Archive for Manipulación Informativa

Convocan 3.050 plazas para soldados y marineros, es decir, aumentan las plazas para 2018 en un 67’77 %

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Por Ministerio da Defesa de Brasil

Fuente: Europa Press

La nota con la que Europa Press ofrece esta noticia es escueta, pero suficientemente elocuente.

El Ministerio de Defensa ha publicado una convocatoria de plazas para soldados y marineros (3.050 en total) de los Ejércitos de Tierra, Aire y la Armada. La convocatoria se hace ahora, a finales de 2017, pero las plazas se concederán en mayo de 2018.

Es curioso, porque no tenemos aún presupuestos de 2018, pero ya sabemos que vamos a incrementar el gasto de personal, de mayo en adelante, en los 3.050 nuevos soldados y marineros. ¿Es una prioridad incrementar nuestra ya abultada cifra de militares, precisamente uno de las grandes problemas que hace insostenible económicamente el sistema de defensa militar español?, ¿lo han pactado con alguien?

Hemos indagado más y hemos encontrado en el BOE la disposición (Resolución 452/38254/2017, de 3 de noviembre, publicada el 13 de noviembre) que ordena esta nueva convocatoria.

De acuerdo con esta resolución, se modifica otra dictada en marzo del mismo año 2017 (Resolución 452/38045/17 de 9 de marzo) que establecía dos ciclos de selección de soldados de tropa y marinería a realizar en 2017. Ahora pasará a haber tres ciclos, aunque uno se aprueba ahora, a finales de año, pero no habrá incorporación efectiva hasta 2018.

Según la normativa previa, que ahora se modifica, los dos ciclos de selección de plazas de soldados y marineros establecidos en marzo de 2017 tendrían, respectivamente, 2.000 plazas convocadas (el primer ciclo) y 2.500 (el segundo). El nuevo ciclo que ahora se convoca cuenta con otros 3.050 a sumar a los anteriores.

Es decir, que de una previsión de nuevos soldados menor, a celebrar en dos ciclos que han tenido lugar ya (total 4.500 plazas convocadas) pasamos a establecer, por este cambio, un tercer ciclo (que eleva las plazas ya convocadas hasta las actuales 7.550) que se aprueba ahora, antes de que haya presupuestos, pero que se llevará a cabo después, en 2018.

El paso de 4.500 nuevos soldados en 2018 a 7.550 nuevos soldados supone un aumento del 67’77 %.

¿No llama la atención este incremento tan espectacular de plazas militares?, ¿ocurre algo parecido en cualquier sector civil?

Y más aún, ¿era necesario “precipitar” en Noviembre (que es cuando se acordó este nuevo incremento de plazas por parte de Defensa) esta nueva convocatoria a celebrar en 2018?

Tal vez Defensa, a la vista del contexto político de Noviembre y de la previsible falta de apoyos para unos nuevos presupuestos, optó por tirar por la calle del medio, como de costumbre, y por garantizarse, con presupuestos prorrogados, una nueva convocatoria de plazas, lo que le aseguraba más presupuesto, por si acaso no llegaban a un arreglo con las otras derechas.

Ahora que parece que PNV va a dar los votos necesarios a Rajoy para hacer nuevos presupuestos, la medida se antoja una (más) de las marrullerías de Defensa para hacerse con más dinero y para condicionar la política futura, pase lo que pase, Y es que Defensa siempre encuentra alguna medida para no dejar de aumentar sus exigencias.

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Un nuevo ciclo inversor en armas

Por Ejército de Tierra

Fuente: El Economista.

Lo veníamos sospechando y anunciando. Nuestros dirigentes políticos y los señores de la guerra estaban muy contentos y esas alegrías suelen preludiar tristezas donde más duele al común de los apaleados mortales.

Lo veníamos advirtiendo: al escándalo de una burbuja de deuda militar impagable (más de 30.000 millones de euros) que nos provocó el ciclo de inversión en armas iniciado por el PP en tiempos de Aznar y continuó con pasmosa fidelidad el PSOE en los de Zapatero y, de nuevo, el PP del pasmoso Presidente Rajoy y su ex-ministro Pedro Morenés, le iba a suceder algo peor.

La codicia de los señores de la guerra es casi insaciable, e insondable la comprensión hacia sus demandas por parte de nuestro partido militarista tácito, con miembros adscritos en todo el arco parlamentario.

Ahora la Ministra de Defensa ha lanzado la noticia, como quien lanza una bomba.

Defensa confirma que lleva tiempo preparando un plan quinquenal de inversión en armas para “reactivar el gasto en armamento militar” (reactivar debe leerse como figura retórica) y “potenciar las nuevas tecnologías y modernizar y dinamizar la industria y su tejido.”

Un plan de esfuerzo inversor con cinco años de duración.

Obsérvese el crudo y descarnado realismo con el que nos explican sus intenciones. En el enunciado de lo que se pretende no aparece la idea de defender a la sociedad, que es justamente lo que aparentemente justifica el colosal gasto militar español. No. El ciclo inversor en armas es más caprichoso. Lo hacen para reactivar el gasto militar, para modernizar la industria militar, para dar pasta flora a sus amiguetes, no para defendernos.

Estamos trabajando para impulsar un ciclo inversor en el que se incluirán nuevos programas como adquisiciones que no necesariamente tienen que estar integradas en los planes especiales de armamento (PEAS) y que sin lugar a dudas supondrá un cambio de paso y de ritmo en la industria de defensa española. La idea es reactivarla.

¿Se fijan? Reactivarla, como si estuviera tiesa. Como si el PP no la tuviera en estado de excitación febril. Cuando, hace unos días, el Presidente de la TEDAE nos acaba de explicar que la industria de defensa durante la crisis ha salido triunfadora, ha ganado más de un 10´2%, como informa Infodefensa.

La Ministra, que se está especializando en decir naderías, dijo además

Una nación sin una industria eficaz, inteligente, competitiva y a la vanguardia de la innovación sin duda alguna es un país débil. La industria tiene que adaptarse al nuevo escenario tal y como está dispuesta a hacer

Fíjense que la frase en sí no dice nada. O nada específico. Es una generalidad que vale tanto para una industria que fabrique veneno como para otra que fabrique tecnología biomédica.

Es evidente que la inteligencia, la innovación y las otras zarandajas son objetivos estratégicos para cualquier sector productivo, pero para el bien común no da lo mismo que el dinero se use para una u otra cosa. Si la industria en la que buscamos eficacia es la que queremos que sea “competitiva” vendiendo armas a troche y moche, resulta que el perjuicio social es alarmante, pues incentiva y exporta guerras y busca un enriquecimiento que ni es socialmente útil, ni es equitativo, sino lucrativo para cuatro listillos y generador de inseguridad humana para el resto.

Si en vez de en cañones invertimos en mantequilla, en desarrollo humano y en derechos en serio, ocurre todo lo contrario: crece el bienestar social, decrece la desigualdad, se construyen nuevos consensos más inclusivos, se acorta la distancia entre los que más tienen y los que más sufren, se rompe el elitismo, se abordan los verdaderos problemas de la sociedad y se ataca el círculo vicioso que nos ata al malestar social que nos impone esta elite egoísta y calamitosa. ¿Se dan cuenta de las muy sólidas y persistentes razones que tienen los que mandan para invertir en cañones, no en mantequilla?

Añadió la Ministra que España va a cumplir cuanto antes su compromiso de elevar su presupuesto de Defensa al 2% del PIB (ojito al dato, ya no se habla de elevar el gasto militar, sino el Presupuesto de Defensa, que es una pequeña parte del gasto militar).

No lo hacemos porque lo haya pedido Donald Trump, lo hacemos porque se pactó en 2014 con los demás países socios de la OTAN y porque el gobierno tiene el compromiso de mantener la seguridad y la integridad de su población.

Ya lo ven, para ayudarnos. ¡Menuda ayuda!. Nos quieren mantener seguros, íntegros y sobre todo esquilmados y sin derecho a decidir, que es lo suyo, para que no nos volvamos molicie, que ya saben ellos que somos incorregibles. Habrá que preguntarse si no habrá alguien más y diferente dispuesto a darnos un poco de ayuda, pero en otra dirección, que a estos ya les tenemos vistas las intenciones.

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Más militarización cultural gaditana

Por Terry Hassan

Fuente:  La Voz de Cádiz.

Prometía mucho la afirmación del Ex-JEMAD, Almirante General Fernando García Sánchez en las jornadas impulsadas por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, con el colaboracionismo acrítico de la Universidad de Cádiz, cuando afirmó rotundo ante los desinformados estudiantes de derecho y criminología del campus de Jerez:

En el mundo de la desinformación y las narrativas precocinadas es fundamental que fomentemos el espíritu crítico…

Pero luego desmereció, cuando, rompiendo con las más mínimas reglas de la lógica, afirmó de forma acrítica y con una narrativa pasmosamente precocinada y propia del mundo de la desinformación que

si consideramos que la seguridad es necesaria, las Fuerzas Armadas también.

Que, para no aburrir a nuestros lectores con disquisiciones que muestren la falsedad del silogismo, es tanto como decir que si la alimentación humana es necesaria, por ejemplo, queda demostrada la necesidad del canibalismo, o de los bollos bien preñados de grasas saturadas, pongamos por caso. Porque, que tengamos una enfermedad no requiere empeorarla con el remedio.

Teniendo en cuenta el carácter de la región, ¿se tomarían los estudiantes a chirigota las afirmaciones del Almirante?, ¿o tomarían apuntes, como en cualquier otra excentricidad más de las que se dicen en las aburridas clases de derecho?

Que seguridad y ejércitos no son equivalentes es algo que las propias Naciones Unidas vienen diciendo desde hace muchos años. Una cosa es la idea de seguridad militar, basada en ejércitos, armas, guerras, etc., y que cada vez “aseguran” menos y “dificultan” más, y otra la Seguridad Humana, que tiene que ver con la garantía de derechos humanos para todos, con estructuras justas, con protección contra el hambre, de la salud, de la educación, del medioambiente, …, como ha señalado en innumerables ocasiones el PNUD y aquí hemos explicado en tantas ocasiones.

Paradójicamente, los ejércitos, que se proclaman como la defensa de la seguridad por excelencia (eso sí, sin ninguna evidencia que confirme su amañada “justificación”, mera petición de principio) han pasado a ser uno de los factores desencadenantes de la mayor inseguridad a escala planetaria.

También lo dice Naciones Unidas, que por si fuera poco, cuenta con una resolución  del año 2011 de su Consejo de Derechos Humanos (Resolución 18/6, el Consejo de Derechos Humanos), por la cual estableció un procedimiento para proponer a la Asamblea General de Naciones Unidas reglas y acuerdos para un orden internacional justo y equitativo; resolución que ha dado lugar a que se proponga por el encargado de esta encomienda, el experto independiente Sr. De Zayas, quitar gasto militar y aplicar las reducciones de éste a políticas de paz y de desarrollo, como medio para conseguir ese orden equitativo y justo, y el aumento de la seguridad humana.

En el informe presentado en 2012 por dicho experto a la Asamblea General de Naciones Unidas, entre otras cosas, se dice

¿Cómo puede evolucionar el orden internacional existente para que sea más democrático y equitativo? Al parecer se necesitan ciertas condiciones, la más importante de las cuales es la paz (Pax optima rerum) en el sentido holístico, una paz que suponga no solo la ausencia de guerra sino también una armonía positiva; la ausencia de violencia estructural, hegemonía cultural, neocolonialismo y discriminación; y la erradicación de la pobreza extrema, como se prevé en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

y

El gasto militar, la influencia de la industria militar, el comercio abierto y encubierto de armas y la delincuencia organizada internacional, en concreto el tráfico de estupefacientes, el blanqueo de dinero y la corrupción de los funcionarios gubernamentales y los actores no estatales, siguen teniendo consecuencias nocivas para el funcionamiento adecuado de la democracia en muchos países.

o bien

El Experto Independiente cree que es poco probable que se avance en el establecimiento de un orden internacional democrático y equitativo si los gobiernos no representan fielmente a sus electores, si persisten la explotación económica, el colonialismo y el neocolonialismo, y si se siguen ocupando territorios por motivos estratégicos, militares o económicos

para proponer

También podría barajarse la posibilidad de gravar un impuesto especial sobre todas las ventas de aeronaves y navíos militares, misiles de crucero y otras armas. Los avances en las negociaciones sobre desarme siempre son bien acogidos. Las palabras no bastan; el objetivo es encontrar la manera de redirigir los recursos utilizados por los ejércitos y reducir el peligro de que estalle una guerra, al tiempo que se liberan fondos para financiar el desarrollo y el crecimiento inclusivo”

Ya lo ven, la vinculación entre seguridad y ejércitos, tan clara para un señor Almirante General, no es tan evidente para el derecho internacional, para Naciones Unidas, o para el PNUD, por no irnos a buscar más allá de la pura y reconocida oficialidad mundial.

Pero volvamos al caso de la Universidad de Cádiz.

Porque resulta llamativo el servilismo de tantas instituciones gaditanas al militarismo y sus ínfulas. Se le prestan medios, se le hacen parabienes, se recibe a sus próceres con pompa y boato, se apoya a su industria militar, no se exige el pago de impuestos por la ocupación del territorio, ni se promociona una cultura de paz sino la exaltación de lo militar.

Y hablamos de tantas instituciones (instituciones en un sentido lato) que asombra: diputación, ayuntamientos, universidades, sindicatos, medios de comunicación, partidos políticos, instituciones educativas y culturales…

¡Como si en Cádiz la huella del militarismo no supusiera una cadena que ata a la provincia a la dependencia y a la penuria, que lastra su desarrollo y lo vincula a los intereses que defienden los ejércitos!

Deben creer todos ellos el dogma del ejército como algo bueno y sin réplica, esa “verdad” que propaga el militarismo. Lo han debido espiritualizar como cualquier otro preconcepto de nuestra cruel cultura heredada, sin pararse a analizarlo con el espíritu crítico que predicaba, retóricamente, el Almirante General García Sánchez.

De este modo, las instituciones de Cádiz, al servicio del militarismo, contribuyen a lastrar la cultura singular de Cádiz y a someterla a los intereses de los que sueñan en un mundo cuartelario, en botas y trompetas militares y bien de banderitas para gritar a pleno pulmón: ¡A por ellos, oé!

¿Tanta es la presión ambiental que los pacifistas de Cádiz no consiguen hacerse oír?

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El Consejo de Ministros autoriza otros 28 millones de euros más de gasto militar

Secretaría de Cultura Ciudad de México

Fuente: La Moncloa.

Pues de nuevo nos tienen aquí. Con otra partida más de gasto militar aprobada en otro Consejo de Ministros posteriores a declarar la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y de congelar el gasto.

Otros 28 millones de euros más para Gasto Militar; porque para el Gasto Militar no hay frontera que no se rebase ni congelación que nos asista.

Ahora se trata de adquirir helicópteros de segunda mano de los EE.UU. como remedio temporal mientras nos “surten” de los helicópteros NH-90 comprometidos en otra astronómica compra de Programas Especiales de Armamento.

se ha optado por una solución temporal, como es la adquisición de helicópteros SH-60F “Seahawk”, procedentes de excedentes de la Marina de los Estados Unidos, previamente transformados a la versión de transporte de tropas.

La compra de estos helicópteros de segunda mano ha salido por un pico, pero no importa, que el dinero no es de los que comprometen el gasto, sino del callado y desinformado respetable, que lo traga todo. Nada menos que 68 millones de gasto, de los que 40 salieron de otro crédito aprobado en 2016 sin que nadie rechistara y los otros 28 salen ahora de esta nueva aprobación de gasto por la que nadie rechistará.

Y si indignante es este nuevo gasto militar, sorpresivo es de dónde va a salir el dinero. Ni nos lo podíamos imaginar. Nada menos que de las partidas (que por cierto financian con el fondo de contingencia en gran parte porque tampoco están previstas en los Presupuestos Generales del Estado) de operaciones de mantenimiento de la paz.

Este dinero camuflado es, por tanto, un doble camuflaje, un camuflaje del camuflaje, porque en principio es un gasto extrapresupuestario (primer camuflaje) que además no sirve para mantenimiento de paz (de donde sale la partida), sino para compra de helicópteros militares fuera de los presupuestos (camuflaje segundo).

¿Pero no habíamos quedado en que esta práctica no la admitía el Tribunal Constitucional para los PEAS?, ¿pero no se trata de un añadido algo rocambolesco al PEAS de los Helicópteros NH-90?, ¿pero desde cuándo las armas se adquieren con los presupuestos de operaciones de paz?, …

Y otro pero más, ¿qué encubre ese presupuesto de operaciones de paz, que tanto vale para comprar armas, como para revisar el armamento y poner a punto el material militar que no cuenta con presupuesto en los programas de mantenimiento del Ministerio de Defensa, o para adquirir gasolina?  Un presupuesto que, precisamente por su atipicidad, no cuenta con los controles que tienen otras partidas de gasto sin que nadie le ponga remedio a esta nueva anomalía.

Y es que esto es un sin parar.

¿Dejarán de sorprendernos?

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La opacidad del Ministerio de Defensa en sus gastos publicitarios

Por Alejandro

Fuente:  Confilegal.

El Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos correspondientes van a estar obligados a facilitar los datos económicos de sus campañas publicitarias porque se lo ha impuesto una sentencia del 22-11-17.

La sentencia en cuestión desautoriza al Ministerio de Defensa y a su pretensión de correr un tupido y turbio velo sobre los gastos de sus campañas publicitarias, algo muy revelador, por lo que parece, de la política informativa tan manipuladora del Ministerio de Defensa.

Es el caso que una persona, al amparo de la ley de transparencia, pidió  que el Ministerio de Defensa le proporcionara información del listado de campañas realizada y presupuesto ejecutado tanto por el Ministerio de Defensa como por sus Organismos Autónomos, en el período 2012 a 2015, desglosado por medios de comunicación y solicitando los datos por año, presupuesto ejecutado, organismo, campaña, número de inscripciones, tarifa y medio de comunicación.

Defensa quiso impedirlo, dictando resolución el 15 de noviembre de 2016 en la que denegaba la mayor u daba una larga cambiada:

Se informa que el acceso a la información que se solicita, relativa al listado de campañas realizadas, organismo y presupuesto ejecutado del Ministerio de Defensa para los años 2012-2015, es público y se encuentra disponible en los planes e informes anuales de publicidad y comunicación institucional del Portal de Transparencia

y

La información solicitada relativa al número de inserciones, tarifa y medio de comunicación se encuentran incluidas en los planes de medios de las campañas de publicidad institucional difundidas en el mencionado periodo, para conseguir información con mayor detalle que el ofrecido en las páginas mencionadas, sería necesaria una acción previa de reelaboración, labor que implicaría la inadmisión de esta parte de la pregunta conforme al artículo 18.1 e) de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información pública y Buen Gobierno (LTAIBG).

Por otro lado, el acceso a otra información distinta a la publicada en el Portal de Transparencia o en las páginas indicadas podría suponer un perjuicio a los intereses económicos y comerciales de las empresas afectadas por los contratos, por lo que nos encontramos ante el supuesto del artículo 14.1.h) de la LTAIBG

El ciudadano despachado con un no tan insólito, recurrió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que por medio de su Presidente le dio la razón, ante lo que Defensa instó un recurso ante el Tribunal Central de lo Contencioso Administrativo, del que ha salido la sentencia que le enmienda la plana.

¿Por qué Defensa no quería proporcionar estos datos?, ¿es que había algo imperdonable en facilitar información tan lógica?

El juez, en su sentencia, da la razón al Presidente del Consejo de Transparencia,  y ratifica que la razón invocada por Defensa no es razonable, es un mero invento sin base legal:

En el presente caso, la resolución dictada por el MINISTERIO DE DEFENSA carece de toda motivación relativa a la aplicación de la indicada causa de inadmisión más allá de la mención a que la considera de aplicación

Ello por varias razones

No se puede entender que sea necesario volver a elaborar algo cuando ha quedado demostrado por lo indicado en los apartados anteriores de esta resolución que la información que pide el solicitante sobre los planes de medios es información que la empresa encargada de la campaña debe proporcionar al organismo responsable que, además, también debe informar detalladamente de la ejecución de la campaña

y

El derecho de acceso a los registros y documentos administrativos constituye un derecho de los ciudadanos de los llamados de la tercera generación. Está enraizado en el principio de transparencia administrativa, el cual responde a una nueva estructuración de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. Este derecho está reconocido por la Constitución en el artículo 105 b) […] El Tribunal Constitucional, considerando su valor sustantivo, ha estimado, en aplicación del principio de la fuerza normativa directa de la Constitución, que dicho precepto es directamente aplicable sin necesidad de esperar a su desarrollo legislativo

3) Resulta, pues, evidente, que, en aplicación directa de la norma constitucional, este derecho exige, con el fin de respetar su núcleo esencial integrado por el haz de facultades que lo hacen reconocible y la efectividad de los intereses del administrado a que responde, que se haga en un grado razonable asequible a los particulares, superando las limitaciones derivadas de su posición de inferioridad material frente a los poderes públicos, el adquirir conocimiento de los datos y documentos que puedan legítimamente interesarles, sin otras limitaciones que las que el propio precepto constitucional contempla («en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas») y las derivadas de las normas generales de procedimiento y de los principios de proporcionalidad, racionalidad y buena fe a que debe sujetarse el ejercicio de todo derecho.

De este modo, Defensa no tiene un derecho absoluto a limitar su información y salvo que exista una causa de suficiente entidad relacionada con la intimidad de otras personas, la averiguación de delitos o los intereses generales, la regla es que debe proporcionarse la información, por mucho que moleste al burócrata de turno.

Y en cuanto a los límites, explica el juez una cuarta argumentación

La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

Sigue la sentencia con otras consideraciones jurídicas que se refieren a la aplicación de las normas y de los procedimientos concretos, que igualmente señalan lo irrazonable de negarse a proporcionar información escondiéndose detrás de reglamentos y argumentos puramente formales, para añadir que la ley no sólo no prohíbe, como quiere Defensa, sino que justifica la aportación de esa información que Defensa se niega a dar.

Es lógico que se obligue a la administración a ofrecer información a los ciudadanos y a hacer transparentes unos gastos que no hay razón justificada para ocultar.

La sentencia tiene una especial importancia en lo que se refiere al Ministerio de Defensa, precisamente porque Defensa, y no sólo con los gastos de publicidad, es un agujero negro especialmente opaco.

Opacidad que, no en pocas ocasiones, viene acompañada de malas prácticas y una escandalosa situación.

Ejemplo de ello es el gasto militar, disperso y oculto en casi todos los ministerios y criticado no sólo por la sociedad civil o por grupos como el nuestro, sino también por la IGAE, por el Tribunal de Cuentas o por el propio Tribunal Constitucional.

A partir de ahora se redoblan las justificaciones para exigir a Defensa la transparencia de la que carece y demandar la información que con tanta fortuna se empeña en mantener en el limbo.

 

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AUME hace lobby

Por Cristina Cifuentes

Fuente: La Vanguardia

AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles) tiene un nuevo Secretario General, Iñaky Unibaso, que, como no puede ser menos, lucha por los derechos sindicales de sus asociados y ofrece sus apuestas a quien quiere oírlas.

Ha explicado en un desayuno informativo mantenido con periódicos que uno de sus propósitos actuales es mantener reuniones con los distintos partidos parlamentarios para hacerles ver sus puntos de vista y propuestas, entre las que incluye la igualación salarial de los militares con la Policía y la Guardia Civil, que ganan más que ellos, y que los soldados mayores de 45 años puedan seguir reenganchándose al Ejército a partir de dicha edad.

No quiere soldados jóvenes (el principal argumento por el que Defensa no quiere soldados de más de 45 años es su edad), o no tan jóvenes, porque, dice, no estamos en los Tercios de Flandes (que al parecer eran todos unos pimpollos), y porque las nuevas acciones militares se basan más en la logística que en la juventud. Añade que en el ejército actual no todos tienen por qué ser guerreros (de hecho una gran parte son burocracia y oficialidad en dique seco).

Dice el Secretario General que un Soldado por término medio gana unos 15.000 euros anuales, mientras que un Guardia Civil o un Policía Nacional gana unos 20.000; y que un Sargento gana  unos 23.000 euros, mientras que un Sargento de la Policía Nacional supera los 29.000 y un Sargento de la Guardia Civil los 26.000, agravio mayor cuando miramos la retribución de un Teniente del Ejército, 27.000 euros, frente a los Tenientes de Guardia Civil y Policía Nacional superan los 31.000.

Está bien comparar la escala de sueldos con los de Policía y Guardia Civil, que tampoco son mancos, pero puestos a hablar de agravios, podría haberse comparado con los salarios medios en la sociedad civil y reivindicar, en justa correspondencia, un espectacular aumento de salarios de tantos millones de civiles subempleados, mal pagados y altamente cualificados. Y no hacer ni siquiera mención a este grave problema de toda la sociedad nos parece un tanto insolidario.

No debe concernirle al sindicalismo militar la desprotección laboral de los civiles, que ni son militares, ni Guardia Civiles o Policías, sino gente del común y desarmada.

Podría también haber abundado, a la hora de tratar el tema de los soldados mayores de 45 años, en el verdadero problema del ejército, ese que lo hace presupuestariamente inviable: el gran tema del gigantismo militar. Porque el meollo de la cuestión es que tenemos el enorme lastre de contar con muchos más efectivos de los que se necesitan y de gastar la inmensa mayoría del presupuesto del Ministerio de Defensa en pagar sueldos a militares que sobran y por no hacer nada. Pero debe ser que el sindicalismo militar sólo se fija en los intereses de sus asociados, no en la solución de los problemas de la sociedad.

Podía haber añadido, puestos a ello, que contamos con una reserva que paga más de 500 millones de euros al año a miles de oficiales que no se necesitan y que sobran, por la imprescindible actividad de tocarse las narices, sin atreverse a acabar con esta ofensa al sentido común. Pero debe ser que denunciar los privilegios propios tampoco hace al caso al sindicalismo militar.

Temas estos que, ya de paso, podrían mirar los políticos a los que van a vender el caramelo del agravio comparativo, desde un planteamiento alternativo de estas situaciones y del modo de resolverlas,  tal como ya abordados en el texto que, al efecto de los soldados mayores de 45 años, elaboramos hace poco más de 1 mes, y ya cuenta con más de 8.000 visitas.

Porque el mensaje del sindicalismo militar, por legítimo que se nos antoje, se centra demasiado en pedir una igualación que suena a defensa de intereses corporativo y egoísta, con deliberado olvido de los problemas de toda una sociedad, y  elude abordar problemas de índole estructural que afectan a la insostenibilidad y la sangría que supone un gigantismo militar anacrónico y que soportamos injustamente con nuestros impuestos.

Tal vez con un ejército menor y destinado a otras cosas, se podría pagar mejor a los soldados imprescindibles.

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El CNI se aprovecha de la prórroga de los presupuestos para aumentar su gasto

Imagen de Quo

Fuente:  Infodefensa.

Ocurre que se prorrogan los presupuestos, por ahora, y que la mayoría de los Ministerios no podrán gastar más dinero para sus políticas.  Y decimos que la mayoría de los Ministerios no podrán porque algunos privilegiados sí.  Siempre y cuando sean militares o tengan relación con lo militar.

Ahora se da permiso, desde el Consejo de Ministros, a que lo haga el CNI (Ministerio de Presidencia):

  • podrán adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros
  • para la  contratación de proyectos de renovación tecnológica
  • para la inversión en infraestructuras

Esta orden deja muchos aspectos opacos:

  • no se especifica la cuantía en la que podrán aumentar el gasto (¡pásmense!)
  • no se especifica la partida que podrá ver aumentado el gasto
  • tampoco se especifican qué iniciativas concretas se pondrán en marcha

Es decir, no se sabe casi nada, se le da al CNI un nuevo cheque en blanco. Como se ve, un nuevo ejercicio de opacidad en las cuentas del PP.

Cuando hay presupuestos se produce opacidad porque no detallan los proyectos con el debido rigor; cuando los presupuestos se prorrogan, porque no especifican ni cuantías ni destinos de uso. El caso es no especificar ni aclarar nada.

¿Que no se lo creen?, ¿que es demasiado secretismo, incluso para los militares? Pues ahí va otra prueba, de la página de La Moncloa:

Nada menos que la autorización por parte de un acuerdo de Consejo de Ministros para establecer los límites de gasto de una ley sin necesidad de cambiar la ley.

Por cierto, ¿puede un acuerdo del Consejo de Ministros modificar una ley, o uno de sus artículos, sin la aprobación de Las Cortes?  Muy extraño.

Todo sea por el espionaje patrio.

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Cataluña desde la perspectiva noviolenta

Imagen de Joan

Fuente:  Adiós a las armas.

Os ofrecemos una mirada distinta desde Cataluña.  Normalmente no se publicitan las opiniones que desde la noviolencia explican cómo se afrontan los conflictos políticos y sociales.  Por lo tanto, no está de más hacernos eco de las reflexiones de María de Lluc Bagur, del Centre Delás per la pau de Barcelona.  No todo es violencia, que es lo único que reflejan, casi, los periódicos y medios de comunicación de masas, antes bien, existen múltiples iniciativas y un fondo de acción noviolenta que se obvia.

Se obvia porque no interesa que la ciudadanía con medios noviolentos sea activa y tome en sus manos su futuro.  Eso sería demasiada participación, demasiado empoderamiento y demasiado poder popular.  Pero, sin embargo, existe:

Cataluña tiene una larga tradición de luchas sociales no-violentas, si bien es cierto que las más visibilizadas y masivas tuvieron lugar hace ya algunos años, como la objeción de conciencia al servicio militar o las luchas anti OTAN, y ahora hacía tiempo que no vivíamos ninguna multitudinaria.

De hecho, la estrategia no-violenta ha sufrido una mala prensa por parte de varios actores, algunos para estar claramente en contra de cualquier forma de organización social mínimamente revolucionaria (es decir, aquellos que se sitúan en la defensa del statu quo), pero también por parte de algunos colectivos que han identificado la no-violencia con la pasividad y la inacción.

Lejos de esto, la no-violencia ofrece estrategias de acción directa que se han demostrado efectivas a lo largo de la historia, desde las luchas anticoloniales (por ejemplo la encabezada por Gandhi en la India), la lucha antirracista (como la que inició Rosa Parks en los Estados Unidos), la ecologista (como la de Greenpeace), la antimilitarista (tantos ejemplos…!), y un larguísimo etcétera.

Estos días en Cataluña, con motivo del referéndum para la autodeterminación, hemos vuelto a ver en las calles multitud de acciones colectivas, algunas más organizadas y otras más espontáneas, que nos han hecho recordar que nuestra sociedad tiene un bagaje innegable en la acción no-violenta. La violencia estructural y física que ha ejercido el estado español ha conseguido movilizar miles de personas que se han posicionado firmemente ante una situación de injusticia y de legalidad ilegítima. De hecho, la estrategia no-violenta ha dado fuerza a las personas que participaban para seguir con su lucha día a día, porque la acción no-violenta despierta lazos de solidaridad y compañerismo y refuerza los principios del grupo, que se siente más fuerte y más unido. Prueba de esto es que los episodios de violencia policial más cruentos tuvieron lugar el 1 de octubre, y en los días posteriores las calles han estado llenas de concentraciones, manifestaciones, huelgas de trabajadores y estudiantes, paradas, etc.

La no-violencia, como estrategia de acción colectiva radical que se basa en la congruencia entre los objetivos y los medios, busca la transformación de la sociedad oponiéndose de forma contundente a la violencia estructural (es decir, la violencia del sistema), aunque esto implique desobedecer una legalidad que se considera injusta e ilegítima para la sociedad. En nuestro caso, la violencia estructural es aquella ejercida por el gobierno del estado español que está vulnerando derechos básicos como el derecho a la autodeterminación o la consulta popular, y que se ha valido de la violencia física (policial y militar) para evitar el ejercicio de estos derechos. Ante esta situación, percibida como injusta por miles de personas, se ha ido articulando una respuesta social no-violenta con el objetivo de visibilizar el conflicto, rechazar el estado policial y la militarización de las calles y, finalmente, ejercer el derecho en la consulta popular. Lo analizaremos con más detalle.

La primera fase de la no-violencia son las acciones de difusión dirigidas a aumentar la concienciación social y generar debates, y las acciones de protesta y persuasión que pretenden visibilizar el conflicto. En este sentido, las personas movilizadas para defender el derecho a la autodeterminación han participado de manifestaciones, concentraciones, encarteladas, actos informativos, asambleas populares, manifestaciones de tractores, caceroladas y muchos otros.

En una segunda etapa, la no-violencia se expresa a través de acciones de no-cooperación y presión que consiste en la negación a colaborar con las estructuras y leyes de las que se entiende que proviene la injusticia contra la que se lucha, con el objetivo de coaccionar al adversario para que modifique su posición. Algunas acciones de no-cooperación social y económica que se han podido ver estos días han sido la huelga de estudiantes, la huelga general de trabajadoras, las paradas de empresas y administraciones públicas, y el boicot social selectivo a los cuerpos de seguridad que estaban alojados en los barcos por parte de las trabajadoras del puerto que se negaron a atenderlos. La no-cooperación política de las personas movilizadas para defender el derecho a la autodeterminación se hizo evidente en la celebración del referéndum, desobedeciendo la sentencia que lo había ilegalizado previamente.

Y, finalmente, si el conflicto lo requiere, la no-violencia apuesta por la acción directa. Se trata de acciones que a menudo serían consideradas «ilegales» por el ordenamiento jurídico, que buscan confrontarse directamente con el adversario. Y de estas podemos encontrar un buen puñado de ejemplos en la lucha de los últimos días: ocupación de las escuelas para celebrar el referéndum; ocupación del rectorado de la universidad; obstrucción de los cuerpos policiales para impedir que se lleven las urnas; interposición entre los agentes policiales y las sedes de la administración pública, de partidos políticos (CUP) o imprentas para evitar registros; hostigamiento no-violento de los cuerpos de seguridad alojados en hoteles, etcétera.

La originalidad y la creatividad de las personas movilizadas han dado en el mundo imágenes tan dignas para ser recopiladas en los tratados de acción no-violenta como la realización del recuento de votos en una iglesia, urnas escondidas en los árboles, cuerpos de seguridad llevándose urnas falsas con sobres vacíos, urnas escondidas en cementerios, un colegio electoral donde los cuerpos de seguridad sólo encontraron un puñado de personas jugando al dominó, carreteras cortadas por árboles caídos o tractores, o agentes perdidos por caminos de montaña donde las vecinas habían cambiado las señales de tránsito.

Los ejemplos de acciones no-violentas que se han podido ver estos últimos días en Cataluña han sido muchos y muy diversos y convierten la lucha de las personas movilizadas en un referente para futuros conflictos. Pero la desobediencia civil comporta importantes riesgos para quienes la practican, riesgos físicos y legales, que se tienen que asumir como parte de la acción. Una de las consecuencias más dramáticas que han sufrido las personas movilizadas para defender el derecho a la autodeterminación ha sido la violencia física con que fueron reprimidas durante la jornada del referéndum y que dejó 893 personas heridas, según datos del Departament de Salut. Hay que tener presente, en este sentido, que la mayor parte de la ciudadanía no está avezada a ver y vivir imágenes de violencia como las del 1 de octubre, no porque no se produzcan en Cataluña, sino porque tienen lugar en otros contextos que acostumbran a ser silenciados. A diferencia del 1 de octubre en que la ciudadanía que se enfrentó a la represión tenía el amparo de las instituciones políticas catalanas y de muchos medios de comunicación de masas, y el mundo entero pudo presenciar la brutalidad de los cuerpos de seguridad a los colegios electorales, la mayor parte de las luchas sociales que tienen lugar en Cataluña son tapadas o despreciadas por los generadores de opinión. Esto no tiene que servir para sacarle importancia a la represión de estos días en Cataluña, sino para que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la invisibilización de otras luchas sociales y de la represión que estas sufren, hay que decirlo, por la violencia de los Mossos de escuadra. Este aprendizaje de tantas personas que se han movilizado estos días en la lucha por los derechos sociales y políticos, tiene que servir para tejer lazos de solidaridad con otros colectivos de la sociedad que día a día se exponen a la represión policial y a la violencia institucional para defender derechos que son de todas.

En definitiva, no se puede pasar por alto que, una vez más, la dignidad se mantiene del lado de aquellas quienes han hecho uso de la no-violencia ante la represión para hacer valer su apuesta, fuerte y convencida, por los derechos sociales y políticos.

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No informan del precio de los fastos militares del 12 O

Por Elojeador

Fuente: El País

Una vez más, un nuevo desfile para identificar eso de ser español (¡a por ellos oe!) con desfiles militares y toda la parafernalia belicista con la que salen a escena los próceres del Estado a representar su papel  principal.

Como en otras ocasiones, se desconoce el precio, más bien el derroche, de estos fastos útiles para visibilizar el poder con sus guerreras, sus chaqués y toda la morralla con la que se distinguen respecto al subditaje en general.

La “parada” dice El País, contará (ya ha contado) con la participación de 3.900 militares, 78 aeronaves y 84 vehículos; frente a los 3.500 militares, 59 aeronaves y 43 vehículos del año pasado. La distancia que recorrerán (ya han recorrido) será algo superior, casi dos kilómetros. La principal novedad, la participación de la policía (¿pero no habíamos quedado en que la policía no era militar ni militarista?) como cuando el Caudillo. También la gendarmería francesa, que ha mandado unos cuantos gendarmes a hacer un curso a Valdemoro y no se quieren perder la fiesta.

Para poner más casticismo al evento, los 400 efectivos del Regimiento Inmemorial del Rey (que principalmente sirve para rendir honores a las visitas de estado y otras pérdidas de tiempo y dinero) han acudido vestidos a la usanza de los tercios de Flandes (esperamos que no hayan invitado al embajador flamenco y que Carmena no haya permitido que asista como público ningún niño de Bélgica y Holanda, de esos a los que sus padres amenazan cuando se portan mal con que vuelve el Duque de Alba) para conmemorar el 450 aniversario del “camino español” donde no se ponía el Sol. ¿No suena fuerte?

¿Y la pasta del fasto?

Pues lo que se sospechan ustedes. No lo sabemos, a pesar, dice El País, que solo la hora que dure el desfile, según el Ministerio, ya es un despropósito

solo ha cifrado en 420.000 el desfile, ligeramente por encima de 2016. A pesar de que el despliegue es mayor

Por si fuera poco, al acto le han acompañado un sinfín de actos complementarios que costarán un pastón (añadimos que más actos que el año pasado que nos costaron, desfile incluido, más de 800.000 euros) y que, igualmente, desconocemos su importe.

Por si alguien se anima a ver el listado de 109 actos más, a realizar en las diferentes comunidades autónomas (Andalucía donde más, con 36 y Cataluña y Asturias donde menos, con 1 cada uno), puede pinchar aquí.

Una vez más, unos fastos que no sirven sino para dar una imagen sectaria y militarista de España, este año con tintes imperiales y bastante preocupante, por demás

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Educación militarizada en Extremadura: los cursos del CPR de Badajoz

Por Lav Ulv

Acompañamos a continuación el texto que nos ha aportado Chema Álvarez, que nos autoriza a su publicación y a quien le agradecemos la colaboración. El mismo lo ha editado El Diario.

Para quienes venimos de la cultura antimilitarista y pacifismo a secas de los años 80 y 90, la que lideró en España el movimiento de desobediencia civil al servicio militar que utilizaba la insumisión como estrategia y que finalmente logró acabar con esta leva obligatoria, chirrían iniciativas como la del Centro de Profesores y Recursos de Badajoz, que organiza durante el mes de octubre el curso titulado Mundo actual y políticas de paz, dirigido al profesorado de centros educativos de su demarcación e impartido por personal adscrito al  Instituto Español de Estudios Estratégicos, un organismo del Ministerio de Defensa que, según expresa en su página web, se dedica a fomentar entre la ciudadanía una “Cultura de la Defensa como asunto de indudable trascendencia”.

