Archive for justicia militar

Otra posible nueva corrupción en el Ejército del Aire

Imagen de Realidad Expuesta

Fuente:  Público.

No es muy habitual que salten a la luz pública noticias sobre la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas.  Ahora lo hace un caso de un coronel del Ejército del Aire y un par de suboficiales, a los que denuncia el comandante jefe del escuadrón de servicios y segundo al mando del aeródromo de Santiago.

Queremos, primero, valorar la valentía del comandante al poner en vía judicial las prácticas de sus tres compañeros.  Valentía que en muchas ocasiones suele ir acompañada de problemas para los que denuncian las malas prácticas, en lugar de problemas para los que las han perpetrado.

En las Fuerzas Armadas existe el problema de la obediencia debida y parece que ello se interpreta por muchos militares como que los que están por debajo de ellos en el escalafón han de mirar para otro lado cuando los mandos comenten malas prácticas.  Obediencia ciega es lo que se exige en muchas ocasiones y es contra lo que resulta difícil rebelarse dentro del estamento militar.

El caso es que el coronel acusado, presuntamente:

  • Habría beneficiado intencionadamente a la empresa Sumire Reformas SL, convirtiéndola de forma irregular en la concesionaria única de las obras efectuadas en el aeródromo durante su mando.
  • El coronel denunciado concedía los trabajos sin pedir presupuestos a otras empresas, aceptando el argumento de uno de los suboficiales investigados, jefe de infraestructura, que aseguraba que solo la citada quería “trabajar con la unidad”.
  • El denunciante, acusa a su superior de haber utilizado su rango para beneficiar a dicha empresa incluso cuando, a instancia suya, se solicitaron presupuestos a otras empresas que ofrecieron precios menores que el propuesto por Sumire.
  • El coronel, presuntamente, procedió a ponerse en contacto por su cuenta con Sumire, que elevó un presupuesto de menor cuantía pero fechado el mismo día del original “para que nadie pudiera decir que habían tenido acceso a información privilegiada”.
  • Además, el coronel ante la oposición del comandante procedió a rebajar de su valoración en su informe personal de calificación (IPEC) por parte del coronel por “intromisión en las competencias de los subordinados”.  El IPEC evalúa las capacidades y el desempeño profesional de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y les acompaña durante toda su carrera, siendo clave para los ascensos y los cambios de destino.

Además, el comandante denunciante explica otro caso:

  • El comandante que ha denunciado explica que este tipo de concesiones automáticas a determinadas empresas se hacían también con las compras de material y herramientas para los talleres del aeródromo.  Entre los varios casos que explica el denunciante está el de una soldadora que se compró de forma urgente a la empresa habitual, que se iba a usar para reparar la valla perimetral de la unidad.
  • La excusa puesta por uno de los suboficiales acusados es que la que obraba en poder de la unidad no cumplía con los requisitos reglamentarios para el trabajo.
  • No obstante, la valla terminó reparándose con resina epoxi y la nueva soldadora se dedicó, presuntamente, a “la realización de una parrilla de grandes dimensiones para las barbacoas que el jefe de unidad ofrecía con cierta periodicidad a personal del aeropuerto y de Santiago”.
  • El texto de acusación explica que la soldadora que presuntamente se cambió por no cumplir con los requisitos necesarios apareció posteriormente oculta en un almacén al que solo tiene acceso uno de los suboficiales denunciados.

Recalcamos el asunto de las parrilladas para agasajar al personal y a las autoridades de Santiago.  Otro gesto de despilfarro militar escondido en los cuarteles.  ¿Cuántos como éste existirán a lo largo de todos los acuartelamientos militares?

Como se ve, parece que continua la tendencia ancestral en las Fuerzas Armadas de considerar que un elevado rango militar implica que lo que existe en un determinado cuartel o aeródromo es propiedad del militar de mayor graduación y puede usarlo como si estuviese en su propio cortijo.

Este es un caso, que se nos explicará que es un caso aislado, que nada tiene que ver con la esencia de las Fuerzas Armadas.  Sin embargo, en nuestra opinión, la multiplicidad de casos aislados debería preocupar al Ministerio de Defensa e, incluso, poner en tela de juicio sus procedimientos administrativos, las competencias de los mandos, la existencia de las justicia militar, anacronismo que en demasiadas ocasiones hace la vista gorda o carga las culpas contra el militar de más bajo rango, la nula auditoría externa e independiente que se realiza en los gastos de las Fuerzas Armadas, y la formación militar que les lleva a creerse con atribuciones excesivas.

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El Ejército del Aire defiende a Rajoy y a la monarquía contra un cabo

Imagen de Chairman of de Joint Chiefs of Staff

Fuente:  El País.

A muchos el término justicia militar no nos suena bien.  Huele a rancio, a anacrónico y a muy parcial.

El caso que nos ocupa es el de un cabo al que quieren expulsar del Ejército del Aire porque, supuestamente, ha realizado los siguientes hechos:

El perfil de Facebook ya ha desaparecido, pero en 2015 un tal Juanito Ávila estuvo, como tantos otros internautas, comentando la actualidad política española. Varios de esos comentarios, en algún caso enlaces de YouTube compartidos en su muro, le han costado a un cabo del Ejército del Aire un procedimiento sancionador por falta muy grave. El instructor propone que sea castigado con la resolución de compromiso, es decir, con la expulsión. La Fuerza Aérea cree que ha incumplido el deber de fidelidad a la Constitución y ha emitido públicamente expresiones contrarias al presidente del Gobierno y otros ministros y a la Corona. El régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas prohíbe mostrar preferencias políticas.

Como se ve, la libertad de expresión en las Fuerzas Armadas no existe.  Y menos aún si se trata de opinar sobre la superioridad, monarquía incluida.

