Archive for Irregularidades en las Fuerzas Armadas

Otra prueba de que lo militar no es serio

Imagen del Ejército del Aire

Fuente:  Defensa.com

¿Despilfarro, principios de locura, descaro total, estar totalmente fuera de la realidad?  Ustedes juzgarán.

Resulta que una tripulación del 333 Escuadrón de la patrulla Marítima de la Fuerza Aérea noruega ha realizado una visita al Grupo 22 del Ala 11 de la Base Aérea de Morón.

¿Qué hacen ahí?  ¿Cuál es la utilidad del viaje?  ¿Tiene algo que ver con la defensa nacional de Noruega, o de España?

Nuestro Grupo 22 aprovechó que pasaban por ahí los noruegos para explicarles algunos planes de modernización de sus aviones P-3B y, también, en qué operaciones en el exterior están enfrascados.

¿Qué les puede interesar a los noruegos de estas explicaciones para hacer un viaje tan largo?  Nada.  Nada, por supuesto.  Nada militar.  Nada lógico.

Resulta que en un viaje que hicieron los españoles a Noruega en 1998 como parte de los intercambios de patrulla marítima realizados a raíz de la adquisición de los aviones P-3B a la Fuerza Aérea Noruega se extravió una roca Elmer «The Rock».

Lo del extravío no queda claro si fue un error al cargar el avión de vuelta o si la patrulla española lo afanó en un descuido.  Todo indica que es un juego entre diversas fuerzas aéreas mundiales, que además les ayuda a hacer turismo.

Elmer es una roca islandesa de varios miles de años dice la noticia (en realidad que una roca tenga miles de años de antigüedad es como si una persona tuviese unas horas de antigüedad, es decir, muy poco, por lo tanto, suponemos que querrán decir unos cientos, al menos, de millones de años).

Resulta que Elmer fue adoptada por un escuadrón B-24 americano en la Segunda Guerra Mundial.  Desde entonces, Elmer se ha extraviado sucesivamente por varios lugares del mundo, incluso en Corea y Vietnam.

La roca provoca problemas en el centro de gravedad de las aeronaves que la transportan, pero nuestro Grupo 22 la ha llevado a diversos vuelos de operaciones nacionales e internacionales.

¿Se imaginan lo seria que es nuestra defensa militar, lo concentrados que están nuestros militares, lo que se juegan la vida por nosotros, lo que nos defienden de todos los males del universo, y lo concentrados que están nuestros aviadores en defendernos, jugando con la piedrecita?

Una verguenza.

Suponemos que en esta estúpida historia habrá intervenido el espionaje noruego para ubicar a Elmer, y suponemos que nuestro contraespionaje, nuestro CNI habrá hecho todo lo posible para que no pudiesen localizarla.

Mientras esto pasa, se multa a lo manifestantes pacifistas por criticar a la industria del armamento.

El mundo está loco.  Que paren el mundo, que nos queremos bajar.

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Posible estafa en los Eurofighter austriacos

Imagen de Euro Military Power Jet

Fuente:  Infodefensa.

El supuesto fraude viene de 2003. Los austriacos se sienten engañados en el precio de la compra de los cazas, en la entrega y en el equipamiento de los aviones.

Las averiguaciones incluyen a Tom Enders, máximo responsable de Airbus (que fabrica los Eurofighters), al que han llamado a declarar en calidad de investigado.

Austria encargó un total de 18 cazas por un precio de 2.000 millones de €.  Tras renegociar el contrato el total quedó en 15 aviones por 1.700 millones de €.

El proceso ha sido largo.  El primer pedido fue realizado por el gobierno de los conservadores, 3 años después se inició la primera comisión de investigación que se cerró sin llegar a ningún acuerdo.   El segundo acuerdo, el de los 15 aviones, fue firmado por el gobierno de los socialdemócratas.   Luego, tras nueve años desde la firma del primer contrato, se hizo otra comisión de investigación en 2012.  Aquí se llegó a decir que si se descubrían prácticas corruptas se podría rescindir el contrato y se devolverían los aviones.  Esta comisión ministerial cifró el perjuicio en 1.100 millones de €.

¿En España no han ocurrido estas malas prácticas?  ¿Estamos seguros?  ¿Ningún parlamentario está dispuesto a investigar o a preguntar por estos casos para comprobar si hay alguna conexión?

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Cascos azules: un abuso sexual cada 2’16 días

Imagen de Ejército Argentino

Fuente:  RT.

Siempre denunciamos que lo militar es la peor forma de afrontar un conflicto, siempre decimos que antes que resolverlo lo que suele ocurrir si se usa lo militar es que el conflicto se agrava y/o se enquista.

¿Otra prueba?  Pues ahí va:  los pacíficos cascos azules de la ONU.

Integrantes de las Fuerzas de Paz de la ONU están acusados de haber cometido casi 2.000 abusos sexuales en los últimos doce años, incluidos más de 300 casos que implicaron a menores de edad, pero solo una pequeña proporción de los abusadores acabaron entre rejas

2.000 en 12 años.  Son 166’6 al año.  13’8 al mes.  Una cada 2’16 días. No lo vemos ni pacífico ni humanitario que digamos.

Impresiona.  Y eso que es necesario señalar que un grandísimo porcentaje de los abusos sexuales no serán denunciados y pasarán desapercibidos.  ¿Se llegará a denunciar el 10 % en estos países en guerra, pobres, analfabetos?

¿Quién es el enemigo?

Ni las bien valoradas fuerzas de paz de la ONU se libran de su esencia militar y violenta y usan sus armas y la situación de debilidad y vulneración constante de las poblaciones para abusar de ellas gravemente.

Además, como en todas las guerras o conflictos militares, la impunidad es la nota predominante para los uniformados.

