Archive for PREPIDEF

Bando. De campo de tiro a pelotazo pasando por varios desafueros

r2hox

Fuente:  La Voz de Galicia.

Desde 2013 a 2017 los terrenos del polígono de tiro de Bando en Santiago de Compostela han permanecido sin utilidad pública ninguna y llenándose de rastrojos.

La razón es que por diversas vicisitudes, penalidades y pleitos que parecen sacados de un cuento de Cunqueiro, Defensa aún no ha conseguido dar el pelotazo que espera poder dar y el alcalde del cambio de Compostela no se da prisa en ayudar a tan loable fin.

Si seguimos la “narratio” de la Voz de Galicia, bolígrafo en mano para ir apuntando las idas y venidas del relato, podemos ir sacando en claro la trama:

  1. Defensa intentó vender los terrenos de Bando, el otrora campo de tiro con más de 900.000 metros cuadrados, donde durante décadas pegaba petardazos a diestro y siniestro. Para ello contrató una empresa inmobiliaria (¡Pero cómo!, ¿no cuenta con un instituto autónomo militar para estos menesteres, el INVIED?) para que los sacara a subasta. ¿Cuánto habrán pagado a una “inmobiliaria” por estas gestiones?
  2. En un momento dado se dan cuenta de que no pueden hacer la operación y dan marcha atrás, arguyendo que prefieren hacer un “convenio” con el Ayuntamiento (convenio del que no volvemos a tener noticia en el relato).
  3. Al margen de esta operación negociadora, el hecho es que Defensa decidió regularizar la situación de la parcela“. Es decir, se dan cuenta de que no tienen “regularizada” (digamos mejor “inscrita” o al menos “bien inscrita” a su nombre) la parcela y se dedican a arreglar el papeleo, mediante el “deslinde” (separarla e individualizarla de otras parcelas con las que está confundida) y la “regularización registral” (es decir, poner bien en el registro, ya sea porque no está bien inscrita, no lo está en absoluto, lo está por menos metros de los que corresponde, consten cargas y gravámenes en el registro que no existen en realidad, o servidumbres, etc.). ¿Defensa no tenía puesta a su nombre la finca? (lo cual nos deja claro que la administración del Ministerio de Defensa es malísima, dado que no saben ni lo que tienen ni en qué situación lo tienen).¿Explica eso por qué no pudo venderla antes?, ¿acaso es que se la han quedado por la cuatro cuarenta, como los obispos con los inmuebles de regularizan a nombre de la iglesia?  Parece que empieza a verse la luz en el relato.
  4. Ahora, 2017, están además a la espera de que el Ayuntamiento les indique en qué situación urbanística está esta parcela. Es decir, si es terreno rústico (que por tanto vale poco dinero), urbanizable (vale bastante más y permite un pelotazo en condiciones), urbano (mucho más),… Nos parece más que sospechoso, porque con ver el plan urbanístico se comprueba esto. ¿Qué es lo que impide conocer los usos a Defensa?, ¿qué es en realidad lo que no les proporciona el Ayuntamiento?
  5. Se comprueba de paso que eso de negociar un Convenio con el Ayuntamiento era trola y una excusa del Ministerio al darse cuenta en 2013 de que el pelotazo que intentaron no se podía dar hasta tener la parcela “regularizada” y suficientemente aclarado el tema de lo que dejarán hacer en ella al comprador cuando la vendan.
  6. Por cierto, dice Defensa que ha procedido a declarar la “desafección” de la parcela a la utilidad militar que tenía, lo que nos permite atrevernos a preguntar al Ayuntamiento de Compostela si por una casualidad le están pidiendo el correspondiente impuesto y tasas a Defensa por dicho terreno, dado que ya no está afectado a un uso de la defensa y no pueden oponerse al pago por tal motivo. Y, ya que estamos, deberían prepararse para cobrarles el correspondiente impuesto de plusvalía una vez peguen el pelotazo.
  7. Defensa pretende de nuevo sacar a la venta el terreno, una vez el Ayuntamiento, que parece que se retrasa, les diga los usos permisibles en el mismo., pues

    La idea del Ministerio de Defensa es sacarlo a subasta pública en cuanto hayan finalizado todos los trámites

Añade la noticia, con un alarde de lirismo que nos place, que el departamento que dirige Dolores de Cospedal señala que

con el aliño legal y físico de la finca aspira a tener éxito en la nueva venta.

Y es que es verdad. De nuevo, los negocios de Defensa necesitan de mucho aliño.

Y de no menos morro.

Share

Furor inmobiliario

Por Börkur Sigurbjörnsson

Fuente: El Confidencial

En su consabida puesta en venta de patrimonio militar para hacer cuartos, Defensa ha sacado a la venta en pública subasta dos parcelas, por las que se han interesado alguno de  tiburones de nuestro panorama inmobiliario-especulativo.

