Archive for Seguridad Nacional

El inhumano coste de la guerra en Colombia

Impresionante infografía la que les presentamos:  las cifras de la guerra en Colombia.

¿Qué destacar de este informe gráfico?  Todo.

¿Cuál es el futuro de un país en el que se gasta 120.000 veces más en Defensa que en Empleo Público , o 80.000 veces más en Cultura?

¿Por qué se empeñan nuestras élites en que lleguemos a gastar el 2 % del PIB en Defensa cuando se ve claramente que a mayores cifras, en Colombia el 17’9 % del gasto en Defensa sobre el total de los Presupuestos, más posibilidades, o mejor, más seguridad, de guerra?

Destacamos un dato que viene en pequeñito y que quizá se os pase.  El número de funcionarios:

  • Ministerio de Defensa:  23.993
  • Policía Nacional:  179.172
  • Ejército Nacional:  233.765
  • Armada Nacional:  35.526
  • Fuerza Aérea:  10.562
  • TOTAL: 483.018

Casi medio millón de funcionarios dedicados a la guerra y la violencia.

El presupuesto de Defensa ha ido creciendo a razón de 1 billón de pesos por año, comenzando a contar desde los 12’6 billones de pesos del 2000 hasta los 27’7 billones de pesos de 2014.

Quizá sea una forma rápida o coloquial de decirlo, pero puede que en ella se encierre mucho contenido político.

Nos referimos al concepto de “el coste de la paz”, en ello incluyen los 14.600 millones de pesos que costaron las conversaciones de paz, los 20 millones de pesos que cuesta cada reinsertado, los 4’13 billones de pesos que se gastó entre 2000 y 2014 para resarcir económicamente a las víctimas, y los 139.268 pesos que le ha costado al Estado la protección de los más de 2 millones de menores de edad desplazados.

Nos parece totalmente mentira e interesado el título.  No es el coste de la paz, es el coste de las secuelas de la guerra que ha afligido a Colombia.

Y falta el coste de los muertos y heridos en la guerra, el coste ecológico, el coste en infraestructuras destruidas, el coste relacional entre l@s colombian@s, el coste de todas aquellas políticas de vivienda, educación, sanidad, etc., que se pudieron hacer pero que no se hicieron por gastar en lo militar, … el coste de ser uno de los países más desiguales del globo.

Nos debería hacer reflexionar este ejemplo de violencia directa, estructural y cultural, nos debería hacer tomar posiciones claras a favor de la paz.

La implicación militar de España en las guerras de Oriente Medio

Alfredo Miguel Romero

Fuente:  Europa Press.

Nos recuerda Europa Press que España participa militarmente de estas formas en las guerras de Oriente Medio:

  • Desde enero de 2015, con 149 militares en la base turca de Incirlik que, además, cuenta con 6 lanzadores de misiles Patriot y un radar.  Todo ello como apoyo a las acciones de la OTAN.
  • Con la base en Rota, sede del Escudo Antimisiles y de donde partieron los dos destructores yankis que atacaron la base aérea del gobierno de Assad en Siria.
  • Con el apoyo a la flota rusa, como en Octubre de 2016 preguntaba ERC:

¿Por qué un país de la UE y de la OTAN colabora con Rusia facilitando apoyo logístico a sus buques de guerra que participan en la guerra de Siria apoyando al dictador Bashar Al Assad?

Pero no hay que olvidar que nuestra actividad en Oriente Medio es mucho mayor que lo anterior porque también tenemos presencia en Irak:

  • España contribuye a la coalición con 374 efectivos, cuyo grueso principal del contingente se encuentra desplegado en el centro de adiestramiento de Besmayah, liderado por España, encargado de formar a las unidades de las Fuerzas Armadas iraquíes.
  • En total, parece que nuestras fuerzas han instruido a 6.000 militares irakíes que ya han participado en batallas importantísimas como la de Mosul.
  • Dentro de la iniciativa de la OTAN sobre el desarrollo de capacidades para Irak, España contribuye a la formación en Jordania de soldados iraquíes en la lucha contra artefactos explosivos improvisados, con participación del personal del Centro de Excelencia aliado C-IED, con sede en Hoyo de Manzanares.
  • Asimismo, las Fuerzas Armadas españolas también instruyen a las fuerzas de operaciones especiales iraquíes en las localidades de Bagdad y Taji.

Los riesgos de la sociedad: dos enfoques contrapuestos (Defensa Militar y Seguridad Humana)

Imagen de Robert Reimer

Fuente:  DSN

Desde hace una docena de años el Foro Económico Mundial publica sus informes Global Risks Report.

Nos ocupamos hoy del Informe sobre los Riesgos Globales de 2017.  En él han participado 750 expertos y se centra mucho en el caso estadounidense. Tan sesudo informe no se queda calvo al apostar por los riesgos más probables que se presumen para este año:

La edición de 2017 señala, como aquellos riesgos de mayor probabilidad de que ocurran, los sucesos derivados de una climatología extrema, los flujos migratorios no voluntarios a gran escala, los grandes desastres naturales, los ataques terroristas a gran escala, y los incidentes de robo o de fraude masivo de datos.

En función del grado de impacto, los cinco riesgos identificados son, por este orden, las armas de destrucción masiva, los sucesos derivados de una climatología extrema, las crisis relacionadas con el agua, los grandes desastres naturales y el fracaso en la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático.

Todos ellos se pueden abordar, si lo pensamos con detenimiento, por métodos no militares de manera más efectiva que mediante armas, guerras y ejércitos.  Son más propios de un enfoque de seguridad humana que de un enfoque militar.  Sin embargo, desde DSN, el Departamento de Seguridad Nacional, un apartado de Presidencia de Gobierno, preferirían convencernos de que lo fundamental es que sigamos usando las mismas metodologías fallidas contra problemas que son incapaces de resolver.  Como vemos una visión muy contradictoria la del Gobierno español.

