Archive for represión

Nivel de alerta 4: excusa para aumentar el gasto de la policía en más de 7 millones de euros

Tonyina

Tamara SHerrero

Fuente: El confidencial Digital

Estamos en nivel de alerta 4, dentro del plan de prevención y actuación antiterrorista del Ministerio del Interior, lo que quiere decir que para Interior hay un alto riesgo de atentados terroristas que obliga a las fuerzas de seguridad a varias actuaciones: mayor presión y vigilancia sobre sospechosos, protección de centros estratégicos y mayor vigilancia callejera.

Esta situación ha servido de excusa a una acusada compra de material para el Ministerio del Interior, que, aprovechando la tesitura, ha decidido vendernos que se necesita aumentar el gasto en seguridad, aprobando tres grandes lotes de material:

En el primero de los lotes, se trata de adquirir, por 2.077.755 euros, 4.100 pistolas, 100 fusiles de asalto G-36, y 20 subfusiles MP5 para los GEO.

No es todo el refuerzo que a medio plazo pretende hacer Interior. También comprarán, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, 11.000 chalecos antibalas (1.000 de uso externo y 10.156 de uso interno) y, 200 placas balísticas, por importe total de 3.879.485 euros, que estaban licitados desde junio de 2016 pero que por la orden HAB/1169/2016 de 14 de Julio estaba congelado el gasto.

Una tercera licitación, por importe de 1.209.065,54 euros de euros, será para adquirir 4.545.400 cartuchos 9 mm parabellum blindados, otros 550.900 cartuchos 5,56 x 45 homologados por la OTAN y 275.400 cartuchos calibre 7.62 x 51 homologados por la OTAN.

Estas tres licitaciones suman nada menos que 7.166.326 euros, contando el neto y el IVA correspondiente, una cantidad nada despreciable que se intenta justificar en el supuesto peligro en que nos encontramos.

Por el volumen de material se nos hace más que difícil pensar que estas compras respondan al aumento real del nivel de riesgo (por otra parte decretado en junio de 2016 y no ahora) y parece más bien que el nivel de riesgo referido se ofrece como una mera excusa para evitar la impopularidad del aumento de gasto para material policial  tan abrumador, sobre todo cuando en años anteriores se hicieron gastos en material similar, como por ejemplo en 2012, cuando aumentaron el gasto en material antidisturbios en un 1.780%. o en agosto de 2013, que lo elevaron en otro 18,77%.

Aquí no acaba todo. El Ministerio del Interior tiene previsto comprar 700 vehículos que se para renovar los actuales en el “plan de refuerzo y reforma de la policía nacional” de 2017-2020, un nuevo dispendio en material policial que sorprende, sobre todo, si tenemos en cuenta, conforme a la Oficina estadística Eurostat y los propios sindicatos policiales españoles, según publica Publico, que España es el país de Europa que tiene más policías y, salvo raras excepciones, de todo el mundo, con 534 agentes por cada 100.000 habitantes, para una tasa de delitos de las más bajas de Europa (4846 delitos por cada 100.000 habitantes, frente a los 14.791 de Suecia, 9.678 de Bélgica o los 7.867 de Dinamarca.

Con todo, no parece que tengamos un nivel alto de alerta terrorista que justifique un aumento tan bárbaro del gasto en material policial, sino que contamos con una abrumadora cantidad de policías y con un desmedido interés en incrementar el gasto policial sin otro sentido que el de mantener un modelo de seguridad caduco y poco acorde con la realidad.

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Repensar la educación de la Guardia Civil

Imagen de Santiago Stucchi Portocarrero

Imagen de Santiago Stucchi Portocarrero

Fuente:  Movimiento Político de Resistencia.

Se imaginan a un Coronel Jefe de la Guarida Civil relajado, confiado, en su salsa:

En una conversación grabada en la Comandancia de Palma de Mallorca en 2011 el coronel jefe de la Guardia Civil en las Islas Baleares, Jaume Barceló, justificó y reconoció que había torturado personalmente a los detenidos numerosas veces: “Hostias y un golpe lo hemos dado ¡todos! Yo, así…”

En numerosas ocasiones el coronel Barceló ha alardeado de haber “sacudido” a los detenidos y ha relatado varios episodios de torturas. Cuando era más joven torturaba a los detenidos de forma habitual, jactándose de ello porque los delitos “ya han prescrito porque llevo muchos años fuera de la calle”.

En la grabación los guardias civiles estaban hablando de varios casos de torturas que en esos momentos estaban en los tribunales. Ninguno de ellos denunció a su jefe por los delitos que había confesado cometer, lo cual es un grave incumplimiento del deber por parte de todos los presentes.

“El que ha trabajado un poco en esta Guardia Civil y no ha soltado una paparra [bofetón en el lenguaje propio de Mallorca] es que ha trabajado poco, porque eso lo hemos hecho todos”, es una de las frases que dice el coronel Jaume Barceló involucrando a toda la Guardia Civil como cuerpo en la práctica de torturas.

Otro ejemplo más de las actitudes de algunos guardiaciviles que se han empapado hasta la médula de la cultura violenta, machista, opresora, de desprecio a los civiles y a los demás, de obediencia ciega, de taparse unos a otros, de irrespeto absoluto a los derechos humanos y a la legalidad que dicen defender.

Posiblemente este señor no sea lo más ejemplar de la guardia civil y se merezca algún tipo de reproche, pero sobre todo es necesaria alguna condena realizando servicios sociales hacia aquellos que desprecia.  Parece que estar armado le hace sentirse superior y le autodota de todas las razones posibles para hacer lo que le dé la gana.  Quizá le vendría bien, y con urgencia, hacer actividades que le hagan tener empatía con los oprimidos, con los que sufren violencia directa, estructural y/o cultural.  ¿Se humanizaría?.

Ni las labores policiales ni las de defensa pueden triunfar por métodos violentos, se necesita negociación, comprensión, imaginación para abordar los problemas de manera constructiva.

Quizá el coronel prefiera meter a todo el mundo en la cárcel.  Así se sentirá más seguro.  En cambio, lo único que logra con esta actitud es cronificar los problemas y agudizarlos.

Es necesario repensar las actitudes y la formación de la Guardia Civil y de los militares:  su educación más básica, sus valores, sus formas de actuación, su propio oficio.  Sin ello será imposible avanzar hacia una sociedad más pacífica y justa.

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El otro modelo de defensa de los sioux

Imagen de Fibonacci Blue

Imagen de Fibonacci Blue

Fuente:  El Mundo.

En este blog llevamos tiempo argumentando y dando ejemplos históricos y actuales de la dicotomía defensa nacional versus defensa social o, lo que es lo mismo, seguridad humana.

Los sioux, ellos se llaman lakota, antiguos pobladores de Norteamérica, viven ahora bajo la tutela de los EE.UU. en una reserva entre Dakota del Norte y Dakota del Sur.  La reserva es del tamaño de Asturias pero sólo viven 8.000 personas.