El primero, en Alcalá de Henares, cuenta con 14.400 metros cuadrados, y 44.700 de edificabilidad (en alturas se entiende). Por ella ha puesto encima de la mesa 27´5 millones de euros Realia Business (unos activos de 1.204 millones de euros, según aparece en El Economista)  dedicada a la especulación en patrimonio e inmobiliaria,

Al parecer piensan hacer 500 viviendas sobre ese solar.

Una segunda parcela, por la que han obtenido un pelotazo más, está en Vicálvaro, también en Madrid y cercana al aeropuerto de Barajas, con 13.700 metros cuadrados y una edificabilidad de algo más de 19.000 metros. Aquí han pujado dos compañías, Vía Célere y Pryconsa, que es la que ha ganado el concurso por 15´12 millones de euros y pretende construir 240 pisos más.

Madrid cuenta con un impresionante problema de suelo, y Defensa ha salido en auxilio de los tiburones inmobiliarios, poniendo a su disposición nada menos que 28.100 metros cuadrados que no usaban para nada, por el módico precio de 42,62 millones de euros que pasarán a engrosar las arcas del INVIED para la compra de infraestructuras militares y armas, que sumar a otras ventas de terreno en Madrid, como el pelotazo por 111 millones de euros que  dio Defensa a finales de 2014, al vender terrenos en la calle Raimundo Fernández Villaverde de Madrid.

Por no hablar de los 25 millones que piensan sacar, también en Madrid, por subastar en antiguo hospital militar del aire, según informa Infodefensa.

 

 

Share

La “Castellana del Sur” vuelve a fracasar y el pelotazo del Ejército se retrasa

desconch%C3%B3n

Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio

Fuente: Vozpopuli

Desde tiempos de Joaquín Leguina (PSOE) como presidente de la Comunidad de Madrid se viene preparando el pelotazo de la famosa “operación Campamento”, teóricamente un desarrollo urbanístico para la ciudad de Madrid que afecta a más de 221 hectáreas de terreno. De ellas más del 80% son propiedad del Ejército (que, por cierto, piensa hacer una importante caja con la venta de sus propiedades en torno a la autopista A-5, de Extremadura, para comprar con ello armas y equipamientos militares),

Los planes han pasado por todo tipo de locuras fastuosas, desde casinos, hoteles privativos y centros de ultralujo para turistas enloquecidos por tener una especie de Las Vegas en el Sur de Europa, hasta todo tipo de especulaciones urbanísticas para hacer de esta zona una especie de “Castellana del Sur” con su milla de oro y todo.

El caso es que la especulación de Campamento cuenta, entre otros, con el rechazo de los vecinos y de grupos sociales y ecologistas, que ven en el megaproyecto una nueva agresión social y medioambiental.

Por su parte, los diversos interesados en apostar en estas inversiones y en comprar los terrenos de Defensa, un tal Adelson, el grupo chino Wanda y otros grupos por el estilo, han ido, poco a poco, saliendo escaldados al saber que sus leoninas y denigrantes condiciones para generar la inversión que prometen son más propias de una república bananera (es decir, más bananera aún) y no eran asumibles para nuestros políticos de uno u otro bando, sensibles como son al cabreo ciudadano y a que se pongan luz y taquígrafos sobre los negocios militares.

El caso es que el PSOE, interesado como se ha mostrado en general al desarrollo urbanístico de la operación Campamento, ha preguntado al equipo de Manuela Carmena por el tema, en una de las últimas comisiones de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.

Y así se ha conocido que el Ayuntamiento de momento no baraja reactivar esta operación porque a pesar de que han intentado establecer una mesa de concertación con el Ministerio de Defensa para aclarar el panorama, dado que el interés de defensa es muy otro al de ordenar este territorio y, menos aún, permitir un desarrollo urbano sostenible, como reza la comisión susodicha, ya que

“la intención de Defensa sigue siendo subastar el terreno y, a partir de ahí, hay poco que dialogar

Pues eso, Defensa quiere hacer caja como sea con unos terrenos que no sabemos bajo qué título y legitimidad adquirió o expropió y posee sin utilidad razonable alguna y en una situación de cada vez mayor deterioro medioambiental. No le importa nada más y no pretende nada menos que la pasta.

Y así no hay quien pueda.

Share

Defensa no paga el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles)

Imagen de Jorge Megía Peralta

Fuente:  Gasto Militar 2015.

