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Otro globo-sonda: llegar a 26.500 millones de € de gasto para el Ministerio de Defensa

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La Mala Testa

Fuente: La Razón.

Las van tirando (con bala) poco a poco, a ver qué pasa.

Cospedal se prodiga en lanzar anuncios sobre el gasto militar. Ahora ha elevado la apuesta. Ya no son 1.800 millones de euros los que quiere subir el presupuesto del Ministerio de Defensa para 2017, sino 2.076. Ya no es “un incremento anual para acercarnos a los compromisos adquiridos” como dice el mantra de los últimos tiempos, sino 26.500 millones de euros anuales para el Ministerio con plazo máximo en 2024 (dentro de 7 años),

Se precisa de un planeamiento y de una estabilidad que garanticen la disponibilidad de medios en plazo y forma que pueda desembocar en un compromiso presupuestario estable y duradero con la defensa, su dotación, su capacidad inversora y su base industrial

A eso es a lo que llama “recuperar músculo militar”, en una nefasta metáfora donde, según dice la ministra, el músculo a recuperar es la fuerza bruta, no el corazón (pongamos por ejemplo) o cualquier otro relacionado con mejorar el mundo en que vivimos.

Pero la ministra hace, como siempre se hace en Defensa, trampa. Porque cuando nos habla de ese abrumador aumento de gasto militar, sólo habla de incrementar las partidas de su ministerio, no de desvelar las otras partidas del gasto militar ocultas en otros ministerios (12 de los 13 existentes) o partidas externas (por ejemplo las clases pasivas militares o el fondo de contingencia desde el que se financian las operaciones en el exterior).  Para profundizar en estos temas recomendamos nuestro informe Gasto Militar 2016.

La ministra afirma que, de momento, no va a incorporar al presupuesto de defensa, por ejemplo, los más de 800 millones anuales que se gasta el estado en enviar tropas al extranjero, que seguirán en el famoso limbo donde la política militar esconde lo que no quiere que se sepa.

Así y todo, si empiezan a reconocer que quieren un gasto militar de 26.500 millones de euros anuales y aplicamos a este el criterio de deuda pública que venimos manejando (porque los presupuestos generales del estado españoles son deficitarios y lo seguirán siendo en las próximas décadas, lo que obligará a pagar la enorme deuda pública contraída y la que necesiten contraer a futuro), resultará que en los cálculos de gasto militar que venimos haciendo en nuestros sucesivos informes, nos vamos a acabar situando en un gasto militar final (gasto militar más deuda) por encima de los 50.000 millones de euros.

Y a esta política agresiva y militarista, según vemos día a día, le aplauden por igual la prensa amarilla más escorada a la derecha y la simplemente escorada a la derecha, sin que la crítica haga prácticamente acto de presencia a pesar de la desmesura, inmoralidad, insolidaridad y peligro que todo ello supone.

¿Y los partidos políticos? Pues o consintiendo o de vacaciones.  Que para eso comen de la misma entelequia y con iguales escrúpulos.

¿Exenciones a las empresas militares de los PEAS?

Imagen de .Bambo.

Como nos viene pasando habitualmente en los temas de Defensa, no salimos de nuestro asombro.

Leemos en Defensa.com que Cospedal ha conseguido algo que nos parece un nuevo privilegio militar:

Si bien, ha habido otra noticia en materia económica digna de mención:  Defensa ha conseguido que el Gobierno imponga una excepción fiscal a las empresas de Defensa adjudicatarias de los 18 PEAS con el fin de evitar que sean embargadas por Hacienda.  El Ministerio amenazaba con esta medida extrema ante la imposibilidad de aquellas para hacer frente a sus obligaciones con el Ministerio de Industria por los retrasos en los pagos, a su vez, del Ministerio de Defensa.

Vemos que cita a otra fuente y recurrimos a ella:  El Confidencia.com, que en su noticia “Cospedal, ‘cautiva y desarmada’ ante Hacienda para pagar compras de Defensa” subtitula:

El Gobierno ha impuesto una excepción fiscal para evitar embargos contra las empresas públicas de armamento que deben a Industria lo que Defensa no les paga a ellas

Hemos buscado en

Y no hemos encontrado tal norma.

