Archive for terrorismo económico

8 países europeos reclaman a Israel por requisar y dañar ayuda a Cisjordania

Imagen de Raquel Nogueira

Fuente:  El País.

La noticia no tiene desperdicio:

España, Francia, Italia, Suecia, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Dinamarca requieren al Estado hebreo una compensación por un importe superior a los 30.000 euros si no devuelve las instalaciones y materiales incautados por las fuerzas de seguridad en las comunidades beduinas de Abu Nuwar, próximas a Jerusalén, y Jubet al Dhib, en las inmediaciones de Belén. Los ocho países consideran que Israel, como potencia ocupante, viola la legislación internacional al privar de ayuda humanitaria a la población palestina en Cisjordania. En ambos casos se trata de terrenos en los que está previsto erigir nuevos asentamientos en torno a la Ciudad Santa, unas colonias que comprometerían la continuidad territorial, por el este y el sur, de un futuro Estado palestino.

Es decir, varios países europeos se unen para plantar cara a la política de Israel contra la ayuda humanitaria que les llega a los palestinos, consideran a Israel potencia ocupante, le acusan de violar la legislación internacional, y le piden compensaciones.

¿Algo está cambiando en la política europea?  ¿O es que ya es demasiado el abuso israelí?

Por otro lado, hay que destacar que el material incautado o dañado no levantaba ninguna sospecha:  placas solares y pabellones prefabricados.  Nada de material de guerra ni de doble uso, todo lo contrario, materiales que buscan cubrir necesidades sociales básicas:

La petición conjunta, que no tiene precedentes, obedece a la destrucción y requisa, el pasado mes de agosto, de placas solares y pabellones prefabricados financiados por la cooperación europea. Estos materiales fueron destinados a varias escuelas para la población palestina beduina asentada en la llamada Área C de Cisjordania, que representa un 60% del territorio bajo ocupación militar y que es administrada por Israel en exclusiva.

Sin embargo, la postura israelí se aleja de la concordia e, incluso, del buen juicio:

Israel rechaza ofrecer cualquier tipo de compensación, según informa el diario Haaretz, ya que no considera este tipo de cooperación europea como ayuda humanitaria, sino como una actividad urbanística ilegal, al no contar con autorización de la administración civil israelí, dependiente de las Fuerzas Armadas en el Área C de Cisjordania. Al igual que en Jerusalén Este, los responsables urbanísticos no suelen conceder licencias de edificación a los palestinos en esa zona.

Las ilegalidades cometidas por Israel en lo que respecta a la cooperación europea son muchas:

  • los daños causados por las demoliciones israelíes en instalaciones costeadas por la UE en territorios palestinos en 2016 se elevaron a 557.000 euros.
  • En 2017 han sido derribadas por carecer de permiso 344 edificaciones palestinas en Cisjordania, de las que una quinta parte habían contado con financiación europea.
  • Holanda reclamó por su cuenta el pasado mes de junio la devolución de paneles solares confiscados en Cisjordania, con un coste evaluado en 500.000 euros. Israel accedió finalmente a devolver el material requisado.
  • Una de las principales inversiones europeas tras los Acuerdos de Oslo, de los que surgió la Autoridad Palestina hace 24 años, fue la construcción del aeropuerto de Gaza en 1998. Bruselas aportó la mitad de los 70 millones de euros que costaron unas instalaciones que fueron arrasadas tres años después, durante la Segunda Intifada, por las Fuerzas Armadas de Israel. España contribuyó con 20,5 millones a la participación europea en la terminal aérea palestina antes de que quedara reducida a escombros.

¿Terrorismo de Estado?

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Propuestas de paz para Israel-Palestina: piensa globalmente, actual parcialmente

Imagen de Raquel Nogueira

Fuente:  Es Global.

Uno de los conflictos mundiales más enconado, polarizado y violento es el de Israel-Palestina.  Es un conflicto con dosis diarias de violencia directa, estructural y cultural, y con episodios de paroxismo guerrero.  Tanto el día a día como los momentos álgidos de violencia indican la misma dirección, cronificar el conflicto, hacerlo infinito.  Poco a poco, a de manera ultrarápida se van acumulando odios, venganzas, injurias, afrentas, …

¿Es posible una alternativa?  ¿Puede esta alternativa ser noviolenta?  ¿Puede estar basada en principios básicos que hagan la vida de tod@s mejor?  ¿Se puede mejorar la vida de las dos comunidades, incluso hasta el momento de poder llamarlo convivencia?

Ciertamente todo lo anterior es posible.  Aunque no nos lo parezca cuando nos vemos insertos en el mundo de la guerra y la violencia, fuera de ella existe la lógica.  Y hemos de decir que es una lógica mejor.  Más sana y creativa.  Una lógica que da posibilidades de llevar una vida más plena, pacífica y humana.

El artículo al que hacemos referencia es de María Torrens y nos abre la mente a posturas que, una vez que las leemos y meditamos, nos parecen lógicas, deseables, acertadas y que pueden llevar el conflicto hacia horizontes diferentes.

Leyendo las propuestas y las historias sobre las que están basadas, vemos que las grandes discusiones políticas (1 estado o 2 estados, el problema del terrorismo, el problema de las continuas agresiones del estado israelí, la violencia, etc) tienen muy difícil recorrido, están demasiado enconadas para poder resolverse de alguna manera. La solución por la fuerza o mediante el diálogo, esa es la gran disyuntiva, la dicotomía en la que hay que elegir.  ¿Existe alternativa?  Sin embargo, lo que se propone en el artículo son ideas pequeñas, parciales, muchas veces muy concretas, que permitirían vivir más pacíficamente y con más libertad.  Todo es cuestión de grado, todo es un proceso.  Posiblemente estas pequeñas ideas, desconexas, parciales, no sean la solución, ni resuelvan, de un plumazo, el conflicto.  Son pasos, pequeñas soluciones a pequeños conflictos también enquistados y polarizados.

Veamos las soluciones, y leamos en el texto de referencia las opiniones y realidades en las que están basadas:

1.-  Mismos impuestos, mismos servicios e infraestructuras, que permite vivir más pacíficamente y con más libertad, con más derechos a infraestructuras y servicios, con más libertad de circulación.

2.-  Educación contra la violencia.

3.-  Permiso para construir.

4.-  Aparcar en Jerusalén en festivos.

5.-  La relación económica con Cisjordania.

6.-  El trato a los presos palestinos y sus familias.

7.-  El papel de la comunidad internacional.

Llama mucho la atención el heptálogo de propuestas.  ¿Aparcar en Jerusalén los festivos puede tener el mismo rango que el trato a los presos palestinos y sus familias o que el establecimiento de 1 ó 2 naciones?  No, el mismo rango no, es evidente, pero sí que puede ser importante para facilitar el día a día, crean cada una, y más en conjunto, ambientes diferentes a los que ahora se viven, tanto en lo económico, como en lo social, como en lo político.

