Archive for Economía y guerra

Tejemanejes en HISPASAT para asegurar su control desde el Ministerio de Defensa

Por Bethany Weeks

Fuente: Merca2

La industria militar española, en gran parte, pertenece al sector público o guarda con éste estrechas relaciones de dependencia y complicidades de intereses.

Es el caso de Hispasat, por ejemplo, que inicialmente tenía un porcentaje de su accionariado muy importante en manos del INTA, un instituto autónomo militar que actúa como una empresa y de la que el 100% de su propiedad está en manos del Ministerio de Defensa.

Defensa, en un momento dado, quiso hacer pasta pero sin perder el control de Hispasat, para lo que vendió el 16´4% del accionariado en sus manos a un amiguete que le endosó 172´5 millones de euros a cambio.

El amiguete, la empresa Abertis, que tras la compra de las acciones de INTA controlaba el 57% del total de las acciones de Hispasat, se fue haciendo con más y más accionariado de aquella, hasta acumular el 90´7% de sus acciones en julio de 2017.

Aclaremos que el negocio principal, al menos el oficial, de Abertis es la gestión de autopistas, algo que poco tiene que ver con los satélites, que es a lo que se dedica Hispasat, y con la industria militar, otro de los fuertes de Hispasat.

HIspasat a  su vez propietaria principal de Hisdesat, (43% de su accionariado, que comparte con el 30% de ISDEFE, el 15% de Airbus., el 7% de INDRA y el 5% restante de SENES, todas ellas de las grandes de la industria miliar española) que fabrica satélites militares.

Aclaremos que Hisdesat, junto con otras lindezas, es propietario de los satélites Spainstat y X-tar EU, que porveen de comunicaciones a las múltiples operaciones militares en el exterior.

El SpainSat, lanzado en 2006, permite las telecomunicaciones entre las diferentes misiones de las Fuerzas Armadas Españolas en el extranjero. Da cobertura sobre una amplia zona que va desde Estados Unidos hasta Sudamérica, pasando por África, Europa y Oriente Medio. Su servicio incluye la cobertura a labores humanitarias, seguridad e inteligencia, operaciones militares, envío de imágenes, servicios a embajadas y comunicaciones gubernamentales de España.

El Xtar-Eur, operativo desde 2005, está operado por Star y presta servicios de comunicaciones y sirve a las necesidades de defensa de los Estados Unidos y países aliados, opera como satélite redundante del SPAINSAT, ante fallos de este

Hasta aquí todo normal, porque amiguete no come amiguete, pero parece que las cosas han variado, porque el mundo de los ricos es el mundo de la jungla, y la empresa italiana ATLANTIA (también dedicada a la gestión de autopistas y a la gestión de aeropuertos como negocio principal) ayudada por el Banco Santander, ha lanzado una OPA contra ABERTIS, con lo que el tinglado de Defensa y sus amiguetes se pone en peligro, lo que ha hecho que maniobre Defensa. Dice la noticia que comentamos que esta semana ha habido :

reuniones de urgencia entre los secretarios de Estado de Fomento Julio Gómez-Pomar y de Defensa, Agustín Conde Bajén, con objeto de evitar que estos activos estratégicos caigan en manos extranjeras. Más concretamente, evitar que caigan en manos de la italiana Atlantia.

La cuestión es que Defensa prefiere que las acciones de Abertis queden en manos de una empresa española, más manejable y dependiente del interés del Ministerio de Defensa, en realidad una especie de dueño del tinglado por empresas amigas interpuestas y generosamente recompensadas.

Por eso ahora han elegido a Red Eléctrica Española, para que se quede con las acciones de Abertis en Hispasat, otra vez amiguete al canto, y esta vez del oligopolio eléctrico, porque parece evidente que los oligopolios tienden, por una especie de la ley de la gravedad económica, a atraerse mutuamente.

 

 

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España apoya descaradamente al militarismo israelí comprando sus misiles contracarro SPIKE

Imagen de Pan American Defense

España desarrolla unos Programas Especiales de Armamento (PEAS) que están provocando una deuda gigantesca para el Ministerio de Defensa y para el Estado Español.

Hay muchas críticas a estos PEAS y a la forma que tiene el Ministerio de Defensa de proveerse de armas para sus impulsos intervencionistas en el extranjero.

Unas de ellas son la ética y las implicaciones internacionales de nuestras políticas.

Analizamos hoy la compra de 260 puestos de tiro y 2.600 Misiles contracarro de alcance medio SPIKE por un precio total de 364’69 millones de €, según Wikipedia el coste total será de 394 millones de €.  Se calcula que el coste de cada unidad ronda los 100.000 dólares USA.

En la hoja de servicio de este misil se declara que ha sido usado contra la Intifada.

Dicho programa adolece de uno de los defectos generales de los PEAS, el prolongadísimo periodo desde la toma de decisión, inicio del diseño, inicio de la producción, avatares varios que retrasan la fecha de entrega, etc.  Así, todo el proceso se dilata, en este caso desde 2005 a 2024.  Ello provoca, habitualmente, unos sobrecostes enormes.

Otro de los defectos habituales en los programas de Defensa, sobre todo en los PEAS, es el de que los pagos se suelen realizar por medio de partidas plurianuales, lo que supone un escondite perfecto para su seguimiento.

Una breve historia de los recorridos de esta colaboración militar hispano-israelí se pueden resumir así:

  • En 2002 General Dynamics – Santa Bárbara firma un acuerdo con Rafael por la que la contratista española se convertiría en el contratista principal de las ventas del Spike si era finalmente elegido.
  • En el Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2006, presidido por Zapatero, del PSOE, se decide invertir en el programa:  260 lanzadores y 2.600 misiles MR (Medium Range).  Se informaba que la industria nacional asumiría el 60 % del trabajo y que el pago se repartiría en 15 anualidades desde 2008 a 2022.
  • El 30 de noviembre de 2007 el Consejo de Ministros decidió comprar más Spike, versión ER (Extended Range), destinados a los helicópteros de ataque Tigre:  44 lanzadores y 200 misiles por 44’027 millones de € prorrateados entre 2007 y 2012.
  • El 29 de mayo de 2009 se entregaron al Ministerio de Defensa los primeros misiles.