Las pruebas son especialmente contundentes:

El procedimiento, a cuya documentación ha tenido acceso EL PAÍS, se basa en varias capturas de pantalla y en el testimonio de otro militar

El compañerismo tampoco existe en las Fuerzas Armadas, sobre todo si se trata de defender a la superioridad, monarquía incluida.

¿Le habría denunciado el mismo teniente si las presuntas ofensas fueran contra un presidente de la República o contra un jefe de gobierno de izquierdas?  Je, je.

Del peligro de opinar en las Fuerzas Armadas también dan la prueba palpable:

En otras se enlazan noticias de prensa, como “El sueldo del Gobierno subirá cuatro veces más que las pensiones”, o “Rajoy dilapida la ‘herencia recibida’ y saquea 25.000 millones de la hucha de las pensiones”

Sin duda el cabo puede ser considerado como antisistema y tildado de caboflauta.  Sobre todo si tenemos en cuenta la amplísima difusión que tenía su perfil de Facebook:

Otra de las imágenes muestra que el usuario, que tiene 14 seguidores y no menciona cuál es su profesión, ha compartido un vídeo titulado “La monarquía es innecesaria”

Contra ataques de este tamaño es lógico que tiemblen las instituciones. Y si no, fíjense en David apedreando a ese Goliat grandullón y antidisturbios.

Pero volvamos al tema de la justicia militar, que en el siguiente párrafo queda claro que será muy militar, pero poco justa:

Durante la instrucción, el cabo J. F. A. negó ser el autor de esos comentarios, incluso tener cuenta de esta red social. Su mujer, que declaró dos veces, testificó que fue ella la que creó la cuenta y comentó las noticias desde el portátil que compartían ambos. El instructor no la cree. Su declaración es “inverosímil e inconsistente”, señala en la propuesta de resolución. El instructor reconoce que no llegó a pedir a Facebook que identificara los registros de servidores del correo electrónico asociado a la cuenta “por imposibilidad legal”. Y señala que su conclusión sobre la autoría se basa en “pruebas indirectas o indicios”.

Pero, claro, como prima el concepto de escalafón, más sabrá el juez instructor, oficial por los cuatro costados, que un cabo y su esposa y más podía su previa sabiduría que los propios testimonios de ambos.

¿In dubio pro reo (ante la duda, a favor del reo)?. Fruslerías.  Para qué, si existe el escalafón militar que aclara todo de manera automática y fácil.

El caso, en primera instancia, fue archivado:

Inicialmente la denuncia del teniente de la base de Torrejón, que derivó en un expediente administrativo, no tuvo consecuencias. Un comandante de la base investigó el caso y concluyó que no se había podido comprobar si la falta disciplinaria —entonces se consideraba solo grave— la había cometido J. F. A. “Puede ser cualquier usuario el que esté detrás de ese perfil”, escribió en el informe de archivo. “De la documentación aportada así como del resto de diligencias practicadas […] se obtiene que no existen motivos suficientes para acusar […] ya que una página en la citada red social se puede hacer con el nombre que se quiera y no se puede tener […] la seguridad de la autoría de los hechos”, añadió.

Pero, el general jefe de la base aérea de Torrejón remitió el caso al Mando de Personal que abrió expediente disciplinario.  Parece ser que el general jefe de Torrejón incluyó en el expediente dos datos relevantes:

menciona que al cabo se le está instruyendo un expediente para determinar sus condiciones psicofísicas, es decir, para valorar si ya no cumple las condiciones necesarias para el servicio y si tiene derecho al retiro, que significa cobrar una pensión de 750 euros mensuales hasta su jubilación. Tras recordar que el cabo “actualmente no ocupa destino”, acuerda archivar el procedimiento previo y remitir los antecedes al Maper.

Y aquí parece que está la nueva clave del caso, el acoso entre compañeros, eso que en las películas de guerras nos venden como sacrosanto e inviolable, la confianza ciega en el compañero, el apoyo sin restricciones, el no dejar atrás a nadie:

Tanto para la esposa de J. F. A. como para su abogado, ahí radica la clave de la reapertura de un caso que ya había sido archivado por un instructor por falta de pruebas. “Se están dando prisa por eso. Quieren que se vaya a la calle con una mano delante y otra detrás”, asegura la mujer del cabo. Según su relato, el militar que dio el parte contra su marido y el capitán que declaró en el procedimiento son amigos y tienen una mala relación con él. “Es un caso claro de acoso que ha provocado una depresión y ataques de ansiedad a mi marido. No tienen ninguna prueba contra él, ni un correo ni nada que demuestre que eso lo escribió él”, añade. Ese supuesto acoso nunca fue denunciado. “Ahora él se arrepiente de no haberlo hecho”, dice la mujer.

Como se ve, o las películas son mentira, o los valores de compañerismo que dice enseñar lo militar son mentira.

¡Ah, será por eso! Ahora recordamos las razones por las que hicimos objeción de conciencia al servicio militar.

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La corrupción en la industria y el comercio militar

Imagen de Arthur Chapman

Fuente:  Foro Milicia y Democracia.

Artículo de historia reciente el que desarrolla Ernesto Valderrey.  Nos habla del caso Lockheed.  Famosísimo en lo años 70 y 80 del siglo XX.

