Archive for impunidad militar

Otra prueba de que lo militar no es serio

Imagen del Ejército del Aire

Fuente:  Defensa.com

¿Despilfarro, principios de locura, descaro total, estar totalmente fuera de la realidad?  Ustedes juzgarán.

Resulta que una tripulación del 333 Escuadrón de la patrulla Marítima de la Fuerza Aérea noruega ha realizado una visita al Grupo 22 del Ala 11 de la Base Aérea de Morón.

¿Qué hacen ahí?  ¿Cuál es la utilidad del viaje?  ¿Tiene algo que ver con la defensa nacional de Noruega, o de España?

Nuestro Grupo 22 aprovechó que pasaban por ahí los noruegos para explicarles algunos planes de modernización de sus aviones P-3B y, también, en qué operaciones en el exterior están enfrascados.

¿Qué les puede interesar a los noruegos de estas explicaciones para hacer un viaje tan largo?  Nada.  Nada, por supuesto.  Nada militar.  Nada lógico.

Resulta que en un viaje que hicieron los españoles a Noruega en 1998 como parte de los intercambios de patrulla marítima realizados a raíz de la adquisición de los aviones P-3B a la Fuerza Aérea Noruega se extravió una roca Elmer “The Rock”.

Lo del extravío no queda claro si fue un error al cargar el avión de vuelta o si la patrulla española lo afanó en un descuido.  Todo indica que es un juego entre diversas fuerzas aéreas mundiales, que además les ayuda a hacer turismo.

Elmer es una roca islandesa de varios miles de años dice la noticia (en realidad que una roca tenga miles de años de antigüedad es como si una persona tuviese unas horas de antigüedad, es decir, muy poco, por lo tanto, suponemos que querrán decir unos cientos, al menos, de millones de años).

Resulta que Elmer fue adoptada por un escuadrón B-24 americano en la Segunda Guerra Mundial.  Desde entonces, Elmer se ha extraviado sucesivamente por varios lugares del mundo, incluso en Corea y Vietnam.

La roca provoca problemas en el centro de gravedad de las aeronaves que la transportan, pero nuestro Grupo 22 la ha llevado a diversos vuelos de operaciones nacionales e internacionales.

¿Se imaginan lo seria que es nuestra defensa militar, lo concentrados que están nuestros militares, lo que se juegan la vida por nosotros, lo que nos defienden de todos los males del universo, y lo concentrados que están nuestros aviadores en defendernos, jugando con la piedrecita?

Una verguenza.

Suponemos que en esta estúpida historia habrá intervenido el espionaje noruego para ubicar a Elmer, y suponemos que nuestro contraespionaje, nuestro CNI habrá hecho todo lo posible para que no pudiesen localizarla.

Mientras esto pasa, se multa a lo manifestantes pacifistas por criticar a la industria del armamento.

El mundo está loco.  Que paren el mundo, que nos queremos bajar.

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La mala gestión de Defensa provoca que tengamos que pagar una multa de 243 millones de €

Imagen de Aerofossile 2012

Fuente:  El País.

La programación militar española quería poder tener fuerza de proyección (eufemismo de intervencionismo o de invasión) muy lejos de nuestras fronteras.  Para ello eran indispensables aviones de transporte con mucha capacidad y amplio radio.

El diseño militarista pensó que lo necesario eran 27 A400M.  La cifra era disparatada para un país como España.

Por ello, mucho más tarde, el anterior Secretario de Estado de Defensa, Pedro Arguelles, pactó con Airbus la compra de 14 A400M (avión de transporte militar) entre 2016 y 2022, y posponer la recepción de los 13 restantes hasta 2025.

Entonces a Morenés y a Arguelles les pareció un ejemplo de gran gestión comercial.  Es decir, postergaban el problema unos cuantos años, los suficientes para salir del Ministerio de Defensa y para que otros tuviesen que ocuparse del problema.  Genial.

Si Defensa no cumplía, el Estado debería pagar 243 millones de € como penalización a Airbus.

Ahora el problema está aquí:

Defensa ya ha declarado estos 13 aviones como “no operables” –es decir, innecesarios—y ha aceptado pagar a Airbus 243 millones por la cancelación de este pedido.

Vemos muchas malas prácticas en estas decisiones:

  •  La primera es que nuestros militaristas dirigentes siempre planifican los gastos muy por encima de las necesidades y de las posibilidades de España.  Les da igual porque nadie les va a pedir cuentas.
  • Para ellos prima el programa de fabricación de armamentos sobre las necesidades de defensa españolas reales o sobre las posibilidades económicas españolas, lo importante para los políticos militaristas es que se pueda hacer el nuevo modelo de armas, ofertándolo como un futuro éxito de ventas.  Luego, como en el caso que nos ocupa del A400M estas ventas no llegarán, pero les da igual porque nadie les va a pedir cuentas.
  • La tercera es que nuestros dirigentes militaristas siempre acaban favoreciendo a la industria militar y son capaces de firmar multas que le impondrá la industria militar al Estado si no cumplen con lo pactado.  Les da igual, el Estado somos todos y lo pagaremos a escote con los impuestos.  Además, la ciudadanía no acaba de entererarse.
  • La cuarta es que los políticos militaristas ven muy fácil endeudar a España porque nadie les va a pedir cuentas.  Total, cuando la deuda militar sea un problema ellos ya no estarán en el poder (estarán jubilados), o podrán recurrir al argumento de echar la culpa a gobiernos previos.

Mientras el Parlamento y la sociedad permanezcan ignorantes y callados no habrá problema para los políticos militaristas.  Hasta que no haya una auditoría independiente de Defensa no habrá soluciones.

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El despilfarro de las 26 bandas de música de las Fuerzas Armadas

Imagen de Contando Estrelas

Fuente:  El Diario

Muchas veces hemos criticado el despilfarro de los ejércitos. Por ello recomendamos la lectura sosegada de nuestro dossier sobre despilfarro militar, con más de 21.000 visitas.

