Archive for empresas y violencia estructural

Las 17 razones para la guerra continua en Somalia, y el negocio privado que conlleva

Image de Kate Bum

Fuente:  El Orden Mundial.

En un artículo tétrico, si pensamos en los somalíes, pero realista nos desgranan las razones por las que Somalia es el país de la guerra continua.  Nosotros hemos contado 17, una barbaridad:

  1. La gente obedece a los clanes, no al gobierno central
  2. la expansión de los señores de la guerra en el territorio,
  3. así como la presencia de milicias de alquiler locales
  4. y de mercenarios occidentales,
  5. el problema de la piratería de sus costas,
  6. el tráfico de armas
  7. y el negocio de la ayuda humanitaria,
  8. las hambrunas,
  9. la sequía,
  10. el desplazamiento forzado externo e interno de sus ciudadanos
  11. el desdén internacional
  12. la corrupción generalizada
  13. la mayor tasa de mortalidad infantil del mundo
  14. el fracaso de las injerencias humanitarias llevadas a cabo militarmente.  Que no consiguió completamente la facilitación de ayuda humanitaria a los somalíes atrapados por la guerra y la hambruna, ni se consiguió un alto el fuego entre facciones
  15. la aplicación de la Sharia como paradigma de Estado
  16. la llamada a la Yihad en Somalia por parte de la insurgencia islamista
  17. las compañías de seguridad privadas, mayoritariamente a sueldo estadounidense.

La segunda parte del artículo trata sobre las compañías de seguridad privadas que intervienen en la guerra de Somalia.  Aunque sólo informan de una: Bancroft Global Development empresa por un nativo de Virginia (EEUU), Michael Stock, en 1999:

  • comenzó proveyendo “expertos en misiones” extranjeros –que reciben el apodo de mentors en Bancroft, mentores en castellano– a las tropas de la AMISOM establecidas en Somalia. Sus servicios fueron inicialmente contratados por Uganda en noviembre del 2007 y seguidamente de Burundi en agosto del 2008, utilizando la financiación estadounidense para ello.
  • luego, el ejecutivo de Barack Obama identificó las actividades mentoras de la firma Bancroft como un factor determinante de éxito y comenzó a financiarlas directamente y no a través de países terceros de la misión africana. El contrato millonario entre el gobierno y la compañía de Virginia se cerró a comienzos de 2010. En el presente, la Associated Press estima que EEUU gastó unos 206.000 millones de dólares en subcontratos similares tanto en Iraq como en Afganistán, entre el 2002 y el 2011.
  • Bancroft, a diferencia de Blackwater, que arma a sus “mentores”, parece respetar el embargo de armas impuesto por la ONU en Somalia, ya que su personal –en su mayoría veteranos de guerra procedentes de cuerpos de élite norteamericanos o europeos– no porta armas, lo que según ellos les expone a un peligro aún más inminente que les hace confiar su protección a las fuerzas africanas que entrenan.
  • todas las empresas del sector tienen como común denominador la táctica contrainsurgente y el combate de guerrillas en zonas de conflicto que ocasionan alta mortandad o del complejo medio físico.
  • En realidad, su fundador y actual propietario de tan sólo 36 años decidió constituirla de dos firmas con misiones desiguales.
  • Por un lado, Bancroft Global Development es una organización que se proclama sin ánimo de lucro, y busca la estabilización de una zona determinada en conflicto armado utilizando el ya clásico modus operandi de operar “por, con y a través” de las fuerzas armadas locales u oficiales –o más bien, aquellas que decidan contratar sus servicios importando poco su legitimidad–, lo que en Somalia significa asistir al personal de la Misión de Paz de la Unión Africana principalmente, y también a la policía nacional somalí –compuesta en gran porcentaje por antiguas milicias de ciertos señores de la guerra que ahora respaldan al Gobierno de Transición–.
  • En el otro extremo se halla la vertiente lucrativa de Bancroft, aquella que genera ingresos y mantiene al barco de Michael Stock a flote. La razón de ser de Bancroft Global Investment es la de, literalmente, capitalizar el éxito militar de las campañas que lidera en la AMISOM, invirtiendo en la reconstrucción del país o de la región una vez pacificada, en lugares donde nadie más se atrevería a arriesgar su dinero, como ya haya hecho en el pasado en Afganistán. Sin embargo, la inversión en Real Estate –inmobiliaria– no sólo se lleva a cabo a posteriori, sino también durante el momento de la conflagración, como así muestran las anteriores experiencias bélicas de la firma.
  • A finales de los años 90, Stock se marchó al Sahara Occidental donde le impresionó que el gobierno de Marruecos aún no se hubiera encargado de desmantelar las minas antipersona que permanecían enterradas bajo la arena, visualizando la idea mater de lo que sería Bancroft. En sus primeros pasos, operó en Afganistán donde mediante un socio local formó una pequeña sociedad –Mine Pro.- que entrenaba a perros detectores de minas al mismo tiempo que se dedicaba a hacer un poco de todo, desde reparar coches a cañerías.