Leer esta información, lo cual aconsejamos mucho, nos deja claros algunos puntos definitorios de la industria y el comercio militar:

  • Nada o muy poco ha cambiado con los años.
  • Los temas que atañen a los militares siempre encuentran motivos (la necesidad de no meterse con los militares golpistas en el inicio de la democracia española, el secreto de defensa, la obediencia ciega a la que están sometidos los militares, …) más o menos futiles pero efectivos para ser tapados.
  • Una de las estrategias más habituales para tapar los temas militares es dilatarlos en el tiempo.  Sus responsables acaban muriendo, o jubilándose, o …
  • Otra estrategia para tapar los escándalos militares es militarizar la vía judicial.  En ella el escándalo se diluye, se aplaca, dormita, se serena, se oculta a la sociedad y ésta acaba olvidándolo.
  • El secreto militar es utilísimo.  Para los militares, claro.  Si un tema puede afectar a la defensa nacional se vuelve opaco.  Y hay tantos temas que afectan a la seguridad nacional que …
  • Se acaba juzgando y condenando al que investiga y remueve estos casos, mientras que los culpables del caso en sí, se van de rositas.
  • Los altos poderes del Estado hacen la vista gorda por necesidades de Seguridad Nacional.

Lo curioso, lo peculiar, lo que también debemos resaltar, es que en otros países no es así, o, al menos, no es tan así.  En otros países el caso Lockheed fue un escándalo nacional que acabó con sus responsables juzgados y condenados.  Habría que aprender de lo internacional y normalizar la justicia militar haciéndola desaparecer. Y los escándalos militares habría que tratarlos con dureza, como cualquier otro escándalo civil.

La cuestión es echar la vista atrás para aprender de la historia, de sus lecciones.  Avanzar para una sociedad debería significar analizar, profundamente, lo que ha hecho para no volver a repetir errores, para ser creativos en los caminos que han dado mejores resultados.

También debería ser la obligación de nuestros políticos, serenarse en las cuestiones del militarismo, mirar los muchísimos errores cometidos en el pasado.  No volverlos a cometer.

¿Alguien hace esto?

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Instrucciones militares sorprendentes para los jueces de lo militar

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Colectivo Juana Azurduy Asociación Civil Junín

Fuente: El País

No deja de sorprendernos, por más tiempo que pasa, el anacronismo de una justicia militar.  Algo que debería desaparecer aunque solo sea por guardar las formas.

La justicia, dice la teoría, se construye como un sistema  independiente de los otros poderes y encargado de administrar justicia con arreglo a leyes democráticas, es decir, adecuadas dentro del stand de derecho liberal que mantenemos.

Que exista una justicia militar, con jueces que no son tales y guardan una sujeción a la jerarquía militar, una justicia entendida como un espacio reservado de actuación de la justicia exclusivo del ámbito castrense, una especie de tribunales de honor a la antigua usanza, es como si dijéramos, contradecir la idea de poder judicial y cambiar la justicia por el paternalismo autoritario.

Y reforzar la idea de que lo militar es un microestado dentro del Estado, donde tiene de todo por duplicado: desde farmacia a sanidad propia, un instituto de la vivienda propio, un sistema de protección social diferente del civil, patrimonio independiente y regido por sus  leyes, hospitales, centros educativos, recreativos, universitarios, hasta espacios naturales en exclusiva… en fin, todo al margen del mundanal ruido.

La justicia militar es juez y parte y eso la inhabilita como justicia.

Pero el anacronismo de una justicia militar, visto desde la corta distancia, se compone de una serie de capas de cebolla de anacronismos cada vez más anacrónicos, como es el caso de la nueva instrucción dictada por el Tribunal Militar Central, como quien dice el órgano de gobierno de la justicia militar, para “organizar” los servicios de guardia de los juzgados militares territoriales.

Dice la instrucción que los jueces instructores, en cuanto tengan conocimiento de la posible comisión de un delito, se pondrán en contacto inmediato con el jefe de la unidad donde este haya tenido lugar.

Se nos ocurre un traslado de dicho criterio al plano civil. ¿Qué pasaría, pongamos por ejemplo, si un juez normalizado una vez conoce la existencia de un delito, antes de hacer nada, llama al lugar del hecho para decir “oiga, ¿es el jefe del local (léase negociado, secretaría de estado, dependencia municipal, etc)? Es que al parecer ahí pudiera ser que alguien se hubiera calzado unos milloncetes en contratos amañados. Que no vaya a ser que desaparezcan las pruebas que voy para allá“;  qué pasaría?.

¿Y si el juez militar, digamos en un exceso de malicia de los que nos caracteriza, llama al cuartel a decir al mando que un inferior le acusa de abusos?

¿Y si, por la gravedad de los hechos, las diligencias se han declarado secretas?

Y si… Pues eso, y sí.

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La corrupción militar del Gómez Ulla, muy levemente penada

Imagen de Ricardo Ricote Rodríguez

Fuente:  ElConfidencial.com

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla es un horror.  No paran de salir noticias sobre su mala gestión, despilfarros y corrupción.  Y nosotros mismos hemos ido informando de ello en varias noticias.  Convendría más cerrarlo y traspasarlo a la medicina civil porque la gestión de los militares es pésima y corrupta, como dice la noticia que comentamos.

Siempre hemos estado en contra de la Justicia Militar.  Muchas veces hemos argumentado que no puede ser muy objetiva al juzgar a sus propios compañeros de armas.  Pero esta vez tenemos que reconocer que han hecho su trabajo:

Los tres altos mandos del Ejército de Tierra que adjudicaban las contrataciones del Hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid -el teniente coronel Francisco N. C., el teniente Miguel Ángel G. C. y el coronel Eduardo S. G.– han sido condenados por el Tribunal Militar Central por cobrar comisiones de los empresarios a los que concedían los servicios de limpieza y administración de la instalación castrense.

Otra cosa es que remarquemos que el Tribunal Militar ha elegido el tramo bajo de las penas a imponer.  Será, suponemos en primera instancia, que no era tan grave la corrupción, que no habían defraudado tanto al erario público y que no se habían enriquecido tanto los corruptos oficiales.  Bueno, fijémonos en los delitos para ver si estos y las penas van de la mano, o se ha vuelto a hacer una condena poco dura a los corruptos por el simple hecho de ser militares:

La resolución condena al primero a tres años de prisión al considerarle autor de un delito continuado contra el patrimonio, al segundo a dos años de cárcel por el mismo ilícito penal y al tercero a solo seis meses por negligencia en la eficacia en el servicio al entender la sala que no se pudo acreditar ningún pago, lo que suponía una rebaja de respecto a lo solicitado por la Fiscalía, que había pedido tres años para los tres por el delito contra el patrimonio.