Lo volvemos a comprobar con un nuevo ejemplo.  Ahora con las 26 agrupaciones musicales de las Fuerzas Armadas.  Pero antes de dar nuestras opiniones queremos que lean lo esencial de la noticia para que ustedes mismos vayan haciéndose una idea del asunto (por cierto, no olviden que estamos hablando de la Defensa Nacional, de defender nuestra patria y nuestras fronteras contra el terrorismo islamista, por ejemplo):

En las Fuerzas Armadas hay 26 agrupaciones musicales que participan en festivales y que ofrecen cientos de conciertos “militares y civiles” viajando “por dentro y fuera de España”

(…)

El grupo musical del Cuartel General del Aire está formada por “40 suboficiales y 30 militares profesionales de tropa, incluidos los miembros de la Banda de Cornetas y Tambores”. El año pasado realizó nada menos que 150 actuaciones musicales.

Entre los eventos en los que participan estas bandas se aclara que “el más importante es el de rendir honores a Sus Majestades los Reyes y a los jefes de Estado y de Gobierno extranjeros de visita oficial en nuestro país, por ejemplo, en el Pabellón de Estado del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas”.

La Unidad de Música quiere seguir creciendo y mejorando por lo que en el reportaje se explica que “tiene ya  aprobada la incorporación de cuatro chelos y dos  contrabajos para conseguir la dimensión sinfónica que aporta la cuerda a una banda de música”. “Sus componentes lo mismo tocan pasodobles”, que acometen piezas de música clásica,

De cara al futuro,el objetivo que se plantea es “crear en su seno, con sus propios músicos, otras formaciones de estructura más pequeña, bien de música de cámara -como el quinteto de metales o el dúo de flauta y clarinete ya existentes- o una big banda que lea y toque música de jazz, por ejemplo”, desvela la publicación.

Entre sus “actos extraordinarios”, es decir, las salidas que realizan al extranjero, se encuentran la participación en el Festival Military Tattoos, “en los que ha participado en diversas ocasiones la unidad”.  Pero también colaboran en actos benéficos. En España su primera actuación oficial de 2017 fue en el concierto Contra el Cáncer celebrado en la localidad madrileña de Getafe.

¿Ven ustedes relación con la defensa nacional?  ¿Estamos mejor defendidos de nuestros enemigos con estas 26 bandas de música militares?  ¿Tocan tan mal que aumenta nuestra capacidad disuasiva ante el enemigo?  ¿Estamos siguiendo militarmente la máxima de que la música amansa a las fieras y, por lo tanto, al enemigo?

Probablemente todos estemos de acuerdo en que las bandas de música militares no tienen nada que ver, actualmente (y desde hace mucho tiempo), con las guerras ni con la defensa nacional.  Quedaron obsoletas.

Sin embargo, ahí están.  Porque, en el fondo, sí tienen una función en la defensa nacional.

Son parte de la propaganda militarista.  Simple y llanamente.  No sirven para otra cosa.

En nuestra opinión son un despilfarro más de lo militar.  Están ahí porque los militares, por máxima, no quitan nada de lo que es militar.  Porque lo militar no se cuestiona.  Porque lo militar no se modifica.  Porque, como ellos dicen, lo militar y la defensa nacional es cuestión de Estado, que quiere decir que no se permite opinar diferente.

Hace poco lo dijo nuestra ministra de Defensa, Cospedal: sin la seguridad no tiene sentido tener educación ni sanidad.  Podría haber añadido que tampoco tiene sentido, sin música militar, la educación ni la sanidad.  El razonamiento, su pobreza, su idiotez, no se sostiene de ninguna manera.  Pero ahí está la música militar, por los siglos de los siglos.

¿Les parece a ustedes despilfarro militar?

Pues al diputado Gabriel Rufián parece que también.  Por ello ha presentado un montón de preguntas parlamentarias para intentar aclarar qué hay de despilfarro en todas estas bandas.

Nos tememos que mucho porque ya sólo la presencia de 70 militares en el grupo musical del cuartel general del aire, con todos sus sueldos y gastos nos parece dinero despilfarrado.  ¿Cuál será el total?

Además, no sólo a Rufián, a Utopía y a muchos de los lectores les parece despilfarro.  La noticia acaba así:

El diputado de ERC explica a eldiario.es que el interés por este asunto le ha llegado a través de asociaciones militares que le han expresado dudas sobre “si es necesario tanto dispendio en este tipo de actividades dentro de las Fuerzas Armadas”.

¿Es urgente una auditoría independiente de las Fuerzas Armadas?

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La corrupción militar del Gómez Ulla, muy levemente penada

Imagen de Ricardo Ricote Rodríguez

Fuente:  ElConfidencial.com

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla es un horror.  No paran de salir noticias sobre su mala gestión, despilfarros y corrupción.  Y nosotros mismos hemos ido informando de ello en varias noticias.  Convendría más cerrarlo y traspasarlo a la medicina civil porque la gestión de los militares es pésima y corrupta, como dice la noticia que comentamos.

Siempre hemos estado en contra de la Justicia Militar.  Muchas veces hemos argumentado que no puede ser muy objetiva al juzgar a sus propios compañeros de armas.  Pero esta vez tenemos que reconocer que han hecho su trabajo:

Los tres altos mandos del Ejército de Tierra que adjudicaban las contrataciones del Hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid -el teniente coronel Francisco N. C., el teniente Miguel Ángel G. C. y el coronel Eduardo S. G.– han sido condenados por el Tribunal Militar Central por cobrar comisiones de los empresarios a los que concedían los servicios de limpieza y administración de la instalación castrense.

Otra cosa es que remarquemos que el Tribunal Militar ha elegido el tramo bajo de las penas a imponer.  Será, suponemos en primera instancia, que no era tan grave la corrupción, que no habían defraudado tanto al erario público y que no se habían enriquecido tanto los corruptos oficiales.  Bueno, fijémonos en los delitos para ver si estos y las penas van de la mano, o se ha vuelto a hacer una condena poco dura a los corruptos por el simple hecho de ser militares:

La resolución condena al primero a tres años de prisión al considerarle autor de un delito continuado contra el patrimonio, al segundo a dos años de cárcel por el mismo ilícito penal y al tercero a solo seis meses por negligencia en la eficacia en el servicio al entender la sala que no se pudo acreditar ningún pago, lo que suponía una rebaja de respecto a lo solicitado por la Fiscalía, que había pedido tres años para los tres por el delito contra el patrimonio.

