Archive for Exportación de armas

Promover y apoyar la noviolencia que ya existe en Siria

Imagen de El Baúl del Abuelo Siloista

Fuente:  MOC-Valencia.

Nos hacemos eco del interesantísimo documento titulado:  “El movimiento noviolento sirio:  perspectivas desde la base”.

Tanto en la sombra como a plena luz del día existen activistas y movimientos noviolentos que trabajan día a día por otra manera de enfrentar los conflictos, desde la noviolencia.

Es necesario difundir esta parte de la realidad que nos ocultan normalmente los que escriben la historia y los que redactan los noticiarios:  la noviolencia en el conflicto Siria (y en los demás conflictos del globo) existe.

Emociona que entre tanta barbarie haya personas que eligen vías noviolentas, sin dejarse amedrentar, o superando el miedo, sin optar por la inactividad e imaginando actuaciones de lucha noviolenta.

Dawlaty conversó durante un período de seis meses con estas personas, animándolas a buscar nuevas herramientas, a cuestionar anteriores elecciones, y a analizar los éxitos y los fracasos del movimiento noviolento en Siria. Este informe es fruto de ese diálogo.

Dawlaty es una organización sin ánimo de lucro que se centra en el desarrollo y potenciación de la sociedad civil en Siria, a fin de facilitar una transición democrática. Este informe busca documentar las experiencias y reflexiones de los y las activistas para que sea un recurso al servicio del movimiento noviolento en Siria. Fue hecho por y para los activistas noviolentos.

No es de extrañar que los primeros pasos del activismo noviolento en Siria hayan sido difíciles:

Un hallazgo importante es que, con la excepción de algunos pequeños pasos dados durante la transición de Assad padre a Assad hijo, el activismo noviolento en Siria no existía antes de la revolución. Décadas de gobierno autoritario habían logrado mantenerlo fuera de la esfera pública. Sin embargo, a pesar de la falta de historia y experiencia para orientar sus esfuerzos iniciales, los y las activistas transmitieron orgullo al expresar lo que han logrado durante los primeros días de la revolución y más allá. Aprendieron por ensayo y error en un entorno de “todo o nada”, y se beneficiaron de sus contactos con las organizaciones internacionales y medios de comunicación. Están orgullosos y orgullosas porque han vencido el monopolio del régimen en el ámbito público y se presentaron, por primera vez, como participantes activos, después de décadas de marginación a manos de una autoridad totalitaria.

(…) aunque el movimiento surgió y creció sorprendentemente sin sociedad civil que lo apoyara, ahora es demasiado débil y desorganizado para abrir el camino a la fracturada y desorientada sociedad civil que ha contribuido a formar en los últimos años.

Aunque recomendamos la lectura atenta de todo el documento, aquí, por falta de espacio, sólo vamos a detallar las conclusiones del estudio:

CONCLUSIONES:

El movimiento noviolento en Siria es débil, fragmentado y disperso por una geografía desconectada que representa a veces objetivos y valores sociales en conflicto. Pero el movimiento puede ser reactivado.

Reactivar el activismo noviolento es un asunto urgente. Los y las activistas son conscientes de que el final de su movimiento significa el final de la revolución misma.

La falta de pensamiento estratégico es un problema agobiante y recurrente para los y las activistas. Los y las activistas entienden la urgencia de abordar esta cuestión, pero carecen de las herramientas y la capacitación para el desarrollo de una estrategia a nivel macro por sí mismos. Una de las recomendaciones del Dawlaty es organizar talleres de capacitación sobre la elaboración de estrategias.

La militarización de la revolución ha marginado y agotado el activismo noviolento. Los y las activistas se dan cuenta de la imperiosa necesidad de revivir su movimiento pacífico.

El movimiento necesita críticamente una visión unificada de cómo hacer frente a las fuerzas armadas. La militarización es una realidad, estén o no los y las activistas están de acuerdo con ello. Esperar que el régimen caiga o que acabe la militarización antes de empezar a actuar significa no tomar ninguna acción, y el movimiento morirá.

La militarización del conflicto y una cultura patriarcal (incluyendo la propia internalización de esta cultura por las mujeres) en Siria han alejado eficazmente a las mujeres de posiciones de liderazgo e influencia en la revolución. Los y las activistas están de acuerdo por unanimidad en que se debe volver a potenciar el papel de las mujeres. Son conscientes de los obstáculos sociales a los que se enfrentarán, pero están luchando para potenciar la presencia de las mujeres en posiciones de liderazgo, especialmente en tareas donde sus capacidades y percepciones únicas como mujeres les dan ventaja sobre los hombres.

Entretanto, también es necesario que desde Europa se piense en cuál debe ser nuestro papel de cara al movimiento noviolento sirio.  ¿No es un deber apoyarlo para así sustentar la vía pacífica de resolución de los conflictos sirios?  ¿Deberían colaborar en ello todas las instituciones:  Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.?

¿Se deberían coordinar acciones entre las ongs para apoyar al movimiento noviolento sirio?

¿Deberíamos forzar a los gobiernos para que dejen de intervenir militarmente y de promover el mantenimiento de la guerra mediante la venta de armas y el apoyo a los contendientes?  ¿Deberíamos forzar el desarme del conflicto como primer paso para la negociación noviolenta de salidas pactadas?

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Los partidos “constitucionalistas” del régimen impiden que se vete la venta de armas a Arabia Saudí

 

Por Armas Bajo Control

Fuente: La Marea.

Pues sí que escuece este nuevo fiasco de los partidos del régimen, de la casta, del PPSOECIUDADANS, como los quieran llamar; de los partidos “constitucionalistas” como los llama, con una frase tan vaporosa como la cabeza de su publicista, el predicador Albert. Y no porque no lo sospecháramos, sino porque es en nuestro nombre que se consigue esta nueva vileza.

Ha sido la cosa que en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados se votó  un dictamen sobre venta de armas y aplicación de la legislación al respecto, y dentro de éste, una propuesta para que los partidos pidieran al gobierno el veto de la venta de armas a Arabia Saudí, ese gran aliado de las democracias reales y positivas, e Irak, ese otro adalid de la democracia.

Porque Arabia Saudí hace la guerra en parte gracias a nuestras armas (no sólo las nuestras, hay más señores de la guerra haciendo negocio) y es un clamor social y de las organizaciones sociales que esto deje de pasar. Y armas españolas han llegado, dicen varias ONG especializadas, a los terroristas de ISIS vía Irán.

Y la moción referida no ha salido, porque el acuerdo del PP, de Ciudadanos y del PSOE, el trío calaveras, han impedido la aprobación de la iniciativa.

Al famoso trío le sirve de perrillo faldero un PNV cada vez más siniestro, que se abstuvo en esta propuestas, frente al voto a favor del veto por parte de Unidos Podemos, ERC y PDCat.

Daría la impresión, es un decir, que el constitucionalismo que predican los amantes del orden no se extiende al reconocimiento del derecho internacional y los derechos humanos, pongamos por caso, como fundamento del orden público y del ordenamiento “constitucional”, o de la paz como valor a defender y promover, tal como proclama la constitución ahora tan en boga y, en fin, a tantas otras promesas proclamadas en la Constitución que restauró la democracia unitaria y que decaen ante el olfato a negocio de nuestros egregios lacayos.

