Archive for PEAS

Invertir en industria militar es elegir la opción menos rentable para crear empleo

Fuente:  Infodefensa.

El sector de la industria de Defensa en España tiene mucha importancia.  Y más que va a tener salvo que por parte de la sociedad hagamos algo para evitarlo.

Por ejemplo, algunos ministerios están altamente militarizados:

El sector industrial de la defensa ha continuado siendo un sector al que desde el extinto Ministerio de Industria Energía y Turismo, hoy Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha dedicado un volumen importante de recursos. En el marco de la colaboración que mantenemos desde hace 20 años con el Ministerio de Defensa para la financiación de los programas especiales de armamento, se han prefinanciado 23 de estos programas con unas aportaciones de 15.000 millones de euros.

Habría que añadir que la prefinanciación ha sido a interés 0.

También habría que añadir que al anterior ciclo inversor (PEAS I) ahora se une otro (PEAS II):

Asimismo, tenemos que constatar el efectivo inicio de un nuevo ciclo inversor en la industria de la defensa alrededor de los programas tecnológicos para la futura Fragata F-110 y los vehículos blindados 8×8.

La infografía que ofrecen y reproducimos aquí abajo resume los principales datos de la industria armamentística española:

Y todo parece idílico salvo que se contraste con algún otro punto de vista.  Nosotros proponemos el de la infografía siguiente que nos dice que invertir en lo militar es ruinoso, con respecto al trabajo que crea:  por cada mil millones de dólares invertidos en industria militar se crean 8.555 trabajos.  Sin embargo, por igual inversión en

  • Sanidad:  12.883
  • Educación:  17.687

 

El Gasto Militar no son sólo los presupuestos del Estado, sino iniciativas privadas: no a HOMSEC 2017

En este segundo día de “celebración” de la feria de armas HOMSEC 2017 en Madrid, queremos recordar que la economía del militarismo no sólo se nutre de los Presupuestos Generales del Estado, sino de pequeñas/grandes iniciativas privadas que aumentan mucho su impacto en la sociedad española.  La Feria de Armas HOMSEC 2017 sería un ejemplo de gasto militar ejecutado por civiles, pero con el apoyo de muchas instituciones del Estado.

El Gasto Militar 2016 es el último que hemos publicado y muchas de sus cifras son escandalosas:

  • Se publicita que el Presupuesto del Ministerio de Defensa es de 5.787 millones de €, pero el Gasto Militar de 2017 acaba siendo de 30.928 millones de €.
  • Se esconden 25.372 millones de €, el 81’29 %
  • 12 de los 13 ministerios actuales esconden gasto militar
  • El Gasto Militar es el 7’14 % del total de gasto de todos los Presupuestos Generales del Estado.
  • El Gasto Militar es el 2’71 % del total del PIB español, muy por encima del 0’8 % que anuncian el Ministerio de Defensa y los políticos militaristas, e incluso bastante por encima del 2 % que reclama que gastemos la OTAN y Trump.
  • El Gasto Militar genera una deuda de 16.127 millones de €.
  • El Gasto Militar supone:
    • 84’5 millones de € diarios
    • 3’52 millones de € por hora
    • 58.684 € por minuto
    • 978’06 € por segundo

Navantia, la desastrosa empresa pública de armas, también se exhibirá en HOMSEC

Otra de las empresas que va a participar en HOMSEC los próximos 14, 15 y 16 de marzo en Madrid es Navantia.

Hemos podido saber que Navantia ha reservado suelo para su stand en HOMSEC 2017 por valor de 15.000 €.

NAVANTIA es una empresa pública española perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 100% de su capital.  Se dedica a la construcción de buques, tanto civiles como militares.

Tiene instalaciones en Ferrol y Fene (Galicia), Cartagena (Murcia), Cádiz, Puerto Real y San Fernando (en Andalucía), y Madrid.

En lo militar han construido fragatas-destructores (F-100), fragatas ligeras-corbetas, patrulleras, buques de apoyo logístico, buques anfibios, portaaviones, lanchas de desembarco, cazaminas y submarinos (S-80).

En los últimos años ha vendido buques a Brasil, Noruega, Turquía, Argelia, Australia, India, Indonesia, y Arabia Saudí.  Además de múltiples buques de guerra para el Estado Español.

Algunos de sus productos tienen una merecidísima mala fama internacional:

  • El submarino S-80 es conocido por su sobrepeso, problema que proviene desde los primeros momentos, dado que estuvo mal diseñado.  Por ello también sufre de continuos problemas de sobrecostes que lo están encareciendo repetidas veces y que habrá de pagar la sociedad española.  El proyecto se inició con unas previsiones de gasto de 1.796 millones de €.  A día de hoy, los costes se han encarecido hasta los 3.013 millones de €, es decir, un 67’76 %.  Se van a hacer 4 unidades del S-80, lo cual quiere decir que cada una nos saldrá a 753’5 millones de € (por lo menos).
  • Las fragatas F-100 son peculiares porque se están usando como escaparate móvil para la industria militar española.  Después de que Defensa las comprase, ahora las dedica no a defender nuestras costas, sino a mostrarse en aguas australianas para ver si las vendemos allí.  Lo cual deviene la fragata que allí se encuentra ha sido un despilfarro inútil de 823 millones de €, innecesario como se ve para nuestra defensa.
  • Las fragatas F-100 también son polémicas porque el último contrato que se espera conseguir es, nada menos, que con la dictadura de Arabia Saudí, que las usará, probablemente, en su guerra, poco publicitada, en Yemén.
  • Navantia, además, se adjudicó el mantenimiento de los destructores yankis del escudo antimisiles de Rota, por 171 millones de €.

Además, Navantia se niega reiteradamente a pagar el IBI por los inmensos terrenos que ocupa en Ferrol (unos 600.000 € anuales).

