Archive for militarismo e impuestos

Gasto militar español 2017 revisado: 34.068’29 millones de €, 4’46 veces el gasto militar oficial

Fuente:  Elaboración propia.

Llega el momento de elaborar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.  Para ello es necesario que en los debates nos ocupemos, aunque sólo sea un rato, en recordar que muy lejos de lo que se dice en los informes oficiales de que España sólo gasta 7.638’54 millones de € en el Ministerio de Defensa, nuestros datos dan fe de que realmente el Gasto Militar español para 2017 va a ser, siguiendo los criterios contables de la OTAN, de, al menos, 34.068’29 millones de €.

La diferencia entre ambas cifras:  26.429’75 millones de € es Gasto Militar escondido en otras partidas presupuestarias, en otros ministerios, en gastos extrapresupuestarios, en la deuda militar, etc.  Es decir, el gasto militar real es 4’46 veces el gasto militar oficial.

¿No es necesaria una auditoría independiente de este gran engaño del Gasto Militar?

Gasto militar 2017 revisado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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No colabores con las guerras, haz objeción fiscal

Estamos en la época:  calor, declaración de la renta y objeción fiscal al gasto militar.

Para animaros os proponemos este vídeo:

Como veis, son muchas las razones para hacer objeción fiscal al gasto militar.

Ánimo y a rellenar la casilla 548.

Más información en www.nodo50.org/objecionfiscal/

Asesoramiento directo en retirada@pangea.org

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Objeción fiscal al Gasto Militar, una acción directa que crea nuevos horizontes de paz

Imagen tomada de cordopolis.es

Fuente:  Rebelión.

La realidad nos ofrece dos versiones que hay que comparar.

La primera es la militarista:

la objeción al gasto militar es una campaña de desobediencia civil que busca cada año abrir un debate social sobre el gasto militar, las prioridades económicas de la sociedad y un modelo de defensa no basado en las estructuras y la ideología militares. Los grupos antimilitaristas como antimilitaristas-moc proponen a las personas contribuyentes que quieran expresar su rechazo al militarismo, la guerra y sus preparativos, que hagan un gesto simbólico pero desobediente en su declaración de la renta, y se nieguen a pagar un porcentaje de sus impuestos, desviando la cantidad a proyectos sociales, solidarios y ecológicos que defienden la naturaleza y la sociedad frente a sus verdaderas amenazas.

La objeción al gasto militar cuestiona el actual modelo de defensa, militarista, que prioriza la preparación para la guerra, como se refleja en los Presupuestos del Estado, que para 2017 destinan 33.762’4 millones de euros para finalidades estrictamente militares (92,5 millones diarios o 725€ per cápita). El presupuesto del Ministerio de Defensa sólo representa el 23% de esta cifra, y el resto, más de tres cuartas partes, se encuentra escondida en 12 de los 13 ministerios restantes. Esto supone casi el 3% del PIB y el 9,8% de los PGE y generará una deuda de 17.271 millones de euros.

El gasto realmente ejecutado es siempre superior a la presupuestada (un 19% de media en los últimos años). Teniendo en cuenta los datos de años anteriores, el gasto militar ejecutado podría llegar a los 36.000 millones de euros.

Estas cifras podrían ser todavía más abultadas si se hace realidad lo que anunció hace unas semanas la actual ministra de Defensa, Mª Dolores de Cospedal: que el gasto del Ministerio de Defensa se multiplicaría por dos en los próximos años para hacer frente a los pagos de los Programas Especiales de Armamento (PEAs). Estos programas llevan acumulada una deuda de cerca de 21.000 millones de euros que se tendrán que satisfacer en los próximos años por la compra de tanques Leopard, aviones de combate Eurofighter, helicópteros Tigre, y aviones de transporte A400M, entre otros.

La segunda es la de los recortes en los gastos sociales:

En comparación con todo el anterior, por ejemplo, los recortes en gasto público (sanidad, educación, pensiones, paro, etc.) previstas para 2013 fueron de 39.000 millones, el tratamiento de los enfermos de hepatitis C supone 727 millones, el gasto anual en las prestaciones del desempleo supone unos 26.000 millones, la sanidad pública ha sufrido recortes de casi 10.000 millones, y la educación de 7.000 millones, y el rescate bancario se llevó cerca de 100.000 millones de las arcas del Estado.

