Archive for DEFEX

¿Disolver DEFEX o renunciar definitivamente a una empresa estatal de exportación y venta de armas?

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Por Hernán Piñera

Fuente: El País

Informa El País que el Consejo de Ministros tiene encima de la mesa la petición de autorización que hace la SEPI para poder disolver DEFEX, la empresa de venta de armas en el exterior del Estado (51 % del accionariado de la empresa, junto con un 10’8% por cada socio en manos de Explosivos Alaveses, Maxam e Instalaza y otro 8’1% en manos de Placencia de las Armas y Alfalan respectivamente).

Defex ha sido una empresa muy lucrativa para la exportación de armas españolas. Desde 1990 a la fecha realizó una facturación de más de 1.600 millones de euros, aunque los casos de corrupción y la investigación judicial que se ha entablado contra la empresa la ha convertido, parece ser, en una mala marca comercial, por lo que sus inversores, en este caso Defensa y sus empresas militares socias, han decidido cerrarla.

¿Cerrarla para empezar de nuevo con una marca nueva, no señalada por la corrupción de la anterior?

Mala solución, porque indicaría que no se renuncia al negocio de las armas, un negocio corruptor y corrupto donde los haya.

Porque el problema no es de la empresa, sino del producto en sí y del mercado del armamentismo, donde no es posible ninguna regla ética, e impera la obscuridad más sucia.

De modo que mucho nos tememos que el giro de limpieza que ahora se pregona no sea otra cosa que asear la cloaca, pero no acabar con ella. No estamos, por tanto, ante una decisión ni ética ni de política adecuada, sino ante un mero enroque de los señores de la guerra amparado por un estado que hace de la venta de armas uno de sus argumentos vitales y de sus intereses lucrativos.

¿Y no sería mejor para la salud del planeta y la seguridad humana dejar de exportar armas y poner las inversiones del Estado en actividades enfocadas a promover el desarrollo, o la ciencia, o bienes socialmente útiles?

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¿Exdiputados del PP implicados en la corrupción de Defex?

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Por Alex Pascual Guardia

Fuente: El País.

Pareciera que por la actividad corrupta de DEFEX, la comercializadora de armas de la Marca España, no pasara el tiempo.

Si al inicio eran los turbios negocios y la corrupción en la que estaban implicados conseguidores de baja estopa, como el tal Paesa y la repesca de puertasgiratorias, y luego el escándalo porque cuatro ministerios participaban del mejunje, y más tarde una imputación penal en toda regla por operaciones opacas en Angola y Luxemburgo, para un semestre después conocer  las irregularidades de intentar saltarse la ley para vender a Arabia Saudí 200 tanques Leopard por 2.400 millones de euros, en el suma y sigue ahora aparecen los nombres de los ex-diputados del PP Gómez de la Serna y Arestegui salpicados por la corrupción y obligados a dimitir de su labor diputadesca y embajadoril, a quienes investiga Juez de la Mata en su macroinvestigación sobre comisiones ilegales de estos dos señores.

Dice El País

El auto del juez De la Mata, al que ha tenido acceso El País, detalla que un reciente informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha sacado a la luz diversos correos electrónicos intervenidos en la cuenta de un directivo de Elecnor SA, empresa implicada en el pago de sobornos para la consecución de contratos internacionales, de los que se desprende que la firma española había utilizado en 2009 a la mercantil irlandesa Emerald Business Consulting LTD “para la adjudicación y ejecución del contrato de obra de la estación desaladora de Souk Tleta”, en Argelia, una de las operaciones bajo sospecha. El escrito del magistrado recuerda que en la misma también participó de un modo similar la empresa holandesa Castelino BV, que ya había aparecido en la investigación.

y

En concreto, los correos revelaban la supuesta simulación de un contrato entre Elecnor SA y la firma irlandesa por la que ésta recibió un fijo de 1,2 millones de euros por unos supuestos servicios de asesoramiento “de movilización y estrategia”, además de un porcentaje del 1,65% del millonario importe del contrato. En total, la investigación ha revelado que la compañía ‘pantalla’ cobró por ello cerca de 3,3 millones de euros mediante una transferencia bancaria realizada a una cuenta abierta en el Alliedirish Bank, de Dublín

Las empresas mencionadas, dice De la Mata, no son desconocidas para la justicia española y

Sus nombres han aparecido en otro sumario de corrupción, en este caso el que tiene su epicentro en la empresa pública de venta de armas Defex

Parece que el círculo vicioso de DEFEX, lejos de cerrarse, se vuelve espiral y cada vez va rodeando a más personas, a más actividades poco recomendables, a más escándalos.

El cuento de DEFEX se está volviendo algo interminable, inabarcable, como la tinta del calamar.