Cuando en los años 50 los sioux y los cheyenne trataron de contratar a un abogado que los protegiera de los planes del Gobierno de EEUU, la Oficina de Asuntos Indios se lo prohibió. ¿Para qué iban a tener abogado cuando legalmente no podían ni siquiera votar en parte del país ya que legalmente estaban “bajo el tutelaje” del Estado?

Las condiciones de vida son penosas para los más antiguos habitantes:

Todo Standing Rock tiene un aire de pobreza desolador: los alcohólicos tumbados en medio de las calles de casas prefabricadas a las 11 de la mañana; el triste casino de Grand River, a apenas 10 minutos en coche de las tumbas de Toro Sentado y Sacagawea; las personas de apenas 50 años que parecen de 80 por los estragos de la metanfetamina, la droga de los pobres de las zonas rurales de EEUU.

La reserva, como las demás de las dos Dakotas, es tan pobre que los únicos actos electorales que se celebran allí son las “alimentaciones” (feeders) y que consisten, literalmente, en que el Partido Demócrata ofrece comida a la gente junto a los colegios electorales, a ver si así se animan a votar. El Partido Republicano, como no tiene votos entre los indios, trata de prohibir las “alimentaciones”, alegando que es compra de votos.

Ahora se han reactivado para luchar:

La única cosa que no les quitaron a los lakota fue la dignidad. Porque, en pleno 2016, la tribu ha organizado una rebelión para defender su estepa. Desde julio, cientos de activistas de 200 tribus están bloqueando la construcción de un oleoducto de 1.825 kilómetros cuya obra va a costar 3.800 millones de dólares (3.500 millones de euros) a través de un territorio que roza su reserva, y llevará el petróleo pesado extraído por medio del controvertido método del fracking desde Dakota del Norte hasta el estado de Illinois. Es la mayor concentración de tribus desde la época de las guerras indias del siglo XIX.

Por ahora, no ha habido muertes. Pero sí violencia. Las autoridades de Dakota del Norte y del Sur y los guardias de seguridad de la empresa que construye el oleoducto, Dakota Access, han empleado perros y material antidisturbios para tratar de mantener fuera de las obras a los indígenas, que ahora cuentan con el apoyo de grupos ecologistas y de izquierda.

Las autoridades están en contra y, ni siquiera, el Obama de sus últimos días de presidencia ha hecho acto de presencia o ha intentado defender a esta minoría:

Sólo el sábado de la semana pasada fueron arrestadas 127 personas por tratar de interrumpir los trabajos de Dakota Access. El 3 de septiembre, seis personas tuvieron que recibir atención médica por mordeduras de perros, y otras dos docenas fueron rociadas con spray que produce picor e irritación en la garganta y en los ojos. La periodista Amy Goodman -la misma que entrevistó a Pablo Iglesias cuando éste viajó a Nueva York en febrero de 2015 – fue arrestada por retransmitir la protesta para su programa de radio y televisión Democracy Now, que se emite a través de internet. Las autoridades de Dakota del Norte la acusaron de incitación a la violencia y a la desobediencia civil, lo que implica cárcel, a pesar de que no había ninguna constancia de que hubiera hecho otra cosa que informar. Además, este jueves la policía detuvo a 141 personas, y en el tumulto se oyeron disparos balas de verdad en dos ocasiones, aunque no hubo heridos. Los arrestados fueron puestos en libertad, salvo uno.

(Enlace para ver el vídeo)

La agresividad de las autoridades locales ha sido tan grande que los líderes de Standing Rock han pedido al Estado Federal -es decir, a Washington- que abra una investigación de lo que ellos consideran una actuación desproporcionada de las autoridades locales. Por ahora, sin embargo, el Gobierno de Barack Obama, tan dado a intervenir cuando se agrede a otras minorías -en especial la afroamericana-, no se ha pronunciado ante lo que el presidente de Standing Rock, Dave Archambult, califica de “militarización de las fuerzas policiales locales”. Lo más que ha hecho el presidente ha sido pedir que se suspendan las obras, lo que en la práctica apenas paralizó los trabajos durante 48 horas en septiembre.

Para colmo, el presidente entrante, Trump, tiene una inversión de 920 millones de € en la empresa que realiza las obras.

Así que para los indígenas está claro: lo que es necesario para las personas de origen europeo no lo es para ellos. Por eso, los descendientes de Toro Sentado se han lanzado a ocupar la pradera.

Primero lo intentaron en los tribunales, dado que la ruta del oleoducto es unaflagrante violación del Tratado del Fuerte Laramie de 1851. Perdieron. Lo cual no es una sorpresa, porque los tribunales tienden a entender los tratados de forma asimétrica: cuando benefician a los indígenas, no valen; cuando ayudan a los descendientes de los colonos, sí. De hecho, el golpe de gracia al proceso legal de los indios lo dio un tribunal de Washington el 8 de octubre, la víspera del Día Mundial de los Pueblos Indígenas.

Entretanto, Dakota Access compró el terreno en el que se estaba realizando la protesta, y el campamento tuvo que moverse a otro sitio a varios kilómetros. Así que la controversia parecía camino de ser ignorada por los medios de comunicación de Estados Unidos, para los que los indígenas son un tema de mínimo interés. A fin de cuentas, ¿qué cabe esperar cuando el equipo de fútbol americano de Washington tiene un nombre tan inconfundiblemente racista como Pieles Rojas (Redskins)?

Pero los lakotas y sus aliados tienen en el siglo XXI una ventaja de la que carecían Toro Sentado y Nube Roja: internet. El vídeo de siete minutos sobre las protestas de septiembre colgado por Goodman ya cuenta con más de 14 millones de visitas.Y la semana pasada un juez de Dakota del Norte rechazó los cargos en contra de la periodista. Al mismo tiempo, la estrella de rock Neil Young y los sospechosos habituales de este tipo de causas en Hollywood -Susan Sarandon, Leonardo DiCaprio, Ben Affleck- se han pronunciado a favor de los indios. Los disturbios del sábado fueron difundidos a través de Periscope, el servicio de vídeos de Twitter, y de Facebook Live, y esas retransmisiones han tenido decenas de miles de visitas cada una. Los indígenas también han creado la organización ReZpect Our Water, cuya grafía es claramente alternativa (sería el equivalente de emplear la letra k en lugar de la c en español), a través de la cual se han coordinado con una amplia gama de grupos de izquierda dentro y fuera de Estados Unidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El coste de lo militar: en Turquía el golpe de Estado les cuesta 90.000 millones de €, por lo menos

Imagen de ippnw Deustchland

Fuente: Público.

Lo militar no suele ser criticado en nuestra sociedad. Se tiene como algo inherente, incuestionable, y por lo tanto, nadie repara en sus gastos.