Decía la convocatoria de la Comisión de Defensa donde ha ocurrido esta felonía que se convocaba para

 Dictaminar, a la vista de las propuestas de resolución que han presentado los distintos Grupos Parlamentarios, acerca del Informe sobre “Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2016”, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

Por si alguien tiene morbo puede seguir el desarrollo de la sesión en el canal parlamentario del Congreso de los Diputados. Lamentablemente, no hemos sabido enlazarlo en esta entrada.

Pongamos algunas reflexiones que dijeron los diputados:

“cambian los gobiernos, pero todos priorizan la venta de armas por encima del respeto de los derechos humanos e incluso del derecho penal internacional ”  (ERC)

O la señora Alconchel, del PSOE, que defendió su propia y muy genérica propuesta, que acababa pidiendo apoyo para la internacionalización de la industria militar española y su importancia en la generación de retornos para la sociedad. y  dijo ante la propuesta de incluir en cualquier moción la prohibición de venta de armas a Irak y Arabia Saudí,

O el portavoz del PP que alabó al sector industrial militar por su aportación a la economía de un porcentaje del PIB importante, pidiendo que se dejara a parte la ideología sobre si se debe vender o no y a quién este tipo de material.

El PNV, que añadió que tenemos una ley razonable y adecuada, pero que quieren mejoras de información y transparencia y mitigar el riesgo de abusos. Para él, significar a países concretos es inapropiado y hay que ir caso a caso.

Podemos propone que se controle rigurosamente la venta de armas y hacer valer el tratado de prohibición de armas para evitar la venta a países que puedan usarlas en conflictos o violando el derecho internacional, y piden que se vete la venta de armas a Arabia Saudí y a Irak para que no quede todo en un brindis al sol.

En cuanto a Ciudadanos, el más rigurosamente impresentable en la Comisión,  pide escapar del tinte ideológico que algunos grupos tienen  en tema de la venta de  armas y tener dos aspectos en cuenta: primero, el empleo, porque Ciudadanos estará siempre a favor de todo lo que genere empleo, diferenciándose así de otros grupos, Unidos Podemos y ERC, que piden que no se exporte a Arabia Saudí, cosa que afecta al trabajo en sitios como por ejemplo la bahía de Cádiz. Pero además quieren condicionar la venta de armas a otros países a controlar las exportaciones para impedir que se usen para fines contrarios a los derechos humanos, todo un brindis al sol cuando se prioriza el lucro propio sobre cualquier otra cosa.

Acaba Ciudadanos diciendo que sus prioridades son por este orden a: 1) el empleo , 2) la transparencia, 3) el cumplimiento de la ley y 4) los derechos humanos.

Total que se acabó votando con el consabido consenso en aprobar recomendaciones genéricas y sin compromisos concretos y desestimar una propuesta de recomendar el veto  de venta de armas a Irak o Arabia Saudí, en este caso con 8 votos a favor del veto, 24 en contra (PP, PSOE y Ciudadanos) y una abstención.

Lamentablemente, otro documento de recomendaciones buenistas y genéricas para que sigan las cosas como siempre, sin compromisos contrastables, igual que los informes de años anteriores, que sirven para guardar las apariencias y seguir vendiendo armas a países canallas. Eso sí, resguardando el trabajo de los que se emplean en la industria militar (muchos menos de lo que se dice) y los beneficios de sus accionariados (en este caso mucho mayores de lo que se sospecha).

A ver si en esto, como aspiraba el tal ribera en su moción para que los partidos constitucionalistas apoyaran al PP en su política (si es que se la puede llamar así) frente al desafío catalán, la ciudadanía toma nota de quién es quien y les pasa factura a estos grandes hombres de estado.

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No hay transparencia en las relaciones militares de España con Arabia Saudí

Imagen de Mangesh Kalelkar

Fuente:  Google Play Kiosko.

Nos informa Eva Belmonte en Público de una verdad oculta pero que se intuía por todos: España firmó hace un año (Septiembre de 2016) un acuerdo con Arabia Saudí para ocultar información sobre defensa.   El acuerdo tiene un plazo de vigor de 5 años.  Durante 2016 España vendió armas a Arabia Saudí por un monto de 116 millones de €.

Según parece, este tipo de acuerdos son habituales como, por ejemplo, el firmado con Singapur.  En otras ocasiones lo que se hace es ocultar estos acuerdos militares promocionando el secretismo en acuerdos de comercio más generales.

Se trata con este acuerdo de ocultar

cualesquiera negociaciones precontractuales, contratos, subcontratos o cualquier otro acuerdo entre dos o más contratistas por los que se creen o definan derechos y obligaciones mutuamente exigibles y que contengan o afecten a Información Clasificada

de naturaleza militar.

Además, en el BOE se especifica que, por parte española, la Autoridad de Seguridad responsable de ejecutar este acuerdo será el Secretario de Estado director general del CNI.  Recordamos que actualmente el CNI está bajo el poder del Ministerio de Presidencia, con lo cual este ministerio aparentemente neutro adquiere una nueva función en la industria y comercio militar.

El acuerdo es farragoso y engorroso, en muchas partes incluso podemos disfrutar de él al estilo de los Hermanos Marx:

Una Parte que desee adjudicar un contrato clasificado a un contratista o
subcontratista de la otra Parte, o que desee autorizar a uno de sus contratistas o subcontratistas a adjudicar un contrato clasificado en el territorio de la otra Parte en el marco de un proyecto clasificado, deberá obtener, a través de su Autoridad de Seguridad, una confirmación previa por escrito de su homóloga de la otra Parte de que el contratista o subcontratista propuesto dispone de una Habilitación de Seguridad de Establecimiento del grado correspondiente.

Pero seamos serios, lo malo de estas cinco páginas publicadas en el BOE es que dan claridad a lo que realmente es el comercio de armas:  la falta de transparencia, la ocultación, la oscuridad.  Porque se trata de ocultar la muerte, las masacres, el dolor de miles y miles de personas que sufrirán lejos sin que la sociedad española pueda enterarse dado que hay un acuerdo internacional que lo prohíbe.

Otra vez más estamos en manos de los señores de la guerra.

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EE.UU. quiere hacerse con 1.000 misiles de nueva generación y capacidad nuclear

Por Duncan Monk

Fuente: La Jornada Net.

Nos informa el periódico bolivariano La Jornada, haciéndose eco de una noticia de Reuters, que la armada de EE.UU ha contratado a las empresas Lockheed Martin y Raytheon en contratos de 900 millones de dólares cada una, para desarrollar el nuevo prototipo de misil de crucero (con capacidad nuclear) que sustituyan a los actuales AGM-86B.

Así, la previsión es una vez se desarrollen los “prototipos” ahora encargados, hacerse con aproximadamente 1.000 nuevos misiles de larga distancia,  de los cuales una parte tendría capacidad nuclear y el resto se usarían para pruebas y recambios, por un valor total estimado de unos 10.000 millones de dólares, según afirma un portavoz del Pentágono. ¿Qué no sería capaz de hacer lo mejor de la sociedad de EE.UU. con 10.000 millones de dólares enfocados a la paz y al desarrollo humano?

