Archive for Ministerio de Hacienda y militarismo

Nuevo convenio Defensa-Hisdesat: el satélite Paz nos costará desde 2016 a 2023, al menos, 1’38645 millones de €

Imagen de Hisdesat

Fuente:  Derecho.com

Se ha publicado el 24-11-1027, por lo tanto con un mes de retraso:

Suscrita el 23 de octubre de 2017 la Quinta Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la empresa Hisdesat, Servicios Estratégicos, S.A., para el desarrollo e implantación de un sistema de observación de la tierra por satélite gubernamental con tecnología radar (Satélite Paz)

El convenio es continuación del primero que se firmó el 25 de febrero de 2008.  Sus cláusulas nos informan de que:

Primero.

Que el «Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la empresa Hisdesat, S.A. para la definición e implantación de un sistema de observación de la tierra por satélite gubernamental con tecnología Radar» en su apartado 2.3 establece que las anualidades se ajustarán al calendario real de lanzamiento y a la entrada en operación del satélite.

Segundo.

Que con escrito de fecha 18 de marzo de 2016 Hisdesat comunicó al Ministerio de Defensa que se había producido un nuevo retraso en la fecha de lanzamiento del satélite y que no se iba a precisar presupuesto para la compra de imágenes en la anualidad de 2016.

Tercero.

Que durante 2016 han continuado los retrasos en la autorización administrativa del lanzamiento de PAZ hasta el punto de que las propias autoridades de la Federación Rusa recomendaron la búsqueda de un lanzador alternativo. Hisdesat finalmente ha contratado un lanzador alternativo para lanzar PAZ, cuyo lanzamiento está previsto en el segundo semestre de 2017, lo que ha dado lugar a que ambas partes planteen modificar de nuevo el calendario previsto y que sea necesario adaptarlo a la nueva planificación de cumplimiento de los hitos del programa.

Cuarto.

Por las razones expuestas, ambas partes consideran necesario realizar una nueva reprogramación de pagos mediante la formalización de la presente adenda al Convenio Marco, de forma que no se contemple desembolso de fondos del presupuesto de Defensa en pago por un servicio hasta el año 2018 y se extenderá hasta la anualidad 2023, sin que suponga ni incremento de gasto ni de años de servicio.

Por todo lo que antecede, ambas partes

ACUERDAN

Primero.

Modificar el apartado 2.3 del Acuerdo Marco de Colaboración de fecha 28 de febrero de 2008, que queda redactado como sigue:

Los importes máximos a abonar por el Ministerio de Defensa a Hisdesat por dicha utilización se establecerán por Acuerdo Económico Específico de acuerdo al perfil de pagos siguiente, sin que los mismos puedan exceder los importes máximos anuales reflejados:

Como siempre, la terminología que utiliza defensa en sus contratos roza lo esotérico.  No entendemos qué es eso de los perfiles propuestos.

Pero sí nos parece claro que lo que ha hecho Defensa, ante los continuos retrasos de la empresa Hisdesat, otro ejemplo de la mala calidad de la industria militar, ha sido retrasar, también, los pagos durante 3 años más.  Parece que sin aumento en el coste.

Recordamos que Hisdesat tiene como principal accionista a la operadora de satélites de comunicaciones Hispasat (43%), la sociedad pública perteneciente al Ministerio de Defensa, ISDEFE (30%), AIRBUS Defence & Space (15%), INDRA (7%) y SENER (5%).

Además, recordamos que ISDEFE es 100% una empresa pública y que Hispasat tiene parte del accionariado con capital público:  el 7’41 de la SEPI (Ministerio de Hacienda y Función Pública) y el 1’85 del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industria (CDTI), del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

El satélite Paz nos va a costar desde 2016 a 2023 la friolera de 133’1 millones de €, es decir, 16’6375 millones de € anuales.  Es decir, 1’38645 millones de € al mes para tener un satélite cuya principal función es el espionaje militar.

¿No habríamos preferido gastar en otros gastos sociales mucho más urgentes?

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Gasto militar español 2017 revisado: 34.068’29 millones de €, 4’46 veces el gasto militar oficial

Fuente:  Elaboración propia.

Llega el momento de elaborar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.  Para ello es necesario que en los debates nos ocupemos, aunque sólo sea un rato, en recordar que muy lejos de lo que se dice en los informes oficiales de que España sólo gasta 7.638’54 millones de € en el Ministerio de Defensa, nuestros datos dan fe de que realmente el Gasto Militar español para 2017 va a ser, siguiendo los criterios contables de la OTAN, de, al menos, 34.068’29 millones de €.