Nos cuenta Público que el golpe de Estado les está costando a los turcos, por ahora, 90.000 millones de €.

La cifra es abrumadora pero, seguramente nos venga bien compararla con otras similares para poder hacernos una idea de cuál es su verdadero volumen:

  •  En su día (2011) se barajó que el rescate de Portugal costaría entre 60.000 y 80.000 millones de €, y que podría llegar a costar 90.000 millones de €.
  • También se barajó la cifra de 90.000 millones de € para el rescate de Irlanda.
  • El FMI estimaba que Grecia necesitaría 90.000 millones de € para su tercer rescate.
  • 90.000 millones de € es el dinero que Europa destina a ayuda al desarrollo.
  • El sector de la alimentación y bebidas fue el primer sector económico en España en 2014 al facturar 90.000 millones de €.
  • El sector tic y de contenidos audiovisuales alcanzó en España los 90.000 millones de € en 2015.

El destrozo bancario y político que sumió en la crisis a Portugal, Irlanda y Grecia tuvo miles de páginas en los periódicos, miles de horas en los noticiarios de las televisiones.  Sin embargo, un desastre similar en cuantía económica como el golpe de Estado de Turquía no va a sufrir las mismas valoraciones, ni casi nadie va a ponderar su impacto económico para los turcos, menos ahora que el contragolpe de Erdogán parece que lo ocupa todo (y no sabemos tampoco el coste que va a tener para los turcos).

Vamos por partes:

En aspecto militar es donde se han producido ese gran agujero económico:

“Si consideramos todos esos aviones de guerra, helicópteros, armas, bombas y edificios dañados, el coste es de 300.000 millones de liras (unos 100.000 millones de dólares) como mínimo, según nuestros cálculos iniciales”

Es decir, los 90.000 millones de €.

Pero, además, está claro que va a haber que asumir otros costes derivados del golpe y que afectarán a otros sectores de la economía:

se sumarán “varios costes a medio plazo” derivados, por ejemplo, de cancelaciones de encargos desde el exterior o de viajes de turistas, explicó el ministro, según el cual los golpistas “han creado una imagen de Turquía como si fuera del Tercer Mundo”.

Reconoció asimismo que en el sector turístico se producirán cancelaciones por parte de los más de tres millones de funcionarios turcos a quienes el gobierno ha suspendido sus vacaciones anuales. Según el ministro, ya se ha registrado un millón de cancelaciones de reservas. La asonada y sus consecuencias es un golpe más para el turismo turco, debilitado ya por varios ataques terroristas y un boicot durante meses de Rusia a raíz del derribo de un caza ruso por parte de Turquía en noviembre pasado, levantado hace pocos días.

También en el mundo financiero los costes de lo militar son graves:

Por otro lado, Tüfenkci se congratuló de que a pesar de la tensa situación creada tras el golpe se pudo evitar cerrar bancos y bolsas, y aseguró que no hubo grandes fugas de capital extranjero. La agencia de calificación crediticia Standard and Poor’s (S&P) degradó no obstante, el pasado día 20, la solvencia de Turquía y la deuda a largo plazo del país, tanto en moneda local como extranjera, en un escalón, hasta dejarla en el bono basura o grado especulativo. La agencia ve riesgos para la futura capacidad de pago del país porque considera que a raíz del golpe se está polarizando el escenario político y deteriorando los equilibrios institucionales.

El golpismo es carísimo a los intereses de las sociedades, y no sólo en lo político, también en lo económico. Pero el golpismo es solo una cara del militarismo, una verdadera ruina social.

Una razón de más para prevenirnos de todo militarismo.

 

 

 

 

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La parcialidad de la Justicia Militar

Imagen de Álvaro Herráiz San Martín

Fuente:  El País.

Los sucesos ocurrieron en 2004 en Diwaniyah, Irak.  El País consiguió unas imágenes que fueron publicadas el 17 de marzo de 2013.

Las imágenes hablan con claridad de la actuación de los militares españoles

 

Sin embargo,

El Tribunal Militar Central ha dictado el sobreseimiento provisional del caso de las torturas en Irak, que se abrió a raíz de la difusión por EL PAÍS, el 17 de marzo de 2013, de un vídeo en el que varios legionarios pateaban a dos detenidos en el centro de detención de Base España, en Diwaniya (Irak), durante la ocupación del país. El tribunal ve indicios de delito, pero archiva la causa porque el fiscal así lo pide y no hay ninguna otra acusación.

Indignante.

Pero queda claro para qué vale la Justicia Militar:  para asegurar la impunidad de los militares tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Nada en este caso tiene sentido:

El juzgado togado militar número 12 abrió diligencias por un presunto delito de malos tratos a prisioneros. El ascenso de uno de los militares imputados, legionarios o exlegionarios del Tercio de Ronda (Málaga) destinados en Irak en 2004, pasó la causa al juzgado militar central 2. Tras ocho meses de instrucción, el juez pidió el archivo del caso, pese a calificar los hechos de “infames, execrables e ignominiosos”, con el argumento de que no se había podido identificar a los maltratadores ni a sus víctimas.

La política de encubrimiento queda patente:

El juez alega que no se ha podido identificar a los agresores ni a las víctimas. La marcha atrás de un legionario que denunció a sus compañeros y luego se desdijo de sus declaraciones permitirá que unos hechos que el juez califica de “infames” queden impunes.

Más en extenso, véanse las incongruencias del coronel auditor de la causa:

El coronel auditor, que desde enero pasado instruye el caso, no tiene dudas sobre la veracidad de los hechos —sucedidos en la base de las tropas españolas en Diwaniya (Irak) entre el 22 de enero y el 18 de febrero de 2004— a los que se refiere con adjetivos como “infames, execrables e ignominiosos”. “Tenemos la firme convicción de que los hechos ocurrieron y que tienen entidad penal”, proclama. Por eso, no plantea el sobreseimiento definitivo, como reclamaron los defensores de los cinco imputados. Sin embargo, propone el “sobreseimiento provisional” —lo que supone que archiva la investigación y se levantan las imputaciones hasta que aparezcan nuevos datos— aunque reconoce que “las posibilidades de reabrir el procedimiento son especialmente complicadas” y que produce “frustración […] no poder llegar a conocer la verdad material de lo sucedido, máxime cuando se trata de comportamientos graves y tan ajenos de lo que debe ser el de las tropas españolas desplazadas lejos de territorio nacional en ejecución de las misiones encomendadas”.

Todo el proceso se tiñe de extrañas irregularidades y de una lógica muy irregular.  Por ejemplo, se da credibilidad a las declaraciones acusatorias de un soldado que primero fue imputado y que cuando pasó, por arte de birlibirloque, a la condición de testigo se contradijo a sí mismo:

En julio de 2014, el legionario J. M. C. de los R. reconoció que fue él quien grabó el vídeo e identificó ante la juez a los militares que aparecen en sus imágenes con el rostro pixelado. Pero el pasado 21 de mayo volvió a declarar, ya no en condición de imputado sino como testigo, y se desdijo de sus anteriores declaraciones, asegurando que su “situación eran tan mala […] que hubiese contado lo que fuese”.

El juez advierte que es ilógico que el legionario hiciera declaraciones autoinculpatorias cuando habló como imputado, con derecho a no declarar, y exculpatorias cuando lo hizo como testigo. Pero concluye que, ante la contradicción entre ambas, no puede dar credibilidad a la primera.

¿Cómo pudo ocurrir este cambio de parecer en el soldado?  Lo que nos ofrece El País es un relato que bien podría presentarse a los premios Óscar al mejor guión en la categoría de Películas mafiosas:

Desde las siete de la tarde del 27 de junio de 2014, cuando fue interrogado por la Guardia Civil en Ronda (Málaga), hasta las cuatro de la tarde del día siguiente, cuando se presentó en el Juzgado Togado Militar Territorial número 12, al menos siete mandos de la Legión se dirigieron al legionario J. M. C. de los R. para convencerle de que no colaborase con la investigación.

Así lo sugirió el propio legionario a preguntas del fiscal. “Preguntado si por alguno de estos mandos ha recibido amenazas o advertencias para que no declarara, respondió que no quiere contestar”, señala el auto.

El legionario viajó a Madrid en tren y llegó a la estación de Atocha a las dos de la tarde, poco antes de la hora a la que estaba citado. Pero en Atocha, sin que él lo supiera, un capitán de la Legión le estaba esperando y, en vez de recorrer a pie los 300 metros que separan la estación del juzgado, se lo llevó en su coche y lo devolvió dos horas después —supuestamente por un error en el GPS—, cuando la Guardia Civil ya lo buscaba.

El mismo capitán irrumpió a media tarde en el juzgado militar, donde protagonizó un altercado con la secretaria judicial y la juez. Su interés era hacerse con el teléfono del abogado de oficio que había asistido a J. M. C. de los R., para que dejara su defensa en manos del letrado Juan Antonio Díaz Díaz, conocido como El Coronel. No es solo un apodo. Díaz es un coronel de la Legión en la reserva que sigue estrechamente vinculado a la misma como presidente de la Fundación Tercio de Extranjeros.

Pese a todos estos esfuerzos, el legionario “cantó”, como le dijo alarmada la esposa de uno de los implicados a una amiga en una conversación telefónica intervenida judicialmente, y denunció a sus compañeros, rompiendo el pacto de silencio.

Cuando recuperó la libertad y regresó a Ronda, la presión se multiplicó. “Siempre leal, mi capitán; que me he equivocado, he metido la pata […] a la orden, yo no salgo ni a la calle, por miedo, por vergüenza y por todo, estoy totalmente avergonzado”, le confesó a un superior.

Finalmente, J. M. C. de los R. cambió su declaración y se desdijo. Se cumplió así la más anacrónica interpretación del Credo Legionario, según la cual hay que apoyar siempre al compañero “con razón o sin ella”.

 

Además, para colmo, no se han tenido en cuenta las declaraciones de otro soldado testigo:

En el sumario figura otro testigo: el legionario D. G. J. Aunque no asistió personalmente a los malos tratos, supo lo que pasó y la existencia del vídeo. Fue él quien puso a la Guardia Civil tras la pista de sus protagonistas.

Sin embargo, el juez elude su testimonio asegurando que “carece de imputación contra persona aforada ante este tribunal”. Se trata de un recurso formal: quiere decir que D. G. J. no acusó al capitán A. B. del P., cuyo ascenso hizo que la instructora inicial, la comandante Patricia Moncada, fuera apartada del caso en favor de un juzgado togado central.

Y, para acabar, otra irregularidad que protege a los militares frente a lo que es habitual en la justicia civil:

Si la justicia ordinaria investigase este caso, la acción popular podría recurrir el archivo. Pero la jurisdicción castrense no permite la acción popular, las víctimas no están personadas y el fiscal militar, único acusador, apoya que se dé carpetazo.

En todo esto la responsabilidad última es de Morenés porque

La impunidad de los responsables de las torturas en el centro de detención de la Base España en Diwaniya (Irak) plantea de lleno las limitaciones de la jurisdicción castrense, según el letrado Mariano Casado. El hecho de que no se permitiera la acción popular, que en este caso intentó ejercer sin éxito la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), dejó el monopolio de la acusación en manos de la fiscalía, que no es idependiente.

El fiscal togado no solo depende jerárquicamente del fiscal general del Estado, como el ordinario, sino que, según la ley de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, puede recibir “órdenes e instrucciones” del ministro de Defensa.

Conclusión:  ahora que se negocian entre los partidos políticos tantas cosas para el mejor desarrolla de España en los próximos cuatro años, convendría incluir el asunto del anacronismo que supone la justicia militar para su total derogación.

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El ejército israelí reprime a una ONG de veteranos militares

Fuente:  Público.

Cómo será de inhumano el militarismo en Israel cuando hasta los propios militares lo denuncian desde hace años.

La organización no gubernamental Rompiendo el Silencio (Shovrim Shtika) ya no podrá acudir a las actividades de puertas abiertas que realiza el ejército. Así lo ha ordenado el ministro de Defensa, Moshe Yaalon, a través de las redes sociales, una medida que pretende apartar del sistema a este grupo de veteranos israelíes que durante once años han denunciado los abusos de los soldados en los territorios ocupados.

El argumento:

“hipocresía y falsa propaganda contra los soldados del ejército y el Estado de Israel en el marco de una campaña de deslegitimación” internacional.

Con todo ello, lo que ha logrado el Ministro de Defensa de Israel es que nos interesemos por Rompiendo el Silencio.  Si diésemos la palabra a la otra parte, a Rompiendo el Silencio, encontraríamos vídeos como

 

O, también esta serie de siete vídeos cortos hechos en una charla realizada en Sevilla:

 

 

 

 

 

 

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Una vuelta de tuerca más en la militarización de la seguridad: se aprueba el Plan Estratégico Nacional de lucha contra la radicalización violenta

kameras

Daniel Lobo

 

Fuente: Consejo de Ministros de 20-1-2015

Muy grave nos parece lo que comentamos hoy.

El Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015 aprobó el “Plan Estratégico nacioal de lucha contra la radicalización violenta“, documento que hay que enmarcar necesariamente en el contexto de refuerzo de la idea de seguridad de corte militar y recorte de libertades que se está impulsando desde los centros de poder a partir (y sobre todo, con la excusa de) los atentados terroristas sufridos en los últimos años.

Luego hablaremos de este contexto y enmarcaremos el Plan con otras medidas adoptadas por el gobierno del PP y otras en fase de deliberación (algunas incluso pactadas con la otra pata del PP, de siglas y compromisos cada vez más inseparables) con las que, al parecer, van a modificar el actual marco legal y social.

Pero comentemos ahora el plan. Y empecemos por lo que dice y cómo lo dice:

¿Unos antecedentes que justifican este Plan?

Comienza el Plan elaborado por el departamento que dirige el halcón (por cierto de afinidades religiosas y políticas muy a la derecha del Padre) Don Jorge Fernández  por explicar las razones que llevan al gobierno a establecer ahora este Plan, y que son:

  1. La existencia de una clara amenaza terrorista (cita atentados en Estados Unidos de 2001, Indonesia de 2002, Marruecos en 2003, España en 2004, Reino Unido en 2005 y ahora en Francia). No cita, tal vez por irrelevantes para la concepción de la seguridad desde la que se elabora este plan, la mayoría de los atentados terroristas que han tenido lugar en países del propio área a la que implícitamente se refiere el plan en todo momento, ni los variopintos atentados provocados por alguno de nuestros aliados, como el caso de Israel, o los otros provocados por error por tropas de nuestro propio bando en las diversas guerras con las que hemos intervenido en el área referida. Tampoco refiere nada en relación a las causas y antecedentes políticos, históricos, económicos, sociales, etc., que dan lugar a este terrorismo, ni a las prácticas políticas que podemos estar llevando nosotros que puedan provocar un cierto odio o una estrategia de reacción que provoque que nos tengan en el punto de mira).
  2. Europa ha definido la lucha contra el terrorismo como uno de los ejes de su política de seguridad (cita el documento de la UE  que puede consultarse aquí “Estrategia de la Unión Europea para la Lucha Contra la Radicalización y la Captación de Terroristas“) cuyo enfoque remilitariza abiertamente la idea de seguridad interior e inicia un soterrado pero firme avance de las ideas más militaristas en torno a la seguridad, eso sí, sin que la crítica de los grupos sociales o políticos alternativos se haya hecho oír al respecto ni en la sociedad ni en el parlamento europeo).
  3. La estrategia se seguridad nacional española sitúa el terrorismo internacional como la principal amenaza para la seguridad de España (cita para ello el documento Seguridad Nacional, un proyecto compartido de 2013. Deja de citar los de ámbito militar que con más precisión enmarcan este proceso en el enfoque militarista, como es la propia directiva de defensa nacional 1/2012, máximo documento del planeamiento militar español)
  4. La lucha contra el terrorismo viene priorizada en el documento “Estrategia integral contra el terrorismo internacional y la radicalización aprobado en 2010 (curiosamente es un documento aprobado en junio de 2010, con Zetapé, por la Comisión de Situaciones de Crisis, y luego ratificado por el Gobierno de Rajoy en 2013. Dicho documento está declarado secreto).

Pues bien, vistos estos antecedentes “justificativos”, a saber:  los atentados, Europa, nuestra política de defensa y seguridad, nos podemos preguntar si tales antecedentes son en realidad justificativos de una respuesta tan unilateral y reactiva y, más en concreto, si este argumentario justifica un plan de seguridad que busca remilitarizar, como veremos, la idea de seguridad, e implicar de forma contundente en dicha estrategia a los entes locales y autonómicos de competencias tales como escuelas, servicios sociales, educación, etcétera, a los trece ministerios, y a las entidades sociales que el gobierno “estime oportuno”.

Nuestra respuesta, la anticipamos ya, es no. No porque los problemas de seguridad no se pueden enfrentar desde una respuesta meramente reactiva, de vigilancia y control policial-militar y que huye de estudiar el fenómeno en su complejidad, buscando atajar las causas con medidas más transversales y con metodologías alternativas.

El plan, como veremos, no contiene una sola medida educativa, social,  de prevención basada en la idea de Seguridad Humana, de interculturalidad o convivencia, de enfoque noviolento, sino, sencillamente, la implantación de unos protocolos de  información a las diversas policías, en el ámbito “interno” y de protagomismo del Ejército en el ámbito exterior.

Da por ello más bien la impresión de que el plan es previo a la justificación: se pretende imponer unas políticas y se ha buscado un argumentario ad hoc (y por cierto ampliamente simplista) para “justificarlas”

Unos objetivos reactivos e indefinidos.

Continúa el Plan diseñando los objetos a los que pretende responder, que son:

  1. Responder a la radicalización violenta
  2. Cumplir con las directrices de la Unión Europea
  3. imponer un “consenso” entre las administraciones, la sociedad civil y los colectivos vulnerables o en riesgo de radicalización
  4. Implicar y obligar a todos los Ministerios de la administración general del Estado y entidades sociales bajo coordinación del Ministerio del Interior (y aunque no lo dice en los objetivos sí en las medidas, de Defensa):

Llama la atención la amplitud e indefinición de los sujetos sobre los que se piensa aplicar esta política, calificados como “radicalización violenta”.  ¿Que se considera como “radicalización violenta”?  ¿Entra únicamente el fenómeno yihadista que aparentemente justifica este plan?, ¿se entiende extensible a la violencia fascista que hemos visto retransmitida en campos de fútbol y otros eventos deportivos?  ¿Incluye los “grupos antisistema” que forman parte de las obsesiones del Ministro del Interior?, ¿es extensible a los “radicales”, expresión usada por el PP para referirse despectivamente a cualquiera que no sean ellos?…

En segundo lugar acudimos a la misma indefinición si nos fijamos en la idea de “violencia” que subyace al texto: ¿Qués e entiende por radicalización “violenta”?, ¿qué entra en la categoría “violento” objeto de este especial tratamiento represivo?

La cuestión no es baladí, porque el proyecto de código penal que el PP propone en el nuevo pacto con el PSOE, su otra pata, aplica diversos tipos delictivos encaminados a reprimir penalmente como delitos de terrorismo conductas como “desórdenes públicos”, “actos contra el patrimonio”, “ultrajes a España”  o “alteraciones de la paz pública” que sospechosamente nada tienen que ver con el terrorismo ni con la violencia en sí, tal como denuncia por ejemplo la imparcial, objetiva y liberal Amnistía Internacional,  y que parecen más bien pensados para un ejercicio de represión contra la disidencia, la protesta o la movilización social contra los mandamanses, como puede ser el ejemplo de las movilizaciones de las plataforma de hipotecados o de la Hepatitis C, las movilizaciones similares a las de “rodea el Congreso” y tantas acciones noviolentas ejercidas por grupos pacifistas, ecologistas, altermundistas, de ocupación y de diverso signo en estos últimos tiempos.

Una tercera crítica la encontramos en este criterio autoritario de pretender imponer un consenso desde arriba que afecte y obligue a todos. Es comprensible que un ministro perteneciente al Opus Dei, como es el caso del actual de Interior, o un partido popular que recogió los rescoldos de las derechas más agrias de toda la vida y que fue fundado por un señor que fue ministro de Franco y predicó un concepto de orden público de honda raíz autoritaria, piensen que el consenso es algo parecido a la sumisión, pero cualquier manual actual acerca de la construcción de los consensos descarta esta modalidad de consensos a la búlgara. El consenso no es fruto de la autoridad, sino del diálogo y la construcción en común y, que se sepa, es imposible de imponer a la sociedad a su pesar.

Desvela este objetivo un deje altamente deficitario en cuanto a calidad democrática se refiere, y más aún si se intenta imponer obligatoriamente.

Estamos con ello ante unos objetivos políticos de muy poco calado democrático, de un sesgo autoritario apabullante y que se fijan más en la represión de la disidencia mediante medidas reactivas que en abordar el complejo fenómeno del terrorismo desde su multidimensionalidad.

Unos ámbitos de actuación que refuerzan el papel preponderante de lo militar y nos considera enemigos internos

Si los presagios que se intuyen de lo ya comentado son malos, las cosas tienen la capacidad de empeorar mucho más. Y así ocurre que cuando el plan se refiere  a los ámbitos de actuación en los que se va a desarrollar esta política fija tres, a cual peor:

  1. El ámbito interno, coordinado por el Ministerio del Interior y donde pretende articularse a todos los niveles: desde el estatal al autonómico y local, pasando por la sociedad civil. En este, dice el plan, el escenario principal de actuación será el municipio, donde pretende vincular en la “lucha·” a diversos actores.
  2. El exterior, al parecer coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero con un fuerte protagonismo (de hecho es el actor único) del Ministerio de Defensa y del Ejército. Según el plan, este nivel se realizará “en atención a los intereses y zonas de influencia de España”, idea bastante difusa pero que no está puesta ahí de forma ingenua, ya que hace relación al propio planeamiento militar de la defensa y a la idea de que España, más allá de defender su territorio y sus fronteras, defiende militarmente sus intereses en cualquier parte del globo, y de  otra brillante y peligrosa idea plasmada en un plan de estrategia militar español, la de que tenemos unas fronteras de seguridad avanzadas  que tienen que ver con nuestras zonas de influencia y su tratamiento militar (Mali, Centroáfrica, Somalia, Golfo de Guinea, etc.).
  3. El indefinido mundo del “ciberespacio” donde afectará, dice el plan, a actores y contenidos y que será controlado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que depende del Ministerio del Interior e íntimamente relacionado (si no subordinado) con el Mando Conjunto de Ciberdefensa, dependiente del Estado Mayor de la Defensa, cuyos cometidos son (esto no lo cuenta el Plan que comentamos) : “1.- Garantizar el libre acceso al ciberespacio, con el fin de cumplir las misiones y cometidos asignados a las Fuerzas Armadas, mediante el desarrollo y empleo de los medios y procedimientos necesarios.2.- Garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, así como la integridad y disponibilidad de las redes y sistemas que la manejan y tenga encomendados.3.- Garantizar el funcionamiento de los servicios críticos de los sistemas de información y telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas en un ambiente degradado debido a incidentes, accidentes o ataques.4.- Obtener, analizar y explotar la información sobre ciberataques e incidentes en las redes y sistemas de su responsabilidad.5.- Ejercer la respuesta oportuna, legítima y proporcionada en el ciberespacio ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional.6.- Dirigir y coordinar, en materia de Ciberdefensa, la actividad de los centros de respuesta a incidentes de seguridad de la información de los Ejércitos y Armada y el de operaciones de seguridad de la información del Ministerio de Defensa.7.- Ejercer la representación del Ministerio de Defensa en materia de ciberdefensa militar en el ámbito nacional e internacional.8.- Cooperar, en materia de ciberdefensa, con los centros nacionales de respuesta a incidentes de seguridad de la información, de acuerdo con lo que determinen las estrategias y políticas nacionales de ciberseguridad en vigor, así como con otros centros militares de respuesta a incidentes de seguridad de la información en el ámbito internacional.

Bajo este triple escenario se pueden leer algunas conclusiones que empeoran las cosas:

a) La consideración del espacio interior como un espacio de intervención de esta idea de seguridad difusa y militarista, que nos vuelve a convertir, si alguna vez dejamos de serlo para la doctrina de la seguridad militar, en el enemigo interno. Todas las personas y todos los ámbitos de nuestra actuación somos susceptibles de ser considerados parte del problema y de que nos apliquen las políticas de seguridad pretendidas.

b) La ocupación de espacios tradicionalmente ajenos a la seguridad militar se agranda.  Ahora el municipio, el espacio local, el pluriespacio público, son objetos de preocupación de esta idea de seguridad y, como veremos más adelante, los diversos mecanismos municipales pensados tiempo atrás para la convivencia y la prestación de servicios a la comunidad, agentes de esta extensión de la idea de seguridad y de sus políticas de control. No sabemos lo que pensarán las diversas propuestas políticas municipalistas de esta extensión de la militarización al espacio local. ¿Le parecerá bien a las candidaturas ciudadanas, a los partidos no manchados por el extractivismo político deplorable que nos aqueja, a las nuevas agrupaciones de electores, que se les obligue a participar de esta idea de enemigo interno? ¿Dirán algo al respecto en sus programas? ¿Alertarán a la ciudadanía de la necesidad de empoderamiento social para abordar estas temáticas de forma alternativa?

3) Se legitima la intromisión de lo militar y de la idea de seguridad en la propia privacidad y en la red. El fantasma del riesgo ciberterrorista deroga, de facto, la vigencia del derecho a la intimidad en relación a la propia comunicación y cibervida que se pretendió garantizar (ciertamente con la boca pequeña) en la decrépita y plagada de promesas incumplidas constitución del 78.

4) La idea militarista de seguridad, criticada por Naciones Unidas cuando acuñó el término de “Seguridad Humana” como alternativa  esta, gana terreno y remilitariza espacios, contenidos y libertades anteriormente ajenas a lo militar.

5) Se incrementa, en consonancia con la estrategia neoliberal, todo el arsenal de políticas de disciplinamiento social, cuyo interés prioritairo es convertirnos de ciudadanos en súbditos, pero usando al retórica de los derechos (la zanahoria) y la política del recorte de derechos y aspiraciones (el palo).

La estructura de mando: De nuevo organigrama autoritario-militar

Dicen los entendidos que una imagen vale más que mil palabras y, aunque la que presentamos es engañosa (elude al militarismo, director de la orquesta) permite comprobar el grado de enfoque represivo y militar de todo el asunto.

 foto1Este organigrama se corresponde con la estructura nacional de coordinación del plan. Como podemos ver, la coordinación de todo el plan, en lo que se refiere a la cuestión interior, se encuentra en el “grupo nacional de lucha contra la radicalización violenta” coordinado por Interior, con especial aportación del CNI (que hasta ahora no habían mencionado en todo el plan), los 12 ministerios restantes, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Fundación Pluralismo y Convivencia (una fundación estatal creada para tratar temas de pluralismo religioso) y “otras entidades públicas y privadas que se considere necesarias (un indefinido que no queda nada claro).