En Haití:

nueve adolescentes de ambos sexos fueron explotados sexualmente de manera sistemática por al menos 134 cascos azules de Sri Lanka entre 2004 y 2007.

En República Centroafricana: donde ahora 4 son los acusados de abusos sexuales a 4 víctimas.  Se nos podrá decir que de los 11.800 soldados desplegados en R. Centroafricana, 4 casos no son muchos.  A nosotros nos parecen demasiados.  Además,

Los nuevos cargos siguen a una serie de acusaciones por actos de abuso sexual que las tropas francesas y africanas cometieron en la República Centroafricana, donde entre diciembre de 2013 y junio de 2014 obligaron a menores de edad a realizar actos sexuales a cambio de alimentos.

Según cuenta la agencia AP, autora de la investigación,

De acuerdo con un informe interno de la ONU, 114 de los efectivos fueron enviados de vuelta a su país como resultado de una investigación, pero ninguno fue encarcelado.

Los abusadores eran oriundos de Bangladés, Brasil, Jordania, Pakistán, Nigeria, Uruguay y Sri Lanka, según datos de la ONU.

Además, los soldados se aprovechan del vacío legal y de la connivencia de las autoridades de sus respectivos países:

La jurisdicción de la ONU no se extiende a los cascos azules, ya que la facultad de imputarlos y juzgarlos pertenece a los países que contribuyen con personal a las fuerzas de la ONU.

AP solicitó repetidamente información a 23 países sobre el número de soldados de su nacionalidad que afrontan acusaciones y sobre las diligencias tomadas para investigarlas, pero pocos Gobiernos respondieron y los nombres de los culpables se mantienen en secreto.

Evidentemente, no estamos diciendo que todos los soldados sean malos.  Pero sí nos parece acertado decir que la institución militar genera, per se, múltiples tipos de violencia:  directa, estructural y cultura.  Es decir, que lo militar sí es una mala opción, quizá la peor.

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Despilfarro militar de la Guardia Civil

Imagen de Golbal Panorama

Fuente:  El Plural.

Magnífica la información de Celia Guzmán para El Plural.

La opacidad con la que la Guardia Civil maneja sus cuentas no permite conocer despilfarros como el producido con el buque transoceánico Río Tajo, en el que se han trasladado dos embarcaciones donadas al Gobierno de Guinea Bissau, y que ha supuesto un gasto “no inferior a 200.000 euros”, según han confirmado a ELPLURAL.COM fuentes solventes que cuestionan que el traslado no haya sido realizado en un carguero convencional, que habría supuesto “un coste de no más de 20.000 o 30.000 euros”.

¿Qué razón les habrá llevado a decidir gastar 10 veces más de lo necesario para hacer el traslado de esta militar manera?

Seguramente la sensación de que si no lo hacían así, la Guardia Civil, no haría nada útil con la patrullera, estarían mano sobre mano sin defender a la patria de manera alguna.

Con ello se pierden 170.000 ó 180.000 €, pero se hace indispensable a la Guardia Civil.

¿Ocurren casos parecidos habitualmente?  Pues sí.  ¿Por qué ha de recurrirse a la UME para apagar fuegos, por ejemplo, cuando las Brigadas Antiincendios hacen la misma labor con más rapidez y más eficacia?  Pues por dos razones:

  • para militarizar una nueva faceta de la sociedad, la lucha contra los incendios y catástrofes.
  • para justificar lo militar como la forma preponderante de actuación gubernamental.

La costumbre de donar patrulleras no es nueva:

  • 2 patrulleras donadas a Guinea Bissau en 2017
  • 2 patrulleras donadas a la gendarmería de Mauritania en 2006
  • 1 patrullera donada a Senegal en 2007

¿Significaron las anteriores donaciones despilfarros como el actual?

Por otro lado, nos preguntamos para qué le sirven a Guinea Bissau 2 patrulleras.  Seguramente para controlar el tráfico de personas hacia el norte, España, para buscar una vida mejor.

Si es así, la cesión no supone una ayua a Guinea Bissau para solucionar sus problemas, sino un regalo para que nos ayuden a solucionar nuestro problema con la inmigración.  Una donación pues, muy interesada.  Y es que la militarización de la cooperación siempre acaba en la búsqueda de nuestro interés y no resuelve ningún problema a los países con los que presuntamente colaboramos.

Y, por último, otra pregunta:  ¿Si la Río Tajo se dedica al transporte, realmente la necesitamos para nuestra defensa militar?

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El despilfarro de las 26 bandas de música de las Fuerzas Armadas

Imagen de Contando Estrelas

Fuente:  El Diario

Muchas veces hemos criticado el despilfarro de los ejércitos. Por ello recomendamos la lectura sosegada de nuestro dossier sobre despilfarro militar, con más de 21.000 visitas.

Lo volvemos a comprobar con un nuevo ejemplo.  Ahora con las 26 agrupaciones musicales de las Fuerzas Armadas.  Pero antes de dar nuestras opiniones queremos que lean lo esencial de la noticia para que ustedes mismos vayan haciéndose una idea del asunto (por cierto, no olviden que estamos hablando de la Defensa Nacional, de defender nuestra patria y nuestras fronteras contra el terrorismo islamista, por ejemplo):

En las Fuerzas Armadas hay 26 agrupaciones musicales que participan en festivales y que ofrecen cientos de conciertos «militares y civiles» viajando «por dentro y fuera de España»

(…)

El grupo musical del Cuartel General del Aire está formada por «40 suboficiales y 30 militares profesionales de tropa, incluidos los miembros de la Banda de Cornetas y Tambores». El año pasado realizó nada menos que 150 actuaciones musicales.