El Global Risks Report 2017 se estructura en tres partes: el paisaje de los riesgos globales, los desafíos políticos y sociales, y la gestión de la cuarta revolución industrial.

El paisaje de los riesgos globales
En el informe Global Risks Report 2017 se destaca una significativa y creciente interrelación de los riesgos sociales, económicos y políticos. El informe resalta cinco áreas de riesgos globales, para las que se precisa una acción urgente:

Crecimiento económico y reformas del mercado capitalista: Desde el comienzo del siglo XX, y hasta la década de los ochenta, la desigualdad ha disminuido en los países industrializados. Sin embargo, en los últimos años, y particularmente, entre 2009 y 2012, los ingresos económicos del 1% de la sociedad más rica en los Estados Unidos ha crecido más del 31%, en comparación con un crecimiento de apenas el 0,5% del 99% del resto de la población.
De esta forma, la desigualdad es percibida como la tendencia más importante para los próximos diez años.
Reconstrucción de la sociedad: Décadas de cambio rápido social y económico han ampliado la brecha generacional y han amplificado determinados asuntos relacionados con la identidad nacional y los valores culturales.
La política está siendo definida, de forma cada vez más intensa, por un clima de “post-verdad”. Esto se traduce en una corriente de debate político que tiene como objetivo la división de la opinión pública. El desafío será saber encontrar formas inclusivas para tender puentes allí donde exista una división cultural, y preservar los derechos del individuo.
Gestión de la disrupción tecnológica: La tecnología está trasformando el mundo de forma radical y moldea los riesgos a los que hacemos frente. Aproximadamente, el 86% de la disminución de empleo manufacturero en los Estados Unidos entre 1997 y 2007 fue debido a la automatización, en comparación con menos del 14% debido al comercio.
Con la mitad, al menos, de todos los puestos de trabajo en riesgo, debido al rápido cambio tecnológico, la naturaleza del trabajo en sí mismo está en transformación. Resultan necesarios nuevos sistemas colaborativos para minimizar el riesgo de una dramática disrupción social y de una disparidad creciente de ingresos.
Fortalecimiento de la cooperación global: El año 2016 ha sido testigo de signos repetidos de una disminución del compromiso para la cooperación global, y del resurgimiento de un interés en la adquisición de capacidades militares a nivel nacional. El progreso hacia la adopción de acuerdos comerciales multilaterales se ha ralentizado. Algunos veredictos prominentes emitidos por tribunales internacionales han sido rechazados. Lo anterior refleja la pérdida de confianza en los mecanismos de seguridad colectiva.
Un área de particular interés es la relativa a los riesgos medioambientales. El Acuerdo de París ha sido ratificado por más de ciento diez países. Sin embargo, la situación permanece crítica. Los últimos dieciséis años han estado entre los diecisiete más cálidos de la historia, desde que se disponen de registros. Para limitar el riesgo de catástrofes derivadas de los efectos del cambio climático resulta necesario mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC. Para ello, las emisiones de CO2 han de ser reducidas entre un 40 y un 70% antes del año 2050, y eliminadas por completo en 2100.

Desigualdad, inclusividad, empleo, cooperación y medioambiente.  Estos son los riesgos que establece el informe.  ¿Pueden los ejércitos y las intervenciones militares fuera de frontera hacer algo contra estos riesgos?  Nos parece que lo único que hacen, de continuo, es agravarlos.

Desafíos políticos y sociales
La segunda parte del informe Global Risks Report 2017 pone el foco en tres riesgos relacionados con la dimensión política y social.

El primero de los tres “riesgos en foco” considera tres razones principales que ponen en desafío el actual orden liberal. En concreto, el impacto de la disrupción tecnológica, la profundización de la polarización social y cultural y el surgimiento del debate político denominado “post-verdad” generan inquietudes sobre cómo hacer el crecimiento económico de forma más inclusivo y cómo reconciliar la identidad nacional con una sociedad cada vez más diversificada.
El segundo riesgo está relacionado con el funcionamiento de la sociedad y la política. Muestra una tendencia de estrechamiento del espacio cívico, que se materializa en ejemplos concretos tales como la disminución de la inversión pública en iniciativas de carácter cívico-social o humanitario.
En tercer lugar, una de las causas del aumento en la desafección del status quo político y económico es que los sistemas de protección social se encuentran cercanos a su punto de ruptura. Este factor, unido a la disminución de los sistemas de protección social de los trabajadores, sugiere la necesidad de una aproximación innovadora  para rellenar el hueco existente entre la masa social y la protección que la administración puede proporcionar.

¿No sería una buena opción disminuir los gastos militares para poder rellenar el hueco existente, cada vez mayor, entre las necesidades de protección social de l@s ciudadan@s y la cada vez menor inversión pública en estas necesidades?  Parece que últimamente el Estado sólo gasta en protegerse.

Gestión de la cuarta revolución industrial
La cuarta revolución industrial fue el tema central del foro Davos 2016. Este término hace referencia a la transformación global producida por el fuerte avance digital. Se trata de un auténtico tsunami tecnológico que provoca un efecto disruptivo y acelerador al que se ve sometido la sociedad actual.
En el informe de 2017, la cuarta revolución industrial se presenta como un desafío a la gobernanza, por la dificultad de sus procesos asociados de adopción de normativa, estándares internacionales, instituciones y otros mecanismos requeridos para modelar el desarrollo de la tecnología de forma apropiada.
La regulación de los rápidos desarrollos tecnológicos es una tarea muy compleja y desigual. Así, mientras que existen áreas emergentes, como la biotecnología, que está altamente regulada, pero a una velocidad de avance muy lento, encontramos otras, como por ejemplo la inteligencia artificial, que apenas se encuentra gobernada.