Esta inversión, que de por sí parece escandalosa, se queda en una menudencia si tenemos en cuenta que la pretensión de renovación del arsenal nuclear de EE.UU. (por cierto, algo previsto mucho antes de que Corea del Norte desencadenara el actual alarmismo nuclear con los ensayos atómicos de hace unos días y una muestra de la sorda pero constante política agresiva de EE.UU.) se prevé en más de 350.000 millones de dólares para la próxima década, cantidad que incluye no sólo la renovación de las ojivas y los cohetes, sino también la de los aviones, submarinos y otros artilugios implicados en la defensa nuclear americana (artilugios antiguos que previsiblemente venderán a terceros urgidos de medios sofisticados de defensa pero de segunda mano).

Vemos aquí una de las claves del estímulo de las armas nucleares y del armamento altamente sofisticado. Mueve mucha pasta y atrae negocios estratosféricos ante los que resulta perjudicada la razón de la paz, siempre mucho menos lucrativa, a corto plazo, para la codicia de los mandamases.

Tal vez ello explica negocios como, por ejemplo, la anunciada venta de armas altamente sofisticadas de EE.UU. a Japón  Corea del Sur, nuevos clientes atrapados bajo las redes de la inseguridad generada por la lógica militarista. Según informa Expansión,  el propio Trump lo ha anunciado en Twitter

Voy a permitir a Japón y a Corea del Sur comprar una cantidad sustancialmente mayor de equipos militares altamente sofisticados de Estados Unidos

O el despliegue de un portaaviones nuclear en el mar de Corea, según el diario canario La Provincia.

O la anunciada venta de material bélico altamente sofisticado a Arabia Saudí por parte de EE.UU. por algo más de 100.000 millones de dólares, de la que nos informó El País en Mayo.

O… tantos otros ejemplos similares que involucran a las principales potencias exportadoras de armas.

O, por si algo nos faltara, el espectacular aumento de la venta de armas a nivel global de la que nos informaba la prensa en Febrero de 2017.

Al fin de cuentas, fomentar el miedo y fabricar peligros y enemigos permite justificaciones simplistas a la fabricación de armas. Y las armas que se fabrican encuentran rápidamente mercado en los gobernantes de diversos países y Estados, aunque este macabro mercado cree las condiciones para una escalada de miedo, de más peligro, de más armas y más inseguridad global, con la posibilidad incluida de guerras, todo ello enriqueciendo por la puerta de atrás a unos cuantos que sabe aprovechar las condiciones de este negocio de muerte.

De modo que el arsenal nuclear de EE.UU, aparece además como un eficaz motor del engranaje que necesita el complejo militar-industrial para el desarrollo de su plan de ventas:

1) difunde el miedo y la inseguridad,

2) justifica la inversión con el dinero de todos en crear armas de tal letalidad y

3) promueve un clima global donde la lógica de violencia y dominación se impone y los Estados cautivos se vuelven clientes de la industria militar.

Porque a fin de cuentas, el principal interés de las armas nucleares no es usarlas, lo cual puede ocurrir no obstante, sino servir de punta de lanza a la industria militar “limpia” en un mundo que ha globalizado la inseguridad y la amenaza de guerra y que exporta como receta el peor de los venenos: una venta de armas que hace a las sociedades cautivas de tal obsesión y las empobrece en detrimento del verdadero desarrollo y de la paz basada en la cooperación y la justicia.

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Colaboración universitaria con la industria militar

Cartel+I+Feria+Inform%C3%A1tica

Por Gotesan

Fuente: Infodefensa

Quienes suponen que la universidad debe ser un lugar para promover la cultura y lo mejor que podemos dar al género humano en cuanto a transmisión de conocimientos, pueden verse apesadumbrados cada vez que se enteran de que una universidad cualquiera se convierte en apéndice de la industria militar y colabora creando sus ingenios mortíferos.

Es el caso, en nuestro ejemplo de hoy, de la Universidad Carlos III, de Madrid, que ha firmado un acuerdo con Navantia, uno de los sumideros por donde la industria militar nos arruina con deuda perpetua, para diseñar el sistema Scomba de las fragatas F110 que Navantia está fabricando (por cierto, unas con vistas al ejército español y otras con vistas a venderlas a civilizados países como Arabia Saudí, nuestro gran cliente).

El Departamento de informática de la Universidad, a través de su grupo de investigación de inteligencia artificial aplicada, será el encargado de ensuciar el prestigio de la Universidad abrazándose con el militarismo más rancio y belicoso.

Ya lo ven, la cultura de la defensa, en el criterio compartido de Defensa y la Universidad, no pasa por culturizar la defensa, sino por militarizar la cultura.

Nos podremos preguntar si en el curriculum de los investigadoras que colaboren con esta aplicación militar podrán poner, por ejemplo, calaveras negras, una por cada mil individuos agraciados con el soporte mortífero de estos aparatos, para así darse mayor prestancia. ¿O contarán con una mención del tipo “ayudé a que Arabia Saudí engrandeciera su idea del poder en las siniestras guerras donde utilizó el fruto de mi esfuerzo”?

Tal vez otros profesores de esta universidad, por ejemplo los del instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, también dependiente de la Universidad Carlos III, podrían modificar el programa para justificar la guerra como un derecho humano en consonancia con la colaboración a la misma que ya prestan otros departamentos universitarios.

Sería todo un bonito ejemplo de integración de saberes y una buena mordaza para las conciencias más críticas.

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Siempre se puede empeorar (en lo militar, nos referimos)

Imagen de Leandro Fridman

Fuentes:  El Mundo y Defensa.com.

Hay noticias del mundo militar que te dejan un regusto inquietante de incertidumbre, pero de incertidumbre de mal augurio.

La primera noticia:  “Trump estudia privatizar la guerra en Afganistán” nos lleva a un nuevo universo conceptual.  La guerra ya no es asunto de las naciones estado, ya no es algo patriótico frente al enemigo extranjero.  Ahora la guerra puede ser algo privado, dejada en manos privadas.  Y recordamos que los privados tienen otras necesidades y otros objetivos que son distintos a los de las naciones.  A ellos, a los privados, les da igual el patriotismo y sólo piensan en el negocio.

Que Trump piense en privatizar la guerra de Afganistán nos pone en lo que ya era evidente pero no tan palpable, la guerra como un negocio.  Un sucio y vil negocio, ni más ni menos.

Hablar de empresas privadas es un eufemismo.  Podrían haber titulado:  “Trump estudia contratar mercenarios para la guerra en Afganistán”, pero … sonaría más incorrecto.

Los asesores de Trump

han nombrado a dos conocidos mercenarios y empresarios para crear el plan en cuestión, cuya finalidad es propiciar que corporaciones militares privadas se encarguen de la contribución de Estados Unidos en Afganistán, que en estos momentos ronda los 9.000 hombres entre tropas regulares y de las fuerzas especiales, el entrenamiento de las fuerzas de seguridad afganas y la comandancia de las operaciones bélicas.

El primero es Erik Prince, fundador de la empresa Blackwater, la cual en su día fue expulsada de Afganistán por el ex presidente afgano, Hamid Karzai, pero que aún y así la utilizó para su seguridad personal, y que se hizo tristemente famosa por haber luchado junto al ejército norteamericano durante el conflicto en Irak, donde fueron acusados, en numerosas ocasiones, de asesinar a civiles desarmados y cometer crímenes de guerra. El segundo es el propietario de DynCorp International, Stephen Feinberg, una de las empresas de seguridad privada más importantes del mundo.

De esta manera, Prince y Feinberg han creado un plan “más barato y mejor que el del ejército”

Y he aquí la clave:  privatizar la guerra no es una estrategia para llegar antes a la paz, es una estrategia para mantener las guerras de forma más barata.

