Archive for impunidad militar

El despilfarro de la base naval militar de Las Palmas

Imagen de Geert Weggen

Fuente:  El Conficencial Digital.

¿Se pensaban que por cambiar de año iban a cambiar las costumbres militares?  Pues no.

Otro año más volvemos al, cada vez más enorme, tema del despilfarro militar.  Poco importa que lo que tienen se lo deban, en su mayor parte a los impuestos que pagamos los civiles.  Cuando un euro llega a sus arcas ya no vuelve al sector civil.  Ni el euro, ni los servicios que se podrían compartir entre militares y civiles.

Ahora son los canarios los que protestan por enterarse de que la base naval militar y el Club Náutico de la isla disponen de instalaciones deportivas (dos piscinas y otras instalaciones) a las que no tienen acceso los civiles.

Todo surge de manera inintencionada al difundirse unas imágenes fabulosas que pretenden fomentar el turismo en Canarias.  En ellas, gracias a que están hechas desde el cielo, se ven las instalaciones militares y los privilegios de los que disfrutan los uniformados.

Nosotros añadimos al debate algunos puntos que deberían estudiarse por los canarios:

  • ¿Están afectados estos terrenos al interés de la Defensa?
  • ¿Es legítimo que lo estén, teniendo en cuenta que sólo defienden los privilegios y el modo de vida elitista de los militares?
  • ¿Pagan IBI estas instalaciones, o se les olvida como en muchas instalaciones militares que aunque están afectadas por el interés de la Defensa, no tienen que ver nada con este concepto (piscinas, instalaciones deportivas, cantinas militares, …?
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Los PEAS son la burbuja especulativa que le va a explotar al Ministerio de Defensa

Imagen de Ferran BCN

Sobre los PEAS hemos publicado muchísimo.  Y seguiremos publicando porque es una chapuza financiera de la que el Ministerio de Defensa no sabe salir, haciendo las cosas bien, se entiende.

El supuesto éxito de Cospedal

Nos vende Infodefensa que Cospedal ha convencido al gobierno para reprogramar los gastos de PEAS de 2016 para 2017.  Parece un éxito de gestión de la Ministra de Defensa cuando realmente es un fracaso en toda regla, obligados por el Tribunal Constitucional.  Al final, en 2017 se pagarán los 1.107’7 millones de € de dicho año y los 716’7 millones de 2016.  El total va a ser escalofriante:  1.824’4 millones de € para PEAS en 2017.

El primer problema de Cospedal:  la imagen insolidaria del Ministerio de Defensa.

Si tenemos en cuenta que el presupuesto  del Ministerio de Defensa ronda los 6.000 millones de €, el aumento sería de, aproximadamente, un 30 %.  ¿Cómo le será posible a Cospedal, en una época de duros recortes sociales, económicos y políticos, vender un aumento del 30 % en su ministerio, el menos social de todos?.  ¿Cómo convencerá a l@s español@s de la solidaridad del Ministerio de Defensa cuando ellos suben su propio presupuesto en un 30 %?

Los 18 Programas Especiales de Armamento (PEAS)

En la siguiente infografía se enumeran los PEAS, lo que iban a costar en 2009, lo que se reprogramó para 2013, y abajo los compromisos de pagos acordados entre la industria armamentística y el gobierno.

Infografía de El País

Las conclusiones al analizar esta infografía son claras:

  • Cada vez vamos a recibir menos armamento
  • El precio total y parcial de cada PEA cada vez será mayor.
  • Nos quedan por pagar 14.280’9 millones de € hasta 2030.
  • Estamos hipotecados por estos programas de armamento hasta el año 2030 y ello va a suponer una burbuja financiera que va a acabar explotándole al Ministerio de Defensa y, de paso, a los contribuyentes.

Con más detalle se puede ver en este otro cuadro también publicado por Infodefensa:

En la anterior tabla salta a la vista otro dato, todavía más escalofriante, el monto total de los PEAS va a ser de 29.479’06 millones de €.

La práctica engañosa del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa venía haciendo una práctica ilegal, según ha reconocido el Tribunal Constitucional (2 sentencias) que consistía en que no incluía los PEAS en los Presupuestos Generales del Estado.  Luego, con la excusa de que eran gastos no previstos, los aprobaba en verano por Decreto Ley y sin la consulta al Parlamento.

Esto ocultaba una buena parte del gasto militar a la ciudadanía.

En el entramado financiero que gestiona los PEAS todo es raro:

  • La industria militar (privada, en su mayoría) se compromete con el Estado a dotarle de una serie de armamentos
  • El Estado prefinancia la investigación y desarrollo necesarios para que la industria militar pueda fabricar las armas.
  • La prefinanciación no ha hace el Ministerio de Defensa (sería poco vendible a la sociedad).  La hace el Ministerio de Industria, concediendo a la industria militar unos créditos previos a su labor de investigación y desarrollo.
  • Los créditos que Industria da a las armamentísticas son a interés cero.
  • Una buena parte de la industria militar no cumple los plazos y, además, acaban reclamando sobrecostes al Ministerio de Defensa y al de Industria.
  • El Ministerio de Defensa reprograma los PEAS. Tanto el número de armas que van a recibir, como lo que van a pagar.
  • La industria armamentística tiene que devolver anualmente los créditos al Ministerio de Industria.
  • Según va recibiendo el armamento Defensa va pagando los PEAS a la industria armamentística, eso sí, ya con sus sobrecostes añadidos.

Múltiples irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas

Con informaciones sacadas de El País  (Miguel González) procedemos a publicitar siete irregularidades en la contratación del Ministerio de Defensa.

