Archive for PEAS

El Consejo de Ministros autoriza tres nuevos acuerdos con compromiso de gasto militar

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Por Carmen Alonso Suarez

Fuente: La Moncloa.

Luego dirán que nuestro gobierno no trabaja.

Hasta en el puente de la Constitución han celebrado un nuevo Consejo de Ministros, que alguien tiene que quedarse al frente mientras los demás sestean.

Y aprovechando el Consejo de Ministros del 7 de Diciembre, han adoptado tres medidas relacionadas con compromisos de gasto militar.

  • La primera, un acuerdo “autorizando el contrato de ejecución de obras de la quinta gran carena del submarino “Galerna” (S-71), por importe de 43.260.000 euros, que se distribuirán en cuatro anualidades, desde 2017 a 2020.

Nótese la sutileza de que de 2017 quedan exactamente 24 días desde el 7 de diciembre, lo que quiere decir que este dinero referido a 2017 o bien ya se lo han calzado o bien se lo van a pulir en los pocos días que quedan. ¿Dinero contemplado en los Presupuestos Generales del Estado?, ¿un nuevo compromiso extrapresupuestario?. No lo podemos asegurar.

En cuanto al beneficiario de este generoso acuerdo, es NAVANTIA, la  ruinosa y mimada empresa estatal en la que se va enterrando con tanta liberalidad el dinero de los contribuyentes para tapar la chapucera fabricación de ingenios tan innecesarios como caros e ineficaces. Pongamos por ejemplo los S-80 (actualmente renombrados S-81 Plus en un intento de olvidar que los S-80 originales no flotaban) que son (más bien el no tenerlos aún) el motivo de tener que gastar en la “quinta” gran carena del Galerna para que se mantenga a flote mientras llegan los esperados submarinos S-81 Plus.

La adjudicación se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en el Convenio entre el Ministerio de Defensa y la empresa NAVANTIA S.L., por ser el astillero de esta empresa en Cartagena el adecuado en España, por experiencia y capacidad, para acometer una obra de estas características.

  • La segunda, la autorización del “Acuerdo Marco para el desarrollo de actividades de apoyo al sostenimiento de las aeronaves de la Armada, así como los contratos derivados”, por un importe máximo de 47.040.000 euros, con una financiación distribuida en tres anualidades (2018-2020).

En este segundo caso, la pasta se le va a dar a empresas privadas, porque al parecer la Armada no tiene la preparación adecuada ni las instalaciones para llevar a cabo estos trabajos “complejos”.

Lo dice así el Consejo de Ministros:

Mediante este contrato se pretende paliar las carencias de personal para la gestión del segundo escalón de mantenimiento de aeronaves, que cuenta con un reducido espacio en sus instalaciones y falta de equipo, por ello se hace necesaria la contratación de empresas privadas, que disponen de la capacidad tecnológica, instalaciones, bancos de prueba y personal cualificado y experimentado necesario para realizar aquellas tareas más complejas.

En este segundo caso hay otra particularidad: el acurdo es prorrogable “por un período equivalente a su duración inicial”. Es decir, que en realidad no es para tres años, sino para seis, tres sutilmente condicionados a una prórroga que no dudamos que se ejercitará y que en realidad compromete gasto militar por este concepto para un período muy largo de tiempo, encadenando con ello las políticas de futuros gobiernos.

  • El tercer acuerdo hace relación a la celebración del “Acuerdo Marco para la adquisición de repuestos de vehículos Pizarro”, por un valor máximo estimado de 14.876.033´04 euros y duración de tres años prorrogables por otros tres.

Este mantenimiento también se adjudicará a empresas privadas, mediante concurso.

La explicación de la necesidad de este nuevo acuerdo que compromete por largo plazo gasto militar es la siguiente

Debido a la necesidad de continuar con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos “Pizarro”, y al objeto de conseguir un alto grado de operatividad por parte de las unidades en las que dichos vehículos se encuentran encuadrados, así como de disponer de dotaciones y niveles de repuestos en las distintas unidades, centros y organismos, usuarios y logísticos, responsables de su mantenimiento, resulta necesario proceder a establecer un acuerdo marco para la adquisición de piezas de repuesto para estos vehículos.

En total, tres acuerdos más a sumar al ingente gasto militar aprobado con presupuestos prorrogados, que suman otros 105.176.033´04 euros. y condicionan gasto militar al menos hasta 2020 (prorrogable).

¿Tendrán reflejo estos gastos “plurianuales” en las partidas de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que el PP parece que ya está pactando con PNV y Ciudadanos (no sabemos si alguien más)? Se admiten apuestas.

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Intercambiar deuda por salud; intercambiar armas por inversión social

Imagen de Pedro “Hasta que la deuda nos separe”

Fuente:  El País.

En cuán pocas ocasiones nos sentimos orgullosos de una política aplicada por el gobierno.  Y, sobre todo, si es del PP.

Y, acto seguido, una vez escrito lo anterior nos recorre un escalofrío de duda y de aturdimiento.  Nos es imposible controlar el impulso de pensar ¿dónde estará la trampa?, ¿qué será lo que ocultan?

En concreto la noticia dice que:

el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad español cancelará deudas por un importe total de 36 millones de euros. A cambio, los tres países (Camerún, República Democrática del Congo y Etiopía) destinarán un total de 15,5 millones de euros de fondos propios a programas de salud apoyados por el Fondo Global que, según su director de Relaciones Externas, Christoph Benn, “garantizará que el dinero se emplea de la mejor forma posible”. España es el tercer acreedor en sumarse a la iniciativa D2H, que ya promovió cinco acuerdos con Alemania y Australia entre 2007 y 2011 y que ha movilizado casi 200 millones de euros hasta la fecha.