Las empresas que participan en este programa de armamento son:

  • Global Dynamics/Santa Bárbara sistemas,
  • Rafael,
  • Tecnobit

Imagen de Dvircom

 

La empresa Rafael,  o Raphael, es una empresa que fabrica armas del Ministerio de Defensa israelí.  Tiene más de 7.000 empleados y se fundó en 1948.

Durante el principio de los años 1990 Rafael operó con pérdidas (con un pico en 1995, con pérdidas de $120 millones sobre una facturación de $460 millones); entonces se decidió reestructurar la organización para empezar a operar Rafael como una compañía. Inicialmente se crearon tres divisiones diferenciadas; cada una operando como un centro de beneficios, con una hoja de balance separada, a presentar al nuevo consejo de dirección.

La restructuración fue completada en 2002 cuando Rafael fue formalmente incorporada como sociedad limitada (a pesar de ser una empresa estatal), manteniendo sus capacidades tecnológicas a través de extensos programas de inversión en I+D (en torno al 10% de la facturación). En su primer año como sociedad limitada, Rafael obtuvo 37$ millones de beneficio sobre $830 millones de ventas.

Rafael tiene multitud de empresas subsidiarias en el mundo.  En Europa, a través del Holding ERCAS, de la que posee el 100 %, domina dos secciones militares:  Dinamit Nobel Defense (con el 100% de las acciones) y PAP Tecnos (con el 100 % de las acciones).

Una compra tan grande de misiles SPIKE supone un apoyo decidido al militarismo israelí y hace rentable a una de sus principales empresas armamentísticas, con lo que da alas a la política represiva de Israel sobre Palestina.

Nuevamente una decisión militar que influye en nuestra política exterior, que en principio se define como de apoyo a una solución negociada y no violenta en el conflictos israelo-palestino.

Damos con una mano lo que quitamos con la otra.

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Los helicópteros de ataque Tigre (cuestan 65 millones de €, por unidad) parados por su mala calidad

Imagen de Marin J. Gallego

Fuente:  Infodefensa.

La mala calidad de la industria militar es constante.  Ahora nos ocupa el caso de los ultramodernos helicópteros Tigre de los ,que en agosto de 2017, una de sus unidades del ejército alemán desplegada en Malí tuvo un accidente en el que murieron sus 2 tripulantes.

Parece ser que el accidente mortal se produjo por turbulencias al realizar vuelos a baja altitud.

Eurocopter, la empresa que fabrica los Tigre, ha aconsejado no realizar varios tipos de maniobras con estos aparatos.  Además, tanto los Tigre alemanes como españoles han estado parados desde agosto por falta de confianza en el aparato.

España dispone de 18 helicópteros Tigres (6 en la versión HAD y 12 en la versión HAP) en la base de Almagro, Ciudad Real.  Este es otro de los PEAS que están resultando un fracaso económico y militar y una deuda inmoral para nuestros bolsillos.

Ya ha habido protestas contra esta base y las actuaciones de dichos helicópteros:

Pero también queremos protestar porque Albacete se ha convertido desde hace algunos años en uno de los centros estratégicos de la guerra con la instalación en nuestra ciudad de la Escuela de Pilotos de la OTAN, la fabricación del Helicóptero de guerra Tigre y el campo de maniobras de Chinchilla.

Cada uno de los Tigre, que recordamos, son helicópteros de ataque,  va a costar a España, al menos, 65 millones de €.

Parece que dicho precio no asegura la propia vida de los pilotos.  Otro ejemplo más de la mala calidad de la industria militar, de la cual os aconsejamos que veáis más ejemplos en este enlace.

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La inestimable contribución de la casta española en la guerra de Yemen

Por World Humanitarian Summit

Fuente: Público

La participación de España en las guerras y preparaciones de guerras que desencadena Arabia Saudí está empezando a pasar de lo sonrojante a lo cretino a pasos agigantados.

No es solo que pistolas de fabricación vasca, lanzagranadas de Instalaza o granadas Alhambra, también de Instalaza, se hayan utilizado por los socios de Arabia Saudí en la guerra de Yemen, o que blindados BMR-600 Pegaso y URO VAMTAC S273 se hayan encontrado en manos de la coalición Saudí y los rebeldes Houties, como informa Público gracias a la información proporcionada por Yago Rodríguez, sino que además, según parece, hemos formado a los pilotos militares saudíes en el uso de los aviones Eurofighter en la base de Morón de la Frontera.

Este pequeño grupo de la élite militar de Arabia permaneció en España varios meses -desde la primavera de 2010, y durante la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero- gracias a un acuerdo de colaboración entre ambos países (2008) que sentó también las bases de posteriores ventas de armamento, en una época en que buena parte de los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo por el Gobierno y la Casa Real -a través del rey emérito, Juan Carlos I- se hallaban orientados a la fabricación y venta a los saudíes de doscientos carros de combate Leopardo -la versión peninsular del Leopard germano- y de otros materiales bélicos fabricados por empresas españolas, participadas o financiadas por varios de los grandes bancos del país

Fíjense qué asombrosa concatenación de datos: entrenábamos a los pilotos de Arabia Saudí en tiempos de Zapatero, ese gran pacifista, con la intención de ayudarles en su poderío militar, y la intención, gracias al entonces rey a pleno pulmón, de venderles carros de combate Leopard y “otros materiales bélicos” españoles.