Nuevamente el enfoque es estatista y no ciudadano.  A los Estados les interesa, sobre todo, la regulación para proteger sus intereses.  A l@s ciudadan@s les interesa, sobre todo, poder utilizar las nuevas tecnologías para fomentar y apuntalar derechos sociales, para campañas de solidaridad.

Como se ve, podríamos estar de acuerdo en los riesgos, aunque nosotros incluiríamos uno más con muchas facetas:  el gasto militar, los ejércitos, la producción y venta de armas, el despilfarro militar,…  Pero a la hora de proponer soluciones la divergencia es total:  el Estado y sus expertos se quieren proteger, la ciudadanía queremos ejercer y conquistar derechos políticos, económicos y sociales.

Atentados yihadistas en enero de 2017

Fuente:  Baab Al Shams

Analizar los datos reales sobre terrorismo nos ayuda a saber cuál es la importancia de este fenómeno.  Los datos que siguen son parciales, existen otros tipos de terrorismo que aquí no se contemplan.  Pero estos datos son muy importantes porque con asiduidad los dirigentes militaristas españoles nos intentan convencer de que los ejércitos y las intervenciones militares en el extranjero son imprescindibles para nuestra seguridad.

Un análisis dtallado de estos datos nos hará concluir lo incierto de estas afirmaciones.  Los atentados terroristas son terribles para las sociedades que los sufren y su número es muy grande en la actualidad.

Sin embargo, sólo 1 de 674 atentados yihadistas se ha realizado en Europa o Estados Unidos.  La conclusión es obvia:  no son razón suficiente para justificar la injerencia continua de Europa y Estados Unidos en cualquier región del mundo.

El primer análisis que nos ofrecen es el del número de atentados, en progresivo aumento desde el verano pasado.

Tabla 1_Enero 2017

En total, desde julio de 2016 ha habido 674 atentados yihadistas, una media de 96 atentados al mes.

El total de muertos desde julio de 2016 ha sido de 7.062.  Esto es 227’8 muertos al día durante enero y 10’47 muertos en cada atentado.

Cifras estremecedoras.

Los protagonistas de estos atentados fueron los siguientes:

Como ya comentábamos en otra entrada, la mayor parte de los atentados yihadistas no ocurren en Occidente, en concreto en Europa y Estados Unidos, sólo ha habido uno, y es en Oriente Medio y en el Magreb, Sahel y Cuerno de África.

También es importante la estadística de cuáles son los objetivos elegidos para atentar contra ellos.  Predominan los objetivos civiles sobre los político-militares.

Dossier informativo contra la Feria de Armas HOMSEC

La coordinadora Desarma Madrid ha realizado un dossier informativo contra la Feria de Armas HOMSEC que se “celebrará” entre el 14 y el 16 de marzo en el IFEMA de Madrid.

En el dossier se habla de:

 1.- La historia de las anteriores ferias, esta es la 6ª.

2.-  La justificación que se hace de HOMSES por sus promotores.

3.-  Los promotores de HOMSEC, militares de alta graduación retirados que ahora hacen negocio con el comercio de armas.  Algunos de ellos son ex golpistas del 23-F

4.-  Una breve contextualización del comercio de armas.

5.-  El rechazo social a HOMSEC.

6.-  Los promotores y los 90 grupos firmantes del dossier.

Lo puedes visitar en:  https://www.scribd.com/document/337851038/Dossier-Homsec-Desarma-Madrid

Dossier Homsec Desarma Madrid by Colectivo Utopía Contagiosa on Scribd

Las guerras como I+D (ojalá en 2017 rompamos el círculo vicioso)

Image de Santiago Stucchi Portocarrero

Fuente:  El País.

Mientras la población siria sufre los estragos de la guerra, el militarismo ruso se haya de enhorabuena:  con su participación en la guerra siria han conseguido:

  • probar más de 160 nuevos armamentos (un 84 % pasaron las pruebas que suponen combates reales)

Por ejemplo:

el 9 de diciembre de 2015, dispararon desde un submarino que estaba en el Mediterráneo una serie de misiles Kalibr, que, según el Ministerio de Defensa, habían demostrado un alto grado de precisión al dar contra los blancos del Estado Islámico. Esos misiles crucero tienen un alcance de unos 2.000 kilómetros.

  • foguear, entrenar a los aviadores militares que desde hace años tenían poca experiencia en acciones de combate real
  • despertar en una serie de países el deseo de comprar armas rusas

Como se ve, no sólo los yankis y los europeos nos aprovechamos de las guerras en el Tercer Mundo.

Así pues, las guerras son altamente funcionales para el primer mundo.  Gracias a ellas:

  • podemos investigar nuevos armamentos y pagar a los investigadores,
  • podemos exportar armas y pagar a los empresarios exportadores,
  • podemos probar los armamentos y pagar a los militares que lo hacen,
  • podemos fomentar la emigración de los que sufren las guerras y pagar a los militares que vigilan nuestras fronteras,
  • podemos fomentar el odio hacia nuestros nacionales por nuestras políticas intervencionistas y pagar a los militares y guardia civiles que nos protegen,
  • podemos fomentar el terrorismo y sentirnos amenazados y pagar a los militares que nos cuidan
  • podemos pagar a los medios de comunicación que nos venden una realidad cínica y aséptica en la que las guerras sólo son imágenes y no sufriemiento
  • podemos pagar a un Jefe de Estado militar y militarista, garante de los negocios militares
  • podemos pagar, también, a tanto político militarista que protege a quienes nos protegen

También, podríamos en 2017 romper el círculo vicioso del militarismo y las guerras y construir un círculo virtuoso basado en la Seguridad Humana.  Deberíamos.

