio con más aumento de gasto en épocas de crisis y de recortes.
  • Hacer una nueva ley en la que seguir ocultando esta parte del Gasto Militar y en la que se aprueben los PEAS.

¿Cuál será su opción?

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Imputados guardias civiles por simular gastos de dietas

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Por Josu Mendicute

Fuente: El País

La falta de controles sobre el gasto público genera descontrol, despilfarro y hasta corrupción, amparado todo ello en la sensación, a veces bastante cierta, de impunidad de las actuaciones dilapidadoras.

Que la falta de controles se asocie a esa especie de idea mal entendida de autoridad que encarnan los institutos armados y encargados del control social, genera impunidad y arbitrariedad en la administración de esa “autoridad” y una injusticia mayor, si cabe, pues si los vigilantes atropellan lo que tienen que vigilar, mal vamos.

Y un ejemplo de ello lo tenemos en una práctica, que debemos pensar que está más extendida de lo que nos quieren hacer creer, de simular gastos de dietas por parte de 137 guardias civiles, de teniente coronel para abajo, para calzarse un pellizco de sobresueldo.

La práctica concreta parece que consistía en que simulaban alojarse en hostales en sus desplazamientos por razones de servicio a Madrid, pero alojándose en realidad en residencias del instituto armado, para presentar luego las falsas facturas como gastos reales para que se los reintegraran.

Al parecer los fraudes van desde los 33´8 euros en la cota más baja a los 1.489, de modo que tenemos desde el pequeño chorizo hasta el morcón cebado en las defraudaciones.

Hay implicados desde un Teniente Coronel a Coroneles, capitanes y otros oficiales, suboficiales y cabos y guardias, lo que demuestra que esta corruptela estaba bastante extendida y, de añadido, que para ciertas cosas todos los del instituto armado practican una igualdad gremial que espanta.

El colmo de la codicia (no sabemos qué peor nombre encontrar) de los tramposos está en que siempre pasaban las facturas por importes fijos y sospechosos; concretamente el máximo permitido por dieta y día. Y eso, por muy cazurro que sea el encargado de controlar, canta mucho, porque no es posible, pongamos por caso, que todos los hostales de Madrid, es un decir, cobren lo mismo siempre por noche y que eso que cobran siempre sea lo máximo que se puede imputar a dieta según la normativa guardacivilesca.

Y con la mosca detrás del tricornio, empezaron las investigaciones.

… lo definitivo fue comprobar que en las mismas fechas en que los agentes pretendían haberse alojado en el Hostal Las Vegas, situado en la calle de Almansa de Madrid, no muy lejos de la Dirección General de la Guardia Civil, figuraban como hospedados en la residencia de oficiales y suboficiales de la calle del Príncipe de Vergara de la capital.

Osea, que además de tener mucho morro, para idear un fraude masivo tan burdo hay que tener mucho desparpajo y poco miedo, o mucha confianza en que alguien va a hacer la vista gorda, o un poco de cada, lo cual nos parece más preocupante.

La imputación, a pesar de que es más que posible que ocurriera desde mucho antes, se ha ceñido al período 2011-2014, precisamente una parte importante del período de crisis y cuando los recortes más brutales han cercenado los derechos civiles,  y el monto total de fraude por el que la Fiscalía de Madrid pide reparación asciende a algo más de 14.000 euros que, podemos decir, nos han mangado.

De nuevo, y no es la primera vez que lo decimos, la realidad insostenible de descontrol y opacidad del gasto militar pide a gritos auditorias independientes y asunción de responsabilidades.

Es lo mínimo.

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Despilfarro militar en EE.UU.: 58.000 millones de $ en programas de armamento fallidos

Imagen de EFE

Imagen de EFE

Fuente:  Infodefensa.

Es de alabar, en ocasiones, la transparencia de USA en temas defensa.  Han publicado un informe titulado:  “Performance of the Defense acquisition system.  2016.  Annual report“.

En él identifican la existencia de 23 programas de desarrollo de armamento que han fracasado tras gastarse 58.000 millones de $.

8 de los 23 programas consumieron todo el dinero destinado a ellos antes de ser descartados.  7 de los 23 gastaron más dinero del presupuestado antes de ser eliminados.

  • El programa llamado Sistema Futuro de Combate (tanques) fue, durante 6 años, el programa de armamento más importante de USA.  Se canceló en 2009, tras haber gastado 20.000 millones de $.
  • El programa RAH 66 Comanche, un helicóptero de reconocimiento y ataque, se despilfarraron 9.800 millones de $.
  • El satélite NPOESS, despilfarró 3.700 millones de $.
  • El helicóptero presidencia VH-71 despilfarró 2.700 millones de $.
  • Los dirigibles de defensa aérea JLENS despilfarró 2.500 millones de $.