Debería ser el propio Estado el que impusiera una auditoria radical en esta empresa y prohibiera su actividad. Es corrupta, como se va demostrando, pero además es inmoral. Ya basta de alimentar los negocios de los señores de la guerra.

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Corrupción militarista en Defex

Imagen de Defex

Imagen de Defex

Fuente:  El Mundo.

Son varias las veces que hemos tratado el caso de DEFEX en este blog.  Y, según parece, más serán las que lo trataremos.

Defex es

una empresa constituida en el año 1972, tiene como objeto social la promoción y exportación de bienes y servicios de empresas españolas.

DEFEX es una sociedad mercantil estatal participada mayoritariamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En su Consejo de Administración están representados el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de SEPI, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Defensa y diversos accionistas privados.

El caso DEFEX ha dado tantas vueltas que no nos vendrá mal hacer un breve repaso, de la mano de El Mundo:

En 2012, las autoridades de Luxemburgo preguntaron a España por unas transferencias por valor de 41 millones desde una cuenta bancaria conjunta de Defex y la empresa Comercial Cueto 92, con la que Defex ejecutaba un contrato de venta de armas a la Policía angoleña.  El fiscal anticorrupción Conrado Sáiz abrió diligencias de investigación en febrero de 2013, y en julio de 2014 se judicializó el caso, que recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que dirige José de la Mata.  El contrato de Angola era de 153 millones de euros. De ellos, unos 100 fueron de beneficio, pero cerca de 70 se desviaron a empresas pantalla y paraísos fiscales. Beatriz García Paesa, sobrina y mano derecha del espía Francisco Paesa, fue la que creó sociedades en paraísos fiscales para ocultar el dinero.  Todavía se está investigando quién se quedó con el dinero. Al menos una parte muy sustanciosa fue a manos de Juan Carlos Cueto, responsable de Comercial Cueto 92, la empresa que vendía las armas en Angola de la mano de Defex. Él, al igual que Beatriz Paesa, es uno de los imputados en el caso.

Defex, así, consiguió el honor de ser la primera empresa pública en ser imputada en una investigación penal.

Parece ser que los altos cargos de Defex siguen siendo purgados y despedidos, discretamente por la empresa, debido a las auditorías, el trabajo de Anticorrupción  y los escalofriantes informes forensic de PriceWaterhouseCoopers y Deloitte.

Las comisiones medias en los contratos que ha intermediado Defex desde 2008 y hasta 2014 -en que entró en sus instalaciones la Guardia Civil por orden judicial- son del 8% para los agentes contratados y del 9% para la empresa pública. Es decir,pellizcazos del 17% que suponen 57 millones sobre un total de 340

defex-pellizcos

Como se ve, los pelotazos que se daban en Defex son de tal cuantía que en ocasiones el proveedor real

se queda con menos del 50% del dinero del contrato.

¿Quiénes son los responsables de estos desaguisados?

Los accionistas de este engendro son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), con un 51% del capital, seguida principalmente de las privadas Maxam Expal, con un 20%, e Instalaza, con un 10%. En los órganos de gobierno de ambas participan o han participado importantes personalidades de la vida española y de confianza del Rey Emérito como Jaime Carvajal en Maxam o del actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Instalaza.

El representante de Maxam Expal en el consejo de Defex es nada menos que el ex jefe del Estado Mayor de la Armada, Francisco Torrente, también muy próximo al padre del actual Monarca. También figura el presidente de Maxam, José Fernando Sánchez Junco, ex director general del Ministerio de Industria con el PSOE. Además, hay en el consejo representantes de Exteriores, Defensa y Economía

Es desolador. El presidente más longevo de Defex durante décadas, José Ignacio Encinas, fue detenido en una primera fase de la investigación iniciada en 2014, aunque ya había sido relevado dos años antes al llegar al poder el PP. La Sepi nombró presidente de Defex en 2012 a Fernando Aguilar con el respaldo de su cuñada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Aguilar, que había sido antes delegado en la oscura delegación de Singapur, terminó siendo también relevado en 2015 y se encuentra imputado desde este verano en la segunda fase de la investigación. En el entorno de la dirigente del PP aseguran que la relación con su cuñado es inexistente desde hace algún tiempo.

¿No sabían nada estos responsables políticos y económicos?, ¿se han enterado por la prensa?

¿Se pedirán responsabilidades políticas y penales a alguno de ellos?  ¿Alguien de la SEPI, y por lo tanto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá alguna responsabilidad por ser socios mayoritarios, la tendrá su ministro Montoro?  ¿La tendrán los Ministerios de Defensa, Exteriores o del de Economía, es decir, Morenés, García Margallo o Guindos?