¿Lo están haciendo en secreto?  ¿Es un globo sonda?  ¿Es un bulo?  ¿Es un error?

Si fuese realidad, habría que leer tal norma para ver:

  • cómo fundamentan este nuevo privilegio a la industria militar
  • qué conceden a la industria de la muerte, en concreto.

Por ahora no hay noticias claras. Todo muy extraño.

Gasto Militar 2014 liquidado por la IGAE: 9.548’37 millones de € (se habían presupuestado: 5.745’77 millones de €)

Imagen de Juliogmilat fotografía

Fuente:  Elaboración propia.

Hay varias estadísticas que se pueden utilizar para hablar de Gasto Militar.

Normalmente nos referimos al Gasto Militar de un año cuando analizamos los Presupuestos Generales del Estado.

Pero hay otra forma de valorar los Gastos Militares, que aunque también es parcial porque no analiza todo lo que la OTAN considera Gasto Militar, vale para tener algunas cifras más precisas y reconocidas por el propio Estado:  el Gasto Militar liquidado por la IGAE.  Dentro de poco sacaremos nuestro informe sobre 2014.  Hasta entonces pueden consultar el de 2013.

El Estado Español cuenta con un mecanismo de control y fiscalización del gasto público, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este organismo tiene entre sus funciones la de revisar con criterios contables europeos los Presupuestos Generales del Estado y proceder a una verificación fiel de su liquidación. Sus funciones se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Como ven, por tanto, nuestra fuente son los papeles oficiales del Ministerio de Hacienda a través de la IGAE.

Adelantamos los primeros resultados generales a través de este cuadro, en el cual las cifras están expresadas en millones de €:

2011 2012 2013 2014
Ministerio de Defensa (presupuestado) 7.156’37 6.316’44 5.913’65 5.745’77
Ministerio de Defensa (liquidado) 8.301,09 9.066,29 7.867’09 7.696’65
Investigación y desarrollo relacionado con la Defensa en el Ministerio de Industria 900,45 582,77 218’15 343’60
Organismos Autónomos Militares 1.195’04 1.130’93 999’30 1.037’23
CNI 216,32 214,61 197’46 213’96
AEMET 11’97 8’79 5’19 4’99
Centros Universitarios de la Defensa 6,79 6,56 10’99 7’74
Pensiones de guerra 348,03 310,29 276’88 245’04
TOTAL (GM liquidado por la IGAE) 10.979’69 11.320’21 9.575’06 9.548’37
TOTAL DEL SOBREGASTO MILITAR

(según la IGAE)

3.823’32 5.003’77 3.661’41 3.802’6
% de desviación sobre lo presupuestado 53’42 % 79’21 % 61’91 % 66’18%

 

Como se ve, estos datos globales suponen una constatación de tres aspectos básicos en la política presupuestaria del ministro Morenés y del gobierno del PP:

  • Se acumulan cifras astronómicas de sobregasto militar:  16.291’1 millones de € de sobregasto militar entre 2011 y 2014, la primera legislatura de Rajoy.
  • Se oculta el sobregasto en múltiples partidas:
    • Organismos Autónomos Militares.
    • Investigación y Desarrollo relacionado con la defensa del Ministerio de Industria.
    • Centro Nacional de Inteligencia del Ministerio de Presidencia.
    • Agencia Estatal de Meteorología del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
    • Centros Universitarios de la Defensa.
    • Pensiones de Guerra.
  • Mienten mucho, y a sabiendas, sobre el Gasto Militar. Que haya desviaciones de gasto que oscilan entre el 53’42 y el 79’21 %, en los últimos años analizados, es algo que se hace y se mantiene a sabiendas.  No se puede hablar de circunstancias coyunturales surgidas durante el ejercicio, de asuntos inesperados.
  • El motivo por el cual el Ministerio de Defensa y el Gobierno en pleno mienten continuamente a l@s español@s es para ocultar el altísimo grado de militarización que sufrimos la sociedad española y la preponderancia que dan al Gasto Militar sobre el Gasto Social.
  • La mala gestión que se hace los presupuestos militares debería implicar algunas medidas políticas para corregirla.  Por ejemplo una auditoría independiente de las cuentas que acabe desvelando la realidad del Gasto Militar.