Sí hace caso el tribunal al criterio de la sala al imponer la pena de tres meses de cárcel para el empresario al que los altos mandos exigían el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de servicios, a quien los magistrados ven culpable de un delito de cohecho y le castigan también a no contratar con la administración durante los próximos cinco años.

Vemos que el caso fue denunciado en 2014 y recién se dicta sentencia en 2017.  Tres años de retraso, que vemos, con desagrado, que también existe y mucho en el ámbito militar.

¿Qué hacían los corruptos militares?  Pues lo que los demás corruptos:

Según expuso el ministerio público durante su escrito de acusación con base principalmente en el mencionado testimonio, los condenados fraccionaban los contratos que superaban el límite legal permitido para que fueran considerados menores y poder eludir así la obligación de publicidad que impone la norma. En concreto, utilizaban este método del contrato menor en casi ocho de cada diez contratos emitidos entre 2008 y 2013, un periodo que coincidía -como recordó la Fiscalía en la última sesión de la vista oral- con “los años más duros de la crisis”. Además, llevaron a cabo “contratos verbales sin que se cumplieran ni por asomo los requisitos legales, ya que eran concesiones que no afectaban a la seguridad nacional”, que es una de las condiciones exigidas por la normativa.

La fiscal aseguró que los condenados “hinchaban” los costes de los contratos para que el empresario obtuviera márgenes de beneficio que, según señalaron los peritos, no habían visto en su vida. Eran “beneficios exorbitantes“, remarcaron los especialistas que testificaron a requerimiento del tribunal. En concreto, como explicó un empleado de la empresa adjudicataria de los servicios de limpieza, este margen era del 25%, un porcentaje al que había que añadir otro 25% que era destinado al pago de las comisiones a los mandos militares. Es decir, que el precio de la adjudicación se duplicaba para tener contentos a empresario y cargos castrenses.

Según la Fiscalía, los responsables de la adjudicación del Gómez Ulla exigían al empresario que les diera tres ofertas, a pesar de que sabían de antemano que le iban a entregar a él el servicio. En ocasiones, daban nombres de sociedades extinguidas o cuyo objeto social no tenía ninguna relación con el servicio al que optaban, lo que imposibilitaba de facto que el hospital pudiera decantarse por ellas. Otras veces, los condenados informaban al concurrente de cómo obtener los puntos necesarios para ganar la oferta.

En muchas ocasiones la corrupción acaba o termina en el despilfarro militar de lo público:

La fiscal, por ejemplo, consideró acreditado durante su relato de los hechos que en uno de los concursos, al que concurrían ocho mercantiles además de la del empresario denunciante, este último incluyó un montón de aparatos de limpieza adicionales para obtener más puntos y ganar el servicio. “Era la oferta más cara y la que tenía menos puntos, pero la inclusión de cinco máquinas cuando las demás ofertas llevaban apenas una inclinó la balanza” hacia la sociedad ‘amiga’ de los licitadores. “Solo había cuatro personas empleadas para manejar una veintena de máquinas”, resaltó con asombro la representante del Ministerio Público durante la vista oral.

Como no podía faltar nada en una trama de este estilo, también circulaban los sobres repletitos y los regalos en especie:

El Ministerio Público consideró acreditada durante su exposición final la entrega de 40.000 euros a dos de los condenados en 2009 por la adjudicación de un servicio de limpieza, de 10.000 más por otra contratación en 2010, otros 24.000 por una tercera, 9.000 y 7.000 por dos adjudicaciones de retirada de residuos y 74.000 más por contratos menores formalizados en 2009, 2011 y 2013 referidos a la contratación de personal de archivo, conductores y adiestradores caninos que deberían haber seguido el desarrollo de un contrato mayor.

Los regalos que entregaba el denunciante a los tres mandos castrenses, por su parte, iban desde los jamones hasta los relojes de alta gama, pasando por invitaciones a copiosas comidas o a clubes de alterne. La visita a estos últimos locales provocó de hecho varios enfrentamientos entre los diferentes acusados durante el juicio.

Si no existe una auditoría independiente del manejo del dinero en el Ministerio de Defensa seguirán dándose circunstancias como estas, que también resalta El Confidencial.com en otra noticia:

El teniente coronel Francisco N. C., el teniente Miguel Ángel G. C. y el coronel Eduardo S. G. acudían a clubes de alterne con todos los gastos pagados, recibían relojes Omega de sus agradecidos proveedores o eran invitados a copiosas comidas por parte de los adjudicatarios. Pero éstas eran solo algunas de las dádivas que los mandos recibían a cambio de la concesión de adjudicaciones. En ocasiones los favores se pagaban en forma de servicios.

 

En algún caso, los domicilios particulares de los mandos eran limpiados gratuitamente por el personal contratado por las empresas que se encargaba del saneamiento del hospital. Estas señoras de la limpieza eran enviadas a atender las necesidades domésticas de los jefes militares, que también recibían jamones y otros detalles en Navidad.

El teniente coronel Francisco N. C., por ejemplo, entre 2007 y 2010 se construyó un barco de recreo realizado en madera y adquirió tres motocicletas, dos coches y dos viviendas en Madrid. El teniente Miguel Ángel G. C., por su parte, compra en los ejercicios dos casas en Madrid y una tercera residencia de verano en Vera (Almería).

Los mandos militares prácticamente han resuelto en los últimos cinco años las hipotecas que tenían sobre sus viviendas.