Los PEAS son la burbuja especulativa que le va a explotar al Ministerio de Defensa

Imagen de Ferran BCN

Sobre los PEAS hemos publicado muchísimo.  Y seguiremos publicando porque es una chapuza financiera de la que el Ministerio de Defensa no sabe salir, haciendo las cosas bien, se entiende.

El supuesto éxito de Cospedal

Nos vende Infodefensa que Cospedal ha convencido al gobierno para reprogramar los gastos de PEAS de 2016 para 2017.  Parece un éxito de gestión de la Ministra de Defensa cuando realmente es un fracaso en toda regla, obligados por el Tribunal Constitucional.  Al final, en 2017 se pagarán los 1.107’7 millones de € de dicho año y los 716’7 millones de 2016.  El total va a ser escalofriante:  1.824’4 millones de € para PEAS en 2017.

El primer problema de Cospedal:  la imagen insolidaria del Ministerio de Defensa.

Si tenemos en cuenta que el presupuesto  del Ministerio de Defensa ronda los 6.000 millones de €, el aumento sería de, aproximadamente, un 30 %.  ¿Cómo le será posible a Cospedal, en una época de duros recortes sociales, económicos y políticos, vender un aumento del 30 % en su ministerio, el menos social de todos?.  ¿Cómo convencerá a l@s español@s de la solidaridad del Ministerio de Defensa cuando ellos suben su propio presupuesto en un 30 %?

Los 18 Programas Especiales de Armamento (PEAS)

En la siguiente infografía se enumeran los PEAS, lo que iban a costar en 2009, lo que se reprogramó para 2013, y abajo los compromisos de pagos acordados entre la industria armamentística y el gobierno.

Infografía de El País

Las conclusiones al analizar esta infografía son claras:

  • Cada vez vamos a recibir menos armamento
  • El precio total y parcial de cada PEA cada vez será mayor.
  • Nos quedan por pagar 14.280’9 millones de € hasta 2030.
  • Estamos hipotecados por estos programas de armamento hasta el año 2030 y ello va a suponer una burbuja financiera que va a acabar explotándole al Ministerio de Defensa y, de paso, a los contribuyentes.

Con más detalle se puede ver en este otro cuadro también publicado por Infodefensa:

En la anterior tabla salta a la vista otro dato, todavía más escalofriante, el monto total de los PEAS va a ser de 29.479’06 millones de €.

La práctica engañosa del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa venía haciendo una práctica ilegal, según ha reconocido el Tribunal Constitucional (2 sentencias) que consistía en que no incluía los PEAS en los Presupuestos Generales del Estado.  Luego, con la excusa de que eran gastos no previstos, los aprobaba en verano por Decreto Ley y sin la consulta al Parlamento.

Esto ocultaba una buena parte del gasto militar a la ciudadanía.

En el entramado financiero que gestiona los PEAS todo es raro:

  • La industria militar (privada, en su mayoría) se compromete con el Estado a dotarle de una serie de armamentos
  • El Estado prefinancia la investigación y desarrollo necesarios para que la industria militar pueda fabricar las armas.
  • La prefinanciación no ha hace el Ministerio de Defensa (sería poco vendible a la sociedad).  La hace el Ministerio de Industria, concediendo a la industria militar unos créditos previos a su labor de investigación y desarrollo.
  • Los créditos que Industria da a las armamentísticas son a interés cero.
  • Una buena parte de la industria militar no cumple los plazos y, además, acaban reclamando sobrecostes al Ministerio de Defensa y al de Industria.
  • El Ministerio de Defensa reprograma los PEAS. Tanto el número de armas que van a recibir, como lo que van a pagar.
  • La industria armamentística tiene que devolver anualmente los créditos al Ministerio de Industria.
  • Según va recibiendo el armamento Defensa va pagando los PEAS a la industria armamentística, eso sí, ya con sus sobrecostes añadidos.

Múltiples irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas

Con informaciones sacadas de El País  (Miguel González) procedemos a publicitar siete irregularidades en la contratación del Ministerio de Defensa.

1.-  Contrato de 18’8 millones de € concedido por el Ejército de Tierra a General Dynamics, sin licitación ni publicidad.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, anuló el pasado 24 de junio un contrato por 18,8 millones de euros concedido por el Ejército de Tierra a la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDSBS). En su resolución, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitación ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la número 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 años.

 Lo que no explicaba la resolución es que lo que se buscaba con esta adjudicación es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de más, aunque para ello se recurriera a una fórmula de dudosa legalidad.

La explicación figura en el folio 127 del Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) elaborado por el Tribunal de Cuentas. El contrato de compra de 219 carros de combate Leopard y 16 de recuperación tenía un importe total de 2.489 millones de euros, pero la empresa fabricante ha recibido ya en anticipos del Ministerio de Industria y en pagos de Defensa un total de 2.507 millones. Tiene por tanto, constata el Tribunal de Cuentas, “un exceso de financiación de 18,8 millones”; justo el importe de la adjudicación anulada por Hacienda. Si hubiera dudas sobre la identidad de ambas partidas, el informe explica: “Esta cantidad se encuentra en trámites de regularización, pues es objeto de la Adenda 25, actualmente en negociación”. A la postre, sin embargo, la regularización ha resultado irregular.

2.-  Sobrecostes de 43’6 millones de € de la compañía española SAPA por programas de transmisiones.