Sí hace caso el tribunal al criterio de la sala al imponer la pena de tres meses de cárcel para el empresario al que los altos mandos exigían el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de servicios, a quien los magistrados ven culpable de un delito de cohecho y le castigan también a no contratar con la administración durante los próximos cinco años.

Vemos que el caso fue denunciado en 2014 y recién se dicta sentencia en 2017.  Tres años de retraso, que vemos, con desagrado, que también existe y mucho en el ámbito militar.

¿Qué hacían los corruptos militares?  Pues lo que los demás corruptos:

Según expuso el ministerio público durante su escrito de acusación con base principalmente en el mencionado testimonio, los condenados fraccionaban los contratos que superaban el límite legal permitido para que fueran considerados menores y poder eludir así la obligación de publicidad que impone la norma. En concreto, utilizaban este método del contrato menor en casi ocho de cada diez contratos emitidos entre 2008 y 2013, un periodo que coincidía -como recordó la Fiscalía en la última sesión de la vista oral- con “los años más duros de la crisis”. Además, llevaron a cabo “contratos verbales sin que se cumplieran ni por asomo los requisitos legales, ya que eran concesiones que no afectaban a la seguridad nacional”, que es una de las condiciones exigidas por la normativa.

La fiscal aseguró que los condenados “hinchaban” los costes de los contratos para que el empresario obtuviera márgenes de beneficio que, según señalaron los peritos, no habían visto en su vida. Eran “beneficios exorbitantes“, remarcaron los especialistas que testificaron a requerimiento del tribunal. En concreto, como explicó un empleado de la empresa adjudicataria de los servicios de limpieza, este margen era del 25%, un porcentaje al que había que añadir otro 25% que era destinado al pago de las comisiones a los mandos militares. Es decir, que el precio de la adjudicación se duplicaba para tener contentos a empresario y cargos castrenses.

Según la Fiscalía, los responsables de la adjudicación del Gómez Ulla exigían al empresario que les diera tres ofertas, a pesar de que sabían de antemano que le iban a entregar a él el servicio. En ocasiones, daban nombres de sociedades extinguidas o cuyo objeto social no tenía ninguna relación con el servicio al que optaban, lo que imposibilitaba de facto que el hospital pudiera decantarse por ellas. Otras veces, los condenados informaban al concurrente de cómo obtener los puntos necesarios para ganar la oferta.

En muchas ocasiones la corrupción acaba o termina en el despilfarro militar de lo público:

La fiscal, por ejemplo, consideró acreditado durante su relato de los hechos que en uno de los concursos, al que concurrían ocho mercantiles además de la del empresario denunciante, este último incluyó un montón de aparatos de limpieza adicionales para obtener más puntos y ganar el servicio. “Era la oferta más cara y la que tenía menos puntos, pero la inclusión de cinco máquinas cuando las demás ofertas llevaban apenas una inclinó la balanza” hacia la sociedad ‘amiga’ de los licitadores. “Solo había cuatro personas empleadas para manejar una veintena de máquinas”, resaltó con asombro la representante del Ministerio Público durante la vista oral.

Como no podía faltar nada en una trama de este estilo, también circulaban los sobres repletitos y los regalos en especie:

El Ministerio Público consideró acreditada durante su exposición final la entrega de 40.000 euros a dos de los condenados en 2009 por la adjudicación de un servicio de limpieza, de 10.000 más por otra contratación en 2010, otros 24.000 por una tercera, 9.000 y 7.000 por dos adjudicaciones de retirada de residuos y 74.000 más por contratos menores formalizados en 2009, 2011 y 2013 referidos a la contratación de personal de archivo, conductores y adiestradores caninos que deberían haber seguido el desarrollo de un contrato mayor.

Los regalos que entregaba el denunciante a los tres mandos castrenses, por su parte, iban desde los jamones hasta los relojes de alta gama, pasando por invitaciones a copiosas comidas o a clubes de alterne. La visita a estos últimos locales provocó de hecho varios enfrentamientos entre los diferentes acusados durante el juicio.

Si no existe una auditoría independiente del manejo del dinero en el Ministerio de Defensa seguirán dándose circunstancias como estas, que también resalta El Confidencial.com en otra noticia:

El teniente coronel Francisco N. C., el teniente Miguel Ángel G. C. y el coronel Eduardo S. G. acudían a clubes de alterne con todos los gastos pagados, recibían relojes Omega de sus agradecidos proveedores o eran invitados a copiosas comidas por parte de los adjudicatarios. Pero éstas eran solo algunas de las dádivas que los mandos recibían a cambio de la concesión de adjudicaciones. En ocasiones los favores se pagaban en forma de servicios.

 

En algún caso, los domicilios particulares de los mandos eran limpiados gratuitamente por el personal contratado por las empresas que se encargaba del saneamiento del hospital. Estas señoras de la limpieza eran enviadas a atender las necesidades domésticas de los jefes militares, que también recibían jamones y otros detalles en Navidad.

El teniente coronel Francisco N. C., por ejemplo, entre 2007 y 2010 se construyó un barco de recreo realizado en madera y adquirió tres motocicletas, dos coches y dos viviendas en Madrid. El teniente Miguel Ángel G. C., por su parte, compra en los ejercicios dos casas en Madrid y una tercera residencia de verano en Vera (Almería).

Los mandos militares prácticamente han resuelto en los últimos cinco años las hipotecas que tenían sobre sus viviendas.