Entre los eventos en los que participan estas bandas se aclara que «el más importante es el de rendir honores a Sus Majestades los Reyes y a los jefes de Estado y de Gobierno extranjeros de visita oficial en nuestro país, por ejemplo, en el Pabellón de Estado del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas».

La Unidad de Música quiere seguir creciendo y mejorando por lo que en el reportaje se explica que «tiene ya  aprobada la incorporación de cuatro chelos y dos  contrabajos para conseguir la dimensión sinfónica que aporta la cuerda a una banda de música». «Sus componentes lo mismo tocan pasodobles», que acometen piezas de música clásica,

De cara al futuro,el objetivo que se plantea es «crear en su seno, con sus propios músicos, otras formaciones de estructura más pequeña, bien de música de cámara -como el quinteto de metales o el dúo de flauta y clarinete ya existentes- o una big banda que lea y toque música de jazz, por ejemplo», desvela la publicación.

Entre sus «actos extraordinarios», es decir, las salidas que realizan al extranjero, se encuentran la participación en el Festival Military Tattoos, «en los que ha participado en diversas ocasiones la unidad».  Pero también colaboran en actos benéficos. En España su primera actuación oficial de 2017 fue en el concierto Contra el Cáncer celebrado en la localidad madrileña de Getafe.

¿Ven ustedes relación con la defensa nacional?  ¿Estamos mejor defendidos de nuestros enemigos con estas 26 bandas de música militares?  ¿Tocan tan mal que aumenta nuestra capacidad disuasiva ante el enemigo?  ¿Estamos siguiendo militarmente la máxima de que la música amansa a las fieras y, por lo tanto, al enemigo?

Probablemente todos estemos de acuerdo en que las bandas de música militares no tienen nada que ver, actualmente (y desde hace mucho tiempo), con las guerras ni con la defensa nacional.  Quedaron obsoletas.

Sin embargo, ahí están.  Porque, en el fondo, sí tienen una función en la defensa nacional.

Son parte de la propaganda militarista.  Simple y llanamente.  No sirven para otra cosa.

En nuestra opinión son un despilfarro más de lo militar.  Están ahí porque los militares, por máxima, no quitan nada de lo que es militar.  Porque lo militar no se cuestiona.  Porque lo militar no se modifica.  Porque, como ellos dicen, lo militar y la defensa nacional es cuestión de Estado, que quiere decir que no se permite opinar diferente.

Hace poco lo dijo nuestra ministra de Defensa, Cospedal: sin la seguridad no tiene sentido tener educación ni sanidad.  Podría haber añadido que tampoco tiene sentido, sin música militar, la educación ni la sanidad.  El razonamiento, su pobreza, su idiotez, no se sostiene de ninguna manera.  Pero ahí está la música militar, por los siglos de los siglos.

¿Les parece a ustedes despilfarro militar?

Pues al diputado Gabriel Rufián parece que también.  Por ello ha presentado un montón de preguntas parlamentarias para intentar aclarar qué hay de despilfarro en todas estas bandas.

Nos tememos que mucho porque ya sólo la presencia de 70 militares en el grupo musical del cuartel general del aire, con todos sus sueldos y gastos nos parece dinero despilfarrado.  ¿Cuál será el total?

Además, no sólo a Rufián, a Utopía y a muchos de los lectores les parece despilfarro.  La noticia acaba así:

El diputado de ERC explica a eldiario.es que el interés por este asunto le ha llegado a través de asociaciones militares que le han expresado dudas sobre «si es necesario tanto dispendio en este tipo de actividades dentro de las Fuerzas Armadas».

¿Es urgente una auditoría independiente de las Fuerzas Armadas?

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La corrupción militar del Gómez Ulla, muy levemente penada

Imagen de Ricardo Ricote Rodríguez

Fuente:  ElConfidencial.com

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla es un horror.  No paran de salir noticias sobre su mala gestión, despilfarros y corrupción.  Y nosotros mismos hemos ido informando de ello en varias noticias.  Convendría más cerrarlo y traspasarlo a la medicina civil porque la gestión de los militares es pésima y corrupta, como dice la noticia que comentamos.

Siempre hemos estado en contra de la Justicia Militar.  Muchas veces hemos argumentado que no puede ser muy objetiva al juzgar a sus propios compañeros de armas.  Pero esta vez tenemos que reconocer que han hecho su trabajo:

Los tres altos mandos del Ejército de Tierra que adjudicaban las contrataciones del Hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid -el teniente coronel Francisco N. C., el teniente Miguel Ángel G. C. y el coronel Eduardo S. G.– han sido condenados por el Tribunal Militar Central por cobrar comisiones de los empresarios a los que concedían los servicios de limpieza y administración de la instalación castrense.

Otra cosa es que remarquemos que el Tribunal Militar ha elegido el tramo bajo de las penas a imponer.  Será, suponemos en primera instancia, que no era tan grave la corrupción, que no habían defraudado tanto al erario público y que no se habían enriquecido tanto los corruptos oficiales.  Bueno, fijémonos en los delitos para ver si estos y las penas van de la mano, o se ha vuelto a hacer una condena poco dura a los corruptos por el simple hecho de ser militares:

La resolución condena al primero a tres años de prisión al considerarle autor de un delito continuado contra el patrimonio, al segundo a dos años de cárcel por el mismo ilícito penal y al tercero a solo seis meses por negligencia en la eficacia en el servicio al entender la sala que no se pudo acreditar ningún pago, lo que suponía una rebaja de respecto a lo solicitado por la Fiscalía, que había pedido tres años para los tres por el delito contra el patrimonio.

Sí hace caso el tribunal al criterio de la sala al imponer la pena de tres meses de cárcel para el empresario al que los altos mandos exigían el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de servicios, a quien los magistrados ven culpable de un delito de cohecho y le castigan también a no contratar con la administración durante los próximos cinco años.