Se encuentra completamente demostrado que la Real Fuerza Aérea Saudí ha recurrido a los Eurofighters para golpear las posiciones de los hutíes en el Yemen. Así, por ejemplo, a principios de la primavera de 2015, durante el inicio de la llamada operación Tormenta decisiva, lanzada conjuntamente con una decena más de países árabes, los saudíes se sirvieron, según Al Arabiya, de sus F15 estadounidenses, sus Tornado británicos y al menos parte de los Eurofighters. Alrededor de cuarenta de ellos han intervenido también en los bombardeos de las posiciones del Estado Islámico en Siria

Y más coincidencias, los aviones Eurofighter que Arabia Saudí tenía (72) son idénticos a los que sirvieron para su entrenamiento en Morón de la Frontera. Los compró a los británicos por medio de un acuerdo “país a país” (sin intermediarios) y son los famosos Eurofighter realizados por un consorcio armamentista del que España forma parte.

¿Quién iba a reparar en la pequeña minucia de que esas armas que vendíamos para no se sabe qué podían acabar desencadenando la guerra en otro país?, la guerra con nuestras armas, la guerra por nosotros…

¿Más despropósitos?

Pues sí. La idea era entrenar también a los Omaníes, dado lo requetebién que había salido el entrenamiento de los Saudíes, pero la prensa internacional informó a su tiempo y se jorobó el entrenamiento (¿a lo mejor también algún suculento contrato asociado a éste?).

Una vez más, nuestros complacientes políticos militaristas ayudando en nombre del negocio a los señores de la guerra a vender su armamento y propagando, indirectamente, la guerra que libran en nuestro beneficio los clientes de la industria militar.

Y luego hablarán de paz y otras pomposas palabras que en sus bocas suenan tan nefastas y falsas como el resto de sus promesas y mentiras.

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¿Qué tendrá Yibuti?

Caballos

mirguzman

Fuente: mundo BBC

Yibuti es un pequeño país del cuerno de África con algo más de 800.000 habitantes y menos de 24.000 kilómetros cuadrados. Más o menos como dos veces Asturias de extensión y alrededor de 200.000 personas menos que dicha comunidad.

Es el país 168 en el índice de desarrollo humano (datos de 2014) sobre un total de 186 países y con un coeficiente de 0,47, a la altura de Afganistán y Senegal, por ejemplo, y por encima de Costa de Marfil, Gambia o Etiopía.

La mayoría de su población (Yibuti) se concentra en su capital, con más de 550.000 habitantes según la ficha país que publica el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Sus tasas de analfabetismo (32,1%) según el referido informe país del Ministerio de exteriores español, de paro (60% en las ciudades y 83% en el mundo rural), su pobre esperanza de vida (62 años), su baja renta per cápita (2.700 $ anuales) y su elevada deuda externa (1.222 millones de dólares de USA) sitúan a Yibuti como un país pobre y tremendamente vulnerable.

Cuenta con un ejército de 10.400 efectivos,  un militar por cada 76,9 yibutienses, lo cual no es poca cosa si tenemos en cuanta el enorme paro del país y su empobrecedora dependencia. Un ejército que además está muy entrenado, pues ha participado desde su nacimiento en 1977 (con su independencia)  en apoyo de Somalía durante la guerra del Ogadén desatada ese año, y más tarde en enfrentamientos fronterizos con Eritrea en 1996, 1999 y 2008.

Yibuti tiene la feliz coincidencia de encontrarse en uno de los puntos más transitados por el tráfico marítimo y el comercio internacional mundial, como punto de acceso al Mar Rojo desde el Océano Índico vía Canal de Suez y, por ello, punta en entrada de los países mediterráneos al Índico y a Asia y viceversa.

YIbuti es un punto comercial de primer orden. Cuenta con una costa privilegiada para el tráfico marítimo mundial y es uno de los lugares de repostaje más importante del planeta, a la vez que puerta de importaciones y exportaciones de su vecina Etiopía y desde allí al resto de África.

Si nos referimos a sus principales inversores, tenemos a Arabia Saudí, inconfundible árbitro regional de la zona, con un 18´1% del total de inversiones, seguido de China, uno de los actores más potentes y activos en el índico, con un 16´6% del total, India, con un 14% y a EEUU, sexto inversor tras Indonesia y Malasia, con un 4.3% del total.

Los proveedores de Yibuti son similares pero con los puestos cambiados. China el primero de todos, con el 24% de las importaciones de Yibuti, Arabia Saudí, con el 16’4%, India con el 10´6, e Indonesia con el 7’3 %.

Pero Yibuti tiene otra característica más que sospechosa. Es uno de los lugares del globo con mayor concentración de bases militares.

Según el Informe País del MInisterio español de Exteriores

Yibuti se ha convertido en un importante aliado de Occidente gracias a su estabilidad interna y a su estratégica situación en el Estrecho de Bab el Mandeb, entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Francia, EEUU y Japón disponen de bases militares permanentes en territorio yibutí. Alemania y España tienen contingentes desplegados –España de forma permanente y Alemania temporal-. Las facilidades otorgadas para el establecimiento de bases militares en su territorio, están convirtiendo a Yibuti en uno de los puntos básicos en la lucha contra la piratería en el océano Índico, Golfo de Arabia y Mar Rojo, así como en la lucha contra los movimientos terroristas que actúan en suelo de Somalia y de Yemen.

Vayan echando cuentas: bases militares permanentes de EEUU, Francia, Japón; bases donde España tiene un destacamento permanente y Alemania otro temporal. A ello podemos unir que es el principal centro en que se ubican los barcos de las operaciones Atalanta de la OTAN, como reconoce el MInisterio de Defensa español.

También cuenta ahora con una base militar china. Una de las mayores bases navales de la región y una fuente de preocupación en los países occidentales que tienen bases en dicho territorio, que ven que no tienen la exclusiva militar en la zona precisamente en un momento en que la tensión con China va creciendo.

China contará con hasta 10.000 soldados que se desplegarán hasta 2026 en la base de Yibuti, algo muy natural si tenemos en cuenta la gran dependencia económica de YIbuti de la inversión china, inversión, por lo demás creciente en toda África, donde ya ronda los 40.000 millones de euros “para desarrollo” del continente africano.

