Archive for “puertas giratorias” en Defensa

Un nuevo ciclo inversor en armas

Por Ejército de Tierra

Fuente: El Economista.

Lo veníamos sospechando y anunciando. Nuestros dirigentes políticos y los señores de la guerra estaban muy contentos y esas alegrías suelen preludiar tristezas donde más duele al común de los apaleados mortales.

Lo veníamos advirtiendo: al escándalo de una burbuja de deuda militar impagable (más de 30.000 millones de euros) que nos provocó el ciclo de inversión en armas iniciado por el PP en tiempos de Aznar y continuó con pasmosa fidelidad el PSOE en los de Zapatero y, de nuevo, el PP del pasmoso Presidente Rajoy y su ex-ministro Pedro Morenés, le iba a suceder algo peor.

La codicia de los señores de la guerra es casi insaciable, e insondable la comprensión hacia sus demandas por parte de nuestro partido militarista tácito, con miembros adscritos en todo el arco parlamentario.

Ahora la Ministra de Defensa ha lanzado la noticia, como quien lanza una bomba.

Defensa confirma que lleva tiempo preparando un plan quinquenal de inversión en armas para “reactivar el gasto en armamento militar” (reactivar debe leerse como figura retórica) y “potenciar las nuevas tecnologías y modernizar y dinamizar la industria y su tejido.”

Un plan de esfuerzo inversor con cinco años de duración.

Obsérvese el crudo y descarnado realismo con el que nos explican sus intenciones. En el enunciado de lo que se pretende no aparece la idea de defender a la sociedad, que es justamente lo que aparentemente justifica el colosal gasto militar español. No. El ciclo inversor en armas es más caprichoso. Lo hacen para reactivar el gasto militar, para modernizar la industria militar, para dar pasta flora a sus amiguetes, no para defendernos.

Estamos trabajando para impulsar un ciclo inversor en el que se incluirán nuevos programas como adquisiciones que no necesariamente tienen que estar integradas en los planes especiales de armamento (PEAS) y que sin lugar a dudas supondrá un cambio de paso y de ritmo en la industria de defensa española. La idea es reactivarla.

¿Se fijan? Reactivarla, como si estuviera tiesa. Como si el PP no la tuviera en estado de excitación febril. Cuando, hace unos días, el Presidente de la TEDAE nos acaba de explicar que la industria de defensa durante la crisis ha salido triunfadora, ha ganado más de un 10´2%, como informa Infodefensa.

La Ministra, que se está especializando en decir naderías, dijo además

Una nación sin una industria eficaz, inteligente, competitiva y a la vanguardia de la innovación sin duda alguna es un país débil. La industria tiene que adaptarse al nuevo escenario tal y como está dispuesta a hacer

Fíjense que la frase en sí no dice nada. O nada específico. Es una generalidad que vale tanto para una industria que fabrique veneno como para otra que fabrique tecnología biomédica.

Es evidente que la inteligencia, la innovación y las otras zarandajas son objetivos estratégicos para cualquier sector productivo, pero para el bien común no da lo mismo que el dinero se use para una u otra cosa. Si la industria en la que buscamos eficacia es la que queremos que sea “competitiva” vendiendo armas a troche y moche, resulta que el perjuicio social es alarmante, pues incentiva y exporta guerras y busca un enriquecimiento que ni es socialmente útil, ni es equitativo, sino lucrativo para cuatro listillos y generador de inseguridad humana para el resto.

Si en vez de en cañones invertimos en mantequilla, en desarrollo humano y en derechos en serio, ocurre todo lo contrario: crece el bienestar social, decrece la desigualdad, se construyen nuevos consensos más inclusivos, se acorta la distancia entre los que más tienen y los que más sufren, se rompe el elitismo, se abordan los verdaderos problemas de la sociedad y se ataca el círculo vicioso que nos ata al malestar social que nos impone esta elite egoísta y calamitosa. ¿Se dan cuenta de las muy sólidas y persistentes razones que tienen los que mandan para invertir en cañones, no en mantequilla?

Añadió la Ministra que España va a cumplir cuanto antes su compromiso de elevar su presupuesto de Defensa al 2% del PIB (ojito al dato, ya no se habla de elevar el gasto militar, sino el Presupuesto de Defensa, que es una pequeña parte del gasto militar).

No lo hacemos porque lo haya pedido Donald Trump, lo hacemos porque se pactó en 2014 con los demás países socios de la OTAN y porque el gobierno tiene el compromiso de mantener la seguridad y la integridad de su población.

Ya lo ven, para ayudarnos. ¡Menuda ayuda!. Nos quieren mantener seguros, íntegros y sobre todo esquilmados y sin derecho a decidir, que es lo suyo, para que no nos volvamos molicie, que ya saben ellos que somos incorregibles. Habrá que preguntarse si no habrá alguien más y diferente dispuesto a darnos un poco de ayuda, pero en otra dirección, que a estos ya les tenemos vistas las intenciones.

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¡Qué buenas son las crisis para la industria militar!

por Pavel Vanka

Fuente: Infodefensa.

Si lo decimos nosotros seguramente nadie nos hará caso. No somos creíbles, para algunas mentes militarizadas, por más que aportemos datos, fuentes, estudios…

Pero no lo decimos nosotros, sino el propio Presidente de la TEDAE (Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio), ahora a punto de ser sustituido (un misterio que deparará probablemente una sorpresa este de la sustitución de un Presidente de la patronal de las empresas aeronáuticas y espaciales vinculadas a la defensa, donde se han afincado algunas de las puertas giratorias, incluyendo algún ex-ministro de Defensa): la crisis es una oportunidad para la industria militar. Igual que la carroña es comida para ciertos pájaros.

Adolfo Méndez, actual presidente de TEDAE, y en el foro “Infodefensa” sobre la industria militar, analizó la bonanza de este sector, ofreciendo cifras de escalofrío. El año pasado, nos dice, facturaron 10.700 millones de euros, un 10´2 % más que el año anterior. Con entusiasmo entendible añadió

crecimos un 10% en plena crisis

No es para menos. No conocemos ejemplos de tal prosperidad en otros sectores.

Al parecer, a la industria de las armas la crisis le ha venido bien. Y eso que la predicada austeridad y la propaganda del gobierno nos ha hecho creer que todos nos apretábamos el cinturón.  Se ve que todos no. Que la hebilla se cerraba sobre nuestros pantalones de meros transeúntes a la par que se aflojaba en los pantalones de paño fino de los señores de la guerra.

Podríamos, también, comparar el crecimiento del 10% de la facturación de la industria militar aeronáutica y espacial con rebajas equivalentes en otras áreas, como la bajada del 16´3 % del gasto en sanidad pública durante la crisis (más de 10.000 millones de euros), según informó El País, o la bajada del gasto de sanidad y educación que se prevé para 2018 según los datos del Plan Presupuestario 2018 enviados por el Gobierno a Bruselas en el mes de octubre, que situará a la sanidad y a la educación en sus mínimos históricos, o la bajada del gasto en prestaciones a desempleados, que se redujo en 2017 en 20.000 millones de euros, según informa Público.