Se cancela deuda a cambio de inversión en salud.  Increíble y maravilloso.

Un ejemplo de que las políticas “utópicas” que se proponen desde los movimientos sociales no son imposibles sino muy necesarias y reales, muy adaptadas a las necesidades y a las situaciones que se viven.

El acuerdo permitirá a Camerún invertir 9,3 millones de euros en programas contra el VIH; a Etiopía 3,2 millones de euros en iniciativas para reforzar su sistema de salud, y a RDC, 3,4 millones de dólares (en su caso el cómputo se hace en esta moneda) en programas contra la malaria. Un aspecto crucial de D2H es que el dinero procede de los propios países en los que se implementarán los programas. Según explica Benn, será el Ministerio de Economía de cada uno de los países africanos el que transfiera estos importes al presupuesto de la cartera de Salud. A partir de 2018, cada ministerio de sanidad implementará el proyecto correspondiente con el apoyo y la supervisión del Fondo Global, uno de los principales movilizadores de fondos en la lucha contra las tres epidemias en el mundo.

Este mecanismo de financiación innovador moviliza los recursos existentes en los países en vías de desarrollo y los canaliza hacia programas de salud nacionales que podrán mantenerse más allá del acuerdo de cancelación de deuda. Para este experto, un enfoque “mucho más sostenible que donaciones externas que se acaban en un momento dado”.

Las tres partes salen ganando, los países en desarrollo, el primer mundo y las agencias internacionales, veamos:

Dicho esto, el éxito de estos acuerdos trilaterales se basa en los incentivos que aportan a cada una de las partes. Un acreedor como España, por ejemplo, puede computar este canje como Ayuda Oficial al Desarrollo(AOD); donar unos recursos que de otro modo serían difícilmente recuperables, e implementar compromisos políticos en materia de salud global. Por su parte, los países beneficiarios reducen su deuda de inmediato y, como es el caso del presente acuerdo, pueden recibir un descuento en el importe a desembolsar como contrapartida. Además, pueden pagar en moneda local; aumentan la inversión nacional en salud pública y obtienen el estatus de donantes del Fondo Mundial. Este último también sale ganando en tanto que aumenta y diversifica los recursos disponibles para la lucha contra el sida, tuberculosis y malaria.

¿Se podrían multiplicar estas políticas?  ¿Se nos ocurre alguna manera más de llevarlas a cabo para lograr un mundo mejor?

  • Intercambiar armas que serían destruidas por inversiones en programas de salud, ecología, educación, medio ambiente, vivienda, en países en guerra o que han sufrido un conflicto bélico.  Esto supondrían una efectiva desmilitarización de muchos países, una bajad notable en los niveles de violencia y, por otro lado, defender lo que realmente se quiere defender en la sociedad:  salud, ecología, educación, …  Un mundo más desmilitarizado y con menos armas conllevaría un mundo más seguro para todos, incluidos nosotros.
  • Lo anterior conllevaría que nuestra indecente industria militar rebajaría sus ventas.  Ello también se puede tratar con este mecanismo, pero haciéndolo con carácter interno:  por ejemplo, destinar el millar de millones que anualmente gastamos en PEAS (Programas Especiales de Armamento) para que las empresas militares reconvirtiesen sus producciones hacia otros campos más sociales:  ecología, salud, educación, vivienda, …

Como se ve, no se piden imposibles, ni políticas que no estén adecuadas a la realidad social que vivimos, lo que se pide es un cambio de políticas que deja beneficios sociales para nosotros y para el Tercer Mundo, escenario elegido para probar nuestras armas en combate y poder venderlas a mejor precio.

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El Consejo de Ministros autoriza otros 28 millones de euros más de gasto militar

Secretaría de Cultura Ciudad de México

Fuente: La Moncloa.

Pues de nuevo nos tienen aquí. Con otra partida más de gasto militar aprobada en otro Consejo de Ministros posteriores a declarar la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y de congelar el gasto.

Otros 28 millones de euros más para Gasto Militar; porque para el Gasto Militar no hay frontera que no se rebase ni congelación que nos asista.

Ahora se trata de adquirir helicópteros de segunda mano de los EE.UU. como remedio temporal mientras nos “surten” de los helicópteros NH-90 comprometidos en otra astronómica compra de Programas Especiales de Armamento.

se ha optado por una solución temporal, como es la adquisición de helicópteros SH-60F “Seahawk”, procedentes de excedentes de la Marina de los Estados Unidos, previamente transformados a la versión de transporte de tropas.

La compra de estos helicópteros de segunda mano ha salido por un pico, pero no importa, que el dinero no es de los que comprometen el gasto, sino del callado y desinformado respetable, que lo traga todo. Nada menos que 68 millones de gasto, de los que 40 salieron de otro crédito aprobado en 2016 sin que nadie rechistara y los otros 28 salen ahora de esta nueva aprobación de gasto por la que nadie rechistará.

Y si indignante es este nuevo gasto militar, sorpresivo es de dónde va a salir el dinero. Ni nos lo podíamos imaginar. Nada menos que de las partidas (que por cierto financian con el fondo de contingencia en gran parte porque tampoco están previstas en los Presupuestos Generales del Estado) de operaciones de mantenimiento de la paz.

Este dinero camuflado es, por tanto, un doble camuflaje, un camuflaje del camuflaje, porque en principio es un gasto extrapresupuestario (primer camuflaje) que además no sirve para mantenimiento de paz (de donde sale la partida), sino para compra de helicópteros militares fuera de los presupuestos (camuflaje segundo).