A Trump no le importan las múltiples acusaciones que han tenido los mercenarios que han acompañado a las tropas yankis.  Sabe que casi nunca quedan en nada grave

Hace medio año escribíamos una entrada titulada:  Las 17 razones para la guerra continua en Somalia y el negocio privado que conlleva.  En dicha entrada, sorprendidos, hablábamos de otra estrategia de empresas de mercenarios.  Esta es mucho más elaborada.  Consiste en entrenar a las fuerzas armadas del país por medio de asesores desarmados y sin cobrar nada.  La segunda parte del plan es la que capitaliza el trabajo anterior ganando dinero mediante la reconstrucción del país o de zonas del país cuando la zona ya está “pacificada”, decíamos:

La segunda parte del artículo trata sobre las compañías de seguridad privadas que intervienen en la guerra de Somalia.  Aunque sólo informan de una: Bancroft Global Development empresa creada por un nativo de Virginia (EEUU), Michael Stock, en 1999:

  • comenzó proveyendo “expertos en misiones” extranjeros –que reciben el apodo de mentors en Bancroft, mentores en castellano– a las tropas de la AMISOM establecidas en Somalia. Sus servicios fueron inicialmente contratados por Uganda en noviembre del 2007 y seguidamente de Burundi en agosto del 2008, utilizando la financiación estadounidense para ello.
  • luego, el ejecutivo de Barack Obama identificó las actividades mentoras de la firma Bancroft como un factor determinante de éxito y comenzó a financiarlas directamente y no a través de países terceros de la misión africana. El contrato millonario entre el gobierno y la compañía de Virginia se cerró a comienzos de 2010. En el presente, la Associated Press estima que EEUU gastó unos 206.000 millones de dólares en subcontratos similares tanto en Iraq como en Afganistán, entre el 2002 y el 2011.
  • Bancroft, a diferencia de Blackwater, que arma a sus “mentores”, parece respetar el embargo de armas impuesto por la ONU en Somalia, ya que su personal –en su mayoría veteranos de guerra procedentes de cuerpos de élite norteamericanos o europeos– no porta armas, lo que según ellos les expone a un peligro aún más inminente que les hace confiar su protección a las fuerzas africanas que entrenan.
  • todas las empresas del sector tienen como común denominador la táctica contrainsurgente y el combate de guerrillas en zonas de conflicto que ocasionan alta mortandad o del complejo medio físico.
  • En realidad, su fundador y actual propietario de tan sólo 36 años decidió constituirla en dos firmas con misiones desiguales.
  • Por un lado, Bancroft Global Development es una organización que se proclama sin ánimo de lucro, y busca la estabilización de una zona determinada en conflicto armado utilizando el ya clásico modus operandi de operar “por, con y a través” de las fuerzas armadas locales u oficiales –o más bien, aquellas que decidan contratar sus servicios importando poco su legitimidad–, lo que en Somalia significa asistir al personal de la Misión de Paz de la Unión Africana principalmente, y también a la policía nacional somalí –compuesta en gran porcentaje por antiguas milicias de ciertos señores de la guerra que ahora respaldan al Gobierno de Transición–.
  • En el otro extremo se halla la vertiente lucrativa de Bancroft, aquella que genera ingresos y mantiene al barco de Michael Stock a flote. La razón de ser de Bancroft Global Investment es la de, literalmente, capitalizar el éxito militar de las campañas que lidera en la AMISOM, invirtiendo en la reconstrucción del país o de la región una vez pacificada, en lugares donde nadie más se atrevería a arriesgar su dinero, como ya haya hecho en el pasado en Afganistán. Sin embargo, la inversión en Real Estate –inmobiliaria– no sólo se lleva a cabo a posteriori, sino también durante el momento de la conflagración, como así muestran las anteriores experiencias bélicas de la firma.
  • A finales de los años 90, Stock se marchó al Sahara Occidental donde le impresionó que el gobierno de Marruecos aún no se hubiera encargado de desmantelar las minas antipersona que permanecían enterradas bajo la arena, visualizando la idea mater de lo que sería Bancroft. En sus primeros pasos, operó en Afganistán donde mediante un socio local formó una pequeña sociedad –Mine Pro.- que entrenaba a perros detectores de minas al mismo tiempo que se dedicaba a hacer un poco de todo, desde reparar coches a cañerías.

En definitiva, lo que hacen Bancroft y Michael Stock es una nueva versión del negocio de la guerra:

En una reciente entrevista, Stock aseguraba que él no se dedica a hacer la guerra en el país más oriental de África, sino a “buscar la paz, reconstruir una ciudad, un país que lo ha perdido todo en términos de educación, economía y sanidad”, pues para él las posibilidades de negocio son infinitas en un lugar donde hay que empezar de cero, una idea que le ha llevado a levantar un monumental hotel fortificado al pie de la playa de Mogadiscio, donde se resguardan los altos cargos somalís y el personal diplomático. El resort, al que han llamado International Campus, cuenta con una piscina como la mayoría de los hoteles de playa del mundo, solo que en éste cuando llueve, llueven balas y metralla. Más allá de las vistas del Índico, también dispone de un búnker, un hospital y algo similar a un autoservicio de equipamiento y reparación militar a lo Mad Max.

También tiene como objetivo:  la creación de una fábrica de cemento que se encargue de cimentar el nuevo Mogadiscio

El final del artículo se abre, brevemente para nuestro gusto, a las críticas:

Oponentes de estos contratos claman que estas compañías no son más que mercenarios modernos a sueldo y que se hallan efectivamente por encima de la ley en los países en los que son contratados. Estos contratos se realizan siempre en un marco de dudosa legitimidad ética y moral, pues operan en los lugares más inestables del globo, en estados fallidos y débiles en los que el poder de estas corporaciones privadas y su capacidad organizacional pueden llegar a anular con creces al del gobierno local. Las operaciones de otro de los grandes proveedores de seguridad privada, G4’S, en Sudán del Sur, son un caso a tener en cuenta en este sentido. También se les acusa frecuentemente de implementar de manera tácita y encubierta las directrices de la política exterior estadounidense.

La segunda noticia que nos llama hoy poderosamente la atención se titula:  “La operadora privada ATAC compra 63 Mirage F-1 a Francia”.

La empresa ATAC pertenece al grupo norteamericano Textron (con varios intereses militares) y adquiriría los 63 Mirage por 300 millones de €.  Estos aparatos se encontrarían en una base francesa de reparaciones desde que en 2014 fueron dados de baja.

Parece ser que los quieren para entrenamiento (haciendo el rol de agresores) en combates simulados con cazas yankis.

Fuentes francesas anuncian que sus industrias participarán en la puesta a punto de los aparatos a los que calculan que les pueden quedar otros 15 años de vida útil.  (Fíjense qué curioso, estos cazas puede duplicar su vida útil si no es para la defensa propia, sino para entrenamiento, lo cual desdice bastante el ciclo de vida útil que se suele calcular para estos aparatos).