1.-  Contrato de 18’8 millones de € concedido por el Ejército de Tierra a General Dynamics, sin licitación ni publicidad.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, anuló el pasado 24 de junio un contrato por 18,8 millones de euros concedido por el Ejército de Tierra a la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDSBS). En su resolución, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitación ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la número 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 años.

 Lo que no explicaba la resolución es que lo que se buscaba con esta adjudicación es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de más, aunque para ello se recurriera a una fórmula de dudosa legalidad.

La explicación figura en el folio 127 del Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) elaborado por el Tribunal de Cuentas. El contrato de compra de 219 carros de combate Leopard y 16 de recuperación tenía un importe total de 2.489 millones de euros, pero la empresa fabricante ha recibido ya en anticipos del Ministerio de Industria y en pagos de Defensa un total de 2.507 millones. Tiene por tanto, constata el Tribunal de Cuentas, “un exceso de financiación de 18,8 millones”; justo el importe de la adjudicación anulada por Hacienda. Si hubiera dudas sobre la identidad de ambas partidas, el informe explica: “Esta cantidad se encuentra en trámites de regularización, pues es objeto de la Adenda 25, actualmente en negociación”. A la postre, sin embargo, la regularización ha resultado irregular.

2.-  Sobrecostes de 43’6 millones de € de la compañía española SAPA por programas de transmisiones.

No es la única anomalía constatada en la mayor compra de carros de combate de la historia del Ejército español. Defensa ha reconocido sobrecostes por un importe de 43.6 millones de euros derivados, básicamente, de los problemas que la compañía española SAPA, suministradora de las transmisiones, ha tenido con su socio tecnológico alemán Renk.

El Tribunal de Cuentas considera “indudable” que “las circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales” en programas de estas características “exceden los cauces de contratación ordinaria”, pero agrega que SAPA conocía las condiciones de suministro y las aceptó, que el contrato ya preveía un beneficio del 10% con el que cubrir esos imprevistos y que la operación contó con un 100% de financiación pública, por lo que el riesgo financiero era cero.

3.-  El programa de carros de combate Leopard se rige por un antiguo convenio del Ministerio de Defensa con el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) de 1981, mucho más beneficioso para el contratista (General Dynamics, nuevamente).

El informe llama la atención sobre un hecho insólito: Santa Bárbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas públicas) que data de 1981 y “contiene un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general”. Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debió liquidarse hace años.

4.-  Navantia, empresa pública y que no debería tener beneficios al contratar con la Administración, incluye en sus convenios con Defensa beneficios entre el 4 y el 12 %.

Si ya es sorprendente que empresas privadas se comporten como públicas, no lo es menos que públicas lo hagan como privadas. El Tribunal de Cuentas se extraña de que el convenio entre Defensa y el astillero público Navantia incluya un margen de beneficio de entre el 4 el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan. El informe alega que el ánimo de lucro, “principal incentivo para el empresario particular”, no tiene sentido en una sociedad pública, que está obligada a aceptar los encargos que le hace el Estado y solo puede facturar los costes reales, De lo contrario, advierte, podría considerarse “un exceso de financiación pública”.

Defensa ha tomado nota de esta advertencia y ha replicado que, en su nuevo convenio con Navantia, el concepto beneficio se sustituye por el de “margen industrial”, para hacer frente a los “riesgos relativos” a la ejecución de los programas. En esos riesgos no se incluye la revisión de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acción Marítima (BAM).

5.-  Defensa renuncia a imponer penalizaciones a Navantia por el retraso de 78 meses en la entraga de los BAM.

La entrega a la Armada de estos cuatro barcos ha sufrido un retraso total de 78 meses, lo que dio lugar a la apertura de expedientes para imponer las penalizaciones contempladas en los contratos, por un importe total de 31,7 millones de euros. Sin embargo, “por una causa que no se ha justificado”, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanción alguna.

Defensa ha negado que existiera aquiescencia por parte de la Armada para no imponer sanciones y ha anunciado que se reactivará el grupo de trabajo dedicado a discutir con Navantia su importe, aunque alguno de los expedientes, que data de 2011, puede haber caducado.

6.-  Defensa se niega a recepcionar oficialmente armamento y lo mantiene almacenado para no subir el déficit público.

Quien no se retrasó en la entrega fue el consorcio fabricante del avión de combate europeo Eurofighter. Además de los 47 cazas ya en servicio en el Ejército del Aire, hay otros 12 almacenados durante tres años en la base aérea de Los Llanos (Albacete), que España no ha querido recepcionar oficialmente para que no computen en el déficit público.

7.-  Defensa demuestra incompetencia porque no puede usar los helicópteros NH-90 porque no tiene el personal, los equipos y las instalaciones necesarias.

Además, tres helicópteros NH-90 están depositados “temporalmente” en las instalaciones de Eurocopter en Albacete hasta que el Ejército de Tierra disponga del personal, los equipos y las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional.

En este asunto de los PEAS, el Tribunal Constitucional ha dictado 2 sentencias:

  • La primera anulaba el decreto ley de 2014 que destinó 886’3 millones de € a los Peas.  El recurso lo habían presentado el PSOE, pero también Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA, Izquierda Plural y UPyD.

Los recurrentes argumentaron que estos pagos estaban previstos con antelación y responden a una programación plurianual, por lo que debían haberse incluido en los Presupuestos Generales del Estado, propiciando así un debate parlamentario en profundidad. El Gobierno replicó que, aunque el importe global de estos programas es conocido (29.500 millones de euros hasta 2030), la cuantía exacta de cada anualidad está sujeta a negociación con la industria militar y depende de la evolución del déficit, por lo que no era posible incluirla en el presupuesto ordinario de Defensa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, recrimina al Gobierno que ni de la exposición de motivos de la norma ni del expediente tramitado por Defensa «se puede deducir argumento concluyente que ampare la utilización del decreto ley, pues nada se argumenta sobre la extraordinaria y urgente necesidad», que es lo que justifica su uso según el artículo 86.1 de la Constitución. Al contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció en su discurso de convalidación del crédito extraordinario que no se trataba «de dar cobertura a necesidades imprevistas», sino de «proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores», y añadió que la Administración estaba obligada a «no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros», en alusión a la industria militar.