Ha hecho falta que esto lo diga, en pleno apogeo triunfalista, el jefe de la patronal TEDAE para que los medios se hagan eco. Claro que es distinto decir que la industria militar es boyante y un ejemplo de éxito, con lo bien que han sorteado la crisis (¿por casualidad?) y  con amplias perspectivas de futuro (sobre todo para las empresas inversoras en armas), que decir que lamentablemente, la industria militar hace negocio de la crisis, hace de la crisis su negocio, hace de nuestro empobrecimiento su negocio, hace de la connivencia con lo más desaprensivo y militarista de los poderes reales y oficiales su negocio y su cartera, mientras que (y no por casualidad) cada vez vivimos peor, se precariza la situación vital de las personas, crece la pobreza y la inseguridad humana.

Es improcedente mirar de frente la realidad y decirla a las claras. No es noticiable y al niño que grita que el Rey está desnudo, se le tacha de loco, o de panfletario.

Sic transit gloria mundi: efímera pero persistentemente a favor de los de arriba.

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¿Hay alternativa a la industria militar? Mesa redonda en Cádiz

El próximo sábado participaremos en el debate  promovido por la Plataforma Andaluza Contra las Bases sobre las alternativas posibles a la industria militar.

Las industrias militares cuentan, como hemos explicado en tantas ocasiones, con características muy peculiares respecto de otro tipo de industrias, como son la de su obsolescencia y mala calidad,  las abrumadoras subvenciones y trato de favor que reciben de los estados, su despilfarro,  las puertas giratorias que la nutren, los enormes beneficios que producen a su accionariado (no a la sociedad), su falta de ética, su contribución a la escalada de los conflictos y las guerras, la deuda pública a la que nos arrastra o la extraña coincidencia de la gran extensión del paro y el subempleo en las zonas donde se radican.

En España Navantia, con una gestión desastrosa e inasumibles pérdidas, es un caso paradigmático de todo esto.

Es por eso pertinente si la industria militar es una solución a los problemas o un problema que hay que solucionar.

Esperamos que el debate que se abre en Cádiz el próximo sábado permita avanzar en este aspecto de la lucha antimilitarista.

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Tejemanejes en HISPASAT para asegurar su control desde el Ministerio de Defensa

Por Bethany Weeks

Fuente: Merca2

La industria militar española, en gran parte, pertenece al sector público o guarda con éste estrechas relaciones de dependencia y complicidades de intereses.

Es el caso de Hispasat, por ejemplo, que inicialmente tenía un porcentaje de su accionariado muy importante en manos del INTA, un instituto autónomo militar que actúa como una empresa y de la que el 100% de su propiedad está en manos del Ministerio de Defensa.

Defensa, en un momento dado, quiso hacer pasta pero sin perder el control de Hispasat, para lo que vendió el 16´4% del accionariado en sus manos a un amiguete que le endosó 172´5 millones de euros a cambio.

El amiguete, la empresa Abertis, que tras la compra de las acciones de INTA controlaba el 57% del total de las acciones de Hispasat, se fue haciendo con más y más accionariado de aquella, hasta acumular el 90´7% de sus acciones en julio de 2017.

Aclaremos que el negocio principal, al menos el oficial, de Abertis es la gestión de autopistas, algo que poco tiene que ver con los satélites, que es a lo que se dedica Hispasat, y con la industria militar, otro de los fuertes de Hispasat.

HIspasat a  su vez propietaria principal de Hisdesat, (43% de su accionariado, que comparte con el 30% de ISDEFE, el 15% de Airbus., el 7% de INDRA y el 5% restante de SENES, todas ellas de las grandes de la industria miliar española) que fabrica satélites militares.

Aclaremos que Hisdesat, junto con otras lindezas, es propietario de los satélites Spainstat y X-tar EU, que porveen de comunicaciones a las múltiples operaciones militares en el exterior.

El SpainSat, lanzado en 2006, permite las telecomunicaciones entre las diferentes misiones de las Fuerzas Armadas Españolas en el extranjero. Da cobertura sobre una amplia zona que va desde Estados Unidos hasta Sudamérica, pasando por África, Europa y Oriente Medio. Su servicio incluye la cobertura a labores humanitarias, seguridad e inteligencia, operaciones militares, envío de imágenes, servicios a embajadas y comunicaciones gubernamentales de España.

El Xtar-Eur, operativo desde 2005, está operado por Star y presta servicios de comunicaciones y sirve a las necesidades de defensa de los Estados Unidos y países aliados, opera como satélite redundante del SPAINSAT, ante fallos de este

Hasta aquí todo normal, porque amiguete no come amiguete, pero parece que las cosas han variado, porque el mundo de los ricos es el mundo de la jungla, y la empresa italiana ATLANTIA (también dedicada a la gestión de autopistas y a la gestión de aeropuertos como negocio principal) ayudada por el Banco Santander, ha lanzado una OPA contra ABERTIS, con lo que el tinglado de Defensa y sus amiguetes se pone en peligro, lo que ha hecho que maniobre Defensa. Dice la noticia que comentamos que esta semana ha habido :

reuniones de urgencia entre los secretarios de Estado de Fomento Julio Gómez-Pomar y de Defensa, Agustín Conde Bajén, con objeto de evitar que estos activos estratégicos caigan en manos extranjeras. Más concretamente, evitar que caigan en manos de la italiana Atlantia.

La cuestión es que Defensa prefiere que las acciones de Abertis queden en manos de una empresa española, más manejable y dependiente del interés del Ministerio de Defensa, en realidad una especie de dueño del tinglado por empresas amigas interpuestas y generosamente recompensadas.

Por eso ahora han elegido a Red Eléctrica Española, para que se quede con las acciones de Abertis en Hispasat, otra vez amiguete al canto, y esta vez del oligopolio eléctrico, porque parece evidente que los oligopolios tienden, por una especie de la ley de la gravedad económica, a atraerse mutuamente.

 

 

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Los números rojos de Navantia y el rescate de la industria militar hunden la SEPI y hundirán las regiones dependientes del monocultivo militar

Exponaval+2012

Por Jesús Fernández García

Fuente: EconomíaDigital

Del desastre sin paliativos ni excusas que es Navantia, la empresa mimada de la industria militar española, nos hemos ocupado por extenso a lo largo de años.

Desastre que tiene que ver con sus pérdidas de vértigo y su mala gestión, con su mala calidad, con su inmoral negocio en sí y con el trasiego de favores y puertas giratorias que soportan, contra viento y marea, la empresa pública con el dinero de todos y en beneficio de unos poquitos.

El Estado, amén de mandar de viaje a ministros, monarcas y otras autoridades menores y disponibles para que vendan los productos de Navantia, ha cooptado alcaldes y autoridades incompetentes (en la materia, se supone) para que, cerrando los ojos o tapándose la nariz, hablen parabienes de este negocio y ha comprado titulares periodísticos para que nos expliquen la gran mentira, un nuevo ejemplo de agnotología militar, de lo requetebueno que es vender armas de Navantia, aunque sea a Arabia Saudí, para nuestra seguridad y para bajar las cifras del paro.

Las terribles y engañosas cuentas de Navantia

Y de buenas a primeras nos enteramos por las cuentas anuales de 2016 presentadas por la SEPI que en 2016 Navantia acumuló (a pesar de las inmejorables ayudas públicas) unas pérdidas de 303 millones de euros, la mayor deuda de todas las empresas publicas españolas.

Navantia se convierte así en un agujero negro (y bastante opaco) que arrastra las cuentas públicas al desastre. ¿Hay que agradecérselo a alguien en concreto?

Según otro medio, las cuentas de Navantia implican que ésta está en una situación que obligaría a su disolución aunque han empleado un truco contable para evitarla.