¿Pero no habíamos quedado en que esta práctica no la admitía el Tribunal Constitucional para los PEAS?, ¿pero no se trata de un añadido algo rocambolesco al PEAS de los Helicópteros NH-90?, ¿pero desde cuándo las armas se adquieren con los presupuestos de operaciones de paz?, …

Y otro pero más, ¿qué encubre ese presupuesto de operaciones de paz, que tanto vale para comprar armas, como para revisar el armamento y poner a punto el material militar que no cuenta con presupuesto en los programas de mantenimiento del Ministerio de Defensa, o para adquirir gasolina?  Un presupuesto que, precisamente por su atipicidad, no cuenta con los controles que tienen otras partidas de gasto sin que nadie le ponga remedio a esta nueva anomalía.

Y es que esto es un sin parar.

¿Dejarán de sorprendernos?

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2´67 millones de euros más para el PEAS de los vehículos 8×8

Ad-hoc+Mosaics.

Allied Joint Force Command Brunssum

Fuente: La Moncloa

El Consejo de Ministros del 17 de noviembre permitió comprometer otra partida más de gasto militar para los programas especiales de armamento (PEAS).

En este caso encubierta en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

La nota del Consejo de Ministros dice así:

… se autoriza al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a celebrar con la Unión Temporal de Empresas denominada Indra Sistemas, S.A.- Santa Bárbara Sistemas, S.A.- Sapa Operaciones,S.L. (UTE vcr 8×8) una primera adenda al convenio de colaboración para la ejecución de programas tecnológicos asociados al futuro vehículo de combate sobre ruedas 8×8.

Esta nueva autorización aumenta la financiación del programa en 2.671.680 euros, hasta un presupuesto total de 91.969.680 euros.

Estos 91.969.680 €, maravíllense, son sólo para los 5 demostradores tecnológicos, según informa Infodefensa.  Suponemos que serán prototipos.  Y no está mal el asunto, cada prototipo o demostrador tecnológico nos sale por casi 20 millones de €.  Y aún no son operativos, ni nada.

La fase de producción está prevista para 2019.

También aumenta el plazo máximo de ejecución del expediente, que se extiende hasta el 2 de noviembre de 2018.  Es decir, otro nuevo atraso en la entrega de la industria militar que se caracteriza, con tozudez, por su impericia.

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Defensa no prevé de momento gastar en los F-35 americanos

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C Watts

Fuente: Agencia Europa Press.

A raíz de las noticias difundidas por diversos medios de comunicación con motivo de la visita de Rajoy al Presidente de EE.UU., afirmando que España tenía interés en comprar los carísimos F-35 para la Armada y el Ejército del Aire, una diputada de PDeCat hizo una pregunta parlamentaria, cuestionando esta supuesta inversión multimillonaria.

La respuesta del Ministerio de Defensa, como tantas otras que hemos visto antes, no tiene desperdicio y es un claro ejemplo de la falta de claridad con la que contestan a las pretensiones de control por parte de los diputados:

El planeamiento de recursos financieros y materiales del proceso de Planeamiento de la Defensa no contempla actualmente la inversión que se refiere.

Una respuesta que nos deja perplejos, pues en realidad responder, lo que se dice responder, responde. Pero eso sí, responde sin decir nada claramente, que es tanto como no responder.

Veamos:

  • ¿El hecho de que el planeamiento de recursos financieros no contempla este gasto, quiere decir que no es un gasto previsto?, ¿qué no es un gasto contemplado en algún otro sitio del Ministerio de Defensa?
  • La palabrita “actualmente” ¿quiere matizar la respuesta negativa?; ¿no lo contemplan actualmente, pero sí a futuro?
  • En definitiva, ¿se piensan gastar estos señores tan burocráticos y opacos en sus respuestas seis mil millones de euros (6.000 millones, que se dice pronto) en aviones de combate F-35?
  • ¿Han contado con alguien sensato para tal dispendio?

De los aviones F-35 ya nos encargamos en julio de este mismo año en una entrada de este blog, en la que denunciábamos los engaños y turbiedades que existían en las negociaciones y presiones para que las Fuerzas Armadas españolas se hagan con estos sofisticados, defectuosos y carísimos aparatos.

Ahora el Ministerio ha decidido zanjar el asunto (sobre todo para la opinión pública, para el debate social y para el Parlamento) “de momento”.

Inquietante.

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Nuevos datos corregidos sobre Gasto Militar en el Estado Español

La realización anual del estudio sobre el Gasto Militar que llevamos haciendo desde 2012 es un trabajo arduo por varias causas:

  • La dificultad de encontrar datos en el maremágnum de cifras que son los presupuestos
  • La dificultad de entender los presupuestos en sus múltiples presentaciones y con la terminología técnica que se utiliza
  • La voluntad política de ocultación de una gran parte del Gasto Militar
  • La falta de referentes políticos y económicos con criterios contrastados y consolidados. Dicho de otro modo, muchas veces pensamos que estamos abriendo brecha y que es muy fácil que cometamos errores.

Hoy tenemos que pedir disculpas por un error grave de concepto que ha supuesto que durante años, sin intención, nos equivocáramos con las cifras que hemos ofrecido.

Mucha gente ha confiado en nuestros análisis y criterios y nos sabe mal habernos equivocado.

El problema ha sido parte de la contabilización de la Deuda Militar.  Durante muchos años hemos defendido que el Estado genera Deuda Militar no sólo con las actividades del propio Ministerio de Defensa, sino con las de otros ministerios y partidas presupuestarias que contribuyen al Gasto Militar evaluado con criterio OTAN.  Ahora lo seguimos defendiendo.