No es la única anomalía constatada en la mayor compra de carros de combate de la historia del Ejército español. Defensa ha reconocido sobrecostes por un importe de 43.6 millones de euros derivados, básicamente, de los problemas que la compañía española SAPA, suministradora de las transmisiones, ha tenido con su socio tecnológico alemán Renk.

El Tribunal de Cuentas considera “indudable” que “las circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales” en programas de estas características “exceden los cauces de contratación ordinaria”, pero agrega que SAPA conocía las condiciones de suministro y las aceptó, que el contrato ya preveía un beneficio del 10% con el que cubrir esos imprevistos y que la operación contó con un 100% de financiación pública, por lo que el riesgo financiero era cero.

3.-  El programa de carros de combate Leopard se rige por un antiguo convenio del Ministerio de Defensa con el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) de 1981, mucho más beneficioso para el contratista (General Dynamics, nuevamente).

El informe llama la atención sobre un hecho insólito: Santa Bárbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas públicas) que data de 1981 y “contiene un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general”. Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debió liquidarse hace años.

4.-  Navantia, empresa pública y que no debería tener beneficios al contratar con la Administración, incluye en sus convenios con Defensa beneficios entre el 4 y el 12 %.

Si ya es sorprendente que empresas privadas se comporten como públicas, no lo es menos que públicas lo hagan como privadas. El Tribunal de Cuentas se extraña de que el convenio entre Defensa y el astillero público Navantia incluya un margen de beneficio de entre el 4 el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan. El informe alega que el ánimo de lucro, “principal incentivo para el empresario particular”, no tiene sentido en una sociedad pública, que está obligada a aceptar los encargos que le hace el Estado y solo puede facturar los costes reales, De lo contrario, advierte, podría considerarse “un exceso de financiación pública”.

Defensa ha tomado nota de esta advertencia y ha replicado que, en su nuevo convenio con Navantia, el concepto beneficio se sustituye por el de “margen industrial”, para hacer frente a los “riesgos relativos” a la ejecución de los programas. En esos riesgos no se incluye la revisión de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acción Marítima (BAM).

5.-  Defensa renuncia a imponer penalizaciones a Navantia por el retraso de 78 meses en la entraga de los BAM.

La entrega a la Armada de estos cuatro barcos ha sufrido un retraso total de 78 meses, lo que dio lugar a la apertura de expedientes para imponer las penalizaciones contempladas en los contratos, por un importe total de 31,7 millones de euros. Sin embargo, “por una causa que no se ha justificado”, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanción alguna.

Defensa ha negado que existiera aquiescencia por parte de la Armada para no imponer sanciones y ha anunciado que se reactivará el grupo de trabajo dedicado a discutir con Navantia su importe, aunque alguno de los expedientes, que data de 2011, puede haber caducado.

6.-  Defensa se niega a recepcionar oficialmente armamento y lo mantiene almacenado para no subir el déficit público.

Quien no se retrasó en la entrega fue el consorcio fabricante del avión de combate europeo Eurofighter. Además de los 47 cazas ya en servicio en el Ejército del Aire, hay otros 12 almacenados durante tres años en la base aérea de Los Llanos (Albacete), que España no ha querido recepcionar oficialmente para que no computen en el déficit público.

7.-  Defensa demuestra incompetencia porque no puede usar los helicópteros NH-90 porque no tiene el personal, los equipos y las instalaciones necesarias.

Además, tres helicópteros NH-90 están depositados “temporalmente” en las instalaciones de Eurocopter en Albacete hasta que el Ejército de Tierra disponga del personal, los equipos y las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional.

En este asunto de los PEAS, el Tribunal Constitucional ha dictado 2 sentencias:

  • La primera anulaba el decreto ley de 2014 que destinó 886’3 millones de € a los Peas.  El recurso lo habían presentado el PSOE, pero también Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA, Izquierda Plural y UPyD.

Los recurrentes argumentaron que estos pagos estaban previstos con antelación y responden a una programación plurianual, por lo que debían haberse incluido en los Presupuestos Generales del Estado, propiciando así un debate parlamentario en profundidad. El Gobierno replicó que, aunque el importe global de estos programas es conocido (29.500 millones de euros hasta 2030), la cuantía exacta de cada anualidad está sujeta a negociación con la industria militar y depende de la evolución del déficit, por lo que no era posible incluirla en el presupuesto ordinario de Defensa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, recrimina al Gobierno que ni de la exposición de motivos de la norma ni del expediente tramitado por Defensa “se puede deducir argumento concluyente que ampare la utilización del decreto ley, pues nada se argumenta sobre la extraordinaria y urgente necesidad”, que es lo que justifica su uso según el artículo 86.1 de la Constitución. Al contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció en su discurso de convalidación del crédito extraordinario que no se trataba “de dar cobertura a necesidades imprevistas”, sino de “proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”, y añadió que la Administración estaba obligada a “no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros”, en alusión a la industria militar.

Tras calificar de “singular” la técnica empleada por el Gobierno, el Constitucional constata que “más que la respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad por imprevisible”, la aprobación de créditos extraordinarios para Defensa “se ha convertido en una práctica habitual” para atender un compromiso de pago que es “previsible y programable”.

“Simplemente se alude [por el Gobierno] a la importancia de que se pague a los proveedores para evitar el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse, [pero] esas consecuencias negativas aparecerían en cualquier obligación contractual del Estado”, sin que se explique por qué serían más graves en el caso de la industria militar, argumenta.