Vemos que el caso fue denunciado en 2014 y recién se dicta sentencia en 2017.  Tres años de retraso, que vemos, con desagrado, que también existe y mucho en el ámbito militar.

¿Qué hacían los corruptos militares?  Pues lo que los demás corruptos:

Según expuso el ministerio público durante su escrito de acusación con base principalmente en el mencionado testimonio, los condenados fraccionaban los contratos que superaban el límite legal permitido para que fueran considerados menores y poder eludir así la obligación de publicidad que impone la norma. En concreto, utilizaban este método del contrato menor en casi ocho de cada diez contratos emitidos entre 2008 y 2013, un periodo que coincidía -como recordó la Fiscalía en la última sesión de la vista oral- con «los años más duros de la crisis». Además, llevaron a cabo «contratos verbales sin que se cumplieran ni por asomo los requisitos legales, ya que eran concesiones que no afectaban a la seguridad nacional», que es una de las condiciones exigidas por la normativa.

La fiscal aseguró que los condenados «hinchaban» los costes de los contratos para que el empresario obtuviera márgenes de beneficio que, según señalaron los peritos, no habían visto en su vida. Eran «beneficios exorbitantes«, remarcaron los especialistas que testificaron a requerimiento del tribunal. En concreto, como explicó un empleado de la empresa adjudicataria de los servicios de limpieza, este margen era del 25%, un porcentaje al que había que añadir otro 25% que era destinado al pago de las comisiones a los mandos militares. Es decir, que el precio de la adjudicación se duplicaba para tener contentos a empresario y cargos castrenses.

Según la Fiscalía, los responsables de la adjudicación del Gómez Ulla exigían al empresario que les diera tres ofertas, a pesar de que sabían de antemano que le iban a entregar a él el servicio. En ocasiones, daban nombres de sociedades extinguidas o cuyo objeto social no tenía ninguna relación con el servicio al que optaban, lo que imposibilitaba de facto que el hospital pudiera decantarse por ellas. Otras veces, los condenados informaban al concurrente de cómo obtener los puntos necesarios para ganar la oferta.

En muchas ocasiones la corrupción acaba o termina en el despilfarro militar de lo público:

La fiscal, por ejemplo, consideró acreditado durante su relato de los hechos que en uno de los concursos, al que concurrían ocho mercantiles además de la del empresario denunciante, este último incluyó un montón de aparatos de limpieza adicionales para obtener más puntos y ganar el servicio. «Era la oferta más cara y la que tenía menos puntos, pero la inclusión de cinco máquinas cuando las demás ofertas llevaban apenas una inclinó la balanza» hacia la sociedad ‘amiga’ de los licitadores. «Solo había cuatro personas empleadas para manejar una veintena de máquinas», resaltó con asombro la representante del Ministerio Público durante la vista oral.

Como no podía faltar nada en una trama de este estilo, también circulaban los sobres repletitos y los regalos en especie:

El Ministerio Público consideró acreditada durante su exposición final la entrega de 40.000 euros a dos de los condenados en 2009 por la adjudicación de un servicio de limpieza, de 10.000 más por otra contratación en 2010, otros 24.000 por una tercera, 9.000 y 7.000 por dos adjudicaciones de retirada de residuos y 74.000 más por contratos menores formalizados en 2009, 2011 y 2013 referidos a la contratación de personal de archivo, conductores y adiestradores caninos que deberían haber seguido el desarrollo de un contrato mayor.

Los regalos que entregaba el denunciante a los tres mandos castrenses, por su parte, iban desde los jamones hasta los relojes de alta gama, pasando por invitaciones a copiosas comidas o a clubes de alterne. La visita a estos últimos locales provocó de hecho varios enfrentamientos entre los diferentes acusados durante el juicio.

Si no existe una auditoría independiente del manejo del dinero en el Ministerio de Defensa seguirán dándose circunstancias como estas, que también resalta El Confidencial.com en otra noticia:

El teniente coronel Francisco N. C., el teniente Miguel Ángel G. C. y el coronel Eduardo S. G. acudían a clubes de alterne con todos los gastos pagados, recibían relojes Omega de sus agradecidos proveedores o eran invitados a copiosas comidas por parte de los adjudicatarios. Pero éstas eran solo algunas de las dádivas que los mandos recibían a cambio de la concesión de adjudicaciones. En ocasiones los favores se pagaban en forma de servicios.

 

En algún caso, los domicilios particulares de los mandos eran limpiados gratuitamente por el personal contratado por las empresas que se encargaba del saneamiento del hospital. Estas señoras de la limpieza eran enviadas a atender las necesidades domésticas de los jefes militares, que también recibían jamones y otros detalles en Navidad.

El teniente coronel Francisco N. C., por ejemplo, entre 2007 y 2010 se construyó un barco de recreo realizado en madera y adquirió tres motocicletas, dos coches y dos viviendas en Madrid. El teniente Miguel Ángel G. C., por su parte, compra en los ejercicios dos casas en Madrid y una tercera residencia de verano en Vera (Almería).

Los mandos militares prácticamente han resuelto en los últimos cinco años las hipotecas que tenían sobre sus viviendas.

Según el auto de procesamiento dictado el pasado 30 de noviembre por el Juzgado Togado Militar Central número 1, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 los acusados realizaron “amortizaciones de capital exorbitantes”. En algunos ejercicios, los acusados superaron los 50.000 euros abonados a las entidades bancarias con las que suscribieron los préstamos hipotecarios. En el caso de Francisco N. C., además, tanto en 2008 como en 2009, la Guardia Civil detectó compras por importes superiores a los 80.000 euros cada año. En la causa también constan informes que revelan que las empresas tenían en nómina a personas con una relación cercana a los procesados, documentos que sin embargo no son referenciados en el auto de procesamiento.