Sin embargo, hemos de reconocer que hemos cometido un error de concepto al contabilizar como parte del Gasto Militar anual uno de los tres tipos de Deuda Militar que hemos descrito y cuantificado habitualmente.  Seguimos defendiendo que se deben computar en el Gasto Militar anual la deuda militar extraordinaria porque estos gastos se realizan fuera del presupuesto y, por lo tanto, han de sumarse a los gastos presupuestados.  En uno de ellos el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón y, por ello, el Ministerio de Defensa se ha visto obligado a aflorar los gastos en PEAS (Programas Especiales de Armamento) en su presupuesto de 2017.  También consideramos que se debe incluir en el Gasto Militar la parte militar de los intereses que genera la deuda que cada año es necesaria para poder ejecutar los presupuestos.

En cambio, pensamos que nos hemos equivocado al sumar también la que nosotros denominamos Deuda Militar Ordinaria porque ésta es la cuantía en la que nos hemos de endeudar para poder abordar los gastos presupuestarios de Defensa, con lo que queda reflejada en los gastos presupuestarios.

Resumiendo, e intentando solventar los errores que hemos cometido, os ofrecemos un resumen de las principales cifras del Gasto Militar español de los años 2015, 2016, 2017.  Y pedimos a toda la gente que ha confiado en nosotros disculpas, confiando en que, con juicio crítico, sigan valorando nuestro trabajo.

Una vez subsanado el error se puede comprobar que las cifras sobre Gasto Militar siguen siendo igualmente escandalosas y hacen necesario un control parlamentario y una auditoría independiente.

He aquí los datos corregidos:

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España apoya descaradamente al militarismo israelí comprando sus misiles contracarro SPIKE

Imagen de Pan American Defense

España desarrolla unos Programas Especiales de Armamento (PEAS) que están provocando una deuda gigantesca para el Ministerio de Defensa y para el Estado Español.

Hay muchas críticas a estos PEAS y a la forma que tiene el Ministerio de Defensa de proveerse de armas para sus impulsos intervencionistas en el extranjero.

Unas de ellas son la ética y las implicaciones internacionales de nuestras políticas.

Analizamos hoy la compra de 260 puestos de tiro y 2.600 Misiles contracarro de alcance medio SPIKE por un precio total de 364’69 millones de €, según Wikipedia el coste total será de 394 millones de €.  Se calcula que el coste de cada unidad ronda los 100.000 dólares USA.

En la hoja de servicio de este misil se declara que ha sido usado contra la Intifada.

Dicho programa adolece de uno de los defectos generales de los PEAS, el prolongadísimo periodo desde la toma de decisión, inicio del diseño, inicio de la producción, avatares varios que retrasan la fecha de entrega, etc.  Así, todo el proceso se dilata, en este caso desde 2005 a 2024.  Ello provoca, habitualmente, unos sobrecostes enormes.

Otro de los defectos habituales en los programas de Defensa, sobre todo en los PEAS, es el de que los pagos se suelen realizar por medio de partidas plurianuales, lo que supone un escondite perfecto para su seguimiento.

Una breve historia de los recorridos de esta colaboración militar hispano-israelí se pueden resumir así:

  • En 2002 General Dynamics – Santa Bárbara firma un acuerdo con Rafael por la que la contratista española se convertiría en el contratista principal de las ventas del Spike si era finalmente elegido.
  • En el Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2006, presidido por Zapatero, del PSOE, se decide invertir en el programa:  260 lanzadores y 2.600 misiles MR (Medium Range).  Se informaba que la industria nacional asumiría el 60 % del trabajo y que el pago se repartiría en 15 anualidades desde 2008 a 2022.
  • El 30 de noviembre de 2007 el Consejo de Ministros decidió comprar más Spike, versión ER (Extended Range), destinados a los helicópteros de ataque Tigre:  44 lanzadores y 200 misiles por 44’027 millones de € prorrateados entre 2007 y 2012.
  • El 29 de mayo de 2009 se entregaron al Ministerio de Defensa los primeros misiles.

Las empresas que participan en este programa de armamento son:

  • Global Dynamics/Santa Bárbara sistemas,
  • Rafael,
  • Tecnobit

Imagen de Dvircom

 

La empresa Rafael,  o Raphael, es una empresa que fabrica armas del Ministerio de Defensa israelí.  Tiene más de 7.000 empleados y se fundó en 1948.

Durante el principio de los años 1990 Rafael operó con pérdidas (con un pico en 1995, con pérdidas de $120 millones sobre una facturación de $460 millones); entonces se decidió reestructurar la organización para empezar a operar Rafael como una compañía. Inicialmente se crearon tres divisiones diferenciadas; cada una operando como un centro de beneficios, con una hoja de balance separada, a presentar al nuevo consejo de dirección.

La restructuración fue completada en 2002 cuando Rafael fue formalmente incorporada como sociedad limitada (a pesar de ser una empresa estatal), manteniendo sus capacidades tecnológicas a través de extensos programas de inversión en I+D (en torno al 10% de la facturación). En su primer año como sociedad limitada, Rafael obtuvo 37$ millones de beneficio sobre $830 millones de ventas.

Rafael tiene multitud de empresas subsidiarias en el mundo.  En Europa, a través del Holding ERCAS, de la que posee el 100 %, domina dos secciones militares:  Dinamit Nobel Defense (con el 100% de las acciones) y PAP Tecnos (con el 100 % de las acciones).

Una compra tan grande de misiles SPIKE supone un apoyo decidido al militarismo israelí y hace rentable a una de sus principales empresas armamentísticas, con lo que da alas a la política represiva de Israel sobre Palestina.

Nuevamente una decisión militar que influye en nuestra política exterior, que en principio se define como de apoyo a una solución negociada y no violenta en el conflictos israelo-palestino.

Damos con una mano lo que quitamos con la otra.