Según el auto de procesamiento dictado el pasado 30 de noviembre por el Juzgado Togado Militar Central número 1, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 los acusados realizaron “amortizaciones de capital exorbitantes”. En algunos ejercicios, los acusados superaron los 50.000 euros abonados a las entidades bancarias con las que suscribieron los préstamos hipotecarios. En el caso de Francisco N. C., además, tanto en 2008 como en 2009, la Guardia Civil detectó compras por importes superiores a los 80.000 euros cada año. En la causa también constan informes que revelan que las empresas tenían en nómina a personas con una relación cercana a los procesados, documentos que sin embargo no son referenciados en el auto de procesamiento.

No sabemos ustedes, pero nosotros pensamos que si el castigo es sólo el dictamen del Tribunal Militar, bien poca pena es.  Es decir, vale la pena, pensarán los corruptos militares, el mal trago de algunos meses, porque no llegarán a cumplir los tres años que es la máxima pena fijada.

Y siempre les queda la esperanza de alcanzar algún indulto.  ¿Por qué no, pensarán?

¿Es justa la justicia militar?  ¿Es oportuna?  O ¿es una mera pantalla para ocultar lo que hay detrás del militarismo patrio?

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¿Sirven para algo los carísimos tanques Leopard?

Leopard+2A4

Vestman

Fuente: Infodefensa

Los famosísimos tanques Leopard de patente alemana (una parte de los cuales se fabrican en España) ganaron su reputación de arma letal en los múltiples ejercicios, simulaciones y maniobras militares, de forma que eran uno de los instrumentos de guerra más cotizados y reclamados por gran parte de los ejércitos mundiales.

Ejércitos como el alemán, el austriaco, el canadiense, el chileno, el danés, el español, el finlandés, el griego, el noruego, el holandés, el portugués, el sueco, el suizo, o el turco, entre otros muchos, se han gastado ingentes sumas de dinero, empobreciendo a sus poblaciones y asumiendo una brutal deuda militar, para comprar estos cacharros.

Ponerlos a prueba en una guerra de verdad y desmoronarse el prestigio de este arma de guerra han sido todo uno. Los turcos, que los han empleado para arremeter contra sus enemigos del Daesh en Al-Bab (Siria) han perdido 10 de un plumazo y han visto como otros muchos han quedado escacharrados, al parecer de forma irreversible.

La inexplicable ineficacia de estos tanques se ha visto magnificada porque al ingente número de soldados de infantería turcos, apoyados por estos tanques, se unía el apoyo aéreo de los rusos, que han podido comprobar como testigos el desastre del arma en cuestión.

Esta situación, que hace preguntarse a los militaristas si estos tanques sirven para lo que prometen, nos lleva a nosotros a hacer la pregunta más extensiva y la respuesta mucho más amplia.

¿Sirven los tanques para algo?  ¿Le sirven a alguien?

Primeramente, se ve que los tanques no sirven para lo que dice su “prospecto”, es decir, no tienen la eficacia militar que predican. Como toda la producción militar, es una verdadera chapuza. Y una chapuza muy cara y terrible.

En segundo lugar, no sirven tampoco para el bienestar de la gente de los pueblos cuyos ejércitos los compran. Su factura es carísima. Generan, como en el caso español, una ingente e impagable deuda militar y se pagan a costa de los bienes sociales que dejan de conseguirse al priorizar el gasto militar sobre las necesidades sociales.

Tampoco le sirven a la sociedad donde se producen dichas armas mortíferas, pues los cuantiosos beneficios que producen redundan en los accionistas de la empresa fabricante, que son los que efectivamente se enriquecen con ello, pero a costa de provocar dependencia de la producción militar en la zona donde se desarrollan estos tanques que, dado el sistema mecanizado de su producción, tampoco crean tanto trabajo como otros sectores.

No generan beneficio medioambiental, y son un instrumento altamente contaminante.

No generan beneficio para la paz mundial, sino que sirven a la causa de la guerra.

Sin embargo, genera ciertos beneficios:

  • A los accionistas de la industria militar, a los comerciantes, comisionistas, y demás cadena de negocio militar.
  • A la creación de conflictos bélicos y “amenazas” que sirven para “legitimar” la venta de armas y el negocio de la guerra.
  • A los políticos que asumen deuda ilegítima para adquirir estas armas que, a su vez, sirven para consolidar un status quo que les mantiene en su situación de privilegio, cuando no para conseguir además comisiones importantes.
  • A la petrificación de un modelo de política internacional basada en la división, la violencia estructural y la dominación que, curiosamente, beneficia a los estados productores y vendedores de armas y crea dependencia en los demás.

De modo que ya sabemos: la fabricación de tanques Leopard, como ejemplo de la venta de armas, sirve para algo y para alguien. Lo único que a lo que sirve es precisamente a lo más indeseable.indecente, perjudicial y necesario de cambiar de la faz de la tierra.

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Gasto Militar 2014 liquidado por la IGAE: 9.548’37 millones de € (se habían presupuestado: 5.745’77 millones de €)

Imagen de Juliogmilat fotografía

Fuente:  Elaboración propia.

Hay varias estadísticas que se pueden utilizar para hablar de Gasto Militar.

Normalmente nos referimos al Gasto Militar de un año cuando analizamos los Presupuestos Generales del Estado.

Pero hay otra forma de valorar los Gastos Militares, que aunque también es parcial porque no analiza todo lo que la OTAN considera Gasto Militar, vale para tener algunas cifras más precisas y reconocidas por el propio Estado:  el Gasto Militar liquidado por la IGAE.  Dentro de poco sacaremos nuestro informe sobre 2014.  Hasta entonces pueden consultar el de 2013.

El Estado Español cuenta con un mecanismo de control y fiscalización del gasto público, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este organismo tiene entre sus funciones la de revisar con criterios contables europeos los Presupuestos Generales del Estado y proceder a una verificación fiel de su liquidación. Sus funciones se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Como ven, por tanto, nuestra fuente son los papeles oficiales del Ministerio de Hacienda a través de la IGAE.