Posiblemente a muchas personas les puede parecer un análisis simplista, bonachón, bienintencionado, pero endeble el que se propone en el texto de referencia, sin embargo, está basado en las opiniones y propuestas de las personas que están viviendo el conflicto diariamente.   Y esto es así porque no se reconoce que las propuestas están hechos desde otro punto de vista, desde una perspectiva alternativa.  Por ello hay que respetar la propuesta e intentar ver sus puntos fuertes.

Las soluciones, en nuestra opinión, destacan porque ponen de relieve la existencia de otros tipos de violencia que son claves a la hora de abordar los conflictos y solucionarlos.  A estos tipos de violencia, la estructural y la cultural, casi nunca les damos importancia y, sin embargo, son la base de hondas desigualdades, injusticias y malestares que acaban por realzar el ambiente de odio y la imposibilidad de llegar a una solución porque todo está mal.  Son la violencia diaria, transparente frente a los asesinatos, a las bombas, a la violencia directa.

Si preguntásemos a la gente de la calle y a los políticos sobre qué es lo que importa defender en estos conflictos probablemente obtendríamos respuestas distintas.  Probablemente a los políticos les interesaría defender, exclusivamente o sobre todo, la nacionalidad, la existencia de un estado, el uso de la violencia directa en defensa de sus intereses, la negociación entre las elites, su protagonismo hegemónico.  En cambio, a la gente de la calle posiblemente también les importasen la nacionalidad y la existencia del estado, pero seguramente se detendrían mucho más tiempo que las elites en idear pequeñas soluciones que les hagan la vida más fácil y pacífica.  Seguramente tendrían perspectivas más humanas que verían posibilidades de acuerdo y de convivencia con el “enemigo” en sus propios barrios, en igualdad.  Posiblemente reclamaría otra manera diferente de gestionar la defensa, una mayor soberanía ciudadana en temas de defensa.

Como insinuábamos antes, la solución desde, o en, la perspectiva de dominación-violencia no existe porque el análisis deja de lado una gran parte del problema (la violencia estructural y cultural) y, por lo tanto, de las soluciones.  O el otro renuncia a la violencia o no hay solución posible; o se aceptan mis tesis, antagónicas a las del contrario, o no hay solución posible.  Todos los debates son llevados a máximos y las únicas posibilidades son todo o nada.

Además, esta visión polemológica es hegemónica, por lo cual resulta casi imposible que la gente tenga visiones diferentes y mucho menos alternativas.

Desde (o en) la perspectiva cooperación-noviolencia, interesa todo lo anterior pero se es consciente de que esa vía de abordaje del conflicto no lleva a ninguna parte, antes bien lo polariza y enquista.  Desde la perspectiva de la Seguridad Humana interesa más defender pasos concretos que permitan mejorar las condiciones de vida diaria de las personas, defendiendo sus derechos básicos.  Desde esta perspectiva se pueden entender las 7 propuestas del artículo de referencia como pequeños pasos que buscan pequeños acercamientos y una convivencia más pacífica.  Son propuestas que se salen del marco de análisis hegemónico de dominación-violencia, que sólo atiende a la violencia directa, y que sitúan las mejoras en otras perspectivas más estructurales y culturales que contribuyen en cada caso, modestamente, a mejorar en algo la vida de las personas, a crear espacios donde la convivencia sea más pacífica, normal y sana, y, por lo tanto, a crear un clima mejor, de mayor acuerdo, de más posibilidades de creatividad.

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Las 17 razones para la guerra continua en Somalia, y el negocio privado que conlleva

Image de Kate Bum

Fuente:  El Orden Mundial.

En un artículo tétrico, si pensamos en los somalíes, pero realista nos desgranan las razones por las que Somalia es el país de la guerra continua.  Nosotros hemos contado 17, una barbaridad:

  1. La gente obedece a los clanes, no al gobierno central
  2. la expansión de los señores de la guerra en el territorio,
  3. así como la presencia de milicias de alquiler locales
  4. y de mercenarios occidentales,
  5. el problema de la piratería de sus costas,
  6. el tráfico de armas
  7. y el negocio de la ayuda humanitaria,
  8. las hambrunas,
  9. la sequía,
  10. el desplazamiento forzado externo e interno de sus ciudadanos
  11. el desdén internacional
  12. la corrupción generalizada
  13. la mayor tasa de mortalidad infantil del mundo
  14. el fracaso de las injerencias humanitarias llevadas a cabo militarmente.  Que no consiguió completamente la facilitación de ayuda humanitaria a los somalíes atrapados por la guerra y la hambruna, ni se consiguió un alto el fuego entre facciones
  15. la aplicación de la Sharia como paradigma de Estado
  16. la llamada a la Yihad en Somalia por parte de la insurgencia islamista
  17. las compañías de seguridad privadas, mayoritariamente a sueldo estadounidense.

La segunda parte del artículo trata sobre las compañías de seguridad privadas que intervienen en la guerra de Somalia.  Aunque sólo informan de una: Bancroft Global Development empresa por un nativo de Virginia (EEUU), Michael Stock, en 1999:

  • comenzó proveyendo “expertos en misiones” extranjeros –que reciben el apodo de mentors en Bancroft, mentores en castellano– a las tropas de la AMISOM establecidas en Somalia. Sus servicios fueron inicialmente contratados por Uganda en noviembre del 2007 y seguidamente de Burundi en agosto del 2008, utilizando la financiación estadounidense para ello.
  • luego, el ejecutivo de Barack Obama identificó las actividades mentoras de la firma Bancroft como un factor determinante de éxito y comenzó a financiarlas directamente y no a través de países terceros de la misión africana. El contrato millonario entre el gobierno y la compañía de Virginia se cerró a comienzos de 2010. En el presente, la Associated Press estima que EEUU gastó unos 206.000 millones de dólares en subcontratos similares tanto en Iraq como en Afganistán, entre el 2002 y el 2011.
  • Bancroft, a diferencia de Blackwater, que arma a sus “mentores”, parece respetar el embargo de armas impuesto por la ONU en Somalia, ya que su personal –en su mayoría veteranos de guerra procedentes de cuerpos de élite norteamericanos o europeos– no porta armas, lo que según ellos les expone a un peligro aún más inminente que les hace confiar su protección a las fuerzas africanas que entrenan.
  • todas las empresas del sector tienen como común denominador la táctica contrainsurgente y el combate de guerrillas en zonas de conflicto que ocasionan alta mortandad o del complejo medio físico.
  • En realidad, su fundador y actual propietario de tan sólo 36 años decidió constituirla de dos firmas con misiones desiguales.
  • Por un lado, Bancroft Global Development es una organización que se proclama sin ánimo de lucro, y busca la estabilización de una zona determinada en conflicto armado utilizando el ya clásico modus operandi de operar “por, con y a través” de las fuerzas armadas locales u oficiales –o más bien, aquellas que decidan contratar sus servicios importando poco su legitimidad–, lo que en Somalia significa asistir al personal de la Misión de Paz de la Unión Africana principalmente, y también a la policía nacional somalí –compuesta en gran porcentaje por antiguas milicias de ciertos señores de la guerra que ahora respaldan al Gobierno de Transición–.
  • En el otro extremo se halla la vertiente lucrativa de Bancroft, aquella que genera ingresos y mantiene al barco de Michael Stock a flote. La razón de ser de Bancroft Global Investment es la de, literalmente, capitalizar el éxito militar de las campañas que lidera en la AMISOM, invirtiendo en la reconstrucción del país o de la región una vez pacificada, en lugares donde nadie más se atrevería a arriesgar su dinero, como ya haya hecho en el pasado en Afganistán. Sin embargo, la inversión en Real Estate –inmobiliaria– no sólo se lleva a cabo a posteriori, sino también durante el momento de la conflagración, como así muestran las anteriores experiencias bélicas de la firma.
  • A finales de los años 90, Stock se marchó al Sahara Occidental donde le impresionó que el gobierno de Marruecos aún no se hubiera encargado de desmantelar las minas antipersona que permanecían enterradas bajo la arena, visualizando la idea mater de lo que sería Bancroft. En sus primeros pasos, operó en Afganistán donde mediante un socio local formó una pequeña sociedad –Mine Pro.- que entrenaba a perros detectores de minas al mismo tiempo que se dedicaba a hacer un poco de todo, desde reparar coches a cañerías.