Según el auto de procesamiento dictado el pasado 30 de noviembre por el Juzgado Togado Militar Central número 1, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 los acusados realizaron “amortizaciones de capital exorbitantes”. En algunos ejercicios, los acusados superaron los 50.000 euros abonados a las entidades bancarias con las que suscribieron los préstamos hipotecarios. En el caso de Francisco N. C., además, tanto en 2008 como en 2009, la Guardia Civil detectó compras por importes superiores a los 80.000 euros cada año. En la causa también constan informes que revelan que las empresas tenían en nómina a personas con una relación cercana a los procesados, documentos que sin embargo no son referenciados en el auto de procesamiento.

No sabemos ustedes, pero nosotros pensamos que si el castigo es sólo el dictamen del Tribunal Militar, bien poca pena es.  Es decir, vale la pena, pensarán los corruptos militares, el mal trago de algunos meses, porque no llegarán a cumplir los tres años que es la máxima pena fijada.

Y siempre les queda la esperanza de alcanzar algún indulto.  ¿Por qué no, pensarán?

¿Es justa la justicia militar?  ¿Es oportuna?  O ¿es una mera pantalla para ocultar lo que hay detrás del militarismo patrio?

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La remilitarización en Egipto y sus lecciones para España

Imagen de Kalasniblog

Imagen de Kalasniblog

Fuente:  El País.

Ya en agosto de 2013 nos hacíamos eco de que la remilitarización de Egipto era el peor negocio para la población.  Entonces titulábamos el artículo de esta manera:

Los militares egipcios y el militarismo yanki agravan el conflicto egipcio.

Más de 3 años después se confirman los funestos augurios:

Casi seis años después de la Revolución, la economía egipcia todavía no levanta cabeza: su crecimiento es anémico, la deuda se expande a un ritmo galopante y los consumidores padecen escasez de algunos productos básicos. En cambio, los negocios de las Fuerzas Armadas van viento en popa. A pesar del halo de secretismo que envuelve las actividades empresariales de la institución, algunos informes apuntan a que ha ampliado de forma notable su presencia en varios sectores durante los últimos años, bajo la presidencia del mariscal Abdelfatá al Sisi.

El grado de dependencia militar de la economía egipcia es considerable y muy preocupante:

Los proyectos económicos de las Fuerzas Armadas se realizan normalmente a través de cuatro partes: los proyectos de servicios Autoridad Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, la Autoridad Nacional de Producción Militar, dependiente del Ministerio de la Producción Militar y la Organización árabe independiente para la industrialización, los tres de los cuales son responsables de  un gran número de fábricas y empresas. La cuarta parte es la Autoridad de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, que se dedica a proyectos de infraestructuras civiles y militares.

En Egipto son continuas las noticias de que diversos ministerios (Ministerio de Dotaciones, Ministerio de Fomento, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, …) renuncian a sus competencias para que sean desarrolladas por cualquier organismo militar paralelo.

El Ministerio de Defensa no sólo construye las carreteras, sino que además, dado que consideran a las carreteras como áreas estratégicas de importancia militar, Al Sisi les ha asignado la propiedad de sus laterales (en 2 km de profundidad):

En junio pasado Sisi emitió el Decreto 233/2016, que asigna los tramos de terreno a ambos lados de las carreteras construidas por el Ministerio de Defensa, que mide 2 km de profundidad, a las Fuerzas Armadas. El Ministerio considera que estas áreas estratégicas de importancia militar que no puede ser transmitida a la propiedad privada. Veintiún carreteras se vieron afectados por este decreto.

Pero esto no es todo, también una agencia dependiente del Ejército egipcio es la que fabrica los medicamentos oncológicos, otra se encarga de la importación de leche para lactantes, así como de la importación de diversos productos sanitarios.

En el mundo de la educación, el Ejército Egipcio también ha construido colegios y han sido elegidos para supervisar los servicios de alimentación y vivienda para los estudiantes.

En el sector energético, también hay actividad de las Fuerzas Armadas de Egipto:  así, han firmado acuerdos con China para construir planta de producción de energía solar y otro para producir unidades de aire acondicionado.

También ha habido 3 decretos para encargar a los militares, dotándoles de tierras públicas, de construir 3 piscifactorías.

Al menos 3 proyectos de restauración de su patrimonio cultural han sido realizados por los militares.

Pero no acaba aquí la militarización de Egipto.  Ahora empezamos con los privilegios militares:

En estos últimos años pasados, las actividades económicas de las Fuerzas Armadas han disfrutado de una serie de privilegios legislativos. En abril de 2012 el Parlamento aprobó las enmiendas a la Ley Militar Judicial 25/1966 que identifican la justicia militar como la única autoridad encargada de investigar los casos de ganancias ilícitas por parte de agentes militares, ninguno de los cuales han sido investigados antes de su retiro.

Sobhy emitió un decreto en junio pasado la exención de 574 instalaciones militares de impuesto sobre bienes inmuebles, incluyendo 52 clubes, 29 hoteles, 18 estaciones de verano y ocho salas de cine y teatros, además de una serie de edificios, espacios, sucursales de supermercados, mataderos mecanizados, edificios residenciales y villas .

En diciembre pasado Sisi emitió el Decreto 446/2016 tierras regulación desocupadas por las Fuerzas Armadas, ordenando que sus ingresos se utilizarán para la construcción de nuevas zonas militares.

Este decreto permitió a las Fuerzas Armadas para que establezcan empresas, ya sea por sí solo o con capital nacional o extranjero. También permitió la Compañía Nacional de Desarrollo de Recursos de pescado, afiliada a la Autoridad Nacional de Proyectos de Servicio, para establecer una empresa conjunta piscicultura con un inversor de Arabia Saudita y una empresa alemana especializada en la cría de peces de atún, (Compañía Internacional de Productos Marinos).