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Los helicópteros de ataque Tigre (cuestan 65 millones de €, por unidad) parados por su mala calidad

Imagen de Marin J. Gallego

Fuente:  Infodefensa.

La mala calidad de la industria militar es constante.  Ahora nos ocupa el caso de los ultramodernos helicópteros Tigre de los ,que en agosto de 2017, una de sus unidades del ejército alemán desplegada en Malí tuvo un accidente en el que murieron sus 2 tripulantes.

Parece ser que el accidente mortal se produjo por turbulencias al realizar vuelos a baja altitud.

Eurocopter, la empresa que fabrica los Tigre, ha aconsejado no realizar varios tipos de maniobras con estos aparatos.  Además, tanto los Tigre alemanes como españoles han estado parados desde agosto por falta de confianza en el aparato.

España dispone de 18 helicópteros Tigres (6 en la versión HAD y 12 en la versión HAP) en la base de Almagro, Ciudad Real.  Este es otro de los PEAS que están resultando un fracaso económico y militar y una deuda inmoral para nuestros bolsillos.

Ya ha habido protestas contra esta base y las actuaciones de dichos helicópteros:

Pero también queremos protestar porque Albacete se ha convertido desde hace algunos años en uno de los centros estratégicos de la guerra con la instalación en nuestra ciudad de la Escuela de Pilotos de la OTAN, la fabricación del Helicóptero de guerra Tigre y el campo de maniobras de Chinchilla.

Cada uno de los Tigre, que recordamos, son helicópteros de ataque,  va a costar a España, al menos, 65 millones de €.

Parece que dicho precio no asegura la propia vida de los pilotos.  Otro ejemplo más de la mala calidad de la industria militar, de la cual os aconsejamos que veáis más ejemplos en este enlace.

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Los números rojos de Navantia y el rescate de la industria militar hunden la SEPI y hundirán las regiones dependientes del monocultivo militar

Exponaval+2012

Por Jesús Fernández García

Fuente: EconomíaDigital

Del desastre sin paliativos ni excusas que es Navantia, la empresa mimada de la industria militar española, nos hemos ocupado por extenso a lo largo de años.

Desastre que tiene que ver con sus pérdidas de vértigo y su mala gestión, con su mala calidad, con su inmoral negocio en sí y con el trasiego de favores y puertas giratorias que soportan, contra viento y marea, la empresa pública con el dinero de todos y en beneficio de unos poquitos.

El Estado, amén de mandar de viaje a ministros, monarcas y otras autoridades menores y disponibles para que vendan los productos de Navantia, ha cooptado alcaldes y autoridades incompetentes (en la materia, se supone) para que, cerrando los ojos o tapándose la nariz, hablen parabienes de este negocio y ha comprado titulares periodísticos para que nos expliquen la gran mentira, un nuevo ejemplo de agnotología militar, de lo requetebueno que es vender armas de Navantia, aunque sea a Arabia Saudí, para nuestra seguridad y para bajar las cifras del paro.

Las terribles y engañosas cuentas de Navantia

Y de buenas a primeras nos enteramos por las cuentas anuales de 2016 presentadas por la SEPI que en 2016 Navantia acumuló (a pesar de las inmejorables ayudas públicas) unas pérdidas de 303 millones de euros, la mayor deuda de todas las empresas publicas españolas.

Navantia se convierte así en un agujero negro (y bastante opaco) que arrastra las cuentas públicas al desastre. ¿Hay que agradecérselo a alguien en concreto?

Según otro medio, las cuentas de Navantia implican que ésta está en una situación que obligaría a su disolución aunque han empleado un truco contable para evitarla.

Así informó a su vez a finales de junio Economía Digital.

Para más aclaraciones de la desastrosa situación de Navantia, la Oficina Nacional de Auditoría (órgano adscrito a la IGAE) dice  en su informe de auditoría de las cuentas de SEPI, páginas 4 y 5, que

En el informe de auditoría del Grupo Navantia, el auditor llama la atención sobre las notas 3 y 22 de la memoria, que describen la situación patrimonial del Grupo. El patrimonio neto a efectos mercantiles de la Sociedad Dominante del Grupo Navantia se sitúa en 23.393 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 y, por tanto, en situación patrimonial de disolución, en aplicación del artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, celebrado el 15 de marzo de 2017 aprobó la solicitud a SEPI, su accionista único, de un préstamo participativo por importe de 90.000 miles de euros. Con fecha 28 de marzo de 2017 ambas sociedades firmaron el contrato del referido préstamo, que ha sido desembolsado en la misma fecha. Considerando este préstamo participativo y teniendo en cuenta el patrimonio neto a efectos mercantiles, a 31 de diciembre de 2016, la Sociedad Dominante no se encuentra en causa de disolución, sí se encuentra en situación patrimonial de reducción de capital obligatoria, en aplicación del artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que durante el ejercicio 2017 la sociedad tendrá que tomar medidas tendentes a conseguir el equilibrio patrimonial.

Es decir, traducido al idioma autóctono de quienes ni sabemos de finanzas ni usamos corbatas y camisas de seda, Navantia debería disolverse, pero como el dinero es de todos y a sus administradores les cuesta muy poco, unos cuantos (casualmente los causantes y cómplices del desastre) han decidido auto-otorgarle a Navantia (osea a ellos mismos y a los intereses que representan) un préstamo para camuflar las cuentas y permitir un nuevo salto en el vacío, algo así como un rescate como los que salvaron el negocio de los accionistas de los bancos pero ahora aplicado a la industria militar (que también es casualidad que sea una de las que financia la banca armada).

Más deuda a nuestras costillas y más gasto militar

¿Significa eso que nos va a salir gratis la broma de este “reflote” (véase la metáfora marítima que elegimos para más rechifla) de la industria de muerte?

Pues no. Significa monda y lirondamente más gasto militar, porque ¿adivinan de dónde saldrá el pastuco del préstamo de camuflaje?

¿Han pensado que de los presupuestos? Pues acertaron. Lo dice así el diario La Información y nos pone sobre la pista para anotar en 2017 dinero camuflado de gasto militar en la SEPI y para vigilar el presupuesto de 2018, donde es previsible que vuelvan a repetir la jugada

En los Presupuestos Generales de 2017 se concede a la SEPI una aportación de 1.210 millones para avalar a sus diferentes empresas, una cifra idéntica a la de 2016. El Gobierno, además, prevé que la Sociedad estatal acabe el año en pérdidas, con un resultado negativo de 149 millones.

El desastre productivo de Navantia

Pero este aspecto económico no lo es todo en el caos de Navantia.

Su eficacia productiva es inigualable.

Navantia nos ha empobrecido vendiendo al Estado unos submarinos que no flotan y han debido ser revisados innumerables veces.

Revisiones que han implicado aumento de la factura de producción de los mismos y aumento de la factura de reparación de los actualmente en uso para alargar su vida útil hasta que los nuevos ingenios de Navantia tengan a bien emerger del fondo marino donde los sitúa la incompetencia del personal “altamente cualificado” del que alardea el escalafón militarista, desde la ministra hacia abajo.

En efecto, el inicial proyecto de submarinos de Navantia supondría un coste de 1.796 millones de euros, pero ya vamos, sumados los sobrecostes del propio submarino y los gastos que ha implicado para reparar los antiguos y mantenerlos en uso, 3.013 millones de euros, según informamos en febrero de 2017. Y según el Secretario de Estado en su intervención en el Congreso para informar sobre los Programas Especiales de Armamento del pasado 2016, estas cantidades sólo permitirán poner en el agua el primero de los cuatro submarinos previstos, sin que se sepa el coste de los otros tres restantes.

Pero los errores de diseño de Navantia no son exclusivos de su empeño en submarinos con sobrepeso y alcanzan a otros productos de la naval, como los barcos de la clase Camberra que quiere vender a Australia, o el BPE Juan Carlos I como ya explicamos en otra entrada de mayo de este año.

¿Qué suerte habrían corrido las comarcas de Cádiz, Ferrol y Cartagena si el dinero invertido en mantener Navantia se hubiera invertido en reconversión y desarrollo?

Las cifras no engañan. Navantia ha recibido varios miles de millones del erario público en concepto de ayudas, subvenciones y aportaciones para mantenerla en pié.

La sola suma de las pérdidas de Navantia en los últimos diez años (pérdidas que cubre el Estado al margen de las ayudas y encargos que realiza a esta empresa) es escalofriante, con una media anual de más de 250 millones de euros y sin un plan viable de salida.

La explicación que nos han dado es que con ello contribuían a la cuestión social de Murcia, Cartagena y Ferrol, ampliamente dependientes de la industria naval militar.

Muchos de los contratos de Navantia no han tenido una finalidad, dijo un anterior Secretario de Estado de Defensa, desde el punto de vista militar, pues lo “encargado” o no se necesitaba o se podía conseguir mejor fuera, sino industrial, para fortalecer el sector naval militar.

Si contabilizamos todas estas ayudas, subvenciones, dinero invertido en encargos, sobrecostes de sus productos y dotaciones de pérdidas ¿no podría haberse cortado la sangría antes e invertido todo este dineral tirado a la basura para desarrollar de forma alternativa estas regiones?

Lo militar ha supuesto para Cartagena, Murcia o Cádiz dependencia, no progreso ni desarrollo y mantener incólume esta dinámica no puede sino condenar a estas regiones a más dependencia y peor futuro.

¿Por qué nadie reclama ese cambio de rumbo?

Si de lo que se trata es de sostener la viabilidad de las regiones referidas, ¿por qué no se invierten los más de 300 millones de perdidas de Navantia no en mantenerla viva, sino en el desarrollo de estas regiones?

¿Por qué no se incentiva una reconversión radical de Navantia y sus tecnologías hacia fines socialmente útiles y sectores sostenibles?

La respuesta es más que sencilla. Porque lo que se busca no es el desarrollo de estas regiones, sino el negocio lucrativo de unos pocos.

Paro y Navantia

Las cuentas anuales de Navantia de 2016, bastante edulcoradas, por cierto, nos aportan un dato más:

  • La plantilla de Naviantia a 31-12-2016 era de 5.296 personas únicamente.
  • La cifra de negocio de Navantia en 2016 ha sido de 710´08 millones de euros.
  • El resultado de Navantia en 2016 ha sido de 229,74 millones de euros.
  • Las inversiones en inmovilizado durante 2016 han sido de 170 millones de euros.
  • El patrimonio de Navantia se ha contabilizado por valor de 341,29 millones de euros.
  • Ha obtenido donaciones y subvenciones (principalmente de la Comunidad de Murcia, el Ministerio de Industria y la UE) por importe de 3,9 millones de euros.
  • el pago total de personal ha sido de 311´36  millones de euros, lo que equivale a un sueldo medio de 58.791 euros, cifra que, a la vista de las tablas salariales de su propio convenio, no cobra ni siquiera el 10% de su plantilla y que sobre la cifra de negocio anual supone un 43% de aquella.

Estas cifras despejan, a su vez, la idea de que Navantia ofrece mucho trabajo, únicamente 5.296 personas en unas regiones que cuentan con una población parada de cerca de 200.000 personas en la región de Cádiz (un paro de más del 33% de su población activa), más de 130.000 personas en la región de Murcia (cerca del 20% de parados) y con un paro en la comarca de Ferrol de 6.100 personas, un 24% de su población activa.