Todo ese gasto es una aberración y debe censurarse sin paliativos.

Pero, al menos en esto, los americanos tienen algo que en la política de defensa española no existe ni en pintura: son más transparentes en sus datos, incluso cuando muestran cagadas monumentales como esta que comentamos.

¿Cuándo será posible un ejercicio de autocrítica con datos semejante en España?  ¿A qué tiene miedo el Ministerio de Defensa para no publicar datos sobre este tema?

Es imprescindible una auditoría seria e imparcial de los gastos de Defensa.

¿Puede un país en grave crisis como España permitirse el despilfarro militar?

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Corrupción militarista en Defex

Imagen de Defex

Imagen de Defex

Fuente:  El Mundo.

Son varias las veces que hemos tratado el caso de DEFEX en este blog.  Y, según parece, más serán las que lo trataremos.

Defex es

una empresa constituida en el año 1972, tiene como objeto social la promoción y exportación de bienes y servicios de empresas españolas.

DEFEX es una sociedad mercantil estatal participada mayoritariamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En su Consejo de Administración están representados el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de SEPI, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Defensa y diversos accionistas privados.

El caso DEFEX ha dado tantas vueltas que no nos vendrá mal hacer un breve repaso, de la mano de El Mundo:

En 2012, las autoridades de Luxemburgo preguntaron a España por unas transferencias por valor de 41 millones desde una cuenta bancaria conjunta de Defex y la empresa Comercial Cueto 92, con la que Defex ejecutaba un contrato de venta de armas a la Policía angoleña.  El fiscal anticorrupción Conrado Sáiz abrió diligencias de investigación en febrero de 2013, y en julio de 2014 se judicializó el caso, que recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que dirige José de la Mata.  El contrato de Angola era de 153 millones de euros. De ellos, unos 100 fueron de beneficio, pero cerca de 70 se desviaron a empresas pantalla y paraísos fiscales. Beatriz García Paesa, sobrina y mano derecha del espía Francisco Paesa, fue la que creó sociedades en paraísos fiscales para ocultar el dinero.  Todavía se está investigando quién se quedó con el dinero. Al menos una parte muy sustanciosa fue a manos de Juan Carlos Cueto, responsable de Comercial Cueto 92, la empresa que vendía las armas en Angola de la mano de Defex. Él, al igual que Beatriz Paesa, es uno de los imputados en el caso.

Defex, así, consiguió el honor de ser la primera empresa pública en ser imputada en una investigación penal.

Parece ser que los altos cargos de Defex siguen siendo purgados y despedidos, discretamente por la empresa, debido a las auditorías, el trabajo de Anticorrupción  y los escalofriantes informes forensic de PriceWaterhouseCoopers y Deloitte.

Las comisiones medias en los contratos que ha intermediado Defex desde 2008 y hasta 2014 -en que entró en sus instalaciones la Guardia Civil por orden judicial- son del 8% para los agentes contratados y del 9% para la empresa pública. Es decir,pellizcazos del 17% que suponen 57 millones sobre un total de 340

defex-pellizcos

Como se ve, los pelotazos que se daban en Defex son de tal cuantía que en ocasiones el proveedor real

se queda con menos del 50% del dinero del contrato.

¿Quiénes son los responsables de estos desaguisados?

Los accionistas de este engendro son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), con un 51% del capital, seguida principalmente de las privadas Maxam Expal, con un 20%, e Instalaza, con un 10%. En los órganos de gobierno de ambas participan o han participado importantes personalidades de la vida española y de confianza del Rey Emérito como Jaime Carvajal en Maxam o del actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Instalaza.

El representante de Maxam Expal en el consejo de Defex es nada menos que el ex jefe del Estado Mayor de la Armada, Francisco Torrente, también muy próximo al padre del actual Monarca. También figura el presidente de Maxam, José Fernando Sánchez Junco, ex director general del Ministerio de Industria con el PSOE. Además, hay en el consejo representantes de Exteriores, Defensa y Economía

Es desolador. El presidente más longevo de Defex durante décadas, José Ignacio Encinas, fue detenido en una primera fase de la investigación iniciada en 2014, aunque ya había sido relevado dos años antes al llegar al poder el PP. La Sepi nombró presidente de Defex en 2012 a Fernando Aguilar con el respaldo de su cuñada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Aguilar, que había sido antes delegado en la oscura delegación de Singapur, terminó siendo también relevado en 2015 y se encuentra imputado desde este verano en la segunda fase de la investigación. En el entorno de la dirigente del PP aseguran que la relación con su cuñado es inexistente desde hace algún tiempo.