Un pacto militarista en la élite para blindar el gasto militar y aumentarlo

La Sexta Noche

Fuente: El País

Anuncia el País, ese periódico cada vez más parecido al poder al que sirve, que la rutilante Ministra de Defensa del dialogante gobierno del segundo ciclo marianista, en un alarde de nuevo talante pepero, ha ofrecido a los diputados un pacto político para consolidar y aumentar el gasto militar.

No se equivoquen, no es un pacto para debatir sobre la necesidad, oportunidad y decencia del gasto militar, o para pensar en común qué tipo de seguridad aspiramos a tener, o quién es el enemigo, etcétera, sino para blindar de avatares futuros al gasto militar (y de paso a los intereses de las empresas del IBEX que, nos dice otra noticia, son las principales acreedoras y representantes de las empresas militares con las que en un juego rocambolesco el Estado tiene comprometida una deuda impagable de más de 30.000 millones de € por armas que no se necesitan para nada). Es, sencillamente, un pacto para blindar el gasto militar de cualquier ademán de recorte.

Empieza a vislumbrarse el porqué de una ministra dicharachera y mediática al frente de Defensa, frente al anterior discreto pero igualmente maniroto: porque necesitan arremeter en los medios de comunicación para intoxicar a la opinión pública y saturarnos acerca de la necesidad de mantener un gasto militar que cada vez es más difícil esconder y que sigue siendo tremendamente impopular.

Pero volvamos al pacto y a su desarrollo.

Dice la ministra que

Una de las prioridades de su gestión, según ha explicado la ministra en su primera comparecencia parlamentaria, será aprobar una Ley de Sostenibilidad de las Fuerzas Armadas que garantice las inversiones a medio plazo, más allá de los cambios políticos y presupuestarios

y

ha ofrecido a los grupos parlamentarios trabajar a partir de enero en la elaboración de una ley que garantice la financiación de los programas de armamento; no solo de los vigentes, sino los que se incluirán en el nuevo objetivo de capacidades, que se quiere aprobar en 2017

No quieren aventurarse a que los avatares políticos lleven al poder formal de plexiglás realmente existente a alguna fuerza  “radical” que pida un drástico recorte del gasto militar o que, sencillamente, proponga una política de seguridad que no pase por la obsesión militarista, como si en el actual panorama político hubiera alguna fuerza planteando una alternativa al militarismo.

Cospedal justifica su pretensión en que es el momento de recuperar el músculo económico para la política de defensa después de las reducciones de gasto que, dice, ha sufrido el presupuesto militar.

Dado que el Tribunal Constitucional prohibió disfrazar la enorme e ilegítima deuda militar por compra de armas por el método de los créditos extrapresupuestarios mediante decretos leyes estivales, tal como nos tenía acostumbrado el ex-ministro Morenés, a Cospedal no le queda más remedio, para guardar las apariencias, que aflorar el gasto militar en programas de armamento (que arrastra una deuda de unos 30.000 millones de euros y amenaza con ser una nueva ruina) y buscar que por ley se diga que eso va a misa, con peineta y todo y por encima de la campana gorda.

El anuncio ha sido aplaudido por los portavoces del PSOE, Ricardo Cortés, y Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, aunque el primero le advirtió de que su “mano tendida no es un cheque en blanco”

Parece que los partidos del en su día denominado por aquel otro como “bloque constitucionalista” hacen ojitos a la ministra, ya sea diciendo que es lo razonable, o que no se oponen, que tanto monta, mientras que los demás, en su despiste, piden a lo más que se conserven los derechos de los militares o pasan palabra, bonita manera de mear fuera del tiesto pensando que no se mojarán los pies con las salpicaduras.