Tras calificar de «singular» la técnica empleada por el Gobierno, el Constitucional constata que «más que la respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad por imprevisible», la aprobación de créditos extraordinarios para Defensa «se ha convertido en una práctica habitual» para atender un compromiso de pago que es «previsible y programable».

«Simplemente se alude [por el Gobierno] a la importancia de que se pague a los proveedores para evitar el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse, [pero] esas consecuencias negativas aparecerían en cualquier obligación contractual del Estado», sin que se explique por qué serían más graves en el caso de la industria militar, argumenta.

El Constitucional no rechaza que se aprueben créditos extraordinarios para financiar programas militares al margen del presupuesto ordinario, pero agrega que debería hacerse a través de una ley y no mediante el decreto ley, cuyo uso está restringido expresamente por la Constitución. «En definitiva», concluye, «el recurso sistemático al decreto ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales».

La sentencia, que anula el decreto ley de 2014 pero cuya doctrina es aplicable a los de 2012, 2013 y 2015, no obligará a las empresas a devolver los 4.300 millones de euros recibidos. Y no solo porque los decretos leyes fueron posteriormente convalidados en las Cortes. Sensible al efecto que ello tendría sobre la industria militar española y sobre el Estado, que se enfrentaría a penalizaciones de los consorcios internacionales que gestionan dichos programas, el Constitucional aclara que, por el «principio de seguridad jurídica», que garantiza los derechos de terceros que mantienen de buena fe relaciones económicas con la Administración, no serán revisables las «situaciones establecidas mediante actuaciones administrativas firmes»; es decir, los mandamientos de pago realizados al amparo de los créditos extraordinarios.

  • La segunda anula otro decreto ley por 846’4 millones de €. Presentada por 50 diputados socialistas.

El alto tribunal estima el recurso presentado por 50 diputados socialistas y considera que «el uso sistemático del decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento» no está justificado por razones de «extraordinaria y urgente necesidad» y, por tanto, «no se ajusta a las previsiones constitucionales».

Sin embargo, la sentencia no obliga a las empresas de armamento a devolver el dinero cobrado a través de este sistema irregular, ya que «la protección de los terceros de buena fe que mantienen relaciones económicas con la Administración se vería gravemente comprometida si desapareciese la autorización del crédito extraordinario». En consecuencia, «tras ponderar el principio de seguridad jurídica», declara «no suceptibles de ser revisados como consecuencia de [la] nulidad»  del decreto-ley los pagos realizados por Defensa.

PEAS II.

La apuesta por la militarización del gobierno de Rajoy sobrepasa el primer plan PEAS y ahora están propiciando un plan PEAS II.  En 2014 publicábamos un artículo en el que advertíamos que el Ministerio de Defensa tenía planes para hacer un segundo plan PEAS, el plan PEAS II.

(…) articular un plan de I+D vinculado a la potenciación y capacitación de nuestra industria principalmente en esas capacidades industriales esenciales antes identificadas.  Este plan se ha puesto en marcha abordando dos de las necesidades militares identificadas por el JEMAD más prioritarias, y que ya tienen financiación en los PGE de 2015:  el 8×8 y la fragata F-110.  De ambos se han derivado 20 proyectos tecnológicos (7 del 8×8 y 13 de F-110).  Estos programas darán comienzo ya en el ejercicio 2015.  Están dotados con 41 y 37 millones de € en el Capítulo 8 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  Además, en este mismo Capítulo se han contemplado las partidas de prefinanciación del contrato de los dos nuevos BAM para la Armada:  son 161 millones de €.  En términos numéricos totales, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incorpora 564 millones de € para programas de defensa, un 64 % más que en 2014.

Es decir, el PEAS II consta de:

  • Blindados 8×8, por 41 millones de €
  • Fragata F-110, por 37 millones de €
  • 2 nuevos BAM de la Armada:  161 millones de €

Todo ello hace un total de 239 millones de € para el plan PEAS II, que habría que sumar a los 30.000 millones del primer plan PEAS.

Las alternativas futura de Cospedal.

Las posibilidades que tiene Cospedal para 2017 son dos:

  • Aflorar, por fin, los PEAS en la contabilidad del Ministerio de Defensa, pasando los 6.000 millones, más o menos, que presupuestan ahora a 8.000 millones, y quedando como el Ministerio con más aumento de gasto en épocas de crisis y de recortes.
  • Hacer una nueva ley en la que seguir ocultando esta parte del Gasto Militar y en la que se aprueben los PEAS.

¿Cuál será su opción?

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Imputados guardias civiles por simular gastos de dietas

Ahuecando%2C+que+vienen+a+miles+los+guardia+civiles+y+la+nacional

Por Josu Mendicute

Fuente: El País

La falta de controles sobre el gasto público genera descontrol, despilfarro y hasta corrupción, amparado todo ello en la sensación, a veces bastante cierta, de impunidad de las actuaciones dilapidadoras.

Que la falta de controles se asocie a esa especie de idea mal entendida de autoridad que encarnan los institutos armados y encargados del control social, genera impunidad y arbitrariedad en la administración de esa «autoridad» y una injusticia mayor, si cabe, pues si los vigilantes atropellan lo que tienen que vigilar, mal vamos.