No sabemos ustedes, pero nosotros pensamos que si el castigo es sólo el dictamen del Tribunal Militar, bien poca pena es.  Es decir, vale la pena, pensarán los corruptos militares, el mal trago de algunos meses, porque no llegarán a cumplir los tres años que es la máxima pena fijada.

Y siempre les queda la esperanza de alcanzar algún indulto.  ¿Por qué no, pensarán?

¿Es justa la justicia militar?  ¿Es oportuna?  O ¿es una mera pantalla para ocultar lo que hay detrás del militarismo patrio?

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El Ministerio de Defensa hace negocio con los bares

Imagen de Sven Sivertssen

Fuentes:  Infodefensa 1 y 2

Os damos noticia de un par de informaciones sobre concursos abiertos por el Ministerio de Defensa:

  • La Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal para el suministro de explotación del servicio de bares y comedor en la Residencia Militar de Descanso «La Plana» en Castellón.  El importe total son 692.750 €.
  • La misma Jefatura, para el suministro de explotación del servicio, restauración, bares y cafeterías del Centro Deportivo y Sociocultural Militar «El Soto» de Zaragoza.  El importe es de 499.125 €.

El total son 1.191.875 €.  Todo por la felicidad de los militares.

Nuestro análisis es el siguiente:

  • Nos parece un despilfarro que con cargo a los presupuestos del Ministerio de Defensa se esté gastando más de 1 millón de € en dos bares-restaurantes de Zaragoza y Castellón.
  • ¿Cuánto se gastará en otros bares-restaurantes similares de los que aún no hemos tenido noticias?
  • Estos clubes militares de ocio, deporte y recreo, ¿deberían estar pagados por el erario público?  ¿No son, más bien, un lujo que intenta, otra vez, favorecer a los militares frente a las altas necesidades de gasto social existentes en el país?
  • ¿Pagan IVI y los demás impuestos estos establecimientos de restauración que, claramente, no tienen nada que ver con la Defensa Nacional, o están sujetos también a esa arbitraria declaración de Zona de Interés de la Defensa, que decide el propio Ministerio de Defensa y que les exime de obligaciones con el resto de la sociedad como indicábamos en nuestro estudio:  «Antimilitarismo y elecciones municipales y autonómicas 2015«?
  • Datos como estos son los que nos hace ver como necesaria y urgente una auditoría independiente de los gastos del Ministerio de Defensa.

Como se ve, el dinero que manejan estos bares-restaurantes exclusivos de militares es muy alto.  Si la licitación es de casi 1’2 millones de €, ¿cuántos millones dejarán estos negocios?

Luego nos extraña que el Ministerio de Defensa sea el segundo que más ingresos logra reflejar en los presupuestos anuales como decíamos en el artículo anterior:  Defensa, uno de los ministerios que más ingresa.

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¿Exenciones a las empresas militares de los PEAS?

Imagen de .Bambo.

Como nos viene pasando habitualmente en los temas de Defensa, no salimos de nuestro asombro.

Leemos en Defensa.com que Cospedal ha conseguido algo que nos parece un nuevo privilegio militar:

Si bien, ha habido otra noticia en materia económica digna de mención:  Defensa ha conseguido que el Gobierno imponga una excepción fiscal a las empresas de Defensa adjudicatarias de los 18 PEAS con el fin de evitar que sean embargadas por Hacienda.  El Ministerio amenazaba con esta medida extrema ante la imposibilidad de aquellas para hacer frente a sus obligaciones con el Ministerio de Industria por los retrasos en los pagos, a su vez, del Ministerio de Defensa.

Vemos que cita a otra fuente y recurrimos a ella:  El Confidencia.com, que en su noticia «Cospedal, ‘cautiva y desarmada’ ante Hacienda para pagar compras de Defensa» subtitula:

El Gobierno ha impuesto una excepción fiscal para evitar embargos contra las empresas públicas de armamento que deben a Industria lo que Defensa no les paga a ellas

Hemos buscado en

Y no hemos encontrado tal norma.

¿Lo están haciendo en secreto?  ¿Es un globo sonda?  ¿Es un bulo?  ¿Es un error?

Si fuese realidad, habría que leer tal norma para ver:

  • cómo fundamentan este nuevo privilegio a la industria militar
  • qué conceden a la industria de la muerte, en concreto.

Por ahora no hay noticias claras. Todo muy extraño.

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Gasto Militar 2014 liquidado por la IGAE: 9.548’37 millones de € (se habían presupuestado: 5.745’77 millones de €)

Imagen de Juliogmilat fotografía

Fuente:  Elaboración propia.

Hay varias estadísticas que se pueden utilizar para hablar de Gasto Militar.

Normalmente nos referimos al Gasto Militar de un año cuando analizamos los Presupuestos Generales del Estado.

Pero hay otra forma de valorar los Gastos Militares, que aunque también es parcial porque no analiza todo lo que la OTAN considera Gasto Militar, vale para tener algunas cifras más precisas y reconocidas por el propio Estado:  el Gasto Militar liquidado por la IGAE.  Dentro de poco sacaremos nuestro informe sobre 2014.  Hasta entonces pueden consultar el de 2013.

El Estado Español cuenta con un mecanismo de control y fiscalización del gasto público, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este organismo tiene entre sus funciones la de revisar con criterios contables europeos los Presupuestos Generales del Estado y proceder a una verificación fiel de su liquidación. Sus funciones se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Como ven, por tanto, nuestra fuente son los papeles oficiales del Ministerio de Hacienda a través de la IGAE.