Dos coroneles del ejército (uno de ellos de la OTAN) y tres analistas del mencionado instituto son los encargados de impartir las ponencias, algunas de ellas con títulos como “Recursos didácticos y propuestas metodológicas para integrar los contenidos de paz, seguridad y defensa en el aula”. No hay, pues, ningún ponente que no pertenezca al estamento militar ni, mucho menos, que sea docente o esté relacionado con la enseñanza pública obligatoria.

Ya de por sí la LOMCE eliminó buena parte de los contenidos relacionados con la Educación para la paz que, de modo transversal, introdujo en su día la LOGSE, una Ley que en su desarrollo curricular admitía enseñanzas en la noviolencia y la desobediencia como estrategia de participación política. El fin del Servicio Militar Obligatorio, acelerado por el empuje de un movimiento pacifista imaginativo, diverso y convencido de la eficacia de sus principios de acción, vino acompañado de una estrategia de gobierno que trataba de lavar la imagen de un ejército y de un modelo de Defensa cada vez más cuestionados, pero que sobre todo precisaba una renovación en cuanto a la percepción de la ciudadanía que le permitiera disfrutar del elevado gasto militar sin cuestionamiento alguno.

Esta nueva estrategia de Estado, motivada por la necesidad de crear un ejército profesional de tropa voluntaria, pasaba por introducir el fundamento militarista de esta institución  en la escuela, con charlas cuyo propósito era actuar como banderines de enganche dirigidas al alumnado de aquellos cursos cercanos o rayanos con el fin de la educación obligatoria, los 16 años, preferentemente de zonas geográficas donde un alto índice de fracaso escolar se unía a un elevado nivel de desempleo y precariedad laboral. Hablo de regiones como Andalucía y Extremadura.

Así, bajo la imagen de un ejército moderno, bien dotado tecnológicamente, que prometía a nuestros jóvenes una profesión con futuro en una especie de parque de atracciones similar a PortAventura,  donde uno podía ejercer deportes de riesgo tales como tirarse en paracaídas, bucear, pilotar aviones o zódiacs, con chicas reclamo que parecían más modelos de revista que soldados, muchos jóvenes se engancharon con la idea de que, al fin y al cabo, siempre podrían ir a ayudar en las llamadas “misiones humanitarias”, una expresión propia de la neolengua orwelliana acuñada por los sucesivos gobiernos españoles para camuflar o edulcorar la imagen del intervencionismo puro y duro allende nuestras fronteras.

Desde el Estado Español se aplica ese calificativo, “misión humanitaria”, a un conjunto de acciones que desvirtúan el significado de dicho adjetivo y perjudican seriamente a las organizaciones civiles independientes que desarrollan su labor rechazando cualquier empleo de la violencia. Desde Felipe González, el Ejército Español ha llevado a cabo 87 intervenciones militares fuera de España: 21 con Felipe González, 23 con Aznar, 22 con Zapatero y 21 con Rajoy, sin que los españoles hayamos podido averiguar cuánto nos ha costado cada una de ellas o todas en su conjunto.

El concepto de seguridad y de defensa que se tiene desde lo militar es muy distinto y está muy lejano de casar de algún modo con el concepto de Educación para la paz que enseñamos como docentes en nuestras aulas. Mientras que el Estado y el Ejército asumen un concepto de paz negativa, fundamentado en la ausencia de violencia directa (si vis pacem, para bellum), la Educación para la paz asume un concepto de paz positiva, fundamentado en la ausencia de la violencia estructural (si vis pacem, para pacem).

El modelo de Defensa del Ejército y del Estado Español no excluyen el uso de la fuerza y la aniquilación violenta del oponente como modelo de resolución de conflictos, mientras que el pacifismo (no me vengan con que los militares también son “pacifistas”) asume que la no violencia debe ser el camino para lograr la reconciliación, mediante el uso de estrategias que excluyen la agresión o aniquilación de ese oponente.

Por otra parte, el concepto de seguridad desde el ámbito militar del Ministerio de Defensa se centra en la defensa territorial y alimenta el culto a un conjunto de valores patrios militarizados que excluyen por lo general a quien discrepe de los mismos: bandera nacional, himno, concepto de nación, obligación de obediencia debida, verticalismo, jerarquías, uniformidad, etc.

La seguridad, vista desde la Educación para la paz y el pacifismo, atiende a las causas estructurales de la violencia, e incide en un modelo de Defensa nacional que nos proteja de la pobreza, el desempleo, la explotación, la violencia machista, la discriminación, la falta de protección sanitaria, la ignorancia en todas sus formas y un sinfín de agresiones diarias contra la ciudadanía que la convierten en pasto de los lobos.

El curso del CPR de Badajoz, impartido exclusivamente por militares o adscritos a la institución del Ejército, dice mucho acerca de por dónde van los tiros en educación. No sólo lamento que el proselitismo militarista haya podido llegar a nuestras aulas, sino que, además, se destine dinero de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura a pagar un curso a quien ya va bien pagado. Se estima que el gasto militar español para 2017 será de 34.068,29 millones de euros, 4,46 veces más del gasto militar oficial, establecido en 7.638,54 millones.

La organización Utopía Contagiosa, que lleva años vigilando este gasto, ha publicado recientemente su informe sobre la elaboración actual de los Presupuestos Generales del Estado, donde se incluye el gasto no declarado como militar pero que es camuflado en otras partidas presupuestarias, como nuestra participación en la OTAN y las recientes misiones en Letonia. Quien desee lo puede ver detallado en su página. Cabe decir que el gasto destinado en los mismos Presupuestos Generales del Estado para Educación en España es durante este año de 2.525 millones de euros.

Por último, para mayor escándalo no podemos dejar pasar la ocasión sin mencionar que el Gobierno español es uno de los vendedores de armas al régimen de Arabia Saudí, sospechosa de facilitar esas mismas armas al grupo terrorista ISIS vía Irán. Todo ello relacionado directamente con los ataques terroristas y esa cruel locura que nos asola. Ahí queda eso para explicarlo en el curso del CPR de Badajoz.

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