Pero toda la noticia es impactante:  una empresa privada va a tener o tiene ya una capacidad militar aérea muy superior a la de muchos países.  Evidentemente, esta empresa ganará dinero.  ¿Cómo?  Pues suponemos que cobrando al Ministerio de Defensa de EE.UU. por su papel en los entrenamientos.  Suponemos que el propio Ministerio de Defensa yanki podría tener aparatos ya no de primera fila para hacer esta labor, así daría trabajo a sus propios militares poniéndolos a puntos y se ahorraría contratar a una empresa privada, lo cual suponemos que ha de ser más caro.  Sin embargo, Trump prefiere privatizar este aspecto del entrenamiento de sus propios cazas con mercenarios extranjeros.

Tanta privatización hace dependiente a la principal potencia militar del mundo, lo cual no deja de extrañarnos.

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Los números rojos de Navantia y el rescate de la industria militar hunden la SEPI y hundirán las regiones dependientes del monocultivo militar

Exponaval+2012

Por Jesús Fernández García

Fuente: EconomíaDigital

Del desastre sin paliativos ni excusas que es Navantia, la empresa mimada de la industria militar española, nos hemos ocupado por extenso a lo largo de años.

Desastre que tiene que ver con sus pérdidas de vértigo y su mala gestión, con su mala calidad, con su inmoral negocio en sí y con el trasiego de favores y puertas giratorias que soportan, contra viento y marea, la empresa pública con el dinero de todos y en beneficio de unos poquitos.

El Estado, amén de mandar de viaje a ministros, monarcas y otras autoridades menores y disponibles para que vendan los productos de Navantia, ha cooptado alcaldes y autoridades incompetentes (en la materia, se supone) para que, cerrando los ojos o tapándose la nariz, hablen parabienes de este negocio y ha comprado titulares periodísticos para que nos expliquen la gran mentira, un nuevo ejemplo de agnotología militar, de lo requetebueno que es vender armas de Navantia, aunque sea a Arabia Saudí, para nuestra seguridad y para bajar las cifras del paro.

Las terribles y engañosas cuentas de Navantia

Y de buenas a primeras nos enteramos por las cuentas anuales de 2016 presentadas por la SEPI que en 2016 Navantia acumuló (a pesar de las inmejorables ayudas públicas) unas pérdidas de 303 millones de euros, la mayor deuda de todas las empresas publicas españolas.

Navantia se convierte así en un agujero negro (y bastante opaco) que arrastra las cuentas públicas al desastre. ¿Hay que agradecérselo a alguien en concreto?

Según otro medio, las cuentas de Navantia implican que ésta está en una situación que obligaría a su disolución aunque han empleado un truco contable para evitarla.

Así informó a su vez a finales de junio Economía Digital.

Para más aclaraciones de la desastrosa situación de Navantia, la Oficina Nacional de Auditoría (órgano adscrito a la IGAE) dice  en su informe de auditoría de las cuentas de SEPI, páginas 4 y 5, que

En el informe de auditoría del Grupo Navantia, el auditor llama la atención sobre las notas 3 y 22 de la memoria, que describen la situación patrimonial del Grupo. El patrimonio neto a efectos mercantiles de la Sociedad Dominante del Grupo Navantia se sitúa en 23.393 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 y, por tanto, en situación patrimonial de disolución, en aplicación del artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, celebrado el 15 de marzo de 2017 aprobó la solicitud a SEPI, su accionista único, de un préstamo participativo por importe de 90.000 miles de euros. Con fecha 28 de marzo de 2017 ambas sociedades firmaron el contrato del referido préstamo, que ha sido desembolsado en la misma fecha. Considerando este préstamo participativo y teniendo en cuenta el patrimonio neto a efectos mercantiles, a 31 de diciembre de 2016, la Sociedad Dominante no se encuentra en causa de disolución, sí se encuentra en situación patrimonial de reducción de capital obligatoria, en aplicación del artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que durante el ejercicio 2017 la sociedad tendrá que tomar medidas tendentes a conseguir el equilibrio patrimonial.

Es decir, traducido al idioma autóctono de quienes ni sabemos de finanzas ni usamos corbatas y camisas de seda, Navantia debería disolverse, pero como el dinero es de todos y a sus administradores les cuesta muy poco, unos cuantos (casualmente los causantes y cómplices del desastre) han decidido auto-otorgarle a Navantia (osea a ellos mismos y a los intereses que representan) un préstamo para camuflar las cuentas y permitir un nuevo salto en el vacío, algo así como un rescate como los que salvaron el negocio de los accionistas de los bancos pero ahora aplicado a la industria militar (que también es casualidad que sea una de las que financia la banca armada).

Más deuda a nuestras costillas y más gasto militar

¿Significa eso que nos va a salir gratis la broma de este “reflote” (véase la metáfora marítima que elegimos para más rechifla) de la industria de muerte?

Pues no. Significa monda y lirondamente más gasto militar, porque ¿adivinan de dónde saldrá el pastuco del préstamo de camuflaje?

¿Han pensado que de los presupuestos? Pues acertaron. Lo dice así el diario La Información y nos pone sobre la pista para anotar en 2017 dinero camuflado de gasto militar en la SEPI y para vigilar el presupuesto de 2018, donde es previsible que vuelvan a repetir la jugada

En los Presupuestos Generales de 2017 se concede a la SEPI una aportación de 1.210 millones para avalar a sus diferentes empresas, una cifra idéntica a la de 2016. El Gobierno, además, prevé que la Sociedad estatal acabe el año en pérdidas, con un resultado negativo de 149 millones.

El desastre productivo de Navantia

Pero este aspecto económico no lo es todo en el caos de Navantia.

Su eficacia productiva es inigualable.

Navantia nos ha empobrecido vendiendo al Estado unos submarinos que no flotan y han debido ser revisados innumerables veces.

Revisiones que han implicado aumento de la factura de producción de los mismos y aumento de la factura de reparación de los actualmente en uso para alargar su vida útil hasta que los nuevos ingenios de Navantia tengan a bien emerger del fondo marino donde los sitúa la incompetencia del personal “altamente cualificado” del que alardea el escalafón militarista, desde la ministra hacia abajo.

En efecto, el inicial proyecto de submarinos de Navantia supondría un coste de 1.796 millones de euros, pero ya vamos, sumados los sobrecostes del propio submarino y los gastos que ha implicado para reparar los antiguos y mantenerlos en uso, 3.013 millones de euros, según informamos en febrero de 2017. Y según el Secretario de Estado en su intervención en el Congreso para informar sobre los Programas Especiales de Armamento del pasado 2016, estas cantidades sólo permitirán poner en el agua el primero de los cuatro submarinos previstos, sin que se sepa el coste de los otros tres restantes.

Pero los errores de diseño de Navantia no son exclusivos de su empeño en submarinos con sobrepeso y alcanzan a otros productos de la naval, como los barcos de la clase Camberra que quiere vender a Australia, o el BPE Juan Carlos I como ya explicamos en otra entrada de mayo de este año.

¿Qué suerte habrían corrido las comarcas de Cádiz, Ferrol y Cartagena si el dinero invertido en mantener Navantia se hubiera invertido en reconversión y desarrollo?

Las cifras no engañan. Navantia ha recibido varios miles de millones del erario público en concepto de ayudas, subvenciones y aportaciones para mantenerla en pié.

La sola suma de las pérdidas de Navantia en los últimos diez años (pérdidas que cubre el Estado al margen de las ayudas y encargos que realiza a esta empresa) es escalofriante, con una media anual de más de 250 millones de euros y sin un plan viable de salida.

La explicación que nos han dado es que con ello contribuían a la cuestión social de Murcia, Cartagena y Ferrol, ampliamente dependientes de la industria naval militar.