Y un ejemplo de ello lo tenemos en una práctica, que debemos pensar que está más extendida de lo que nos quieren hacer creer, de simular gastos de dietas por parte de 137 guardias civiles, de teniente coronel para abajo, para calzarse un pellizco de sobresueldo.

La práctica concreta parece que consistía en que simulaban alojarse en hostales en sus desplazamientos por razones de servicio a Madrid, pero alojándose en realidad en residencias del instituto armado, para presentar luego las falsas facturas como gastos reales para que se los reintegraran.

Al parecer los fraudes van desde los 33´8 euros en la cota más baja a los 1.489, de modo que tenemos desde el pequeño chorizo hasta el morcón cebado en las defraudaciones.

Hay implicados desde un Teniente Coronel a Coroneles, capitanes y otros oficiales, suboficiales y cabos y guardias, lo que demuestra que esta corruptela estaba bastante extendida y, de añadido, que para ciertas cosas todos los del instituto armado practican una igualdad gremial que espanta.

El colmo de la codicia (no sabemos qué peor nombre encontrar) de los tramposos está en que siempre pasaban las facturas por importes fijos y sospechosos; concretamente el máximo permitido por dieta y día. Y eso, por muy cazurro que sea el encargado de controlar, canta mucho, porque no es posible, pongamos por caso, que todos los hostales de Madrid, es un decir, cobren lo mismo siempre por noche y que eso que cobran siempre sea lo máximo que se puede imputar a dieta según la normativa guardacivilesca.

Y con la mosca detrás del tricornio, empezaron las investigaciones.

… lo definitivo fue comprobar que en las mismas fechas en que los agentes pretendían haberse alojado en el Hostal Las Vegas, situado en la calle de Almansa de Madrid, no muy lejos de la Dirección General de la Guardia Civil, figuraban como hospedados en la residencia de oficiales y suboficiales de la calle del Príncipe de Vergara de la capital.

Osea, que además de tener mucho morro, para idear un fraude masivo tan burdo hay que tener mucho desparpajo y poco miedo, o mucha confianza en que alguien va a hacer la vista gorda, o un poco de cada, lo cual nos parece más preocupante.

La imputación, a pesar de que es más que posible que ocurriera desde mucho antes, se ha ceñido al período 2011-2014, precisamente una parte importante del período de crisis y cuando los recortes más brutales han cercenado los derechos civiles,  y el monto total de fraude por el que la Fiscalía de Madrid pide reparación asciende a algo más de 14.000 euros que, podemos decir, nos han mangado.

De nuevo, y no es la primera vez que lo decimos, la realidad insostenible de descontrol y opacidad del gasto militar pide a gritos auditorias independientes y asunción de responsabilidades.

Es lo mínimo.

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Despilfarro militar en EE.UU.: 58.000 millones de $ en programas de armamento fallidos

Imagen de EFE

Imagen de EFE

Fuente:  Infodefensa.

Es de alabar, en ocasiones, la transparencia de USA en temas defensa.  Han publicado un informe titulado:  «Performance of the Defense acquisition system.  2016.  Annual report«.

En él identifican la existencia de 23 programas de desarrollo de armamento que han fracasado tras gastarse 58.000 millones de $.

8 de los 23 programas consumieron todo el dinero destinado a ellos antes de ser descartados.  7 de los 23 gastaron más dinero del presupuestado antes de ser eliminados.

  • El programa llamado Sistema Futuro de Combate (tanques) fue, durante 6 años, el programa de armamento más importante de USA.  Se canceló en 2009, tras haber gastado 20.000 millones de $.
  • El programa RAH 66 Comanche, un helicóptero de reconocimiento y ataque, se despilfarraron 9.800 millones de $.
  • El satélite NPOESS, despilfarró 3.700 millones de $.
  • El helicóptero presidencia VH-71 despilfarró 2.700 millones de $.
  • Los dirigibles de defensa aérea JLENS despilfarró 2.500 millones de $.

Todo ese gasto es una aberración y debe censurarse sin paliativos.

Pero, al menos en esto, los americanos tienen algo que en la política de defensa española no existe ni en pintura: son más transparentes en sus datos, incluso cuando muestran cagadas monumentales como esta que comentamos.

¿Cuándo será posible un ejercicio de autocrítica con datos semejante en España?  ¿A qué tiene miedo el Ministerio de Defensa para no publicar datos sobre este tema?

Es imprescindible una auditoría seria e imparcial de los gastos de Defensa.

¿Puede un país en grave crisis como España permitirse el despilfarro militar?

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Lucha noviolenta en Raqqa. Lo que obvia la propaganda militarista

Graffiti on the streets of Raqqa. (Twitter/@Raqqa_SL)

Graffiti on the streets of Raqqa. (Twitter/@Raqqa_SL)

Fuente: Wagingnoviolence.org

A través de la traducción del Moc de Valencia hemos tenido acceso a la entrevista concedida por el activista sirio Alhamza, y publicada por Waging nonviolence, donde nos da cuenta de la lucha noviolenta que en Raqqa, la publicitada capital del DAESH, desarrollan activistas noviolentos contra el islamismo y contra el militarismo del otro lado.

En este blog hemos dicho en diversas ocasiones que la visión del conflicto de Siria que nos ofrecen nuestros amarillos e interesados medios de comunicación es unilateral y falaz. Nos cuentan sólo el lado que les interesa, el lado de la lógica militarista y su ideología, y lo hacen ensalzando a los que para nuestra maniquea opinión son los buenos y enfatizando la maldad de los malos.