Navantia no es, vistas las cifras, ni una solución parcial al paro desmesurado y producto de una ínfima inversión en desarrollo de estas regiones.

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17.163´86 millones de euros, ¿para qué?

Por Lanpernas 3.0

Fuente: Cuarto Poder

Les vamos a intentar contar “a lo fácil” (a ver si somos capaces) una historia entre truculenta y descabellada, a partes iguales, que pone en entredicho las entendederas de los que están al mando de la política española y también las nuestras, pues se nos queda cara de tontos.

Como ya es de dominio público, la industria militar es una verdadera bicoca para los que apuestan por ella, lo que incluye a los bancos y fondos de inversión que hacen sus apuestas de riesgo en ella, los accionistas que participan de las empresas del sector, los políticos que elaboran las leyes, y en el caso español, el propio Estado y su casta política adherida, que cuenta con un sector industrial propio en la materia y que colabora con la geopolítica impuesta por esa especie de organización de intereses para imponer la dominación y la violencia de la que somos socios.

Del terrorífico auge y de las expectativas tan halagüeñas de futuro de la industria militar, a escala planetaria, nos habla Diego Herranz en un artículo publicado en Público el día 23 de junio pasado que merece ser leído, en el que acaba informándonos de que la industria militar mundial espera nuevos pedidos equivalentes a 600.000 millones de dólares, la mitad del PIB español y el total que gasta EEUU en defensa en un año.

Pero ahora vamos a fijarnos en la pequeña escala local que nos corresponde, para hablar de tres de los programas de armas en los que España se enfrascó para dotar a nuestro ejército de potencia de combate de primera división.

Características comunes.

Empecemos por nombrar una de las características común a todos ellos. Los programas de armas españoles no se compran, como quien dice, como si un particular comprase una lavadora o una bicicleta, donde el comprador “encarga” el producto y lo paga a tocateja o a plazos, una vez se lo entregan y según lo pactado.

En el caso de los programas de armas, el Estado “anticipa” unas cantidades impresionantes como “créditos” a las industrias que van a fabricar (en plazos larguísimos) el “producto”. Después espera a que se lo entreguen para hacer el pago final descontado lo que “prestó”.

Es un modelo un tanto peculiar de funcionar, pero lo es más aún porque el Estado en realidad y como hemos denunciado desde 2012 , ofrece estos créditos a interés cero, lo que tiene como segunda consecuencia que somos los ciudadanos los que pagamos el interés o la depreciación del dinero prestado.

Otro pequeño detalle: para eludir que estos créditos contabilizaran como “gasto militar”, los mismos los otorgó (sigue otorgándolos en los otros programas de armas) Industria y no Defensa, con lo cual aparecen como un apoyo a la industria y no como una inversión y un gasto en armas.

La idea y el compromiso de estos créditos a interés cero, según dice el artículo que comentamos, fue de Serra Rexac (ministro de Defensa indistintamente con el PSOE y luego con Aznar y un hombre muy vinculado a la industria militar) y luego mejorado por Pedro Morenés, secretario de estado y luego ministro sucesivamente con Aznar y Rajoy (con un período intermedio presidiendo industrias militares y un destino actual en EE.UU, como veremos algo muy estratégico para conseguir contratos militares para España).
Podríamos decir que estos tres, Serra Rexac, Aznar (el de las Azores) y Morenés, componen un trío (a Aznar parece que le va lo ternario), en este caso, el trío calaveras de la Defensa.

Sigamos por una segunda característica común. Los programas de armas a los que nos referimos sufren retrasos innumerables y exagerados en la “entrega” del “producto”, pero estos retrasos no implican “penalizaciones” para el fabricante, no porque no las contengan los contratos firmados, sino porque el Gobierno se las perdona a estas industrias, algo de lo que se ha quejado el propio Tribunal de Cuentas .

Podríamos explicar una tercera característica, común a los programas que comentamos y a otros muchos programas militares. Su diseño y fabricación es chapucera a no poder más, y los “productos” tienen múltiples errores y fallos que, por cierto, acaban costándonos más, ya que las ingentes inversiones realizadas en estos sistemas irían a la basura (en teoría con el descrédito de los políticos que los encargaron, aunque solo en teoría porque nunca pasa nada) si se cancelaran o se rescindieran los contratos.

Aunque… ¿No sería una solución más económica y justa?.

EF2000

Pues bien, vayamos al primero de los grandes contratos para la aviación española, el avión de combate europeo EF2000.

España ingresó en el consorcio Eurofighter GmbH en 1983 con otros tres países más (Italia, Alemania y Reino Unido) para diseñar y fabricar el futuro avión europeo de combate : en principio, el avión tendría la doble misión de dotar a las fuerzas armadas de cada uno de estos países de aviones de combate (Reino Unido 232 aparatos, Alemania 180, Italia 121 y España 87) y de vender a “terceros” el avión así diseñado.

La inversión comprometida (y al parecer desembolsada) de España ha sido de 10.795 millones de euros (según Wikipedia ) o de 10.629´86 (según Cuarto Poder), aunque después, y dados diversos problemas de fabricación, retrasos, mejoras y sobrecostes de los aviones, España ha acordado con el consorcio recibir sólo 70 aparatos (ya tiene 61 en su poder y los 9 restantes irán saliendo antes de finalizar 2018) por el mismo precio comprometido, los casi 11.000 millones de euros.

Es una suerte que no somos capaces de valorar, porque nunca hemos sido capaces de apreciar el enorme logro de conseguir comprar algo por un precio y que nos den algo más caro pero en menor cantidad de unidades de las comprometidas. Pongamos por ejemplo, que te compras una bici por mil euros, y te la dan por 1.200 pero sin una rueda.