¿No sabían nada estos responsables políticos y económicos?, ¿se han enterado por la prensa?

¿Se pedirán responsabilidades políticas y penales a alguno de ellos?  ¿Alguien de la SEPI, y por lo tanto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá alguna responsabilidad por ser socios mayoritarios, la tendrá su ministro Montoro?  ¿La tendrán los Ministerios de Defensa, Exteriores o del de Economía, es decir, Morenés, García Margallo o Guindos?

Pero el caso Defex parece infinito.  Al menos son infinitas las ganas de lucro de algunos de sus empleados.  Nos cuenta El Diario que

Un juzgado de Madrid ha obligado a la empresa semipública de exportación de material militar Defex (que tiene al Estado como mayor accionista con el 51%) a readmitir a un exdirectivo imputado en la Operación Angola por un presunto fraude en una operación de venta de armas a ese país por importe de 152 millones de euros.

El directivo en cuestión es Manuel Iglesias Sarriá Fernández de Navarrete, exdirector de Operaciones de Defex. El pasado 1 de octubre, Defex procedió a darle de alta en la Seguridad Social, aunque su reincorporación efectiva no se produjo hasta el lunes 10 de octubre. A Iglesias prácticamente no le dio tiempo a encender el ordenador: ese día se le entregó la carta de despido, según fuentes al tanto del proceso.

Ingeniero de Telecomunicaciones y primo carnal del cantante Julio Iglesias (su padre era hermano del doctor Julio Iglesias Puga, alias Papuchi), Iglesias Sarriá llevaba trabajando en Defex desde 1990 y en enero de 2013 fue nombrado director de Operaciones, bajo dependencia directa del entonces presidente de la compañía, Fernando Aguilar Viyuela.

Aguilar, que es cuñado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue presidente de Defex desde 2012 hasta mayo de 2015, cuando fue sustituido por el teniente general del Ejército Juan Carlos Villamía.

Pero no nos engañemos.  Este no es un caso puntual en la Administración del Estado.  Es un caso estructural porque hay que preguntarse para qué sirven las empresas y organismos autónomos del Estado.  ¿Cuál es su función si los trabajos que realizan los podrían, y deberían, hacer los funcionarios en los propios ministerios?  En muchas ocasiones hemos dicho que los Organismos Autónomos militares deberían cerrarse porque parece que su función sólo es doblar gestiones y sueldos y esconder las responsabilidades de gestión directas del Estado a través de sus ministros.

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Ahorro de un millón de euros en peluquería (Ministerio de Defensa)

El+peluquero

Landahlauts

Fuente: Cuarto Poder

Salvando el atonismo que nos provocan las refriegas burdas de la casta política, con sus posturitas y palabras gruesas, nos hemos quedado de piedra al leer a Luis Díez en Cuarto Poder afirmando que Defensa se va a ahorrar casi un millón de euros al no subvencionar a partir de ahora el corte de pelo de los militares.

Y es que, tomándola por donde se debe, la noticia deja claro que antes de esta decisión “ahorradora”, Defensa pagaba una parte considerable del corte de pelo de los militares y se gastaba en el esquileo nada menos que 902.650,56 euros en un concurso con peluqueros varios para que a los militares les costara entre 4.5 y 5 euros cortase el pelo a tono con su condición marcial.

Recordemos que los militares cuentan en sus nóminas, como ya explicamos en otra entrada de este blog, con una serie importante de complementos, entre otros uno de vestuario, que bien podríamos considerar retributivos de esta ayuda “estética” que, además, subvencionaba Defensa hasta ahora.

Nótese que, de no tratarse de las egregias cabezas militares, tan necesarias de constante encerado y pulimento, nos parecería una burla que el Estado se dedicara a pagarles el peluquero a los funcionarios, pero no pasa así con estos servidores públicos, cuya cabeza pelada forma parte del uniforme.  Aquí al parecer nadie ha tenido nada que objetar en estos años de alegría capilar. Nadie ha preguntado por qué los militares se cortan el pelo a costa de los presupuestos y a cambio de que el Estado desembolse con cargo a los impuestos una cantidad económica en concepto de peluquería.

Menos mal que ahora alguien le ha metido la tijera al gasto impropio.

Podemos ver que estamos ante un despilfarro, un gasto inasumible que no debió aceptarse nunca y que ahora, al parecer, se intenta corregir. También es un abuso. Algo impropio y que marca la linea de privilegios chuscos del militarismo español.

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