Nos da una muestras clara de la expansión de la idea de seguridad como orden público policial, cuando no meramente militarista, que se mantiene en este plan y del papel de mano extendida allá donde tiene más difícil el acceso lo policial/militar que se quiere hacer jugar a las entidades sociales, y a los propios ayuntamientos.

Siguiendo con la estructura del plan propuesto encontramos que éste define una serie de “agentes” del mismo:

  • En el ámbito de la lucha interna:
    • policía local
    • policía autonómica
    • Ayuntamiento
    • juzgados
    • centros escolares
    • Asuntos sociales
    • entidades sociales
    • colectivos de riesgo
  • En el ámbito externo:
    • Ministerio de Defensa
    • Fuerzas Armadas
  • En el ciberespacio:
    • El CITCO, El CNI

La expansión del militarismo a la idea de seguridad

Hemos explicado anteriormente que la idea de seguridad humana tiene poco que ver con la idea militar de seguridad, basada en aspectos de orden público, represión, imposición legal y violenta, defensa de unos supuestos intereses vitales allende las fronteras, etc.

La idea de Seguridad Humana, acuñada por el PNUD, habla de desarrollo humano, de disfrute de derechos y libertades, de disminución de la pobreza, de garantías frente a la enfermedad, la incultura, la pobreza, y ofrece un carácter universal a estas dimensiones, añadiendo que la seguridad humana en un punto del planeta depende de la de los demás, y se consigue incrementarla incrementando la de los demás, pues son interdependientes.

Este enfoque propondría otro tipo de medidas para abordar el fenómeno del terrorismo internacional, basadas en la comprensión entre los pueblos, en la inversión para conseguir sociedades más igualitarias y con estándares de disfrute de bienes sociales y garantías de vida digna, en educación, en políticas de igualdad, en solidaridad, …

Un enfoque que busca abordar lso conflictos de forma constructiva y noviolenta.

Pero, por desgracia, este enfoque choca con una realidad cruel donde la dominación y la violencia son las políticas rectoras y donde la imposición de explotación, dominación, depredación de recursos, expolio e imposición militar de todo ello son el abc de cada día.

En el caso concreto de los países occidentales no puede decirse que basen su “bienestar” en la colaboración con el bienestar de otros pueblos, sino al contrario, en la dominación abusiva de éstos, y también en políticas que los debilitan, como son la venta de armas, la promoción de la guerra en su interior, la potenciación de la rivalidad y la corrupción, etc., todo lo cual es un verdadero caldo de cultivo para el resentimiento y, también, para reacciones basadas en los mismos parámetros de dominación y violencia.

El plan ahora comentado no hace sino expandir estas ideas reactivas a áreas donde hasta ahora no tenía espacio el ideal de seguridad militar. Y lo hace de la mano de otro paquete de medidas de recorte de derechos y libertades, como el paquete recientemente negociado por el PP-PSOE de políticas antiterroristas, o la reforma del código penal, o la creación de un adefesio constitucional que es el estado de crisis en en anteproyecto de ley de seguridad nacional.

Una expansión de la visión autoritaria y militarista muy en consonancia con la desconposición acelerada del régimen vigente.

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¿Está podrido el ejército?

Imagen de Jko Sánchez

Fuente:  Huffington Post.

Lo dice un militar, un teniente.  Y la prensa se hace eco de sus denuncias aunque las presente de manera novelesca.

Nosotros, los civiles, llevamos haciendo las mismas y más denuncias pero sin novelar, mediante la cruda realidad, y ni la prensa, ni la sociedad, ni los políticos nos hacen ni caso.  Para muestra algunos botones:

Aún así, el teniente Luis Gonzalo tiene razón.  Y se la damos.  Según él el ejército está plagado de malas prácticas, es un sistema de castas en el que los oficiales se benefician de derechos que no les corresponden, hay abusos, corrupción, desvío de dineros públicos, acosos sexuales y laborales.  Por no hablar de las puertas giratorias, de las decenas de intervenciones violentas fuera de nuestras fronteras, de la falta de democracia interna y de la falta de democracia en todo el tema de la defensa, de la ingente deuda militar, …

Además, nos solidarizamos con él por las represalias que dice que está sufriendo por sus denuncias.

Por último le quisiéramos hacer notar, mi teniente, que todas estas malas prácticas en el ejército no son puntuales sino intrínsecas a esta institución anclada en los valores de la obediencia ciega, la violencia, el machismo y la represión.  El ejército es una institución que genera violencia directa contra los civiles y contra los propios militares.  Pero, también y además, genera violencia estructural porque detrae recursos que se necesitan urgentemente para las necesidades sociales tan apremiantes en esta época de crisis que vivimos.  Y, también y además, genera violencia cultural por los valores que transmite como la insolidaridad de seguir pidiendo más presupuesto de los casi 7.000 millones de € que tiene asignados en Ministerio de Defensa cuando realmente tienen un gasto militar de 27000 millones de € en 2014 y cuando han recibido créditos a interés cero para construir armamento ultrasofisticado.

En conclusión, mi teniente, al ejército no le vale con unas reformas más o menos profundas sino que es imprescindible eliminarlo, para dar paso en paralelo a otra forma de entender la seguridad diferente y realmente alternativa, que defienda  lo que la ciudadanía realmente quiere defender:  la Seguridad Humana.

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¿Y si el ejército ocupa Cataluña?

Imagen de Oisin Prendiville

Fuente: Vegamediapress

Hemos encontrado un delirante artículo del ex-coronel Martínez Inlgés, en el que, amén de múltiples improperios que no son de nuestro gusto, explica una tesis que, según él, está elaborada por una especie de conjura político militar en la que estarían metidos tanto políticos actuales como miembros del ejército.

Comencemos por aclarar que nos parece un delirio y no creemos que tenga mucha base. De hecho no ofrece pruebas ni datos que permitan seguir el hilo del plan. Pero la mera hipótesis de que pudiera darse una reacción del ejército y de la élite más españolista, sea ésta u otra, ante una agudización del proceso de ruptura catalán, nos lleva a una pregunta ¿Y qué haríamos si eso ocurre?¿Qué haríamos si el ejército o cualquier otra cosa promueve una intervención militar y autoritaria para imponer su voluntad a ese proceso?