En definitiva, lo que hacen Bancroft y Michael Stock es una nueva versión del negocio de la guerra:

En una reciente entrevista, Stock aseguraba que él no se dedica a hacer la guerra en el país más oriental de África, sino a “buscar la paz, reconstruir una ciudad, un país que lo ha perdido todo en términos de educación, economía y sanidad”, pues para él las posibilidades de negocio son infinitas en un lugar donde hay que empezar de cero, una idea que le ha llevado a levantar un monumental hotel fortificado al pie de la playa de Mogadiscio, donde se resguardan los altos cargos somalís y el personal diplomático. El resort, al que han llamado International Campus, cuenta con una piscina como la mayoría de los hoteles de playa del mundo, solo que en éste cuando llueve, llueven balas y metralla. Más allá de las vistas del Índico, también dispone de un búnker, un hospital y algo similar a un autoservicio de equipamiento y reparación militar a lo Mad Max.

También tiene como objetivo:  la creación de una fábrica de cemento que se encargue de cimentar el nuevo Mogadiscio

El final del artículo se abre, brevemente para nuestro gusto, a las críticas:

Oponentes de estos contratos claman que estas compañías no son más que mercenarios modernos a sueldo y que se hallan efectivamente por encima de la ley en los países en los que son contratados. Estos contratos se realizan siempre en un marco de dudosa legitimidad ética y moral, pues operan en los lugares más inestables del globo, en estados fallidos y débiles en los que el poder de estas corporaciones privadas y su capacidad organizacional pueden llegar a anular con creces al del gobierno local. Las operaciones de otro de los grandes proveedores de seguridad privada, G4’S, en Sudán del Sur, son un caso a tener en cuenta en este sentido. También se les acusa frecuentemente de implementar de manera tácita y encubierta las directrices de la política exterior estadounidense.

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El otro modelo de defensa de los sioux

Imagen de Fibonacci Blue

Imagen de Fibonacci Blue

Fuente:  El Mundo.

En este blog llevamos tiempo argumentando y dando ejemplos históricos y actuales de la dicotomía defensa nacional versus defensa social o, lo que es lo mismo, seguridad humana.

Los sioux, ellos se llaman lakota, antiguos pobladores de Norteamérica, viven ahora bajo la tutela de los EE.UU. en una reserva entre Dakota del Norte y Dakota del Sur.  La reserva es del tamaño de Asturias pero sólo viven 8.000 personas.

Cuando en los años 50 los sioux y los cheyenne trataron de contratar a un abogado que los protegiera de los planes del Gobierno de EEUU, la Oficina de Asuntos Indios se lo prohibió. ¿Para qué iban a tener abogado cuando legalmente no podían ni siquiera votar en parte del país ya que legalmente estaban “bajo el tutelaje” del Estado?

Las condiciones de vida son penosas para los más antiguos habitantes:

Todo Standing Rock tiene un aire de pobreza desolador: los alcohólicos tumbados en medio de las calles de casas prefabricadas a las 11 de la mañana; el triste casino de Grand River, a apenas 10 minutos en coche de las tumbas de Toro Sentado y Sacagawea; las personas de apenas 50 años que parecen de 80 por los estragos de la metanfetamina, la droga de los pobres de las zonas rurales de EEUU.

La reserva, como las demás de las dos Dakotas, es tan pobre que los únicos actos electorales que se celebran allí son las “alimentaciones” (feeders) y que consisten, literalmente, en que el Partido Demócrata ofrece comida a la gente junto a los colegios electorales, a ver si así se animan a votar. El Partido Republicano, como no tiene votos entre los indios, trata de prohibir las “alimentaciones”, alegando que es compra de votos.

Ahora se han reactivado para luchar:

La única cosa que no les quitaron a los lakota fue la dignidad. Porque, en pleno 2016, la tribu ha organizado una rebelión para defender su estepa. Desde julio, cientos de activistas de 200 tribus están bloqueando la construcción de un oleoducto de 1.825 kilómetros cuya obra va a costar 3.800 millones de dólares (3.500 millones de euros) a través de un territorio que roza su reserva, y llevará el petróleo pesado extraído por medio del controvertido método del fracking desde Dakota del Norte hasta el estado de Illinois. Es la mayor concentración de tribus desde la época de las guerras indias del siglo XIX.

Por ahora, no ha habido muertes. Pero sí violencia. Las autoridades de Dakota del Norte y del Sur y los guardias de seguridad de la empresa que construye el oleoducto, Dakota Access, han empleado perros y material antidisturbios para tratar de mantener fuera de las obras a los indígenas, que ahora cuentan con el apoyo de grupos ecologistas y de izquierda.

Las autoridades están en contra y, ni siquiera, el Obama de sus últimos días de presidencia ha hecho acto de presencia o ha intentado defender a esta minoría:

Sólo el sábado de la semana pasada fueron arrestadas 127 personas por tratar de interrumpir los trabajos de Dakota Access. El 3 de septiembre, seis personas tuvieron que recibir atención médica por mordeduras de perros, y otras dos docenas fueron rociadas con spray que produce picor e irritación en la garganta y en los ojos. La periodista Amy Goodman -la misma que entrevistó a Pablo Iglesias cuando éste viajó a Nueva York en febrero de 2015 – fue arrestada por retransmitir la protesta para su programa de radio y televisión Democracy Now, que se emite a través de internet. Las autoridades de Dakota del Norte la acusaron de incitación a la violencia y a la desobediencia civil, lo que implica cárcel, a pesar de que no había ninguna constancia de que hubiera hecho otra cosa que informar. Además, este jueves la policía detuvo a 141 personas, y en el tumulto se oyeron disparos balas de verdad en dos ocasiones, aunque no hubo heridos. Los arrestados fueron puestos en libertad, salvo uno.