La diferencia entre ambas cifras:  26.429’75 millones de € es Gasto Militar escondido en otras partidas presupuestarias, en otros ministerios, en gastos extrapresupuestarios, en la deuda militar, etc.  Es decir, el gasto militar real es 4’46 veces el gasto militar oficial.

¿No es necesaria una auditoría independiente de este gran engaño del Gasto Militar?

Gasto militar 2017 revisado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Objeción fiscal al Gasto Militar, una acción directa que crea nuevos horizontes de paz

Imagen tomada de cordopolis.es

Fuente:  Rebelión.

La realidad nos ofrece dos versiones que hay que comparar.

La primera es la militarista:

la objeción al gasto militar es una campaña de desobediencia civil que busca cada año abrir un debate social sobre el gasto militar, las prioridades económicas de la sociedad y un modelo de defensa no basado en las estructuras y la ideología militares. Los grupos antimilitaristas como antimilitaristas-moc proponen a las personas contribuyentes que quieran expresar su rechazo al militarismo, la guerra y sus preparativos, que hagan un gesto simbólico pero desobediente en su declaración de la renta, y se nieguen a pagar un porcentaje de sus impuestos, desviando la cantidad a proyectos sociales, solidarios y ecológicos que defienden la naturaleza y la sociedad frente a sus verdaderas amenazas.

La objeción al gasto militar cuestiona el actual modelo de defensa, militarista, que prioriza la preparación para la guerra, como se refleja en los Presupuestos del Estado, que para 2017 destinan 33.762’4 millones de euros para finalidades estrictamente militares (92,5 millones diarios o 725€ per cápita). El presupuesto del Ministerio de Defensa sólo representa el 23% de esta cifra, y el resto, más de tres cuartas partes, se encuentra escondida en 12 de los 13 ministerios restantes. Esto supone casi el 3% del PIB y el 9,8% de los PGE y generará una deuda de 17.271 millones de euros.

El gasto realmente ejecutado es siempre superior a la presupuestada (un 19% de media en los últimos años). Teniendo en cuenta los datos de años anteriores, el gasto militar ejecutado podría llegar a los 36.000 millones de euros.

Estas cifras podrían ser todavía más abultadas si se hace realidad lo que anunció hace unas semanas la actual ministra de Defensa, Mª Dolores de Cospedal: que el gasto del Ministerio de Defensa se multiplicaría por dos en los próximos años para hacer frente a los pagos de los Programas Especiales de Armamento (PEAs). Estos programas llevan acumulada una deuda de cerca de 21.000 millones de euros que se tendrán que satisfacer en los próximos años por la compra de tanques Leopard, aviones de combate Eurofighter, helicópteros Tigre, y aviones de transporte A400M, entre otros.

La segunda es la de los recortes en los gastos sociales:

En comparación con todo el anterior, por ejemplo, los recortes en gasto público (sanidad, educación, pensiones, paro, etc.) previstas para 2013 fueron de 39.000 millones, el tratamiento de los enfermos de hepatitis C supone 727 millones, el gasto anual en las prestaciones del desempleo supone unos 26.000 millones, la sanidad pública ha sufrido recortes de casi 10.000 millones, y la educación de 7.000 millones, y el rescate bancario se llevó cerca de 100.000 millones de las arcas del Estado.

Algunas personas de hondas convicciones han optado por revertir, en la medida de sus posibilidades, esta situación y han elegido hacer objeción fiscal al gasto militar.  Con ello, una pequeña parte de sus impuestos han ido a parar a fines sociales en lugar de contribuir al gasto militar:

La cantidad total desviada por estas cinco persones en los últimos años ha sido de 1704€, y los destinos que han ido eligiendo han sido Mujeres de Negro contra la guerra, Organización Femenina Popular-Mujeres por Paz (Colombia), Radio Klara, antimilitaristas-moc y Valencia Acoge.

No lo han escondido, lo han declarado pública y abiertamente en sus declaraciones de la renta.