Dice, textualmente, Martínez Inglés que

Por ello, y sin remilgos  de ninguna clase, me atrevo a afirmar (y afirmo) que en las altas esferas de las Fuerzas Armadas españolas (JEMAD, Jefe del Estado Mayor de la Defensa; JEME, Jefe del Estado Mayor del Ejército; JEMA, Jefe del Estado Mayor del Aire y AJEMA, Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada) existen ya planes elaborados, con el conocimiento y la total complacencia del Ejecutivo del señor Rajoy, para intervenir con rapidez, contundencia, nocturnidad y desprecio absoluto por las formas democráticas, en Cataluña si llegado el mes de octubre del presente año la plana mayor del independentismo catalán no ha dado marcha atrás en sus propuestas de separarse de España y siguen con su idea de celebrar un referéndum a primeros de Noviembre.

Y continúa detallando un supuesto plan de acción:

Los planes, según los datos de que dispongo provenientes de fuentes castrenses de toda solvencia, pasarían por ocupar, no más tarde del 20 de octubre de 2014, por sorpresa, de noche y a cargo de unidades de elite del Ejército español (Paracaidistas y Legión), todos los centros del poder político y partidario tanto en Barcelona como en el resto de capitales de provincia de la Comunidad catalana, al tiempo que se decretaba el estado de excepción en toda Cataluña y se dejaba fuera de la ley al actual Gobierno de la Generalitat. El Gobierno del señor Rajoy, una vez terminada la operación nocturna (sobre las ocho de la mañana del día “D+1”) daría cuenta urgente al Congreso en una sesión Plenaria de las Cortes españolas, facilitando toda clase de explicaciones al pueblo español y prometiendo una rápida y “democrática” salida al conflicto.

Insistimos que no le vemos mucho recorrido a la opinión del ex-militar, pero con todo, nos pone ante un ejercicio teórico que conviene estudiar desde la pregunta siguiente: ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos como antimilitaristas?¿Cómo reaccionaríamos como ciudadanos responsables?

Desde nuestro punto de vista, la mera posibilidad de que un ejército cualquiera pueda ejecutar un plan de ocupación violenta del poder, en cualquier sociedad o parte de cualquier sociedad, implica una maldición y explica la última ratio del poder que otorga a los militares tales capacidades. La mejor defensa de una democracia se corresponde, a nuestro juicio, con desprenderse de los aparatos violentos y de los mecanismos de imposición violenta, como es el caso de los ejércitos y por promover relaciones humanas justas y basadas en la seguridad humana. Es un camino complejo y largo, pero debemos recorrerlo sin descanso, porque la ensoñación de Martínez Inglés tiene una enseñanza verdadera: los ejércitos pueden imponer sus opiniones, o las de aquellos a quienes defienden, frente a todos los demás.

En el caso concreto en que el ejército interrumpiera un proceso político como el catalán, donde los propios políticos de turno están desbordados por un movimiento desde abajo de construcción de nuevas reglas de juego en Cataluña y, por conexión, en el resto del estado, deberíamos oponernos al ejército y a la clase política que lo aupara de forma contundente, organizada, generalizada, mediante la desobediencia y la práctica de una política noviolenta de instituciones paralelas tendente a desbordar a los golpistas y a impedir que las fuerzas políticas de todo signo se les junten.

Lo cierto es que lo que ocurre en Cataluña, si se entiende como un proceso de deliberación de una sociedad que ha desbordado a la casta política, por mucho que ésta quiera canalizarlo y constreñirlo ya sea en un sentido nacionalista o españolista, es parecido a lo que ocurre en otros lugares del Estado y del mundo. La gente quiere tomar el protagonismo de su propia política, desprecia a la casta extractiva que nos manipula, y exige cambios radicales.

La apuesta es por otra política, por otro modelo, por otra sociedad y sólo en parte puede entenderse como un proceso separatista, tal como dice el discurso tradicionalista de los militares y políticos españoles.

Si ocurriese la intervención del ejército habría que actuar como ante un golpe de estado, salir, noviolentamente, a las calles, hacer desobediencia civil.  Entonces seríamos considerados enemigos de la patria y nuestra legitimidad se enfrentaría a su manipulada legalidad.

Que nos echen a las policías, a los espías, a los militares para atajar las expectativas de igualdad, de justicia, de libertad, de derechos no es una buena noticia, pero sin embargo desenmascara el papel del militarismo y nos deja la opción de la lucha social noviolenta contra sus imposiciones.

Tampoco nos parecería bien que luego, a última hora, saliese el rey, o el príncipe o cualquier otro alto mando militar, para echar una bronca a los golpistas y volver al status quo actual.  No son ellos quienes deben controlar al ejército.  En nuestra opinión es la sociedad quien debe hacerlo.

Nosotros optamos por el control del militarismo hasta que este vaya desapareciendo en una sociedad alternativa y noviolenta.  Ahora no se controla desde el Parlamento lo que hacen los militares.  Existe una Comisión de Defensa en el Congreso que no pregunta por lo más básico del planeamiento militar, a la cual no se le da verdadera información sobre las actividades y gastos de los ejércitos.  Así, ¿cómo nos extraña que un ex-coronel diga que sabe de fuentes militares que hay planes hechos por toda la cúpula militar del Estado para tomar Cataluña antes de que puedan decidir democráticamente su futuro?  Porque, si estos planes se están confeccionando, podemos hablar de terrorismo de estado.

Algunos dicen que los ejércitos no están para realizar actos violentos contra eventos democráticos.  Sin embargo, su función, aunque no lo queramos, es precisamente esa, ser garantes del inmovilismo más rancio.  Nosotros defendemos que un mundo democrático no puede contar entre sus instituciones una que promueva la violencia y la obediencia ciega.

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Debate violencia vs noviolencia, en imágenes

 

Fuente:  upsocl

Los compañeros de upsocl han dado en el clavo al proponernos, vía imágenes, otra forma de debatir sobre violencia y noviolencia.  Sus imágenes son de momentos muy tensos, pero en ellos se cuela el humor, las muestras de cariño y solidaridad entre los manifestantes y los antidisturbios, muestras de valor, de imaginación, de respeto, de reconstrucción tras las algaradas, …

Se llega hasta un ejemplo en el que los antidisturbios se quitan sus cascos y escoltan a los manifestantes en Frankfurt, Alemania en 2011.

Estas imágenes nos cuentan que la noviolencia existe y está en todas partes aunque, habitualmente, no sea noticia para los medios de comunicación de masas.

Destaca el alto número de mujeres protagonistas de estas imágenes.

Y también destaca que muchas actuaciones noviolentas ocurren de continuo en las protestas y manifestaciones, pero que nunca salen a la luz pública.  Es el mejor método de mantenernos pensando que la noviolencia es una utopía irrealizable.

Además, la noviolencia cotidiana es mucho más que la protesta pacífica en las calles o las campañas de desobediencia civil, son, además, muchísimas propuestas realizadas por colectivos de base, que en muchas ocasiones se ejecutan por cauces alternativos ya que los oficiales no dan curso a estas formas de entender la sociedad y la política.

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