En definitiva, lo que hacen Bancroft y Michael Stock es una nueva versión del negocio de la guerra:

En una reciente entrevista, Stock aseguraba que él no se dedica a hacer la guerra en el país más oriental de África, sino a “buscar la paz, reconstruir una ciudad, un país que lo ha perdido todo en términos de educación, economía y sanidad”, pues para él las posibilidades de negocio son infinitas en un lugar donde hay que empezar de cero, una idea que le ha llevado a levantar un monumental hotel fortificado al pie de la playa de Mogadiscio, donde se resguardan los altos cargos somalís y el personal diplomático. El resort, al que han llamado International Campus, cuenta con una piscina como la mayoría de los hoteles de playa del mundo, solo que en éste cuando llueve, llueven balas y metralla. Más allá de las vistas del Índico, también dispone de un búnker, un hospital y algo similar a un autoservicio de equipamiento y reparación militar a lo Mad Max.

También tiene como objetivo:  la creación de una fábrica de cemento que se encargue de cimentar el nuevo Mogadiscio

El final del artículo se abre, brevemente para nuestro gusto, a las críticas:

Oponentes de estos contratos claman que estas compañías no son más que mercenarios modernos a sueldo y que se hallan efectivamente por encima de la ley en los países en los que son contratados. Estos contratos se realizan siempre en un marco de dudosa legitimidad ética y moral, pues operan en los lugares más inestables del globo, en estados fallidos y débiles en los que el poder de estas corporaciones privadas y su capacidad organizacional pueden llegar a anular con creces al del gobierno local. Las operaciones de otro de los grandes proveedores de seguridad privada, G4’S, en Sudán del Sur, son un caso a tener en cuenta en este sentido. También se les acusa frecuentemente de implementar de manera tácita y encubierta las directrices de la política exterior estadounidense.

Charla de presentación de la campaña contra Homsec 2017 de Desarma Madrid

Os invitamos a asistir a la charla que se celebrará el 16 de febrero de 2017 en el local de la CAUM para presentar la campaña contra la feria de armas madrileña de HOMSEC 2017.

Está organizada por Desarma Madrid.

Dossier informativo contra la Feria de Armas HOMSEC

La coordinadora Desarma Madrid ha realizado un dossier informativo contra la Feria de Armas HOMSEC que se “celebrará” entre el 14 y el 16 de marzo en el IFEMA de Madrid.

En el dossier se habla de:

 1.- La historia de las anteriores ferias, esta es la 6ª.

2.-  La justificación que se hace de HOMSES por sus promotores.

3.-  Los promotores de HOMSEC, militares de alta graduación retirados que ahora hacen negocio con el comercio de armas.  Algunos de ellos son ex golpistas del 23-F

4.-  Una breve contextualización del comercio de armas.

5.-  El rechazo social a HOMSEC.

6.-  Los promotores y los 90 grupos firmantes del dossier.

Lo puedes visitar en:  https://www.scribd.com/document/337851038/Dossier-Homsec-Desarma-Madrid

Dossier Homsec Desarma Madrid by Colectivo Utopía Contagiosa on Scribd

Desarma Madrid: no a la feria de armas madrileña de HOMSEC

 

Cuando pasees por las calles madrileñas o, simplemente, vayas a trabajar los próximos 14, 15 y 16 de marzo puede que veas unos coches, suponemos que negros, grandes, con los cristales tintados y reforzados para aguantar atentados.  Quizá en algún hotel o restaurante de los caros te cruces con algunas personas que suponemos irán bien trajeadas, enchaquetadas, encorbatadas y con el pelo bien cortado.  No sospecharás que son traficantes de muerte, que son los señores de la guerra.

Estarán en Madrid haciendo que los habitantes de nuestra ciudad nos avergoncemos.  Durante esos días Madrid se convertirá en la capital mundial del tráfico de armas legal (¿habrá comercio ilegal de armas, aprovechando?  No lo sabemos, pero podemos suponer …).

14, 15 y 16 de marzo de 2017 se celebrará en Madrid la feria de armas HOMSEC.  La patrocina el Grupo Atenea del que ya hemos hablado en varias ocasiones remarcando su directiva militar, su antigua implicación en el 23-F, sus contactos con el PP.

Su objetivo es vender armas, al mejor postor.  Que Madrid acoja a los vendedores institucionales (o quizá no) de armas para que ellos, cómodamente, aprovechándose de la hospitalidad madrileña, puedan contactar, intercambiar noticias, necesidades, inventos y propuestas.  ¿Se moverán millones de € en armamentos?  Posiblemente.

Será la sexta vez, ya se han desarrollado en Madrid 5 ferias anteriormente.  Pero casi nadie se ha enterado.  Esa es la clave para los traficantes de la muerte, pasar desapercibidos.

Por ello, muchos colectivos sociales de la ciudad y de fuera hemos decidido divulgar esta realidad para que sea conocida por l@s madrileñ@s y para que las instituciones que lo apoyan tengan que pagar un precio político.

Penosamente, desde 2007, fecha de la celebración de la primera feria de armas de Madrid, alcaldes de Madrid (del PP) han apoyado esta iniciativa, también los presidentes de la Comunidad Autónoma (del PP) y gobiernos del PSOE (Zapatero) y del PP (Rajoy).