Se trata del primer despliegue de tropas chinas en África, aunque el país actualmente tiene efectivos militares en algunas Misiones de Paz de la ONU en el continente y ha desempeñado un importante rol en el control de la piratería en las aguas que bordean Somalia.

Como no puede ser menos, la finalidad de la base militar china en Yibuti es pacífica y consiste, según declaraciones del medio de noticias Xinhua en

reabastecer buques de la Armada que participen en misiones de mantenimiento de la paz y humanitarias en las costas de Yemen y Somalia

Dicen además los chinos en un editorial publicado ayer en el diario estatal chino Global Times que

el propósito esencial del desarrollo de la fuerza militar China es proteger la seguridad de China y no trata de controlar el mundo

Nada importa que la base se encuentre cercana a uno de los principales nucleos de explotación petrolera por parte de los chinos, donde

China recientemente desplegó una fuerza de 700 hombres para proteger sus intereses petroleros en Sudán del Sur, lo que muestra que está dispuesta a proteger sus negocios de US$200.000 millones anuales con África.

La razón humanitaria, por tanto, podría parecer falsa, pero no más que las razones, también razonables y humanitarias, de las bases militares en la zona de los otros países afincados, España entre ellos.

Llama la atención el cúmulo de características que hacen de Yibuti una presa fácil del militarismo y un aviso para navegantes: pobreza, dependencia económica, paro y subdesarrollo, dependencia de lo militar, intereses económicos y lucrativos para unos pocos, bases militares.

El militarismo, las bases militares, una condena al fracaso para las zonas agraciadas por su proliferación.

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Siempre se puede empeorar (en lo militar, nos referimos)

Imagen de Leandro Fridman

Fuentes:  El Mundo y Defensa.com.

Hay noticias del mundo militar que te dejan un regusto inquietante de incertidumbre, pero de incertidumbre de mal augurio.

La primera noticia:  “Trump estudia privatizar la guerra en Afganistán” nos lleva a un nuevo universo conceptual.  La guerra ya no es asunto de las naciones estado, ya no es algo patriótico frente al enemigo extranjero.  Ahora la guerra puede ser algo privado, dejada en manos privadas.  Y recordamos que los privados tienen otras necesidades y otros objetivos que son distintos a los de las naciones.  A ellos, a los privados, les da igual el patriotismo y sólo piensan en el negocio.

Que Trump piense en privatizar la guerra de Afganistán nos pone en lo que ya era evidente pero no tan palpable, la guerra como un negocio.  Un sucio y vil negocio, ni más ni menos.

Hablar de empresas privadas es un eufemismo.  Podrían haber titulado:  “Trump estudia contratar mercenarios para la guerra en Afganistán”, pero … sonaría más incorrecto.

Los asesores de Trump

han nombrado a dos conocidos mercenarios y empresarios para crear el plan en cuestión, cuya finalidad es propiciar que corporaciones militares privadas se encarguen de la contribución de Estados Unidos en Afganistán, que en estos momentos ronda los 9.000 hombres entre tropas regulares y de las fuerzas especiales, el entrenamiento de las fuerzas de seguridad afganas y la comandancia de las operaciones bélicas.

El primero es Erik Prince, fundador de la empresa Blackwater, la cual en su día fue expulsada de Afganistán por el ex presidente afgano, Hamid Karzai, pero que aún y así la utilizó para su seguridad personal, y que se hizo tristemente famosa por haber luchado junto al ejército norteamericano durante el conflicto en Irak, donde fueron acusados, en numerosas ocasiones, de asesinar a civiles desarmados y cometer crímenes de guerra. El segundo es el propietario de DynCorp International, Stephen Feinberg, una de las empresas de seguridad privada más importantes del mundo.

De esta manera, Prince y Feinberg han creado un plan “más barato y mejor que el del ejército”

Y he aquí la clave:  privatizar la guerra no es una estrategia para llegar antes a la paz, es una estrategia para mantener las guerras de forma más barata.

A Trump no le importan las múltiples acusaciones que han tenido los mercenarios que han acompañado a las tropas yankis.  Sabe que casi nunca quedan en nada grave

Hace medio año escribíamos una entrada titulada:  Las 17 razones para la guerra continua en Somalia y el negocio privado que conlleva.  En dicha entrada, sorprendidos, hablábamos de otra estrategia de empresas de mercenarios.  Esta es mucho más elaborada.  Consiste en entrenar a las fuerzas armadas del país por medio de asesores desarmados y sin cobrar nada.  La segunda parte del plan es la que capitaliza el trabajo anterior ganando dinero mediante la reconstrucción del país o de zonas del país cuando la zona ya está “pacificada”, decíamos:

La segunda parte del artículo trata sobre las compañías de seguridad privadas que intervienen en la guerra de Somalia.  Aunque sólo informan de una: Bancroft Global Development empresa creada por un nativo de Virginia (EEUU), Michael Stock, en 1999:

  • comenzó proveyendo “expertos en misiones” extranjeros –que reciben el apodo de mentors en Bancroft, mentores en castellano– a las tropas de la AMISOM establecidas en Somalia. Sus servicios fueron inicialmente contratados por Uganda en noviembre del 2007 y seguidamente de Burundi en agosto del 2008, utilizando la financiación estadounidense para ello.
  • luego, el ejecutivo de Barack Obama identificó las actividades mentoras de la firma Bancroft como un factor determinante de éxito y comenzó a financiarlas directamente y no a través de países terceros de la misión africana. El contrato millonario entre el gobierno y la compañía de Virginia se cerró a comienzos de 2010. En el presente, la Associated Press estima que EEUU gastó unos 206.000 millones de dólares en subcontratos similares tanto en Iraq como en Afganistán, entre el 2002 y el 2011.
  • Bancroft, a diferencia de Blackwater, que arma a sus “mentores”, parece respetar el embargo de armas impuesto por la ONU en Somalia, ya que su personal –en su mayoría veteranos de guerra procedentes de cuerpos de élite norteamericanos o europeos– no porta armas, lo que según ellos les expone a un peligro aún más inminente que les hace confiar su protección a las fuerzas africanas que entrenan.
  • todas las empresas del sector tienen como común denominador la táctica contrainsurgente y el combate de guerrillas en zonas de conflicto que ocasionan alta mortandad o del complejo medio físico.
  • En realidad, su fundador y actual propietario de tan sólo 36 años decidió constituirla en dos firmas con misiones desiguales.
  • Por un lado, Bancroft Global Development es una organización que se proclama sin ánimo de lucro, y busca la estabilización de una zona determinada en conflicto armado utilizando el ya clásico modus operandi de operar “por, con y a través” de las fuerzas armadas locales u oficiales –o más bien, aquellas que decidan contratar sus servicios importando poco su legitimidad–, lo que en Somalia significa asistir al personal de la Misión de Paz de la Unión Africana principalmente, y también a la policía nacional somalí –compuesta en gran porcentaje por antiguas milicias de ciertos señores de la guerra que ahora respaldan al Gobierno de Transición–.
  • En el otro extremo se halla la vertiente lucrativa de Bancroft, aquella que genera ingresos y mantiene al barco de Michael Stock a flote. La razón de ser de Bancroft Global Investment es la de, literalmente, capitalizar el éxito militar de las campañas que lidera en la AMISOM, invirtiendo en la reconstrucción del país o de la región una vez pacificada, en lugares donde nadie más se atrevería a arriesgar su dinero, como ya haya hecho en el pasado en Afganistán. Sin embargo, la inversión en Real Estate –inmobiliaria– no sólo se lleva a cabo a posteriori, sino también durante el momento de la conflagración, como así muestran las anteriores experiencias bélicas de la firma.
  • A finales de los años 90, Stock se marchó al Sahara Occidental donde le impresionó que el gobierno de Marruecos aún no se hubiera encargado de desmantelar las minas antipersona que permanecían enterradas bajo la arena, visualizando la idea mater de lo que sería Bancroft. En sus primeros pasos, operó en Afganistán donde mediante un socio local formó una pequeña sociedad –Mine Pro.- que entrenaba a perros detectores de minas al mismo tiempo que se dedicaba a hacer un poco de todo, desde reparar coches a cañerías.

En definitiva, lo que hacen Bancroft y Michael Stock es una nueva versión del negocio de la guerra:

En una reciente entrevista, Stock aseguraba que él no se dedica a hacer la guerra en el país más oriental de África, sino a “buscar la paz, reconstruir una ciudad, un país que lo ha perdido todo en términos de educación, economía y sanidad”, pues para él las posibilidades de negocio son infinitas en un lugar donde hay que empezar de cero, una idea que le ha llevado a levantar un monumental hotel fortificado al pie de la playa de Mogadiscio, donde se resguardan los altos cargos somalís y el personal diplomático. El resort, al que han llamado International Campus, cuenta con una piscina como la mayoría de los hoteles de playa del mundo, solo que en éste cuando llueve, llueven balas y metralla. Más allá de las vistas del Índico, también dispone de un búnker, un hospital y algo similar a un autoservicio de equipamiento y reparación militar a lo Mad Max.

También tiene como objetivo:  la creación de una fábrica de cemento que se encargue de cimentar el nuevo Mogadiscio

El final del artículo se abre, brevemente para nuestro gusto, a las críticas:

Oponentes de estos contratos claman que estas compañías no son más que mercenarios modernos a sueldo y que se hallan efectivamente por encima de la ley en los países en los que son contratados. Estos contratos se realizan siempre en un marco de dudosa legitimidad ética y moral, pues operan en los lugares más inestables del globo, en estados fallidos y débiles en los que el poder de estas corporaciones privadas y su capacidad organizacional pueden llegar a anular con creces al del gobierno local. Las operaciones de otro de los grandes proveedores de seguridad privada, G4’S, en Sudán del Sur, son un caso a tener en cuenta en este sentido. También se les acusa frecuentemente de implementar de manera tácita y encubierta las directrices de la política exterior estadounidense.

La segunda noticia que nos llama hoy poderosamente la atención se titula:  “La operadora privada ATAC compra 63 Mirage F-1 a Francia”.

La empresa ATAC pertenece al grupo norteamericano Textron (con varios intereses militares) y adquiriría los 63 Mirage por 300 millones de €.  Estos aparatos se encontrarían en una base francesa de reparaciones desde que en 2014 fueron dados de baja.

Parece ser que los quieren para entrenamiento (haciendo el rol de agresores) en combates simulados con cazas yankis.

Fuentes francesas anuncian que sus industrias participarán en la puesta a punto de los aparatos a los que calculan que les pueden quedar otros 15 años de vida útil.  (Fíjense qué curioso, estos cazas puede duplicar su vida útil si no es para la defensa propia, sino para entrenamiento, lo cual desdice bastante el ciclo de vida útil que se suele calcular para estos aparatos).

Pero toda la noticia es impactante:  una empresa privada va a tener o tiene ya una capacidad militar aérea muy superior a la de muchos países.  Evidentemente, esta empresa ganará dinero.  ¿Cómo?  Pues suponemos que cobrando al Ministerio de Defensa de EE.UU. por su papel en los entrenamientos.  Suponemos que el propio Ministerio de Defensa yanki podría tener aparatos ya no de primera fila para hacer esta labor, así daría trabajo a sus propios militares poniéndolos a puntos y se ahorraría contratar a una empresa privada, lo cual suponemos que ha de ser más caro.  Sin embargo, Trump prefiere privatizar este aspecto del entrenamiento de sus propios cazas con mercenarios extranjeros.

Tanta privatización hace dependiente a la principal potencia militar del mundo, lo cual no deja de extrañarnos.