Pero el caso Defex parece infinito.  Al menos son infinitas las ganas de lucro de algunos de sus empleados.  Nos cuenta El Diario que

Un juzgado de Madrid ha obligado a la empresa semipública de exportación de material militar Defex (que tiene al Estado como mayor accionista con el 51%) a readmitir a un exdirectivo imputado en la Operación Angola por un presunto fraude en una operación de venta de armas a ese país por importe de 152 millones de euros.

El directivo en cuestión es Manuel Iglesias Sarriá Fernández de Navarrete, exdirector de Operaciones de Defex. El pasado 1 de octubre, Defex procedió a darle de alta en la Seguridad Social, aunque su reincorporación efectiva no se produjo hasta el lunes 10 de octubre. A Iglesias prácticamente no le dio tiempo a encender el ordenador: ese día se le entregó la carta de despido, según fuentes al tanto del proceso.

Ingeniero de Telecomunicaciones y primo carnal del cantante Julio Iglesias (su padre era hermano del doctor Julio Iglesias Puga, alias Papuchi), Iglesias Sarriá llevaba trabajando en Defex desde 1990 y en enero de 2013 fue nombrado director de Operaciones, bajo dependencia directa del entonces presidente de la compañía, Fernando Aguilar Viyuela.

Aguilar, que es cuñado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue presidente de Defex desde 2012 hasta mayo de 2015, cuando fue sustituido por el teniente general del Ejército Juan Carlos Villamía.

Pero no nos engañemos.  Este no es un caso puntual en la Administración del Estado.  Es un caso estructural porque hay que preguntarse para qué sirven las empresas y organismos autónomos del Estado.  ¿Cuál es su función si los trabajos que realizan los podrían, y deberían, hacer los funcionarios en los propios ministerios?  En muchas ocasiones hemos dicho que los Organismos Autónomos militares deberían cerrarse porque parece que su función sólo es doblar gestiones y sueldos y esconder las responsabilidades de gestión directas del Estado a través de sus ministros.

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Las constantes picias de DEFEX

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Fuente Infodefensa

Comenta Infodefensa que DEFEX, la empresa del Ministerio de Defensa ideada para la venta de armas españolas al exterior, intentó vender 200 tanques Leopard, de matriz alemana, a Arabia Saudí, por 2.400 millones de euros, con el desconocimiento de Defensa y, más grave aún, saltándose los acuerdos de venta de este tipo de armas “país a país” suscritos por España.

El contrato de venta de los 200 Leopard españoles no llegó a realizarse, en gran parte porque el rey de aquella idílica democracia murió y con ello quedaron truncadas las posibilidades de tal pelotazo, de modo que no sabemos, ahora, quién se hubiera llevado el gato al agua: si Defensa sin contar con DEFEX o DEFEX sin contar con Defensa.

Llama la atención, en todo ello, la manera un tanto peculiar de hacer negocio de DEFEX, empresa pública que en unos casos incumple gravemente la ley y se ve investigada por ello, y en otros se atreve a intentar levantar su sangriento negocio a su propio dueño.

Todo un ejemplo de empresa que debería desaparecer.

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Mapa del Complejo Militar-Industrial estatal español

Uno de los problemas para entender y valorar en su justa medida del Complejo Militar Industrial español es que no sabemos dónde está ubicado.  No hay imágenes o mapas en los que basarnos para poder tener una imagen mental de su presencia.

Desde Utopía Contagiosa queremos empezar a romper esta situación de ocultamiento de lo militar en España mediante una serie de mapas. El primero presenta la localización de las empresas militares del Complejo Militar-Industrial estatal español.

 

Los datos están recogidos de las propias páginas web de las empresas militares.

Lo primero que nos llama la atención es que hay 53 localizaciones de esta industria militar.

Lo segundo es que una gran parte de ellas se encuentra agrupada en Madrid, donde están las sedes centrales de gran cantidad de estas empresas y en Cádiz (donde, sin embargo, no representan un polo de desarrollo que lleve riqueza a la sociedad gaditana y, sí, sin embargo, una gran rémora para cambiar el modelo económico de la zona hacia una economía ética y sostenible).

INTA:

  • Centro de ensayo con aviones no tripulados.  Aeródromo de Rozas (Lugo)
  • Estación de la Red de Espacio Lejano de la ESA.  Monitoriza la exploración espacial en el Sistema Solar.  Carretera de Ávila 562, km 10  05260, apartado 32, Cebreros, (Ávila)
  • Sede central del INTA.  Carretera Torrejón a Ajalvir, km 4  28850 Torrejón de Ardoz, (Madrid)
  • Estación de la ESA para comunicaciones con vehículos espaciales europeos.
    Camino Bajo del Castillo s/n  Urbanización Villafranca del Castillo
    28692 Villanueva de la Cañada, (Madrid)
  • Centro de experimentación de vehículos aeroespaciales
    del Ministerio de Defensa y de investigaciones atmosféricas.  Carretera San Juan del Puerto, km 33  21130 Mazagón, (Huelva)
  • Labores de desarrollo del Airbus A400.  Aeropuerto de Sevilla carretera N-IV Madrid-Cádiz, km 532 41020, Sevilla
  • Ensayos de experimentación en vuelo para la certificación de aeronaves.
    Aeropuerto de Granada Autovía A-92 (dirección Sevilla) 18329 Chauchina, (Granada)
  • Estación especializada en satélites de observación de la Tierra y geoestacionarios.  Montaña Blanca-Maspalomas 35100, (Las Palmas de Gran Canaria)