Otra de las características de nuestros sistema de defensa es la existencia de una serie de privilegios que permiten transferir costes y cargas militares a la sociedad en general, principalmente por la vía de la exención del pago de determinados impuestos de la que gozan las instituciones castrenses, y por la vía de ingresos “atípicos” que proceden de las facturas que los ejércitos nos pasan a la sociedad en su conjunto y de los ingresos por la venta y uso en exclusiva del ingente patrimonio militar.
En cuanto a las exenciones fiscales de las que gozan los ejércitos, conviene tener en cuenta que la legislación española ha permitido un régimen privilegiado en lo relativo a las cargas impositivas en relación con lo militar desde tiempo inmemorial. La exención y el privilegio del que disfruta Defensa en la no contribución de determinadas cargas fiscales a favor de los ejércitos, como ocurre con otras instituciones, afectan a todos los ciudadanos.
Un estudio elaborado por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional en 2009 se ocupa ampliamente de este aspecto, reseñando los tres grandes apartados que afectan al régimen de exenciones fiscales:
  •  los relativos a la exención del IBI de los establecimientos militares,
  • la exención del IBI de los bienes “afectos a la defensa nacional y a la seguridad ciudadana”
  • y los relativos a las exenciones impositivas de los materiales de interés militar traficados con otros países de la OTAN 
 Por lo que respecta a la incidencia de lo militar en el sistema de financiación de la administración local, la legislación española ofrece exenciones del IBI a lo militar, que en definitiva sirve para la financiación de los servicios principales de los ayuntamientos.  La falta de pago del ingente patrimonio inmobiliario de los ejércitos de este impuesto no implica que tengan, por contrapartida, peor alumbrado, alcantarillado, servicios de viales y accesos, u otros, sino que la contribución que el militarismo no realiza repercute sobre el resto de la sociedad, que sufraga estas necesidades sin la necesaria solidaridad militar.
Es importante referir esta realidad porque a la línea oficial del Ministerio de Defensa se le llena la boca con quejas de la escasa participación de la sociedad en el esfuerzo con la Defensa, cuando, como se ve, el esfuerzo de la sociedad es inconmensurable. El IBI, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 se considera
 
“Un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienesinmuebles en los términos establecidos en esta Ley”.
 
Conforme al artículo 61 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, el hecho imponible de este impuesto es :
 
«La titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles,urbanos y rústicos y sobre los inmuebles de características especiales: a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos. b) De un derecho real de superficie. c)De un derecho real de usufructo. d) Del derecho de propiedad.»
 Aunque es ciertamente difícil cuantificar el ingente patrimonio inmobiliario, rústico y urbano, de los ejércitos (cuantificación que ni siquiera se ha conseguido con el PREPIDEF de 2012, plan especial del Ministerio de Defensa para la optimización y explotación de este patrimonio), lo cierto es que cuando menos:
El número de propiedades de Defensa es superior a las 2.000, que ocupan 140.000 hectáreas. De éstas, un 93% son terreno rústico, en tanto que la superficie ocupada por terreno urbano alcanza las 10.000 hectáreas. Las distintas propiedades se encuentran diseminadas por las 17 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, esparciéndose por 40 provincias.  Resulta significativo el dato de que tan sólo 72 grandes propiedades abarcan el 82% de los terrenos de Defensa, con una superficie de 116.000 hectáreas
Conforme a la legislación comentada, las cuotas tributarias de este impuesto vienen a suponer entre un 4% a un 11% del valor catastral de los inmuebles (efectuadas las reducciones que la ley pueda haber autorizado) en el caso de bienes urbanos y entre un 3 a un 9% en el caso de bienes rústicos. 
El régimen de exención del que goza, por ley, el patrimonio del Ministerio de Defensa equivale, por tanto a dejar de pagar en concepto de IBI anualmente entre un 4 a un 11% del valor catastral de los terrenos urbanos del Ministerio de Defensa y entre un 3 y un 9% de los rústicos, una cantidad desorbitada y que no nos hemos atrevido a calcular.
El art. 64.a de la Ley ofrece una exención del impuesto a los bienes afectos a la defensa:
Gozarán de exención los siguientes bienes:  a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, y que estén directamente afectos a la Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y a los Servicios Educativos y Penitenciarios; asimismo, las carreteras, los caminos, los del dominio público marítimo terrestre e hidráulico y las demás vías terrestres que sean de aprovechamiento público y gratuito.»
 Y la Disposición Adicional Novena de la norma estableció
«A partir de 31 de diciembre de 1989 quedarán suprimidos cuantos beneficios fiscales estuvieren establecidos en los tributos locales, tanto de forma genérica como específica en toda clase de disposiciones distintas de las de Régimen Local, sin que su actual vigencia pueda ser invocada respecto de ninguno de los tributos regulados en la presente Ley; lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el apartado segundo de la Disposición Transitoria Segunda…»
Y la Disposición Adicional Segunda establecía
Quién a la fecha de comienzo de aplicación del IBI goce de cualquier clase de beneficio fiscal en la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria o en la Contribución Territorial Urbana, continuarán disfrutando de los mismos en el Impuesto citado en primer lugar, hasta la fecha de su extinción y si no tuvieran término de disfrute hasta el 31 de diciembre de 1992, inclusive
El Ministerio de Defensa, ante esta tesitura, dictó una serie de disposiciones para poner a buen resguardo el patrimonio militar, declarando todo inmueble del que tuvo constancia de su titularidad fuera declarado de interés para la defensa, una bonita muestra de la solidaridad militar.
Pues bien, a pesar de todo ello, diversos ayuntamientos donde el patrimonio militar tiene un enorme impacto, han pretendido que Defensa contribuya por el IBI, como en buena lógica debería ocurrir si no fuera por la curiosa aplicación de la ley del embudo que acompaña a lo militar.
Así, el Ayuntamiento de Torrejón ha reclamado en diversos momentos el IBI por la ocupación de la base de Torrejón, habiendo reclamado hasta 2002 la cantidad de 4,5 millones de € (donde además de las instalaciones militares hay un campo de golf, piscinas y diversas instalaciones civiles,con suerte adversa, hasta que en 2013 consiguió recaudar 552.488,45 por IBI al no haber recurrido a tiempo el Ministerio la sentencia judicial que así lo estableció.
También el Ayuntamiento de Ávila reclamó el IBI por el Archivo militar, por importe de
15.970,51 €, recibiendo sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 15 de junio de 2012.
También el Ayuntamiento de Cartagena viene reclamando el IBI a Defensa. En 2012 reclamó IBI atrasado por 42 inmuebles y valor de 3,62 millones de €, habiendo reclamado los años sucesivos sin que, hasta la fecha, Defensa haya abonado ni un euro. 
Lo mismo sucede con Ferrol, donde Navantia, empresa militar de titularidad pública, pretendía marcharse de rositas sin pagar el IBI, unos 600.000 € anuales, hasta que el Tribunal Europeo de Justicia ha considerado que es ilegal esta exención porque supondría una subvención encubierta a las industrias navales
El suma y sigue de los municipios con litigios con el ejército es extenso y nos permite considerar que esta exención supone una enorme e injustificada contribución de los ciudadanos al coste militar, en términos de que lo que deja de pagar el ejército por el uso del territorio (al margen de la degradación a la que lo militar lo somete frecuentemente) implica una traslación de la carga militar al resto de la sociedad.
Tampoco el ejército paga determinadas tasas municipales, como son las de residuos, vados, reservas de plazas y otras similares.
Pero esta contribución de los municipios al coste militar no es su única contribución.  Existen también convenios de índole municipal que ofrecen privilegios y facilidades a los militares en el ámbito municipal, como los firmados por más de una docena de municipios de la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid a la cabeza, para que el 20% de las plazas policiales de éstos se reserven a personal militar.
Share