Las Fuerzas Armadas también goza de una ventaja competitiva adicional, ya que la mayor parte de su fuerza de trabajo se compone de los reclutas que no están sujetos a las leyes de trabajo civil.

Toda esta vorágine remilitarizadora está consiguiendo dos cosas:

  • Aumentar escandalosamente el PIB militar egipcio:

“No hay forma de conseguir una estimación correcta del volumen de la economía militar… Pero yo lo situaría entorno al 4% o al 5% del PIB, incluyendo solo las compañías que poseen formalmente”, sostiene un reputado economista egipcio que prefiere guardar el anonimato a causa de la sensibilidad del asunto.

  • Como decíamos al principio del artículo:  estancar la economía egipcia y empobrecer a sus ciudadanos.

¿Son necesarias más pruebas para demostrar la hecatombe que supone militarizar la economía?

La práctica políticas militaristas de Egipto nos suenan muy lejanas y antiguas.  Muchos podéis pensar que en España ya no ocurre eso.  Sin embargo, estaría bien que os dieseis una vuelta por nuestro informe Gasto Militar 2016 para comprobar que en España, al menos, ya se dedica un 2’7 % del PIB  a lo militar y que 12 de los 13 ministerios actuales esconden gasto militar.

¿Son necesarias más pruebas para que España y los ayuntamientos y provincias más militarizadas:  Ferrol, Cádiz, Cartagena, Zaragoza, Madrid, se den cuenta de que poner en manos militares la economía, la educación, la sanidad, la industria, …, es la peor apuesta de futuro que se puede hacer?

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Retos para Cospedal en Defensa

Imagen de Gobierno de Castilla La Mancha

Imagen de Gobierno de Castilla La Mancha

Fuente:  Infodefensa.

Infodefensa, desde su perspectiva militarista (nosotros añadimos algunos comentarios desde nuestra perspectiva pacifista, para completar el análisis) nos cuenta que son 10 los principales retos a los que se enfrenta María Dolores de Cospedal, nueva ministra de Defensa:

1.-  Los Programas Especiales de Armamento (PEAS).  Después de que el Tribunal Constitucional negase la legalidad de pagar los PEAS mediante créditos extraordinarios que se firmaban en verano, para ocultar los 1.000 millones que suponían en 2016, queda por ver cómo hará el PP para pagar estos programas innecesarios y que, a la vez, están hundiendo al Ministerio de Defensa en la bancarrota.  Hay que recordar que quedan por pagar 21.300 millones de deuda arrastrada.

2.-  Elaboración del Presupuesto para 2017.

¿Seguirá ocultando la mayor parte del gasto militar anual en otros ministerios y otras partidas presupuestarias?  Hay que tener en cuenta que según nuestro informe “Gasto militar 2016“,  se presupuestó para el Ministerio de Defensa un gasto de 5.787’89 millones de €, y según nuestros cálculos el gasto militar para 2016 va a acabar siendo más de 30.928’86 millones de €.  Es decir, se esconde, ni más ni menos que 25.140’97 millones de €.

¿Seguirá gastando en Defensa más de lo que se presupuesta?  Hay parte del gasto militar que no se presupuesta.  En concreto, el sobregasto en Defensa entre 2002-2016 ha sido de 19.981’15  millones de € (un 20’66 % más de lo presupuestado)

¿Seguirá aumentando la deuda militar?  La deuda militar para 2016 la hemos calculado en 16.127’63 millones de €.

3.-  Para no aburrir, englobamos en este punto todas las demandas de armamento ultramoderno que piden los tres ejércitos:

  • Para la Armada:  submarino S-80, sustitución de los aviones de caza de despegue vertical Harrier, adquirir nuevas fragatas F-110, comprar nuevas lanchas de desembarco.
  • Para el Ejército de Tierra:  el nuevo 8×8, las Brigadas Orgánicas Polivalentes.
  • Para el Ejército del Aire:  aviones no tripulados (RPAS), aviones de transporte militar A-400M, nuevos aviones de reabastecimiento en vuelo, aviones para entrenamiento.
  • Reordenar la Dirección General de Armamento y Material, que pretenden que, de una vez por todas, sea una Agencia de Adquisiciones centralizada.

Como se ve, si los PEAS ya han sumido en la miseria al Ministerio de Defensa y al de Industria, ahora el plan es que suman en la miseria al resto de departamentos económicos y al Estado en pleno.  Una locura.

4.-  El relevo de la cúpula militar, para dejarla a gusto de la nueva ministra.

5.-  El mercado europeo de la defensa.  Aquí, para los militares vienen épocas de vacas gordas tras el anuncio de la decisión europea de dedicar fondos para potenciar la industria militar.

6.-  Relaciones militares con USA.  No nos preguntamos si se militarizarán más el sur de España con fuerzas armadas yankis, lo más certero será preguntarse cómo lo harán.  Rota, Morón, Canarias serán los pacientes sufridores de ser la plataforma de lanzamiento de ataques hacia África y hacia Oriente Medio.

7.-  Intervenciones en el extranjero.  ¿A qué cifra llegará el nuevo record intervencionista español?  Suponemos que Dolores no se dejará amilanar por Morenés y superará la cifra de 2.300 efectivos fuera de nuestras fronteras.

Otras cuestiones, muy importantes.

Siendo muy importante todo lo anterior, también lo son las cuestiones que desde nuestra óptica proponemos para debate:

¿La Directiva de Defensa Nacional seguirá redactándose sin hacer participar al Parlamento y a la sociedad española?

¿Seguiremos con una política de personal en el Ministerio de Defensa que haga que nuestros ejércitos sigan estando sobredimensionados, sobre todo en cuanto a oficiales y mandos se refiere?

¿Seguiremos militarizado la I+D+i?