De modo que ya tenemos una clara linea divisoria, tan útil para saber dónde se sitúa cada cual y quienes están al otro lado de la liza: a un lado los partidos que quieren hacer del gasto militar un baluarte de su identidad y que pactan alegremente empobrecernos con su aumento. Al otro los que nos negamos porque aspiramos a desmilitarizar la política de seguridad, eso sí, sin padrino político que levante el dedo en el parlamento de la casta. Y entre Pinto y Valdemoro los que piensan que poniéndose de perfil disimulan su quiero y no puedo.

Con lo que ya sabemos otra linea de lucha a partir de ahora: contra el pacto miserable para blindar el gasto militar y elevarlo, mientras la sociedad sufre el impacto insolidario y los recortes de las políticas neoliberales de la derecha nominal y allegada.

Cospedal ofrece las primeras pistas del nuevo presupuesto de Defensa: aumentará al menos un 30% respecto del de 2016

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Gobierno de Castilla-La Mancha

Fuente: .Público

Hay que ver el empuje de Dolores (de Cospedal) en su nueva tarea de ministra de los ejércitos.

En la reunión con los portavoces de la Comisión de Defensa ya se ha despachado con la primera perla de su mandato:  el próximo presupuesto aumentará la dotación del Ministerio de Defensa (aclaremos que no equivale al gasto militar, sino a la punta del iceberg del mismo) en al menos un 30%, como consecuencia de que por fin (y a regañadientes, porque hasta el Tribunal Constitucional tenía censurado el truco de los créditos extrapresupuestarios para pagar deudas de los inútiles e ilegítimos Programas Espaciales de Armamento) van a incluir el pago “reprogramado” a la industria militar del ejercicio 2016 y 2017 en los propios presupuestos generales, por un importe de 2.100 millones de euros extras nada menos.

En una reciente entrada dimos por descontado un pago de PEAS en 2017 de un poco más de 1.800 millones de euros, pero como se ve, pecamos de precavidos.

Miren por donde, la ministra Cospedal amaga con mucho acto religioso a favor de las vírgenes patronas de lo militar y mucha foto que parecen pura inocencia prediluviana, con mucha pompa y compungimiento marcial, como está mandado, pero a la que te descuidas  te casca unos presupuestos militares de vértigo, que ni que estuviera pasando el cepillo el capellán mayor para hacerse otra catedral.

El anuncio de Dolores no ha sentado, al parecer, demasiado bien entre los portavoces de la Comisión de Defensa, que ya es noticia por sí mismo si ha logrado que se despertaran de su letargo, pero, dice Público, se han reservado las críticas para el 20 de diciembre, fecha previa al sorteo de la lotería, en la que la ministra comparecerá a la Comisión de Defensa para explicar su voracidad presupuestaria.

Mucho nos tememos que la crítica se quede en agua de borrajas y flor de un día, pues el PSOE, co-responsable de generar la enorme deuda militar de los PEAS, no se opone a su pago a las industrias militares (donde por otra parte han mantenido puertas giratorias indistintamente con el PP), ni cuestiona esta deuda como ilegítima e insolidaria, sino únicamente critica que estos pagos se hicieran por medio de créditos extrapresupuestarios.

Por otra parte Ciudadanos tampoco muestra rechazo alguno al pago de estas armas invasivas y ha solicitado en más de una ocasión el aumento del rearme español por considerar que se gasta poco en Defensa.

De modo que aún en el caso, tan poco previsible a tenor del titubeo actual en la materia, de que el resto de la oposición muestre críticas al aumento del gasto militar y a los PEAS, tendrá mayores problemas la mayoría militarista, con los votos del PPSOE y Ciudadanos para decirnos que en esto el consenso de los españoles sobrerepresentados por aquellos es apabullante.

En todo caso, este aumento del presupuesto de Defensa en un 30% de su valor del año anterior (con incluso 400 millones más de los que se preveían para pagos de los PEAS para 2017) nos hace suponer un importante incremento del gasto militar real y oculto en otros ministerios y partidas de los PGE y nos hace estar alerta para cuando publiciten el proyecto de presupuestos.