¿Quiere Huesca que continúe el cuartel Sancho Ramírez?

Imagen de Fernando López

Fuente:  radiohuesca.com

Parece ser que Defensa también se ha fijado en el Cuartel Sancho Ramírez de Huesca para seguir reestruturando el ejército.

 

El Acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca, donde está ubicado el Grupo de Transporte 41 desde el año 2010, está integrado por unas 200 personas.

Este grupo tiene como labor dotar con los medios necesarios las maniobras o misiones que se desarrollan tanto en el territorio nacional como en el exterior. Es el encargado de trasladar ese material. En el exterior, en la actualidad, hay una parte de este Grupo destinada en Afganistán. En España se encarga del transporte de material y personal entre los diferentes centros logísticos.

El Grupo de Transporte, a su vez, depende de la Agrupación 41 y está ubicado en Huesca. En el acuartelamiento Sancho Ramírez convive este Grupo con una unidad de servicios y un centro de comunicaciones, en total, hay más de 250 militares.

La plataforma de afectados por el cierre del cuartel, liderada por familiares de militares, pide que no se politice la cuestión y que todos les apoyen para que no se cierre el cuartel.  Han hecho lobby y han conseguido reunirse con los partidos políticos para lograr que les apoyen.

Sin embargo, el PSOE

 en el Ayuntamiento de Huesca ha asegurado que el cierre del cuartel Sancho Ramírez de la capital oscense es una decisión “cien por cien” del PP y ha afirmado que los ‘populares’ eran conocedores de la misma y pretendían ocultarla hasta después de las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

Por su parte, el PP:

pide a Defensa que reconsidere el cierre del cuartel Sancho Ramírez

La alcaldesa ha reiterado su rechazo a la supresión de estas instalaciones militares y ha asegurado que así se lo ha hecho saber al ministro de Defensa, al que le dejó claro que mientras ella esté al frente del consistorio no recalificará los usos del espacio donde se ubica el cuartel.    “No va a haber ningún tipo de recalificación de usos de ese espacio donde ahora mismo está el acuartelamiento, o sea que va a ser muy complicada la rentabilidad económica que puedan sacar de ese suelo y de los edificios, que tienen un uso de equipamiento público militar y administrativo”, de los que “no estamos dispuestos a hacer ningún cambio de uso”, ha aseverado Alós

Sobre ambos se ciernen las dudas de las municipales, autonómicas y generales.  Y cada vez nos molesta más esta representación teatral que se da entre el PP-PSOE alternándose los papeles de gobierno-oposición, en la que ambos critica lo que el otro hace en el gobierno, para repetir sus fallos cuando los papeles se intercambian.

Es decir, nuevamente, Defensa va por un lado y la sociedad por otro.