¿Seguirán existiendo los inútiles y duplicadores de gasto Organismos Autónomos militares?

¿Seguirá militarizada nuestra política exterior?

¿Se informará al Parlamento sobre cuestiones de Defensa de manera tal que se favorezca el debate pausado y profundo, y que se tengan en cuenta sus propuestas?

¿Para cuándo una auditoría del Gasto Militar?

¿Para cuándo abolir la justicia militar?

¿Se seguirá hurtando a la ciudadanía la decisión sobre temas de defensa?

¿Se abordará la reducción paulatina del gasto militar?

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El trato del Ministerio de Defensa a los discapacitados

Imagen de Landahauts

Imagen de Landahauts

Fuente:  Diario Militar.

A todo joven en paro los militares le animan a alistarse. Una de sus razones es que Defensa siempre les cuidará, que nunca les abandonarán, como en la propaganda de  las películas yankis de marines.

Sin embargo, parece ser que la realidad muestra una cara mucho más horrible, al menos con parte de los militares, aquellos que sufren cualquier tipo de discapacidad en el desarrollo de su trabajo en filas:

Lo que han vivido los discapacitados militares en las Fuerzas Armadas ha sido un silencioso genocidio laboral. Fueron, y todavía son, poco a poco exterminados del mundo militar en un comportamiento infame y execrable. Para tal genocidio laboral ha sido necesaria la participación de la cúpula militar en su totalidad; el respaldo de los jurídicos militares, cuando no su asesoramiento, sus susurros al oído; la ejecución por parte de la medicina militar en los infames tribunales médicos; y la connivencia de los partidos (PP y PSOE) y los políticos (Bono, Alonso, Chacón y Morenés, junto a portavoces de Defensa como López Garrido -PSOE- o Vicente Ferrer -PP-).

Según la noticia

Las víctimas han tenido que pasar por un verdadero calvario y se cuentan por miles entre 2006 y 2015 (según OATM): 4.259 militares expulsados por expedientes psicofísicos (de los que 675 fueron militares con más de 6 años de antigüedad por resoluciones del contrato de larga duración y 3.584 militares con menos de 6 años de antigüedad por no renovaciones del compromiso inicial por lesión). Sabemos que los militares de tropa redujeron su número en casi 10.000 efectivos desde que llegó la crisis y sabemos, por tanto, que los discapacitados militares, la kafarna o la escoria, que diría un buen militar, uno de los patriotas, fueron los que asumieron el grueso de la política de reducción de efectivos.

La actuación del Ministerio de Defensa ha estado perfectamente orquestada y ha contado, como no podía ser menos, con su base legal correspondiente:

Como en la mayoría de los casos, en la expulsión de los discapacitados se cumple un patrón. La clave, jurídica, se encontraba en asignar una discapacidad inferior al 25%, un 24% como máximo, lo que suponía la expulsión del militar discapacitado en cuestión con una bajísima indemnización (menos de un año de trabajo) en lugar de una pensión de por vida. La situación llegó a un extremo que la argucia legal no solo valía para expulsar a los discapacitados que no podían continuar sus labores en las fuerzas armadas, sino para reducir el número de efectivos de tropa para desahogar los presupuestos y que estos despidos pudieran sostener el excedente de oficiales y los privilegios como los campos de golf o las residencias de veraneo para oficiales.

¿Entrega, compañerismo, solidadridad?  Todos estos valores están muy lejos de lo militar, sobre todo, de la cúpula militar, ya sea civil o uniformada.

Que lo tengan en cuenta l@s jóvenes que se ven atraídos por los cantos de sirena militares.

¿Continuará esta política la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal?

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Los tribunales militares protegen a los pilotos militares que han hecho un fraude masivo

Imagen de Javier Aroche

Imagen de Javier Aroche

Fuente:  El País.

El fraude de casi 100 pilotos del Ejército del Aire que aportaron falsas facturas de mudanzas para cobrar la indemnización por cambio de residencia se va a saldar, únicamente, con multas de 5.000 € y sin penas de cárcel gracias a un pacto al que han llegado la Fiscalía Militar con los acusados.

Parece ser que el monto del fraude no es pecata minuta (suponemos que no les han a poco más de lo que defraudaron, así que aproximamos cálculos):  100 pilotos por 5.000 € cada uno nos dan 500.000 € que engañaron al Ejército del Aire y a todos los españoles.

En algunos casos ni siquiera eso, pues los tribunales castrenses dan por prescritos los delitos de hace más de cinco años.

Los casos nos parecen graves y la sanción nada ejemplarizante, con el peligro de que se puede animar a muchos militares a seguir delinquiendo de esta manera.

El sargento M. A. ha reconocido que cobró en 2012 una Indemnización por Traslado de Residencia (ITR) de 3.150 euros tras aportar una factura falsa de la empresa Mudanzas Gil. El fiscal pidió para el suboficial una condena de dos meses y 15 días de prisión, frente a la pena mínima de tres meses y un día y máxima de 10 años de cárcel prevista en el artículo 81 del Código Penal Militar para los delitos contra el patrimonio militar, agravada si existe lucro personal. Para justificar tal rebaja el fiscal adujo que el suboficial reparó el daño, pues devolvió el dinero antes de la celebración del juicio oral (aunque después de que se abriera la investigación), y le aplicó también la atenuante de dilación indebida del procedimiento, pues este se inició en agosto de 2012 y duró cuatro años.

Antes del juicio, celebrado en julio pasado en Barcelona, el fiscal y la defensa llegaron a un pacto en virtud del cual el primero cambió su petición de prisión para el suboficial por una multa de 150 días, con una cuota de 31 euros diarios: 4.650 euros en total.