Así informó a su vez a finales de junio Economía Digital.

Para más aclaraciones de la desastrosa situación de Navantia, la Oficina Nacional de Auditoría (órgano adscrito a la IGAE) dice  en su informe de auditoría de las cuentas de SEPI, páginas 4 y 5, que

En el informe de auditoría del Grupo Navantia, el auditor llama la atención sobre las notas 3 y 22 de la memoria, que describen la situación patrimonial del Grupo. El patrimonio neto a efectos mercantiles de la Sociedad Dominante del Grupo Navantia se sitúa en 23.393 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 y, por tanto, en situación patrimonial de disolución, en aplicación del artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, celebrado el 15 de marzo de 2017 aprobó la solicitud a SEPI, su accionista único, de un préstamo participativo por importe de 90.000 miles de euros. Con fecha 28 de marzo de 2017 ambas sociedades firmaron el contrato del referido préstamo, que ha sido desembolsado en la misma fecha. Considerando este préstamo participativo y teniendo en cuenta el patrimonio neto a efectos mercantiles, a 31 de diciembre de 2016, la Sociedad Dominante no se encuentra en causa de disolución, sí se encuentra en situación patrimonial de reducción de capital obligatoria, en aplicación del artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que durante el ejercicio 2017 la sociedad tendrá que tomar medidas tendentes a conseguir el equilibrio patrimonial.

Es decir, traducido al idioma autóctono de quienes ni sabemos de finanzas ni usamos corbatas y camisas de seda, Navantia debería disolverse, pero como el dinero es de todos y a sus administradores les cuesta muy poco, unos cuantos (casualmente los causantes y cómplices del desastre) han decidido auto-otorgarle a Navantia (osea a ellos mismos y a los intereses que representan) un préstamo para camuflar las cuentas y permitir un nuevo salto en el vacío, algo así como un rescate como los que salvaron el negocio de los accionistas de los bancos pero ahora aplicado a la industria militar (que también es casualidad que sea una de las que financia la banca armada).

Más deuda a nuestras costillas y más gasto militar

¿Significa eso que nos va a salir gratis la broma de este “reflote” (véase la metáfora marítima que elegimos para más rechifla) de la industria de muerte?

Pues no. Significa monda y lirondamente más gasto militar, porque ¿adivinan de dónde saldrá el pastuco del préstamo de camuflaje?

¿Han pensado que de los presupuestos? Pues acertaron. Lo dice así el diario La Información y nos pone sobre la pista para anotar en 2017 dinero camuflado de gasto militar en la SEPI y para vigilar el presupuesto de 2018, donde es previsible que vuelvan a repetir la jugada

En los Presupuestos Generales de 2017 se concede a la SEPI una aportación de 1.210 millones para avalar a sus diferentes empresas, una cifra idéntica a la de 2016. El Gobierno, además, prevé que la Sociedad estatal acabe el año en pérdidas, con un resultado negativo de 149 millones.

El desastre productivo de Navantia

Pero este aspecto económico no lo es todo en el caos de Navantia.

Su eficacia productiva es inigualable.

Navantia nos ha empobrecido vendiendo al Estado unos submarinos que no flotan y han debido ser revisados innumerables veces.

Revisiones que han implicado aumento de la factura de producción de los mismos y aumento de la factura de reparación de los actualmente en uso para alargar su vida útil hasta que los nuevos ingenios de Navantia tengan a bien emerger del fondo marino donde los sitúa la incompetencia del personal “altamente cualificado” del que alardea el escalafón militarista, desde la ministra hacia abajo.

En efecto, el inicial proyecto de submarinos de Navantia supondría un coste de 1.796 millones de euros, pero ya vamos, sumados los sobrecostes del propio submarino y los gastos que ha implicado para reparar los antiguos y mantenerlos en uso, 3.013 millones de euros, según informamos en febrero de 2017. Y según el Secretario de Estado en su intervención en el Congreso para informar sobre los Programas Especiales de Armamento del pasado 2016, estas cantidades sólo permitirán poner en el agua el primero de los cuatro submarinos previstos, sin que se sepa el coste de los otros tres restantes.

Pero los errores de diseño de Navantia no son exclusivos de su empeño en submarinos con sobrepeso y alcanzan a otros productos de la naval, como los barcos de la clase Camberra que quiere vender a Australia, o el BPE Juan Carlos I como ya explicamos en otra entrada de mayo de este año.

¿Qué suerte habrían corrido las comarcas de Cádiz, Ferrol y Cartagena si el dinero invertido en mantener Navantia se hubiera invertido en reconversión y desarrollo?

Las cifras no engañan. Navantia ha recibido varios miles de millones del erario público en concepto de ayudas, subvenciones y aportaciones para mantenerla en pié.

La sola suma de las pérdidas de Navantia en los últimos diez años (pérdidas que cubre el Estado al margen de las ayudas y encargos que realiza a esta empresa) es escalofriante, con una media anual de más de 250 millones de euros y sin un plan viable de salida.

La explicación que nos han dado es que con ello contribuían a la cuestión social de Murcia, Cartagena y Ferrol, ampliamente dependientes de la industria naval militar.

Muchos de los contratos de Navantia no han tenido una finalidad, dijo un anterior Secretario de Estado de Defensa, desde el punto de vista militar, pues lo “encargado” o no se necesitaba o se podía conseguir mejor fuera, sino industrial, para fortalecer el sector naval militar.

Si contabilizamos todas estas ayudas, subvenciones, dinero invertido en encargos, sobrecostes de sus productos y dotaciones de pérdidas ¿no podría haberse cortado la sangría antes e invertido todo este dineral tirado a la basura para desarrollar de forma alternativa estas regiones?

Lo militar ha supuesto para Cartagena, Murcia o Cádiz dependencia, no progreso ni desarrollo y mantener incólume esta dinámica no puede sino condenar a estas regiones a más dependencia y peor futuro.

¿Por qué nadie reclama ese cambio de rumbo?

Si de lo que se trata es de sostener la viabilidad de las regiones referidas, ¿por qué no se invierten los más de 300 millones de perdidas de Navantia no en mantenerla viva, sino en el desarrollo de estas regiones?

¿Por qué no se incentiva una reconversión radical de Navantia y sus tecnologías hacia fines socialmente útiles y sectores sostenibles?

La respuesta es más que sencilla. Porque lo que se busca no es el desarrollo de estas regiones, sino el negocio lucrativo de unos pocos.

Paro y Navantia

Las cuentas anuales de Navantia de 2016, bastante edulcoradas, por cierto, nos aportan un dato más:

  • La plantilla de Naviantia a 31-12-2016 era de 5.296 personas únicamente.
  • La cifra de negocio de Navantia en 2016 ha sido de 710´08 millones de euros.
  • El resultado de Navantia en 2016 ha sido de 229,74 millones de euros.
  • Las inversiones en inmovilizado durante 2016 han sido de 170 millones de euros.
  • El patrimonio de Navantia se ha contabilizado por valor de 341,29 millones de euros.
  • Ha obtenido donaciones y subvenciones (principalmente de la Comunidad de Murcia, el Ministerio de Industria y la UE) por importe de 3,9 millones de euros.
  • el pago total de personal ha sido de 311´36  millones de euros, lo que equivale a un sueldo medio de 58.791 euros, cifra que, a la vista de las tablas salariales de su propio convenio, no cobra ni siquiera el 10% de su plantilla y que sobre la cifra de negocio anual supone un 43% de aquella.