Parece ser que a la sociedad sólo le interesan los puestos de trabajo, sean de la calidad que sean y el dinero que se pueda gastar en la ciudad.

Nosotros nos preguntamos si hay alternativas, si no se podrían lograr esos 200-250 puestos de trabajo de otra manera que no necesitase depender de lo militar.  Seguramente se podrían hacer muchas cosas en muchos temas, pero parece ser que ningún partido político ni ninguna entidad ciudadana lo plantea.

Parece ser que el militarismo no tiene alternativa en Huesca.  Una pena, porque depender de la violencia y la guerra para potenciar tu economía no nos parece una solución muy ética.

Share

Las curiosas prerrogativas del INVIED

Sherman+Ave.+Seasons+Mural

Left Hand Rotation Acciones Urbanas

Es curiosa la vida y particularidades del INVIED, un organismo creado para promover el enriquecimiento de los ejércitos con la venta de terrenos y las inversiones en infraestructuras y armas.

El INVIED es el heredero de un largo proceso normativo y político perfectamente planificado por los políticos militaristas del PP y del PSOE para la negociación inmobilliaria autónoma de los ejércitos y, de paso, para la obtención de recursos con los que comprar armas por la puerta de atrás.

Veamos algunos pasos de este singular proceso, caracterizado, como tantas otras cosas de lo militar, por el ocultismo, la opacidad y la falta de un verdadero control político, parlamentario y ciudadano.

1.- EL PSOE crea un “organismo autónomo” para la especulación inmobiliaria militar:  la gerencia de infraestructuras

El primer paso fue dado por el Gobierno de Felipe González mediante Ley 28/1984 de 31 de julio, por la que se creó la “Gerencia de Infraestructuras” del Ministerio de Defensa.

El organismo así creado tenía una pretensión que aparece en el preámbulo de la norma; atender a

la necesidad de contar con medios propios, que permitan una actuación mas flexible de la Defensa en materia urbanística e inmobiliaria, así como la especial de repercusión que supone el nuevo despliegue de los Ejércitos en el conjunto de la reestructuración territorial proyectada, con supresión de algunas unidades y creación de otras nuevas, junto con la cada vez mas urgente necesidad de trasladar determinadas instalaciones militares fuera de los núcleos urbanos, hace necesaria la existencia de un organismo autónomo, con facultades para la adquisición y enajenación de bienes inmuebles y para la colaboración con los Organismos autonómicos y locales en la planificación urbanística.

Para este fin, la norma crea esta “gerencia” como un organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Defensa,

Se crea la gerencia de la Infraestructura de la Defensa como Organismo autónomo de carácter administrativo dependiente del Ministerio de Defensa (art. 1)

el organismo tendría una duración máxima, según la referida ley, de 10 años.

Es importante alertar de nuevo sobre esta característica singular: organismo autónomo. Es decir, con funcionamiento autónomo (y por ello no sometido a los controles rígidos de los departamentos ministeriales) y personal propio, que funciona como una entidad diferenciada, para negociar en el mundo de los negocios. Ello obedece a la intención de que los negocios inmobiliarios de los militares no se vieran entorpecidos por el control rígido de la administración, una tónica que, como veremos, se ha reforzado constantemente en lo militar y, en general, en todas las actividades especulativas de las distintas administraciones en su ideológica transformación hacia “el mercado”.

El caramelo envenenado: Se prohíbe donar o ceder bienes militares.

La norma que crea este organismo autónomo, además, prohíbe por primera vez de forma normativa, que los terrenos pertenecientes a Defensa se puedan donar o ceder a entidades sin ánimo de lucro o a ayuntamientos o entidades privadas o públicas (salvo las limitaciones legales de cesión forzosa impuestos por la normativa urbanística, consistentes en que un porcentaje de toda promoción que afecte a un plan urbanístico debe cederse legalmente para usos comunes y dotaciones públicas).

Con esta prohibición, únicamente se puede proceder o a la venta o a la permuta de los bienes militares, nunca a su cesión o donación. Una elegante manera de asegurarse ingresos a espuertas y de zanjar todo tipo de reivindicación de reversión de bienes militares a usos sociales.

Es curioso que una norma destinada a crear un organismo autónomo para la compra y venta de terrenos, precisamente del segundo terrateniente de España (el primero es Renfe), contenga una especie de “caramelo envenenado” que, si bien venía siendo práctica habitual desde el franquismo, no tenía rango de ley hasta que Felipe González ordena su inclusión en la ley que estamos explicando.

La prohibición de que los terrenos militares puedan ser cedidos o donados viene incluida en un punto de la ley 28/1984, en el que supuestamente se nos están indicando las “funciones” de la Gerencia de Infraestructuras (y en el que, como quien no quiere la cosa, se nos introduce la prohibición para que nadie se de cuenta de ello). Una manera algo peculiar de tirar la piedra y esconder la mano.