Adelantamos los primeros resultados generales a través de este cuadro, en el cual las cifras están expresadas en millones de €:

2011 2012 2013 2014
Ministerio de Defensa (presupuestado) 7.156’37 6.316’44 5.913’65 5.745’77
Ministerio de Defensa (liquidado) 8.301,09 9.066,29 7.867’09 7.696’65
Investigación y desarrollo relacionado con la Defensa en el Ministerio de Industria 900,45 582,77 218’15 343’60
Organismos Autónomos Militares 1.195’04 1.130’93 999’30 1.037’23
CNI 216,32 214,61 197’46 213’96
AEMET 11’97 8’79 5’19 4’99
Centros Universitarios de la Defensa 6,79 6,56 10’99 7’74
Pensiones de guerra 348,03 310,29 276’88 245’04
TOTAL (GM liquidado por la IGAE) 10.979’69 11.320’21 9.575’06 9.548’37
TOTAL DEL SOBREGASTO MILITAR

(según la IGAE)

3.823’32 5.003’77 3.661’41 3.802’6
% de desviación sobre lo presupuestado 53’42 % 79’21 % 61’91 % 66’18%

 

Como se ve, estos datos globales suponen una constatación de tres aspectos básicos en la política presupuestaria del ministro Morenés y del gobierno del PP:

  • Se acumulan cifras astronómicas de sobregasto militar:  16.291’1 millones de € de sobregasto militar entre 2011 y 2014, la primera legislatura de Rajoy.
  • Se oculta el sobregasto en múltiples partidas:
    • Organismos Autónomos Militares.
    • Investigación y Desarrollo relacionado con la defensa del Ministerio de Industria.
    • Centro Nacional de Inteligencia del Ministerio de Presidencia.
    • Agencia Estatal de Meteorología del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
    • Centros Universitarios de la Defensa.
    • Pensiones de Guerra.
  • Mienten mucho, y a sabiendas, sobre el Gasto Militar. Que haya desviaciones de gasto que oscilan entre el 53’42 y el 79’21 %, en los últimos años analizados, es algo que se hace y se mantiene a sabiendas.  No se puede hablar de circunstancias coyunturales surgidas durante el ejercicio, de asuntos inesperados.
  • El motivo por el cual el Ministerio de Defensa y el Gobierno en pleno mienten continuamente a l@s español@s es para ocultar el altísimo grado de militarización que sufrimos la sociedad española y la preponderancia que dan al Gasto Militar sobre el Gasto Social.
  • La mala gestión que se hace los presupuestos militares debería implicar algunas medidas políticas para corregirla.  Por ejemplo una auditoría independiente de las cuentas que acabe desvelando la realidad del Gasto Militar.
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El despilfarro de la base naval militar de Las Palmas

Imagen de Geert Weggen

Fuente:  El Conficencial Digital.

¿Se pensaban que por cambiar de año iban a cambiar las costumbres militares?  Pues no.

Otro año más volvemos al, cada vez más enorme, tema del despilfarro militar.  Poco importa que lo que tienen se lo deban, en su mayor parte a los impuestos que pagamos los civiles.  Cuando un euro llega a sus arcas ya no vuelve al sector civil.  Ni el euro, ni los servicios que se podrían compartir entre militares y civiles.

Ahora son los canarios los que protestan por enterarse de que la base naval militar y el Club Náutico de la isla disponen de instalaciones deportivas (dos piscinas y otras instalaciones) a las que no tienen acceso los civiles.

Todo surge de manera inintencionada al difundirse unas imágenes fabulosas que pretenden fomentar el turismo en Canarias.  En ellas, gracias a que están hechas desde el cielo, se ven las instalaciones militares y los privilegios de los que disfrutan los uniformados.

Nosotros añadimos al debate algunos puntos que deberían estudiarse por los canarios:

  • ¿Están afectados estos terrenos al interés de la Defensa?
  • ¿Es legítimo que lo estén, teniendo en cuenta que sólo defienden los privilegios y el modo de vida elitista de los militares?
  • ¿Pagan IBI estas instalaciones, o se les olvida como en muchas instalaciones militares que aunque están afectadas por el interés de la Defensa, no tienen que ver nada con este concepto (piscinas, instalaciones deportivas, cantinas militares, …?
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Los PEAS son la burbuja especulativa que le va a explotar al Ministerio de Defensa

Imagen de Ferran BCN

Sobre los PEAS hemos publicado muchísimo.  Y seguiremos publicando porque es una chapuza financiera de la que el Ministerio de Defensa no sabe salir, haciendo las cosas bien, se entiende.

El supuesto éxito de Cospedal

Nos vende Infodefensa que Cospedal ha convencido al gobierno para reprogramar los gastos de PEAS de 2016 para 2017.  Parece un éxito de gestión de la Ministra de Defensa cuando realmente es un fracaso en toda regla, obligados por el Tribunal Constitucional.  Al final, en 2017 se pagarán los 1.107’7 millones de € de dicho año y los 716’7 millones de 2016.  El total va a ser escalofriante:  1.824’4 millones de € para PEAS en 2017.

El primer problema de Cospedal:  la imagen insolidaria del Ministerio de Defensa.

Si tenemos en cuenta que el presupuesto  del Ministerio de Defensa ronda los 6.000 millones de €, el aumento sería de, aproximadamente, un 30 %.  ¿Cómo le será posible a Cospedal, en una época de duros recortes sociales, económicos y políticos, vender un aumento del 30 % en su ministerio, el menos social de todos?.  ¿Cómo convencerá a l@s español@s de la solidaridad del Ministerio de Defensa cuando ellos suben su propio presupuesto en un 30 %?

Los 18 Programas Especiales de Armamento (PEAS)

En la siguiente infografía se enumeran los PEAS, lo que iban a costar en 2009, lo que se reprogramó para 2013, y abajo los compromisos de pagos acordados entre la industria armamentística y el gobierno.