Y Navantia, como empresa es un ejemplo paradigmático de mala gestión porque

  • Desde hace años, arrastra pérdidas millonarias. Pérdidas que la SEPI por una parte (mediante capitalizaciones y entregas de beneficios de la corporación para compensar pérdidas) y el Gobierno por otra (mediante créditos bajo cuerda y contratos cautivos de la defensa española) se ven obligados a ir cubriendo a costa de los impuestos de toda la sociedad.
  • En realidad, Navantia arrastra una deuda, en 2013, de más de 1.200 millones de euros.
  • Navantia se ha visto forzada, varias veces, a hacer nuevos planes estratégicos, supuestamente para mantener la sostenibilidad, en todos ellos se ha previsto reducir la plantilla por despidos, dada su escasa viabilidad económica.

¿Exenciones a las empresas militares de los PEAS?

Imagen de .Bambo.

Como nos viene pasando habitualmente en los temas de Defensa, no salimos de nuestro asombro.

Leemos en Defensa.com que Cospedal ha conseguido algo que nos parece un nuevo privilegio militar:

Si bien, ha habido otra noticia en materia económica digna de mención:  Defensa ha conseguido que el Gobierno imponga una excepción fiscal a las empresas de Defensa adjudicatarias de los 18 PEAS con el fin de evitar que sean embargadas por Hacienda.  El Ministerio amenazaba con esta medida extrema ante la imposibilidad de aquellas para hacer frente a sus obligaciones con el Ministerio de Industria por los retrasos en los pagos, a su vez, del Ministerio de Defensa.

Vemos que cita a otra fuente y recurrimos a ella:  El Confidencia.com, que en su noticia “Cospedal, ‘cautiva y desarmada’ ante Hacienda para pagar compras de Defensa” subtitula:

El Gobierno ha impuesto una excepción fiscal para evitar embargos contra las empresas públicas de armamento que deben a Industria lo que Defensa no les paga a ellas

Hemos buscado en

Y no hemos encontrado tal norma.

¿Lo están haciendo en secreto?  ¿Es un globo sonda?  ¿Es un bulo?  ¿Es un error?

Si fuese realidad, habría que leer tal norma para ver:

  • cómo fundamentan este nuevo privilegio a la industria militar
  • qué conceden a la industria de la muerte, en concreto.

Por ahora no hay noticias claras. Todo muy extraño.

Utopía participa en un debate sobre OTAN y gasto militar

Os invitamos a ver y escuchar el programa sobre la OTAN y el gasto militar al que nos invitaron recientemente.  Que os sea útil.

 

Defensa y Ceuta, ¿relación manchada de sangre?

Imagen de Yassine Abbadi

Fuente:  El Pueblo de Ceuta

¿Ha cambiado de política el Ministerio de Defensa con respecto a las ciudades que le piden terrenos militares en desuso para dedicarlo a fines sociales?

Con Morenés estas peticiones estuvieron paradas o encontraron múltiples obstáculos.  Parece que Cospedal quiere agilizar las cosas, al menos en Ceuta.

En Ceuta gobierna Juan Jesús Vivas, del PP, desde 2003.  Lo que parece que ayuda a la negociación.  También ayuda que Ceuta es una ciudad que vive por y para los militares.

Juan Vivas ha comentado lo “especial” que es para Ceuta el Ministerio de Defensa por la relación “esencial” de la ciudad con el Ejército, que integran, ha dicho, personas que son “modelos de dedicación, profesionalidad, capacidad de sacrificio y patriotismo”. “Ceuta lleva al Ejército en el corazón, el alma y la memoria”, ha contextualizado la “estrecha” relación en que se traduce esa “consideración de respeto mutuo, afecto y colaboración en muchos campos”.

Tras una visita de Vivas a Cospedal en la sede del Ministerio, han sido varias las iniciativas del presidente ceutí que van a mirarse en un futuro próximo:

  • concertar la construcción de la pista de atletismo reglamentaria en la Base Única del Pardo de Santayana,
  • concertar el aprovechamiento como equipamiento social, de ocio y deportivo de las instalaciones ahora en desuso del Club de Tropa
  • concertar el uso de parte del antiguo Hospital Militar por parte de alguna entidad social, como Plena Inclusión, necesitada de nuevas instalaciones.
  • además, presidente y ministra han hablado de la regularización de viviendas levantadas en suelo militar en Príncipe Alfonso como parte del objetivo del Gobierno de normalizar esa barriada.

Por ahora no ha trascendido ninguna información de qué recibirá Defensa a cambio de estos cuatro conciertos.  Suponemos que pedirán dinero, mucho dinero, como siempre.  ¿Por qué?  Pues porque necesitan dinero para intentar paliar los huecos que deja en su economía el despilfarro militar, o las intervenciones militares en el extranjero y los Programas Especiales de Armamento (PEAS).

De alguna manera tienen que enjuagar el agujero de su burbuja financiera, y parece que optan porque sean las ciudades militarizadas quienes pagen, de sus presupuestos, el armamentismo de Cospedal.

Llama la atención que en ningún momento se critique el despilfarro que supone que Defensa haya tenido y tenga tantas infraestructuras y espacios tanto urbanos como rurales sin uso o infrautilizados.  Es un ejemplo de mala planificación y de priorizar los cañones sobre la mantequilla.

Son curiosas las noticias que se han publicado sobre estos conciertos.  Se destacan los bienes que va a obtener la ciudad, pero no se dice nada de cuánto les costará.  Y que lo que den a Defensa será un dinero manchado de sangre pues promoverá el intervencionismo militar español y la venta de armas.

Los nuevos cazas que quiere el ejército español pueden salir mucho más caros de lo previsto.

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Airwolfhound

Fuente: Poderío militar español

Por caminos imprevistos llegamos a conocer las repercusiones que la decisión anunciada por el Presidente in pectore de los EEUU, Donald Trump, sobre el precio de los Cazas F35, de fabricación americana, puede acarrear sobre el pretendido segundo ciclo de rearme español.

Donald ha afirmado que el precio de estos aviones, uno de los grandes pedidos del ejército del aire americano, son una exageración y está fuera de control y que o se revisan o se planteará suspender el programa de compra de estas armas.