Estas cifras despejan, a su vez, la idea de que Navantia ofrece mucho trabajo, únicamente 5.296 personas en unas regiones que cuentan con una población parada de cerca de 200.000 personas en la región de Cádiz (un paro de más del 33% de su población activa), más de 130.000 personas en la región de Murcia (cerca del 20% de parados) y con un paro en la comarca de Ferrol de 6.100 personas, un 24% de su población activa.

Navantia no es, vistas las cifras, ni una solución parcial al paro desmesurado y producto de una ínfima inversión en desarrollo de estas regiones.

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17.163´86 millones de euros, ¿para qué?

Por Lanpernas 3.0

Fuente: Cuarto Poder

Les vamos a intentar contar “a lo fácil” (a ver si somos capaces) una historia entre truculenta y descabellada, a partes iguales, que pone en entredicho las entendederas de los que están al mando de la política española y también las nuestras, pues se nos queda cara de tontos.

Como ya es de dominio público, la industria militar es una verdadera bicoca para los que apuestan por ella, lo que incluye a los bancos y fondos de inversión que hacen sus apuestas de riesgo en ella, los accionistas que participan de las empresas del sector, los políticos que elaboran las leyes, y en el caso español, el propio Estado y su casta política adherida, que cuenta con un sector industrial propio en la materia y que colabora con la geopolítica impuesta por esa especie de organización de intereses para imponer la dominación y la violencia de la que somos socios.

Del terrorífico auge y de las expectativas tan halagüeñas de futuro de la industria militar, a escala planetaria, nos habla Diego Herranz en un artículo publicado en Público el día 23 de junio pasado que merece ser leído, en el que acaba informándonos de que la industria militar mundial espera nuevos pedidos equivalentes a 600.000 millones de dólares, la mitad del PIB español y el total que gasta EEUU en defensa en un año.

Pero ahora vamos a fijarnos en la pequeña escala local que nos corresponde, para hablar de tres de los programas de armas en los que España se enfrascó para dotar a nuestro ejército de potencia de combate de primera división.

Características comunes.

Empecemos por nombrar una de las características común a todos ellos. Los programas de armas españoles no se compran, como quien dice, como si un particular comprase una lavadora o una bicicleta, donde el comprador “encarga” el producto y lo paga a tocateja o a plazos, una vez se lo entregan y según lo pactado.

En el caso de los programas de armas, el Estado “anticipa” unas cantidades impresionantes como “créditos” a las industrias que van a fabricar (en plazos larguísimos) el “producto”. Después espera a que se lo entreguen para hacer el pago final descontado lo que “prestó”.

Es un modelo un tanto peculiar de funcionar, pero lo es más aún porque el Estado en realidad y como hemos denunciado desde 2012 , ofrece estos créditos a interés cero, lo que tiene como segunda consecuencia que somos los ciudadanos los que pagamos el interés o la depreciación del dinero prestado.

Otro pequeño detalle: para eludir que estos créditos contabilizaran como “gasto militar”, los mismos los otorgó (sigue otorgándolos en los otros programas de armas) Industria y no Defensa, con lo cual aparecen como un apoyo a la industria y no como una inversión y un gasto en armas.

La idea y el compromiso de estos créditos a interés cero, según dice el artículo que comentamos, fue de Serra Rexac (ministro de Defensa indistintamente con el PSOE y luego con Aznar y un hombre muy vinculado a la industria militar) y luego mejorado por Pedro Morenés, secretario de estado y luego ministro sucesivamente con Aznar y Rajoy (con un período intermedio presidiendo industrias militares y un destino actual en EE.UU, como veremos algo muy estratégico para conseguir contratos militares para España).
Podríamos decir que estos tres, Serra Rexac, Aznar (el de las Azores) y Morenés, componen un trío (a Aznar parece que le va lo ternario), en este caso, el trío calaveras de la Defensa.

Sigamos por una segunda característica común. Los programas de armas a los que nos referimos sufren retrasos innumerables y exagerados en la “entrega” del “producto”, pero estos retrasos no implican “penalizaciones” para el fabricante, no porque no las contengan los contratos firmados, sino porque el Gobierno se las perdona a estas industrias, algo de lo que se ha quejado el propio Tribunal de Cuentas .

Podríamos explicar una tercera característica, común a los programas que comentamos y a otros muchos programas militares. Su diseño y fabricación es chapucera a no poder más, y los “productos” tienen múltiples errores y fallos que, por cierto, acaban costándonos más, ya que las ingentes inversiones realizadas en estos sistemas irían a la basura (en teoría con el descrédito de los políticos que los encargaron, aunque solo en teoría porque nunca pasa nada) si se cancelaran o se rescindieran los contratos.

Aunque… ¿No sería una solución más económica y justa?.

EF2000

Pues bien, vayamos al primero de los grandes contratos para la aviación española, el avión de combate europeo EF2000.

España ingresó en el consorcio Eurofighter GmbH en 1983 con otros tres países más (Italia, Alemania y Reino Unido) para diseñar y fabricar el futuro avión europeo de combate : en principio, el avión tendría la doble misión de dotar a las fuerzas armadas de cada uno de estos países de aviones de combate (Reino Unido 232 aparatos, Alemania 180, Italia 121 y España 87) y de vender a “terceros” el avión así diseñado.

La inversión comprometida (y al parecer desembolsada) de España ha sido de 10.795 millones de euros (según Wikipedia ) o de 10.629´86 (según Cuarto Poder), aunque después, y dados diversos problemas de fabricación, retrasos, mejoras y sobrecostes de los aviones, España ha acordado con el consorcio recibir sólo 70 aparatos (ya tiene 61 en su poder y los 9 restantes irán saliendo antes de finalizar 2018) por el mismo precio comprometido, los casi 11.000 millones de euros.

Es una suerte que no somos capaces de valorar, porque nunca hemos sido capaces de apreciar el enorme logro de conseguir comprar algo por un precio y que nos den algo más caro pero en menor cantidad de unidades de las comprometidas. Pongamos por ejemplo, que te compras una bici por mil euros, y te la dan por 1.200 pero sin una rueda.

Veremos si somos capaces de hacernos unos ligeros cálculos. Acaso seamos capaces de entender mejor este apartado de la negociación.

Con los 84 aviones comprometidos, al precio de 10.629´86 millones de euros (pongámonos en el escenario más modesto), cada avión de combate de estos nos costaría 126´54 millones de euros, una cantidad desmesurada que acaso diera para construir varios colegios o para zanjar grandes problemas sociales.

Pero si finalmente recibiremos 70 en vez de 84, el precio por aparato será de al menos 151´85 millones de euros, algo que resulta escandaloso.

Doblemente escandaloso porque, opinamos, para poder “recuperar” este enorme dispendio económico, a los estados consorciados no les quedará otro remedio que emplearse a fondo en buscar compradores de otros aparatos de estos para que financien nuestra defensa con los beneficios de la venta de estas armas. Es decir, fomentar la inestabilidad, el armamentismo, el militarismo, la venta de armas… como lo quieran llamar.

Un problema añadido: el avión tiene toda la pinta de ser una castaña pilonga, y la mayoría de los ejércitos, incluidos los consorciados, empiezan a valorar el hacerse con aviones americanos F35 en detrimento de estos aviones. España, entre otros, está mirando precios de estos aviones americanos (y aquí sale por segunda vez Pedro Morenés, flamante embajador español ante EEUU, ¿curioso?).