Ahora

Pepa Pretel (profesora jubilada de 73 años), María Pagán (trabajadora de Correos de 46 años), Maribel Muñoz (técnica de laboratorio de 53 años), Josetxu Marcos (fotógrafo de 46 años), y Santi Almiñana (auxiliar de laboratorio de 51 años), que ahora se enfrentan a un expediente abierto por la Agencia Tributaria llevan años con esta práctica: cada temporada calculan qué parte de sus impuestos es destinada por el gobierno español a comprar material de guerra y financiar la industria militar, y dejan de pagar una pequeña parte para destinarla a finalidades que, según ellas, defienden mejor los intereses de la mayoría de la población. Es lo que se conoce como Objeción Fiscal al Gasto Militar, campaña colectiva de desobediencia civil promovida desde varios colectivos a la que anualmente se suman centenares de personas en todo el Estado Español.

La Agencia Tributaria ha reclamado a cinco persones dinero del presupuesto militar que éstas han sido desviando a finalidades sociales.

Unos son ciudadanas de bien y otros, en este caso, la Agencia Tributaria, son parte colaboradora del sistema militarista español y, por lo tanto, sus actuaciones deberían ser consideradas como parte del Gasto Militar español.  Nuestra solidaridad con las primeras y nuestra denuncia contra la Agencia Tributaria.

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¿Exenciones a las empresas militares de los PEAS?

Imagen de .Bambo.

Como nos viene pasando habitualmente en los temas de Defensa, no salimos de nuestro asombro.

Leemos en Defensa.com que Cospedal ha conseguido algo que nos parece un nuevo privilegio militar:

Si bien, ha habido otra noticia en materia económica digna de mención:  Defensa ha conseguido que el Gobierno imponga una excepción fiscal a las empresas de Defensa adjudicatarias de los 18 PEAS con el fin de evitar que sean embargadas por Hacienda.  El Ministerio amenazaba con esta medida extrema ante la imposibilidad de aquellas para hacer frente a sus obligaciones con el Ministerio de Industria por los retrasos en los pagos, a su vez, del Ministerio de Defensa.

Vemos que cita a otra fuente y recurrimos a ella:  El Confidencia.com, que en su noticia “Cospedal, ‘cautiva y desarmada’ ante Hacienda para pagar compras de Defensa” subtitula:

El Gobierno ha impuesto una excepción fiscal para evitar embargos contra las empresas públicas de armamento que deben a Industria lo que Defensa no les paga a ellas

Hemos buscado en

Y no hemos encontrado tal norma.

¿Lo están haciendo en secreto?  ¿Es un globo sonda?  ¿Es un bulo?  ¿Es un error?

Si fuese realidad, habría que leer tal norma para ver:

  • cómo fundamentan este nuevo privilegio a la industria militar
  • qué conceden a la industria de la muerte, en concreto.

Por ahora no hay noticias claras. Todo muy extraño.

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Corrupción militarista en Defex

Imagen de Defex

Imagen de Defex

Fuente:  El Mundo.

Son varias las veces que hemos tratado el caso de DEFEX en este blog.  Y, según parece, más serán las que lo trataremos.

Defex es

una empresa constituida en el año 1972, tiene como objeto social la promoción y exportación de bienes y servicios de empresas españolas.

DEFEX es una sociedad mercantil estatal participada mayoritariamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En su Consejo de Administración están representados el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de SEPI, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Defensa y diversos accionistas privados.

El caso DEFEX ha dado tantas vueltas que no nos vendrá mal hacer un breve repaso, de la mano de El Mundo:

En 2012, las autoridades de Luxemburgo preguntaron a España por unas transferencias por valor de 41 millones desde una cuenta bancaria conjunta de Defex y la empresa Comercial Cueto 92, con la que Defex ejecutaba un contrato de venta de armas a la Policía angoleña.  El fiscal anticorrupción Conrado Sáiz abrió diligencias de investigación en febrero de 2013, y en julio de 2014 se judicializó el caso, que recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que dirige José de la Mata.  El contrato de Angola era de 153 millones de euros. De ellos, unos 100 fueron de beneficio, pero cerca de 70 se desviaron a empresas pantalla y paraísos fiscales. Beatriz García Paesa, sobrina y mano derecha del espía Francisco Paesa, fue la que creó sociedades en paraísos fiscales para ocultar el dinero.  Todavía se está investigando quién se quedó con el dinero. Al menos una parte muy sustanciosa fue a manos de Juan Carlos Cueto, responsable de Comercial Cueto 92, la empresa que vendía las armas en Angola de la mano de Defex. Él, al igual que Beatriz Paesa, es uno de los imputados en el caso.

Defex, así, consiguió el honor de ser la primera empresa pública en ser imputada en una investigación penal.