Adelantamos los primeros resultados generales a través de este cuadro, en el cual las cifras están expresadas en millones de €:

2011 2012 2013 2014
Ministerio de Defensa (presupuestado) 7.156’37 6.316’44 5.913’65 5.745’77
Ministerio de Defensa (liquidado) 8.301,09 9.066,29 7.867’09 7.696’65
Investigación y desarrollo relacionado con la Defensa en el Ministerio de Industria 900,45 582,77 218’15 343’60
Organismos Autónomos Militares 1.195’04 1.130’93 999’30 1.037’23
CNI 216,32 214,61 197’46 213’96
AEMET 11’97 8’79 5’19 4’99
Centros Universitarios de la Defensa 6,79 6,56 10’99 7’74
Pensiones de guerra 348,03 310,29 276’88 245’04
TOTAL (GM liquidado por la IGAE) 10.979’69 11.320’21 9.575’06 9.548’37
TOTAL DEL SOBREGASTO MILITAR

(según la IGAE)

3.823’32 5.003’77 3.661’41 3.802’6
% de desviación sobre lo presupuestado 53’42 % 79’21 % 61’91 % 66’18%

 

Como se ve, estos datos globales suponen una constatación de tres aspectos básicos en la política presupuestaria del ministro Morenés y del gobierno del PP:

  • Se acumulan cifras astronómicas de sobregasto militar:  16.291’1 millones de € de sobregasto militar entre 2011 y 2014, la primera legislatura de Rajoy.
  • Se oculta el sobregasto en múltiples partidas:
    • Organismos Autónomos Militares.
    • Investigación y Desarrollo relacionado con la defensa del Ministerio de Industria.
    • Centro Nacional de Inteligencia del Ministerio de Presidencia.
    • Agencia Estatal de Meteorología del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
    • Centros Universitarios de la Defensa.
    • Pensiones de Guerra.
  • Mienten mucho, y a sabiendas, sobre el Gasto Militar. Que haya desviaciones de gasto que oscilan entre el 53’42 y el 79’21 %, en los últimos años analizados, es algo que se hace y se mantiene a sabiendas.  No se puede hablar de circunstancias coyunturales surgidas durante el ejercicio, de asuntos inesperados.
  • El motivo por el cual el Ministerio de Defensa y el Gobierno en pleno mienten continuamente a l@s español@s es para ocultar el altísimo grado de militarización que sufrimos la sociedad española y la preponderancia que dan al Gasto Militar sobre el Gasto Social.
  • La mala gestión que se hace los presupuestos militares debería implicar algunas medidas políticas para corregirla.  Por ejemplo una auditoría independiente de las cuentas que acabe desvelando la realidad del Gasto Militar.
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Los PEAS son la burbuja especulativa que le va a explotar al Ministerio de Defensa

Imagen de Ferran BCN

Sobre los PEAS hemos publicado muchísimo.  Y seguiremos publicando porque es una chapuza financiera de la que el Ministerio de Defensa no sabe salir, haciendo las cosas bien, se entiende.

El supuesto éxito de Cospedal

Nos vende Infodefensa que Cospedal ha convencido al gobierno para reprogramar los gastos de PEAS de 2016 para 2017.  Parece un éxito de gestión de la Ministra de Defensa cuando realmente es un fracaso en toda regla, obligados por el Tribunal Constitucional.  Al final, en 2017 se pagarán los 1.107’7 millones de € de dicho año y los 716’7 millones de 2016.  El total va a ser escalofriante:  1.824’4 millones de € para PEAS en 2017.

El primer problema de Cospedal:  la imagen insolidaria del Ministerio de Defensa.

Si tenemos en cuenta que el presupuesto  del Ministerio de Defensa ronda los 6.000 millones de €, el aumento sería de, aproximadamente, un 30 %.  ¿Cómo le será posible a Cospedal, en una época de duros recortes sociales, económicos y políticos, vender un aumento del 30 % en su ministerio, el menos social de todos?.  ¿Cómo convencerá a l@s español@s de la solidaridad del Ministerio de Defensa cuando ellos suben su propio presupuesto en un 30 %?

Los 18 Programas Especiales de Armamento (PEAS)

En la siguiente infografía se enumeran los PEAS, lo que iban a costar en 2009, lo que se reprogramó para 2013, y abajo los compromisos de pagos acordados entre la industria armamentística y el gobierno.

Infografía de El País

Las conclusiones al analizar esta infografía son claras:

  • Cada vez vamos a recibir menos armamento
  • El precio total y parcial de cada PEA cada vez será mayor.
  • Nos quedan por pagar 14.280’9 millones de € hasta 2030.
  • Estamos hipotecados por estos programas de armamento hasta el año 2030 y ello va a suponer una burbuja financiera que va a acabar explotándole al Ministerio de Defensa y, de paso, a los contribuyentes.

Con más detalle se puede ver en este otro cuadro también publicado por Infodefensa:

En la anterior tabla salta a la vista otro dato, todavía más escalofriante, el monto total de los PEAS va a ser de 29.479’06 millones de €.

La práctica engañosa del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa venía haciendo una práctica ilegal, según ha reconocido el Tribunal Constitucional (2 sentencias) que consistía en que no incluía los PEAS en los Presupuestos Generales del Estado.  Luego, con la excusa de que eran gastos no previstos, los aprobaba en verano por Decreto Ley y sin la consulta al Parlamento.

Esto ocultaba una buena parte del gasto militar a la ciudadanía.