El texto dice

Serán funciones de la gerencia de infraestructura de la defensa:

1.Desarrollar las directrices de defensa en materia de patrimonio y condiciones urbanísticas del mismo para contribuir a la elaboración y realización de los planes de infraestructura de las Fuerzas Armadas, …

2.- Proponer modificaciones a los planes generales, …

3. Colaborar con los Ayuntamientos en los planes de ordenación urbana, …

4. Adquirir bienes inmuebles con destino al dominio público del estado, para su afectación a los fines de defensa, conforme a los planes de infraestructura de las Fuerzas Armadas, así como enajenar mediante venta o permuta los inmuebles de dominio publico estatal que dejen de ser necesarios para la defensa, según los correspondientes planes, con el fin de obtener recursos para las instalaciones militares que satisfagan en cada momento las necesidades en esta materia, a estos fines, la enajenación de bienes demaniales por parte de la gerencia de la infraestructura de la defensa requerirá, por parte del Ministerio de Defensa, la previa y expresa desafectación de los bienes del fin público al que estaban destinados y la declaración de su alienabilidad, el Ministerio de Defensa pondrá entonces los bienes a disposición de la gerencia de la infraestructura de la defensa para que se proceda a su enajenación, a titulo oneroso, sin que en ningún supuesto puedan cederse los bienes gratuitamente a ninguna persona física o jurídica, publica o privada, salvo en las cesiones a que obligue la legislación urbanística.

Como se ve, el mecanismo es sencillo. Defensa puede desafectar los bienes de “su” propiedad. Una vez “desafectados”, se ponen a disposición de la Gerencia de Infraestructuras, que los debe “enajenar” a título oneroso, sin que quepa cederlos de forma gratuita.

Vayamos atando cabos: Defensa, el segundo terrateniente de España, puede especular con sus terrenos, saltándose a la torera los controles precisos en cualquier enajenación civil de patrimonio público, ya que cede los bienes a “su” organismo autónomo, que los debe vender o permutar por otros, sin posibilidad de cesiones o reversión alguna (permitida en el resto de bienes públicos), para inyectar el dinero obtenido con este negocio a las infraestructuras militares, y sin pasar por los presupuestos generales del estado. Y esto ocurre desde que Felipe González se inventó la norma.

Si nos preguntamos por el título que hizo “propietario” a Defensa de determinados bienes malhabidos, cedidos por ayuntamientos en los años del franquismo, expropiados para supuestos fines militares o, sencillamente, obtenidos desde tiempo inmemorial sin otro título que la ocupación, podríamos tener la aspiración de que, cuando dichos bienes dejaran de tener un uso militar, reviertan a sus anteriores propietarios, como ocurre en otros procesos de expropiaciones “civiles”. O podríamos aspirar a que los bienes de la defensa ya inservibles fueran “cedidos” a otros usos sociales o, incluso, que el dinero obtenido por su enajenación ingresara en las arcas comunes para atender a las necesidades sociales. Pero en materia de defensa todo esto está prohibido gracias a un artículo introducido sibilinamente en una ley por la que crea un organismo gestor, por el gobierno de Felipe González, adalid de la democracia.

Otra curiosidad de la norma:  las ventas pueden hacerse en pública subasta o a dedo. Lo autoriza el artículo 3. Y como veremos más adelante, amén de posibilitar el enchufismo endémico del sistema y el enriquecimiento de empresas de amiguetes, produjo también un escollo al sistema de barra libre ideado por el Ministro Narcís Serra, por lo que otro ministro socialista (en este caso el puertagiratoria García Vargas) hubo de idear una fórmula para salvar todo tipo de obstáculo.

Las ventas se llevaran a cabo normalmente por el procedimiento de publica subasta. No obstante, se faculta a la gerencia para enajenar directamente bienes inmuebles, tanto a particulares como a comunidades autónomas y a corporaciones locales, en el supuesto de concurrencia de los intereses urbanísticos de estas con los de defensa, debiendo se aprobada por el Consejo de Ministros, previa comunicación al Ministerio de Economía y Hacienda, la venta o permuta.

2.- Un segundo paso:  el descontrol de defensa

Salvado el primer escollo, es decir, dotar a defensa de capacidad para la especulación inmobiliaria mediante la creación de un organismo sin excesivo control y creado para ello, quedaba el escollo de las desafecciones y de las ventas en pública subasta. Nos explicaremos:

Según la ley española, las operaciones de venta de bienes públicos mediante el método de “subasta” y hasta la cantidad de 3.000 millones de las antiguas pesetas, debía proceder y ser controlada por el Ministerio de Hacienda, fuere cual fuere el ministerio que pretendiese la subasta. A partir de los 3.000 millones, la decisión debía partir del Consejo de Ministros. Esta norma pretendía evitar chanchullos, loable propósito que solía saltarse porque con González de presidente para quien era igual que el gato fuera negro o blanco con tal de que cazara ratones, “quien hace la ley, hace la trampa”.

Gran parte de las operaciones inmobiliarias y de los pelotazos buscados por el Ministerio de Defensa de la época,se encontraron con este doble límite que les ponía en la tesitura de dar explicaciones.