Muchos de los contratos de Navantia no han tenido una finalidad, dijo un anterior Secretario de Estado de Defensa, desde el punto de vista militar, pues lo “encargado” o no se necesitaba o se podía conseguir mejor fuera, sino industrial, para fortalecer el sector naval militar.

Si contabilizamos todas estas ayudas, subvenciones, dinero invertido en encargos, sobrecostes de sus productos y dotaciones de pérdidas ¿no podría haberse cortado la sangría antes e invertido todo este dineral tirado a la basura para desarrollar de forma alternativa estas regiones?

Lo militar ha supuesto para Cartagena, Murcia o Cádiz dependencia, no progreso ni desarrollo y mantener incólume esta dinámica no puede sino condenar a estas regiones a más dependencia y peor futuro.

¿Por qué nadie reclama ese cambio de rumbo?

Si de lo que se trata es de sostener la viabilidad de las regiones referidas, ¿por qué no se invierten los más de 300 millones de perdidas de Navantia no en mantenerla viva, sino en el desarrollo de estas regiones?

¿Por qué no se incentiva una reconversión radical de Navantia y sus tecnologías hacia fines socialmente útiles y sectores sostenibles?

La respuesta es más que sencilla. Porque lo que se busca no es el desarrollo de estas regiones, sino el negocio lucrativo de unos pocos.

Paro y Navantia

Las cuentas anuales de Navantia de 2016, bastante edulcoradas, por cierto, nos aportan un dato más:

  • La plantilla de Naviantia a 31-12-2016 era de 5.296 personas únicamente.
  • La cifra de negocio de Navantia en 2016 ha sido de 710´08 millones de euros.
  • El resultado de Navantia en 2016 ha sido de 229,74 millones de euros.
  • Las inversiones en inmovilizado durante 2016 han sido de 170 millones de euros.
  • El patrimonio de Navantia se ha contabilizado por valor de 341,29 millones de euros.
  • Ha obtenido donaciones y subvenciones (principalmente de la Comunidad de Murcia, el Ministerio de Industria y la UE) por importe de 3,9 millones de euros.
  • el pago total de personal ha sido de 311´36  millones de euros, lo que equivale a un sueldo medio de 58.791 euros, cifra que, a la vista de las tablas salariales de su propio convenio, no cobra ni siquiera el 10% de su plantilla y que sobre la cifra de negocio anual supone un 43% de aquella.

Estas cifras despejan, a su vez, la idea de que Navantia ofrece mucho trabajo, únicamente 5.296 personas en unas regiones que cuentan con una población parada de cerca de 200.000 personas en la región de Cádiz (un paro de más del 33% de su población activa), más de 130.000 personas en la región de Murcia (cerca del 20% de parados) y con un paro en la comarca de Ferrol de 6.100 personas, un 24% de su población activa.

Navantia no es, vistas las cifras, ni una solución parcial al paro desmesurado y producto de una ínfima inversión en desarrollo de estas regiones.

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¿Es la industria de defensa un factor determinante para nuestro bienestar?

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Por Alfredo Guerrero

Fuente: Defensa.com

La Ministra de Defensa, Dolores de Cospedal ha lapidado con su habitual fraseología

La existencia de una base industrial y tecnológica asociada a la Defensa es un factor determinante, no sólo para la operatividad de las Fuerzas Armadas, sino para el bienestar de la sociedad en su conjunto

Qué bárbaro lo de la señora. Con que trapío de naderías sentencia. En este caso, en la clausura de la Asociación Española de Tecnologías de la Defensa (TEDAE), la patronal del sector armamentista, celebrada el pasado 27 de junio.

Nuestro bienestar pendiente de un hilo, como quien dice, atado al negocio de los tiburones de la industria militar, a quienes deberíamos estar mucho más agradecidos por llevarnos a los puestos de cabeza del ranquing de los exportadores de armas y darnos tanto beneficio social al precio tan bajo de nuestra abyección.

¿En que se basa la ministra para ese fraseo?

Pues aporta sus datos, que los tiene y sorprendentes.

Las empresas asociadas en TEDAE (la inmensa mayoría del sector en España, pero no todo) han sumado este año “de crisis” nada menos que 10.700 millones de euros de negocio, un 10´2% más que en 2016, que ya fue un año muy positivo: Esta cifra representa, según la memoria de autobombo de TEDAE el 1% del PIB español y el  6% del PIB industrial español. Además, la industria armamentista, dice la ministra, tiene un notable impacto en el empleo, de hasta 55.000 profesionales, entre empleos  directos e indirectos, con una inmensa mayoría de personal de alta cualificación.

Y con un recadito para esos agoreros que critican el gasto en defensa, a los que tan cordialmente se ha dirigido la doña, afirma:

Las cifras constatan una evidencia: el sector está fuertemente comprometido con el futuro de España y por tanto su desarrollo debe ser una apuesta estratégica

Nosotros somos de los agoreros. De esos que critican todo lo que se gasta en Defensa y, sobre todo, para lo poquito que vale y lo mucho que les aprovecha a unos cuantos en perjuicio del resto.

Y decimos que la cifra de negocio de TEDAE, no podemos sino reconocer las palabras de la ministra, es enorme. Nada menos que 10.700 millones de euros y creciendo. Eso sí, la mayoría (el 83% de la producción según TEDAE) para la exportación de armas, porque se venden estas armas a países poco recomendables (y de paso se fomenta con ello la carrera de armamentos, la guerra, el conflicto, el odio  que otros pueblos nos consideren parte del enemigo, etc.).

Un negocio que ofrece a los socios de TEDAE pingües beneficios, sobre todo si tenemos en cuenta que, además, reciben un desorbitado trato de favor (subvenciones a tipo de interés cero, subvenciones sin más, exenciones, apoyo institucional para su negocio, encargos innecesarios, etc.).

Pero un negocio que no ofrece retornos a la sociedad en la proporción que los ofrecen otros sectores, por varios motivos:

  1. Según la ministra el impacto del sector en el empleo es de 55.000 profesionales, entre empleos directos e indirectos (por cierto, muchos menos que los que en otras ocasiones ha ofrecido el gobierno como impacto laboral), una cifra que no es de las más amplias en nuestro tejido industrial, ni en otros sectores laborales. Por ejemplo, sólo el sector de energías renovables,  según informe elaborado en 2010,  estimaba para dicho sector un impacto de empleo directo de alta cualificación de 68.000 personas, e indirecto de cerca de otros 45.000 para el período 2015-2020, mucho más que la industria militar y mucho más ético. O por poner otro ejemplo, el sector de la tecnología sanitaria y del equipamiento hospitalario cuenta con una facturación de unos 7.400 millones de euros, pero emplea directamente a 32.000 personas altamente cualificadas e indirectamente entre 80.000 y 100.000, según el estudio de impacto realizado por la Federación de empresas de tecnología sanitaria.
  2. El impacto de este sector en el desarrollo científico, tecnológico o de aplicación social de los ingenios militares es más que limitado.
  3. El gasto en innovación del sector militar es el 7´5 % del gasto total de innovación de nuestro tejido industrial, según la propia TEDAE.
  4. No existe una redistribución de la riqueza generada por el sector, sino, al contrario, una acumulación apabullante en manos de los accionistas de este y de los bancos que financian sus inversiones, muy pocas manos pero tremendamente ricas y poderosas, hasta el punto de contar con amplias complicidades políticas y mediáticas.
  5. Cuenta con complicidades de la clase política extractiva y un amplio apoyo institucional, como se demuestra en el ejemplo de la propia ministra cerrando su junta de accionistas o del rey emérito y su hijo reinante apoyando las ventas de armas a Arabia Saudí, por ejemplo.
  6. Factura mucho cuando todas las demás empresas están en crisis, como demuestra la siguiente afirmación de su informe anual “La actividad directa generada por los sectores industriales integrados en TEDAE aportó a la economía española cada día del pasado ejercicio la cantidad de 29,4 millones de euros. Actividad que creció tres veces más rápido (10,2%) que el total nacional (3,2%)“.
  7. No es casualidad que las grandes zonas donde están erradicadas sus factorías de producción sean zonas deprimidas y dependientes del monocultivo militar, que necesita de esta dependencia para su propio desarrollo insolidario.
  8. En cierta medida, podemos considerar que un retorno de estas industrias que fomentan la venta de armas y la conflictividad mundial es la mayor inseguridad global y las amenazas terroristas que se ciernen sobre nosotros, pues es precisamente la alimentación de los conflictos y la venta de armas uno de los capítulos que ha hecho crecer este fenómeno de resentimiento y odio.