En el entramado financiero que gestiona los PEAS todo es raro:

  • La industria militar (privada, en su mayoría) se compromete con el Estado a dotarle de una serie de armamentos
  • El Estado prefinancia la investigación y desarrollo necesarios para que la industria militar pueda fabricar las armas.
  • La prefinanciación no ha hace el Ministerio de Defensa (sería poco vendible a la sociedad).  La hace el Ministerio de Industria, concediendo a la industria militar unos créditos previos a su labor de investigación y desarrollo.
  • Los créditos que Industria da a las armamentísticas son a interés cero.
  • Una buena parte de la industria militar no cumple los plazos y, además, acaban reclamando sobrecostes al Ministerio de Defensa y al de Industria.
  • El Ministerio de Defensa reprograma los PEAS. Tanto el número de armas que van a recibir, como lo que van a pagar.
  • La industria armamentística tiene que devolver anualmente los créditos al Ministerio de Industria.
  • Según va recibiendo el armamento Defensa va pagando los PEAS a la industria armamentística, eso sí, ya con sus sobrecostes añadidos.

Múltiples irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas

Con informaciones sacadas de El País  (Miguel González) procedemos a publicitar siete irregularidades en la contratación del Ministerio de Defensa.

1.-  Contrato de 18’8 millones de € concedido por el Ejército de Tierra a General Dynamics, sin licitación ni publicidad.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, anuló el pasado 24 de junio un contrato por 18,8 millones de euros concedido por el Ejército de Tierra a la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDSBS). En su resolución, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitación ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la número 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 años.

 Lo que no explicaba la resolución es que lo que se buscaba con esta adjudicación es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de más, aunque para ello se recurriera a una fórmula de dudosa legalidad.

La explicación figura en el folio 127 del Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) elaborado por el Tribunal de Cuentas. El contrato de compra de 219 carros de combate Leopard y 16 de recuperación tenía un importe total de 2.489 millones de euros, pero la empresa fabricante ha recibido ya en anticipos del Ministerio de Industria y en pagos de Defensa un total de 2.507 millones. Tiene por tanto, constata el Tribunal de Cuentas, “un exceso de financiación de 18,8 millones”; justo el importe de la adjudicación anulada por Hacienda. Si hubiera dudas sobre la identidad de ambas partidas, el informe explica: “Esta cantidad se encuentra en trámites de regularización, pues es objeto de la Adenda 25, actualmente en negociación”. A la postre, sin embargo, la regularización ha resultado irregular.

2.-  Sobrecostes de 43’6 millones de € de la compañía española SAPA por programas de transmisiones.

No es la única anomalía constatada en la mayor compra de carros de combate de la historia del Ejército español. Defensa ha reconocido sobrecostes por un importe de 43.6 millones de euros derivados, básicamente, de los problemas que la compañía española SAPA, suministradora de las transmisiones, ha tenido con su socio tecnológico alemán Renk.

El Tribunal de Cuentas considera “indudable” que “las circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales” en programas de estas características “exceden los cauces de contratación ordinaria”, pero agrega que SAPA conocía las condiciones de suministro y las aceptó, que el contrato ya preveía un beneficio del 10% con el que cubrir esos imprevistos y que la operación contó con un 100% de financiación pública, por lo que el riesgo financiero era cero.

3.-  El programa de carros de combate Leopard se rige por un antiguo convenio del Ministerio de Defensa con el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) de 1981, mucho más beneficioso para el contratista (General Dynamics, nuevamente).

El informe llama la atención sobre un hecho insólito: Santa Bárbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas públicas) que data de 1981 y “contiene un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general”. Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debió liquidarse hace años.

4.-  Navantia, empresa pública y que no debería tener beneficios al contratar con la Administración, incluye en sus convenios con Defensa beneficios entre el 4 y el 12 %.

Si ya es sorprendente que empresas privadas se comporten como públicas, no lo es menos que públicas lo hagan como privadas. El Tribunal de Cuentas se extraña de que el convenio entre Defensa y el astillero público Navantia incluya un margen de beneficio de entre el 4 el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan. El informe alega que el ánimo de lucro, “principal incentivo para el empresario particular”, no tiene sentido en una sociedad pública, que está obligada a aceptar los encargos que le hace el Estado y solo puede facturar los costes reales, De lo contrario, advierte, podría considerarse “un exceso de financiación pública”.

Defensa ha tomado nota de esta advertencia y ha replicado que, en su nuevo convenio con Navantia, el concepto beneficio se sustituye por el de “margen industrial”, para hacer frente a los “riesgos relativos” a la ejecución de los programas. En esos riesgos no se incluye la revisión de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acción Marítima (BAM).

5.-  Defensa renuncia a imponer penalizaciones a Navantia por el retraso de 78 meses en la entraga de los BAM.

La entrega a la Armada de estos cuatro barcos ha sufrido un retraso total de 78 meses, lo que dio lugar a la apertura de expedientes para imponer las penalizaciones contempladas en los contratos, por un importe total de 31,7 millones de euros. Sin embargo, “por una causa que no se ha justificado”, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanción alguna.

Defensa ha negado que existiera aquiescencia por parte de la Armada para no imponer sanciones y ha anunciado que se reactivará el grupo de trabajo dedicado a discutir con Navantia su importe, aunque alguno de los expedientes, que data de 2011, puede haber caducado.

6.-  Defensa se niega a recepcionar oficialmente armamento y lo mantiene almacenado para no subir el déficit público.

Quien no se retrasó en la entrega fue el consorcio fabricante del avión de combate europeo Eurofighter. Además de los 47 cazas ya en servicio en el Ejército del Aire, hay otros 12 almacenados durante tres años en la base aérea de Los Llanos (Albacete), que España no ha querido recepcionar oficialmente para que no computen en el déficit público.

7.-  Defensa demuestra incompetencia porque no puede usar los helicópteros NH-90 porque no tiene el personal, los equipos y las instalaciones necesarias.

Además, tres helicópteros NH-90 están depositados “temporalmente” en las instalaciones de Eurocopter en Albacete hasta que el Ejército de Tierra disponga del personal, los equipos y las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional.