(Enlace para ver el vídeo)

La agresividad de las autoridades locales ha sido tan grande que los líderes de Standing Rock han pedido al Estado Federal -es decir, a Washington- que abra una investigación de lo que ellos consideran una actuación desproporcionada de las autoridades locales. Por ahora, sin embargo, el Gobierno de Barack Obama, tan dado a intervenir cuando se agrede a otras minorías -en especial la afroamericana-, no se ha pronunciado ante lo que el presidente de Standing Rock, Dave Archambult, califica de “militarización de las fuerzas policiales locales”. Lo más que ha hecho el presidente ha sido pedir que se suspendan las obras, lo que en la práctica apenas paralizó los trabajos durante 48 horas en septiembre.

Para colmo, el presidente entrante, Trump, tiene una inversión de 920 millones de € en la empresa que realiza las obras.

Así que para los indígenas está claro: lo que es necesario para las personas de origen europeo no lo es para ellos. Por eso, los descendientes de Toro Sentado se han lanzado a ocupar la pradera.

Primero lo intentaron en los tribunales, dado que la ruta del oleoducto es unaflagrante violación del Tratado del Fuerte Laramie de 1851. Perdieron. Lo cual no es una sorpresa, porque los tribunales tienden a entender los tratados de forma asimétrica: cuando benefician a los indígenas, no valen; cuando ayudan a los descendientes de los colonos, sí. De hecho, el golpe de gracia al proceso legal de los indios lo dio un tribunal de Washington el 8 de octubre, la víspera del Día Mundial de los Pueblos Indígenas.

Entretanto, Dakota Access compró el terreno en el que se estaba realizando la protesta, y el campamento tuvo que moverse a otro sitio a varios kilómetros. Así que la controversia parecía camino de ser ignorada por los medios de comunicación de Estados Unidos, para los que los indígenas son un tema de mínimo interés. A fin de cuentas, ¿qué cabe esperar cuando el equipo de fútbol americano de Washington tiene un nombre tan inconfundiblemente racista como Pieles Rojas (Redskins)?

Pero los lakotas y sus aliados tienen en el siglo XXI una ventaja de la que carecían Toro Sentado y Nube Roja: internet. El vídeo de siete minutos sobre las protestas de septiembre colgado por Goodman ya cuenta con más de 14 millones de visitas.Y la semana pasada un juez de Dakota del Norte rechazó los cargos en contra de la periodista. Al mismo tiempo, la estrella de rock Neil Young y los sospechosos habituales de este tipo de causas en Hollywood -Susan Sarandon, Leonardo DiCaprio, Ben Affleck- se han pronunciado a favor de los indios. Los disturbios del sábado fueron difundidos a través de Periscope, el servicio de vídeos de Twitter, y de Facebook Live, y esas retransmisiones han tenido decenas de miles de visitas cada una. Los indígenas también han creado la organización ReZpect Our Water, cuya grafía es claramente alternativa (sería el equivalente de emplear la letra k en lugar de la c en español), a través de la cual se han coordinado con una amplia gama de grupos de izquierda dentro y fuera de Estados Unidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Industria farmacéutica, generadora de violencia

Imagen de Pontificia Universidad Católica de Chile

Recomendamos ver el siguiente vídeo sobre la industria farmacéutica y cómo genera violencia directa, cultural y estructural.

Violencia directa.

En en vídeo se dice que la industria farmacéutica, con tal de no perder beneficios, es capaz de dejar morir a la gente si ello le va a suponer fabricar medicamentos para personas que no pueden pagarlos.  La enfermedad de Chagas y muchas otras son un ejemplo.

También lo es la avaricia de la industria farmacéutica cuando se niegan a proporcionar tratamientos eficaces por algo menos de precio, como en la hepatitis C (releed, por favor:  ¿Qué queremos defender, la lucha contra la hepatitis C? y también:  303 ametralladoras pesadas equivalen a 104 personas libres de hepatitis C).

Violencia estructural.

También se nos explica que la industria farmacéutica es capaz de dejar de investigar en medicamentos que curan enfermedades, por ejemplo los antibióticos, porque prefiere invertir en otros que tratan (pero no curan) otras enfermedades.  La razón es muy clara, un enfermo curado ya no es un cliente, mientras que un enfermo tratado es un cliente de por vida (obesidad, hipertensión, …).

Da mucho que pensar la afirmación de los científicos sobre que la mayor parte de la investigación básica, la que de verdad acaba formulando nuevas moléculas y tratamientos, no se hace por la industria farmacéutica, sino por las universidades.  Más todavía cuando informan de que dichas universidades no se benefician de las patentes y de que los investigadores que trabajan para las universidades están, en muchos casos, pagados con contratos muy escasos.

Denuncian que la sociedad, de esta manera paga dos veces por su medicamento.  Una, cuando con los impuestos pagamos las universidades y sus centros de investigación, otra cuando pagamos precios desorbitados por los medicamentos a las farmacéuticas.

Violencia cultural.

La lógica de la que se aprovechan nos lleva, de lleno, a lo que hemos llamado paradigma de dominación-violencia:  las farmacéuticas tienen derecho a las patentes y a sus precios descomunales porque ellas hacen un esfuerzo económico para producir medicamentos y arriesgan su dinero.

La lógica del paradigma de cooperación-noviolencia nos diría que quien está arriesgando, de verdad, es la sociedad y sus enfermos, que arriesgan la vida.

La cooperación-noviolencia nos llevaría a un modelo en el que primase el compartir información e investigación, no al secretismo de las actuales farmacéuticas.

Nos gusta especialmente el vídeo porque los científicos no se quedan en la crítica y nos señalan algunas alternativas posible, muy posibles.

Que os guste:

 

 

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Violencia estructural y crímenes económicos contra la Humanidad

Imagen de Daniel Lobo

Fuente:  El País.

Nos ha gustado mucho y recomendamos la lectura del artículo de marzo de 2011 de Lourdes Benaría y Carmen Sarasúa titulado “Crímenes económicos contra la Humanidad”.

Nos invitan a reflexionar hondamente sobre las responsabilidades de muchas de las políticas que estamos viviendo y sufriendo.

El concepto de Crimen contra la Humanidad es el siguiente:

Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.

Parece que el adjetivo de económicos tampoco es tan nuevo:

Ya en los años 1950 el economista neoclásico y premio Nobel Gary Becker introdujo su “teoría del crimen” a nivel microeconómico. La probabilidad de que un individuo cometa un crimen depende, para Becker, del riesgo que asume, del posible botín y del posible castigo. A nivel macroeconómico, el concepto se usó en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los ochenta y noventa, que acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia (durante la crisis asiática de 1997-98) y la Europa del Este. Muchos analistas señalaron a estos organismos, a las políticas que patrocinaron y a los economistas que las diseñaron como responsables

¿Podrían considerarse la producción y el comercio de armas como crímenes económicos contra la Humanidad?  ¿Y la deuda militar?  ¿Y el gasto militar?