La feria HOMSEC ha ido creciendo en visitantes:  2007, casi 3.000 personas;  2008, 4.800 visitantes;  2011:  4.500 visitantes y 87 expositores, 2013:  más de 8.000 visitantes y 135 expositores;  2015:  13.000 visitantes y 198 expositores.  Se espera, por parte de HOMSEC, que en 2017 visiten la feria más de 15.000 personas y 195 expositores.

7 grupos nos hemos estado reuniendo para intentar montar una campaña opositora a HOMSEC:  Asamblea Antimilitarista de Madrid, BDS Madrid, Ecologistas en Acción Madrid, Mujeres de Negro contra la Guerra (Madrid), Palestina Toma la Calle, Colectivo Utopía Contagiosa y Yayoflautas Madrid.

84 colectivos han firmado el manifiesto contra la feria:

VIENEN A MADRID LOS SEÑORES DE LA GUERRA

Los colectivos, las personas y movimientos abajo firmantes queremos expresar nuestro más profundo rechazo a la Organización del 6º Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad Nacional, HOMSEC, los próximos 14, 15 y 16 de marzo de 2017 en el recinto del IFEMA de Madrid, espacio gestionado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, entre otras entidades.

HOMSEC es la mayor feria de armamento y tecnologías de seguridad que se organiza en el Estado Español. España es un gran exportador de armas, el 6º del Mundo. Esto no es casualidad y se logra, entre otras cosas, gracias a ferias como esta.

El evento es una muestra de los últimos avances en las diferentes áreas tecnológicas que abordan la Defensa y Seguridad Nacional y se presenta como el “único Salón profesional enfocado a la Seguridad Nacional en España, un país geoestratégico en su relación con Iberoamérica, África y Oriente Medio”.

El promotor de HOMSEC es el Grupo Atenea-Seguridad Nacional, entramado empresarial fomentado por personajes vinculados con el golpe de estado de febrero de 1981 y conocidos por su vinculación a los ideales de la extrema derecha.

HOMSEC servirá de punto de encuentro entre comerciantes de armas y agentes que se benefician del negocio de la guerra, como empresas de seguridad privada militar y empresas de videovigilancia, entre otras.

En este espacio podrán intercambiar experiencias y “mantener reuniones clave con Administraciones y compradores privados y planificar su seguimiento mediante servicios privados de consultoría”, tal como se recoge en la propia página web del evento. Este tipo de iniciativas sólo contribuyen a recortar derechos y libertades en pos de una falsa y manipulada idea de seguridad.

Instituciones que se declaran defensoras de la paz y los derechos humanos, como el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, no deberían permitir que eventos de este tipo se celebren en espacios de gestión pública como el IFEMA. Queremos que los espacios públicos sirvan para la promoción de una cultura de paz, no como escaparates de la guerra y la violencia.

Nosotras nos negamos a que los espacios públicos se utilicen para alojar este tipo de eventos que fomentan la cultura de la guerra y el conflicto, así como modelos de seguridad represivos y centrados en amenazas militares sobre la integridad territorial y política de los Estados, totalmente alejados del modelo de seguridad humana que defiende el derecho a una vida libre de violencia, incluida la violencia heteropatriarcal, el derecho a una vida libre de miseria y libre del miedo. Queremos un modelo de seguridad humana integral, que contemple aspectos que van desde lo político y lo comunitario, a aspectos relativos a la seguridad económica, alimentaria y medioambiental.

PORQUE CREEMOS QUE OTROS MODELOS DE SEGURIDAD SON POSIBLES:

1. Exigimos al IFEMA la cancelación del evento.

2. Exigimos que el Ayuntamiento de la ciudad de Madrid, declarada como una ciudad de paz y acogida en la que todas las personas puedan sentirse seguras, se desmarque públicamente de esta iniciativa

3. Exigimos a Ayto. y Comunidad que auditen las cuentas de la feria del evento y las haga públicas en aras de la transparencia.

4. Llamamos a la sociedad civil a denunciar y boicotear esta feria uniéndose a las acciones contra la misma.

Si quieres sumarte al comunicado y participar en la campaña puedes contactar a través de:

desarmamadrid@desobediencia.es

o

utopiacontagiosa@gmail.com

Fuera de Madrid los Señores de la Guerra

Los señores de la guerra visitan Madrid

Por Agora Sol Radio

Los señores de la Guerra visitarán Madrid desde el 14 al 16 de marzo, en la Feria de Armas HOMSEC que se celebrará en el recinto ferial de IFEMA.

El pasado 18 de enero lo denunciamos en Espacio Común 15M.

SI quieres participar de la Plataforma DesarmaMadrid, puedes escribirnos a:

desarmamadrid@desobediencia.es

o bien en nuestro correo

utopiacontagiosa@gmail.com

 

Destruir armas, nuevo negocio de los fabricantes de armas

Imagen de Policía Nacional de los colombianos

Fuente:  Infodefensa.

La verdad es que es una noticia agridulce totalmente.

Por un lado nos alegramos de que se destruyan armas.