En este asunto de los PEAS, el Tribunal Constitucional ha dictado 2 sentencias:

  • La primera anulaba el decreto ley de 2014 que destinó 886’3 millones de € a los Peas.  El recurso lo habían presentado el PSOE, pero también Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA, Izquierda Plural y UPyD.

Los recurrentes argumentaron que estos pagos estaban previstos con antelación y responden a una programación plurianual, por lo que debían haberse incluido en los Presupuestos Generales del Estado, propiciando así un debate parlamentario en profundidad. El Gobierno replicó que, aunque el importe global de estos programas es conocido (29.500 millones de euros hasta 2030), la cuantía exacta de cada anualidad está sujeta a negociación con la industria militar y depende de la evolución del déficit, por lo que no era posible incluirla en el presupuesto ordinario de Defensa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, recrimina al Gobierno que ni de la exposición de motivos de la norma ni del expediente tramitado por Defensa «se puede deducir argumento concluyente que ampare la utilización del decreto ley, pues nada se argumenta sobre la extraordinaria y urgente necesidad», que es lo que justifica su uso según el artículo 86.1 de la Constitución. Al contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció en su discurso de convalidación del crédito extraordinario que no se trataba «de dar cobertura a necesidades imprevistas», sino de «proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores», y añadió que la Administración estaba obligada a «no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros», en alusión a la industria militar.

Tras calificar de «singular» la técnica empleada por el Gobierno, el Constitucional constata que «más que la respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad por imprevisible», la aprobación de créditos extraordinarios para Defensa «se ha convertido en una práctica habitual» para atender un compromiso de pago que es «previsible y programable».

«Simplemente se alude [por el Gobierno] a la importancia de que se pague a los proveedores para evitar el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse, [pero] esas consecuencias negativas aparecerían en cualquier obligación contractual del Estado», sin que se explique por qué serían más graves en el caso de la industria militar, argumenta.

El Constitucional no rechaza que se aprueben créditos extraordinarios para financiar programas militares al margen del presupuesto ordinario, pero agrega que debería hacerse a través de una ley y no mediante el decreto ley, cuyo uso está restringido expresamente por la Constitución. «En definitiva», concluye, «el recurso sistemático al decreto ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales».

La sentencia, que anula el decreto ley de 2014 pero cuya doctrina es aplicable a los de 2012, 2013 y 2015, no obligará a las empresas a devolver los 4.300 millones de euros recibidos. Y no solo porque los decretos leyes fueron posteriormente convalidados en las Cortes. Sensible al efecto que ello tendría sobre la industria militar española y sobre el Estado, que se enfrentaría a penalizaciones de los consorcios internacionales que gestionan dichos programas, el Constitucional aclara que, por el «principio de seguridad jurídica», que garantiza los derechos de terceros que mantienen de buena fe relaciones económicas con la Administración, no serán revisables las «situaciones establecidas mediante actuaciones administrativas firmes»; es decir, los mandamientos de pago realizados al amparo de los créditos extraordinarios.

  • La segunda anula otro decreto ley por 846’4 millones de €. Presentada por 50 diputados socialistas.

El alto tribunal estima el recurso presentado por 50 diputados socialistas y considera que «el uso sistemático del decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento» no está justificado por razones de «extraordinaria y urgente necesidad» y, por tanto, «no se ajusta a las previsiones constitucionales».

Sin embargo, la sentencia no obliga a las empresas de armamento a devolver el dinero cobrado a través de este sistema irregular, ya que «la protección de los terceros de buena fe que mantienen relaciones económicas con la Administración se vería gravemente comprometida si desapareciese la autorización del crédito extraordinario». En consecuencia, «tras ponderar el principio de seguridad jurídica», declara «no suceptibles de ser revisados como consecuencia de [la] nulidad»  del decreto-ley los pagos realizados por Defensa.

PEAS II.

La apuesta por la militarización del gobierno de Rajoy sobrepasa el primer plan PEAS y ahora están propiciando un plan PEAS II.  En 2014 publicábamos un artículo en el que advertíamos que el Ministerio de Defensa tenía planes para hacer un segundo plan PEAS, el plan PEAS II.

(…) articular un plan de I+D vinculado a la potenciación y capacitación de nuestra industria principalmente en esas capacidades industriales esenciales antes identificadas.  Este plan se ha puesto en marcha abordando dos de las necesidades militares identificadas por el JEMAD más prioritarias, y que ya tienen financiación en los PGE de 2015:  el 8×8 y la fragata F-110.  De ambos se han derivado 20 proyectos tecnológicos (7 del 8×8 y 13 de F-110).  Estos programas darán comienzo ya en el ejercicio 2015.  Están dotados con 41 y 37 millones de € en el Capítulo 8 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  Además, en este mismo Capítulo se han contemplado las partidas de prefinanciación del contrato de los dos nuevos BAM para la Armada:  son 161 millones de €.  En términos numéricos totales, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incorpora 564 millones de € para programas de defensa, un 64 % más que en 2014.

Es decir, el PEAS II consta de:

  • Blindados 8×8, por 41 millones de €
  • Fragata F-110, por 37 millones de €
  • 2 nuevos BAM de la Armada:  161 millones de €

Todo ello hace un total de 239 millones de € para el plan PEAS II, que habría que sumar a los 30.000 millones del primer plan PEAS.

Las alternativas futura de Cospedal.

Las posibilidades que tiene Cospedal para 2017 son dos:

  • Aflorar, por fin, los PEAS en la contabilidad del Ministerio de Defensa, pasando los 6.000 millones, más o menos, que presupuestan ahora a 8.000 millones, y quedando como el Ministerio con más aumento de gasto en épocas de crisis y de recortes.
  • Hacer una nueva ley en la que seguir ocultando esta parte del Gasto Militar y en la que se aprueben los PEAS.

¿Cuál será su opción?

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