Es la lógica amigo/enemigo que le interesa a esa visión manipulada de los conflictos. Una lógica que nos inculca dos verdades del sistema para que las hagamos nuestras: que el conflicto solo cabe resolverlo ganando al otro y que la única respuesta es la violenta y militar.

Con ello se refuerza un mensaje y una ideología que es la que comparte el DAESH y sus aliados, la coalición anti-Daesh y los suyos, y el gobierno Sirio y los suyos: Todos ellos participan de la misma idea del mundo y todos ellos aspiran a vencer con ella: dominación-violencia como medio y como fin.

Es por eso que la prensa occidental, como suponemos que también la del régimen sirio y la de el Daesh y sus aliados, obvian la existencia de respuestas diferentes, alternativas, y de una oposición a la guerra de corte radical, creativo, noviolento.

Pero junto a la bárbara realidad de la guerra, ocurre en Siria, como ocurre en todos los conflictos, que la población encuentra modos de resistir a la guerra y a la violencia desde otros planteamientos. Desde la deserción a la guerra hasta la solidaridad con las v´citimas, pasando por la construcción de instituciones e iniciativas alternativas, de autoayuda, de resistencia, de autoorganización, de lucha noviolenta, …

Por eso es importante transcribir la entrevista de Alhamza, uno de los fundadores grupo de resistencia Raqqa Is Being Slaughtered Silently que nos cuenta la cara de la realidad que desafía a los militaristas.

Raqqa is being Slaughtered Silently (RBSS) se fundó en 2014 por 17 activistas con el objetivo de contar la otra historia de la ciudad

 «la verdadera dimensión del sufrimiento en Raqqa, y de los terribles crímenes del Daesh en la ciudad«.

Desde entonces RBSS ha documentado y organizado múltiples protestas noviolentas contra el DAESHy ha servido como red para conectar activistas en esta lucha. Una visita a su página da cuenta de la dimensión de la iniciativa

«Vimos que estaban produciéndose muchas pequeñas manifestaciones. Nos dijimos, ‘¿por qué no le decimos a todo el mundo que venga a un sitio y hacemos una preparación realmente buena?‘ «

el grupo ha hecho videos y usado la ironía y el humor para desacatar a DAESH, publicado revistas, usando redes sociales y medios creativos para alentar a la población y combatir el adoctrinamiento militarista,  realizando murales, pintadas, acciones de protesta y una amplio arsenal de metodologías creativas de lucha.

Nos informa además del papel crucial que juegan en el movimiento las mujeres, otro elemento evidente de la ruptura con el orden de dominación que impone el militarismo.

En Raqqa hay una resistencia importante a DAESH y así reflexiona Alhamza que, a pesar de ser la capital de DAESH son pocos los ciudadanos que se han unido a su causa.

Como era de esperar, la lucha de RBSS ha traído represión y víctimas entre los activistas y sus familias, y también el exilio de algunos de ellos, pero eso no ha desalentado su lucha, que sigue siendo un ejemplo de lucha noviolenta y de rechazo del orden basado en la dominación y la violencia, sea el de los ocupantes de DAESH o el de sus presuntos liberadores.

 

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El lobby militar hace negocio en la UE: crece la militarización

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Contando Estrelas

Fuente: Público

Pues sí, amigos y amigas. Se ha hecho realidad tangible y oficial, que es la certificación última de lo que hasta ahora era evidente pero se escondía: laUE proveerá de pasta a la industria armamentística de forma oficial y a las claras.

Y es que el Parlamento Europeo, esa tribuna de tribunos de nadie que representan al capital y a sus beneficios, acaba de aprobar apabullantemente (y en materia militarista no nos queda más remedio que decir que el consenso es apabullante y terrorífico) el dotar de presupuesto comunitario a la industria militar y al lobby de empresas de sangre que lo compone.

De momento, y para el presupuesto comunitario de los años 2017 a 2020 y en el capítulo nuevo de los mismos que se llamará «Preparatory Action for Defence Research»  habrá 25 millones de euros al año (100 en el cuatrienio) para financiar específicamente a la industria militar europea en proyectos de i+d militar.

¿Es todo lo que recibirá el lobby militar del presupuesto comunitario? no, porque hay que recordar que hace dos años autorizaron a que los fondos europeos de i+d genéricos también pudieran servir para la industria militar.

Si a este «empujón» comunitario sumamos además lo que cada país destina en sus propios presupuestos a la i+d militar, podemos decir que el lobby militar está de enhorabuena, es un ganador del nuevo orden mundial y de la nueva política europea.

Pero no acaba ahí. Europa prevé en el período 2021 a 2027 aumentar la aportación al i+d militar en la suma nada moderada de 3.500 millones de euros.

Y podríamos preguntarnos ¿cómo es posible esta vuelta de tuerca tan abrumadoramente militarista de la Europa que se dice (cierto que cada vez con la boca más pequeña) «de los derechos humanos»?

Pues en parte se lo debemos a personajes siniestros con nombres y apellidos, el lobby militarista que condiciona nuestra vida hacia lo peor y más negro de nuestro reciente pasado. Nombres como el de Fernando Abril-Martorell (de la española Indra), Tom Enders ( de la multinacional Airbus), Ian King (de BAE Systems), Håkan Buskhe (de la sueca Saab), Mauro Moretti ( de la italiana Finmeccanica), Antoine Bouvier (de MBDA, una de las empresas líderes a nivel europeo) o Arndt Schoenemann (de la alemana Liebherr-aeroespacial). Todos estos pájaros forman parte del grupo de personalidades que tanto bien hacen al negocio macabro de las armas. Estos tipos forman parte del «Grupo de alto nivel» creado por la Comisión Europea para asesorarla.