Recientemente hay autores que empiezan a querer ahondar en las responsabilidades concretas y a los que no les valen vaguedades como que los responsables son los mercados:

En un artículo publicado en Businessweek el 20 de marzo de 2009 con el título “Wall Street’s economic crimes against humanity”, Shoshana Zuboff, antigua profesora de la Harvard Business School, sostenía que el que los responsables de la crisis nieguen las consecuencias de sus acciones (…) Es una muestra de la falta de responsabilidad y de la “distancia emocional” con que han acumulado sumas millonarias quienes ahora niegan cualquier relación con el daño provocado. Culpar solo al sistema no es aceptable, argumentaba Zuboff, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis solo a las ideas, y no a quienes los cometieron.

Culpar a los mercados es efectivamente quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: son quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada.

La dura realidad económica que se vive desde hace años nos está enseñando que:

De la misma forma que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los económicos. Este es un buen momento, dada su existencia difícil de refutar. Es urgente que la noción de “crimen económico” se incorpore al discurso ciudadano y se entienda su importancia para construir la democracia económica y política. Como mínimo nos hará ver la necesidad de regular los mercados para que, como dice Polanyi, estén al servicio de la sociedad, y no viceversa.

Ello nos llevaría a una vida política, económica y social más justa y a unos países que no buscasen el crecimiento a toda costa, sino que prefiriesen perseguir la justicia social.

La crisis económica nos ha enseñado que cuando todo iba bien se beneficiaban, sobre todo, los ricos y que ahora que todo va mal se benefician, sobre todo, los ricos.  No en vano, desde que gobierna Rajoy los dueños del IBEXson un 67 % más ricos, o dicho de otro modo, los ricos españoles son un 3’5 % más ricos que en 2014.

Por nuestra parte queremos relacionar este concepto de crímenes económicos contra la Humanidad con estos tres conceptos de violencia que venimos explicando y ejemplificando en este blog a lo largo de los años:  violencia directa, estructural y cultural.

Todas estas situaciones de crímenes económicos contra la Hunidad crean un tipo de violencia que hemos denominado en otros artículos violencia estructural y que provoca situaciones de violencia directa cuando la población, harta de la miseria, se subleva.

Se puede decir, también que la falta de cultura sobre la necesidad de luchar contra los crímenes económicos es una manifestación de la violencia cultura que nos hace aceptar calladamente como inevitable y normal situaciones que son, desde todo punto de vista, injustas e intolerables.

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¿Qué queremos defender?: la lucha contra la hepatitis C

En la imagen que encabeza este artículo se pueden ver los datos generales sobre la hepatitis C.  Hemos recogido la información de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C.

Es de destacar que en este tema hay múltiples aristas:

  • Una es la propia responsabilidad del Estado:  Gran parte de estos cientos de miles de enfermos de hepatitis C en España de los que ahora  el Estado no se hace cargo fueron infectados en los hospitales públicos. Este virus no se transmite con facilidad. Se contagia por vía sanguínea: intercambio de jeringuillas, uso de material médico no esterilizado y, por supuesto, las transfusiones de sangre. Y durante décadas en España, hasta 1992, no fue obligatorio analizar las bolsas de sangre para detectar si el donante estaba infectado. Hay enfermas, como Aurelia G., que fueron contagiadas en hospitales públicos por medio de transfusiones de sangre contaminada cuando daban a luz.

Hemos escuchado decir a alguno de los afectados que este comportamiento del Estado se puede calificar de terrorismo de Estado.  Y pensamos que estamos de acuerdo.

  • Dos, el negocio.  Una píldora, fabricada por la empresa estadounidense Gilead vale 1.000 dólares.  Un tratamiento completo de 12 semanas oscila entre 84.000 y 168.000 dólares, en España entre 50.000 y 100.000 €.

 

Imagen tomada de smp.newshq.businesswire.com

 

Las ventas de su pastilla milagro contra la hepatitis C supondrán solo este año 1.277 millones de euros para Gilead. Tratar a todos los enfermos del planeta al precio actual de Sovaldi costaría más de 8 billones de euros, una cifra equivalente a la suma del PIB anual de Alemania, Francia, España, Reino Unido e Italia. ¿El coste real de producción del medicamento? Entre 50 y 100 euros por paciente: mil veces menos de lo que cobran por él. Aún incluyendo la inversión en la patente –un dato que Gilead no quiere dar– el sobreprecio sigue siendo disparatado.

Evidentemente, las empresas tienen derecho a recuperar lo invertido en sus investigaciones, pero ¿es ético y socialmente justo que el beneficio sea tan alto?  Gilead se convierte, en nuestra opinión, como una empresa que genera muchísima violencia directa y estructural.  Pensamos que el Estado debe legislar en estas situaciones para que prevalezca el derecho humano a la salud, a la vida.

Otros países, como India, ya han anunciado que fabricarán genéricos sin respetar la patente –a diferencia de España– porque lo primero es la salud de su población.

Denuncian que el Ministerio de Sanidad, con Ana Mato al frente,

Ha presentado una partida de gasto para la compra del fármaco de 125 millones de euros. Con esta cifra de gasto aprobada – dado que cada tratamiento que usted ha negociado con el laboratorio Gilead ha sido fijado en 25.500 €, – sólo van a poder ser tratados 4.902 enfermos. Es decir, el 1,63% de los afectados diagnosticados.
Es decir, si los 125 millones sólo alcanzan para el 1’63 % de los afectados, el total que se requiere es de 7.669 millones de €.  Como se ve una cifra muy importante, pero que supondría la defensa sanitaria de las 300.736 personas que sufren la enfermedad y no sólo del 1’63 % del que se va a ocupar el PP.  El PP lo considera inasumible.
Pero los afectados denuncian, con mucha razón, que otros gastos no les han parecido inasumibles:
Ustedes están empleando el dinero público para rescatar a la Banca con 60.000 millones de euros, las autopistas de peaje con 2.400 millones de euros, a la empresa ACS con 1.350 millones de euros por el almacén de Gas Castor y así una lista de rescates cuyo coste supera con creces los 80.000 millones de euros. Mientras estos rescates se llevan a cabo, el Ministerio que usted preside, deja al 98,37% de los afectados por Hepatitis C sin el tratamiento que científicamente ha demostrado que cura al 95% de los afectados por Hepatitis C.