Infografía de El País

Las conclusiones al analizar esta infografía son claras:

  • Cada vez vamos a recibir menos armamento
  • El precio total y parcial de cada PEA cada vez será mayor.
  • Nos quedan por pagar 14.280’9 millones de € hasta 2030.
  • Estamos hipotecados por estos programas de armamento hasta el año 2030 y ello va a suponer una burbuja financiera que va a acabar explotándole al Ministerio de Defensa y, de paso, a los contribuyentes.

Con más detalle se puede ver en este otro cuadro también publicado por Infodefensa:

En la anterior tabla salta a la vista otro dato, todavía más escalofriante, el monto total de los PEAS va a ser de 29.479’06 millones de €.

La práctica engañosa del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa venía haciendo una práctica ilegal, según ha reconocido el Tribunal Constitucional (2 sentencias) que consistía en que no incluía los PEAS en los Presupuestos Generales del Estado.  Luego, con la excusa de que eran gastos no previstos, los aprobaba en verano por Decreto Ley y sin la consulta al Parlamento.

Esto ocultaba una buena parte del gasto militar a la ciudadanía.

En el entramado financiero que gestiona los PEAS todo es raro:

  • La industria militar (privada, en su mayoría) se compromete con el Estado a dotarle de una serie de armamentos
  • El Estado prefinancia la investigación y desarrollo necesarios para que la industria militar pueda fabricar las armas.
  • La prefinanciación no ha hace el Ministerio de Defensa (sería poco vendible a la sociedad).  La hace el Ministerio de Industria, concediendo a la industria militar unos créditos previos a su labor de investigación y desarrollo.
  • Los créditos que Industria da a las armamentísticas son a interés cero.
  • Una buena parte de la industria militar no cumple los plazos y, además, acaban reclamando sobrecostes al Ministerio de Defensa y al de Industria.
  • El Ministerio de Defensa reprograma los PEAS. Tanto el número de armas que van a recibir, como lo que van a pagar.
  • La industria armamentística tiene que devolver anualmente los créditos al Ministerio de Industria.
  • Según va recibiendo el armamento Defensa va pagando los PEAS a la industria armamentística, eso sí, ya con sus sobrecostes añadidos.

Múltiples irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas

Con informaciones sacadas de El País  (Miguel González) procedemos a publicitar siete irregularidades en la contratación del Ministerio de Defensa.

1.-  Contrato de 18’8 millones de € concedido por el Ejército de Tierra a General Dynamics, sin licitación ni publicidad.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, anuló el pasado 24 de junio un contrato por 18,8 millones de euros concedido por el Ejército de Tierra a la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDSBS). En su resolución, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitación ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la número 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 años.

 Lo que no explicaba la resolución es que lo que se buscaba con esta adjudicación es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de más, aunque para ello se recurriera a una fórmula de dudosa legalidad.

La explicación figura en el folio 127 del Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) elaborado por el Tribunal de Cuentas. El contrato de compra de 219 carros de combate Leopard y 16 de recuperación tenía un importe total de 2.489 millones de euros, pero la empresa fabricante ha recibido ya en anticipos del Ministerio de Industria y en pagos de Defensa un total de 2.507 millones. Tiene por tanto, constata el Tribunal de Cuentas, “un exceso de financiación de 18,8 millones”; justo el importe de la adjudicación anulada por Hacienda. Si hubiera dudas sobre la identidad de ambas partidas, el informe explica: “Esta cantidad se encuentra en trámites de regularización, pues es objeto de la Adenda 25, actualmente en negociación”. A la postre, sin embargo, la regularización ha resultado irregular.

2.-  Sobrecostes de 43’6 millones de € de la compañía española SAPA por programas de transmisiones.

No es la única anomalía constatada en la mayor compra de carros de combate de la historia del Ejército español. Defensa ha reconocido sobrecostes por un importe de 43.6 millones de euros derivados, básicamente, de los problemas que la compañía española SAPA, suministradora de las transmisiones, ha tenido con su socio tecnológico alemán Renk.

El Tribunal de Cuentas considera “indudable” que “las circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales” en programas de estas características “exceden los cauces de contratación ordinaria”, pero agrega que SAPA conocía las condiciones de suministro y las aceptó, que el contrato ya preveía un beneficio del 10% con el que cubrir esos imprevistos y que la operación contó con un 100% de financiación pública, por lo que el riesgo financiero era cero.

3.-  El programa de carros de combate Leopard se rige por un antiguo convenio del Ministerio de Defensa con el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) de 1981, mucho más beneficioso para el contratista (General Dynamics, nuevamente).

El informe llama la atención sobre un hecho insólito: Santa Bárbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas públicas) que data de 1981 y “contiene un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general”. Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debió liquidarse hace años.

4.-  Navantia, empresa pública y que no debería tener beneficios al contratar con la Administración, incluye en sus convenios con Defensa beneficios entre el 4 y el 12 %.

Si ya es sorprendente que empresas privadas se comporten como públicas, no lo es menos que públicas lo hagan como privadas. El Tribunal de Cuentas se extraña de que el convenio entre Defensa y el astillero público Navantia incluya un margen de beneficio de entre el 4 el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan. El informe alega que el ánimo de lucro, “principal incentivo para el empresario particular”, no tiene sentido en una sociedad pública, que está obligada a aceptar los encargos que le hace el Estado y solo puede facturar los costes reales, De lo contrario, advierte, podría considerarse “un exceso de financiación pública”.

Defensa ha tomado nota de esta advertencia y ha replicado que, en su nuevo convenio con Navantia, el concepto beneficio se sustituye por el de “margen industrial”, para hacer frente a los “riesgos relativos” a la ejecución de los programas. En esos riesgos no se incluye la revisión de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acción Marítima (BAM).

5.-  Defensa renuncia a imponer penalizaciones a Navantia por el retraso de 78 meses en la entraga de los BAM.

La entrega a la Armada de estos cuatro barcos ha sufrido un retraso total de 78 meses, lo que dio lugar a la apertura de expedientes para imponer las penalizaciones contempladas en los contratos, por un importe total de 31,7 millones de euros. Sin embargo, “por una causa que no se ha justificado”, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanción alguna.