Para colmo, y según una portavoz de la «Red Europea contra el Comercio de armas», de nombre Laetitia Sadeou,

En teoría, la Comisión Europea no está obligada a aplicar las recomendaciones del Grupo, pero en la práctica sabemos que para conseguir una mayor participación de las compañías de armas en esta iniciativa, la Comisión seguramente sentirá que necesita complacerlas lo máximo posible

Osea, blanco y en botella.

Un nuevo y ahora visible giro de tuerca hacia la militarización de la política europea y una regresión a los años más negros del pasado siglo.

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Corrupción militarista en Defex

Imagen de Defex

Imagen de Defex

Fuente:  El Mundo.

Son varias las veces que hemos tratado el caso de DEFEX en este blog.  Y, según parece, más serán las que lo trataremos.

Defex es

una empresa constituida en el año 1972, tiene como objeto social la promoción y exportación de bienes y servicios de empresas españolas.

DEFEX es una sociedad mercantil estatal participada mayoritariamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En su Consejo de Administración están representados el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de SEPI, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Defensa y diversos accionistas privados.

El caso DEFEX ha dado tantas vueltas que no nos vendrá mal hacer un breve repaso, de la mano de El Mundo:

En 2012, las autoridades de Luxemburgo preguntaron a España por unas transferencias por valor de 41 millones desde una cuenta bancaria conjunta de Defex y la empresa Comercial Cueto 92, con la que Defex ejecutaba un contrato de venta de armas a la Policía angoleña.  El fiscal anticorrupción Conrado Sáiz abrió diligencias de investigación en febrero de 2013, y en julio de 2014 se judicializó el caso, que recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que dirige José de la Mata.  El contrato de Angola era de 153 millones de euros. De ellos, unos 100 fueron de beneficio, pero cerca de 70 se desviaron a empresas pantalla y paraísos fiscales. Beatriz García Paesa, sobrina y mano derecha del espía Francisco Paesa, fue la que creó sociedades en paraísos fiscales para ocultar el dinero.  Todavía se está investigando quién se quedó con el dinero. Al menos una parte muy sustanciosa fue a manos de Juan Carlos Cueto, responsable de Comercial Cueto 92, la empresa que vendía las armas en Angola de la mano de Defex. Él, al igual que Beatriz Paesa, es uno de los imputados en el caso.

Defex, así, consiguió el honor de ser la primera empresa pública en ser imputada en una investigación penal.

Parece ser que los altos cargos de Defex siguen siendo purgados y despedidos, discretamente por la empresa, debido a las auditorías, el trabajo de Anticorrupción  y los escalofriantes informes forensic de PriceWaterhouseCoopers y Deloitte.

Las comisiones medias en los contratos que ha intermediado Defex desde 2008 y hasta 2014 -en que entró en sus instalaciones la Guardia Civil por orden judicial- son del 8% para los agentes contratados y del 9% para la empresa pública. Es decir,pellizcazos del 17% que suponen 57 millones sobre un total de 340

defex-pellizcos

Como se ve, los pelotazos que se daban en Defex son de tal cuantía que en ocasiones el proveedor real

se queda con menos del 50% del dinero del contrato.

¿Quiénes son los responsables de estos desaguisados?

Los accionistas de este engendro son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), con un 51% del capital, seguida principalmente de las privadas Maxam Expal, con un 20%, e Instalaza, con un 10%. En los órganos de gobierno de ambas participan o han participado importantes personalidades de la vida española y de confianza del Rey Emérito como Jaime Carvajal en Maxam o del actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Instalaza.

El representante de Maxam Expal en el consejo de Defex es nada menos que el ex jefe del Estado Mayor de la Armada, Francisco Torrente, también muy próximo al padre del actual Monarca. También figura el presidente de Maxam, José Fernando Sánchez Junco, ex director general del Ministerio de Industria con el PSOE. Además, hay en el consejo representantes de Exteriores, Defensa y Economía

Es desolador. El presidente más longevo de Defex durante décadas, José Ignacio Encinas, fue detenido en una primera fase de la investigación iniciada en 2014, aunque ya había sido relevado dos años antes al llegar al poder el PP. La Sepi nombró presidente de Defex en 2012 a Fernando Aguilar con el respaldo de su cuñada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Aguilar, que había sido antes delegado en la oscura delegación de Singapur, terminó siendo también relevado en 2015 y se encuentra imputado desde este verano en la segunda fase de la investigación. En el entorno de la dirigente del PP aseguran que la relación con su cuñado es inexistente desde hace algún tiempo.

¿No sabían nada estos responsables políticos y económicos?, ¿se han enterado por la prensa?

¿Se pedirán responsabilidades políticas y penales a alguno de ellos?  ¿Alguien de la SEPI, y por lo tanto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá alguna responsabilidad por ser socios mayoritarios, la tendrá su ministro Montoro?  ¿La tendrán los Ministerios de Defensa, Exteriores o del de Economía, es decir, Morenés, García Margallo o Guindos?

Pero el caso Defex parece infinito.  Al menos son infinitas las ganas de lucro de algunos de sus empleados.  Nos cuenta El Diario que

Un juzgado de Madrid ha obligado a la empresa semipública de exportación de material militar Defex (que tiene al Estado como mayor accionista con el 51%) a readmitir a un exdirectivo imputado en la Operación Angola por un presunto fraude en una operación de venta de armas a ese país por importe de 152 millones de euros.

El directivo en cuestión es Manuel Iglesias Sarriá Fernández de Navarrete, exdirector de Operaciones de Defex. El pasado 1 de octubre, Defex procedió a darle de alta en la Seguridad Social, aunque su reincorporación efectiva no se produjo hasta el lunes 10 de octubre. A Iglesias prácticamente no le dio tiempo a encender el ordenador: ese día se le entregó la carta de despido, según fuentes al tanto del proceso.