Pero esto no es todo.  Nos parece igual de grave lo que hizo el Tribunal Militar Central para evitar que el Ejército del Aire se viese inmerso en un macroproceso con decenas de mandos sentados en el banquillo:

el Tribunal Militar Central decidió en febrero de 2015 revocar dicho procesamiento y trocear el sumario en al menos ocho procedimientos repartidos por distintos juzgados. A partir de entonces, aunque la cifra de imputados continuó aumentando hasta rondar el centenar, la causa se fue diluyendo para concluir ahora con la imposición de módicas multas y sobreseimientos.

Todos han colaborado para salvar el buen nombre y la operatividad del Ejército del Aire:

El fiscal militar ha ofrecido una sentencia de conformidad a decenas de pilotos del Ejército del Aire acusados de cobrar indemnizaciones por falsas mudanzas. La oferta pasa por que se declaren culpables, acepten una pena de tres meses y un día de cárcel y devuelvan el dinero indebidamente cobrado (entre 1.500 y 4.500 euros). La fiscalía pretende evitar una cadena de juicios en los que hasta un centenar de mandos debería sentarse en el banquillo y enfrentarse a penas de hasta 10 años de cárcel, lo que podría dejar sin pilotos a algunas unidades.

 

El razonamiento del Tribunal Militar Central es bastante grosero porque hay un teniente que cobraba una comisión del 25 % y que es considerado el cerebro de la trama:

El Juzgado Togado Militar Central número 2 dictó en 2014 auto de procesamiento contra 45 pilotos del Ejército del Aire (un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y seis sargentos), pero el Tribunal Militar Central lo revocó y ordenó dividir el sumario entre nueve juzgados militares, en función del lugar de residencia, por estimar que los acusados no formaban una trama organizada para defraudar a las arcas públicas, sino que seguían el patrón de una picaresca individual.

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Según el auto dictado en su día por el juzgado militar central, eran un teniente y un capitán quienes se encargaban de contactar con los pilotos recién salidos de la Academia de San Javier (Murcia) para ofrecerles facturas falsas a cambio de un 25% de la indemnización que percibirían por una mudanza que nunca tendría lugar.

El troceamiento ha acabado multiplicando los acusados:

el troceamiento del caso lo ha multiplicado como una hidra y ya se acercan al centenar los militares imputados. Solo en el juzgado militar territorial número 12 de Madrid hay 43 implicados: un comandante (diferente al que investigó el juez central), 21 capitanes, cuatro tenientes, 12 suboficiales y cinco cabos.

Y es que parece que la Justicia Militar es, primero, Militar, y luego, si hay ocasión Justicia.

La solución deja, sin embargo, cabos sueltos: la impunidad de las empresas de mudanzas que facilitaron las falsas facturas; el escaso castigo para el cerebro de la trama, un teniente que cobraba una comisión del 25%; o la posibilidad de que aquellos para los que el delito ha prescrito no tengan que devolver el dinero.

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Una compañía de transportes, Sancho Ortega Int., con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid), alegó que lo que entregó no fueron facturas, sino ofertas de presupuesto, lo que choca con el hecho de que cobrase más de 500 euros a cada implicado, una cantidad exorbitante por una mera oferta comercial. Si se demostrase la culpabilidad de las empresas de mudanzas, estas no solo podría ser acusadas del delito cometido por los militares, sino también de falsedad de documento o fraude fiscal, ya que no habrían declarado dichos ingresos a Hacienda.

Si no se trataba de facturas legales, también podrían haber incurrido en negligencia o complicidad los órganos de control del Ejército del Aire que las dieron por buenas.

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El arresto de una piscina

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Por Joslud1

Fuente: Público

Nos informa uno de los blogs de Público de una costumbre militar que hunde sus raíces, esto lo decimos nosotros, en ancestrales concepciones penales que han pasado sin revisión crítica alguna en el ejército, esa institución tan remisa al cambio.

Y es que los militares, seguramente que imbuidos aún en el espíritu animista de otras épocas, siguen siendo capaces, sin que se les mueva una pestaña de sonrojo, de arrestar a un ladrillo y pintarlo del infamante amarillo de los relapsos de la inquisición, si todo un rey se tropieza con él; o de una piscina, a la que precintan y dejan “seca” si muere ahogado alguien en ella, como pasaba en la Edad Media, cuando se quemaba una viga en castigo y para que aprendieran las demás, si se caía sobre un trabajador o un marino.

Hay miles de historias, de antes y de ahora, por el estilo que relatan absurdos castigos a las cosas o a las personas cosificadas en el ejército, aunque en realidad ninguna norma jurídica recoja, ni pueda recoger que se sepa, semejante cuadro de sanciones animistas.

Los objetos, queridos militares, no tienen alma:  no pueden tampoco gafarnos, ni aprender de sus errores. Ni siquiera (y esto ocurre también en cierta categoría de personas y de profesiones) piensan ni pueden conmoverse. Su castigo no tiene sentido, en cierto modo como casi todo lo que tiene que ver con el atavismo propio de los ejércitos, que deberían, igualmente, empezar a integrar los anaqueles de los museos y los libros de mitos y leyendas.

Pero, ya que estamos, pasemos a un segundo plano de este pensamiento mágico que impregna el militarismo y el ejército. Daría la sensación de que la misma cadena de razonamientos que le llevan a un militar a arrestar a una silla, le llevan también a consagrarse la obediencia ciega, a proclamar el amor a ese vacío de sentido que es la “patria”, la “bandera” o el “honor”, a creer a pies juntillas en el celo en la aplicación del régimen y la “cadena” de mando, o a aplicarse ciegamente en el ridículo de hacer de la violencia y de la guerra el intento de solución de los problemas de la humanidad.

El animismo, da la impresión, es parte de la concepción simplista y mágica con la que el militarismo concibe el mundo y pretende “someterlo a control”.  En fin, la cultura militar…

¡Con todo lo que ha llovido…!

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