Con todo, al ministra tiene algo de razón, como cada vez que habla. Y es que efectivamente, nuestro bienestar está relacionado con estas industrias. Concretamente de forma inversa a como la ministra plantea. Cuanto mejor las va a ellas, peor nos va a los de abajo.

Esa es la triste y humillante realidad y la razón por la que deberíamos impulsar reivindicaciones de que este tipo de industrias desaparezcan o se reconviertan a usos socialmente útiles.

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17.163´86 millones de euros, ¿para qué?

Por Lanpernas 3.0

Fuente: Cuarto Poder

Les vamos a intentar contar “a lo fácil” (a ver si somos capaces) una historia entre truculenta y descabellada, a partes iguales, que pone en entredicho las entendederas de los que están al mando de la política española y también las nuestras, pues se nos queda cara de tontos.

Como ya es de dominio público, la industria militar es una verdadera bicoca para los que apuestan por ella, lo que incluye a los bancos y fondos de inversión que hacen sus apuestas de riesgo en ella, los accionistas que participan de las empresas del sector, los políticos que elaboran las leyes, y en el caso español, el propio Estado y su casta política adherida, que cuenta con un sector industrial propio en la materia y que colabora con la geopolítica impuesta por esa especie de organización de intereses para imponer la dominación y la violencia de la que somos socios.

Del terrorífico auge y de las expectativas tan halagüeñas de futuro de la industria militar, a escala planetaria, nos habla Diego Herranz en un artículo publicado en Público el día 23 de junio pasado que merece ser leído, en el que acaba informándonos de que la industria militar mundial espera nuevos pedidos equivalentes a 600.000 millones de dólares, la mitad del PIB español y el total que gasta EEUU en defensa en un año.

Pero ahora vamos a fijarnos en la pequeña escala local que nos corresponde, para hablar de tres de los programas de armas en los que España se enfrascó para dotar a nuestro ejército de potencia de combate de primera división.

Características comunes.

Empecemos por nombrar una de las características común a todos ellos. Los programas de armas españoles no se compran, como quien dice, como si un particular comprase una lavadora o una bicicleta, donde el comprador “encarga” el producto y lo paga a tocateja o a plazos, una vez se lo entregan y según lo pactado.

En el caso de los programas de armas, el Estado “anticipa” unas cantidades impresionantes como “créditos” a las industrias que van a fabricar (en plazos larguísimos) el “producto”. Después espera a que se lo entreguen para hacer el pago final descontado lo que “prestó”.

Es un modelo un tanto peculiar de funcionar, pero lo es más aún porque el Estado en realidad y como hemos denunciado desde 2012 , ofrece estos créditos a interés cero, lo que tiene como segunda consecuencia que somos los ciudadanos los que pagamos el interés o la depreciación del dinero prestado.

Otro pequeño detalle: para eludir que estos créditos contabilizaran como “gasto militar”, los mismos los otorgó (sigue otorgándolos en los otros programas de armas) Industria y no Defensa, con lo cual aparecen como un apoyo a la industria y no como una inversión y un gasto en armas.

La idea y el compromiso de estos créditos a interés cero, según dice el artículo que comentamos, fue de Serra Rexac (ministro de Defensa indistintamente con el PSOE y luego con Aznar y un hombre muy vinculado a la industria militar) y luego mejorado por Pedro Morenés, secretario de estado y luego ministro sucesivamente con Aznar y Rajoy (con un período intermedio presidiendo industrias militares y un destino actual en EE.UU, como veremos algo muy estratégico para conseguir contratos militares para España).
Podríamos decir que estos tres, Serra Rexac, Aznar (el de las Azores) y Morenés, componen un trío (a Aznar parece que le va lo ternario), en este caso, el trío calaveras de la Defensa.

Sigamos por una segunda característica común. Los programas de armas a los que nos referimos sufren retrasos innumerables y exagerados en la “entrega” del “producto”, pero estos retrasos no implican “penalizaciones” para el fabricante, no porque no las contengan los contratos firmados, sino porque el Gobierno se las perdona a estas industrias, algo de lo que se ha quejado el propio Tribunal de Cuentas .

Podríamos explicar una tercera característica, común a los programas que comentamos y a otros muchos programas militares. Su diseño y fabricación es chapucera a no poder más, y los “productos” tienen múltiples errores y fallos que, por cierto, acaban costándonos más, ya que las ingentes inversiones realizadas en estos sistemas irían a la basura (en teoría con el descrédito de los políticos que los encargaron, aunque solo en teoría porque nunca pasa nada) si se cancelaran o se rescindieran los contratos.

Aunque… ¿No sería una solución más económica y justa?.

EF2000

Pues bien, vayamos al primero de los grandes contratos para la aviación española, el avión de combate europeo EF2000.

España ingresó en el consorcio Eurofighter GmbH en 1983 con otros tres países más (Italia, Alemania y Reino Unido) para diseñar y fabricar el futuro avión europeo de combate : en principio, el avión tendría la doble misión de dotar a las fuerzas armadas de cada uno de estos países de aviones de combate (Reino Unido 232 aparatos, Alemania 180, Italia 121 y España 87) y de vender a “terceros” el avión así diseñado.

La inversión comprometida (y al parecer desembolsada) de España ha sido de 10.795 millones de euros (según Wikipedia ) o de 10.629´86 (según Cuarto Poder), aunque después, y dados diversos problemas de fabricación, retrasos, mejoras y sobrecostes de los aviones, España ha acordado con el consorcio recibir sólo 70 aparatos (ya tiene 61 en su poder y los 9 restantes irán saliendo antes de finalizar 2018) por el mismo precio comprometido, los casi 11.000 millones de euros.

Es una suerte que no somos capaces de valorar, porque nunca hemos sido capaces de apreciar el enorme logro de conseguir comprar algo por un precio y que nos den algo más caro pero en menor cantidad de unidades de las comprometidas. Pongamos por ejemplo, que te compras una bici por mil euros, y te la dan por 1.200 pero sin una rueda.

Veremos si somos capaces de hacernos unos ligeros cálculos. Acaso seamos capaces de entender mejor este apartado de la negociación.