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Protestas en Burgos contra la especulación militar de suelo

Imagen de Daniel Lobo

 

Fuente:  Burgos Conecta y Noticias de Burgos.

Ocurre que el Ministerio de Defensa es el segundo terrateniente español.  Ello conlleva que muchos de sus pisos, solares, garajes, edificios y terrenos rústicos y urbanos estén en desuso o abandonados, muchas veces desde hace muchos años.

Por tanto, en muchas ocasiones se producen conflictos entre los municipios y los intereses del Ministerio de Defensa, que siempre son los mismos, lucrarse con la especulación para luego invertir en armas.

La postura del PCAS (Partido Castellano) en Burgos es muy clara:

El Partido Castellano (PCAS), a través del Grupo Parlamentario Compromís, ha trasladado a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, varias preguntas relativas a los terrenos que ocupa el abandonado Parque de Artillería de Santa Bárbara en Burgos. El PCAS, con estas preguntas, intenta que el Ministerio de Defensa rectifique y paralice la actual subasta de los terrenos prevista para mediados de septiembre.

Además, los castellanistas defienden que estos casi 50.000 metros cuadrados de suelo deberían de volver a manos municipales “sin coste alguno”. Luis Marcos, secretario de Organización del partido, considera que “todavía se está a tiempo de parar esta operación”. Y es que, en su opinión, “no solo se trata de hacer justicia, sino de compensar el injusto tratamiento del Ministerio de Defensa con Burgos en los últimos años, con el cierre de diferentes dotaciones militares”.

Esa es la opción 1, la opción del PCAS.

La opción 2 es la del Ministerio de Defensa:  vender los terrenos (y aplicar lo obtenido por la venta a comprar armas y equipamientos militares), actualmente tasados en 14 millones de €, para edificar 337 viviendas por parte de empresas privadas.

Esta opción no le parece correcta al PCAS porque trata mal a Burgos, que siempre se ha portado bien con Defensa:

ha recordado el trato exquisito que la ciudad brindó durante más de 100 años a Defensa mediante concesiones gratuitas de terrenos destinados a cuarteles y el establecimiento de unidades militares acarreando la pérdida de multitud de importantes edificaciones, solares, acuartelamientos y unidades militares. Con estas enajenaciones el Ministerio ha obtenido 80 millones de euros, según Marcos, lo que considera un lucro aprovechando las facilidades del Ayuntamiento.

La opción 3, la del ayuntamiento, es permutar la parcela por otras de titularidad municipal.  Esta solución también es rechazada por el PCAS porque

las otras parcelas que posee el Ayuntamiento “deben de servir para hacer políticas sociales de vivienda y el Ministerio de Defensa no está por la labor porque lo que quiere es hacer caja rápido”

Nuevamente más pruebas de la insolidaridad del Ministerio de Defensa con la población civil.

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Turismo de guerra: ¿turismo ético?

Imagen de txindoki

Fuente:  Tourinews.

Nos hace reflexionar la información sobre que está en auge el turismo para visitar los parajes donde ocurrieron grandes batallas (Normandía, Pearl Harbour, la Guarida del Lobo hitleriana, y un largo etcétera).

Está muy bien conocer la historia, es indispensable para no caer en los errores del pasado.

¿Pero qué historia se contará a los que hagan estas visitas?  Mucho nos tememos que será la habitual:  la historia en la que somos los buenos atacados por los malos, la historia en la que se muestran las líneas del frente, los avances y retrocesos, la historia en la que se habla de los “adelantos” técnicos que desequilibraron batallas, en las que se suceden los heroísmos patrios y los horribles atropellos de los salvajes ajenos.

En fin, unas batallas y unas guerras llenas de patriotismo, militarismo, violencia, inhumanidad, pero reflejadas en la actualidad soleada, biendesayunada, cómoda, segura y ajena a las guerras de nuestro primer mundo.  ¿Acaban estas empresas siendo meras colaboradoras y propagandistas del militarismo?

¿Cómo sería visitar un hospital (o sus ruinas, mejor dicho) en Alepo, cómo sería visitar el resultado de un bombardeo en Yemen?  ¿Cómo sería visitar un país sin país y sin futuro como Palestina?

¿Sentiríamos lo mismo, pensaríamos lo mismo?

Seguramente ni iríamos a viajes así.  Una cosa es aprender historia militar cómodamente y otra, muy distinta, ver los horrores de la guerra in situ,  ver sus mutilados, viudas, violadas, famélicos, niños soldados, en directo, mirándote a los ojos y pensando que estás faltándoles al respeto visitándoles como si fuesen un espectáculo y no solidarizándote con ellos como sería menester.

La guerra deja dinero, aunque sea tras muchos, muchos años.  En el primer mundo estamos ávidos de negocio, sin plantearnos, por supuesto, dilemas éticos.

Hay una empresa viguesa que puede ser el ejemplo de todo esto:  Bobyblue.

Como se ve en su web se pone al mismo nivel el ecoturismo, el turismo del bienestar, el turismo de aventura y el turismo militar.

Todas las empresas deben tener una responsabilidad social que debe cubrir muchos aspectos de su negocio.  Suponemos que también se les debe exigir una responsabilidad ética contra la violencia de las guerras.

 

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La cultura de defensa consiste en que el buque escuela de la Armada sirva de crucero a gastos pagados a ministros y familiares

Imagen de juantiagues

Fuente:  El Diario.

El buque escuela Juan Sebastián Elcano se dedica, además de a instruir a nuestros militares marineros en la desusada militarmente navegación a vela, a hotel de lujo, dando camarotes gratis a familiares del Ministerio de Defensa.

Un caso más de mala praxis en el Ministerio de Defensa y de despilfarro militar.

Ignacio López del Hierro, el marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, fue uno de los pasajeros ilustres a bordo del Juan Sebastian Elcano. Ocupó uno de sus camarotes durante la última etapa de la travesía con la que el buque escuela de la Armada conmemoraba su 90º aniversario, un viaje entre los puertos de Marín (Pontevedra) y Cádiz con todos los gastos pagados.