Hispasat

  • La red del Segmento de Terreno de HISPASAT está formada por cuatro Centros de Control (Arganda del Rey, Tres Cantos, Las Palmas y Flamengo) y otras estaciones terrenas con capacidad de telemetría y telecomando y monitorización de portadoras (Maspalomas/España)
  • Madrid.  Sede Central.

Hisdesat

  • Madrid.

INDRA

Avenida de Bruselas, 35 28108 Alcobendas Madrid

c/ Aviación, 14 41007 Sevilla

Purita De La Riva 6 bajo 33008 Oviedo Asturias

c/ Numancia, 185 08034 Barcelona

Carretera de Zaragoza, km 3 31191 Galar Navarra

c/ Julian Camarillo 19-21 1º 28037 Madrid.

c/ Alcalá, 506. 28027 Madrid.

c/ Príncipe de Vergara, 109.  28002 Madrid

Avda. dels Traginers 14, 1ª planta 46014 Valencia

Muelle de Poniente s/n 03001 Alicante

Ibaibe 29, 1ªplanta Oficina 5  48902 Barakaldo  Bizkaia

Ronda de Toledo, s/n  13005 Ciudad Real

c/ Aviación, 14  41007 Sevilla

c/ Severo Ochoa, 23  29590 Málaga

Polígono Industrial Salinas de Poniente 11500 El Puerto de Santa María  Cádiz

Carretera Prado de las Torrres. s/n  41110 Bollullos de la Mitación  Sevilla

c/ Luis Moya Blanco, 82  33203 Gijón  Asturias

Navantia:

C/ Taxonera, S/N 15403 Ferrol.

Astillero San Fernando: Carretera de la Carraca, s/n 11100 SAN FERNANDO (Cádiz)

Astillero Puerto Real: Polígono Río San Pedro, s/n  11510 PUERTO REAL (Cádiz)

Reparaciones Cádiz: Carretera Industrial, s/n 11007 CÁDIZ

 

Carretera de la Algameca, s/n 30205 Cartagena

Velázquez, 132 28006 Madrid

Airbus Defence and Space.

Carrer Entença 95   08015 de Barcelona

Torres Quevedo, 9 (P.T.M.)  28760 Tres Cantos.  Madrid.

Edificio Cuzco IV, Paseo de la Castellana 141.  28046 Madrid

C/San Severo, s/n, Barajas Park – Ed. A1  28042 Madrid

Avda. de Aragon, 404  28022 Madrid-Barajas

Avenida John Lennon, s/n  28906 Getafe

Avenida de García Morato, s/n  41011 Sevilla

Centro Bahía de Cadiz, Carretera del Puerto de Santa Maria a Sanlicar de Barrameda, Km 5,5  11500 Cádiz

ALESTIS.

Parque Tecnológico AerópolisC/ Ingeniero Rafael Rubio Elola, nº 1 (ala Este)41309, La Rinconada (Sevilla)

Leonardo da Vinci, 8 Oficina 122-123-124 Pq. Empresarial La Carpetanía -28906 Getafe (Madrid)

Polígono Industrial TrocaderoC/ Portugal s/n11510 Puerto Real (Cádiz)

Parque Tecnológico TecnoBahíaAvda. Sindicalista Isidoro Gálvez s/n Parcela 39-40-4111500 Puerto de Santa María (Cádiz)

Polígono de JúndizC/ Júndiz, 1601015 Vitoria-Gasteiz

Parque Tecnológico de ÁlavaC/ Marie Curie, 201510 Miñano (Álava)

DEFEX.

Av. del General Perón, 38, 28020, Madrid

ISDEFE.

Calle Beatriz de Bobadilla, 3. 28040 Madrid.

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¿Amnistía fiscal para la industria militar?

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Por Francisco Schmidt

Fuente: Infodefensa.

Nos lleva el rumor de que el ex-presidente de Defex también se acogió a la amnistía fiscal para “legalizar” a precio de saldo y con poco impuesto más de 500.000 euros.

Comencemos por aclarar que DEFEX es una empresa encargada de la venta de armas españolas en el exterior y que el 51% de su accionariado pertenece a la SEPI; que a su vez pertenece al Ministerio de Hacienda (el resto del accionariado a diversas empresas de armamento), que a su vez es quien pincha y corta para nombrar al presidente de la entidad.

Sigamos por decir que el susodicho “amnistiado fiscal” se llama José Ignacio Encinas Charro y fue presidente de dicha entidad desde 1991 hasta 2012, bajo las presidencias de gobierno de González, Aznar y Zapatero y que, amén de otros asuntillos, ha pasado al conocimiento del gran público por haber estado encarcelado en 2014 con motivo de unas comisioncillas de nada durante su mandato por venta de armas en Angola y por ruidos de escándalos de DEFEX en otro tipo de contratos nada claros, como son los que ha celebrado con Arabia Saudí o Camerún, o los que ha mantenido con Egipto, o la detección por parte de Hacienda de un fraude que inicialmente dejó sin investigar.

También salió hace poco a la luz su supuesta relación con las offshore de Panamá precisamente para desviar pasta de la venta de armas a Angola.

No aclara la noticia si la pasta ahora “regularizada” tiene algo que ver con su actividad al frente de la venta de armas de Defex o si además este hombre tenía tiempo para hacer dinero en otro tipo de negocios, lo cual nos deja una doble incertidumbre.

Lo que parece cada vez más claro es que la amnistía fiscal ha venido a ayudar a una gente a caballo entre el mercado privado y las influencias públicas, lo cual no deja de ser una mala noticia para la necesidad de sanear y hacer transparente todo el dineral que se mueve en torno a la ya de por sí poco ética por sus fines industria de defensa.

Porque pudiera dar la impresión de que la industria militar sanea y se amnistía aprovechando las rendijas de la “buenista” ley de Montoro, que se suponía valía para reintegrar socialmente a los indeseables que se habían llevado el dinero fuera, no para que lo trajeran crudo y se lo quedaran riéndose del resto del personal.

Y es que se está pidiendo a gritos una auditoría de todo el gasto militar, lo que a su vez incluye investigar también con plena luz y taquígrafos a toda la cohorte de puertas giratorias que acompañan el negocio de la guerra.

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La corrupción en el comercio de armas: DEFEX

Imagen de Defex.es

Fuente:  Infodefensa.

Defex es una empresa constituida en 1972.  Está participada mayoritariamente por la estatal SEPI (51 %) y minoritariamente por Explosivos Alaveses, Maxam Corp, Instalaza, Sociedad Anónima Palencia de Armas  y Alfa Lan S.A.

En su Consejo de Administración están representados el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de SEPI, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Defensa y diversos accionistas privados.

Fue creada para fomentar la exportación en el sector de la Defensa (Sistemas de Aviación, Sistemas Navales, Sistemas de Artillería, Sistemas de Infantería, Vehículos, Electrónica y Optrónica, Equipamiento de Intendencia y Equipos Auxiliares) y luego se expandió a exportación de material de Policía y Seguridad.

Ya hemos comentado diversos aspectos de esta empresa en entradas anteriores del blog.

Ahora salta a la palestra la información de que el 17 de junio de 2015 la Unidad Contra el Crimen Organizado (UCO) puso a disposición de la Audiencia Nacional un informe que concluía que la empresa pública DEFEX actuó como una “organización criminal”.

La Fiscalía Anticorrupción está investigando a DEFEX por una venta de material militar a Angola por 152 millones de € cuando su valor material era de sólo 50 millones.  El sobrecoste se repartió entre funcionarios angoleños y miembros de DEFEX, todo unejemplo de buen empresariado.

Parece que hay indicios de otras operaciones sospechosas en Camerún, Arabia Saudí, Egipto y otros países del Lejano Oriente.

Resulta curioso que en el capital de DEFEX esté Instalaza y Armas de Palencia.  Parece que todo el polo industrial-militar es un conglomerado de empresas y de la cúpula ministerial que se protegen unos a otros porque todos tienen participaciones cruzadas que les obligan a no caer ninguno porque sino caerían todos.

Esto implica que no sólo es imprescindible una auditoría imparcial en las empresas de Defensa, sino en la SEPI y en el propio Ministerio de Defensa, pues por lo que se ve, aquí todo está ensombrecido por la duda de malas prácticas.

Además, habría que plantearse para que queremos los ciudadanos una empresa con capital estatal mayoritario que se dedica a comercializar armas y exportar conflictos y guerras.

La política adecuada con DEFEX sería su cierre.

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DEFEX será imputada en un juicio por el desvío de 41 millones de euros

Barrotes

Mánel

 

Fuente: Infodefensa

Como hemos informado en otras ocasiones, responsables de DEFEX fueron imputados por delitos relacionados con contratos suscritos a nombre de la empresa de defensa DEFEX, participada por la SEPI.

La reciente novedad de este asunto está en que, además de la imputación de estos directivos, la Audiencia Nacional ha considerado que la propia entidad DEFEX, debe ser imputada de delitos de enriquecimiento injusto al haberse apropiado de más de 41 millones de euros.

Dado que las entidades públicas estatales no podían ser empapeladas por comisión de delitos, la novedad de la resolución del tribunal está en considerar que DEFEX, empresa mercantil participada por SEPI, sí puede ser imputada.

La resolución razona que

“no acontece lo mismo con las sociedades mercantiles estatales, que en tanto participadas por el Estado” son instrumentales de la administración, “pero ni son Estado, ni son administraciones públicas”.

De este modo el truco de crear empresas mercantiles del estado para poder hacer ventas de armas que, de otro modo, pasarían por filtros y controles excesivos, se cae abajo, porque podrán vender, pero también deberán responder de sus tropelías.

La resolución considera que en las negociaciones llevadas a cabo por defex no perseguían un fin público y la prestación de un servicio, sino el enriquecimiento ilícito y el interés particular.

Ahora tendrán que investigar la posible infracción penal de esta empresa militar.

Sera un bien fomento para iniciar de paso una investigación más exhaustiva sobre los negocios de esta empresa y de las empresas militares.

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Otro paso más hacia el Polo Militar Industrial made in Spain

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Mr Reivaj

Fuente: Elboletin.com

Lo veníamos diciendo y ahora se confirma. Morenés, en su intento de construir el “polo” militar-industrial español, estaba luchando por quedarse con el control político de las principales industrias “militares” con participación del Estado, entre ellas INDRA (de la que el estado controla el 20,14%) y NAVANTIA y la participación española en AIRBUS (4%) o en HISPASAT (7,8%).

El capital público de empresas pertenecen de facto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que depende de Hacienda. Es por ello que la mayor parte de la participación del Ministerio de Hacienda en el gasto militar español se realiza a través de esta participación de la SEPI.

Durante los últimos meses se ha vivido una soterrada lucha entre Morenas, ministro de defensa, y Montoro, ministro de Hacienda por posicionar a sus peones en estas empresas para decantar el control político de las mismas a favor del uno o del otro.

El Consejo de Ministros del viernes 25 de julio ha dado la razón a Morenés, y a partir de ahora, será Defensa quien asuma el control de las empresas de defensa encuadradas en la SEPI.

Defensa, según el lenguaje burocrático de la nota de prensa del Consejo de Ministros “dispondrá del ejercicio de los derechos, excepto los económicos, derivados de la participación pública estatal en el capital de sociedades mercantiles cuya actividad se desenvuelva en el sector industrial de la defensa, y liderará la acción de gobierno en relación con los procesos de reestructuración y consolidación de la misma a nivel nacional e internacional”  aunque, eso sí, deberá comportarse y colaborar con los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Economía y Competitividad dentro de sus nuevas asignaciones.

Además de estas empresas, de las que ahora Defensa se hace con el control, el Ministerio de Defensa, según informa Infodefensa,  ya controla otras de ese “complejo” militar-industrial que quieren montar a toda prisa, como es el caso del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el cual a su vez es partícipe de la empresa Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), encargada de la comercialización en el mundo mundial de las armas made in Spain, y que a su vez es la dueña del 30% la empresa privada HISDESAT, de la que es el socio mayorista.

Tal vez todo esto parezca un galimatías. De hecho lo es. Y al parecer es tan enrevesado precisamente para conseguir lo que todos sospechamos: que sea un lío comprender los entresijos del manejo de las industrias de defensa en manos del Estado y sus cambalaches con las que están en manos de otros.

Al darle tanto poder a Morenés, seguramente el Consejo de Ministros se ha olvidado del papel relevante de dicho señor como girapuertas en su etapa pre-ministerial y post-secretario de estado de defensa, o del pequeño detalle de que el mismo ya nos ha endeudado con su política de créditos a las industrias militares con una deuda impagable e inmoral, mientras concedía créditos a las industrias militares a interés cero, razones ambas cuando poco, más que de peso para no poner en sus manos este poder de decisión política, pues es capaz de empobrecernos más aún con tal de vender más armas por doquier.

En todo caso, ¿se han preguntado para qué necesitamos un polo militar industrial fuerte, a imitación del americano o del francés, pongamos por caso?

Puede que no se les ocurra ninguna razón a bote pronto. De hecho es lo más probable que la razón “verdadera” tenga poco que ver con lo razonable. Pero, miren, si siguen leyendo la nota del Consejo de Ministros con paciencia (y benignidad para el redactor) encontrarán la razón oficial del empeño:

La industria de defensa es clave para la seguridad y soberanía nacional, al aportar el valor diferencial a los sistemas utilizados por nuestras Fuerzas Armadas en las operaciones, que le confieren la ventaja operativa en la acción y la necesaria capacidad de disuasión.

Y esto nos consuela mucho: porque nosotros empezábamos a sospechar que querían hacer este “polo militar industrial” para forrarse y para imponerse a otros y resulta que no, que no tiene nada que ver con fines tan soeces y poco espirituales, sino que necesitamos ventaja operativa  por el valor diferencial de los sistemas utilizados por nuestras fuerzas armadas (dicho sea de paso, los mismos que los de las demás) y bla, bla, bla.

Osea, traducido al román paladín, que efectivamente no necesitamos este tipo de negocio absolutamente para nada sensato.

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¿La venta de armas se salta la legalidad?

Imagen de Kurtxio

 

Comentábamos en un artículo previo  que nos parecía advertir un mecanismo muy artero que tenía como consecuencia saltarse la ley sobre control del comercio exterior del material de defensa y de doble uso. En concreto el Real Decreto-ley de 25 de mayo de 2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, en concreto de su Título II sobre “apoyo a la exportación de material de defensa por el Ministerio de Defensa”.

1.-  El que hizo la ley …

El Ministerio de Economía y Competitividad tiene una Secretaría de Estado de Comercio en la cual se informa de las peculiaridades sobre la exportación e importación de material de Defensa y de Doble Uso.  Existe una La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) que se constituyó en 1988 y se reúne una vez al mes, con representación del Ministerio de Presidencia, Asuntos Exteriores, Defensa, Economía, Hacienda, Interior e Industria.  Esta Junta es la que concede autorización para la venta de armas al exterior.  Por ley la JIMDDU tiene que velar por el cumplimiento del Código de Conducta de la UE, código que ha quedado recogido por la misma Ley. Este código establece que no deben venderse armas a países sancionados, inestables, en conflicto armado, que vulneren los Derechos Humanos, que no condenen el terrorismo o que tengan un nivel de bienestar delicado, según Melero y Font en un artículo de 2007 que denuncia que sus deliberaciones y decisiones son secretas.  Esto deriva en falta de control social y parlamentario.

En la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior del material de defensa y de doble uso se dice, además, que el gobierno enviará semestralmente al Congreso de los Diputados la información pertinente sobre las exportaciones de defensa y de doble uso.  El encargado será el Secretario de Estado de Defensa y éste comparecerá ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.  Luego, la Comisión de Defensa emitirá un dictamen con recomendaciones de cara al próximo año, y Secretario de Estado de Comercio informará, en su comparecencia anual de las acciones derivadas de dicho dictamen.

2.-  … hizo la trampa.

La liebre nos saltaba con la noticia sobre la corrupción en Defex:

Los directivos de Defex y el mencionado Cueto maniobraron para desviar casi un tercio del importe del material militar pagado por el Gobierno de Angola. Al tratarse de un acuerdo intergubernamental, el contrato no pasó el control de la Junta Interministerial de exportación de material de defensa (Jimdef), que controla la exportación de armas y material de doble uso y rinde cuentas semestralmente al Congreso de los Diputados.

Imaginamos que a mucha gente se le pasó la gravedad de que, además de toda la corrupción de la que hablaba la noticia, se hubiesen saltado a la Junta Interministerial.  ¿Cómo era posible saltarse la ley y no pasar por el control de la Junta Interministerial y evitar informar al Congreso de los Diputados?

Nuestra primera idea, bastante ingenua, fue que existirían algunas excepciones a la hora de pasar por la revisión de la Junta Interministerial.  Por ello acudimos al Real Decreto-Ley que pretende ayudar al Ministerio de Defensa a vender más armas para buscarlo.

En dicho Real Decreto-Ley se argumenta que:

El título II añade un nuevo mecanismo de apoyo a la exportación a los ya existentes en el ordenamiento jurídico español. El mecanismo aprobado por este título pretende desarrollar las capacidades del Ministerio de Defensa en materia de gestión de programas de material de defensa con destino a la exportación. La inexistencia, hasta este momento, de mecanismos que permitieran una participación más activa del Ministerio de Defensa en la gestión de programas destinados a la exportación ha supuesto una desventaja competitiva para nuestra base industrial y tecnológica, la cual se ha visto obligada a competir en el mercado internacional en desigualdad de condiciones contra ofertas procedentes de bases industriales extranjeras que gozaban de un respaldo mucho más proactivo y eficaz ofrecido por sus Gobiernos de origen.
Las medidas que se aplican en este real decreto-ley y que, en definitiva, fundamentan la urgencia y necesidad de la norma, tienen como objetivo fundamental afrontar las carencias advertidas en esta etapa crucial para el sector español industrial de la defensa, caracterizada por la contracción del gasto español en este sector esencial de la actividad económica del país, el aumento de la demanda internacional de material de defensa, la
creciente competencia internacional en los procesos de adjudicación de grandes programas por ciertas potencias emergentes, y la existencia de un interés declarado y actual, por parte de las mismas, en que sea el Gobierno español su único interlocutor en procesos de adquisición de material de defensa que, teniendo en cuenta su envergadura, no admiten demora.

Además, se nos informa de la estructura con la que se harán las exportaciones:

La puesta en marcha de este mecanismo oscila sobre dos relaciones jurídicas; una horizontal, de Gobierno a Gobierno, entre el Gobierno solicitante y el Gobierno español, y una vertical, entre el Gobierno español (por medio del Ministerio de Defensa) y una o más empresas suministradoras.La relación horizontal, se asienta sobre la celebración de un contrato entre el Gobierno de España y otro Gobierno extranjero, tal y como se prevé en el artículo 7.1.g) de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. En virtud de dicho contrato, el Gobierno extranjero solicita al Gobierno de España que realice todas las actividades de gestión precisas para que un determinado material o tecnología de defensa le sean transmitidos por un contratista español. El negocio jurídico del mandato inherente a dicho contrato tiene las ventajas de que el bien suministrado no se integra en el patrimonio de las administraciones públicas, de que no se modifica la normativa vigente en materia de control del comercio exterior de material de defensa y que permite transmitir de manera directa entre los contratistas y el Gobierno extranjero las responsabilidades y riesgos derivados de los contratos.
Por su parte, la relación vertical se desarrolla mediante las actividades que, en virtud del encargo anterior, realizará el Ministerio de Defensa en el tráfico jurídico interno aplicando los mecanismos vigentes de contratación administrativa del sector público, así como el régimen de control de la gestión económico-financiera y el régimen sancionador previstos en la normativa presupuestaria.

Es decir, parece ser que todo deriva de la necesidad de seguridad que tendrían los presuntos compradores de armas de tratar no con una empresa sino con un gobierno.  Por ello, el Estado español, siguiendo el ejemplo de otros como Estados Unidos, se interpone entre comprador e industria armamentística española para gestionar con su seriedad y solvencia habituales la venta de armas con beneficio para las dos partes y sin lucrarse en nada.  Nos pareció entonces que las intenciones del gobierno, representados por el vendedor de armas Morenés, no eran otras que primar el comercio armamentístico español y con ello, potenciar su megalómana idea de crear un polo militar industrial español potente.

Sin embargo, lo que ahora parece también, es que lo que busca la venta de armamento “gobierno a gobierno” es eludir el control y las preguntas indiscretas que podrían venir por la obligación de que las armas y material de doble uso vendidos desde las empresas, eludiendo la obligación de informar a la Junta Interministerial de conseguir la autorización y de que, además, de paso, se eluda la información que el Secretario de Estado debe dar al respecto ante el Congreso de los Diputados.

¿Podría ser que algún diputado preguntara por tan enojosos y jugosos contratos que no tienen por qué cumplir con tanto trámite y escrúpulo?. Lo más seguro es que no, pues la mayoría militarista de la diputadesca es aplastante y las preguntas que se formulan, más bien, tienen que ver con aspectos menos enjundiosos. Pero cabe el riesgo.

Un ejemplo práctico: Los tanques de Arabia Saudí.

 Pongamos por caso el más controvertido, a nuestro modo de ver, que es el de la venta “estado a estado” que se está cocinando entre España  y Arabia Saudí de 250 tanques Leopard fabricados en España y que el reino saudí quiere comprar.

Debemos aclarar que previamente se los quiso comprar a Alemania, país de donde procede la patente de los tanques, aunque el Parlamento alemán no autorizó el negocio por las características poco santas del comprador.

Al parecer, al Gobierno español la operación no le parece tan poco ética como a los alemanes y, ante la perspectiva de lograr un negocio redondo de más de 2.000 millones de euros, ha hecho lo posible por solventar las posibles objeciones. ¿cómo? Pues pidiendo a los alemanes la autorización de venta, por una parte, y creando la norma que permite la venta “país a país” para eludir los controles.

Arabia Saudí es un muy buen cliente para España. No en vano, como explica otra noticia, ha reportado suculentos beneficios a DEFEX, la comercializadora de armas del ejército

En sólo un año, en 2012, ha multiplicado por tres sus beneficios, ha realizado ventas por valor de 95 millones de euros, ha suscrito contratos por 50 millones y ha completado el ejercicio con una cartera de pedidos de 173 millones, convirtiéndose Arabia Saudí en el principal cliente de España en el sector

 

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