A-400

Vayamos al segundo gran negocio, los A400M, un avión de transporte también europeo, fabricado por el consorcio Airbus (con capital de España, Alemania, Francia y Reino Unido).

Igualmente planearon hacer un “avión europeo de transporte” con la doble finalidad de dotarse de estos aparatos y de venderlos al resto del orbe.

La planeación y el diseño del avión ha sido catastrófica, con fallos en los motores y la aviónica, hasta el punto de haberse causado muertos. Los retrasos acumulados en la entrega son de más de cuatro años, con sus consabidos sobrecostes. Ahora resulta que el diseño que se hizo del avión no tuvo en cuenta uno de sus principales cometidos: cargar y descargar personas y cosas. Las puertas diseñadas para ello son pequeñas y mal diseñadas, los soldados no pueden saltar en condiciones… Osea.

El coste inicial para España era de 4.332´54 millones de euros para obtener 27 de estos aviones. Al final los aviones se han encarecido un poco y España recibirá (de momento sólo tiene uno) 14 aviones, eso sí, al precio de 5.019 millones de euros, unos 700 millones más caro por 12 aviones menos, todo un negocio por el que no sabemos a quién hay que felicitar en concreto.

Eso sí, tendremos la suerte de que estos aviones se entregarán con menos capacidades de las inicialmente previstas, aunque la empresa se compromete a realizar en el futuro el “retrofit” (suponemos que una adaptación) de los aparatos para que alcancen la configuración final sin ningún coste adicional. ¡menos mal!.

De modo que, suma y sigue: si antes el precio por avión era de 160´5 millones de euros, ahora, que tendremos además menos aviones y sin “retrofrit-ar”, ha subido a 185´88 millones. De nuevo cantidades impensables con las que podríamos abordar múltiples problemas sociales secularmente desatendidos o infradotados.

Los helicópteros Tigre

Se fabrican a partir de un inicial consorcio constituido por MBB (alemana) y Aéroespatiale (francesa), por AIRBUS , donde participa también España y Reino Unido.
Como no podía ser menos, España pidió 18 de estos helicópteros por los que iba a pagar 1.353,5 millones de euros, que después de diversos retrasos y complicaciones, han acabado pasando a ser 1.515 millones de euros, o, lo que es lo mismo, de los 74´19 millones de euros por helicóptero a los 84´16 millones de pago final (eso sí, después de renunciar, para no encarecer todavía más, a la adaptación de los 6 comprometidos en el contrato inicial por el motor).

17.163,86 millones de euros ¿para qué?

Si nos tomamos el pequeño esfuerzo de pedir la cuenta, como en el bar, nos sale que estos tres desastrosos programas que han comprometido en nuestro nombre el trío calaveras y sus adláteres, han costado nada menos que la friolera de 17.183,86 millones de euros, una cantidad abrumadora que equivale a lo que se gastó Europa en control migratorio en 2016 , un año caliente en desplazamientos humanos y en la política represiva de Europa en la materia, o el equivalente a más de 100 veces el gasto presupuestario del Plan Nacional de Drogas previsto para 2017 o en igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, más de 200 veces lo gastado para el mismo período para atención a la infancia y a las familias, más de 50 veces lo gastado en promoción y servicios a la juventud o en prevención de violencia de género, más de 30 veces lo que se destina a la Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad… y así, suma y sigue.

Pero siendo la cifra tan escandalosa, lo más grave no es la cifra.

Lo grave, lo principalmente grave, es que estos aviones, en realidad, para lo que valen no es para defender a España de amenazas a su integridad. Son armas de “proyección”, de largo alcance, es decir, de ataque a muchos kilómetros de nuestras fronteras, donde, por cierto se usan y van a seguir usándose.

Son los aviones que nos convierten en una potencia intervencionista, en un aliado de la nefasta política militarista occidental.

Gastamos mucho. Gastamos mal. Derrochamos. Pero sobre todo, gastamos en imponer un orden militarizado e injusto que nos envilece, que nos devuelve nuestra peor imagen, que causa un sufrimiento inconmensurable allá donde participa nuestro militarismo y que, como rebote, vuelve a nosotros en forma de mayor inseguridad e inestabilidad mundial.
Eso sí, para que se enriquezcan unos cuantos en nuestro nombre y con el silencio cómplice o desinformado de la inmensa mayoría.

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¿Disolver DEFEX o renunciar definitivamente a una empresa estatal de exportación y venta de armas?

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Por Hernán Piñera

Fuente: El País

Informa El País que el Consejo de Ministros tiene encima de la mesa la petición de autorización que hace la SEPI para poder disolver DEFEX, la empresa de venta de armas en el exterior del Estado (51 % del accionariado de la empresa, junto con un 10’8% por cada socio en manos de Explosivos Alaveses, Maxam e Instalaza y otro 8’1% en manos de Placencia de las Armas y Alfalan respectivamente).

Defex ha sido una empresa muy lucrativa para la exportación de armas españolas. Desde 1990 a la fecha realizó una facturación de más de 1.600 millones de euros, aunque los casos de corrupción y la investigación judicial que se ha entablado contra la empresa la ha convertido, parece ser, en una mala marca comercial, por lo que sus inversores, en este caso Defensa y sus empresas militares socias, han decidido cerrarla.

¿Cerrarla para empezar de nuevo con una marca nueva, no señalada por la corrupción de la anterior?

Mala solución, porque indicaría que no se renuncia al negocio de las armas, un negocio corruptor y corrupto donde los haya.

Porque el problema no es de la empresa, sino del producto en sí y del mercado del armamentismo, donde no es posible ninguna regla ética, e impera la obscuridad más sucia.

De modo que mucho nos tememos que el giro de limpieza que ahora se pregona no sea otra cosa que asear la cloaca, pero no acabar con ella. No estamos, por tanto, ante una decisión ni ética ni de política adecuada, sino ante un mero enroque de los señores de la guerra amparado por un estado que hace de la venta de armas uno de sus argumentos vitales y de sus intereses lucrativos.

¿Y no sería mejor para la salud del planeta y la seguridad humana dejar de exportar armas y poner las inversiones del Estado en actividades enfocadas a promover el desarrollo, o la ciencia, o bienes socialmente útiles?

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El desbarajuste de los Programas Especiales de Armamento (PEAS)

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POr US Air Force

Fuente: Bez

Hay muchas maneras de explicar el desbarajuste y la ruina económica que los Programas Especiales de Armamento (PEAS) están suponiendo para las arcas públicas y con ello para la sociedad.

Nosotros lo hemos contado en términos de deuda inmoral e ilegitima en un texto de 2013 en el que explicamos el origen, el crecimiento y el despilfarro que son estos programas armamentistas.

Del artículo que realiza Beatriz Yubero en el portal colaborativo BEZ, podemos sacar algunas notas que, sin ser novedosas,vuelven a poner sobre la mesa el despropósito de estos programas de armas.

1.- Dice la comentarista que los programas especiales de armamentos, cuyo origen hay que situar en el primer gobierno de Aznar, son fruto de los compromisos adquiridos por el PP y el PSOE como consecuencia de nuestra entrada en el club militar OTAN. Ello señala dos extremos que habitualmente pasan desapercibidos:

  • Que sin la OTAN nos los podríamos haber ahorrado
  • Que son una imposición ilegítima. No podemos decir si fruto del interés de la industria militar europea y estadounidense de ganar siempre y a cualquier precio, o si por la imposición de la élite política (nuestra y ajena) de meternos en la senda de una cada vez más militarizada y unidimensional política económica, abocada a llevarnos a esta especie de bola de nieve imparable de gasto militar y militarismo sin retorno, pero al fin y al cabo, fruto de un interés que no era el nuestro.

2.- Señala el artículo, casi sin quererlo decir (al menos así) que si hay dos grandes culpables políticos de estos programas son los pactos bajo cuerda de los años 90 entre PP y PSOE, pactos que se han demostrado inamovibles y no cuestionados y que nos indican uno de los puntos esenciales de la ilegitimidad de estos programas: no responden al interés general, sino al interés de esa oligarquía extractiva de políticos de la casta en generar gasto militar inútil

3.- Cuenta el magnífico compromiso de deuda que nos sepulta. 23 programas comprometidos solemnemente en nombre del estado con previsión de pago total a 2030, que nos supusieron una deuda de 37.000 millones de euros, de los uqe se han pagado 8.000 aproximadamente y por lo que el MInisterio de Industria ha pagado unos siniestros créditos (a interés cero, algo que obvia el artículo) de más de 10.000 millones de euros previos a la fabricación de estos programas de armas y que la industria militar debe devolver una vez fabrique estos ingenios (se le ha olvidado a la articulista señalar con suficiente claridad que cuando esto ocurra, los programas habrán adquirido un espectacular precio porque habrán sufrido sobrecostes como consecuencia de encargos suplementarios de mejoras, o de que los encargos, quien sabe si por descuido o malicia, se hicieron a medias, sin contratar por ejemplo, los sistemas electrónicos de los aviones que se solicitaban, etcétera).

4.- Los programas de armamentos no sólo eran ilegítimos en el origen, sino que además, durante su ejecución la ilegitimidad se ha reforzado más, pues los negociadores permitieron tanto sobrecostes como encargos innecesarios, pero bien favorables a los intereses del complejo militar-industrial (dice el artículo ” Sobre estos programas siempre ha planeado la sombra de los sobrecostes y del exceso en el número de unidades encargadas. De hecho, el Tribunal de Cuentas llegó a denunciar costes excesivos …y poca diligencia por parte del Ministerio de Defensa (en época de Morenés) a la hora de penalizar a las empresas por sus retrasos, lo que hubiera servido para rebajar las facturas“)

5.- Señala que, a pesar de que el desastre que estuvo a punto de llevarnos al precipicio al inicio de la crisis era tal, el Ministro puertagiratorio Pedro Morenés renegoció el precio final de los programas para comprometer que fuera de 30.075 millones de euros, aunque en unas negociaciones tan opacas que probablemente podemos encontrarnos con algún caramelo envenenado ( según la articulista “Hubo pocas explicaciones sobre cómo se hizo esa renegociación y sobre los criterios que se siguieron“)

6.- Además, cuando la troika vino a rescatarnos, y para evitar que acabáramos como Grecia, intervenidos a lo bestia, los gobiernos de Rajoy procedieron a realizar un fraude contable, ocultando esta deuda impagable, para lo que acudieron a sacar de los PGE toda referencia a los mismos a fin de que no computase como déficit y de paso para evitarse la crítica social (se olvida la articulista de comentar que esta política tan curiosa la llevaban ejerciendo indistintamente los gobiernos del PP y el PSOE con anterioridad).

7: Ocultándola pero no eliminándola, porque por la puerta de atrás ha seguido pagando ingentes cantidades a la industria militar por medio de una fórmula ilegal (declarada así por el propio Tribunal Constitucional) consistente en emitir créditos extraordinarios con cargo a deuda pública (osea, generando más deuda aún) mediante decretos ley ad hoc para pagar a la industria militar.

8.- Agustín Conde, el actual Secretario de Estado de Defensa, ha explicado a los diputados de la Comisión de Defensa que la deuda actual (unos 21.000 millones de euros) resulta igualmente impagable y difícilmente asumible, a pesar de lo cual la decisión del gobierno (apoyado en esto por Ciudadanos y PSOE) es pagarla (y empobrecernos más).

9.- Además, en el día a día, estos programas demuestran ser una verdadera chapuza. Por muestra dos ejemplos:  el submarino S80 de Navantia y el avión A400M.

Respecto del primero, dice la articulista que ” Estaba previsto que la primera unidad fuera entregada en 2013 pero, a día de hoy, la fecha prevista es diciembre de 2021 y podría seguir acumulando retraso. El coste inicial del programa ascendía a 2.135 millones de euros, de los que ya se han pagado 1.774 millones, pero ahora ese dinero, debido a los sobrecostes, solo da para pagar el primero de los cuatro submarinos. ¿Cómo piensa Defensa pagar los otros tres? ¿Qué coste tendrá cada uno de esos otros tres submarinos? ¿Cuál será el coste final del programa? Preguntas a día de hoy imposibles de responder.”

Respecto del segundo afirma que  “el A400M es un dolor de cabeza constante. El avión no cumple con las características técnicas requeridas y los países del consorcio (España, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y Turquía) están enfrentados con la cúpula de Airbus. Amenazan con sanciones económicas a la compañía, pero no se sabe si lo hacen con la boca pequeña para no recibir críticas. Para colmo, España compró 27 unidades, casi el doble de las 14 finales con las que se va a quedar, y eso significa que o consigue revender a otros países esas 13 aeronaves de diferencia o tendrá que pagar una multa de casi 250 millones de euros a la compañía.”

10.- Una vuelta de tuerca más: ahora que el Tribunal Constitucional ha dicho que es ilegal ocultar estos pagos, los quieren usar para engañar al viejo Donald que clama por un colmillo en incendiar de armas el mundo, y “aflorarlos” en el presupuesto del MInisterio de defensa para hacerle creer que están “aumentando” el gasto militar y acercándose al compromiso del 2%PIB (en realidad ya supera con mucho este porcentaje pero sigue siendo un gasto escondido, oculto en su gran mayoría y no por disgustar al amigo americano, sino para que el pueblo español no sepa en qué se gastan la pasta los que mandan). Lo dice así el artículo “El número dos de Defensa también dejó una pista muy clara sobre las intenciones a futuro de su Ministerio. Primero explicó que los próximos presupuestos de su departamento tendrán incorporados una partida de 1.824 millones de euros (716,8 millones de 2016 y 1.170 millones de 2017) para pagar los PEA. Después, dijo que gracias a esto “se estaría en consonancia con el compromiso asumido en la cumbre de la OTAN de Gales de 2014 de incrementar los presupuestos de Defensa hasta alcanzar en una década una cifra equivalente al 2% de PIB”.

Y como todo decálogo, una (mala) conclusión. Para colmo, esto es el cuento de nunca acabar. el ciclo de rearme se renueva a pesar de que este primer movimiento ya nos ha empobrecido suficientemente. “A futuro, España deberá seguir renovando su material armamentístico y los costes se incrementarán notablemente: la Armada necesita sustituir los cazas de despegue verticar Harrier -su vida operativa finalizará entre 2025 y 2030- por el F35B, única opción en el mercado. Además, por esas fechas, también deberá pensar en planificar la renovación de los cazas F-18, cuya única opción viable serían los F35A.

El problema es que el programa estadounidense del F35 en sus tres versiones acumula un grandísimo retraso y unos enormes sobrecostes, algo que ha llegado a denunciar a través de su cuenta de Twitter el presidente estadounidense, Donald Trump, que llamó al orden a la empresa fabricante, Lockheed Martin: “el programa F-35 y su coste está fuera de control. Miles de millones de dólares pueden y serán ahorrados en compras militares”.

Decepcionante. Otra que se ha tragado que necesitamos esos carísimos aviones de “ataque” (no defensa) estadounidenses que, por cierto, nos quieren vender en bruto ( y nuestros políticos de la casta comprar), sin sistemas de armas ni motores y otros elementos que luego “necesriamente” habrá que comprar para que no queden para un museo del horror.

Ni los necesitamos para nada, ni tendríamos por qué aumentar el gasto militar. Ni, dado que estamos ante una deuda ilegítima e impuesta por intereses que no son los de la sociedad ni han sido decididos por todos, asumir el pago de esta deuda inmoral.

Ni tenemos por qué asumir las torpezas de estos genios  de las finanzas ni tampoco por qué seguir obstinados en enterrar nuestras esperanzas como pueblo en el seguidismo armamentista y fatal al que nos quieren someter los señores de la guerra y sus partidos corporativos en el Parlamento.

No nos representan y no queremos que nos conduzcan al empobrecimiento primero y al desastre después.

Gastos militares para fines sociales.  Haz objeción fiscal al Gasto Militar.

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Liquidación del GASTO MILITAR 2014

Acabamos de publicar un estudio sobre la liquidación del gasto que la IGAE ha certificado relativo al año 2014. Es un complemento válido a los informes anuales sobre el gasto militar presupuestado que venimos haciendo año tras año y al informe sobre despilfarro militar con el que completamos el estudio del panorama.

La liquidación del gasto permite conocer cómo se ha comportado el gasto público previamente presupuestado en los Presupuestos Generales del Estado y, respecto del gasto militar, nos sirve para certificar la trampa y la perversión que esconde éste gasto y la política militar en la que se realiza.

IGAE (Intervención General de las Administraciones Públicas, organismo estatal) no controla todo el gasto militar, ni lo define como tal, pero de su informe se puede sacar el montante de una parte de éste, concretamente:

  • Lo que gasta y sobregasta el Ministerio de Defensa
  • Lo que gastan los organismos autónomos militares
  • Lo que gasta AEMET de índole meramente militar
  • Lo que gasta CNI
  • Lo que destina al mismo en I+D el ministerio de Industria
  • El gasto de los Centros Universitarios de la Defensa
  • Y una parte pequeña del gasto de clases pasivas, concretamente las “pensiones de guerra”

Faltan otras grandes partidas que son componentes ineludibles del gasto militar español pero de las que IGAE no da noticia alguna.

La sola comprobación del desfase entre lo que defensa “presupuesta” cada año y lo que acaba gastando permite hablar de descontrol, pero como esto ocurre año tras año, y de forma sistemática, podemos además decir que no sólo es cuestión de descontrol, sino sobre todo de ocultamiento deliberado del gasto militar.

Estas cifras nos permiten encontrar una lógica perversa e inapelable. Tanto los gobiernos del PP como los del PSOE se han dado en la práctica de gastar más (en realidad abusivamente más) de lo que presupuestan para el Ministerio de Defensa. Lo han hecho a pesar de haber cacareado durante esta década un supuesto “recorte” del gasto militar que no se sostiene con la comprobación de las cifras y que no justifica el nuevo ardor guerrero de esta casta política que nos engaña diciendo que hay que subir el gasto militar que, sin embargo, no sólo no ha bajado, sino que ha ido aumentándose siempre por la puesta de atrás.

Pero en segundo lugar nos permiten encontrar otro elemento coincidente: no cabe achacar el desfase a ningún tipo de incompetencia de los diseñadores del gasto militar, sino a la mala fe. No hay otro modo de explicar estos desfases pronunciados, constantes y elocuentes.

Como podemos ver a continuación la práctica de ocultación de gasto militar ha sido practicada por gobiernos del PP y el PSOE, pero es especialmente exagerada en el tramo de gobierno de Rajoy y su ministro “puerta-giratoria” Pedro Morenés, lo que de cara al futuro aparece como un nuevo signo de preocupación

Pero si pasamos del sobre-gasto del Ministerio de defensa al sobregasto relativo a otros componentes del gasto militar que IGAE detecta en sus informes, la perversión de la política de ocultamiento y manipulación del PPSOE respecto del verdadero sentido del gasto militar español se hace más palmaria.porque entonces los aumentos de aproximadamente el 20% de sobregasto con los que Defensa se despacha año tras año, se elevan de forma más abrumadora. Podemos verlo en otro cuadro.

Un gasto brutal, escandaloso, incapaz de superar un mínimo test de transparencia y que demuestra la impunidad del gasto militar y la opción política militairizadora de la casta gobernante.

Pero las comparaciones son odiosas, porque mientras esto ocurre, la liquidación del gasto referido a otros ministerios y bienes públicos nos muestra que el agravio comparativo es demoledor.

Mientras se mima el gasto militar referido a seguridad militar (operaciones militares en el exterior, de las que ya llevamos más de 79 desde Felipe González a la fecha; venta de armas, una geopolitica al servicio de intereses de dominación y violencia que impone occidente y su brazo armado al resto, privilegios y despilfarro militar, militarización creciente de las otras facetas de la seguridad y de la vida social, etc.) se descuida el gasto social referido a la seguridad humana de los seres humanos, y así contamos que el gasto del ministerio de defensa es aproximadamente el 60% del gasto del estado en pensiones, o 14,73 veces el gasto destinado por el estado a servicios sociales y promoción social, o 9,31 veces más que el de acceso a vivienda y fomento de la edificación, 3,51 veces más que el del ministerio de sanidad y servicios sociales, 2,72 veces más que el de Educación, Cultura y Deporte, o 245 veces más que el destinado a fomento del empleo

Cifra que se vuelve incluso más indecente si sumamos al gasto que IGAE controla como gasto del ministerio de Defensa el que suma por otros conceptos militares, según hemos visto. En este caso la comparación con el gasto social del estado resulta algo más que un escándalo:

En definitiva, un estudio este de la liquidación del gasto militar con el que intentamos ofrecer un panorama claro y al servicio de la lucha social por la conquista de los derechos sociales y de la seguridad humana a las que, legítimamente, y en contra del militarismo, debemos empeñarnos.

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El Tribunal de Cuentas dictamina: sobrefinanciación, sobrecostes y otros fallos en los PEAS de Morenés

Fuente: Voxpopuli

A juzgar por la opinión del Tribunal de Cuentas, a Pedro Morenés, ex-ministro de defensa y Grande de España, le han castigado mandándolo de embajador a EEUU, un sitio cutre donde los haya, por manta y por manirroto.

No se explica, de otro modo, el castigo ejemplar que ha recibido.

Dice el Tribunal de Cuentas, que ha revisado las que presentó el Ministerio de Defensa relativas a los años 2012 a 2014, que estas son todo lo peor que se pueda imaginar (se supone que todo lo peor menos austeras, porque para el Estado el que el gasto militar sea desmesurado no es un mal).

Las cuentas de Morenés son un cuento, de la categoría de cuento de Carracuca, feos y apolillados.

El informe, que puede verse pinchando aquí, dice entre otras lindezas, que todo el negocio del pago de los créditos extraordinarios para financiar programas de armamento ha sido una ruina y un verdadero despropósito contable y político.