Pero no lo hacemos tanto de que sea un fabricante de armas quien se lucra destruyéndolas.  Ganan dinero doblemente, cerrando el círculo vicioso.  Y no es especulación nuestra denuncia.  Aquí van dos noticias que lo confirman:  Expal se adjudica contratos para suministro de granadas y minas por 10’2 millones de €, Expal suministrará al Ejército granadas para mortero de 81 mm por 2’7 millones de €,  Expal suministrará sistemas de mortero al ejército italiano por 20 millones de €.

La protagonista es EXPAL y los hechos ocurren en Bielorrusia.

Tras la firma de la Convención de Ottawa por parte de Bielorrusia, este país se ha visto obligado a destruir sus minas antipersona (técnicamente, munición cluster de tipo PFM-1).  Como no tenía tecnología para hacerlo, decidieron hacerlo a través de un concurso internacional de la Unión Europea que ganó la española EXPAL.  El proyecto tiene financiación europea.  El programa estaba valorado en 3’9 millones de €.

Ya se han destruido 3.000.000 de las 3.400.000 minas antipersona de Bielorrusia.

Que un países de menos de 10 millones de habitantes disponga de una mina antipersona para cada tres nacionales nos hace sospechar que en el mundo debe de haber una cantidad ingente de estas minas.  ¿Cuántas habrá en España?  ¿Cuántas se habrán destruido?  ¿Cuánto nos habrá costado?  ¿Por qué no se informa de todo esto?

Expal tiene “fábricas para la desmilitarización” en España (El Gordo, Cáceres), Italia, Dinamarca, Bulgaria, Estados Unidos y Brasil.

Visto el volumen de armas que hay en el mundo, quizá sea necesario asumir como ineludible que las empresas de armas primero han de transformarse en empresas de destrucción de armamento antes de ser reconvertidas a empresas civiles que fabriquen útiles socialmente beneficiosos.

¿Exenciones a las empresas militares de los PEAS?

Imagen de .Bambo.

Como nos viene pasando habitualmente en los temas de Defensa, no salimos de nuestro asombro.

Leemos en Defensa.com que Cospedal ha conseguido algo que nos parece un nuevo privilegio militar:

Si bien, ha habido otra noticia en materia económica digna de mención:  Defensa ha conseguido que el Gobierno imponga una excepción fiscal a las empresas de Defensa adjudicatarias de los 18 PEAS con el fin de evitar que sean embargadas por Hacienda.  El Ministerio amenazaba con esta medida extrema ante la imposibilidad de aquellas para hacer frente a sus obligaciones con el Ministerio de Industria por los retrasos en los pagos, a su vez, del Ministerio de Defensa.

Vemos que cita a otra fuente y recurrimos a ella:  El Confidencia.com, que en su noticia “Cospedal, ‘cautiva y desarmada’ ante Hacienda para pagar compras de Defensa” subtitula:

El Gobierno ha impuesto una excepción fiscal para evitar embargos contra las empresas públicas de armamento que deben a Industria lo que Defensa no les paga a ellas

Hemos buscado en

Y no hemos encontrado tal norma.

¿Lo están haciendo en secreto?  ¿Es un globo sonda?  ¿Es un bulo?  ¿Es un error?

Si fuese realidad, habría que leer tal norma para ver:

  • cómo fundamentan este nuevo privilegio a la industria militar
  • qué conceden a la industria de la muerte, en concreto.

Por ahora no hay noticias claras. Todo muy extraño.

Un pacto militarista en la élite para blindar el gasto militar y aumentarlo

La Sexta Noche

Fuente: El País

Anuncia el País, ese periódico cada vez más parecido al poder al que sirve, que la rutilante Ministra de Defensa del dialogante gobierno del segundo ciclo marianista, en un alarde de nuevo talante pepero, ha ofrecido a los diputados un pacto político para consolidar y aumentar el gasto militar.

No se equivoquen, no es un pacto para debatir sobre la necesidad, oportunidad y decencia del gasto militar, o para pensar en común qué tipo de seguridad aspiramos a tener, o quién es el enemigo, etcétera, sino para blindar de avatares futuros al gasto militar (y de paso a los intereses de las empresas del IBEX que, nos dice otra noticia, son las principales acreedoras y representantes de las empresas militares con las que en un juego rocambolesco el Estado tiene comprometida una deuda impagable de más de 30.000 millones de € por armas que no se necesitan para nada). Es, sencillamente, un pacto para blindar el gasto militar de cualquier ademán de recorte.

Empieza a vislumbrarse el porqué de una ministra dicharachera y mediática al frente de Defensa, frente al anterior discreto pero igualmente maniroto: porque necesitan arremeter en los medios de comunicación para intoxicar a la opinión pública y saturarnos acerca de la necesidad de mantener un gasto militar que cada vez es más difícil esconder y que sigue siendo tremendamente impopular.

Pero volvamos al pacto y a su desarrollo.

Dice la ministra que

Una de las prioridades de su gestión, según ha explicado la ministra en su primera comparecencia parlamentaria, será aprobar una Ley de Sostenibilidad de las Fuerzas Armadas que garantice las inversiones a medio plazo, más allá de los cambios políticos y presupuestarios

y

ha ofrecido a los grupos parlamentarios trabajar a partir de enero en la elaboración de una ley que garantice la financiación de los programas de armamento; no solo de los vigentes, sino los que se incluirán en el nuevo objetivo de capacidades, que se quiere aprobar en 2017

No quieren aventurarse a que los avatares políticos lleven al poder formal de plexiglás realmente existente a alguna fuerza  “radical” que pida un drástico recorte del gasto militar o que, sencillamente, proponga una política de seguridad que no pase por la obsesión militarista, como si en el actual panorama político hubiera alguna fuerza planteando una alternativa al militarismo.

Cospedal justifica su pretensión en que es el momento de recuperar el músculo económico para la política de defensa después de las reducciones de gasto que, dice, ha sufrido el presupuesto militar.

Dado que el Tribunal Constitucional prohibió disfrazar la enorme e ilegítima deuda militar por compra de armas por el método de los créditos extrapresupuestarios mediante decretos leyes estivales, tal como nos tenía acostumbrado el ex-ministro Morenés, a Cospedal no le queda más remedio, para guardar las apariencias, que aflorar el gasto militar en programas de armamento (que arrastra una deuda de unos 30.000 millones de euros y amenaza con ser una nueva ruina) y buscar que por ley se diga que eso va a misa, con peineta y todo y por encima de la campana gorda.

El anuncio ha sido aplaudido por los portavoces del PSOE, Ricardo Cortés, y Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, aunque el primero le advirtió de que su “mano tendida no es un cheque en blanco”

Parece que los partidos del en su día denominado por aquel otro como “bloque constitucionalista” hacen ojitos a la ministra, ya sea diciendo que es lo razonable, o que no se oponen, que tanto monta, mientras que los demás, en su despiste, piden a lo más que se conserven los derechos de los militares o pasan palabra, bonita manera de mear fuera del tiesto pensando que no se mojarán los pies con las salpicaduras.

De modo que ya tenemos una clara linea divisoria, tan útil para saber dónde se sitúa cada cual y quienes están al otro lado de la liza: a un lado los partidos que quieren hacer del gasto militar un baluarte de su identidad y que pactan alegremente empobrecernos con su aumento. Al otro los que nos negamos porque aspiramos a desmilitarizar la política de seguridad, eso sí, sin padrino político que levante el dedo en el parlamento de la casta. Y entre Pinto y Valdemoro los que piensan que poniéndose de perfil disimulan su quiero y no puedo.

Con lo que ya sabemos otra linea de lucha a partir de ahora: contra el pacto miserable para blindar el gasto militar y elevarlo, mientras la sociedad sufre el impacto insolidario y los recortes de las políticas neoliberales de la derecha nominal y allegada.

Los PEAS son la burbuja especulativa que le va a explotar al Ministerio de Defensa

Imagen de Ferran BCN

Sobre los PEAS hemos publicado muchísimo.  Y seguiremos publicando porque es una chapuza financiera de la que el Ministerio de Defensa no sabe salir, haciendo las cosas bien, se entiende.

El supuesto éxito de Cospedal

Nos vende Infodefensa que Cospedal ha convencido al gobierno para reprogramar los gastos de PEAS de 2016 para 2017.  Parece un éxito de gestión de la Ministra de Defensa cuando realmente es un fracaso en toda regla, obligados por el Tribunal Constitucional.  Al final, en 2017 se pagarán los 1.107’7 millones de € de dicho año y los 716’7 millones de 2016.  El total va a ser escalofriante:  1.824’4 millones de € para PEAS en 2017.

El primer problema de Cospedal:  la imagen insolidaria del Ministerio de Defensa.

Si tenemos en cuenta que el presupuesto  del Ministerio de Defensa ronda los 6.000 millones de €, el aumento sería de, aproximadamente, un 30 %.  ¿Cómo le será posible a Cospedal, en una época de duros recortes sociales, económicos y políticos, vender un aumento del 30 % en su ministerio, el menos social de todos?.  ¿Cómo convencerá a l@s español@s de la solidaridad del Ministerio de Defensa cuando ellos suben su propio presupuesto en un 30 %?

Los 18 Programas Especiales de Armamento (PEAS)

En la siguiente infografía se enumeran los PEAS, lo que iban a costar en 2009, lo que se reprogramó para 2013, y abajo los compromisos de pagos acordados entre la industria armamentística y el gobierno.

Infografía de El País

Las conclusiones al analizar esta infografía son claras:

  • Cada vez vamos a recibir menos armamento
  • El precio total y parcial de cada PEA cada vez será mayor.
  • Nos quedan por pagar 14.280’9 millones de € hasta 2030.
  • Estamos hipotecados por estos programas de armamento hasta el año 2030 y ello va a suponer una burbuja financiera que va a acabar explotándole al Ministerio de Defensa y, de paso, a los contribuyentes.

Con más detalle se puede ver en este otro cuadro también publicado por Infodefensa:

En la anterior tabla salta a la vista otro dato, todavía más escalofriante, el monto total de los PEAS va a ser de 29.479’06 millones de €.

La práctica engañosa del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa venía haciendo una práctica ilegal, según ha reconocido el Tribunal Constitucional (2 sentencias) que consistía en que no incluía los PEAS en los Presupuestos Generales del Estado.  Luego, con la excusa de que eran gastos no previstos, los aprobaba en verano por Decreto Ley y sin la consulta al Parlamento.

Esto ocultaba una buena parte del gasto militar a la ciudadanía.

En el entramado financiero que gestiona los PEAS todo es raro:

  • La industria militar (privada, en su mayoría) se compromete con el Estado a dotarle de una serie de armamentos
  • El Estado prefinancia la investigación y desarrollo necesarios para que la industria militar pueda fabricar las armas.
  • La prefinanciación no ha hace el Ministerio de Defensa (sería poco vendible a la sociedad).  La hace el Ministerio de Industria, concediendo a la industria militar unos créditos previos a su labor de investigación y desarrollo.
  • Los créditos que Industria da a las armamentísticas son a interés cero.
  • Una buena parte de la industria militar no cumple los plazos y, además, acaban reclamando sobrecostes al Ministerio de Defensa y al de Industria.
  • El Ministerio de Defensa reprograma los PEAS. Tanto el número de armas que van a recibir, como lo que van a pagar.
  • La industria armamentística tiene que devolver anualmente los créditos al Ministerio de Industria.
  • Según va recibiendo el armamento Defensa va pagando los PEAS a la industria armamentística, eso sí, ya con sus sobrecostes añadidos.

Múltiples irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas

Con informaciones sacadas de El País  (Miguel González) procedemos a publicitar siete irregularidades en la contratación del Ministerio de Defensa.

1.-  Contrato de 18’8 millones de € concedido por el Ejército de Tierra a General Dynamics, sin licitación ni publicidad.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, anuló el pasado 24 de junio un contrato por 18,8 millones de euros concedido por el Ejército de Tierra a la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDSBS). En su resolución, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitación ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la número 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 años.

 Lo que no explicaba la resolución es que lo que se buscaba con esta adjudicación es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de más, aunque para ello se recurriera a una fórmula de dudosa legalidad.

La explicación figura en el folio 127 del Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) elaborado por el Tribunal de Cuentas. El contrato de compra de 219 carros de combate Leopard y 16 de recuperación tenía un importe total de 2.489 millones de euros, pero la empresa fabricante ha recibido ya en anticipos del Ministerio de Industria y en pagos de Defensa un total de 2.507 millones. Tiene por tanto, constata el Tribunal de Cuentas, “un exceso de financiación de 18,8 millones”; justo el importe de la adjudicación anulada por Hacienda. Si hubiera dudas sobre la identidad de ambas partidas, el informe explica: “Esta cantidad se encuentra en trámites de regularización, pues es objeto de la Adenda 25, actualmente en negociación”. A la postre, sin embargo, la regularización ha resultado irregular.

2.-  Sobrecostes de 43’6 millones de € de la compañía española SAPA por programas de transmisiones.

No es la única anomalía constatada en la mayor compra de carros de combate de la historia del Ejército español. Defensa ha reconocido sobrecostes por un importe de 43.6 millones de euros derivados, básicamente, de los problemas que la compañía española SAPA, suministradora de las transmisiones, ha tenido con su socio tecnológico alemán Renk.

El Tribunal de Cuentas considera “indudable” que “las circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales” en programas de estas características “exceden los cauces de contratación ordinaria”, pero agrega que SAPA conocía las condiciones de suministro y las aceptó, que el contrato ya preveía un beneficio del 10% con el que cubrir esos imprevistos y que la operación contó con un 100% de financiación pública, por lo que el riesgo financiero era cero.

3.-  El programa de carros de combate Leopard se rige por un antiguo convenio del Ministerio de Defensa con el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) de 1981, mucho más beneficioso para el contratista (General Dynamics, nuevamente).

El informe llama la atención sobre un hecho insólito: Santa Bárbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas públicas) que data de 1981 y “contiene un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general”. Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debió liquidarse hace años.

4.-  Navantia, empresa pública y que no debería tener beneficios al contratar con la Administración, incluye en sus convenios con Defensa beneficios entre el 4 y el 12 %.

Si ya es sorprendente que empresas privadas se comporten como públicas, no lo es menos que públicas lo hagan como privadas. El Tribunal de Cuentas se extraña de que el convenio entre Defensa y el astillero público Navantia incluya un margen de beneficio de entre el 4 el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan. El informe alega que el ánimo de lucro, “principal incentivo para el empresario particular”, no tiene sentido en una sociedad pública, que está obligada a aceptar los encargos que le hace el Estado y solo puede facturar los costes reales, De lo contrario, advierte, podría considerarse “un exceso de financiación pública”.

Defensa ha tomado nota de esta advertencia y ha replicado que, en su nuevo convenio con Navantia, el concepto beneficio se sustituye por el de “margen industrial”, para hacer frente a los “riesgos relativos” a la ejecución de los programas. En esos riesgos no se incluye la revisión de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acción Marítima (BAM).

5.-  Defensa renuncia a imponer penalizaciones a Navantia por el retraso de 78 meses en la entraga de los BAM.

La entrega a la Armada de estos cuatro barcos ha sufrido un retraso total de 78 meses, lo que dio lugar a la apertura de expedientes para imponer las penalizaciones contempladas en los contratos, por un importe total de 31,7 millones de euros. Sin embargo, “por una causa que no se ha justificado”, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanción alguna.

Defensa ha negado que existiera aquiescencia por parte de la Armada para no imponer sanciones y ha anunciado que se reactivará el grupo de trabajo dedicado a discutir con Navantia su importe, aunque alguno de los expedientes, que data de 2011, puede haber caducado.

6.-  Defensa se niega a recepcionar oficialmente armamento y lo mantiene almacenado para no subir el déficit público.

Quien no se retrasó en la entrega fue el consorcio fabricante del avión de combate europeo Eurofighter. Además de los 47 cazas ya en servicio en el Ejército del Aire, hay otros 12 almacenados durante tres años en la base aérea de Los Llanos (Albacete), que España no ha querido recepcionar oficialmente para que no computen en el déficit público.

7.-  Defensa demuestra incompetencia porque no puede usar los helicópteros NH-90 porque no tiene el personal, los equipos y las instalaciones necesarias.

Además, tres helicópteros NH-90 están depositados “temporalmente” en las instalaciones de Eurocopter en Albacete hasta que el Ejército de Tierra disponga del personal, los equipos y las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional.

En este asunto de los PEAS, el Tribunal Constitucional ha dictado 2 sentencias:

  • La primera anulaba el decreto ley de 2014 que destinó 886’3 millones de € a los Peas.  El recurso lo habían presentado el PSOE, pero también Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA, Izquierda Plural y UPyD.

Los recurrentes argumentaron que estos pagos estaban previstos con antelación y responden a una programación plurianual, por lo que debían haberse incluido en los Presupuestos Generales del Estado, propiciando así un debate parlamentario en profundidad. El Gobierno replicó que, aunque el importe global de estos programas es conocido (29.500 millones de euros hasta 2030), la cuantía exacta de cada anualidad está sujeta a negociación con la industria militar y depende de la evolución del déficit, por lo que no era posible incluirla en el presupuesto ordinario de Defensa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, recrimina al Gobierno que ni de la exposición de motivos de la norma ni del expediente tramitado por Defensa “se puede deducir argumento concluyente que ampare la utilización del decreto ley, pues nada se argumenta sobre la extraordinaria y urgente necesidad”, que es lo que justifica su uso según el artículo 86.1 de la Constitución. Al contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció en su discurso de convalidación del crédito extraordinario que no se trataba “de dar cobertura a necesidades imprevistas”, sino de “proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”, y añadió que la Administración estaba obligada a “no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros”, en alusión a la industria militar.

Tras calificar de “singular” la técnica empleada por el Gobierno, el Constitucional constata que “más que la respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad por imprevisible”, la aprobación de créditos extraordinarios para Defensa “se ha convertido en una práctica habitual” para atender un compromiso de pago que es “previsible y programable”.

“Simplemente se alude [por el Gobierno] a la importancia de que se pague a los proveedores para evitar el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse, [pero] esas consecuencias negativas aparecerían en cualquier obligación contractual del Estado”, sin que se explique por qué serían más graves en el caso de la industria militar, argumenta.

El Constitucional no rechaza que se aprueben créditos extraordinarios para financiar programas militares al margen del presupuesto ordinario, pero agrega que debería hacerse a través de una ley y no mediante el decreto ley, cuyo uso está restringido expresamente por la Constitución. “En definitiva”, concluye, “el recurso sistemático al decreto ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

La sentencia, que anula el decreto ley de 2014 pero cuya doctrina es aplicable a los de 2012, 2013 y 2015, no obligará a las empresas a devolver los 4.300 millones de euros recibidos. Y no solo porque los decretos leyes fueron posteriormente convalidados en las Cortes. Sensible al efecto que ello tendría sobre la industria militar española y sobre el Estado, que se enfrentaría a penalizaciones de los consorcios internacionales que gestionan dichos programas, el Constitucional aclara que, por el “principio de seguridad jurídica”, que garantiza los derechos de terceros que mantienen de buena fe relaciones económicas con la Administración, no serán revisables las “situaciones establecidas mediante actuaciones administrativas firmes”; es decir, los mandamientos de pago realizados al amparo de los créditos extraordinarios.

  • La segunda anula otro decreto ley por 846’4 millones de €. Presentada por 50 diputados socialistas.

El alto tribunal estima el recurso presentado por 50 diputados socialistas y considera que “el uso sistemático del decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento” no está justificado por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” y, por tanto, “no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

Sin embargo, la sentencia no obliga a las empresas de armamento a devolver el dinero cobrado a través de este sistema irregular, ya que “la protección de los terceros de buena fe que mantienen relaciones económicas con la Administración se vería gravemente comprometida si desapareciese la autorización del crédito extraordinario”. En consecuencia, “tras ponderar el principio de seguridad jurídica”, declara “no suceptibles de ser revisados como consecuencia de [la] nulidad”  del decreto-ley los pagos realizados por Defensa.

PEAS II.

La apuesta por la militarización del gobierno de Rajoy sobrepasa el primer plan PEAS y ahora están propiciando un plan PEAS II.  En 2014 publicábamos un artículo en el que advertíamos que el Ministerio de Defensa tenía planes para hacer un segundo plan PEAS, el plan PEAS II.

(…) articular un plan de I+D vinculado a la potenciación y capacitación de nuestra industria principalmente en esas capacidades industriales esenciales antes identificadas.  Este plan se ha puesto en marcha abordando dos de las necesidades militares identificadas por el JEMAD más prioritarias, y que ya tienen financiación en los PGE de 2015:  el 8×8 y la fragata F-110.  De ambos se han derivado 20 proyectos tecnológicos (7 del 8×8 y 13 de F-110).  Estos programas darán comienzo ya en el ejercicio 2015.  Están dotados con 41 y 37 millones de € en el Capítulo 8 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  Además, en este mismo Capítulo se han contemplado las partidas de prefinanciación del contrato de los dos nuevos BAM para la Armada:  son 161 millones de €.  En términos numéricos totales, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incorpora 564 millones de € para programas de defensa, un 64 % más que en 2014.

Es decir, el PEAS II consta de:

  • Blindados 8×8, por 41 millones de €
  • Fragata F-110, por 37 millones de €
  • 2 nuevos BAM de la Armada:  161 millones de €

Todo ello hace un total de 239 millones de € para el plan PEAS II, que habría que sumar a los 30.000 millones del primer plan PEAS.

Las alternativas futura de Cospedal.

Las posibilidades que tiene Cospedal para 2017 son dos:

  • Aflorar, por fin, los PEAS en la contabilidad del Ministerio de Defensa, pasando los 6.000 millones, más o menos, que presupuestan ahora a 8.000 millones, y quedando como el Ministerio con más aumento de gasto en épocas de crisis y de recortes.
  • Hacer una nueva ley en la que seguir ocultando esta parte del Gasto Militar y en la que se aprueben los PEAS.

¿Cuál será su opción?

Nivel de alerta 4: excusa para aumentar el gasto de la policía en más de 7 millones de euros

Tonyina

Tamara SHerrero

Fuente: El confidencial Digital

Estamos en nivel de alerta 4, dentro del plan de prevención y actuación antiterrorista del Ministerio del Interior, lo que quiere decir que para Interior hay un alto riesgo de atentados terroristas que obliga a las fuerzas de seguridad a varias actuaciones: mayor presión y vigilancia sobre sospechosos, protección de centros estratégicos y mayor vigilancia callejera.

Esta situación ha servido de excusa a una acusada compra de material para el Ministerio del Interior, que, aprovechando la tesitura, ha decidido vendernos que se necesita aumentar el gasto en seguridad, aprobando tres grandes lotes de material:

En el primero de los lotes, se trata de adquirir, por 2.077.755 euros, 4.100 pistolas, 100 fusiles de asalto G-36, y 20 subfusiles MP5 para los GEO.

No es todo el refuerzo que a medio plazo pretende hacer Interior. También comprarán, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, 11.000 chalecos antibalas (1.000 de uso externo y 10.156 de uso interno) y, 200 placas balísticas, por importe total de 3.879.485 euros, que estaban licitados desde junio de 2016 pero que por la orden HAB/1169/2016 de 14 de Julio estaba congelado el gasto.

Una tercera licitación, por importe de 1.209.065,54 euros de euros, será para adquirir 4.545.400 cartuchos 9 mm parabellum blindados, otros 550.900 cartuchos 5,56 x 45 homologados por la OTAN y 275.400 cartuchos calibre 7.62 x 51 homologados por la OTAN.

Estas tres licitaciones suman nada menos que 7.166.326 euros, contando el neto y el IVA correspondiente, una cantidad nada despreciable que se intenta justificar en el supuesto peligro en que nos encontramos.

Por el volumen de material se nos hace más que difícil pensar que estas compras respondan al aumento real del nivel de riesgo (por otra parte decretado en junio de 2016 y no ahora) y parece más bien que el nivel de riesgo referido se ofrece como una mera excusa para evitar la impopularidad del aumento de gasto para material policial  tan abrumador, sobre todo cuando en años anteriores se hicieron gastos en material similar, como por ejemplo en 2012, cuando aumentaron el gasto en material antidisturbios en un 1.780%. o en agosto de 2013, que lo elevaron en otro 18,77%.

Aquí no acaba todo. El Ministerio del Interior tiene previsto comprar 700 vehículos que se para renovar los actuales en el “plan de refuerzo y reforma de la policía nacional” de 2017-2020, un nuevo dispendio en material policial que sorprende, sobre todo, si tenemos en cuenta, conforme a la Oficina estadística Eurostat y los propios sindicatos policiales españoles, según publica Publico, que España es el país de Europa que tiene más policías y, salvo raras excepciones, de todo el mundo, con 534 agentes por cada 100.000 habitantes, para una tasa de delitos de las más bajas de Europa (4846 delitos por cada 100.000 habitantes, frente a los 14.791 de Suecia, 9.678 de Bélgica o los 7.867 de Dinamarca.

Con todo, no parece que tengamos un nivel alto de alerta terrorista que justifique un aumento tan bárbaro del gasto en material policial, sino que contamos con una abrumadora cantidad de policías y con un desmedido interés en incrementar el gasto policial sin otro sentido que el de mantener un modelo de seguridad caduco y poco acorde con la realidad.

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