El Constitucional no rechaza que se aprueben créditos extraordinarios para financiar programas militares al margen del presupuesto ordinario, pero agrega que debería hacerse a través de una ley y no mediante el decreto ley, cuyo uso está restringido expresamente por la Constitución. “En definitiva”, concluye, “el recurso sistemático al decreto ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

La sentencia, que anula el decreto ley de 2014 pero cuya doctrina es aplicable a los de 2012, 2013 y 2015, no obligará a las empresas a devolver los 4.300 millones de euros recibidos. Y no solo porque los decretos leyes fueron posteriormente convalidados en las Cortes. Sensible al efecto que ello tendría sobre la industria militar española y sobre el Estado, que se enfrentaría a penalizaciones de los consorcios internacionales que gestionan dichos programas, el Constitucional aclara que, por el “principio de seguridad jurídica”, que garantiza los derechos de terceros que mantienen de buena fe relaciones económicas con la Administración, no serán revisables las “situaciones establecidas mediante actuaciones administrativas firmes”; es decir, los mandamientos de pago realizados al amparo de los créditos extraordinarios.

  • La segunda anula otro decreto ley por 846’4 millones de €. Presentada por 50 diputados socialistas.

El alto tribunal estima el recurso presentado por 50 diputados socialistas y considera que “el uso sistemático del decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento” no está justificado por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” y, por tanto, “no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

Sin embargo, la sentencia no obliga a las empresas de armamento a devolver el dinero cobrado a través de este sistema irregular, ya que “la protección de los terceros de buena fe que mantienen relaciones económicas con la Administración se vería gravemente comprometida si desapareciese la autorización del crédito extraordinario”. En consecuencia, “tras ponderar el principio de seguridad jurídica”, declara “no suceptibles de ser revisados como consecuencia de [la] nulidad”  del decreto-ley los pagos realizados por Defensa.

PEAS II.

La apuesta por la militarización del gobierno de Rajoy sobrepasa el primer plan PEAS y ahora están propiciando un plan PEAS II.  En 2014 publicábamos un artículo en el que advertíamos que el Ministerio de Defensa tenía planes para hacer un segundo plan PEAS, el plan PEAS II.

(…) articular un plan de I+D vinculado a la potenciación y capacitación de nuestra industria principalmente en esas capacidades industriales esenciales antes identificadas.  Este plan se ha puesto en marcha abordando dos de las necesidades militares identificadas por el JEMAD más prioritarias, y que ya tienen financiación en los PGE de 2015:  el 8×8 y la fragata F-110.  De ambos se han derivado 20 proyectos tecnológicos (7 del 8×8 y 13 de F-110).  Estos programas darán comienzo ya en el ejercicio 2015.  Están dotados con 41 y 37 millones de € en el Capítulo 8 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  Además, en este mismo Capítulo se han contemplado las partidas de prefinanciación del contrato de los dos nuevos BAM para la Armada:  son 161 millones de €.  En términos numéricos totales, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incorpora 564 millones de € para programas de defensa, un 64 % más que en 2014.

Es decir, el PEAS II consta de:

  • Blindados 8×8, por 41 millones de €
  • Fragata F-110, por 37 millones de €
  • 2 nuevos BAM de la Armada:  161 millones de €

Todo ello hace un total de 239 millones de € para el plan PEAS II, que habría que sumar a los 30.000 millones del primer plan PEAS.

Las alternativas futura de Cospedal.

Las posibilidades que tiene Cospedal para 2017 son dos:

  • Aflorar, por fin, los PEAS en la contabilidad del Ministerio de Defensa, pasando los 6.000 millones, más o menos, que presupuestan ahora a 8.000 millones, y quedando como el Ministerio con más aumento de gasto en épocas de crisis y de recortes.
  • Hacer una nueva ley en la que seguir ocultando esta parte del Gasto Militar y en la que se aprueben los PEAS.

¿Cuál será su opción?

Cospedal confunde Defensa con Seguridad

Imagen de Gobierno de Castilla La Mancha

Imagen de Gobierno de Castilla La Mancha

Fuente:  Infodefensa.

Inventir en defensa es invertir en seguridad” dijo Cospedal.  Y de ello concluyó que hay que invertir más en defensa.

Así, sin ningún razonamiento previo o posterior, sin justificaciones.  Simplemente por que ella lo vale, porque sí.

Lo podría haber dicho Morenés.  O cualquiera de los ministros de Defensa previos, tanto del PP, como del PSOE, como de UCD.

Tras un mes de estudiar los temas más importantes de su nuevo cargo, Cospedal no ha innovado ni un milímetro.

Pero se equivocan.  Defensa se refiere a militar, a violencia, a relaciones internacionales de dominación.  Defensa se refiere a estados naciones, a exportación de armas, a guerras en todo el mundo. Defensa se refiere a militarizar la investigación y el desarrollo, a que exista un Estado militar dentro del Estado civil.  Defensa se refiere a gastar en cañones en detrimento al gasto en mantequilla.

Seguridad es poder tener acceso a cubrir tus necesidades básicas:  alimentación, vivienda, sanidad, escolarización, …  Seguridad es promover y ejercitar el desarrollo de los derechos económicos, humanos, civiles de cada persona.  La seguridad tiene que ver con los intereses de las personas, no de las naciones, la seguridad es inclusiva porque no depende de los intereses nacionales, sino de los intereses humanos que nos son comunes a todos.

Confundir la cultura de defensa con la cultura de paz es un grave error.  También lo es confundir Seguridad Nacional con Seguridad Humana.  O una opción política violenta e intervencionista elegida a conciencia.

¿Invertir en defensa es invertir en seguridad?