El gasto militar, como se ve, sigue siendo un gran privilegiado de la casta política. Así nos luce el pelo.

Los PEAS son la burbuja especulativa que le va a explotar al Ministerio de Defensa

Imagen de Ferran BCN

Sobre los PEAS hemos publicado muchísimo.  Y seguiremos publicando porque es una chapuza financiera de la que el Ministerio de Defensa no sabe salir, haciendo las cosas bien, se entiende.

El supuesto éxito de Cospedal

Nos vende Infodefensa que Cospedal ha convencido al gobierno para reprogramar los gastos de PEAS de 2016 para 2017.  Parece un éxito de gestión de la Ministra de Defensa cuando realmente es un fracaso en toda regla, obligados por el Tribunal Constitucional.  Al final, en 2017 se pagarán los 1.107’7 millones de € de dicho año y los 716’7 millones de 2016.  El total va a ser escalofriante:  1.824’4 millones de € para PEAS en 2017.

El primer problema de Cospedal:  la imagen insolidaria del Ministerio de Defensa.

Si tenemos en cuenta que el presupuesto  del Ministerio de Defensa ronda los 6.000 millones de €, el aumento sería de, aproximadamente, un 30 %.  ¿Cómo le será posible a Cospedal, en una época de duros recortes sociales, económicos y políticos, vender un aumento del 30 % en su ministerio, el menos social de todos?.  ¿Cómo convencerá a l@s español@s de la solidaridad del Ministerio de Defensa cuando ellos suben su propio presupuesto en un 30 %?

Los 18 Programas Especiales de Armamento (PEAS)

En la siguiente infografía se enumeran los PEAS, lo que iban a costar en 2009, lo que se reprogramó para 2013, y abajo los compromisos de pagos acordados entre la industria armamentística y el gobierno.

Infografía de El País

Las conclusiones al analizar esta infografía son claras:

  • Cada vez vamos a recibir menos armamento
  • El precio total y parcial de cada PEA cada vez será mayor.
  • Nos quedan por pagar 14.280’9 millones de € hasta 2030.
  • Estamos hipotecados por estos programas de armamento hasta el año 2030 y ello va a suponer una burbuja financiera que va a acabar explotándole al Ministerio de Defensa y, de paso, a los contribuyentes.

Con más detalle se puede ver en este otro cuadro también publicado por Infodefensa:

En la anterior tabla salta a la vista otro dato, todavía más escalofriante, el monto total de los PEAS va a ser de 29.479’06 millones de €.

La práctica engañosa del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa venía haciendo una práctica ilegal, según ha reconocido el Tribunal Constitucional (2 sentencias) que consistía en que no incluía los PEAS en los Presupuestos Generales del Estado.  Luego, con la excusa de que eran gastos no previstos, los aprobaba en verano por Decreto Ley y sin la consulta al Parlamento.

Esto ocultaba una buena parte del gasto militar a la ciudadanía.

En el entramado financiero que gestiona los PEAS todo es raro:

  • La industria militar (privada, en su mayoría) se compromete con el Estado a dotarle de una serie de armamentos
  • El Estado prefinancia la investigación y desarrollo necesarios para que la industria militar pueda fabricar las armas.
  • La prefinanciación no ha hace el Ministerio de Defensa (sería poco vendible a la sociedad).  La hace el Ministerio de Industria, concediendo a la industria militar unos créditos previos a su labor de investigación y desarrollo.
  • Los créditos que Industria da a las armamentísticas son a interés cero.
  • Una buena parte de la industria militar no cumple los plazos y, además, acaban reclamando sobrecostes al Ministerio de Defensa y al de Industria.
  • El Ministerio de Defensa reprograma los PEAS. Tanto el número de armas que van a recibir, como lo que van a pagar.
  • La industria armamentística tiene que devolver anualmente los créditos al Ministerio de Industria.
  • Según va recibiendo el armamento Defensa va pagando los PEAS a la industria armamentística, eso sí, ya con sus sobrecostes añadidos.