La explicación, la habitual, es una tradición.  De ella participan los familiares de trabajadores (de alto rango, entendemos) del Ministerio de Defensa e, incluso, los titulares de la cartera, y otros titulares de ministerios ajenos como García Margallo (y mujer) y Zoido, al parecer cuando era alcalde de Sevilla.

El Ministerio quita importancia a la presencia de López del Hierro en ese crucero y asegura que siempre ha habido parientes de altos cargos, también “durante la época del PSOE”. Junto a ellos, “abogados, médicos y periodistas” a los que se permite subir a bordo como parte de una labor de “divulgación de la cultura de Defensa”.

El cinismo, el no asumir las responsabilidades del cargo, el pensar que el ministerio y lo que contiene o administra son su propio cortijo, el desprecio a la ciudadanía media que ni por asomo podrían pagarse un crucero así, etc., se venden como Cultura de la Defensa.  ¿En esto consiste la Cultura de Defensa?  No nos extraña que no se sientan respaldados por la ciudadanía.  Es una vergüenza su concepto.

Y, a su modo, tienen razón; es cultura de la defensa de las elites, de los violentos, de los militaristas.

Por una vez la noticia se hace eco del responsable:  el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, esta vez Teodoro López Calderón, que es quien decide directamente quién, de entre los solicitantes, merece el crucero de 4 días a gastos pagados.  ¿Dimitirá por ética?  ¿Algún alto cargo lo cesará para que no caigan las responsabilidades de encubrimiento en él?

La cifra de civiles agraciados este año con el crucero no es pequeña:  90.  Viajaron con 171 militares.  2/3 del pasaje total.  Demasiado para algo tan serio como es la Defensa Nacional.

Por otro lado, ¿es necesario un buque escuela como Elcano?  No son ya demasiadas las polémicas, muchas muy turbias, con las que nos regala, año sí y año también:

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Los números rojos de Navantia y el rescate de la industria militar hunden la SEPI y hundirán las regiones dependientes del monocultivo militar

Exponaval+2012

Por Jesús Fernández García

Fuente: EconomíaDigital

Del desastre sin paliativos ni excusas que es Navantia, la empresa mimada de la industria militar española, nos hemos ocupado por extenso a lo largo de años.

Desastre que tiene que ver con sus pérdidas de vértigo y su mala gestión, con su mala calidad, con su inmoral negocio en sí y con el trasiego de favores y puertas giratorias que soportan, contra viento y marea, la empresa pública con el dinero de todos y en beneficio de unos poquitos.

El Estado, amén de mandar de viaje a ministros, monarcas y otras autoridades menores y disponibles para que vendan los productos de Navantia, ha cooptado alcaldes y autoridades incompetentes (en la materia, se supone) para que, cerrando los ojos o tapándose la nariz, hablen parabienes de este negocio y ha comprado titulares periodísticos para que nos expliquen la gran mentira, un nuevo ejemplo de agnotología militar, de lo requetebueno que es vender armas de Navantia, aunque sea a Arabia Saudí, para nuestra seguridad y para bajar las cifras del paro.

Las terribles y engañosas cuentas de Navantia

Y de buenas a primeras nos enteramos por las cuentas anuales de 2016 presentadas por la SEPI que en 2016 Navantia acumuló (a pesar de las inmejorables ayudas públicas) unas pérdidas de 303 millones de euros, la mayor deuda de todas las empresas publicas españolas.

Navantia se convierte así en un agujero negro (y bastante opaco) que arrastra las cuentas públicas al desastre. ¿Hay que agradecérselo a alguien en concreto?

Según otro medio, las cuentas de Navantia implican que ésta está en una situación que obligaría a su disolución aunque han empleado un truco contable para evitarla.

Así informó a su vez a finales de junio Economía Digital.

Para más aclaraciones de la desastrosa situación de Navantia, la Oficina Nacional de Auditoría (órgano adscrito a la IGAE) dice  en su informe de auditoría de las cuentas de SEPI, páginas 4 y 5, que

En el informe de auditoría del Grupo Navantia, el auditor llama la atención sobre las notas 3 y 22 de la memoria, que describen la situación patrimonial del Grupo. El patrimonio neto a efectos mercantiles de la Sociedad Dominante del Grupo Navantia se sitúa en 23.393 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 y, por tanto, en situación patrimonial de disolución, en aplicación del artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, celebrado el 15 de marzo de 2017 aprobó la solicitud a SEPI, su accionista único, de un préstamo participativo por importe de 90.000 miles de euros. Con fecha 28 de marzo de 2017 ambas sociedades firmaron el contrato del referido préstamo, que ha sido desembolsado en la misma fecha. Considerando este préstamo participativo y teniendo en cuenta el patrimonio neto a efectos mercantiles, a 31 de diciembre de 2016, la Sociedad Dominante no se encuentra en causa de disolución, sí se encuentra en situación patrimonial de reducción de capital obligatoria, en aplicación del artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que durante el ejercicio 2017 la sociedad tendrá que tomar medidas tendentes a conseguir el equilibrio patrimonial.

Es decir, traducido al idioma autóctono de quienes ni sabemos de finanzas ni usamos corbatas y camisas de seda, Navantia debería disolverse, pero como el dinero es de todos y a sus administradores les cuesta muy poco, unos cuantos (casualmente los causantes y cómplices del desastre) han decidido auto-otorgarle a Navantia (osea a ellos mismos y a los intereses que representan) un préstamo para camuflar las cuentas y permitir un nuevo salto en el vacío, algo así como un rescate como los que salvaron el negocio de los accionistas de los bancos pero ahora aplicado a la industria militar (que también es casualidad que sea una de las que financia la banca armada).

Más deuda a nuestras costillas y más gasto militar

¿Significa eso que nos va a salir gratis la broma de este “reflote” (véase la metáfora marítima que elegimos para más rechifla) de la industria de muerte?