Parece ser que los altos cargos de Defex siguen siendo purgados y despedidos, discretamente por la empresa, debido a las auditorías, el trabajo de Anticorrupción  y los escalofriantes informes forensic de PriceWaterhouseCoopers y Deloitte.

Las comisiones medias en los contratos que ha intermediado Defex desde 2008 y hasta 2014 -en que entró en sus instalaciones la Guardia Civil por orden judicial- son del 8% para los agentes contratados y del 9% para la empresa pública. Es decir,pellizcazos del 17% que suponen 57 millones sobre un total de 340

defex-pellizcos

Como se ve, los pelotazos que se daban en Defex son de tal cuantía que en ocasiones el proveedor real

se queda con menos del 50% del dinero del contrato.

¿Quiénes son los responsables de estos desaguisados?

Los accionistas de este engendro son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), con un 51% del capital, seguida principalmente de las privadas Maxam Expal, con un 20%, e Instalaza, con un 10%. En los órganos de gobierno de ambas participan o han participado importantes personalidades de la vida española y de confianza del Rey Emérito como Jaime Carvajal en Maxam o del actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Instalaza.

El representante de Maxam Expal en el consejo de Defex es nada menos que el ex jefe del Estado Mayor de la Armada, Francisco Torrente, también muy próximo al padre del actual Monarca. También figura el presidente de Maxam, José Fernando Sánchez Junco, ex director general del Ministerio de Industria con el PSOE. Además, hay en el consejo representantes de Exteriores, Defensa y Economía

Es desolador. El presidente más longevo de Defex durante décadas, José Ignacio Encinas, fue detenido en una primera fase de la investigación iniciada en 2014, aunque ya había sido relevado dos años antes al llegar al poder el PP. La Sepi nombró presidente de Defex en 2012 a Fernando Aguilar con el respaldo de su cuñada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Aguilar, que había sido antes delegado en la oscura delegación de Singapur, terminó siendo también relevado en 2015 y se encuentra imputado desde este verano en la segunda fase de la investigación. En el entorno de la dirigente del PP aseguran que la relación con su cuñado es inexistente desde hace algún tiempo.

¿No sabían nada estos responsables políticos y económicos?, ¿se han enterado por la prensa?

¿Se pedirán responsabilidades políticas y penales a alguno de ellos?  ¿Alguien de la SEPI, y por lo tanto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá alguna responsabilidad por ser socios mayoritarios, la tendrá su ministro Montoro?  ¿La tendrán los Ministerios de Defensa, Exteriores o del de Economía, es decir, Morenés, García Margallo o Guindos?

Pero el caso Defex parece infinito.  Al menos son infinitas las ganas de lucro de algunos de sus empleados.  Nos cuenta El Diario que

Un juzgado de Madrid ha obligado a la empresa semipública de exportación de material militar Defex (que tiene al Estado como mayor accionista con el 51%) a readmitir a un exdirectivo imputado en la Operación Angola por un presunto fraude en una operación de venta de armas a ese país por importe de 152 millones de euros.

El directivo en cuestión es Manuel Iglesias Sarriá Fernández de Navarrete, exdirector de Operaciones de Defex. El pasado 1 de octubre, Defex procedió a darle de alta en la Seguridad Social, aunque su reincorporación efectiva no se produjo hasta el lunes 10 de octubre. A Iglesias prácticamente no le dio tiempo a encender el ordenador: ese día se le entregó la carta de despido, según fuentes al tanto del proceso.

Ingeniero de Telecomunicaciones y primo carnal del cantante Julio Iglesias (su padre era hermano del doctor Julio Iglesias Puga, alias Papuchi), Iglesias Sarriá llevaba trabajando en Defex desde 1990 y en enero de 2013 fue nombrado director de Operaciones, bajo dependencia directa del entonces presidente de la compañía, Fernando Aguilar Viyuela.

Aguilar, que es cuñado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue presidente de Defex desde 2012 hasta mayo de 2015, cuando fue sustituido por el teniente general del Ejército Juan Carlos Villamía.

Pero no nos engañemos.  Este no es un caso puntual en la Administración del Estado.  Es un caso estructural porque hay que preguntarse para qué sirven las empresas y organismos autónomos del Estado.  ¿Cuál es su función si los trabajos que realizan los podrían, y deberían, hacer los funcionarios en los propios ministerios?  En muchas ocasiones hemos dicho que los Organismos Autónomos militares deberían cerrarse porque parece que su función sólo es doblar gestiones y sueldos y esconder las responsabilidades de gestión directas del Estado a través de sus ministros.

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