Múltiples irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas

Con informaciones sacadas de El País  (Miguel González) procedemos a publicitar siete irregularidades en la contratación del Ministerio de Defensa.

1.-  Contrato de 18’8 millones de € concedido por el Ejército de Tierra a General Dynamics, sin licitación ni publicidad.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, anuló el pasado 24 de junio un contrato por 18,8 millones de euros concedido por el Ejército de Tierra a la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDSBS). En su resolución, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitación ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la número 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 años.

 Lo que no explicaba la resolución es que lo que se buscaba con esta adjudicación es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de más, aunque para ello se recurriera a una fórmula de dudosa legalidad.

La explicación figura en el folio 127 del Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) elaborado por el Tribunal de Cuentas. El contrato de compra de 219 carros de combate Leopard y 16 de recuperación tenía un importe total de 2.489 millones de euros, pero la empresa fabricante ha recibido ya en anticipos del Ministerio de Industria y en pagos de Defensa un total de 2.507 millones. Tiene por tanto, constata el Tribunal de Cuentas, “un exceso de financiación de 18,8 millones”; justo el importe de la adjudicación anulada por Hacienda. Si hubiera dudas sobre la identidad de ambas partidas, el informe explica: “Esta cantidad se encuentra en trámites de regularización, pues es objeto de la Adenda 25, actualmente en negociación”. A la postre, sin embargo, la regularización ha resultado irregular.

2.-  Sobrecostes de 43’6 millones de € de la compañía española SAPA por programas de transmisiones.

No es la única anomalía constatada en la mayor compra de carros de combate de la historia del Ejército español. Defensa ha reconocido sobrecostes por un importe de 43.6 millones de euros derivados, básicamente, de los problemas que la compañía española SAPA, suministradora de las transmisiones, ha tenido con su socio tecnológico alemán Renk.

El Tribunal de Cuentas considera “indudable” que “las circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales” en programas de estas características “exceden los cauces de contratación ordinaria”, pero agrega que SAPA conocía las condiciones de suministro y las aceptó, que el contrato ya preveía un beneficio del 10% con el que cubrir esos imprevistos y que la operación contó con un 100% de financiación pública, por lo que el riesgo financiero era cero.

3.-  El programa de carros de combate Leopard se rige por un antiguo convenio del Ministerio de Defensa con el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) de 1981, mucho más beneficioso para el contratista (General Dynamics, nuevamente).

El informe llama la atención sobre un hecho insólito: Santa Bárbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas públicas) que data de 1981 y “contiene un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general”. Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debió liquidarse hace años.

4.-  Navantia, empresa pública y que no debería tener beneficios al contratar con la Administración, incluye en sus convenios con Defensa beneficios entre el 4 y el 12 %.

Si ya es sorprendente que empresas privadas se comporten como públicas, no lo es menos que públicas lo hagan como privadas. El Tribunal de Cuentas se extraña de que el convenio entre Defensa y el astillero público Navantia incluya un margen de beneficio de entre el 4 el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan. El informe alega que el ánimo de lucro, “principal incentivo para el empresario particular”, no tiene sentido en una sociedad pública, que está obligada a aceptar los encargos que le hace el Estado y solo puede facturar los costes reales, De lo contrario, advierte, podría considerarse “un exceso de financiación pública”.

Defensa ha tomado nota de esta advertencia y ha replicado que, en su nuevo convenio con Navantia, el concepto beneficio se sustituye por el de “margen industrial”, para hacer frente a los “riesgos relativos” a la ejecución de los programas. En esos riesgos no se incluye la revisión de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acción Marítima (BAM).

5.-  Defensa renuncia a imponer penalizaciones a Navantia por el retraso de 78 meses en la entraga de los BAM.

La entrega a la Armada de estos cuatro barcos ha sufrido un retraso total de 78 meses, lo que dio lugar a la apertura de expedientes para imponer las penalizaciones contempladas en los contratos, por un importe total de 31,7 millones de euros. Sin embargo, “por una causa que no se ha justificado”, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanción alguna.

Defensa ha negado que existiera aquiescencia por parte de la Armada para no imponer sanciones y ha anunciado que se reactivará el grupo de trabajo dedicado a discutir con Navantia su importe, aunque alguno de los expedientes, que data de 2011, puede haber caducado.

6.-  Defensa se niega a recepcionar oficialmente armamento y lo mantiene almacenado para no subir el déficit público.

Quien no se retrasó en la entrega fue el consorcio fabricante del avión de combate europeo Eurofighter. Además de los 47 cazas ya en servicio en el Ejército del Aire, hay otros 12 almacenados durante tres años en la base aérea de Los Llanos (Albacete), que España no ha querido recepcionar oficialmente para que no computen en el déficit público.

7.-  Defensa demuestra incompetencia porque no puede usar los helicópteros NH-90 porque no tiene el personal, los equipos y las instalaciones necesarias.

Además, tres helicópteros NH-90 están depositados “temporalmente” en las instalaciones de Eurocopter en Albacete hasta que el Ejército de Tierra disponga del personal, los equipos y las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional.

En este asunto de los PEAS, el Tribunal Constitucional ha dictado 2 sentencias:

  • La primera anulaba el decreto ley de 2014 que destinó 886’3 millones de € a los Peas.  El recurso lo habían presentado el PSOE, pero también Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA, Izquierda Plural y UPyD.

Los recurrentes argumentaron que estos pagos estaban previstos con antelación y responden a una programación plurianual, por lo que debían haberse incluido en los Presupuestos Generales del Estado, propiciando así un debate parlamentario en profundidad. El Gobierno replicó que, aunque el importe global de estos programas es conocido (29.500 millones de euros hasta 2030), la cuantía exacta de cada anualidad está sujeta a negociación con la industria militar y depende de la evolución del déficit, por lo que no era posible incluirla en el presupuesto ordinario de Defensa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, recrimina al Gobierno que ni de la exposición de motivos de la norma ni del expediente tramitado por Defensa “se puede deducir argumento concluyente que ampare la utilización del decreto ley, pues nada se argumenta sobre la extraordinaria y urgente necesidad”, que es lo que justifica su uso según el artículo 86.1 de la Constitución. Al contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció en su discurso de convalidación del crédito extraordinario que no se trataba “de dar cobertura a necesidades imprevistas”, sino de “proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”, y añadió que la Administración estaba obligada a “no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros”, en alusión a la industria militar.

Tras calificar de “singular” la técnica empleada por el Gobierno, el Constitucional constata que “más que la respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad por imprevisible”, la aprobación de créditos extraordinarios para Defensa “se ha convertido en una práctica habitual” para atender un compromiso de pago que es “previsible y programable”.

“Simplemente se alude [por el Gobierno] a la importancia de que se pague a los proveedores para evitar el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse, [pero] esas consecuencias negativas aparecerían en cualquier obligación contractual del Estado”, sin que se explique por qué serían más graves en el caso de la industria militar, argumenta.

El Constitucional no rechaza que se aprueben créditos extraordinarios para financiar programas militares al margen del presupuesto ordinario, pero agrega que debería hacerse a través de una ley y no mediante el decreto ley, cuyo uso está restringido expresamente por la Constitución. “En definitiva”, concluye, “el recurso sistemático al decreto ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

La sentencia, que anula el decreto ley de 2014 pero cuya doctrina es aplicable a los de 2012, 2013 y 2015, no obligará a las empresas a devolver los 4.300 millones de euros recibidos. Y no solo porque los decretos leyes fueron posteriormente convalidados en las Cortes. Sensible al efecto que ello tendría sobre la industria militar española y sobre el Estado, que se enfrentaría a penalizaciones de los consorcios internacionales que gestionan dichos programas, el Constitucional aclara que, por el “principio de seguridad jurídica”, que garantiza los derechos de terceros que mantienen de buena fe relaciones económicas con la Administración, no serán revisables las “situaciones establecidas mediante actuaciones administrativas firmes”; es decir, los mandamientos de pago realizados al amparo de los créditos extraordinarios.