Por nuestra parte, les comentamos a la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C que hay otros gastos superfluos e, incluso, socialmente perjudiciales, como los gastos militares, que se podrían reconvertir a la lucha contra la hepatitis C:

  1. Sólo los intereses que debemos abonar los españoles por la deuda contraída por nuestro militarismo en 2015 será de 171 millones de €.
  2. Para los Programas Especiales de Armamento, el Ministerio de Defensa, fuera de los Presupuestos Generales del Estado, para esconder este gasto tan antisocial, gastará en 2015, 950 millones de €.
  3. Dedicaremos a misiones militares en el exterior la friolera de 800 millones de € durante 2015.  Sin que ninguna de ellas mejore un ápice el nivel de vida, político o social de los países intervenidos.
  4. Una buena parte de los 17.606 millones de € ocultos del Gasto Militar para 2015 se podrían utilizar para la lucha contra la hepatitis C.  Aún así, sobrarían más de 10.000 millones de € para el militarismo escondido.
  5. A nadie le han consultado si queremos gastar en militarismo 502’5 € al año por persona.  Posiblemente si nos preguntasen si estamos dispuestos a gastar los 170’4 millones de € cada español en 2015 para luchar contra la hepatitis C, la respuesta sería muy solidaria.

Para terminar otra reflexión que nos lleva a plantearnos el caso en dos de sus aspectos más generales:

Sovaldi es solo el principio. En los próximos años es muy probable que lleguen nuevos medicamentos milagro contra el alzhéimer o el cáncer. Si nada cambia, su precio dependerá del máximo beneficio, no del coste de desarrollo ni menos aún de la competencia porque una patente médica es un monopolio en un mercado donde el consumo no es una opción. Es la bolsa o la vida: ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por no morir?

Por otro lado, deberíamos preguntarnos, con carácter de urgencia, qué queremos defender.  ¿La patria, las fronteras, el status quo? o ¿la salud, la vivienda, el medio ambiente y los cambios hacia un mundo mejor?  ¿Cañones o mantequilla?  ¿Gastos militares o gastos sociales?

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¿ Las militaristas Airbus y NH Industries engañan a Alemania, Holanda y … España?

Imagen de Airwolfhound

 

Como indica la fotografía precedente, vamos a hablar de los NH-90, helicópteros de NH Industries y radicada en Aix-en-Provence, y la cual, a su vez, pertenece a Airbus (nombre nuevo de EADS, con el 62’5 % del accionariado) (alemana, francesa y española) , Agusta Westland (anglo-italiana, con el 32 % del accionariado) y Fokker Aeroestructuras (holandesa).  Es decir, nada más y nada menos que para hacer un helicóptero militar se han unido empresas de los 6 grandes países europeos: Alemania, Francia, España, Gran Bretaña, Italia y Holanda.

Esta vez nos parece que El Confidencial se ha equivocado al titular la noticia.  Ellos eligieron “Mandos militares, partidarios de auditar los grandes programas de armamento”.  Y no está nada mal porque es un notición que los propios militares estén en contra del hundimiento de su Ministerio de Defensa por las gentes de Morenés.

Sin embargo, a nosotros nos parece que hubiese sido mejor fijarse en que lo importante de la noticia es que:

El Rechnungshöfe, el Tribunal de Cuentas Federal alemán, advirtió este mismo año al Ministerio de Defensa germano de la existencia de ciertos presupuestos de adquisición de armamento que no se ajustaban al “uso prudente de los fondos públicos”.

En concreto, las alarmas saltaron cuando el organismo de estudio financiero alemán detectó irregularidades en la renegociación del contrato para adquirir helicópteros NH-90.

Según la reordenación del contrato, Alemania pasaría de recibir las 122 unidades solicitadas según los pliegos originales a sólo 82. En total, el Ministerio de Defensa dejaba de recibir 40 unidades –un 33 por ciento -, aunque el descuento financiero tan sólo era de un 7 por ciento del montante total del contrato.

Tras varias dimisiones de altos funcionarios alemanes relacionados con la Defensa, el ministerio decidió ordenar una revisión de nueve programas especiales de armamento para detectar si se habían producido sobrecostes excesivos o no ajustados al contrato original de compra. Para ello se contrató a la consultora KPMG, a una empresa de ingeniería y a una firma de abogados.

Entre los programas que están siendo investigados figuran cuatro en los que España también está involucrada: el caza Eurofighter, el avión de transporte A400M, el helicóptero Tigre –no se ha recibido ninguno en propiedad aún- y el anteriormente citado NH-90 –sólo se ha recibido uno-.

De esta parte de la noticia nos parece varias cosas muy importantes:

  1. El Tribunal de Cuentas Alemán realmente inspecciona las cuentas, incluidas las militares, de los gastos de su gobierno.
  2. El Tribunal de Cuentas alemán advierte a su gobierno de contratos que le parecen sospechosos, en este caso por evidente despilfarro:  por recibir un 33 % de unidades menos sólo obtenía una rebaja del 7 % del precio.
  3. Hubo dimisiones de altos funcionarios de Alemania en el entorno de la Defensa.
  4. El Gobierno alemán reacciona ante la noticia y encarga una auditoría.

¿Os imagináis que esta relación de sucesos ocurriese en España?  No, ¿verdad?  Aquí tragamos con lo que sea, sobre todo si es militar.

El caso de Holanda.

El Ministerio de Defensa de Holanda ha anunciado su decisión de suspender la recepción de nuevos helicópteros NH-90 debido a la detección de serios problemas de corrosión y desgaste en los helicópteros del tipo en servicio. Según informa el Ministerio, queda pendiente hasta nuevo aviso la entrega de siete helicópteros NH-90 desde la planta del fabricante, NHIndustries (NHI).

La ministra de Defensa del país europeo, Jeanine Hennis-Plasschaert, informó a la cámara nacional de Diputados este 27 de junio sobre los referidos problemas, resaltando que nnuevos ejemplares serán recibidos solamente si se llega a un acuerdo con el fabricante sobre alternativas de solución, incluyendo absorción de costos de reparación, lo que podría demorar unos meses.

De acuerdo al Ministerio de Defensa de Holanda, Francia también está experimentando similares problemas con sus helicópteros NH-90, aunque a menor grado.

Del caso holandés son dos los puntos a destacar:

  • Su gobierno tiene el coraje y el buen criterio de no dejarse amilanar por la industria del armamento y suspender su pedido hasta que no estén satisfechos con las entregas.
  • También nos llama la atención el hecho de que la Ministra de Defensa informe al parlamento.

Como vemos, muchas cosas nos quedan por aprender.

Pero, ¿qué ocurre en España?

El Confidencial Digital se ha puesto en contacto con diversas voces militares, algunos de ellos mandos y otros expertos en procesos de adquisición de armamento, para conocer su parecer sobre esta iniciativa alemana.

La mayoría de los consultados respaldan aplicar así estas medidas “para conocer hasta qué punto la industria militar puede haberse pasado de la raya” asegura uno de los mandos consultados.

Cuestionados por el caso concreto de los helicópteros NH-90, programa que motivó la investigación en Alemania, aseguran que los datos en España “son aún más preocupantes”: de 45 unidades contratadas, España redujo su pedido a 22, algo menos de la mitad. Sin embargo, el precio del contrato –unos 1.260 millones- “no sólo no se rebajó, sino que aumentó en unos 190 millones”.

En el caso español, el coste unitario de cada uno de los helicópteros ha pasado de 28 millones de euros -según el pedido original- a 65,9 la unidad. Unos 38 millones más cada aparato.

  1. España ha reducido su pedido un 48’8 % y ha visto aumentado su precio total en un 15 %.
  2. El coste unitario que vamos a pagar por cada NH-90 es de 65’9 millones de €, lo que va a suponer un sobrecoste del 42’48 %.
  3. El Gobierno español ni está ni se le espera.
  4. El Tribunal de Cuentas español ni está ni se le espera.
  5. Los grupos parlamentarios de oposición ni están ni se les espera.
  6. Y no nos engañemos, la sociedad española ni se entera, ni le da importancia al tema, ni presiona ni exige.

Según las voces militares consultadas por El Confidencial:

 “Sería positivo para mantener unos presupuestos saneados y equilibrados que se conociera si estos programas y sus descuentos responden a la legalidad vigente” aseguran a ECD las voces consultadas.

Para otros, realizar este tipo de auditorías resulta “un tanto idealista”, ya que según su criterio el sector tiene “unas peculiaridades diferentes a cualquier otro mercado. No es lo mismo hablar de tecnología de defensa, como un Eurofighter o una fragata, que de cualquier otro producto de uso civil. Las negociaciones con la industria de defensa son complejas y duras” aseguran quienes no ven clara esta vía.

Es decir, nuestros militares, los expertos directos, los responsables directos de estas estafas al dinero de todos, dicen que sería “un tanto idealista auditar este tipo de contratos.

Cuando hablan de este tipo de contratos estamos hablando de los Programas Especiales de Armamento (PEAS).

¿Qué alternativa social se le podría dar a los 65’9 millones de euros que nos cuesta cada NH-90?

Por ejemplo:

– 65’9 millones de € es lo que invierte en 2014 la Consejería de Sanidad de Castilla León para obras y equipamientos de todos los centros de atención especializada.

–  65’6 millones de € es lo que destina Fomento de 2013 a 2016 en políticas de ayuda a la vivienda en el Principado de Asturias.

– Fomento destina en 2014 para obras de mejora de la carretera N-II a su paso por la provincia de Gerona 65 millones de €.

–  El PSOE denuncia que Castilla León perdió 64’5 de recaudación por la implantación del céntimo sanitario, dado que la gente compró menos medicinas.

–  64 millones de € es lo que vale la puesta en marcha de la FP básica en la Comunidad de Valencia en el curso 2014-2015.

–  En 2014, la Junta de Castilla y León trasfiere 62’5 millones del Programa de Desarrollo Rural a 7.411 agricultores y ganaderos.

–  En 2014, el Gobierno de Navarra destinará 60’5 millones de € para residencias de personas mayores.

Pues ahora recordad multiplicar por 22 todos estos datos, dado que son el número de NH-90 que vamos a adquirir.

¿Es esto terrorismo económico?

Es decir, dinero hay o para cañones o para mantequilla.  Nosotros elegimos.

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La doble agresión española al Golfo Pérsico

Imagen de Abraham Puthoor

Interesantísimo y acertadísimo nos parece el artículo de Nazanín Armanian en Público titulado “España en el Golfo Pérsico:  de la agresión militar a la económica” en el que se critica con datos y análisis sobrios la política económica y de exteriores de España en el Golfo Pérsico, además del papel de la Corona y nuestra indignante y constante venta de armas a aquellos países.

Se pregunta Nazanín:

¿Debe España cortar o reducir sus relaciones con los gobiernos del Golfo Pérsico por ser estos sistemas dictatoriales,  o hay que respaldar las buenas relaciones entre las casas reales española-árabe por el bien de las empresas españolas, y que por ende y como aseguran por el beneficio de los españoles?

Parece que el papel de España es el de un carroñero pequeño, que ha de contentarse con las migajas que dejan los grandes:

Las guerras lanzadas por EEUU durante las últimas décadas han sido una gran oportunidad para potencias medias como España para hacerse sitio en espacios donde tenían escasa o ninguna presencia, como el Golfo Pérsico y Asia Central. El no ser protagonista principal de dichas hazañas bélicas ha hecho que los gobiernos ‘mini imperialistas’ de España pudieran mantener la imagen de nación amigable que proyectan sus ciudadanos por el mundo.  

Los recientes viajes de las autoridades y empresas españolas encabezadas por la Casa Real al Golfo Pérsico, además de afianzar la monarquía como institución, tenían los objetivos de buscar inversión extranjera y a la vez conseguir suculentos contratos en la zona.

El Golfo Pérsico (nombre que mantiene desde el siglo V a.C.), representa para Madrid una prioridad estratégica, política y económicamente, por sus ingentes barriles de petróleo y la estratégica carretera marina (el estrecho de Ormuz, deformación fonética del nombre de Ahura Mazda, la antigua deidad iraní de la Luz y la Sabiduría), por la que pasan unos 19 millones de barriles a diario.

Los datos que da Nazanín son sobrecogedores para todos aquellos que no queremos participar ni en las guerras ni en el negocio de las armas y nos dejan como un país agresor sólo preocupado por llenar sus arcas y sin ningún deseo de solidaridad internacional:

La subordinación a las directrices de Washington, así como la alta dependencia energética de España y su naturaleza de gran mercader de armas (el séptimo exportador del mundo), son parte de los motivos de la participación de este país en las tres guerras que devastaron la región:

1. En el conflicto entre Irak e Irán (1980-1988) España vendía armas a ambos países, y no sólo con el objetivo de lograr un lucrativo negocio, sino también para aplicar la doctrina estadounidenses de “doble contención”, que planeaba la destrucción de ambas potencias regionales para convertir a Israel en el país hegemónico de la región. Aquella guerra dejó 1,5 millones de muertos, 7 millones de mutilados y decenas de miles de casas, escuelas, presas o fábricas destruidas.

2. En la guerra encabezada por EEUU en 1991, bajo el pretexto de rescatar a Kuwait de la invasión de Irak (ver: Recordando dos patrañas bélicas).

3. En la invasión militar a un moribundo Irak en 2003; un ataque que sepultó bajo toneladas de bombas a decenas de miles de seres humanos, además de a una de las cunas de la civilización humana. Los 25 millones de iraquíes a los que destrozaron la vida aún esperan recibir una sencilla disculpa, y un juicio que lleve ante los tribunales a los criminales que organizaron aquella matanza.

También es de destacar la relación entre la energía (en forma de petróleo) y el negocio de las armas en el caso de Arabia Saudí:

 el segundo suministrador de crudo de España (después de México), firmó en 2012 con las entidades españolas contratos por el valor de 6.736 millones de euros, después de que el Fondo Hispano Saudí de Infraestructuras y Energía -creado en 2007 por la mediación de Corinna, la amiga de Juan Carlos de Borbón-, no funcionara, aunque ella cobrase unos cinco millones de dólares. (Ver. Arabia Saudí: el silencio blanco y un coctel de wahabismo y petróleo).

En 2011, el rey de España consiguió el megacontrato de 100.000 millones de euros del Ave Meca-Medina, para que los aspirantes a ser “Hayi” (título honorífico de quienes han visitado la Kaaba), tengan algo de España, país que se ha hecho cargo también de construir las vías férreas que conectarán el norte del país al sur, de nuevas carreteras, depuradoras, desaladoras, etc.

La guinda de esta locura de derroche la pone la intención de los saudíes de encargar a los españoles la construcción de algunos de los 16 reactores nucleares que tienen previsto inaugurar, justo cuando se cree que con la complicidad de Pakistán planean conseguir bombas atómicas. En este país, exportador del Oro Negro e imanes wahabitas, donde el 21% de los niños mueren antes de los 5 años.

Todos nos deberíamos preguntar qué estamos propiciando armando a los petrojeques, de qué nos sentiremos culpables dentro de unos años cuando la guerra (violencia directa estalle) o cuando seamos más conscientes del apoyo que damos a la violencia estructural y cultural que damos en aquellos países:

Las armas entran en el Golfo Pérsico como churros;  más que la harina para el pan, y más que las medicinas para aliviar el dolor. A la región más militarizada del planeta se destinan el 30% de todas las armas que se venden en el mundo. Una buena tajada se la llevó España en 2013, cuando duplicó sus exportaciones de artefactos bélicos a la región – un tercio del total, por el valor de 3.907,9 millones de euros-, a pesar de que convenios internacionales se lo prohíben, porque los sátrapas del Golfo Pérsico infringen los derechos humanos.

Resulta evidente que nuestra actuación económica y política en el Golfo Pérsico es una forma de violencia estructural, pero, sobre todo, si atendemos a los aspectos de violencia estructural y cultural podríamos, incluso, considerarla como una forma de terrorismo económico de estado.

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El negocio del hambre, el hambre como arma de guerra

 

Imagen de Daniel Lobo

Fuente:  Periódico Diagonal.

Canta el tango Cambalache de Enrique Santos Discépolo:  “que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé …

El Parlamento Europeo aprobaba la  segunda directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFid II),

con la que se limitarán distintas prácticas realizadas por los operadores financieros que han contribuido decisivamente al encarecimiento de las materias primas alimentarias, como el maíz, el trigo, la soja, el arroz, el café o el azúcar.

Las crisis generadas por las burbujas de las materias primas en 2008 y 2011 llevaron a distintos países europeos a plantear la necesidad de “impulsar las medidas necesarias para evitar los movimientos de carácter exclusivamente especulativo” en el mercado de las materias primas alimentarias. Con esa frase se presentó una proposición no de ley aprobada por el Parlamento español en 2012 –ya con el PP en el Go­bierno–, a la que siguió una moción aprobada por el Parlament de Catalunya que pedía directamente la prohibición de la especulación con alimentos de primera necesidad. La alarma está justificada: según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)los precios de los alimentos crecieron entre 2011 y mediados de 2013 casi un 80% respecto al periodo 2003-2008. Un 75% de la inversión financiera en el sector agrícola es de carácter especulativo, en pala­bras de Mi­chael Masters, del hedge fund Mas­ters Capital Mana­ge­ment, y el Banco Mundial estima que sólo un 0,5% de los contratos de futuro se acaban ejecutando. Com­binada con otros factores, como la crisis energética –sujeta a especulación en el mismo mercado que los alimentos, el de derivados de materias primas o commodities–, la destrucción de suelo fértil por sobreexplotación, el cambio climático –y los fenómenos asociados a éste, como las gotas frías y la desertificación– o la expansión de monocultivos, la especulación ha dado lugar a lo que se ha llamado una guerra silenciosa, por la que se estima que 1.300 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos.

Es decir, que todos estamos abrumados por la certeza de que una parte, al menos, del encarecimiento de los alimentos responde a las ansias especuladoras de los ricos.  Y, lampedusianamente, parece que lo que se busca en los círculos del poder es sólo regular, no prohibir o hacer mediante tasas inviable la especulación, sino regular:

A nivel europeo, las negociaciones de la directiva MiFID II se han encaminado a limitar distintas herramientas que juegan a favor de la especulación, como las transacciones finan­cieras automáticas, y aplan­tear mayores exigencias de transparencia en la compraventa de acciones, bonos y fondos que influyen sobre el precio de los alimentos. También se ha promovido la creación de nuevas categorías de mercado, destinadas, en teoría, a reducir el peso de las operaciones extrabursátiles, que juegan un papel protagonista en la especulación con materias primas alimentarias.

Lo cual nos parece poco, pero

Javier Guzmán, de Veterinarios Sin Fronteras, explica que la directiva MiFID II ha sido muy peleada por las organizaciones movilizadas contra la especulación alimentaria, pero queel peso de los lobbies financieros ha sido importante en la redacción final. “Esta directiva reconoce algunos de nuestros planteamientos, sobre todo lo que tiene que ver con la transparencia de los mercados y cierta limitación de las posiciones, pero aunque el propio Parlamento Euro­peo quería hacer una regulación estricta, algunos estados, con Reino Unido a la cabeza, lograron que cada país tuviera en su transposición una enorme capacidad regulatoria para fijar los límites”

Pero, además, hay más motivos de alarma:

Kucharz advierte asimismo de que los avances establecidos por medio de la directiva corren el riesgo de una nueva desregulación si sale adelante el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, la Aso­cia­ción Transat­lántica para el Co­mercio y la Inversión, el llamado TTIP. Con este acuerdo, cuya quinta ronda de negociación transcurre desde el 19 de mayo, se “pretende eludir los Parlamentos y frustrar la regulación financiera; es un ataque a cualquier entidad reguladora”, resume Kucharz.

En España la situación también es mala:

El 6 de mayo, una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural que reclamaba la prohibición de la especulación sobre los alimentos básicos era rechazada en la Comisión de Coo­peración Internacional del Congreso con los votos en contra del PP y la abstención de CiU y PNV.

Aunque las lucha de las organizaciones sociales hace avanzar con pequeños pasos importantes:

De momento, la presión ejercida desde la campaña Banca Bajo Con­trol, impulsada por Veterinarios Sin Fronteras (VSF) y por otras 40 organizaciones, consiguió que Catalunya Caixa retirara su depósito 100% Natural, que se dedicaba a especular con materias primas alimentarias como el maíz, el café y el azúcar. Tras una acción lanzada tanto por VSF como por COAG y Mundubat en abril de 2011, y suscrita por más de 2.000 personas, la caja de ahorros se comprometió no sólo a retirar el producto financiero, sino también a no volver a comercializar depósitos de ese tipo en el futuro.

Y es que la especualación y el hambre además de ser un negocio para una minoría es, también, un arma de guerra y otra forma de violencia y de declarar la guerra por medios económicos, tan letal o más que las bombas.  Los bancos y otras entidades financieras están, por lo tanto, armadas con estas prácticas de libre mercado y totalmente faltas de ética que provocan una gran violencia estructural que habría de ser considerada como uno de los enemigos de nuestra sociedad, y habrían de tener un apartado en los planes de una alternativa noviolenta de defensa.

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