Con los 84 aviones comprometidos, al precio de 10.629´86 millones de euros (pongámonos en el escenario más modesto), cada avión de combate de estos nos costaría 126´54 millones de euros, una cantidad desmesurada que acaso diera para construir varios colegios o para zanjar grandes problemas sociales.

Pero si finalmente recibiremos 70 en vez de 84, el precio por aparato será de al menos 151´85 millones de euros, algo que resulta escandaloso.

Doblemente escandaloso porque, opinamos, para poder “recuperar” este enorme dispendio económico, a los estados consorciados no les quedará otro remedio que emplearse a fondo en buscar compradores de otros aparatos de estos para que financien nuestra defensa con los beneficios de la venta de estas armas. Es decir, fomentar la inestabilidad, el armamentismo, el militarismo, la venta de armas… como lo quieran llamar.

Un problema añadido: el avión tiene toda la pinta de ser una castaña pilonga, y la mayoría de los ejércitos, incluidos los consorciados, empiezan a valorar el hacerse con aviones americanos F35 en detrimento de estos aviones. España, entre otros, está mirando precios de estos aviones americanos (y aquí sale por segunda vez Pedro Morenés, flamante embajador español ante EEUU, ¿curioso?).

A-400

Vayamos al segundo gran negocio, los A400M, un avión de transporte también europeo, fabricado por el consorcio Airbus (con capital de España, Alemania, Francia y Reino Unido).

Igualmente planearon hacer un “avión europeo de transporte” con la doble finalidad de dotarse de estos aparatos y de venderlos al resto del orbe.

La planeación y el diseño del avión ha sido catastrófica, con fallos en los motores y la aviónica, hasta el punto de haberse causado muertos. Los retrasos acumulados en la entrega son de más de cuatro años, con sus consabidos sobrecostes. Ahora resulta que el diseño que se hizo del avión no tuvo en cuenta uno de sus principales cometidos: cargar y descargar personas y cosas. Las puertas diseñadas para ello son pequeñas y mal diseñadas, los soldados no pueden saltar en condiciones… Osea.

El coste inicial para España era de 4.332´54 millones de euros para obtener 27 de estos aviones. Al final los aviones se han encarecido un poco y España recibirá (de momento sólo tiene uno) 14 aviones, eso sí, al precio de 5.019 millones de euros, unos 700 millones más caro por 12 aviones menos, todo un negocio por el que no sabemos a quién hay que felicitar en concreto.

Eso sí, tendremos la suerte de que estos aviones se entregarán con menos capacidades de las inicialmente previstas, aunque la empresa se compromete a realizar en el futuro el “retrofit” (suponemos que una adaptación) de los aparatos para que alcancen la configuración final sin ningún coste adicional. ¡menos mal!.

De modo que, suma y sigue: si antes el precio por avión era de 160´5 millones de euros, ahora, que tendremos además menos aviones y sin “retrofrit-ar”, ha subido a 185´88 millones. De nuevo cantidades impensables con las que podríamos abordar múltiples problemas sociales secularmente desatendidos o infradotados.

Los helicópteros Tigre

Se fabrican a partir de un inicial consorcio constituido por MBB (alemana) y Aéroespatiale (francesa), por AIRBUS , donde participa también España y Reino Unido.
Como no podía ser menos, España pidió 18 de estos helicópteros por los que iba a pagar 1.353,5 millones de euros, que después de diversos retrasos y complicaciones, han acabado pasando a ser 1.515 millones de euros, o, lo que es lo mismo, de los 74´19 millones de euros por helicóptero a los 84´16 millones de pago final (eso sí, después de renunciar, para no encarecer todavía más, a la adaptación de los 6 comprometidos en el contrato inicial por el motor).

17.163,86 millones de euros ¿para qué?

Si nos tomamos el pequeño esfuerzo de pedir la cuenta, como en el bar, nos sale que estos tres desastrosos programas que han comprometido en nuestro nombre el trío calaveras y sus adláteres, han costado nada menos que la friolera de 17.183,86 millones de euros, una cantidad abrumadora que equivale a lo que se gastó Europa en control migratorio en 2016 , un año caliente en desplazamientos humanos y en la política represiva de Europa en la materia, o el equivalente a más de 100 veces el gasto presupuestario del Plan Nacional de Drogas previsto para 2017 o en igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, más de 200 veces lo gastado para el mismo período para atención a la infancia y a las familias, más de 50 veces lo gastado en promoción y servicios a la juventud o en prevención de violencia de género, más de 30 veces lo que se destina a la Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad… y así, suma y sigue.

Pero siendo la cifra tan escandalosa, lo más grave no es la cifra.

Lo grave, lo principalmente grave, es que estos aviones, en realidad, para lo que valen no es para defender a España de amenazas a su integridad. Son armas de “proyección”, de largo alcance, es decir, de ataque a muchos kilómetros de nuestras fronteras, donde, por cierto se usan y van a seguir usándose.

Son los aviones que nos convierten en una potencia intervencionista, en un aliado de la nefasta política militarista occidental.

Gastamos mucho. Gastamos mal. Derrochamos. Pero sobre todo, gastamos en imponer un orden militarizado e injusto que nos envilece, que nos devuelve nuestra peor imagen, que causa un sufrimiento inconmensurable allá donde participa nuestro militarismo y que, como rebote, vuelve a nosotros en forma de mayor inseguridad e inestabilidad mundial.
Eso sí, para que se enriquezcan unos cuantos en nuestro nombre y con el silencio cómplice o desinformado de la inmensa mayoría.

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La industria militar no tiene nada que ver con la defensa de la sociedad, sí con el enriquecimiento de unos pocos

Imagen de Pedro Lozano

Fuente:  Infodefensa.

Cospedal viaja a Australia.  Hace un par de semanas lo hizo Agustín Conde, Secretario de Estado de Defensa.  El objetivo, continuar haciendo de vendedores externos de Navantia, para lograr el contrato para construir 9 fragatas por el coste de 20.000 millones de €.

¿Cuánto han costado estos viajes?  ¿A cargo de qué partida presupuestaria se van a pagar?  ¿Qué diputado lo va a preguntar?

Allí está la fragata Cristóbal Colon, atracada en el puerto de Sidney desde el 9 de enero y que permanecerá allí, no defendiendo a España, lo que debería ser su único objetivo, sino exhibiéndose para vender más fragatas a Australia.

¿Cuánto cuesta esta exhibición en la casa del comprador?

¿Era necesaria la fragata Cristóbal Colon para la defensa de España si se pasa medio año en las antípodas?

No.  No era necesaria.  La industria militar es un círculo vicioso.  Para que podamos construir nuestras fragatas a precios más bajos debemos vender otras al exterior, así enjugamos un poco el déficit y la deuda que originan.  Así podemos hacer campaña de prensa diciendo lo bien que se nos da la venta de armas por el mundo y lo que tira del empleo y la economía la industria militar.  Construimos armas para exhibirlas por el mundo, no para defendernos.  Exhibimos para vender, vendemos para construir nuevas armas.  Y así sucesivamente.

La industria militar no tiene nada que ver con la defensa de la sociedad, sino con el enriquecimiento de unos pocos habitualmente.

Lo malo es que Navantia es estatal, 100%.  Todos somos culpables, por tanto, de sus desmanes, de sus despilfarros, de promover sus guerras necesarias para generar sus ventas.

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