Pues no. Significa monda y lirondamente más gasto militar, porque ¿adivinan de dónde saldrá el pastuco del préstamo de camuflaje?

¿Han pensado que de los presupuestos? Pues acertaron. Lo dice así el diario La Información y nos pone sobre la pista para anotar en 2017 dinero camuflado de gasto militar en la SEPI y para vigilar el presupuesto de 2018, donde es previsible que vuelvan a repetir la jugada

En los Presupuestos Generales de 2017 se concede a la SEPI una aportación de 1.210 millones para avalar a sus diferentes empresas, una cifra idéntica a la de 2016. El Gobierno, además, prevé que la Sociedad estatal acabe el año en pérdidas, con un resultado negativo de 149 millones.

El desastre productivo de Navantia

Pero este aspecto económico no lo es todo en el caos de Navantia.

Su eficacia productiva es inigualable.

Navantia nos ha empobrecido vendiendo al Estado unos submarinos que no flotan y han debido ser revisados innumerables veces.

Revisiones que han implicado aumento de la factura de producción de los mismos y aumento de la factura de reparación de los actualmente en uso para alargar su vida útil hasta que los nuevos ingenios de Navantia tengan a bien emerger del fondo marino donde los sitúa la incompetencia del personal “altamente cualificado” del que alardea el escalafón militarista, desde la ministra hacia abajo.

En efecto, el inicial proyecto de submarinos de Navantia supondría un coste de 1.796 millones de euros, pero ya vamos, sumados los sobrecostes del propio submarino y los gastos que ha implicado para reparar los antiguos y mantenerlos en uso, 3.013 millones de euros, según informamos en febrero de 2017. Y según el Secretario de Estado en su intervención en el Congreso para informar sobre los Programas Especiales de Armamento del pasado 2016, estas cantidades sólo permitirán poner en el agua el primero de los cuatro submarinos previstos, sin que se sepa el coste de los otros tres restantes.

Pero los errores de diseño de Navantia no son exclusivos de su empeño en submarinos con sobrepeso y alcanzan a otros productos de la naval, como los barcos de la clase Camberra que quiere vender a Australia, o el BPE Juan Carlos I como ya explicamos en otra entrada de mayo de este año.

¿Qué suerte habrían corrido las comarcas de Cádiz, Ferrol y Cartagena si el dinero invertido en mantener Navantia se hubiera invertido en reconversión y desarrollo?

Las cifras no engañan. Navantia ha recibido varios miles de millones del erario público en concepto de ayudas, subvenciones y aportaciones para mantenerla en pié.

La sola suma de las pérdidas de Navantia en los últimos diez años (pérdidas que cubre el Estado al margen de las ayudas y encargos que realiza a esta empresa) es escalofriante, con una media anual de más de 250 millones de euros y sin un plan viable de salida.

La explicación que nos han dado es que con ello contribuían a la cuestión social de Murcia, Cartagena y Ferrol, ampliamente dependientes de la industria naval militar.

Muchos de los contratos de Navantia no han tenido una finalidad, dijo un anterior Secretario de Estado de Defensa, desde el punto de vista militar, pues lo “encargado” o no se necesitaba o se podía conseguir mejor fuera, sino industrial, para fortalecer el sector naval militar.

Si contabilizamos todas estas ayudas, subvenciones, dinero invertido en encargos, sobrecostes de sus productos y dotaciones de pérdidas ¿no podría haberse cortado la sangría antes e invertido todo este dineral tirado a la basura para desarrollar de forma alternativa estas regiones?

Lo militar ha supuesto para Cartagena, Murcia o Cádiz dependencia, no progreso ni desarrollo y mantener incólume esta dinámica no puede sino condenar a estas regiones a más dependencia y peor futuro.

¿Por qué nadie reclama ese cambio de rumbo?

Si de lo que se trata es de sostener la viabilidad de las regiones referidas, ¿por qué no se invierten los más de 300 millones de perdidas de Navantia no en mantenerla viva, sino en el desarrollo de estas regiones?

¿Por qué no se incentiva una reconversión radical de Navantia y sus tecnologías hacia fines socialmente útiles y sectores sostenibles?

La respuesta es más que sencilla. Porque lo que se busca no es el desarrollo de estas regiones, sino el negocio lucrativo de unos pocos.

Paro y Navantia

Las cuentas anuales de Navantia de 2016, bastante edulcoradas, por cierto, nos aportan un dato más:

  • La plantilla de Naviantia a 31-12-2016 era de 5.296 personas únicamente.
  • La cifra de negocio de Navantia en 2016 ha sido de 710´08 millones de euros.
  • El resultado de Navantia en 2016 ha sido de 229,74 millones de euros.
  • Las inversiones en inmovilizado durante 2016 han sido de 170 millones de euros.
  • El patrimonio de Navantia se ha contabilizado por valor de 341,29 millones de euros.
  • Ha obtenido donaciones y subvenciones (principalmente de la Comunidad de Murcia, el Ministerio de Industria y la UE) por importe de 3,9 millones de euros.
  • el pago total de personal ha sido de 311´36  millones de euros, lo que equivale a un sueldo medio de 58.791 euros, cifra que, a la vista de las tablas salariales de su propio convenio, no cobra ni siquiera el 10% de su plantilla y que sobre la cifra de negocio anual supone un 43% de aquella.

Estas cifras despejan, a su vez, la idea de que Navantia ofrece mucho trabajo, únicamente 5.296 personas en unas regiones que cuentan con una población parada de cerca de 200.000 personas en la región de Cádiz (un paro de más del 33% de su población activa), más de 130.000 personas en la región de Murcia (cerca del 20% de parados) y con un paro en la comarca de Ferrol de 6.100 personas, un 24% de su población activa.

Navantia no es, vistas las cifras, ni una solución parcial al paro desmesurado y producto de una ínfima inversión en desarrollo de estas regiones.

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