Ingeniero de Telecomunicaciones y primo carnal del cantante Julio Iglesias (su padre era hermano del doctor Julio Iglesias Puga, alias Papuchi), Iglesias Sarriá llevaba trabajando en Defex desde 1990 y en enero de 2013 fue nombrado director de Operaciones, bajo dependencia directa del entonces presidente de la compañía, Fernando Aguilar Viyuela.

Aguilar, que es cuñado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue presidente de Defex desde 2012 hasta mayo de 2015, cuando fue sustituido por el teniente general del Ejército Juan Carlos Villamía.

Pero no nos engañemos.  Este no es un caso puntual en la Administración del Estado.  Es un caso estructural porque hay que preguntarse para qué sirven las empresas y organismos autónomos del Estado.  ¿Cuál es su función si los trabajos que realizan los podrían, y deberían, hacer los funcionarios en los propios ministerios?  En muchas ocasiones hemos dicho que los Organismos Autónomos militares deberían cerrarse porque parece que su función sólo es doblar gestiones y sueldos y esconder las responsabilidades de gestión directas del Estado a través de sus ministros.

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¿Por qué a la élite europea le interesa fomentar la guerra contra el «islamismo»?

U.S.+Soldiers+at+the+French+Jungle+Warfare+School

US Army Africa

Fuente: Gaceta.es

Increíble pero cierto. La élite de Europa que a grandes voces critica el islamismo radical y lo demoniza, parece que con la boca chica lo fomenta porque le reporta amplios y opacos beneficios.

Conforme al titular que desvelamos,

Los Estados miembros de la UE, desde 2005 hasta 2014, exportaron armas a Oriente Medio y el Norte de África por un valor de más de 82.000 millones de euros. Las Primaveras Árabes resultaron un negocio de lo más lucrativos

De modo que demonizar al islamismo radical no es, sobre todo, una cuestión de seguridad para Europa, sino una estrategia de marketing comercial encaminada a vender armas a unos «aliados» a los que nuestras propias malas políticas desestabilizan y obligan a compararnos armas que sirven para combatir a esos «radicales» (a los que dicho sea de paso hemos creado nosotros mismos) y mantener un cierto control regional de una amplia zona mundial (precisamente donde se encuentra el principal recurso del capitalismo)  por medio de su fragilización, fragmentación y dependencia de nuestros intereses, asociándonos para ello a los más canallas de los estados canallas que, a su vez, lucran a nuestros intachables y cristianísimos canallas de la casta europea.

Hace unos meses, la ONU denunció las presiones recibidas para retirar a la coalición árabe liderada por Arabia Saudí de una lista junto a otros grupos terroristas internacionales por sus bombarderos en Yemen. A Riad le bastó con levantar el teléfono y amenazar con retirar las subvenciones para que las Naciones Unidas dieran marcha atrás.

y esta otra

Según el último informe  ‘Guerras de Frontera’ publicado por el Transnational Institute, Stop Wapenhadel,  los Estados miembros de la UE otorgaron licencias de exportación de armas a Oriente Medio y el Norte de África por valor de más de 82.000 millones de euros. La mayor parte del armamento fue a parar a manos de las autoridades saudíes, que gastaron 25.844 millones de euros en reforzar sus Fuerzas Armadas.

No cabe duda. la guerra es negocio para los ricos, que no tienen fronteras, y desgracia para el resto. Y en eso Europa es un ejemplo de cinismo sin fondo.

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En Bizkaia se hartan de las maniobras del ejército

Parque+natural+de+Urkiola

Fernando Cuenca

Fuente: El Correo

Como en tantos otros puntos de la geografía peninsular, el Ejército decidió realizar unas maniobras militares en el Parque Natural de Urkiola sin dar cuenta previa (ni posterior) a las autoridades civiles.

No es ninguna novedad, porque es lo que vienen haciendo, cuando se les pone en sus marciales sitios, en los diversos lugares de la geografía, como es el caso de Doñana, donde pasan del gobierno claudicante del PSOE, o de Cataluña, donde pasan del más levantisco de Cataluña, o de Bardenas Reales, donde no les parece relevante la declaración de Patrimonio de la Biosfera del enclave y permanentemente hacen maniobras de entrenamiento con fuego real como antesala de la intervención en el exterior,  o en cualesquiera otros lugares donde se les apetece.

Lo diferencial, en este caso, es que frente al modelo PSOE de Andalucía de  agachar la cerviz, la Diputación de Bizkaia (PNV) ha exigido a los militares el respeto de la legalidad y la no presencia en enclaves naturales especialmente protegidos.

¿Quién tendrá razón: los militares y sus acciones agresivas hacia la naturaleza o quienes se oponen a ellos y a sus sinrazones lógicas?, ¿quienes se movilizan para entrenarse en la guerra o quienes lo hacen para desarrollar la paz?, ¿quiénes actúan en defensa de la sociedad: los que arrasan con los espacios naturales con sus absurdos y depredadores juegos de guerra o quienes luchan por la defensa de una naturaleza sostenible y al servicio de la sociedad?

Parece evidente. Y tan evidente que la población empieza a alzar su protesta, como ocurre en Barbate, o en la sierra de Aitana, o en Sant Climent de Sesebes, o en la Ribera del Ebro, o en Rota y Morón, o en  tantos otros lugares donde la población quiere paz y no armas y maniobras militares

Claro que parece también que los militares están dispuestos a pasarse la evidencia por el arco del triunfo alegando sus sinrazones de «interés para la defensa nacional».