Describe muy bien el mamoneo que hay con la financiación de los programas espaciales de armamento (PEAS), que implica a tres “actores”

el Ministerio de Defensa, adjudicador y cliente del contrato de adquisición; el Ministerio de Industria, financiador parcial del contrato mediante anticipos reintegrables a la empresa adjudicataria (a tipo cero); y el Contratista Principal, adjudicatario del contrato. Los dos Ministerios, el de Defensa y el de Industria, suscriben, con carácter previo al arranque del programa, un acuerdo general por el que se formaliza su voluntad conjunta de desarrollar un programa de adquisición al que se le dotará de prefinanciación en el marco general de un apoyo a la consolidación del sector industrial de la Defensa y el apoyo a procesos innovadores en materia tecnológica

Por ejemplo en sus conclusiones se señala que

la financiación de los créditos extraordinarios se hace con cargo a Deuda Pública, cuando se trata de operaciones no financieras, cuya financiación debería haberse hecho con baja en otros créditos no financieros o del Fondo de Contingencia

Los sistemas de armas contratados se entregan al Ministerio de Defensa, según un calendario previamente definido que casi siempre, y por muy diversas circunstancias, es objeto de modificación. El Ministerio a medida que recibe las unidades contratadas, y por tanto de forma diferida, paga las adquisiciones al contratista principal con cargo a su Capítulo VI (inversiones reales).

El contrato de obra mediante el abono total del precio, unido a la posibilidad de pagos aplazados contenida en la Ley General Presupuestaria, es lo que permite al Ministerio diferir el pago y distribuir la carga financiera en el tiempo.

Finalmente, las empresas adjudicatarias devuelven al Tesoro Público los anticipos recibidos del MINETUR según unos calendarios pactados y a medida que reciben los pagos comprometidos del Ministerio de Defensa.

La financiación del MINETUR cubre en algunos casos hasta la totalidad del precio del contrato. En este caso los pagos que realiza MINISDEF serán destinados por el contratista a la devolución de los anticipos recibidos, si bien, en ocasiones la financiación de Industria no cubre la totalidad del precio, de modo que parte de los desembolsos del MINISDEF sirven también para terminar de financiar el coste del programa.

o que

mientras el crédito extraordinario concedido en 2012 se destinó a satisfacer obligaciones de ejercicios anteriores, los aprobados en 2013 y 2014 estaban dirigidos a la cobertura de obligaciones del propio ejercicio, que en ocasiones no habían nacido con anterioridad a la concesión del crédito extraordinario, lo que cuestiona la existencia de una extraordinaria y urgente necesidad que justificara la tramitación de un Real Decreto-ley.

y

Respecto a la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria, las memorias justificativas se limitan a señalar que no hay crédito suficiente y a reproducir el listado de cuantías por programa cuya financiación extraordinaria se solicita. Las memorias económicas son, a su vez, breves y apenas incorporan una somera referencia a las necesidades que han de atenderse con las cuantías solicitadas para cada programa. La memoria económica correspondiente al crédito extraordinario y suplementario del año 2014 no contiene dato alguno relativo a las necesidades concretas que justifican la solicitud

El informe acusa a Morenés de permitir alegremente sobrecostes, de admitir sin pestañear retrasos y aplazamientos en la entrega de las armas convenidas, de no exigir responsabilidades ni indemnizaciones y de sobrefinanciar por la puerta de atrás a la industria militar.

Defensa abusa de figuras de verdadera ingeniería contable que disfrazan sus cuentas

El uso excesivo de la figura de la modificación presupuestaria ha sido ampliamente criticado por el Tribunal de Cuentas desde la perspectiva de los problemas que la falta de dotación inicial en los créditos genera al gestor de fondos públicos (la insuficiencia del crédito inicial implica que durante diferentes periodos de tiempo de cada ejercicio presupuestario, no se disponga de los recursos necesarios para atender las necesidades existentes y se tienda a utilizar transitoriamente otros créditos realizándose posteriormente las oportunas rectificaciones lo que da lugar a una gestión presupuestaria laboriosa y confusa, además de formalmente irregular), como desde una dimensión competencial. Y ya desde tiempo más reciente, el control sobre las modificaciones debe intensificarse desde la perspectiva de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Afirma que los “créditos extraordinarios” son un fraude para pagar los PEAS y que

debe ponerse de manifiesto que la situación jurídico financiera de los PEAs no era, ni es, en absoluto desconocida ni imprevisible, sino todo lo contrario

La financiación a través de créditos extraordinarios y suplementarios de la rúbrica 14.030122B.65 de los Prepuestos Generales del Estado desde 2012 se ha convertido en una situación presupuestaria estructural contraria a los principios de la planificación y la estabilidad presupuestaria, en defecto de una presupuestación realista ajustada a los compromisos de sobra conocidos, como es obvio a la luz de los sucesivos Acuerdos de Consejo de Ministros de reprogramación financiera de los PEAs y de las propuestas de anteproyecto de presupuesto remitidas al Ministerio de Hacienda por el Ministerio de Defensa.

Pero además, supone una violación inadmisible de leyes

Puede concluirse por tanto que la justificación de la vía de financiación de estas modificaciones presupuestarias para atender obligaciones no financieras no es consistente, pues en ocasiones se apela a la falta de impacto en la capacidad de financiación del Estado, en otras a la insuficiencia del Fondo de Contingencia y en otras a la discrecionalidad y previsibilidad de las obligaciones a satisfacer como causa de la excepción a la financiación a través del citado Fondo, todo lo cual plantea dudas sobre la corrección del empleo de Deuda pública para financiar créditos extraordinarios y suplementos de crédito destinados a atender obligaciones no financieras del presupuesto, ya sea para satisfacer obligaciones del propio ejercicio o de ejercicios anteriores atendiendo al mandato contenido en los artículos 55 y concordantes de la LGP. Este tipo de actuación podría implicar una derogación singular de la regulación general contenida en la Ley General Presupuestaria, que si bien tiene el mismo rango normativo, trata de vertebrar con vocación de generalidad la materia regulada, de modo que, como ya señalara también el Consejo de Estado (dictamen nº2096/2003 de 10 de julio, sobre el anteproyecto de Ley General Presupuestaria), no resulta apropiado introducir excepciones singulares a las leyes generales por la vía del Decreto-Ley, sin perjuicio de su admisibilidad según los casos (STC 6/1991, de 15 de enero).

Acude a los distintos programas financiados y encuentra defectos importantes en cada uno de ellos, tanto en los sobregastos, como en la financiación irregular y caprichosa a la industria militar, retrasos de la industria militar en sus entregas y falta de garantías y de reparaciones al estado por incumplimientos de la industria militar.

Los PEAS, concluye, son un desastre y un agujero insostenible en el bolsillo de los ciudadanos.

Morenés, por tanto, se ha destacado como un desastre para el control de los dineros públicos y para el interés general, pero a lo mejor desde la perspectiva de la industria militar ha sido una bendición del cielo.

Y precisamente, con este nefasto pasado, Rajoy le ha castigado desterrándole a EEUU, donde a buen seguro, y en una administración que ya ha dado síntomas de su interés por la cosa pública y por la paz, será un apestado por su nefasta gestión de lo público. A lo mejor le vemos de vuelta, haciendo de las suyas, antes de lo previsto.

Es el justo merecido a su metedura de pata permanente.

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