Defensa ha negado que existiera aquiescencia por parte de la Armada para no imponer sanciones y ha anunciado que se reactivará el grupo de trabajo dedicado a discutir con Navantia su importe, aunque alguno de los expedientes, que data de 2011, puede haber caducado.

6.-  Defensa se niega a recepcionar oficialmente armamento y lo mantiene almacenado para no subir el déficit público.

Quien no se retrasó en la entrega fue el consorcio fabricante del avión de combate europeo Eurofighter. Además de los 47 cazas ya en servicio en el Ejército del Aire, hay otros 12 almacenados durante tres años en la base aérea de Los Llanos (Albacete), que España no ha querido recepcionar oficialmente para que no computen en el déficit público.

7.-  Defensa demuestra incompetencia porque no puede usar los helicópteros NH-90 porque no tiene el personal, los equipos y las instalaciones necesarias.

Además, tres helicópteros NH-90 están depositados “temporalmente” en las instalaciones de Eurocopter en Albacete hasta que el Ejército de Tierra disponga del personal, los equipos y las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional.

En este asunto de los PEAS, el Tribunal Constitucional ha dictado 2 sentencias:

  • La primera anulaba el decreto ley de 2014 que destinó 886’3 millones de € a los Peas.  El recurso lo habían presentado el PSOE, pero también Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA, Izquierda Plural y UPyD.

Los recurrentes argumentaron que estos pagos estaban previstos con antelación y responden a una programación plurianual, por lo que debían haberse incluido en los Presupuestos Generales del Estado, propiciando así un debate parlamentario en profundidad. El Gobierno replicó que, aunque el importe global de estos programas es conocido (29.500 millones de euros hasta 2030), la cuantía exacta de cada anualidad está sujeta a negociación con la industria militar y depende de la evolución del déficit, por lo que no era posible incluirla en el presupuesto ordinario de Defensa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, recrimina al Gobierno que ni de la exposición de motivos de la norma ni del expediente tramitado por Defensa “se puede deducir argumento concluyente que ampare la utilización del decreto ley, pues nada se argumenta sobre la extraordinaria y urgente necesidad”, que es lo que justifica su uso según el artículo 86.1 de la Constitución. Al contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció en su discurso de convalidación del crédito extraordinario que no se trataba “de dar cobertura a necesidades imprevistas”, sino de “proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”, y añadió que la Administración estaba obligada a “no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros”, en alusión a la industria militar.

Tras calificar de “singular” la técnica empleada por el Gobierno, el Constitucional constata que “más que la respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad por imprevisible”, la aprobación de créditos extraordinarios para Defensa “se ha convertido en una práctica habitual” para atender un compromiso de pago que es “previsible y programable”.

“Simplemente se alude [por el Gobierno] a la importancia de que se pague a los proveedores para evitar el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse, [pero] esas consecuencias negativas aparecerían en cualquier obligación contractual del Estado”, sin que se explique por qué serían más graves en el caso de la industria militar, argumenta.

El Constitucional no rechaza que se aprueben créditos extraordinarios para financiar programas militares al margen del presupuesto ordinario, pero agrega que debería hacerse a través de una ley y no mediante el decreto ley, cuyo uso está restringido expresamente por la Constitución. “En definitiva”, concluye, “el recurso sistemático al decreto ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

La sentencia, que anula el decreto ley de 2014 pero cuya doctrina es aplicable a los de 2012, 2013 y 2015, no obligará a las empresas a devolver los 4.300 millones de euros recibidos. Y no solo porque los decretos leyes fueron posteriormente convalidados en las Cortes. Sensible al efecto que ello tendría sobre la industria militar española y sobre el Estado, que se enfrentaría a penalizaciones de los consorcios internacionales que gestionan dichos programas, el Constitucional aclara que, por el “principio de seguridad jurídica”, que garantiza los derechos de terceros que mantienen de buena fe relaciones económicas con la Administración, no serán revisables las “situaciones establecidas mediante actuaciones administrativas firmes”; es decir, los mandamientos de pago realizados al amparo de los créditos extraordinarios.

  • La segunda anula otro decreto ley por 846’4 millones de €. Presentada por 50 diputados socialistas.

El alto tribunal estima el recurso presentado por 50 diputados socialistas y considera que “el uso sistemático del decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento” no está justificado por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” y, por tanto, “no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

Sin embargo, la sentencia no obliga a las empresas de armamento a devolver el dinero cobrado a través de este sistema irregular, ya que “la protección de los terceros de buena fe que mantienen relaciones económicas con la Administración se vería gravemente comprometida si desapareciese la autorización del crédito extraordinario”. En consecuencia, “tras ponderar el principio de seguridad jurídica”, declara “no suceptibles de ser revisados como consecuencia de [la] nulidad”  del decreto-ley los pagos realizados por Defensa.

PEAS II.

La apuesta por la militarización del gobierno de Rajoy sobrepasa el primer plan PEAS y ahora están propiciando un plan PEAS II.  En 2014 publicábamos un artículo en el que advertíamos que el Ministerio de Defensa tenía planes para hacer un segundo plan PEAS, el plan PEAS II.

(…) articular un plan de I+D vinculado a la potenciación y capacitación de nuestra industria principalmente en esas capacidades industriales esenciales antes identificadas.  Este plan se ha puesto en marcha abordando dos de las necesidades militares identificadas por el JEMAD más prioritarias, y que ya tienen financiación en los PGE de 2015:  el 8×8 y la fragata F-110.  De ambos se han derivado 20 proyectos tecnológicos (7 del 8×8 y 13 de F-110).  Estos programas darán comienzo ya en el ejercicio 2015.  Están dotados con 41 y 37 millones de € en el Capítulo 8 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  Además, en este mismo Capítulo se han contemplado las partidas de prefinanciación del contrato de los dos nuevos BAM para la Armada:  son 161 millones de €.  En términos numéricos totales, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incorpora 564 millones de € para programas de defensa, un 64 % más que en 2014.