Pero esto se acabó en 1994, al desaparecer el filtro entorpecedor, también por medio de otra norma publicada bajo el mandato político de Felipe González, y siendo ministro de Defensa Julián García Vargas, actualmente jefe de la patronal del sector de la defensa.

Desde 1994 el Ministerio de Defensa consigue un cambio normativo y obtiene el privilegio de poder subastar directamente bienes patrimoniales de hasta 3.000 millones de euros, al igual que Hacienda, sin dar tres cuartos al pregonero y se relajan los controles para cantidades superiores, pues el Consejo de Ministros se limitará a ratificar las propuestas de defensa.

Imagen de infodefensa.com

3.- Un giro de tuerca:  la autorización para que el nuevo organismo autónomo compre armas

Las cosas iban razonablemente bien para el proceso de “modernización”  permanente del Ministerio de Defensa, pero podían ir mucho mejor, de modo que el gobierno sucesor, ahora del PP, pegó otro gran salto para hacer de la ocurrencia de un organismo autónomo, un instrumento más allá de la mera especulación urbanística e inmobiliaria.

En el año 1998, ahora con el Ministro Serra Rexac (otro de los prohombres del girapuertismo militar-industrial)  y bajo gobierno del PP, continuó la política de empoderamiento de la autonomía especulativa militar, al reformar el viejo organismo, que ahora pasó a llamarse “Gerencia de Infraestructuras y equipamiento” de la Defensa, y autorizó que, amén de la compraventa de terrenos y la especulación inmobiliaria, también pudiera adquirir armas y material para el uso militar.

La autorización para la adquisición de material militar y armas se hizo por Ley 50/1998 (por cierto, una ley de presupuestos generales del estado para el año siguiente), cuyo artículo número 71.2 dice

Son funciones de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa las siguientes:

a. La administración y disposición de su patrimonio propio.

b. La adquisición de infraestructura, armamento y material para su uso por las Fuerzas Armadas.

c. La enajenación de los bienes muebles e inmuebles que sean puestos a su disposición por el Ministerio de Defensa para su administración y disposición a título oneroso.

d…

Es un paso esencial, porque a partir de este momento, el ejército ha contado con un organismo autónomo con capacidad para la adquisición de armamento, ya sea por medio de los recursos por dicha gerencia adquiridos por la enajenación de inmuebles, ya por la aportación del singular mecanismo de créditos extraordinarios y extrapresupuestarios con los que Defensa ha venido incrementando el gasto militar fuera de los presupuestos de defensa.

Este carácter de instrumento de ocultación del gasto militar viene destacado en un estudio sobre el uso del espacio militar en Madrid publicado por Dolores Brandis y otros, en el que se nos señala que

De esta forma la Gerencia se convierte en el instrumento ordinario para desarrollar las directrices en materia de patrimonio y, al mismo tiempo, de financiación extrapresupuestaria, pues puede remitir fondos al Estado para atender las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la generación de crédito …

4.- La creación del INVIED

El INVIED nace reconvirtiendo el anterior organismo autónomo, junto con otro organismo autónomo militar, el Instituto para la Vivienda de las fuerzas armadas (encargado de dar vivienda en suculentas condiciones a los militares y sus familias) a la nueva denominación de Instituto  de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (INVIED), por ley 26/2009 de 23 de diciembre, al aparecer en la disposición adicional 51 de dicho texto (por cierto, un texto dedicado a los presupuestos Generales del Estado para 2010) bajo el mandato en defensa de Doña Carmen Chacón.

Vemos la continuidad de las políticas y de la práctica de meter las disposiciones de este organismo singular en los rincones de leyes destinadas a otras cosas, como si se quisiera ocultar algo.

El nuevo engendro asume las competencias de los dos anteriores (es decir, las que ya tenía de especulación inmobiliaria y adquisición de armas y equipamientos, más las de proveer de vivienda en buenas condiciones y de subvenciones para la vivienda a los militares) así como otras nuevas que le han ido “añadiendo”.

Según detalla la Memoria del INVIED de 2012, última publicada,

La misión del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa consiste básicamente en la obtención de ingresos procedentes de la gestión y enajenación del patrimonio inmobiliario propio y del puesto a su disposición, de la enajenación de bienes muebles y de la explotación de los bienes afectados, para dedicarlos a la adquisición de infraestructura y equipamiento para su uso por las Fuerzas Armadas, contribuir a su profesionalización y modernización, favorecer la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como atender a los programas específicos de investigación, desarrollo e in novación en el ámbito de la defensa

Es decir, a las funciones anteriores y las de apoyar a la vivienda militar (en la retórica “favorecer la movilidad de los miembros de las fuerzas armadas”) se han incorporado las de atender a los programas de i+d+i militar, un pellizco que ha ido creciendo en el presupuesto de defensa en detrimento del i+d civil.

Pero veamos la norma en concreto. Dice así:

Uno. Se aprueba la refundición de los Organismos Autónomos Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa que se hará efectiva, a iniciativa del Ministerio de Defensa, en el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley.