Es justo lo contrario, invertir en militares, en armas y guerras es ir contra los derechos humanos, civiles y ecológicos.  Invertir en defensa es invertir en violencia directa, estructural y cultural.  Miles de guerras nos lo confirman, pasadas, presentes y futuras.  Millones de muertos, de refugiados, de mutilados, de violadas, de niños que no han podido estudiar ni tener un futuro digno.

Cada euro invertido en Defensa es un euro invertido en un mundo peor.  Por ello aboga, no nos engañemos, Cospedal.

El otro modelo de defensa de los sioux

Imagen de Fibonacci Blue

Imagen de Fibonacci Blue

Fuente:  El Mundo.

En este blog llevamos tiempo argumentando y dando ejemplos históricos y actuales de la dicotomía defensa nacional versus defensa social o, lo que es lo mismo, seguridad humana.

Los sioux, ellos se llaman lakota, antiguos pobladores de Norteamérica, viven ahora bajo la tutela de los EE.UU. en una reserva entre Dakota del Norte y Dakota del Sur.  La reserva es del tamaño de Asturias pero sólo viven 8.000 personas.

Cuando en los años 50 los sioux y los cheyenne trataron de contratar a un abogado que los protegiera de los planes del Gobierno de EEUU, la Oficina de Asuntos Indios se lo prohibió. ¿Para qué iban a tener abogado cuando legalmente no podían ni siquiera votar en parte del país ya que legalmente estaban “bajo el tutelaje” del Estado?

Las condiciones de vida son penosas para los más antiguos habitantes:

Todo Standing Rock tiene un aire de pobreza desolador: los alcohólicos tumbados en medio de las calles de casas prefabricadas a las 11 de la mañana; el triste casino de Grand River, a apenas 10 minutos en coche de las tumbas de Toro Sentado y Sacagawea; las personas de apenas 50 años que parecen de 80 por los estragos de la metanfetamina, la droga de los pobres de las zonas rurales de EEUU.

La reserva, como las demás de las dos Dakotas, es tan pobre que los únicos actos electorales que se celebran allí son las “alimentaciones” (feeders) y que consisten, literalmente, en que el Partido Demócrata ofrece comida a la gente junto a los colegios electorales, a ver si así se animan a votar. El Partido Republicano, como no tiene votos entre los indios, trata de prohibir las “alimentaciones”, alegando que es compra de votos.

Ahora se han reactivado para luchar:

La única cosa que no les quitaron a los lakota fue la dignidad. Porque, en pleno 2016, la tribu ha organizado una rebelión para defender su estepa. Desde julio, cientos de activistas de 200 tribus están bloqueando la construcción de un oleoducto de 1.825 kilómetros cuya obra va a costar 3.800 millones de dólares (3.500 millones de euros) a través de un territorio que roza su reserva, y llevará el petróleo pesado extraído por medio del controvertido método del fracking desde Dakota del Norte hasta el estado de Illinois. Es la mayor concentración de tribus desde la época de las guerras indias del siglo XIX.

Por ahora, no ha habido muertes. Pero sí violencia. Las autoridades de Dakota del Norte y del Sur y los guardias de seguridad de la empresa que construye el oleoducto, Dakota Access, han empleado perros y material antidisturbios para tratar de mantener fuera de las obras a los indígenas, que ahora cuentan con el apoyo de grupos ecologistas y de izquierda.

Las autoridades están en contra y, ni siquiera, el Obama de sus últimos días de presidencia ha hecho acto de presencia o ha intentado defender a esta minoría:

Sólo el sábado de la semana pasada fueron arrestadas 127 personas por tratar de interrumpir los trabajos de Dakota Access. El 3 de septiembre, seis personas tuvieron que recibir atención médica por mordeduras de perros, y otras dos docenas fueron rociadas con spray que produce picor e irritación en la garganta y en los ojos. La periodista Amy Goodman -la misma que entrevistó a Pablo Iglesias cuando éste viajó a Nueva York en febrero de 2015 – fue arrestada por retransmitir la protesta para su programa de radio y televisión Democracy Now, que se emite a través de internet. Las autoridades de Dakota del Norte la acusaron de incitación a la violencia y a la desobediencia civil, lo que implica cárcel, a pesar de que no había ninguna constancia de que hubiera hecho otra cosa que informar. Además, este jueves la policía detuvo a 141 personas, y en el tumulto se oyeron disparos balas de verdad en dos ocasiones, aunque no hubo heridos. Los arrestados fueron puestos en libertad, salvo uno.

(Enlace para ver el vídeo)

La agresividad de las autoridades locales ha sido tan grande que los líderes de Standing Rock han pedido al Estado Federal -es decir, a Washington- que abra una investigación de lo que ellos consideran una actuación desproporcionada de las autoridades locales. Por ahora, sin embargo, el Gobierno de Barack Obama, tan dado a intervenir cuando se agrede a otras minorías -en especial la afroamericana-, no se ha pronunciado ante lo que el presidente de Standing Rock, Dave Archambult, califica de “militarización de las fuerzas policiales locales”. Lo más que ha hecho el presidente ha sido pedir que se suspendan las obras, lo que en la práctica apenas paralizó los trabajos durante 48 horas en septiembre.

Para colmo, el presidente entrante, Trump, tiene una inversión de 920 millones de € en la empresa que realiza las obras.

Así que para los indígenas está claro: lo que es necesario para las personas de origen europeo no lo es para ellos. Por eso, los descendientes de Toro Sentado se han lanzado a ocupar la pradera.

Primero lo intentaron en los tribunales, dado que la ruta del oleoducto es unaflagrante violación del Tratado del Fuerte Laramie de 1851. Perdieron. Lo cual no es una sorpresa, porque los tribunales tienden a entender los tratados de forma asimétrica: cuando benefician a los indígenas, no valen; cuando ayudan a los descendientes de los colonos, sí. De hecho, el golpe de gracia al proceso legal de los indios lo dio un tribunal de Washington el 8 de octubre, la víspera del Día Mundial de los Pueblos Indígenas.

Entretanto, Dakota Access compró el terreno en el que se estaba realizando la protesta, y el campamento tuvo que moverse a otro sitio a varios kilómetros. Así que la controversia parecía camino de ser ignorada por los medios de comunicación de Estados Unidos, para los que los indígenas son un tema de mínimo interés. A fin de cuentas, ¿qué cabe esperar cuando el equipo de fútbol americano de Washington tiene un nombre tan inconfundiblemente racista como Pieles Rojas (Redskins)?

Pero los lakotas y sus aliados tienen en el siglo XXI una ventaja de la que carecían Toro Sentado y Nube Roja: internet. El vídeo de siete minutos sobre las protestas de septiembre colgado por Goodman ya cuenta con más de 14 millones de visitas.Y la semana pasada un juez de Dakota del Norte rechazó los cargos en contra de la periodista. Al mismo tiempo, la estrella de rock Neil Young y los sospechosos habituales de este tipo de causas en Hollywood -Susan Sarandon, Leonardo DiCaprio, Ben Affleck- se han pronunciado a favor de los indios. Los disturbios del sábado fueron difundidos a través de Periscope, el servicio de vídeos de Twitter, y de Facebook Live, y esas retransmisiones han tenido decenas de miles de visitas cada una. Los indígenas también han creado la organización ReZpect Our Water, cuya grafía es claramente alternativa (sería el equivalente de emplear la letra k en lugar de la c en español), a través de la cual se han coordinado con una amplia gama de grupos de izquierda dentro y fuera de Estados Unidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A favor de la Avenida de la inteligencia

Imagen de Emilio J. Rodríguez-Posada

Imagen de Emilio J. Rodríguez-Posada

Fuente:  El Confidencial Digital.

El 24 de septiembre de 2016 se concentraron en la Plaza Mayor de Madrid unos 1.500 veteranos de la Legión (otras fuentes hablan de más de 300), ex miembros de los boinas verdes (operaciones especiales), veteranos de la Brigada Paracaidista, de los Tabores de Regulares, del Ejército del Aire y marinos de la Armada.  Incluso hubo gente venida del extranjero.

De los más de 3 millones de personas que en España viven de lo militar, se manifestaron como máximo 1.500 personas, probablemente viejas glorias nostálgicas y recalcitrantes.  Es decir, según estos cálculos, un 0’05 % o un 0’01 % de los mantenidos a costa del erario por su vínculo militar están a favor de que se mantenga el nombre de Millán Astray en el callejero madrileño.

Los ex militares y otros ciudadanos simpatizantes abuchearon a la alcaldesa, Manuela Carmena, y a los miembros del Comisionado de la Memoria Histórica que han decidido incluir la calle Millán-Astray entre las vías “franquistas” a rebautizar, y que además han desestimado las alegaciones de un grupo de antiguos caballeros legionarios.

Los participantes anunciaron que cambiarán, cada día, las placas de la calle para reponer el nombre de Millán Astray, quitando el que propone Carmena: “avenida de la inteligencia”

Sabemos que, en el fondo, no son los únicos que están a favor del golpista legionario.  Así, en el pleno del distrito de Latina, los del PP elogiaron como héroe a Millán, todo un ejemplo de la caspa que aún palpita entre nosotros.  La ex alcaldesa y ex Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, también elogió al golpista, no sabemos si por su acreditado oportunismo y mala fe, o por arraigados sentimientos hacia lo que, tristemente, representó Millán Astray para nuestra historia.  Y, cómo no, el presidente de Melilla, también del PP, salió en defensa de Millán Astray. Parecería poco arriesgado afirmar que una gran parte del PP apoya al fascista.

Sí damos la palabra al General retirado Rafael Dávila Ávarez que en su blog opinaba así:

No necesita el general defensa ni más explicaciones. Su obra, la Legión, es suficiente. La creación y fundación de la Legión es la obra más necesaria e importante llevada a cabo en el Ejército español en los últimos cien años. Después de Annual quedaron muchas cosas en entredicho.

No vamos a hacer uso del sentido del humor ni de la socarronería, ni de la ironía.

Pensamos que el tema es serio porque el callejero madrileño, como tantas otras cosas, transmite una cierta visión cultural de Madrid.  Es la diferencia entre “cultura de defensa” y “cultura de paz”, o la diferencia entre los derechos de los golpistas del 36 y los derechos humanos, o la diferencia entre los conceptos de Defensa Militar / Seguridad Nacional, por un lado y Seguridad Humana, por el otro.

Madrid opta, y lo debe hacer desde la ética,

  • o por un fascista, golpista, militarista, exaltador de la violencia y de la muerte, en definitiva, por una calle manchada de sangre
  • o por la paz, la inteligencia, por la democracia, por la república, por la resolución noviolenta de los conflictos, por otro modelo de educación no militarista.

Madrid como ciudad de guerra o Madrid como ciudad de paz.

El callejero de Madrid, como las demás ciudades y pueblos, tiene el poder de hacer recordar a sus héroes, de dar ejemplo con sus preferencias.

Carmena no está sola.  Coruña también ha decidido echar de las calles a Millán Astray y el próximo 8 de octubre su plaza pasará a llamarse Praza das Atochas.  Alicante también está en esta idea.

Inteligencia es mejor aliada para la dignidad humana que el héroe que gritó contra la inteligencia. Millán y otros militares están bien en el empolvado anaquel donde los dejaron. No los queremos en nuestras calles.

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