Es decir, el PEAS II consta de:

  • Blindados 8×8, por 41 millones de €
  • Fragata F-110, por 37 millones de €
  • 2 nuevos BAM de la Armada:  161 millones de €

Todo ello hace un total de 239 millones de € para el plan PEAS II, que habría que sumar a los 30.000 millones del primer plan PEAS.

Las alternativas futura de Cospedal.

Las posibilidades que tiene Cospedal para 2017 son dos:

  • Aflorar, por fin, los PEAS en la contabilidad del Ministerio de Defensa, pasando los 6.000 millones, más o menos, que presupuestan ahora a 8.000 millones, y quedando como el Ministerio con más aumento de gasto en épocas de crisis y de recortes.
  • Hacer una nueva ley en la que seguir ocultando esta parte del Gasto Militar y en la que se aprueben los PEAS.

¿Cuál será su opción?

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Imputados guardias civiles por simular gastos de dietas

Ahuecando%2C+que+vienen+a+miles+los+guardia+civiles+y+la+nacional

Por Josu Mendicute

Fuente: El País

La falta de controles sobre el gasto público genera descontrol, despilfarro y hasta corrupción, amparado todo ello en la sensación, a veces bastante cierta, de impunidad de las actuaciones dilapidadoras.

Que la falta de controles se asocie a esa especie de idea mal entendida de autoridad que encarnan los institutos armados y encargados del control social, genera impunidad y arbitrariedad en la administración de esa “autoridad” y una injusticia mayor, si cabe, pues si los vigilantes atropellan lo que tienen que vigilar, mal vamos.

Y un ejemplo de ello lo tenemos en una práctica, que debemos pensar que está más extendida de lo que nos quieren hacer creer, de simular gastos de dietas por parte de 137 guardias civiles, de teniente coronel para abajo, para calzarse un pellizco de sobresueldo.

La práctica concreta parece que consistía en que simulaban alojarse en hostales en sus desplazamientos por razones de servicio a Madrid, pero alojándose en realidad en residencias del instituto armado, para presentar luego las falsas facturas como gastos reales para que se los reintegraran.

Al parecer los fraudes van desde los 33´8 euros en la cota más baja a los 1.489, de modo que tenemos desde el pequeño chorizo hasta el morcón cebado en las defraudaciones.

Hay implicados desde un Teniente Coronel a Coroneles, capitanes y otros oficiales, suboficiales y cabos y guardias, lo que demuestra que esta corruptela estaba bastante extendida y, de añadido, que para ciertas cosas todos los del instituto armado practican una igualdad gremial que espanta.

El colmo de la codicia (no sabemos qué peor nombre encontrar) de los tramposos está en que siempre pasaban las facturas por importes fijos y sospechosos; concretamente el máximo permitido por dieta y día. Y eso, por muy cazurro que sea el encargado de controlar, canta mucho, porque no es posible, pongamos por caso, que todos los hostales de Madrid, es un decir, cobren lo mismo siempre por noche y que eso que cobran siempre sea lo máximo que se puede imputar a dieta según la normativa guardacivilesca.

Y con la mosca detrás del tricornio, empezaron las investigaciones.

… lo definitivo fue comprobar que en las mismas fechas en que los agentes pretendían haberse alojado en el Hostal Las Vegas, situado en la calle de Almansa de Madrid, no muy lejos de la Dirección General de la Guardia Civil, figuraban como hospedados en la residencia de oficiales y suboficiales de la calle del Príncipe de Vergara de la capital.

Osea, que además de tener mucho morro, para idear un fraude masivo tan burdo hay que tener mucho desparpajo y poco miedo, o mucha confianza en que alguien va a hacer la vista gorda, o un poco de cada, lo cual nos parece más preocupante.

La imputación, a pesar de que es más que posible que ocurriera desde mucho antes, se ha ceñido al período 2011-2014, precisamente una parte importante del período de crisis y cuando los recortes más brutales han cercenado los derechos civiles,  y el monto total de fraude por el que la Fiscalía de Madrid pide reparación asciende a algo más de 14.000 euros que, podemos decir, nos han mangado.

De nuevo, y no es la primera vez que lo decimos, la realidad insostenible de descontrol y opacidad del gasto militar pide a gritos auditorias independientes y asunción de responsabilidades.

Es lo mínimo.

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Despilfarro militar en EE.UU.: 58.000 millones de $ en programas de armamento fallidos

Imagen de EFE

Imagen de EFE

Fuente:  Infodefensa.

Es de alabar, en ocasiones, la transparencia de USA en temas defensa.  Han publicado un informe titulado:  “Performance of the Defense acquisition system.  2016.  Annual report“.

En él identifican la existencia de 23 programas de desarrollo de armamento que han fracasado tras gastarse 58.000 millones de $.

8 de los 23 programas consumieron todo el dinero destinado a ellos antes de ser descartados.  7 de los 23 gastaron más dinero del presupuestado antes de ser eliminados.

  • El programa llamado Sistema Futuro de Combate (tanques) fue, durante 6 años, el programa de armamento más importante de USA.  Se canceló en 2009, tras haber gastado 20.000 millones de $.
  • El programa RAH 66 Comanche, un helicóptero de reconocimiento y ataque, se despilfarraron 9.800 millones de $.
  • El satélite NPOESS, despilfarró 3.700 millones de $.
  • El helicóptero presidencia VH-71 despilfarró 2.700 millones de $.
  • Los dirigibles de defensa aérea JLENS despilfarró 2.500 millones de $.

Todo ese gasto es una aberración y debe censurarse sin paliativos.

Pero, al menos en esto, los americanos tienen algo que en la política de defensa española no existe ni en pintura: son más transparentes en sus datos, incluso cuando muestran cagadas monumentales como esta que comentamos.

¿Cuándo será posible un ejercicio de autocrítica con datos semejante en España?  ¿A qué tiene miedo el Ministerio de Defensa para no publicar datos sobre este tema?

Es imprescindible una auditoría seria e imparcial de los gastos de Defensa.

¿Puede un país en grave crisis como España permitirse el despilfarro militar?

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