Sus palabras exactas parece que han sido

El programa F-35 y sus costes está fuera de control. Miles de millones de dólares pueden y serán ahorrados en gastos militares y de otro tipo tras el 20 de enero”

Parece que la intención del explosivo Trump es la de conseguir una renegociación y rebaja del precio de estos programas para el ejército americano.

Una negociación que al parecer puede tener repercusiones para las pretensiones de compra de los otros interesados por el F-35 americanos, pues la industria militar, como la banca, siempre gana y lo que logren reducir en su factura los estadounidenses, se lo incrementarán en las suyas a los otros clientes.

Nuestros militares, parece ser, están moscas con esta posibilidad porque les obligará a una mayor dosis de mentiras para convencernos de lo necesario de estos aparatos que tanto codician.

De modo que, de paso, venimos a conocer por esta noticia dos cosas más:

1, que el ejército español ya tiene en ciernes un nuevo encargo para la industria militar, en este caso cazas F35, para iniciar un segundo ciclo de rearme cuando aún arrastramos deudas impagables (que amenazan con llevarnos a una verdadera burbuja especulativa de lo militar) por el primer ciclo de programas especiales de armamento encargado por dirigentes del PP y el PSOE en sus años de bipartidismo perfecto.

2.- Que el precio inicial que pensaban desembolsar probablemente va a incrementarse mucho más de lo que esperaban, lo cual necesitará altas dosis de opacidad o de manipulación, según los casos, para convencer a la población de la importancia de tales desembolsos en un contexto de merma de derechos y bienes sociales.

Desde ya queremos alertar de este despropósito y denunciar que pretenden la adquisición de un muy elevado número de estos aparatos que ni se necesitan para nada, ni benefician a nadie (fuera del propio militarismo, sus puertas giratorias y los partidos sistémicos de este decadentoso régimen) pero cuyo pago nos van a endosar a costa de necesidades sociales más básicas y de la merma de los derechos de la inmensa mayoría..

Los PEAS son la burbuja especulativa que le va a explotar al Ministerio de Defensa

Imagen de Ferran BCN

Sobre los PEAS hemos publicado muchísimo.  Y seguiremos publicando porque es una chapuza financiera de la que el Ministerio de Defensa no sabe salir, haciendo las cosas bien, se entiende.

El supuesto éxito de Cospedal

Nos vende Infodefensa que Cospedal ha convencido al gobierno para reprogramar los gastos de PEAS de 2016 para 2017.  Parece un éxito de gestión de la Ministra de Defensa cuando realmente es un fracaso en toda regla, obligados por el Tribunal Constitucional.  Al final, en 2017 se pagarán los 1.107’7 millones de € de dicho año y los 716’7 millones de 2016.  El total va a ser escalofriante:  1.824’4 millones de € para PEAS en 2017.

El primer problema de Cospedal:  la imagen insolidaria del Ministerio de Defensa.

Si tenemos en cuenta que el presupuesto  del Ministerio de Defensa ronda los 6.000 millones de €, el aumento sería de, aproximadamente, un 30 %.  ¿Cómo le será posible a Cospedal, en una época de duros recortes sociales, económicos y políticos, vender un aumento del 30 % en su ministerio, el menos social de todos?.  ¿Cómo convencerá a l@s español@s de la solidaridad del Ministerio de Defensa cuando ellos suben su propio presupuesto en un 30 %?

Los 18 Programas Especiales de Armamento (PEAS)

En la siguiente infografía se enumeran los PEAS, lo que iban a costar en 2009, lo que se reprogramó para 2013, y abajo los compromisos de pagos acordados entre la industria armamentística y el gobierno.

Infografía de El País

Las conclusiones al analizar esta infografía son claras:

  • Cada vez vamos a recibir menos armamento
  • El precio total y parcial de cada PEA cada vez será mayor.
  • Nos quedan por pagar 14.280’9 millones de € hasta 2030.
  • Estamos hipotecados por estos programas de armamento hasta el año 2030 y ello va a suponer una burbuja financiera que va a acabar explotándole al Ministerio de Defensa y, de paso, a los contribuyentes.

Con más detalle se puede ver en este otro cuadro también publicado por Infodefensa:

En la anterior tabla salta a la vista otro dato, todavía más escalofriante, el monto total de los PEAS va a ser de 29.479’06 millones de €.

La práctica engañosa del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa venía haciendo una práctica ilegal, según ha reconocido el Tribunal Constitucional (2 sentencias) que consistía en que no incluía los PEAS en los Presupuestos Generales del Estado.  Luego, con la excusa de que eran gastos no previstos, los aprobaba en verano por Decreto Ley y sin la consulta al Parlamento.

Esto ocultaba una buena parte del gasto militar a la ciudadanía.

En el entramado financiero que gestiona los PEAS todo es raro:

  • La industria militar (privada, en su mayoría) se compromete con el Estado a dotarle de una serie de armamentos
  • El Estado prefinancia la investigación y desarrollo necesarios para que la industria militar pueda fabricar las armas.
  • La prefinanciación no ha hace el Ministerio de Defensa (sería poco vendible a la sociedad).  La hace el Ministerio de Industria, concediendo a la industria militar unos créditos previos a su labor de investigación y desarrollo.
  • Los créditos que Industria da a las armamentísticas son a interés cero.
  • Una buena parte de la industria militar no cumple los plazos y, además, acaban reclamando sobrecostes al Ministerio de Defensa y al de Industria.
  • El Ministerio de Defensa reprograma los PEAS. Tanto el número de armas que van a recibir, como lo que van a pagar.
  • La industria armamentística tiene que devolver anualmente los créditos al Ministerio de Industria.
  • Según va recibiendo el armamento Defensa va pagando los PEAS a la industria armamentística, eso sí, ya con sus sobrecostes añadidos.

Múltiples irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas

Con informaciones sacadas de El País  (Miguel González) procedemos a publicitar siete irregularidades en la contratación del Ministerio de Defensa.

1.-  Contrato de 18’8 millones de € concedido por el Ejército de Tierra a General Dynamics, sin licitación ni publicidad.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, anuló el pasado 24 de junio un contrato por 18,8 millones de euros concedido por el Ejército de Tierra a la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDSBS). En su resolución, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitación ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la número 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 años.

 Lo que no explicaba la resolución es que lo que se buscaba con esta adjudicación es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de más, aunque para ello se recurriera a una fórmula de dudosa legalidad.

La explicación figura en el folio 127 del Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) elaborado por el Tribunal de Cuentas. El contrato de compra de 219 carros de combate Leopard y 16 de recuperación tenía un importe total de 2.489 millones de euros, pero la empresa fabricante ha recibido ya en anticipos del Ministerio de Industria y en pagos de Defensa un total de 2.507 millones. Tiene por tanto, constata el Tribunal de Cuentas, “un exceso de financiación de 18,8 millones”; justo el importe de la adjudicación anulada por Hacienda. Si hubiera dudas sobre la identidad de ambas partidas, el informe explica: “Esta cantidad se encuentra en trámites de regularización, pues es objeto de la Adenda 25, actualmente en negociación”. A la postre, sin embargo, la regularización ha resultado irregular.

2.-  Sobrecostes de 43’6 millones de € de la compañía española SAPA por programas de transmisiones.

No es la única anomalía constatada en la mayor compra de carros de combate de la historia del Ejército español. Defensa ha reconocido sobrecostes por un importe de 43.6 millones de euros derivados, básicamente, de los problemas que la compañía española SAPA, suministradora de las transmisiones, ha tenido con su socio tecnológico alemán Renk.

El Tribunal de Cuentas considera “indudable” que “las circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales” en programas de estas características “exceden los cauces de contratación ordinaria”, pero agrega que SAPA conocía las condiciones de suministro y las aceptó, que el contrato ya preveía un beneficio del 10% con el que cubrir esos imprevistos y que la operación contó con un 100% de financiación pública, por lo que el riesgo financiero era cero.

3.-  El programa de carros de combate Leopard se rige por un antiguo convenio del Ministerio de Defensa con el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) de 1981, mucho más beneficioso para el contratista (General Dynamics, nuevamente).

El informe llama la atención sobre un hecho insólito: Santa Bárbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas públicas) que data de 1981 y “contiene un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general”. Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debió liquidarse hace años.

4.-  Navantia, empresa pública y que no debería tener beneficios al contratar con la Administración, incluye en sus convenios con Defensa beneficios entre el 4 y el 12 %.

Si ya es sorprendente que empresas privadas se comporten como públicas, no lo es menos que públicas lo hagan como privadas. El Tribunal de Cuentas se extraña de que el convenio entre Defensa y el astillero público Navantia incluya un margen de beneficio de entre el 4 el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan. El informe alega que el ánimo de lucro, “principal incentivo para el empresario particular”, no tiene sentido en una sociedad pública, que está obligada a aceptar los encargos que le hace el Estado y solo puede facturar los costes reales, De lo contrario, advierte, podría considerarse “un exceso de financiación pública”.

Defensa ha tomado nota de esta advertencia y ha replicado que, en su nuevo convenio con Navantia, el concepto beneficio se sustituye por el de “margen industrial”, para hacer frente a los “riesgos relativos” a la ejecución de los programas. En esos riesgos no se incluye la revisión de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acción Marítima (BAM).

5.-  Defensa renuncia a imponer penalizaciones a Navantia por el retraso de 78 meses en la entraga de los BAM.

La entrega a la Armada de estos cuatro barcos ha sufrido un retraso total de 78 meses, lo que dio lugar a la apertura de expedientes para imponer las penalizaciones contempladas en los contratos, por un importe total de 31,7 millones de euros. Sin embargo, “por una causa que no se ha justificado”, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanción alguna.

Defensa ha negado que existiera aquiescencia por parte de la Armada para no imponer sanciones y ha anunciado que se reactivará el grupo de trabajo dedicado a discutir con Navantia su importe, aunque alguno de los expedientes, que data de 2011, puede haber caducado.

6.-  Defensa se niega a recepcionar oficialmente armamento y lo mantiene almacenado para no subir el déficit público.

Quien no se retrasó en la entrega fue el consorcio fabricante del avión de combate europeo Eurofighter. Además de los 47 cazas ya en servicio en el Ejército del Aire, hay otros 12 almacenados durante tres años en la base aérea de Los Llanos (Albacete), que España no ha querido recepcionar oficialmente para que no computen en el déficit público.

7.-  Defensa demuestra incompetencia porque no puede usar los helicópteros NH-90 porque no tiene el personal, los equipos y las instalaciones necesarias.

Además, tres helicópteros NH-90 están depositados “temporalmente” en las instalaciones de Eurocopter en Albacete hasta que el Ejército de Tierra disponga del personal, los equipos y las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional.

En este asunto de los PEAS, el Tribunal Constitucional ha dictado 2 sentencias:

  • La primera anulaba el decreto ley de 2014 que destinó 886’3 millones de € a los Peas.  El recurso lo habían presentado el PSOE, pero también Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA, Izquierda Plural y UPyD.

Los recurrentes argumentaron que estos pagos estaban previstos con antelación y responden a una programación plurianual, por lo que debían haberse incluido en los Presupuestos Generales del Estado, propiciando así un debate parlamentario en profundidad. El Gobierno replicó que, aunque el importe global de estos programas es conocido (29.500 millones de euros hasta 2030), la cuantía exacta de cada anualidad está sujeta a negociación con la industria militar y depende de la evolución del déficit, por lo que no era posible incluirla en el presupuesto ordinario de Defensa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, recrimina al Gobierno que ni de la exposición de motivos de la norma ni del expediente tramitado por Defensa “se puede deducir argumento concluyente que ampare la utilización del decreto ley, pues nada se argumenta sobre la extraordinaria y urgente necesidad”, que es lo que justifica su uso según el artículo 86.1 de la Constitución. Al contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció en su discurso de convalidación del crédito extraordinario que no se trataba “de dar cobertura a necesidades imprevistas”, sino de “proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”, y añadió que la Administración estaba obligada a “no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros”, en alusión a la industria militar.

Tras calificar de “singular” la técnica empleada por el Gobierno, el Constitucional constata que “más que la respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad por imprevisible”, la aprobación de créditos extraordinarios para Defensa “se ha convertido en una práctica habitual” para atender un compromiso de pago que es “previsible y programable”.

“Simplemente se alude [por el Gobierno] a la importancia de que se pague a los proveedores para evitar el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse, [pero] esas consecuencias negativas aparecerían en cualquier obligación contractual del Estado”, sin que se explique por qué serían más graves en el caso de la industria militar, argumenta.

El Constitucional no rechaza que se aprueben créditos extraordinarios para financiar programas militares al margen del presupuesto ordinario, pero agrega que debería hacerse a través de una ley y no mediante el decreto ley, cuyo uso está restringido expresamente por la Constitución. “En definitiva”, concluye, “el recurso sistemático al decreto ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

La sentencia, que anula el decreto ley de 2014 pero cuya doctrina es aplicable a los de 2012, 2013 y 2015, no obligará a las empresas a devolver los 4.300 millones de euros recibidos. Y no solo porque los decretos leyes fueron posteriormente convalidados en las Cortes. Sensible al efecto que ello tendría sobre la industria militar española y sobre el Estado, que se enfrentaría a penalizaciones de los consorcios internacionales que gestionan dichos programas, el Constitucional aclara que, por el “principio de seguridad jurídica”, que garantiza los derechos de terceros que mantienen de buena fe relaciones económicas con la Administración, no serán revisables las “situaciones establecidas mediante actuaciones administrativas firmes”; es decir, los mandamientos de pago realizados al amparo de los créditos extraordinarios.

  • La segunda anula otro decreto ley por 846’4 millones de €. Presentada por 50 diputados socialistas.

El alto tribunal estima el recurso presentado por 50 diputados socialistas y considera que “el uso sistemático del decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento” no está justificado por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” y, por tanto, “no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

Sin embargo, la sentencia no obliga a las empresas de armamento a devolver el dinero cobrado a través de este sistema irregular, ya que “la protección de los terceros de buena fe que mantienen relaciones económicas con la Administración se vería gravemente comprometida si desapareciese la autorización del crédito extraordinario”. En consecuencia, “tras ponderar el principio de seguridad jurídica”, declara “no suceptibles de ser revisados como consecuencia de [la] nulidad”  del decreto-ley los pagos realizados por Defensa.

PEAS II.

La apuesta por la militarización del gobierno de Rajoy sobrepasa el primer plan PEAS y ahora están propiciando un plan PEAS II.  En 2014 publicábamos un artículo en el que advertíamos que el Ministerio de Defensa tenía planes para hacer un segundo plan PEAS, el plan PEAS II.

(…) articular un plan de I+D vinculado a la potenciación y capacitación de nuestra industria principalmente en esas capacidades industriales esenciales antes identificadas.  Este plan se ha puesto en marcha abordando dos de las necesidades militares identificadas por el JEMAD más prioritarias, y que ya tienen financiación en los PGE de 2015:  el 8×8 y la fragata F-110.  De ambos se han derivado 20 proyectos tecnológicos (7 del 8×8 y 13 de F-110).  Estos programas darán comienzo ya en el ejercicio 2015.  Están dotados con 41 y 37 millones de € en el Capítulo 8 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  Además, en este mismo Capítulo se han contemplado las partidas de prefinanciación del contrato de los dos nuevos BAM para la Armada:  son 161 millones de €.  En términos numéricos totales, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incorpora 564 millones de € para programas de defensa, un 64 % más que en 2014.

Es decir, el PEAS II consta de:

  • Blindados 8×8, por 41 millones de €
  • Fragata F-110, por 37 millones de €
  • 2 nuevos BAM de la Armada:  161 millones de €

Todo ello hace un total de 239 millones de € para el plan PEAS II, que habría que sumar a los 30.000 millones del primer plan PEAS.

Las alternativas futura de Cospedal.

Las posibilidades que tiene Cospedal para 2017 son dos:

  • Aflorar, por fin, los PEAS en la contabilidad del Ministerio de Defensa, pasando los 6.000 millones, más o menos, que presupuestan ahora a 8.000 millones, y quedando como el Ministerio con más aumento de gasto en épocas de crisis y de recortes.
  • Hacer una nueva ley en la que seguir ocultando esta parte del Gasto Militar y en la que se aprueben los PEAS.

¿Cuál será su opción?

Sin novedad en verano: el descaro en las compras de armas sigue en aumento

Santiago+%2FCidade+da+Cultura

Por Septem Trionis

Fuente: El País

Ahora es el Tribunal de Cuentas el que desenmascara el supino morro de las políticas de enriquecimiento sin fin para las empresas militares que practica nuestra costrosa casta política.

Explica este órgano en su “Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS)” (informe 1155 de 30 de junio) con pelos y señales las argucias que se utilizan para, sencillamente, enriquecer a las industrias militares.

El informe es, leído en su integridad, una verdadera denuncia de las irregularidades de la contratación de los sistemas de armas de los ejércitos españoles y en nuestro criterio exigirían responsabilidades al más alto nivel, pues en definitiva muestran el saqueo al que nos someten en su propio beneficio, generando una deuda inmoral e impagable.

Dice en sus conclusiones cosas que nosotros ya hemos denunciado tantas veces como, por ejemplo

  1. Se usa una artimaña para engrosar y ocultar el gasto de defensa, concertante en armamento, mediante triquiñuelas leguleyas que, además, generan deuda pública de forma brutal:
desde el ejercicio 2012 se vienen aprobando anualmente para el presupuesto del Ministerio de Defensa, concretamente para sufragar su financiación, créditos extraordinarios mediante Reales Decretos-Ley que modifican las Leyes de Presupuestos, apelando a razones de extraordinaria y urgente necesidad y cuya financiación se realiza mediante Deuda pública
Estas modificaciones presupuestarias, a pesar de que se refieren a operaciones no financieras del presupuesto, se financian mediante la emisión Deuda pública y no con cargo al Fondo de Contingencia
y
Sin embargo la situación jurídico-financiera de los PEAs no era, ni es, en absoluto desconocida ni imprevisible, sino todo lo contrario. Este tipo de programas se planifican y desarrollan a largo plazo (en muchos casos se trata de desarrollos que se inician a finales de la década de los 90 yprincipios de la siguiente) e implican la asunción de compromisos contractuales concretos, tanto a nivel nacional como internacional, planificados en el tiempo y autorizados por el Consejo de Ministros.
 Esta circunstancia es tenida en cuenta año tras año por el Ministerio de Defensa a la hora de elaborar su proyecto de Presupuesto, en el que solicitan los créditos necesarios para satisfacer sus compromisos. A pesar de ello, las sucesivas Leyes de Presupuestos, desde el ejercicio 2012, no proceden a dotarlos en su presupuesto inicial
2. Nada justifica estas trampas.
La justificación de la vía de financiación de estas modificaciones presupuestarias no es clara y consistente, pues en ocasiones se apela a la ausencia de impacto en la capacidad de financiación del Estado, en otras a la insuficiencia del Fondo de Contingencia y en otras a la discrecionalidad y previsibilidad de las obligaciones a satisfacer como causa de la excepción a la financiación a través del citado Fondo.
3. Desde 2012 (entrada en el gobierno de Rajoy) la situación se ha hecho mucho más grave, pues ademas incluye no solo compromisos antiguos por los que se arrastra una deuda impagable, sino nuevos compromisos que la ahondan más aún.
Los créditos extraordinarios correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 difieren del de 2012 ya que con ellos se dota de cobertura financiera principalmente a las obligaciones del propio ejercicio, y no de ejercicios anteriores como sucedía con el crédito concedido en 2012.  Ello supone que en parte se trata de atender obligaciones correspondientes al ejercicio corriente, que en ocasiones ni siquiera han nacido con anterioridad a la concesión del crédito extraordinario, como por ejemplo sucede con el programa EC135, todavía no creado a la fecha de concesión del crédito extraordinario 2013, con lo que difícilmente se da una situación de grave perjuicio a proveedores que pudiera justificar una intervención de extraordinaria y urgente necesidad
4) La tramitación de los créditos por los que se pagan los programas de armas están plagados de irregularidades que demuestran que estamos ante un trato abusivo
Si bien los expedientes de modificación presupuestaria contienen formalmente todas las menciones e informes requeridos legal y reglamentariamente y se encuentran adecuadamente instruidos, se han observado debilidades en el cauce de flujo de información entre las unidades afectadas por las necesidades y los órganos competentes para tramitar el expediente de modificación. Además, la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Defensa carece de un registro documental centralizado relativo a las necesidades concretas que debían satisfacerse con cargo ala petición de créditos extraordinarios
o bien
Para la petición de créditos extraordinarios y suplementarios se
utilizan los datos que ya se tienen como referencia para la elaboración del anteproyecto del presupuesto del Departamento,
posponiendo la inclusión de las cantidades no aceptadas  inicialmente por el Ministerio de Hacienda hacia una modificación presupuestaria posterior,
y
En cuanto a la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria, las memorias justificativas, como única justificación de las mismas, se limitan a señalar que no hay crédito suficiente para atender a las obligaciones contraídas en la gestión de PEAs y reproducen el listado de cuantías por programa cuya financiación extraordinaria se solicita
O, más grave,
Las memorias económicas son a su vez muy breves –el Consejo de Estado las denomina “memorias abreviadas”, a pesar de que esta categoría de tramitación no existe- y apenas incorporan una somera referencia a las necesidades que han de atenderse con las cuantías solicitadas para cada programa, cuando este contenido debería ser uno de los contenidos esenciales de este documento. En algunos casos contiene algunos documentos carentes de sentido como por ejemplo un apartado titulado “Liquidez de  empresas contratistas” en el que, lejos de hacer un análisis del impacto que el retraso en los pagos por parte del Ministerio tendría en los suministradores, se limita a enunciar en dos líneas que con la modificación presupuestaria se pretende “evitar que las  facturaciones de las empresas contratistas queden pendientes de su correspondiente pago”, sin otro contenido. Asimismo, a la vista de la documentación recibida de las diferentes oficinas de programa afectadas, en ocasiones no coincide la justificación dada por ellas para justificar las necesidades financieras con el contenido  recogido en las memorias económicas.
La memoria económica correspondiente al crédito extraordinario y suplementario 2014 no contiene ningún dato relativo a las necesidades concretas que justifican la solicitud de cuantías que implican una modificación de las dotaciones inicialmente previstas en la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2014
5) Las irregularidades de los programas “internacionales” (es decir, compartidos con otros países de la OTAN)  han supuesto pérdidas significativas, en lo económico y en los recursos y adquisición de conocimiento, para el Estado, como por ejemplo
La memoria económica correspondiente al crédito extraordinario y suplementario 2014 no contiene ningún dato relativo a las  necesidades concretas que justifican la solicitud de cuantías que implican una modificación de las dotaciones inicialmente previstas en la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2014
o, respecto al programa de la OTAN EF 2000 que sirve para dotarse de aviones de combate mediante una economía de escala entre los países de la OTAN, asignándole a cada uno la financiación de unos cuantos aparatos,
Los resultados del acceso del Tribunal de Cuentas a las cuentas e información de NETMA durante los ejercicios 2011 a 2013 han destacado que, además de las cantidades pendientes de aplicar al presupuesto del Ministerio de Defensa de gastos correspondientes a la participación en el Programa EF2000, España no está en condiciones de aceptar, en servicio, aviones terminados por razones de administración dentro de las limitaciones de financiación nacionales, por ello estos aviones figuran en las cuentas de NEFMO (organización de dirección de la Agencia NETMA) que tiene el título legal sobre ellos hasta que sean formalmente aceptados por España. Los aviones españoles se almacenan en España, conforme a un Plan de Mantenimiento y Almacenamiento acordado. NEFMO tendrá influencia sobre el uso y los acuerdos de mantenimiento pero se considera que todas las obligaciones y riesgos asociados con el avión corresponden a España tal como está reflejado en el correspondiente acuerdo entre las naciones
y

Los resultados del acceso del Tribunal de Cuentas a las cuentas e información de NETMA durante los ejercicios 2011 a 2013 han destacado que, además de las cantidades pendientes de aplicar al presupuesto del Ministerio de Defensa de gastos  correspondientes a la participación en el Programa EF2000, España no está en condiciones de aceptar, en servicio, aviones terminados por razones de administración dentro de las limitaciones de financiación nacionales, por ello estos aviones figuran en las cuentas de NEFMO (organización de dirección de la Agencia NETMA) que tiene el título legal sobre ellos hasta que sean formalmente aceptados por España. Los aviones españoles se almacenan en España, conforme a un Plan de Mantenimiento y Almacenamiento acordado. NEFMO tendrá influencia sobre el uso y los acuerdos de mantenimiento pero se considera que todas las obligaciones y riesgos asociados con el avión corresponden a España tal como está reflejado en el correspondiente acuerdo entre las naciones.

Este tipo de medidas obedecen a razones de política nacional ajenas al Programa (Contabilidad Nacional) y pueden tener consecuencias económicas desfavorables a la vez que perjudican la eficiencia en la gestión del EF2000
En cuanto al programa de aviones A400, también compartido con otros países europeos y con un enfoque destinado sobre todo comercial (se fabrican para enseñarlos y que terceros países compren este tipo de avión)
Entre las principales observaciones de este Consejo destaca la conveniencia de fortalecer los sistemas de auditoría interna de la Organización, dada su magnitud económica
6) Los programas “nacionales” de armamentos (no compartidos con otros países) son más irregulares si cabe
Los BAM de Navantia
Como ya señaló el Tribunal de Cuentas en el “Informe de fiscalización de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales, ejercicios 2009 y 2010” (nº943) la
inclusión de un beneficio a percibir por NAVANTIA S.A., en su condición de sociedad estatal, no resulta compatible con la configuración de las relaciones entre la Administración General del Estado y sus personificaciones instrumentales.
o bien
Algunas de las modificaciones de la orden de ejecución que disciplina este programa no fueron acompañadas de los informes preceptivos (II.3.1.3,modificaciones 2ª y 4ª)

y

La fórmula utilizada para la revisión de precios de este programa ha encarecido notablemente este concepto a pesar de que el Grupo de Evaluación de Costes, en el informe previo a la orden de ejecución, recomendó el uso de una fórmula alternativa entre las posibles, basada en un índice objetivo de revisión del precio de la mano de obra, como es el índice nacional de mano de obra, esto es, el que se aplica en los contratos de las Administraciones  Públicas

y, además, que el Estado ha perdonado a NAVANTIA todas las penalidades por demora (mala fabricación, retrasos) por estos programas

Pese a los retrasos que se han producido en la entrega de los distintos BAM, no se procedió a la imposición de las correspondientes penalidades por demora estimadas en  31.746.000€, habiéndose paralizado sin causa justificada los procedimientos para exigirlas
Irregularidades con los Leopard
En relación con el programa Leopardo, su régimen jurídico, tras la privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara, presenta ambigüedades de difícil interpretación creando cierta inseguridad acerca del marco que debe regir la vida de este contrato…Este Contrato Defensa INI, que tenía una vigencia de veinticinco años, es objeto de liquidación por mandato legal tal como contempla la Ley50/1998, de 30 de diciembre. Disposición Transitoria Tercera Liquidación de los Contratos entre los Ministerios de la Marina y de Defensa y el Instituto Nacional de Industria
La liquidación del Contrato Defensa INI nunca se llevó a cabo a pesar del mandato legal
La falta de cumplimiento del mandato del legislador a
las Administraciones para que éstas, en la esfera de su respectiva competencia, efectúen todos los actos y gestiones necesarias para que se lleve a cabo la liquidación formal del Contrato Defensa –INI relativo a Santa Bárbara, que debiera haberse ocupado de regular la nueva realidad, esto es que una empresa privada, la filial de la empresa norteamericana General Dinamycs Corporation (en la actualidad General Dynamics-European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas, S.A.), pasara a constituirse en contratista principal en el programa Leopardo, obligó a que continuaran aplicándose las normas contenidas en el RD de 3 de agosto de 1981, previstas para disciplinar las relaciones entre entes públicos, durante más de quince años, sin adaptación alguna, a fin de evitar el vacío normativo derivado de la derogación del citado RD de 1981 (II.3.2.1).
Deficiencias no corregidas a pesar de haber sido advertidas
En la orden de ejecución inicial constan deficiencias en materia de garantías contractuales que no fueron subsanadas, pese a haber sido puestas de manifiesto por la Asesoría Jurídica y la Intervención Militar en sus respectivos informes
lo que ha conllevado sobrecostes inadmisibles

Se han reconocido sobre costes en el programa por importe de 43.627.959,31€, derivados del incremento en los costes de producción de uno de los subcontratistas. Si bien es indudable que las circunstancias concurrentes en programas como el Leopardo exceden los cauces de contratación  ordinarios, concurriendo circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales, el Ministerio de Defensa debe extremar al máximo la planificación de este tipo de

programas a fin de evitar el impacto negativo de las vicisitudes surgidas entre el contratista principal y los subcontratistas
Se ha producido un exceso en la financiación recibida por GDELS-SBS S.A. que asciende a 18.819.275,33€, que se encuentra pendiente de regularización
7) También problemas con el personal que gestiona estos programas
se han detectado tres problemas principales en el área de recursos humanos de la gestión de PEAs,: la escasez de efectivos dedicados a la gestión de estos programas; la alta rotación del personal dedicado a esta gestión y la situación del personal militar que presta servicios en las Agencias internacionales NETMA y OCCAR
y
La gestión de programas especiales de armamento, que ha implicado más de 30.000 millones de euros en los últimos 30 años y que es una de las piedras angulares de la gestión económica del Ministerio de Defensa, con gran impacto en la industria nacional, se encuentra infradotada de medios humanos
Problemas de personal que se han intentado suplir con la chapuza de las encomiendas de gestión, absolutamente inadecuadas para este tipo de problemas, pero altamente lucrativas para las entidades “encomendadas” (casualmente los organismos autónomos militares y las empresas asociadas a defensa que así reciben un ingreso suplementario y extrapresupuestario)
Se han utilizado encomiendas de gestión para satisfacer necesidades de carácter permanente derivadas de la existencia de déficits estructurales de las plantillas militares
Lo cual, a su vez, conlleva descapitalización de recursos

De este proceder se deriva además el riesgo potencial … de descapitalización de las unidades administrativas que tienen atribuidas legalmente las competencias, al derivarse hacia los medios propios instrumentales los recursos que, en buena lógica, deberían ser destinados en aquéllas.

Todo ello unido al riesgo de excesiva dependencia de
los medios instrumentales, lo que implica que la operatividad de algunas unidades se vería comprometida seriamente si se prescindiera de la encomienda de gestión
y
A pesar de la magnitud de los recursos gestionados y del impacto en la gestión global del Ministerio, no existe un perfil de carrera profesional del personal que presta sus servicios en el ámbito de la Secretaría de Estado de Defensa…lo que implica que el personal que gestiona los programas se encuentre constantemente iniciando su formación para el desempeño de un trabajo altamente complejo debido a su naturaleza multidisciplinar y que sin embargo, debería ser objeto del máximo rigor y eficacia en su desempeño dado el elevado volumen de recursos públicos que consume
8) La necesidad de una auditoría integral e independiente para declarar la deuda ilegítima de estos programas.
El informe continúa realizando múltiples recomendaciones correctoras que permitirían mejorar la gestión y transparencia de estos programas, todas ellas sobre la base de la legitimidad de estos gastos de armas y de la deuda y empobrecimiento que nos generan.
Nosotros, en cambio, creemos que la actuación correctora que se necesita en este caso es drástica: auditar de forma independiente y rigurosa todos los créditos militares y los programas de armamento, en orden a:
  1. Cuantificarla por completo
  2. Valorar la necesidad de los programas de armas pactados por la casta
  3. Valorar su ilegitimidad y proceder a su cancelación y denuncia
  4. Dar a conocer públicamente a la sociedad la dimensión y realidad de la deuda militar y de los programas de armas
  5. Exigir las responsabilidades políticas y personales pertinentes para que los que han llevado a esta situación reparen a la sociedad por este saqueo.

El Constitucional anula los “créditos extraordinarios” a Defensa

Web

Por Roberto Latxaga

Fuente:  El País.

El Ministerio de Defensa hacía uso, hasta ahora, de un singular modo de disfrazar su gasto militar:  a lo presupuestado inicialmente en los presupuestos generales del Estado, le iba añadiendo diversas partidas “posteriores” que hacían que el gasto militar real se disparase respecto del inicial.

Esto ocurría con los pagos comprometidos a la industria militar para que fabricaran unos sistemas de armas que no podíamos permitirnos ni no servían para nada, en palabras de un subsecretario de Defensa, los famosos Programas Especiales de Armamentos.

Desde 2012 se publicaban, con nocturnidad y alevosía, reales decretos que, por razones “de urgencia y necesidad” autorizaban a dotar de créditos al Estado, con cargo a deuda pública, para con ellos satisfacer los intereses de la industria militar.  De este modo se han pagado (coincidiendo con el verano y las vacaciones) más de 4.390 millones de euros “extra” de desembolso, una fortuna especialmente gravosa en tiempos de recortes sociales.

Los Créditos Extraordinarios no han sido los únicos mecanismos ingeniosos usados por el Gobierno para “sobredotar” a Defensa.  Contamos también con partidas “plurianuales” que no aparecen en los presupuestos pero se pagan religiosamente en inversiones de armas, con créditos con cargo al “fondo de contingencia” con los que se pagan, bajo cuerda, las operaciones militares en el exterior y con otra serie de trampas que han hecho del presupuesto de defensa un campo minado de mentiras y opacidad.

Los partidos políticos de la “oposición” plantearon la nulidad de la fórmula de Real Decreto para estos créditos extrapresupuestarios, que ahora, el Tribunal Constitucional, ha declarado ilegales.

El argumento del Constitucional es que son créditos trampa y no responden a los fines de un Real Decreto, pues

no se puede deducir argumento concluyente que ampare la utilización del decreto ley, pues nada se argumenta sobre la extraordinaria y urgente necesidad”, que es lo que justifica su uso según el artículo 86.1 de la Constitución. Al contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció en su discurso de convalidación del crédito extraordinario que no se trataba “de dar cobertura a necesidades imprevistas”, sino de “proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”, y añadió que la Administración estaba obligada a “no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros”

SI embargo, la sentencia es ambigua.  No se pueden utilizar, pero se han utilizado.

Son nulos, pero las empresas “beneficiarias” de esta cacicada no tendrán que devolver el pastizal que les dieron, para lo que el Constitucional invoca el “perjuicio” de terceros y la “seguridad jurídica”, bonita manera de tirar el agua sucia de la palangana con el niño dentro.

Además el Tribunal Constitucional insinúa que bastaría con que el Gobierno hiciera una ley para pagar, “fuera de presupuesto” este tipo de compromisos militares para que se pueda seguir recurriendo a los créditos extraordinarios y, decimos nosotros, con ello esconder a la sociedad el verdadero y abrumador gasto militar asumido “en nuestro nombre” por la casta extractiva que, al hacerlo, actúa solo en su propio beneficio.

Es decir, el Constitucional condena pero, a la vez, no deshace el entuerto y, además, les da la fórmula legal para que todo siga igual.

De modo que un sí pero no. Todavía oímos las risotadas de Morenés y Montoro ante el fallo del tribunal.

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