Veremos si somos capaces de hacernos unos ligeros cálculos. Acaso seamos capaces de entender mejor este apartado de la negociación.

Con los 84 aviones comprometidos, al precio de 10.629´86 millones de euros (pongámonos en el escenario más modesto), cada avión de combate de estos nos costaría 126´54 millones de euros, una cantidad desmesurada que acaso diera para construir varios colegios o para zanjar grandes problemas sociales.

Pero si finalmente recibiremos 70 en vez de 84, el precio por aparato será de al menos 151´85 millones de euros, algo que resulta escandaloso.

Doblemente escandaloso porque, opinamos, para poder “recuperar” este enorme dispendio económico, a los estados consorciados no les quedará otro remedio que emplearse a fondo en buscar compradores de otros aparatos de estos para que financien nuestra defensa con los beneficios de la venta de estas armas. Es decir, fomentar la inestabilidad, el armamentismo, el militarismo, la venta de armas… como lo quieran llamar.

Un problema añadido: el avión tiene toda la pinta de ser una castaña pilonga, y la mayoría de los ejércitos, incluidos los consorciados, empiezan a valorar el hacerse con aviones americanos F35 en detrimento de estos aviones. España, entre otros, está mirando precios de estos aviones americanos (y aquí sale por segunda vez Pedro Morenés, flamante embajador español ante EEUU, ¿curioso?).

A-400

Vayamos al segundo gran negocio, los A400M, un avión de transporte también europeo, fabricado por el consorcio Airbus (con capital de España, Alemania, Francia y Reino Unido).

Igualmente planearon hacer un “avión europeo de transporte” con la doble finalidad de dotarse de estos aparatos y de venderlos al resto del orbe.

La planeación y el diseño del avión ha sido catastrófica, con fallos en los motores y la aviónica, hasta el punto de haberse causado muertos. Los retrasos acumulados en la entrega son de más de cuatro años, con sus consabidos sobrecostes. Ahora resulta que el diseño que se hizo del avión no tuvo en cuenta uno de sus principales cometidos: cargar y descargar personas y cosas. Las puertas diseñadas para ello son pequeñas y mal diseñadas, los soldados no pueden saltar en condiciones… Osea.

El coste inicial para España era de 4.332´54 millones de euros para obtener 27 de estos aviones. Al final los aviones se han encarecido un poco y España recibirá (de momento sólo tiene uno) 14 aviones, eso sí, al precio de 5.019 millones de euros, unos 700 millones más caro por 12 aviones menos, todo un negocio por el que no sabemos a quién hay que felicitar en concreto.

Eso sí, tendremos la suerte de que estos aviones se entregarán con menos capacidades de las inicialmente previstas, aunque la empresa se compromete a realizar en el futuro el “retrofit” (suponemos que una adaptación) de los aparatos para que alcancen la configuración final sin ningún coste adicional. ¡menos mal!.

De modo que, suma y sigue: si antes el precio por avión era de 160´5 millones de euros, ahora, que tendremos además menos aviones y sin “retrofrit-ar”, ha subido a 185´88 millones. De nuevo cantidades impensables con las que podríamos abordar múltiples problemas sociales secularmente desatendidos o infradotados.

Los helicópteros Tigre

Se fabrican a partir de un inicial consorcio constituido por MBB (alemana) y Aéroespatiale (francesa), por AIRBUS , donde participa también España y Reino Unido.
Como no podía ser menos, España pidió 18 de estos helicópteros por los que iba a pagar 1.353,5 millones de euros, que después de diversos retrasos y complicaciones, han acabado pasando a ser 1.515 millones de euros, o, lo que es lo mismo, de los 74´19 millones de euros por helicóptero a los 84´16 millones de pago final (eso sí, después de renunciar, para no encarecer todavía más, a la adaptación de los 6 comprometidos en el contrato inicial por el motor).

17.163,86 millones de euros ¿para qué?

Si nos tomamos el pequeño esfuerzo de pedir la cuenta, como en el bar, nos sale que estos tres desastrosos programas que han comprometido en nuestro nombre el trío calaveras y sus adláteres, han costado nada menos que la friolera de 17.183,86 millones de euros, una cantidad abrumadora que equivale a lo que se gastó Europa en control migratorio en 2016 , un año caliente en desplazamientos humanos y en la política represiva de Europa en la materia, o el equivalente a más de 100 veces el gasto presupuestario del Plan Nacional de Drogas previsto para 2017 o en igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, más de 200 veces lo gastado para el mismo período para atención a la infancia y a las familias, más de 50 veces lo gastado en promoción y servicios a la juventud o en prevención de violencia de género, más de 30 veces lo que se destina a la Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad… y así, suma y sigue.

Pero siendo la cifra tan escandalosa, lo más grave no es la cifra.

Lo grave, lo principalmente grave, es que estos aviones, en realidad, para lo que valen no es para defender a España de amenazas a su integridad. Son armas de “proyección”, de largo alcance, es decir, de ataque a muchos kilómetros de nuestras fronteras, donde, por cierto se usan y van a seguir usándose.

Son los aviones que nos convierten en una potencia intervencionista, en un aliado de la nefasta política militarista occidental.

Gastamos mucho. Gastamos mal. Derrochamos. Pero sobre todo, gastamos en imponer un orden militarizado e injusto que nos envilece, que nos devuelve nuestra peor imagen, que causa un sufrimiento inconmensurable allá donde participa nuestro militarismo y que, como rebote, vuelve a nosotros en forma de mayor inseguridad e inestabilidad mundial.
Eso sí, para que se enriquezcan unos cuantos en nuestro nombre y con el silencio cómplice o desinformado de la inmensa mayoría.

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