Dos. El Organismo Autónomo resultante de la fusión pasará a denominarse Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, tendrá personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad de obrar, dentro de su esfera de competencia, para el ejercicio de las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de los fines que la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus normas de desarrollo, el artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, el Real Decreto 1687/2000, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y demás normativas de desarrollo, atribuyen en la actualidad al Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas y a la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, y asumirá las funciones, los derechos y las obligaciones que en la actualidad desarrollan los citados Organismos Autónomos y las demás que se establecen en esta disposición adicional.

Tres. En el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley el organismo asumirá la gestión, explotación, utilización e, incluso, la enajenación, tanto en el ámbito interno como en el extranjero de los bienes muebles pertenecientes al patrimonio de defensa que se pongan a su disposición para el cumplimiento de sus fines.

La enajenación de los citados bienes será acordada por resolución de su Director General Gerente con los requisitos y procedimientos que establezca la legislación especial del Organismo y supletoriamente por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y sus normas de desarrollo.

Cuatro. El Ministerio de Defensa podrá encomendar al Organismo la utilización y explotación económica y comercial de los bienes afectados al dominio público cuyas características, situación y régimen de utilización hagan posible este tipo de utilización adicional.

Cinco. Los ingresos procedentes de la actividad de este organismo podrán ser aplicados por el mismo a los fines de profesionalización y modernización de la Defensa y del personal al servicio de la misma y a programas específicos de investigación, desarrollo e innovación en este mismo ámbito.

Seis. Durante el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, y sin perjuicio de lo expuesto en el apartado uno de este artículo, el Organismo Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, podrá enajenar las viviendas militares y los demás bienes inmuebles que estuvieren inscritos en los diferentes registros de la propiedad a favor del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas o de los extintos patronatos de casas militares del Ejército de Tierra, de casas de la Armada y de casas del Ejército del Aire, y de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sin necesidad de actualizar las titularidades registrales de dichos bienes o de los que se pusieren a su disposición, así como, en su caso, de los bienes muebles de los que sea titular.

4.- La vuelta de tuerca de 2012:  la aceleración de  las enajenaciones militares

Los tres años posteriores se calculaban para las grandes operaciones especulativas: Operación Campamento, terrenos militares de Cuatro Vientos-Alcorcón para los casinos de Adelson, especulación en Sevilla, San Fernando y otros lugares. Las grandes operaciones se vienen abajo.

Como se recordará, la barra libre de venta de terrenos militares tenía un cierto plazo de caducidad, tres años según la ley, pero la dinámica avarienta del propio INVIED y la política de defensa pactada entre PP y PSOE de nutrirse de ingresos de todo tipo y fuera del presupuesto del estado para el ejército, hacían obligatorio que el INVIED siguiera con la fiesta.

Será ahora bajo el gobierno del PP, y el ministro girapuertas Pedro Morenés, que encuentran una “nueva” manera de habilitar la constante y voraz política especulativa del INVIED.

Ahora se publicitará, a bombo y platillo, la elaboración de una “Propuesta de “Racionalización y utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa” (PREPIDEF) destinado, de nuevo, a conseguir ingresos por la venta de patrimonio y a la adquisición de otro patrimonio con el que seguir la espiral.

El resultado de esta propuesta fue un documento llamado “PROPUESTA PREPIDEF” y que se concreta en una lista de 80 actuaciones encaminada para estos fines.

Según el documento, las 80 propuestas incluyen:

  •   Cierres parciales con reducción de la superficie en base a las necesidades funcionales
  •   Cierres totales de instalaciones con un coste no adecuado a su necesidad
  •   Convenios con otras AAPP para su utilización.
  •   Mantenimiento y adecuación de instalaciones para recepción de otras actividades

Sin embargo, la lectura del mismo permite observar que las propuestas incluyen, sobre todo, al enajenación masiva de suelo militar, verdadera clave de bóveda sobre la que descansa la filosofía de las nuevas actuaciones.

La primera fase de estas enajenaciones a mansalva se desarrollarán durante los años  2014 y 2017, como primera fase o PREPIDEF 1, comienza ahora un período de planeamiento de detalle particularizado, conforme a los procedimientos de planeamiento militar existentes.

Si atendemos a la nota de prensa del Ministerio de Defensa de 26 de junio de 2013,

En relación con el suelo, las 49 acciones de PREPIDEF-1 sobre 109 instalaciones implican la liberación de 3.837.264 metros cuadrados. De ellos 2.837.510 m2 corresponden a suelo rústico, y 937.754m2 a suelo urbano.

Si además observamos la página del INVIED, comprobaremos el enloquecido ritmo de subastas y enajenaciones que actualmente nutren de ingentes ingresos al INVIED para inyectarlos en la compra de armas y de equipamientos militares, verdadero y deliberado objeto de la política del PPSOE en esta materia.

Share
A %d blogueros les gusta esto:
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed