Archive for Empresas militares

Defensa e Iberdrola estrechan lazos

Por Elojeador

Fuente: Derecho.com

Que cuando Defensa predica que defiende los intereses de España más allá de las fronteras se refiere a las grandes empresas capitalistas, como Iberdrola, es una evidencia que no necesitamos argumentar mayormente.

Y es enternecedor el modo tan arrebatado en que las grandes empresas devuelven el favor a Defensa.

El caso de Iberdrola nos permite encontrar un ejemplo más (¡uno más!, no una rara avis) de la simbiosis “Defensa” y, pongamos por caso, nuestro oligopolio eléctrico.

En Resolución 420/38234/2017, de 6 de octubre, de la Secretaría General Técnica, se ha publicado la Adenda de modificación y prórroga al Convenio Marco de Colaboración entre Defensa e Iberdrola, SA.

¿Colaboración en qué, nos preguntamos ante un matrimonio tan peregrino? Según la adenda, “para el desarrollo de actividades de formación, investigación y difusión del conocimiento”, algo en lo que, como se sabe, Defensa e Iberdrola, tienen una de sus máximas prioridades.

El convenio entre la eléctrica y Defensa es de 29 de septiembre de 2015, pero les ha debido ir muy bien, por lo que han acordado mejorarlo.

El citado convenio (ahora prorrogado) se puede descargar aquí.

Dejando aparte la parafernalia declarativa del Convenio de 2015, éste se estableció para financiar por parte de Iberdrola (cláusula segunda):

  • actividades de formación, como seminarios, ciclos de conferencias, jornadas formativas y publicaciones destinadas a Defensa
  • Realización conjunta de proyectos “relacionados con el objeto del convenio” (lo que es no decir nada)
  • Cooperación mutua en el uso de instalaciones
  • Cuantas actividades sean consideradas de interés mutuo.

Además, “Iberdrola podrá presentar ciertos proyectos concretos a la Fundación Iberdrola España para que esta decida acerca de su desarrollo y siempre y cuando estos se ajusten al contenido de su plan director“.  ¿Qué quiere decir?  Difícil saberlo.  Parece como que Iberdrola podría pedir a su Fundación que financiase proyectos para Defensa.  Es decir, cooperación para que los “formandos” de estos actos identifiquen defensa con Iberdrola y cualquier otra cosa que se les ocurra. ¿Cabe mejor alianza?

Como es habitual en este tipo de acuerdos, se declara que no conllevará gasto para ninguna de las partes. Pero entonces… ¿quién corre con los gastos que origine?

En suma, un abrazo de intereses que ejemplifica la fusión de una defensa cada vez menos parecida a la defensa de lo que la gente quiere defender y un oligopolio cada vez más parecido a lo que nos quieren meter a calzador como interés general.

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Tejemanejes en HISPASAT para asegurar su control desde el Ministerio de Defensa

Por Bethany Weeks

Fuente: Merca2

La industria militar española, en gran parte, pertenece al sector público o guarda con éste estrechas relaciones de dependencia y complicidades de intereses.

Es el caso de Hispasat, por ejemplo, que inicialmente tenía un porcentaje de su accionariado muy importante en manos del INTA, un instituto autónomo militar que actúa como una empresa y de la que el 100% de su propiedad está en manos del Ministerio de Defensa.

Defensa, en un momento dado, quiso hacer pasta pero sin perder el control de Hispasat, para lo que vendió el 16´4% del accionariado en sus manos a un amiguete que le endosó 172´5 millones de euros a cambio.

El amiguete, la empresa Abertis, que tras la compra de las acciones de INTA controlaba el 57% del total de las acciones de Hispasat, se fue haciendo con más y más accionariado de aquella, hasta acumular el 90´7% de sus acciones en julio de 2017.

Aclaremos que el negocio principal, al menos el oficial, de Abertis es la gestión de autopistas, algo que poco tiene que ver con los satélites, que es a lo que se dedica Hispasat, y con la industria militar, otro de los fuertes de Hispasat.

HIspasat a  su vez propietaria principal de Hisdesat, (43% de su accionariado, que comparte con el 30% de ISDEFE, el 15% de Airbus., el 7% de INDRA y el 5% restante de SENES, todas ellas de las grandes de la industria miliar española) que fabrica satélites militares.

Aclaremos que Hisdesat, junto con otras lindezas, es propietario de los satélites Spainstat y X-tar EU, que porveen de comunicaciones a las múltiples operaciones militares en el exterior.

El SpainSat, lanzado en 2006, permite las telecomunicaciones entre las diferentes misiones de las Fuerzas Armadas Españolas en el extranjero. Da cobertura sobre una amplia zona que va desde Estados Unidos hasta Sudamérica, pasando por África, Europa y Oriente Medio. Su servicio incluye la cobertura a labores humanitarias, seguridad e inteligencia, operaciones militares, envío de imágenes, servicios a embajadas y comunicaciones gubernamentales de España.

El Xtar-Eur, operativo desde 2005, está operado por Star y presta servicios de comunicaciones y sirve a las necesidades de defensa de los Estados Unidos y países aliados, opera como satélite redundante del SPAINSAT, ante fallos de este

Hasta aquí todo normal, porque amiguete no come amiguete, pero parece que las cosas han variado, porque el mundo de los ricos es el mundo de la jungla, y la empresa italiana ATLANTIA (también dedicada a la gestión de autopistas y a la gestión de aeropuertos como negocio principal) ayudada por el Banco Santander, ha lanzado una OPA contra ABERTIS, con lo que el tinglado de Defensa y sus amiguetes se pone en peligro, lo que ha hecho que maniobre Defensa. Dice la noticia que comentamos que esta semana ha habido :

reuniones de urgencia entre los secretarios de Estado de Fomento Julio Gómez-Pomar y de Defensa, Agustín Conde Bajén, con objeto de evitar que estos activos estratégicos caigan en manos extranjeras. Más concretamente, evitar que caigan en manos de la italiana Atlantia.

La cuestión es que Defensa prefiere que las acciones de Abertis queden en manos de una empresa española, más manejable y dependiente del interés del Ministerio de Defensa, en realidad una especie de dueño del tinglado por empresas amigas interpuestas y generosamente recompensadas.

Por eso ahora han elegido a Red Eléctrica Española, para que se quede con las acciones de Abertis en Hispasat, otra vez amiguete al canto, y esta vez del oligopolio eléctrico, porque parece evidente que los oligopolios tienden, por una especie de la ley de la gravedad económica, a atraerse mutuamente.

 

 

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El Ministerio de Defensa y El Corte Inglés la lían en Salamanca

Por Salamanca RTV

Fuente:  El Norte de Castilla.

Informa el Norte de Castilla de un enredo urbanístico donde aparecen el Corte Inglés, el gobierno municipal de Salamanca (del PP) y el Ministerio de Defensa.

Pregunta el Diputado Juan López de Uralde, de Equo, en el Congreso por dicho jaleo y, sobre todo, por el papel de Defensa en todo ello.

Al parecer, El Corte Inglés edificó un centro comercial en los antiguos terrenos de un cuartel militar en Salamanca, y al hacerlo, se pasó tres pueblos y construyó más de lo que autorizaba la normativa helmántica.

En su día tiraron el cuartel de Infantería “Julián Sánchez `El Charro”  para construir un Corte Inglés, según reflejó ABC, gracias a un convenio de colaboración entre Defensa y el Ayuntamiento de Salamanca y, pásmense, el propio Corte Inglés. Un acuerdo que, dice ABC, llevaban negociando 18 años de nada.

El proyecto inicial hablaba de construir tanto el centro comercial, como viviendas, un espacio ajardinado, un centro cultural y un campo de fútbol, que así de grande debía ser este espacio.

El Ayuntamiento tuvo que acometer una remodelación urbanística en toda regla para que el proyecto se llevara a cabo y, oh sorpresa, cuando se dieron cuenta, el Corte Inglés había edificado “de más” para su mega centro comercial, dejando en agua de borrajas el resto del proyecto.

Entonces, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla León modifican provisionalmente el plan urbanístico para favorecer a El Corte Inglés en su trampa. Es aquí cuando empieza una batalla judicial que conlleva una sentencia donde se dice que El Corte no se ha cortado en sortear la legalidad y que no cuenta con licencia para lo realizado. Gracias a procedimiento iniciado por EQUO el asunto llega al Tribunal Supremo, que anula el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca aprobado por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, por favorecer los intereses particulares del centro comercial, en contra del interés general de la ciudad.

Para complicar más las cosas, El Corte Inglés parece que se cabrea y amenaza al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla León con pedirle más de 150 millones de euros si no logra arreglar el asunto a favor de sus intereses, según nos informa Salamanca 24 horas,  manifestando que “si tiene que cerrar su centro comercial en Salamanca, tendría que cobrar 3,3 millones por la urbanización de la zona, 93 por el edificio de los grandes almacenes, 4,3 por la construcción del centro cívico, 31 por la pérdida patrimonial de un terreno depreciado, 8 por los gastos que supuso la apertura del centro comercial, 4,8 por la demolición que habría que acometer, 3,2 por las tasas e impuestos abonados, 2,2 por la parcela del campo de fútbol Neme que fue parte del convenio urbanístico y casi medio millón de euros por las costas judiciales”. Y a la vez otros gastos hasta 150 millones de euros por  “el coste de la extinción de los contratos de los trabajadores, el coste de los contratos vigentes con proveedores de productos, el lucro cesante por el cierre del centro comercial, el traslado a otros terrenos, gastos financieros, honorarios de abogados y notarios e incluso daños morales”.

Entonces el ayuntamiento del PP tiene la ocurrente idea de sortear de nuevo la ley también creando ad hoc una normativa provisional para saltarse el fallo de la sentencia, cambiando la edificabilidad de la dotación del Corte Inglés en detrimento de los otros usos, lo cual una vez desvelado no deja de ser una alcaldada más, eso sí, aprobada en el pleno municipal “por unanimidad” según desveló el medio 20 minutos en 2014.

Total, que con tanto pasteleo, en vez de cumplir la orden judicial, el ayuntamiento, denuncia Equo, intenta sortearla y los promotores de las denuncias judiciales siguen denunciando a la justicia este claro caso de desobediencia a lo que dicta un tribunal (que por cierto no tiene el mismo tratamiento ni merece los mismos improperios que suele verter el PP cuando quien incumple es otro). Hete aquí que los promotores de las denuncias judiciales, los verdes de Salamanca, ponen el enjuague en conocimiento del diputado López de Uralde, que a su vez ha preguntado a la Ministra de Defensa qué parte tienen (si es que la tienen) de conocimiento y/o complicidad en todo esto y, lo que es más enjundioso, si pretende el ministerio exigir compensaciones por la no dedicación del terreno a lo que se había aprobado.

Al margen de este asunto, otros aspectos más nos interesan.

1 ¿Qué tipo de convenio hizo Defensa con el Corte Inglés y el Ayuntamiento de Salamanca, para temer que ahora puedan pedir pasta?

2 ¿ Fue una venta?, ¿una permuta?, ¿alguna otra fórmula onerosa donde se haya perdido dinero público en detrimento de Salamanca y a favor del ejército?

3 ¿Cómo es posible un acuerdo de índole inmobiliaria entre El  Corte Inglés y el Ministerio de Defensa?, ¿qué recibió a cambio Defensa?

4 ¿Por qué el empeño de que ahora Defensa de respuesta?, ¿es que hay algo que se nos haya escapado?

5 ¿Ha estado Defensa al corriente de todo este pasteleo?; ¿ha tenido algo que ver en el mismo?

6 ¿Va a obtener el Ayuntamiento de Salamanca los equipamientos que le han sido arrebatados por la actuación tramposa de El Corte Inglés y la no menos memorable actuación contra el interés general del ayuntamiento y de la Junta de Castilla León?

A nuestro parecer, preguntas que necesitan claridad, porque lo que parece es que entre unos y otros la han liado parda contra los intereses de la sociedad y deben responder de tal situación. Ya se sabe el dicho: Quod natura non dat, Salmantica non præstat.

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Los partidos “constitucionalistas” del régimen impiden que se vete la venta de armas a Arabia Saudí

 

Por Armas Bajo Control

Fuente: La Marea.

Pues sí que escuece este nuevo fiasco de los partidos del régimen, de la casta, del PPSOECIUDADANS, como los quieran llamar; de los partidos “constitucionalistas” como los llama, con una frase tan vaporosa como la cabeza de su publicista, el predicador Albert. Y no porque no lo sospecháramos, sino porque es en nuestro nombre que se consigue esta nueva vileza.

Ha sido la cosa que en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados se votó  un dictamen sobre venta de armas y aplicación de la legislación al respecto, y dentro de éste, una propuesta para que los partidos pidieran al gobierno el veto de la venta de armas a Arabia Saudí, ese gran aliado de las democracias reales y positivas, e Irak, ese otro adalid de la democracia.

Porque Arabia Saudí hace la guerra en parte gracias a nuestras armas (no sólo las nuestras, hay más señores de la guerra haciendo negocio) y es un clamor social y de las organizaciones sociales que esto deje de pasar. Y armas españolas han llegado, dicen varias ONG especializadas, a los terroristas de ISIS vía Irán.

Y la moción referida no ha salido, porque el acuerdo del PP, de Ciudadanos y del PSOE, el trío calaveras, han impedido la aprobación de la iniciativa.

Al famoso trío le sirve de perrillo faldero un PNV cada vez más siniestro, que se abstuvo en esta propuestas, frente al voto a favor del veto por parte de Unidos Podemos, ERC y PDCat.

Daría la impresión, es un decir, que el constitucionalismo que predican los amantes del orden no se extiende al reconocimiento del derecho internacional y los derechos humanos, pongamos por caso, como fundamento del orden público y del ordenamiento “constitucional”, o de la paz como valor a defender y promover, tal como proclama la constitución ahora tan en boga y, en fin, a tantas otras promesas proclamadas en la Constitución que restauró la democracia unitaria y que decaen ante el olfato a negocio de nuestros egregios lacayos.

Decía la convocatoria de la Comisión de Defensa donde ha ocurrido esta felonía que se convocaba para

 Dictaminar, a la vista de las propuestas de resolución que han presentado los distintos Grupos Parlamentarios, acerca del Informe sobre “Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2016”, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

Por si alguien tiene morbo puede seguir el desarrollo de la sesión en el canal parlamentario del Congreso de los Diputados. Lamentablemente, no hemos sabido enlazarlo en esta entrada.

Pongamos algunas reflexiones que dijeron los diputados:

“cambian los gobiernos, pero todos priorizan la venta de armas por encima del respeto de los derechos humanos e incluso del derecho penal internacional ”  (ERC)

O la señora Alconchel, del PSOE, que defendió su propia y muy genérica propuesta, que acababa pidiendo apoyo para la internacionalización de la industria militar española y su importancia en la generación de retornos para la sociedad. y  dijo ante la propuesta de incluir en cualquier moción la prohibición de venta de armas a Irak y Arabia Saudí,

O el portavoz del PP que alabó al sector industrial militar por su aportación a la economía de un porcentaje del PIB importante, pidiendo que se dejara a parte la ideología sobre si se debe vender o no y a quién este tipo de material.

El PNV, que añadió que tenemos una ley razonable y adecuada, pero que quieren mejoras de información y transparencia y mitigar el riesgo de abusos. Para él, significar a países concretos es inapropiado y hay que ir caso a caso.

Podemos propone que se controle rigurosamente la venta de armas y hacer valer el tratado de prohibición de armas para evitar la venta a países que puedan usarlas en conflictos o violando el derecho internacional, y piden que se vete la venta de armas a Arabia Saudí y a Irak para que no quede todo en un brindis al sol.

En cuanto a Ciudadanos, el más rigurosamente impresentable en la Comisión,  pide escapar del tinte ideológico que algunos grupos tienen  en tema de la venta de  armas y tener dos aspectos en cuenta: primero, el empleo, porque Ciudadanos estará siempre a favor de todo lo que genere empleo, diferenciándose así de otros grupos, Unidos Podemos y ERC, que piden que no se exporte a Arabia Saudí, cosa que afecta al trabajo en sitios como por ejemplo la bahía de Cádiz. Pero además quieren condicionar la venta de armas a otros países a controlar las exportaciones para impedir que se usen para fines contrarios a los derechos humanos, todo un brindis al sol cuando se prioriza el lucro propio sobre cualquier otra cosa.

Acaba Ciudadanos diciendo que sus prioridades son por este orden a: 1) el empleo , 2) la transparencia, 3) el cumplimiento de la ley y 4) los derechos humanos.

Total que se acabó votando con el consabido consenso en aprobar recomendaciones genéricas y sin compromisos concretos y desestimar una propuesta de recomendar el veto  de venta de armas a Irak o Arabia Saudí, en este caso con 8 votos a favor del veto, 24 en contra (PP, PSOE y Ciudadanos) y una abstención.

Lamentablemente, otro documento de recomendaciones buenistas y genéricas para que sigan las cosas como siempre, sin compromisos contrastables, igual que los informes de años anteriores, que sirven para guardar las apariencias y seguir vendiendo armas a países canallas. Eso sí, resguardando el trabajo de los que se emplean en la industria militar (muchos menos de lo que se dice) y los beneficios de sus accionariados (en este caso mucho mayores de lo que se sospecha).

A ver si en esto, como aspiraba el tal ribera en su moción para que los partidos constitucionalistas apoyaran al PP en su política (si es que se la puede llamar así) frente al desafío catalán, la ciudadanía toma nota de quién es quien y les pasa factura a estos grandes hombres de estado.

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EE.UU. quiere hacerse con 1.000 misiles de nueva generación y capacidad nuclear

Por Duncan Monk

Fuente: La Jornada Net.

Nos informa el periódico bolivariano La Jornada, haciéndose eco de una noticia de Reuters, que la armada de EE.UU ha contratado a las empresas Lockheed Martin y Raytheon en contratos de 900 millones de dólares cada una, para desarrollar el nuevo prototipo de misil de crucero (con capacidad nuclear) que sustituyan a los actuales AGM-86B.

Así, la previsión es una vez se desarrollen los “prototipos” ahora encargados, hacerse con aproximadamente 1.000 nuevos misiles de larga distancia,  de los cuales una parte tendría capacidad nuclear y el resto se usarían para pruebas y recambios, por un valor total estimado de unos 10.000 millones de dólares, según afirma un portavoz del Pentágono. ¿Qué no sería capaz de hacer lo mejor de la sociedad de EE.UU. con 10.000 millones de dólares enfocados a la paz y al desarrollo humano?

Esta inversión, que de por sí parece escandalosa, se queda en una menudencia si tenemos en cuenta que la pretensión de renovación del arsenal nuclear de EE.UU. (por cierto, algo previsto mucho antes de que Corea del Norte desencadenara el actual alarmismo nuclear con los ensayos atómicos de hace unos días y una muestra de la sorda pero constante política agresiva de EE.UU.) se prevé en más de 350.000 millones de dólares para la próxima década, cantidad que incluye no sólo la renovación de las ojivas y los cohetes, sino también la de los aviones, submarinos y otros artilugios implicados en la defensa nuclear americana (artilugios antiguos que previsiblemente venderán a terceros urgidos de medios sofisticados de defensa pero de segunda mano).

Vemos aquí una de las claves del estímulo de las armas nucleares y del armamento altamente sofisticado. Mueve mucha pasta y atrae negocios estratosféricos ante los que resulta perjudicada la razón de la paz, siempre mucho menos lucrativa, a corto plazo, para la codicia de los mandamases.

Tal vez ello explica negocios como, por ejemplo, la anunciada venta de armas altamente sofisticadas de EE.UU. a Japón  Corea del Sur, nuevos clientes atrapados bajo las redes de la inseguridad generada por la lógica militarista. Según informa Expansión,  el propio Trump lo ha anunciado en Twitter

Voy a permitir a Japón y a Corea del Sur comprar una cantidad sustancialmente mayor de equipos militares altamente sofisticados de Estados Unidos

O el despliegue de un portaaviones nuclear en el mar de Corea, según el diario canario La Provincia.

O la anunciada venta de material bélico altamente sofisticado a Arabia Saudí por parte de EE.UU. por algo más de 100.000 millones de dólares, de la que nos informó El País en Mayo.

O… tantos otros ejemplos similares que involucran a las principales potencias exportadoras de armas.

O, por si algo nos faltara, el espectacular aumento de la venta de armas a nivel global de la que nos informaba la prensa en Febrero de 2017.

Al fin de cuentas, fomentar el miedo y fabricar peligros y enemigos permite justificaciones simplistas a la fabricación de armas. Y las armas que se fabrican encuentran rápidamente mercado en los gobernantes de diversos países y Estados, aunque este macabro mercado cree las condiciones para una escalada de miedo, de más peligro, de más armas y más inseguridad global, con la posibilidad incluida de guerras, todo ello enriqueciendo por la puerta de atrás a unos cuantos que sabe aprovechar las condiciones de este negocio de muerte.

De modo que el arsenal nuclear de EE.UU, aparece además como un eficaz motor del engranaje que necesita el complejo militar-industrial para el desarrollo de su plan de ventas:

1) difunde el miedo y la inseguridad,

2) justifica la inversión con el dinero de todos en crear armas de tal letalidad y

3) promueve un clima global donde la lógica de violencia y dominación se impone y los Estados cautivos se vuelven clientes de la industria militar.

Porque a fin de cuentas, el principal interés de las armas nucleares no es usarlas, lo cual puede ocurrir no obstante, sino servir de punta de lanza a la industria militar “limpia” en un mundo que ha globalizado la inseguridad y la amenaza de guerra y que exporta como receta el peor de los venenos: una venta de armas que hace a las sociedades cautivas de tal obsesión y las empobrece en detrimento del verdadero desarrollo y de la paz basada en la cooperación y la justicia.

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Colaboración universitaria con la industria militar

Cartel+I+Feria+Inform%C3%A1tica

Por Gotesan

Fuente: Infodefensa

Quienes suponen que la universidad debe ser un lugar para promover la cultura y lo mejor que podemos dar al género humano en cuanto a transmisión de conocimientos, pueden verse apesadumbrados cada vez que se enteran de que una universidad cualquiera se convierte en apéndice de la industria militar y colabora creando sus ingenios mortíferos.

Es el caso, en nuestro ejemplo de hoy, de la Universidad Carlos III, de Madrid, que ha firmado un acuerdo con Navantia, uno de los sumideros por donde la industria militar nos arruina con deuda perpetua, para diseñar el sistema Scomba de las fragatas F110 que Navantia está fabricando (por cierto, unas con vistas al ejército español y otras con vistas a venderlas a civilizados países como Arabia Saudí, nuestro gran cliente).

El Departamento de informática de la Universidad, a través de su grupo de investigación de inteligencia artificial aplicada, será el encargado de ensuciar el prestigio de la Universidad abrazándose con el militarismo más rancio y belicoso.

Ya lo ven, la cultura de la defensa, en el criterio compartido de Defensa y la Universidad, no pasa por culturizar la defensa, sino por militarizar la cultura.

Nos podremos preguntar si en el curriculum de los investigadoras que colaboren con esta aplicación militar podrán poner, por ejemplo, calaveras negras, una por cada mil individuos agraciados con el soporte mortífero de estos aparatos, para así darse mayor prestancia. ¿O contarán con una mención del tipo “ayudé a que Arabia Saudí engrandeciera su idea del poder en las siniestras guerras donde utilizó el fruto de mi esfuerzo”?

Tal vez otros profesores de esta universidad, por ejemplo los del instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, también dependiente de la Universidad Carlos III, podrían modificar el programa para justificar la guerra como un derecho humano en consonancia con la colaboración a la misma que ya prestan otros departamentos universitarios.

Sería todo un bonito ejemplo de integración de saberes y una buena mordaza para las conciencias más críticas.

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Siempre se puede empeorar (en lo militar, nos referimos)

Imagen de Leandro Fridman

Fuentes:  El Mundo y Defensa.com.

Hay noticias del mundo militar que te dejan un regusto inquietante de incertidumbre, pero de incertidumbre de mal augurio.

La primera noticia:  “Trump estudia privatizar la guerra en Afganistán” nos lleva a un nuevo universo conceptual.  La guerra ya no es asunto de las naciones estado, ya no es algo patriótico frente al enemigo extranjero.  Ahora la guerra puede ser algo privado, dejada en manos privadas.  Y recordamos que los privados tienen otras necesidades y otros objetivos que son distintos a los de las naciones.  A ellos, a los privados, les da igual el patriotismo y sólo piensan en el negocio.

Que Trump piense en privatizar la guerra de Afganistán nos pone en lo que ya era evidente pero no tan palpable, la guerra como un negocio.  Un sucio y vil negocio, ni más ni menos.

Hablar de empresas privadas es un eufemismo.  Podrían haber titulado:  “Trump estudia contratar mercenarios para la guerra en Afganistán”, pero … sonaría más incorrecto.

Los asesores de Trump

han nombrado a dos conocidos mercenarios y empresarios para crear el plan en cuestión, cuya finalidad es propiciar que corporaciones militares privadas se encarguen de la contribución de Estados Unidos en Afganistán, que en estos momentos ronda los 9.000 hombres entre tropas regulares y de las fuerzas especiales, el entrenamiento de las fuerzas de seguridad afganas y la comandancia de las operaciones bélicas.

El primero es Erik Prince, fundador de la empresa Blackwater, la cual en su día fue expulsada de Afganistán por el ex presidente afgano, Hamid Karzai, pero que aún y así la utilizó para su seguridad personal, y que se hizo tristemente famosa por haber luchado junto al ejército norteamericano durante el conflicto en Irak, donde fueron acusados, en numerosas ocasiones, de asesinar a civiles desarmados y cometer crímenes de guerra. El segundo es el propietario de DynCorp International, Stephen Feinberg, una de las empresas de seguridad privada más importantes del mundo.

De esta manera, Prince y Feinberg han creado un plan “más barato y mejor que el del ejército”

Y he aquí la clave:  privatizar la guerra no es una estrategia para llegar antes a la paz, es una estrategia para mantener las guerras de forma más barata.

A Trump no le importan las múltiples acusaciones que han tenido los mercenarios que han acompañado a las tropas yankis.  Sabe que casi nunca quedan en nada grave

Hace medio año escribíamos una entrada titulada:  Las 17 razones para la guerra continua en Somalia y el negocio privado que conlleva.  En dicha entrada, sorprendidos, hablábamos de otra estrategia de empresas de mercenarios.  Esta es mucho más elaborada.  Consiste en entrenar a las fuerzas armadas del país por medio de asesores desarmados y sin cobrar nada.  La segunda parte del plan es la que capitaliza el trabajo anterior ganando dinero mediante la reconstrucción del país o de zonas del país cuando la zona ya está “pacificada”, decíamos:

La segunda parte del artículo trata sobre las compañías de seguridad privadas que intervienen en la guerra de Somalia.  Aunque sólo informan de una: Bancroft Global Development empresa creada por un nativo de Virginia (EEUU), Michael Stock, en 1999:

  • comenzó proveyendo “expertos en misiones” extranjeros –que reciben el apodo de mentors en Bancroft, mentores en castellano– a las tropas de la AMISOM establecidas en Somalia. Sus servicios fueron inicialmente contratados por Uganda en noviembre del 2007 y seguidamente de Burundi en agosto del 2008, utilizando la financiación estadounidense para ello.
  • luego, el ejecutivo de Barack Obama identificó las actividades mentoras de la firma Bancroft como un factor determinante de éxito y comenzó a financiarlas directamente y no a través de países terceros de la misión africana. El contrato millonario entre el gobierno y la compañía de Virginia se cerró a comienzos de 2010. En el presente, la Associated Press estima que EEUU gastó unos 206.000 millones de dólares en subcontratos similares tanto en Iraq como en Afganistán, entre el 2002 y el 2011.
  • Bancroft, a diferencia de Blackwater, que arma a sus “mentores”, parece respetar el embargo de armas impuesto por la ONU en Somalia, ya que su personal –en su mayoría veteranos de guerra procedentes de cuerpos de élite norteamericanos o europeos– no porta armas, lo que según ellos les expone a un peligro aún más inminente que les hace confiar su protección a las fuerzas africanas que entrenan.
  • todas las empresas del sector tienen como común denominador la táctica contrainsurgente y el combate de guerrillas en zonas de conflicto que ocasionan alta mortandad o del complejo medio físico.
  • En realidad, su fundador y actual propietario de tan sólo 36 años decidió constituirla en dos firmas con misiones desiguales.
  • Por un lado, Bancroft Global Development es una organización que se proclama sin ánimo de lucro, y busca la estabilización de una zona determinada en conflicto armado utilizando el ya clásico modus operandi de operar “por, con y a través” de las fuerzas armadas locales u oficiales –o más bien, aquellas que decidan contratar sus servicios importando poco su legitimidad–, lo que en Somalia significa asistir al personal de la Misión de Paz de la Unión Africana principalmente, y también a la policía nacional somalí –compuesta en gran porcentaje por antiguas milicias de ciertos señores de la guerra que ahora respaldan al Gobierno de Transición–.
  • En el otro extremo se halla la vertiente lucrativa de Bancroft, aquella que genera ingresos y mantiene al barco de Michael Stock a flote. La razón de ser de Bancroft Global Investment es la de, literalmente, capitalizar el éxito militar de las campañas que lidera en la AMISOM, invirtiendo en la reconstrucción del país o de la región una vez pacificada, en lugares donde nadie más se atrevería a arriesgar su dinero, como ya haya hecho en el pasado en Afganistán. Sin embargo, la inversión en Real Estate –inmobiliaria– no sólo se lleva a cabo a posteriori, sino también durante el momento de la conflagración, como así muestran las anteriores experiencias bélicas de la firma.
  • A finales de los años 90, Stock se marchó al Sahara Occidental donde le impresionó que el gobierno de Marruecos aún no se hubiera encargado de desmantelar las minas antipersona que permanecían enterradas bajo la arena, visualizando la idea mater de lo que sería Bancroft. En sus primeros pasos, operó en Afganistán donde mediante un socio local formó una pequeña sociedad –Mine Pro.- que entrenaba a perros detectores de minas al mismo tiempo que se dedicaba a hacer un poco de todo, desde reparar coches a cañerías.

En definitiva, lo que hacen Bancroft y Michael Stock es una nueva versión del negocio de la guerra:

En una reciente entrevista, Stock aseguraba que él no se dedica a hacer la guerra en el país más oriental de África, sino a “buscar la paz, reconstruir una ciudad, un país que lo ha perdido todo en términos de educación, economía y sanidad”, pues para él las posibilidades de negocio son infinitas en un lugar donde hay que empezar de cero, una idea que le ha llevado a levantar un monumental hotel fortificado al pie de la playa de Mogadiscio, donde se resguardan los altos cargos somalís y el personal diplomático. El resort, al que han llamado International Campus, cuenta con una piscina como la mayoría de los hoteles de playa del mundo, solo que en éste cuando llueve, llueven balas y metralla. Más allá de las vistas del Índico, también dispone de un búnker, un hospital y algo similar a un autoservicio de equipamiento y reparación militar a lo Mad Max.

También tiene como objetivo:  la creación de una fábrica de cemento que se encargue de cimentar el nuevo Mogadiscio

El final del artículo se abre, brevemente para nuestro gusto, a las críticas:

Oponentes de estos contratos claman que estas compañías no son más que mercenarios modernos a sueldo y que se hallan efectivamente por encima de la ley en los países en los que son contratados. Estos contratos se realizan siempre en un marco de dudosa legitimidad ética y moral, pues operan en los lugares más inestables del globo, en estados fallidos y débiles en los que el poder de estas corporaciones privadas y su capacidad organizacional pueden llegar a anular con creces al del gobierno local. Las operaciones de otro de los grandes proveedores de seguridad privada, G4’S, en Sudán del Sur, son un caso a tener en cuenta en este sentido. También se les acusa frecuentemente de implementar de manera tácita y encubierta las directrices de la política exterior estadounidense.

La segunda noticia que nos llama hoy poderosamente la atención se titula:  “La operadora privada ATAC compra 63 Mirage F-1 a Francia”.

La empresa ATAC pertenece al grupo norteamericano Textron (con varios intereses militares) y adquiriría los 63 Mirage por 300 millones de €.  Estos aparatos se encontrarían en una base francesa de reparaciones desde que en 2014 fueron dados de baja.

Parece ser que los quieren para entrenamiento (haciendo el rol de agresores) en combates simulados con cazas yankis.

Fuentes francesas anuncian que sus industrias participarán en la puesta a punto de los aparatos a los que calculan que les pueden quedar otros 15 años de vida útil.  (Fíjense qué curioso, estos cazas puede duplicar su vida útil si no es para la defensa propia, sino para entrenamiento, lo cual desdice bastante el ciclo de vida útil que se suele calcular para estos aparatos).

Pero toda la noticia es impactante:  una empresa privada va a tener o tiene ya una capacidad militar aérea muy superior a la de muchos países.  Evidentemente, esta empresa ganará dinero.  ¿Cómo?  Pues suponemos que cobrando al Ministerio de Defensa de EE.UU. por su papel en los entrenamientos.  Suponemos que el propio Ministerio de Defensa yanki podría tener aparatos ya no de primera fila para hacer esta labor, así daría trabajo a sus propios militares poniéndolos a puntos y se ahorraría contratar a una empresa privada, lo cual suponemos que ha de ser más caro.  Sin embargo, Trump prefiere privatizar este aspecto del entrenamiento de sus propios cazas con mercenarios extranjeros.

Tanta privatización hace dependiente a la principal potencia militar del mundo, lo cual no deja de extrañarnos.

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Empresas promotoras de la guerra

Por Xurxo Martínez

Fuente: La Marea

Es de sobra conocida la vinculación de las empresas más feroces del capitalismo y las guerras.

Tan evidente y tantas veces explicado desde diversos ángulos del conocimiento que resulta hasta innecesario explicarlo al detalle.

Ahora se da un caso en el que una multinacional de matriz española, REPSOL, una petrolera del capitalismo extractivista y demoledor que sufrimos, está en el punto de provocar una guerra por sus lucrativas actividades,

REPSOL está en un proyecto para extraer gas natural nada menos que en una zona de disputa territorial entre China y Vietnam.

Vietnam ha concedido a REPSOL su aquiescencia a que REPSOL perfore y explote el yacimiento, pero ocurre que China disputa este terreno a Vietnam y no acepta las disposiciones vietnamitas.

¿Y REPSOL que hacía mientras tanto?

Pues se hacía la loca, como si la cosa no fuera con ellos.

Las cosas llegaron a un grado en el que el gobierno chino amenazó al vietnamita con el uso de la fuerza para paralizar la actividad de la multinacional petrolera y, de momento, los vietnamitas han ordenado a REPSOL que no siga con sus actividades.

Según la BBC

La semana pasada las autoridades vietnamitas ordenaron a la petrolera que pusiera fin a sus perforaciones en una zona reivindicada por China después de que el Gobierno chino amenazara con lanzar un ataque para cancelarlas por la fuerza

REPSOL ha respondido a los periodistas de La Marea que no tiene nada que decir, bonita manera de decirlo todo.

El gobierno español, contra lo que se supone, si tiene algo que decir:

“el gobierno sigue de cerca el caso y mantiene una “estrecha relación con Repsol”. Sobre el conflicto entre China y Vietnam, Exteriores responde que “España no entra en controversias que pueda haber entre estados ribereños del Mar de China” y defiende que “las diferencias deben ser resueltas de modo pacífico”.

Por entendernos es neutral a medias, pues defiende que se resuelvan pacíficamente las controversias (lo cual es como no decir nada, porque es precisamente eso lo que dice la legislación internacional), pero “mantiene una estrecha relación con Repsol y sigue de cerca el caso”, algo así como que están pendientes para ayudar a Repsol (no a China o a Vietnam).

Podría pensarse que REPSOL es un convidado de piedra en todo este embrollo, pero no es así, porque en las aguas cercanas a las que ahora agujerea (agujereaba hasta hace unos días) anteriormente a que REPSOL entrara a hacer de las suyas, las armadas de China y Vietnam ya habían protagonizado encontronazos militares en 2014, lo que demuestra que REPSOL entraba en un avispero sabiendo dónde se metía.

La noticia que nos ofrece La Marea, remata la jugada diciendo que

En los últimos años Repsol ha sido protagonista de otros enfrentamientos entre gobiernos. El más relevante tuvo lugar en 2012, cuando la diplomacia española lanzó una ofensiva contra Argentina como respuesta a la nacionalización de YPF, hasta entonces perteneciente a la petrolera española cuyo máximo ejecutivo es Josu Jon Imaz (ex presidente del PNV).

No hace falta ser una multinacional de EE.UU para formar parte de las empresas capitalistas que desestabilizan la paz. REPSOL es un ejemplo, un mal ejemplo en este caso, de anteponer los intereses lucrativos a la seguridad mundial y de ensuciar el planeta, no sólo con su nefasto negocio, sino con su pésima ética.

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Los engaños en la renovación de los cazas españoles

Imagen de Airman Magazine

Una de las muchas peculiaridades de nuestro modelo de defensa es su dependencia de sistemas de armas que aúnan tres de las peores características posibles, pues

1) tienen unos costes muy elevados tanto en su diseño y fabricación como en su vida útil,

2) su entrega siempre se hace demasiado tarde y en condiciones tecnológicas superadas, por lo que hay que estar constantemente introduciendo mejoras de nuevo a costes elevados, y,

3) en el mejor de los casos, se acaban volviendo obsoletas sin llegar a hacerse un uso significativo de ellas, con lo que hay que volver periódicamente a sustituirlas por otros sistemas de armas más modernos que, de nuevo, vuelen a caer en el mismo círculo vicioso.

Es el caso de los actuales aviones de combate Harrier de la Armada española y del Programa de Futuro Avión de Combate (FACA), actuales F18, ambos ejemplos esclarecedores de los que parece que no vamos a aprender.

Los aviones de despegue vertical HARRIER.

La compra de los Harrier se hizo conjuntamente entre los ejércitos de EE.UU., Italia y España, para abaratar costes.  En 1983 España adquirió a McDonnell Douglas estos aviones de despegue vertical para dotar al portaaviones español Príncipe de Asturias. Los 12 primeros aviones se entregaron en 1988.  Las siguientes 8 unidades en 1993 (se encargaron en 1990) y en el año 2000 empezó el programa de “actualización” y modernización de estos aviones de guerra.

Su vida útil se preveía que se agotara en 2024 y fueran dados de baja, pero el año 2015, un memorando de entendimiento con la empresa fabricante, prolongó la vida de estos aviones hasta 2034, introduciéndose más adelante en los presupuestos generales de 2016 una partida de 47´6 millones de € para modernizar los AV-8B, que tras la modernización pasarán a ser los AV8B Harrier Plus, dotados con un mando multimodo AN/APG-65.

En la actualidad contamos con 16 de estos aparatos, 12 en pleno servicio y 4 declarados de baja a la espera de una nueva actualización. Una de sus grandes proezas ha sido participar en la operación “Deny Flight” en Bosnia Herzegovina.

Actualmente operan en el LHD Juan Carlos I, un portaviones que deja de ser útil si no lleva aviones de despegue vertical y cuyo coste superó los 500 millones de €.  Así, de no contar con los Harrier o con otros aviones que los sustituyan, tendríamos un portaviones que descendería de categoría si no cuenta con aviones de despegue vertical (pasaría a ser portahelicópteros) y los únicos que para la Armada cumplen las condiciones necesarias son los F-35.

El Programa FACA, los famosos F18 del ejército español

El programa FACA dio a España, igualmente con prolongados plazos de entrega, los 96 aviones de combate F-18 que compró (24 de segunda mano) y que deberán ser sustituidos en 2025, al llegar a las 7.000 horas de vuelo.  Actualmente se mantienen en uso 86 de estos aparatos, que también han ido sufriendo mejoras en el largo período de su uso.

La apuesta por los F35

Con todo, el ejército y la armada apuestan por comprar 60 F35 Lightning II (Relámpago) de Lockheed Martin para sustituir a los F18 y los Harrier actuales.

Por otra parte, las noticias en prensa son contradictorias. Unas afirman que hay conversaciones con el fabricante Lockheed Martin para su adquisición a un precio asequible. Pero otras dicen que Defensa los descarta.  La alternativa serían los Eurofighter europeos, en cuya fabricación participa España.

Desde los defensores de la compra se piensa en un número de entre 45 y 50 aviones para el ejército del aire y 15 para la Armada, según informa El País.

El competidor, el Eurofighter europeo y español.

España se ha gastado ya 10.600 millones de euros en el avión de combate europeo, Eurofighter, que parece ahora que no va a comprar.

Por lo tanto, la opción por comprar el F-35 no dejaría retornos en la industria española y, nuevamente, la política industria española estaría en entredicho dado que hace años se optó por el Eurofighter y ahora se abandonaría este multimillonario proyecto por falta de previsión y planificación rigurosa.

Además, la opción Eurofighter también está muy cuestionada en los últimos tiempos.  Así, por ejemplo, Austria ha renunciado a su flota de Eurofighter.

Las más que fundadas dudas sobre el F-35:

Pero esta asombrosa adquisición tiene algunos datos añadidos que conviene no perder de vista;

  • El gasto que se prevé que realice España por los F35 superará los 6.000 millones de euros en un escenario optimista en el que los aviones bajen de precio. Y para la compra de entre 60 y 65 unidades.  La estimación nos parece dudosa porque Australia estimó en 2014 que iba a comprar 75 unidades por 11.600 millones de dólares.
  • El programa F-35 ha costado ya a USA, en 2013, 395.000 millones de dólares.
  • Hay noticias que hablan de un precio de hasta 120 millones de € por aparato. Aunque si somos serios y realistas, actualmente, el precio se encuentra en los 206’3 millones de dólares, con todo instalado.  Eso sí, están esperando que cuando el avión entre en plena fase de producción, en 2019, su precio baje a una horquilla entre los 80 y los 110 millones de €, aunque estas cifras parecen cada día más inverosímiles:  en la anterior remesa vendida, en 2012, el precio medio fue de 213 millones de €, con una bajada de sólo un 5 %.
  • El precio que se maneja por los comentaristas en Defensa, habitualmente no incluye el motor, lo cual, aunque sorprendente, es una práctica bastante habitual en este tipo de contratos. El motor se calcula que puede estar alrededor de 23’03 millones de dólares por unidad.
  • El precio que maneja la prensa tampoco incluye las mejoras y modernizaciones que explicábamos antes y que son imprescindibles para cualquier avión de guerra. Mejoras y modernizaciones se calculan ahora en torno a los 32’07 millones de €, por cada aparato.
  • Otro precio del que no se suele hablar mucho es de los cascos de los pilotos de F-35: 400.000 $ por unidad.  Son cascos que sustituyen a las pantallas de datos del avión por la visera del casco y permiten una visión de 360º, gracias a 6 cámaras infrarrojas situadas en el exterior del avión.  Esta moderna tecnología también está teniendo problemas.  Así, cuando hay turbulencias, las imágenes tienen retardo y provocan mareos.  Tampoco funciona la función de visión nocturna que provoca un resplandor verde que oscurece las imágenes.  También funciona mal la capacidad de compartir datos con otros F-35, que sólo funciona bien con hasta 3 F-35.  Con 4 se producen problemas de comunicación que crean imágenes inexactas para los pilotos.   Si tenemos en cuenta que se calcula comprar entre 45 y 50 F-35, el monto total de los cascos de los pilotos será de, al menos, 18-20 millones de dólares.
  • Los problemas en la fabricación han sido continuos: por un lado, ha habido problemas en los motores, por problemas en los materiales de titanio que han provocado el incendio de algún motor.  También ha habido problemas por la fragilidad del casco del avión, por la maniobrabilidad en simulación de combate directo contra un F-16, por la vulnerabilidad a los ataques cibernéticos, también en 2013 tuvo fallos en la turbina del motor, …  A finales de 2013 se presentó una auditoría sobre el F-35  en la que se analizaba el grado de cumplimiento de la norma de calidad aeroespacial AS9100, “Sistemas de Gestión de Calidad Requisitos para Organismos de Aviación, Espacio y Defensa”.  El programa cuenta con 9 preseries en las que se van añadiendo nuevos adelantes.  Pero el informe es muy desalentador porque

el programa ha sido vuelto a revisar varias veces desde el 2001; la primera vez en 2004 por problemas de peso y rendimiento; en 2007 por aumento del coste y retrasos; en 2010 porque la JPO declaró que el programa excedía el aumento de los límites de los costes críticos establecidos por la ley Nunn-McCurdy; y que durante 2011 y 2012 la JPO realizó varias acciones para reestructurar profundamente el programa, con más financiación, ampliando los plazos de entrega y reduciendo los aviones a suministrar a corto plazo, retrasando la adquisición de 410 aviones hasta el 2017.

Además,

También indica que los datos de calidad muestran una ligera mejoría: en la primera preserie se necesitaron 972 acciones de calidad por avión; en la cuarta había disminuido a 859, representando una media de coste del 13,11%.

  • Con estos datos, no es extraño que las dudas hayan comenzado a aparecer. Canadá, en 2015 se retiró del programa.  Canadá es uno de los 9 socios del programa F-35 y su participación es del 2 %.

En la práctica, todos los países pertenecientes al consorcio que tiene previsto adquirir 2.400 aparatos –EE.UU., Australia, Canadá, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, Noruega, Países Bajos y Turquía- han expresado alguna vez sus dudas acerca de si acabarán cumpliendo sus respectivos compromisos de adquisición de la aeronave.

  • Como la descoordinación militar nunca para, la Marina estadounidense anunciaba en 2015 que no podrían cargar en el F-35, dado que no está adaptado, un nuevo tipo de bomba que quieren utilizar. Se trata de la bomba ‘Small Diameter Bomb II’ –SDB II, ‘Bomba de Pequeño Diámetro’- que es capaz de apuntar a objetivos móviles a distancias de hasta 70 km y podría estar listo en 2017. La SDB II se integra sin ningún problema en el F-35A de la Fuerza Aérea… pero no en el F-35B en su actual configuración.

 

Los ingenieros del F-35 se excusan aduciendo que no estaba previsto que la Marina usara también la bomba SDB II. Añaden que no supondrá mayor problema adaptar el compartimento del F-35B gracias al tiempo de siete años del que disponen. Además, prefieren esperar a que la SDB II esté totalmente desarrollada antes de efectuar cambios en la arquitectura del avión. Hasta entonces, tampoco podrán calcular el coste de la posible adaptación.

Es necesario llevar el debate a unos parámetros más racionales y menos militaristas.

Con los datos que aportamos antes, se puede ver que, para Defensa, el debate está posicionado en qué modelo comprar.  Ni se entra en discutir la alternativa:  ¿es necesario para la defensa de España comprar alguno de los modelos o cualquier otro?  No se debaten otros parámetros que son tan o más importantes.  Algunos serían los siguientes:

  • ¿Qué queremos defender y cómo? Estos serían los debates principales, los más importante, las clave.  Y en este debate intervendrían cuestiones tales como qué tipo de defensa necesita o quiere la sociedad española.  Sin embargo, en la política española no hay ni rastros de estos debates, que son los que cimentan toda la cadena de toma de decisiones.  ¿Quién se aprovecha de ello?  Los militares que, ante la falta de debate y decisión de la sociedad, siguen comprando armas sin ninguna cortapisa.
  • ¿Queremos una defensa ofensiva o defensiva? Porque los Eurofighter y los F-35 son armas eminentemente ofensivas, de ataque, de proyección como se dice ahora (invasión, como se decía antes).  ¿Podríamos estar más seguros, de una manera meramente defensiva comprando otros materiales o utilizando los miles de millones que vamos a gastar en cazas en el futuro para fomentar otro tipo de políticas más pacíficas y noviolentas que enfrenten de manera creativa y constructiva algunos de los problemas que tiene España como la emigración y la cooperación para el desarrollo de los países de nuestra ribera sur?
  • ¿Cuántos cazas necesita la Defensa Nacional? Actualmente tenemos 16 Harrier de despegue vertical y 96 F-18 (84 en uso).  El total son 112 cazas.  Ahora la horquilla se sitúa entre 60 y 65.  Es evidente que el número que teníamos antes era desorbitado, ahora se quieren comprar un 42 % menos.  Nos alegramos de la reducción del número de unidades, aunque suponemos que el coste será otro cantar.  ¿Son muchos, pocos, son suficientes, exagerados?  ¿Dónde está el debate y los razonamientos que ofrecen los militares?
  • Los vaivenes en la planificación de la política de defensa y en su política industrial. Hasta hace unos meses era incuestionable para los militares la necesidad de invertir en armamento propio (español o de la Unión Europea), se veía como más barato, generador de retornos a la industria española y de empleo.  Sin embargo, ahora para argumentar la compra de los F-35 se dice que es mejor, en materia de repuestos, no tener todos los huevos en la misma cesta.  De los retornos y del empleo patrio no se comenta nada.
  • Son las cuentas de la lechera. Anuncian un gasto de 6.000 millones de euros para adquirir entre 60 ó 65 F-35 con la promesa de que el precio unitario bajará. Por lo tanto esperan comprarlos a entre 92’3 y 100 millones de € el caza.  Sin embargo, el precio actual es de 206’3 millones de dólares.
  • El despilfarro. ¿Se consideran ya tirados a la basura los 10.600 millones de € gastados, o malgastados, en el desarrollo del Eurofighter?
  • Las consecuencias políticas. ¿Hay algún responsable político de este despilfarro y de los vaivenes en la toma de decisiones?  ¿Cómo rinden cuentas?  ¿Quién se las pide?
  • ¿Es el momento de tomar la decisión? Evidentemente no.  Parece que los criterios que se están usando, militarmente, son los que les conviene a la Armada.  Ellos necesitan aviones de despegue vertical, pero los necesitan para 2034.  Un futuro muy lejano.  Parece que han pensado ahorrar en este rubro uniendo su pedido al del Ejército del Aire.  Pero a ellos sí les corre más prisa, sus aviones tienen una vida útil hasta 2025, un plazo más breve.  El ahorro para la Armada lo acabaríamos pagando todos los españoles con un modelo de avión que está muy en entredicho técnicamente.
  • ¿Es una cuestión de prestigio militar? En las clasificaciones internacionales de potencia militar, uno de los criterios que más cuentan para que un país se ubique entre los primeros puestos es la posesión de un portaaviones.  ¿Necesita España un portaaviones como el Juan Carlos I?  ¿Qué queremos invadir?  ¿Es esta la política de Defensa que deseamos?  ¿Nos sobra el portaaviones Juan Carlos I y sus 16 Harrier de despegue vertical o sus 15 F-35?
  • ¿Qué tiene que ver todo este gasto con la deuda de 30.000 millones de los PEAS?   Se acumulará a ella y, por lo tanto, la hará mucho más difícil de pagar.  La burbuja militar se agrandará en un gran porcentaje y la sociedad española habrá de pagarla a través de impuestos y dejando de gastar dinero en gasto social.

Como ven, empezar a analizar una compra concreta de material militar (los F-35 yankis) nos ha llevado a cuestionar la supuesta excelencia tecnológica de la industria militar, la mala práctica en cuanto a planificación y gasto del Ministerio de Defensa, la falta de democracia en las tomas de decisiones en Defensa, la política militar de carácter ofensivo de España,  la sinrazón del gasto militar que impide gastos sociales, la deuda y el despilfarro militar, la impunidad de los que toman decisiones en materia de Defensa y la descoordinación de todo el modelo.

Nos parecen razones suficientes para proponer que antes de todos estos gastos haya en España un debate serio, profundo y plural (es decir, no solo entre los sectores vinculados a la industria militar o al ejército) sobre política de Defensa.

 

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¿Es la industria de defensa un factor determinante para nuestro bienestar?

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Por Alfredo Guerrero

Fuente: Defensa.com

La Ministra de Defensa, Dolores de Cospedal ha lapidado con su habitual fraseología

La existencia de una base industrial y tecnológica asociada a la Defensa es un factor determinante, no sólo para la operatividad de las Fuerzas Armadas, sino para el bienestar de la sociedad en su conjunto

Qué bárbaro lo de la señora. Con que trapío de naderías sentencia. En este caso, en la clausura de la Asociación Española de Tecnologías de la Defensa (TEDAE), la patronal del sector armamentista, celebrada el pasado 27 de junio.

Nuestro bienestar pendiente de un hilo, como quien dice, atado al negocio de los tiburones de la industria militar, a quienes deberíamos estar mucho más agradecidos por llevarnos a los puestos de cabeza del ranquing de los exportadores de armas y darnos tanto beneficio social al precio tan bajo de nuestra abyección.

¿En que se basa la ministra para ese fraseo?

Pues aporta sus datos, que los tiene y sorprendentes.

Las empresas asociadas en TEDAE (la inmensa mayoría del sector en España, pero no todo) han sumado este año “de crisis” nada menos que 10.700 millones de euros de negocio, un 10´2% más que en 2016, que ya fue un año muy positivo: Esta cifra representa, según la memoria de autobombo de TEDAE el 1% del PIB español y el  6% del PIB industrial español. Además, la industria armamentista, dice la ministra, tiene un notable impacto en el empleo, de hasta 55.000 profesionales, entre empleos  directos e indirectos, con una inmensa mayoría de personal de alta cualificación.

Y con un recadito para esos agoreros que critican el gasto en defensa, a los que tan cordialmente se ha dirigido la doña, afirma:

Las cifras constatan una evidencia: el sector está fuertemente comprometido con el futuro de España y por tanto su desarrollo debe ser una apuesta estratégica

Nosotros somos de los agoreros. De esos que critican todo lo que se gasta en Defensa y, sobre todo, para lo poquito que vale y lo mucho que les aprovecha a unos cuantos en perjuicio del resto.

Y decimos que la cifra de negocio de TEDAE, no podemos sino reconocer las palabras de la ministra, es enorme. Nada menos que 10.700 millones de euros y creciendo. Eso sí, la mayoría (el 83% de la producción según TEDAE) para la exportación de armas, porque se venden estas armas a países poco recomendables (y de paso se fomenta con ello la carrera de armamentos, la guerra, el conflicto, el odio  que otros pueblos nos consideren parte del enemigo, etc.).

Un negocio que ofrece a los socios de TEDAE pingües beneficios, sobre todo si tenemos en cuenta que, además, reciben un desorbitado trato de favor (subvenciones a tipo de interés cero, subvenciones sin más, exenciones, apoyo institucional para su negocio, encargos innecesarios, etc.).

Pero un negocio que no ofrece retornos a la sociedad en la proporción que los ofrecen otros sectores, por varios motivos:

  1. Según la ministra el impacto del sector en el empleo es de 55.000 profesionales, entre empleos directos e indirectos (por cierto, muchos menos que los que en otras ocasiones ha ofrecido el gobierno como impacto laboral), una cifra que no es de las más amplias en nuestro tejido industrial, ni en otros sectores laborales. Por ejemplo, sólo el sector de energías renovables,  según informe elaborado en 2010,  estimaba para dicho sector un impacto de empleo directo de alta cualificación de 68.000 personas, e indirecto de cerca de otros 45.000 para el período 2015-2020, mucho más que la industria militar y mucho más ético. O por poner otro ejemplo, el sector de la tecnología sanitaria y del equipamiento hospitalario cuenta con una facturación de unos 7.400 millones de euros, pero emplea directamente a 32.000 personas altamente cualificadas e indirectamente entre 80.000 y 100.000, según el estudio de impacto realizado por la Federación de empresas de tecnología sanitaria.
  2. El impacto de este sector en el desarrollo científico, tecnológico o de aplicación social de los ingenios militares es más que limitado.
  3. El gasto en innovación del sector militar es el 7´5 % del gasto total de innovación de nuestro tejido industrial, según la propia TEDAE.
  4. No existe una redistribución de la riqueza generada por el sector, sino, al contrario, una acumulación apabullante en manos de los accionistas de este y de los bancos que financian sus inversiones, muy pocas manos pero tremendamente ricas y poderosas, hasta el punto de contar con amplias complicidades políticas y mediáticas.
  5. Cuenta con complicidades de la clase política extractiva y un amplio apoyo institucional, como se demuestra en el ejemplo de la propia ministra cerrando su junta de accionistas o del rey emérito y su hijo reinante apoyando las ventas de armas a Arabia Saudí, por ejemplo.
  6. Factura mucho cuando todas las demás empresas están en crisis, como demuestra la siguiente afirmación de su informe anual “La actividad directa generada por los sectores industriales integrados en TEDAE aportó a la economía española cada día del pasado ejercicio la cantidad de 29,4 millones de euros. Actividad que creció tres veces más rápido (10,2%) que el total nacional (3,2%)“.
  7. No es casualidad que las grandes zonas donde están erradicadas sus factorías de producción sean zonas deprimidas y dependientes del monocultivo militar, que necesita de esta dependencia para su propio desarrollo insolidario.
  8. En cierta medida, podemos considerar que un retorno de estas industrias que fomentan la venta de armas y la conflictividad mundial es la mayor inseguridad global y las amenazas terroristas que se ciernen sobre nosotros, pues es precisamente la alimentación de los conflictos y la venta de armas uno de los capítulos que ha hecho crecer este fenómeno de resentimiento y odio.

Con todo, al ministra tiene algo de razón, como cada vez que habla. Y es que efectivamente, nuestro bienestar está relacionado con estas industrias. Concretamente de forma inversa a como la ministra plantea. Cuanto mejor las va a ellas, peor nos va a los de abajo.

Esa es la triste y humillante realidad y la razón por la que deberíamos impulsar reivindicaciones de que este tipo de industrias desaparezcan o se reconviertan a usos socialmente útiles.

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