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Los tribunales militares protegen a los pilotos militares que han hecho un fraude masivo

Imagen de Javier Aroche

Imagen de Javier Aroche

Fuente:  El País.

El fraude de casi 100 pilotos del Ejército del Aire que aportaron falsas facturas de mudanzas para cobrar la indemnización por cambio de residencia se va a saldar, únicamente, con multas de 5.000 € y sin penas de cárcel gracias a un pacto al que han llegado la Fiscalía Militar con los acusados.

Parece ser que el monto del fraude no es pecata minuta (suponemos que no les han a poco más de lo que defraudaron, así que aproximamos cálculos):  100 pilotos por 5.000 € cada uno nos dan 500.000 € que engañaron al Ejército del Aire y a todos los españoles.

En algunos casos ni siquiera eso, pues los tribunales castrenses dan por prescritos los delitos de hace más de cinco años.

Los casos nos parecen graves y la sanción nada ejemplarizante, con el peligro de que se puede animar a muchos militares a seguir delinquiendo de esta manera.

El sargento M. A. ha reconocido que cobró en 2012 una Indemnización por Traslado de Residencia (ITR) de 3.150 euros tras aportar una factura falsa de la empresa Mudanzas Gil. El fiscal pidió para el suboficial una condena de dos meses y 15 días de prisión, frente a la pena mínima de tres meses y un día y máxima de 10 años de cárcel prevista en el artículo 81 del Código Penal Militar para los delitos contra el patrimonio militar, agravada si existe lucro personal. Para justificar tal rebaja el fiscal adujo que el suboficial reparó el daño, pues devolvió el dinero antes de la celebración del juicio oral (aunque después de que se abriera la investigación), y le aplicó también la atenuante de dilación indebida del procedimiento, pues este se inició en agosto de 2012 y duró cuatro años.

Antes del juicio, celebrado en julio pasado en Barcelona, el fiscal y la defensa llegaron a un pacto en virtud del cual el primero cambió su petición de prisión para el suboficial por una multa de 150 días, con una cuota de 31 euros diarios: 4.650 euros en total.

Pero esto no es todo.  Nos parece igual de grave lo que hizo el Tribunal Militar Central para evitar que el Ejército del Aire se viese inmerso en un macroproceso con decenas de mandos sentados en el banquillo:

el Tribunal Militar Central decidió en febrero de 2015 revocar dicho procesamiento y trocear el sumario en al menos ocho procedimientos repartidos por distintos juzgados. A partir de entonces, aunque la cifra de imputados continuó aumentando hasta rondar el centenar, la causa se fue diluyendo para concluir ahora con la imposición de módicas multas y sobreseimientos.

Todos han colaborado para salvar el buen nombre y la operatividad del Ejército del Aire:

El fiscal militar ha ofrecido una sentencia de conformidad a decenas de pilotos del Ejército del Aire acusados de cobrar indemnizaciones por falsas mudanzas. La oferta pasa por que se declaren culpables, acepten una pena de tres meses y un día de cárcel y devuelvan el dinero indebidamente cobrado (entre 1.500 y 4.500 euros). La fiscalía pretende evitar una cadena de juicios en los que hasta un centenar de mandos debería sentarse en el banquillo y enfrentarse a penas de hasta 10 años de cárcel, lo que podría dejar sin pilotos a algunas unidades.

 

El razonamiento del Tribunal Militar Central es bastante grosero porque hay un teniente que cobraba una comisión del 25 % y que es considerado el cerebro de la trama:

El Juzgado Togado Militar Central número 2 dictó en 2014 auto de procesamiento contra 45 pilotos del Ejército del Aire (un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y seis sargentos), pero el Tribunal Militar Central lo revocó y ordenó dividir el sumario entre nueve juzgados militares, en función del lugar de residencia, por estimar que los acusados no formaban una trama organizada para defraudar a las arcas públicas, sino que seguían el patrón de una picaresca individual.

Y

Según el auto dictado en su día por el juzgado militar central, eran un teniente y un capitán quienes se encargaban de contactar con los pilotos recién salidos de la Academia de San Javier (Murcia) para ofrecerles facturas falsas a cambio de un 25% de la indemnización que percibirían por una mudanza que nunca tendría lugar.

El troceamiento ha acabado multiplicando los acusados:

el troceamiento del caso lo ha multiplicado como una hidra y ya se acercan al centenar los militares imputados. Solo en el juzgado militar territorial número 12 de Madrid hay 43 implicados: un comandante (diferente al que investigó el juez central), 21 capitanes, cuatro tenientes, 12 suboficiales y cinco cabos.

Y es que parece que la Justicia Militar es, primero, Militar, y luego, si hay ocasión Justicia.

La solución deja, sin embargo, cabos sueltos: la impunidad de las empresas de mudanzas que facilitaron las falsas facturas; el escaso castigo para el cerebro de la trama, un teniente que cobraba una comisión del 25%; o la posibilidad de que aquellos para los que el delito ha prescrito no tengan que devolver el dinero.

Y

Una compañía de transportes, Sancho Ortega Int., con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid), alegó que lo que entregó no fueron facturas, sino ofertas de presupuesto, lo que choca con el hecho de que cobrase más de 500 euros a cada implicado, una cantidad exorbitante por una mera oferta comercial. Si se demostrase la culpabilidad de las empresas de mudanzas, estas no solo podría ser acusadas del delito cometido por los militares, sino también de falsedad de documento o fraude fiscal, ya que no habrían declarado dichos ingresos a Hacienda.

Si no se trataba de facturas legales, también podrían haber incurrido en negligencia o complicidad los órganos de control del Ejército del Aire que las dieron por buenas.

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