Algunas personas de hondas convicciones han optado por revertir, en la medida de sus posibilidades, esta situación y han elegido hacer objeción fiscal al gasto militar.  Con ello, una pequeña parte de sus impuestos han ido a parar a fines sociales en lugar de contribuir al gasto militar:

La cantidad total desviada por estas cinco persones en los últimos años ha sido de 1704€, y los destinos que han ido eligiendo han sido Mujeres de Negro contra la guerra, Organización Femenina Popular-Mujeres por Paz (Colombia), Radio Klara, antimilitaristas-moc y Valencia Acoge.

No lo han escondido, lo han declarado pública y abiertamente en sus declaraciones de la renta.

Ahora

Pepa Pretel (profesora jubilada de 73 años), María Pagán (trabajadora de Correos de 46 años), Maribel Muñoz (técnica de laboratorio de 53 años), Josetxu Marcos (fotógrafo de 46 años), y Santi Almiñana (auxiliar de laboratorio de 51 años), que ahora se enfrentan a un expediente abierto por la Agencia Tributaria llevan años con esta práctica: cada temporada calculan qué parte de sus impuestos es destinada por el gobierno español a comprar material de guerra y financiar la industria militar, y dejan de pagar una pequeña parte para destinarla a finalidades que, según ellas, defienden mejor los intereses de la mayoría de la población. Es lo que se conoce como Objeción Fiscal al Gasto Militar, campaña colectiva de desobediencia civil promovida desde varios colectivos a la que anualmente se suman centenares de personas en todo el Estado Español.

La Agencia Tributaria ha reclamado a cinco persones dinero del presupuesto militar que éstas han sido desviando a finalidades sociales.

Unos son ciudadanas de bien y otros, en este caso, la Agencia Tributaria, son parte colaboradora del sistema militarista español y, por lo tanto, sus actuaciones deberían ser consideradas como parte del Gasto Militar español.  Nuestra solidaridad con las primeras y nuestra denuncia contra la Agencia Tributaria.

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Objeción fiscal al gasto militar: no pagues sus guerras

Nos mandan los compañeros de Todo por Hacer un artículo sobre objeción fiscal al gasto militar muy interesante que acaban de publicar, pidiéndonos que le demos difusión.  Encantados os lo pasamos para vuestra atenta lectura.  Se titula:

No pagues sus guerras.  La objeción fiscal al gasto militar.

En las últimas semanas hemos asistido a una nueva escalada de acciones de guerra y bravuconerías varias entre quienes tienen el poder de destruir nuestro planeta con solo apretar un botón. Después de que Trump lanzara en Afganistán, la llamada “madre de todas las bombas”, el proyectil no nuclear más potente de su ejército, en una competición para ver quién la tiene más grande, Putin anunció que disponen del “padre de todas las bombas”, con una potencia cuatro veces superior a la estadounidense. A esa pelea de gallos se sumó Corea del Norte, avanzando que podía lanzar una bomba nuclear que alcanzaría territorio de EEUU.

Aunque pueda parecer que los conflictos bélicos que se extienden por todo el mundo nos son algo lejano, el país en el que nos ha tocado vivir tiene una gran responsabilidad en ello. Sin ir más lejos, el último bombardeo estadounidense contra el ejército sirio, en respuesta a los ataques con productos químicos que algunas partes atribuyen al gobierno sirio y otras a los “rebeldes”, en su mayor parte yihadistas, fue realizado por dos destructores que pertenecen a la base de Rota. Es importante también la participación española en la guerra en Yemen, donde una coalición liderada por Arabia Saudí está masacrando a la población para evitar un gobierno cercano a Irán: el Estado español realizó ventas de armamento por valor de más de 500 millones de euros sólo en el primer semestre de 2015.

El gasto militar en el Estado español.

Uno de los trabajos que realizan anualmente los colectivos antimilitaristas es bucear dentro de los Presupuestos Generales del Estado para poder averiguar cuál es el gasto militar real en el Estado español. Una operación que debería ser tan sencilla como observar la partida destinada al Ministerio de Defensa, se vuelve más complicada porque, como denuncia el colectivo Utopía Contagiosa, cuatro de cada cinco euros destinados a lo militar, se encuentran escondidos en otras partidas presupuestarias ajenas a este Ministerio. De los datos de este colectivo, se puede extraer que en 2015 el Ministerio de Defensa gastó 17.465 millones de euros, un importe tres veces superior al presentado en los Presupuestos y que el 81,49% de los gastos militares se escondían en 12 de los 13 ministerios. El gasto militar en ese año fue un 121% más de lo presupuestado inicialmente, 47,8 millones cada día, que resultaría una media a pagar por cada habitante al año de 376 euros, pero sumando lo destinado a control social (cárcel y policía), la media por persona llegaría a 718,76 euros.

Este mismo colectivo ha analizado los Presupuestos de este año, recién presentados, observando que el gasto militar había alcanzado los más de 33.000 millones de euros, un 9% más de lo presupuestado para el año anterior. Con esas cifras, se supera altamente el 2% del Producto Interior Bruto.

Teniendo en cuenta que España es el sexto mayor mayor exportador de armas del mundo, nos demuestra que la guerra es un gran negocio para este país.

La Objeción Fiscal al Gasto Militar

Con el lema de “desobedece a las guerras en tu declaración de la renta”, los colectivos antimilitaristas animan a practicar la desobediencia civil contra el gasto militar, a través del descuento de las cantidades que corresponden a este gasto en el pago del IRPF. Como señalan en la página web de la campaña, “La Objeción Fiscal al Gasto Militar es la no disposición a colaborar con el Estado en los gastos de preparación de guerras y mantenimiento de la estructura militar, el ejército y otros cuerpos armados, desobedeciendo activamente en el momento de realizar la declaración de la renta (IRPF). Consiste técnicamente en desviar una parte de estos impuestos a un proyecto que trabaje en la defensa de un progreso social solidario

Básicamente, se trata de no confirmar el borrador que Hacienda elabora anualmente con la declaración de la renta, para poder descontar del pago lo que se considera que es gasto militar. La cantidad a objetar puede ser cualquiera, pero se suele tener en cuenta que el gasto militar por persona y año se estimaba en 718 euros. Desde los colectivos impulsores, hacen hincapié en la naturaleza de desobediencia civil del acto, por lo que recomiendan que la acción debe ser visible, dándosele publicidad y reconociendo ante el Ministerio de Hacienda que se ha realizado la objeción y los motivos que nos llevan a hacerlo. Desde el Grupo Antimilitarista Tortuga, han editado una guía en la que explican detalladamente el porqué de este tipo de desobediencia y cómo poder realizarla, así como de las posibles repercusiones sancionadoras que puede llegar a sufrir quien opte por objetar.

Si bien el dinero desviado puede destinarse a la financiación de cualquier proyecto que luche por la justicia social, la paz o la defensa del medio ambiente (en años anteriores ha servido para financiar a sindicatos alternativos, colectivos antimilitaristas, publicaciones, etc.,) desde los impulsores de la campaña cada año recomiendan un proyecto en concreto al que apoyar económicamente. Este año, se pretende impulsar el “Encuentro Internacional de Ciudadanía en movimiento contra la guerra en las Fronteras” organizado por Ca-minando fronteras, un colectivo de activistas que trabajan en la Frontera Sur desde 2002 con las comunidades migrantes en tránsito, en países de origen y destino acompañándoles en su lucha.

El año pasado, cerca de medio millar de personas realizaron la objeción fiscal, desviando más de 57.500 euros a 88 destinos alternativos, para no contribuir al gasto militar.  El proyecto más beneficiado por el dinero retirado a la industria de la guerra fue Stop Mare Mortum, que “lucha por los derechos de las personas que han dejado sus países de origen, sin hacer distinción entre persona migrante y persona refugiada, dado que todas ellas se ven obligadas a abandonar su país, sea para salvar la vida que una guerra o persecución ha puesto en peligro o sea para huir de una situación económica que también pone en peligro la propia subsistencia.”

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El pacifismo también se ejerce en los ayuntamientos: NO a HOMSEC 2017

En esta jornada llega a su fin la feria de armas que se celebra en Madrid, HOMSEC 2017.   En esta ocasión vamos a protestar contra su celebración recordando un trabajo llamado “Antimilitarismo y elecciones municipales y autonómicas 2015“.

Quizá durante demasiado tiempo hemos pensado que el militarismo sólo tiene que ver con los Presupuestos Generales del Estado y con la labor Estatal del gobierno y del Congreso.  Sin embargo, un enfoque más cercano, más de ayuntamientos y Comunidades Autónomas nos ayudaría a ver otros aspectos del militarismo, igualmente violentos.

El militarismo también se nutre en las administraciones locales y comunitarias.  De ellos saca exenciones de impuestos, apoyos económicas para la industria militar, publicidad en calles y plazas con nombres de militares, colaboración con desfiles militares, etc.

Por ello es necesario renovar nuestro compromiso y solicitar a nuestros representantes locales una mayor implicación en la lucha contra esta lacra social.  Lo primero en sus programas electorales que han de ser específicos en este tema, también en los debates.  Las formas de colaborar son muchas y un ejemplo lo ha dado el Ayuntamiento de Madrid, negándose a financiar y a aparecer como colaborador en HOMSEC 2017.

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Navantia, la desastrosa empresa pública de armas, también se exhibirá en HOMSEC

Otra de las empresas que va a participar en HOMSEC los próximos 14, 15 y 16 de marzo en Madrid es Navantia.

Hemos podido saber que Navantia ha reservado suelo para su stand en HOMSEC 2017 por valor de 15.000 €.

NAVANTIA es una empresa pública española perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 100% de su capital.  Se dedica a la construcción de buques, tanto civiles como militares.

Tiene instalaciones en Ferrol y Fene (Galicia), Cartagena (Murcia), Cádiz, Puerto Real y San Fernando (en Andalucía), y Madrid.

En lo militar han construido fragatas-destructores (F-100), fragatas ligeras-corbetas, patrulleras, buques de apoyo logístico, buques anfibios, portaaviones, lanchas de desembarco, cazaminas y submarinos (S-80).

En los últimos años ha vendido buques a Brasil, Noruega, Turquía, Argelia, Australia, India, Indonesia, y Arabia Saudí.  Además de múltiples buques de guerra para el Estado Español.

Algunos de sus productos tienen una merecidísima mala fama internacional:

  • El submarino S-80 es conocido por su sobrepeso, problema que proviene desde los primeros momentos, dado que estuvo mal diseñado.  Por ello también sufre de continuos problemas de sobrecostes que lo están encareciendo repetidas veces y que habrá de pagar la sociedad española.  El proyecto se inició con unas previsiones de gasto de 1.796 millones de €.  A día de hoy, los costes se han encarecido hasta los 3.013 millones de €, es decir, un 67’76 %.  Se van a hacer 4 unidades del S-80, lo cual quiere decir que cada una nos saldrá a 753’5 millones de € (por lo menos).
  • Las fragatas F-100 son peculiares porque se están usando como escaparate móvil para la industria militar española.  Después de que Defensa las comprase, ahora las dedica no a defender nuestras costas, sino a mostrarse en aguas australianas para ver si las vendemos allí.  Lo cual deviene la fragata que allí se encuentra ha sido un despilfarro inútil de 823 millones de €, innecesario como se ve para nuestra defensa.
  • Las fragatas F-100 también son polémicas porque el último contrato que se espera conseguir es, nada menos, que con la dictadura de Arabia Saudí, que las usará, probablemente, en su guerra, poco publicitada, en Yemén.
  • Navantia, además, se adjudicó el mantenimiento de los destructores yankis del escudo antimisiles de Rota, por 171 millones de €.

Además, Navantia se niega reiteradamente a pagar el IBI por los inmensos terrenos que ocupa en Ferrol (unos 600.000 € anuales).

Y Navantia, como empresa es un ejemplo paradigmático de mala gestión porque

  • Desde hace años, arrastra pérdidas millonarias. Pérdidas que la SEPI por una parte (mediante capitalizaciones y entregas de beneficios de la corporación para compensar pérdidas) y el Gobierno por otra (mediante créditos bajo cuerda y contratos cautivos de la defensa española) se ven obligados a ir cubriendo a costa de los impuestos de toda la sociedad.
  • En realidad, Navantia arrastra una deuda, en 2013, de más de 1.200 millones de euros.
  • Navantia se ha visto forzada, varias veces, a hacer nuevos planes estratégicos, supuestamente para mantener la sostenibilidad, en todos ellos se ha previsto reducir la plantilla por despidos, dada su escasa viabilidad económica.
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El Ministerio de Defensa hace negocio con los bares

Imagen de Sven Sivertssen

Fuentes:  Infodefensa 1 y 2

Os damos noticia de un par de informaciones sobre concursos abiertos por el Ministerio de Defensa:

  • La Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal para el suministro de explotación del servicio de bares y comedor en la Residencia Militar de Descanso “La Plana” en Castellón.  El importe total son 692.750 €.
  • La misma Jefatura, para el suministro de explotación del servicio, restauración, bares y cafeterías del Centro Deportivo y Sociocultural Militar “El Soto” de Zaragoza.  El importe es de 499.125 €.

El total son 1.191.875 €.  Todo por la felicidad de los militares.

Nuestro análisis es el siguiente:

  • Nos parece un despilfarro que con cargo a los presupuestos del Ministerio de Defensa se esté gastando más de 1 millón de € en dos bares-restaurantes de Zaragoza y Castellón.
  • ¿Cuánto se gastará en otros bares-restaurantes similares de los que aún no hemos tenido noticias?
  • Estos clubes militares de ocio, deporte y recreo, ¿deberían estar pagados por el erario público?  ¿No son, más bien, un lujo que intenta, otra vez, favorecer a los militares frente a las altas necesidades de gasto social existentes en el país?
  • ¿Pagan IVI y los demás impuestos estos establecimientos de restauración que, claramente, no tienen nada que ver con la Defensa Nacional, o están sujetos también a esa arbitraria declaración de Zona de Interés de la Defensa, que decide el propio Ministerio de Defensa y que les exime de obligaciones con el resto de la sociedad como indicábamos en nuestro estudio:  “Antimilitarismo y elecciones municipales y autonómicas 2015“?
  • Datos como estos son los que nos hace ver como necesaria y urgente una auditoría independiente de los gastos del Ministerio de Defensa.

Como se ve, el dinero que manejan estos bares-restaurantes exclusivos de militares es muy alto.  Si la licitación es de casi 1’2 millones de €, ¿cuántos millones dejarán estos negocios?

Luego nos extraña que el Ministerio de Defensa sea el segundo que más ingresos logra reflejar en los presupuestos anuales como decíamos en el artículo anterior:  Defensa, uno de los ministerios que más ingresa.

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¿Exenciones a las empresas militares de los PEAS?

Imagen de .Bambo.

Como nos viene pasando habitualmente en los temas de Defensa, no salimos de nuestro asombro.

Leemos en Defensa.com que Cospedal ha conseguido algo que nos parece un nuevo privilegio militar:

Si bien, ha habido otra noticia en materia económica digna de mención:  Defensa ha conseguido que el Gobierno imponga una excepción fiscal a las empresas de Defensa adjudicatarias de los 18 PEAS con el fin de evitar que sean embargadas por Hacienda.  El Ministerio amenazaba con esta medida extrema ante la imposibilidad de aquellas para hacer frente a sus obligaciones con el Ministerio de Industria por los retrasos en los pagos, a su vez, del Ministerio de Defensa.

Vemos que cita a otra fuente y recurrimos a ella:  El Confidencia.com, que en su noticia “Cospedal, ‘cautiva y desarmada’ ante Hacienda para pagar compras de Defensa” subtitula:

El Gobierno ha impuesto una excepción fiscal para evitar embargos contra las empresas públicas de armamento que deben a Industria lo que Defensa no les paga a ellas

Hemos buscado en

Y no hemos encontrado tal norma.

¿Lo están haciendo en secreto?  ¿Es un globo sonda?  ¿Es un bulo?  ¿Es un error?

Si fuese realidad, habría que leer tal norma para ver:

  • cómo fundamentan este nuevo privilegio a la industria militar
  • qué conceden a la industria de la muerte, en concreto.

Por ahora no hay noticias claras. Todo muy extraño.

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El despilfarro de la base naval militar de Las Palmas

Imagen de Geert Weggen

Fuente:  El Conficencial Digital.

¿Se pensaban que por cambiar de año iban a cambiar las costumbres militares?  Pues no.

Otro año más volvemos al, cada vez más enorme, tema del despilfarro militar.  Poco importa que lo que tienen se lo deban, en su mayor parte a los impuestos que pagamos los civiles.  Cuando un euro llega a sus arcas ya no vuelve al sector civil.  Ni el euro, ni los servicios que se podrían compartir entre militares y civiles.

Ahora son los canarios los que protestan por enterarse de que la base naval militar y el Club Náutico de la isla disponen de instalaciones deportivas (dos piscinas y otras instalaciones) a las que no tienen acceso los civiles.

Todo surge de manera inintencionada al difundirse unas imágenes fabulosas que pretenden fomentar el turismo en Canarias.  En ellas, gracias a que están hechas desde el cielo, se ven las instalaciones militares y los privilegios de los que disfrutan los uniformados.

Nosotros añadimos al debate algunos puntos que deberían estudiarse por los canarios:

  • ¿Están afectados estos terrenos al interés de la Defensa?
  • ¿Es legítimo que lo estén, teniendo en cuenta que sólo defienden los privilegios y el modo de vida elitista de los militares?
  • ¿Pagan IBI estas instalaciones, o se les olvida como en muchas instalaciones militares que aunque están afectadas por el interés de la Defensa, no tienen que ver nada con este concepto (piscinas, instalaciones deportivas, cantinas militares, …?
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La remilitarización en Egipto y sus lecciones para España

Imagen de Kalasniblog

Imagen de Kalasniblog

Fuente:  El País.

Ya en agosto de 2013 nos hacíamos eco de que la remilitarización de Egipto era el peor negocio para la población.  Entonces titulábamos el artículo de esta manera:

Los militares egipcios y el militarismo yanki agravan el conflicto egipcio.

Más de 3 años después se confirman los funestos augurios:

Casi seis años después de la Revolución, la economía egipcia todavía no levanta cabeza: su crecimiento es anémico, la deuda se expande a un ritmo galopante y los consumidores padecen escasez de algunos productos básicos. En cambio, los negocios de las Fuerzas Armadas van viento en popa. A pesar del halo de secretismo que envuelve las actividades empresariales de la institución, algunos informes apuntan a que ha ampliado de forma notable su presencia en varios sectores durante los últimos años, bajo la presidencia del mariscal Abdelfatá al Sisi.

El grado de dependencia militar de la economía egipcia es considerable y muy preocupante:

Los proyectos económicos de las Fuerzas Armadas se realizan normalmente a través de cuatro partes: los proyectos de servicios Autoridad Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, la Autoridad Nacional de Producción Militar, dependiente del Ministerio de la Producción Militar y la Organización árabe independiente para la industrialización, los tres de los cuales son responsables de  un gran número de fábricas y empresas. La cuarta parte es la Autoridad de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, que se dedica a proyectos de infraestructuras civiles y militares.

En Egipto son continuas las noticias de que diversos ministerios (Ministerio de Dotaciones, Ministerio de Fomento, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, …) renuncian a sus competencias para que sean desarrolladas por cualquier organismo militar paralelo.

El Ministerio de Defensa no sólo construye las carreteras, sino que además, dado que consideran a las carreteras como áreas estratégicas de importancia militar, Al Sisi les ha asignado la propiedad de sus laterales (en 2 km de profundidad):

En junio pasado Sisi emitió el Decreto 233/2016, que asigna los tramos de terreno a ambos lados de las carreteras construidas por el Ministerio de Defensa, que mide 2 km de profundidad, a las Fuerzas Armadas. El Ministerio considera que estas áreas estratégicas de importancia militar que no puede ser transmitida a la propiedad privada. Veintiún carreteras se vieron afectados por este decreto.

Pero esto no es todo, también una agencia dependiente del Ejército egipcio es la que fabrica los medicamentos oncológicos, otra se encarga de la importación de leche para lactantes, así como de la importación de diversos productos sanitarios.

En el mundo de la educación, el Ejército Egipcio también ha construido colegios y han sido elegidos para supervisar los servicios de alimentación y vivienda para los estudiantes.

En el sector energético, también hay actividad de las Fuerzas Armadas de Egipto:  así, han firmado acuerdos con China para construir planta de producción de energía solar y otro para producir unidades de aire acondicionado.

También ha habido 3 decretos para encargar a los militares, dotándoles de tierras públicas, de construir 3 piscifactorías.

Al menos 3 proyectos de restauración de su patrimonio cultural han sido realizados por los militares.

Pero no acaba aquí la militarización de Egipto.  Ahora empezamos con los privilegios militares:

En estos últimos años pasados, las actividades económicas de las Fuerzas Armadas han disfrutado de una serie de privilegios legislativos. En abril de 2012 el Parlamento aprobó las enmiendas a la Ley Militar Judicial 25/1966 que identifican la justicia militar como la única autoridad encargada de investigar los casos de ganancias ilícitas por parte de agentes militares, ninguno de los cuales han sido investigados antes de su retiro.

Sobhy emitió un decreto en junio pasado la exención de 574 instalaciones militares de impuesto sobre bienes inmuebles, incluyendo 52 clubes, 29 hoteles, 18 estaciones de verano y ocho salas de cine y teatros, además de una serie de edificios, espacios, sucursales de supermercados, mataderos mecanizados, edificios residenciales y villas .

En diciembre pasado Sisi emitió el Decreto 446/2016 tierras regulación desocupadas por las Fuerzas Armadas, ordenando que sus ingresos se utilizarán para la construcción de nuevas zonas militares.

Este decreto permitió a las Fuerzas Armadas para que establezcan empresas, ya sea por sí solo o con capital nacional o extranjero. También permitió la Compañía Nacional de Desarrollo de Recursos de pescado, afiliada a la Autoridad Nacional de Proyectos de Servicio, para establecer una empresa conjunta piscicultura con un inversor de Arabia Saudita y una empresa alemana especializada en la cría de peces de atún, (Compañía Internacional de Productos Marinos).

Las Fuerzas Armadas también goza de una ventaja competitiva adicional, ya que la mayor parte de su fuerza de trabajo se compone de los reclutas que no están sujetos a las leyes de trabajo civil.

Toda esta vorágine remilitarizadora está consiguiendo dos cosas:

  • Aumentar escandalosamente el PIB militar egipcio:

“No hay forma de conseguir una estimación correcta del volumen de la economía militar… Pero yo lo situaría entorno al 4% o al 5% del PIB, incluyendo solo las compañías que poseen formalmente”, sostiene un reputado economista egipcio que prefiere guardar el anonimato a causa de la sensibilidad del asunto.

  • Como decíamos al principio del artículo:  estancar la economía egipcia y empobrecer a sus ciudadanos.

¿Son necesarias más pruebas para demostrar la hecatombe que supone militarizar la economía?

La práctica políticas militaristas de Egipto nos suenan muy lejanas y antiguas.  Muchos podéis pensar que en España ya no ocurre eso.  Sin embargo, estaría bien que os dieseis una vuelta por nuestro informe Gasto Militar 2016 para comprobar que en España, al menos, ya se dedica un 2’7 % del PIB  a lo militar y que 12 de los 13 ministerios actuales esconden gasto militar.

¿Son necesarias más pruebas para que España y los ayuntamientos y provincias más militarizadas:  Ferrol, Cádiz, Cartagena, Zaragoza, Madrid, se den cuenta de que poner en manos militares la economía, la educación, la sanidad, la industria, …, es la peor apuesta de futuro que se puede hacer?

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