  • La segunda anula otro decreto ley por 846’4 millones de €. Presentada por 50 diputados socialistas.

El alto tribunal estima el recurso presentado por 50 diputados socialistas y considera que “el uso sistemático del decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento” no está justificado por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” y, por tanto, “no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

Sin embargo, la sentencia no obliga a las empresas de armamento a devolver el dinero cobrado a través de este sistema irregular, ya que “la protección de los terceros de buena fe que mantienen relaciones económicas con la Administración se vería gravemente comprometida si desapareciese la autorización del crédito extraordinario”. En consecuencia, “tras ponderar el principio de seguridad jurídica”, declara “no suceptibles de ser revisados como consecuencia de [la] nulidad”  del decreto-ley los pagos realizados por Defensa.

PEAS II.

La apuesta por la militarización del gobierno de Rajoy sobrepasa el primer plan PEAS y ahora están propiciando un plan PEAS II.  En 2014 publicábamos un artículo en el que advertíamos que el Ministerio de Defensa tenía planes para hacer un segundo plan PEAS, el plan PEAS II.

(…) articular un plan de I+D vinculado a la potenciación y capacitación de nuestra industria principalmente en esas capacidades industriales esenciales antes identificadas.  Este plan se ha puesto en marcha abordando dos de las necesidades militares identificadas por el JEMAD más prioritarias, y que ya tienen financiación en los PGE de 2015:  el 8×8 y la fragata F-110.  De ambos se han derivado 20 proyectos tecnológicos (7 del 8×8 y 13 de F-110).  Estos programas darán comienzo ya en el ejercicio 2015.  Están dotados con 41 y 37 millones de € en el Capítulo 8 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  Además, en este mismo Capítulo se han contemplado las partidas de prefinanciación del contrato de los dos nuevos BAM para la Armada:  son 161 millones de €.  En términos numéricos totales, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incorpora 564 millones de € para programas de defensa, un 64 % más que en 2014.

Es decir, el PEAS II consta de:

  • Blindados 8×8, por 41 millones de €
  • Fragata F-110, por 37 millones de €
  • 2 nuevos BAM de la Armada:  161 millones de €

Todo ello hace un total de 239 millones de € para el plan PEAS II, que habría que sumar a los 30.000 millones del primer plan PEAS.

Las alternativas futura de Cospedal.

Las posibilidades que tiene Cospedal para 2017 son dos:

  • Aflorar, por fin, los PEAS en la contabilidad del Ministerio de Defensa, pasando los 6.000 millones, más o menos, que presupuestan ahora a 8.000 millones, y quedando como el Ministerio con más aumento de gasto en épocas de crisis y de recortes.
  • Hacer una nueva ley en la que seguir ocultando esta parte del Gasto Militar y en la que se aprueben los PEAS.

¿Cuál será su opción?

Autorizada la multimillonaria reprogramación de pagos a la industria militar por los A400

RAF+Airbus+A400M+Atlas+art

Rob Schleiffert

fuente: onemagazine

No se han esperado a tener un nuevo gobierno oficial y con plenitud de competencias y funciones, sino que aprovecharon el último Consejo de Ministros “en funciones” para dar un nuevo giro de tuerca a los multimillonarios compromisos de pago a la industria militar, esos que en conjunto y por los Programas Especiales de Armamentos (PEAS) nos han elevado la deuda pública en más de 30.000 millones de euros.

La autorización a Defensa es para renegociar los plazos e importes anuales de los pagos, de aquí a 2030, comprometido sen el anterior acuerdo de 2015, pero “sin elevar el gasto final”, es decir, pagando lo mismo (con otros plazos e importes) al final del ciclo.

Defensa además añade que de los 27 aviones A400 encargados por España, 13 los va a declarar “no operables” (es decir, no los piensa usar) y va a intentar “revenderlos” a terceros países.

Esta maniobra nos obliga a hacer una serie de consideraciones para nuestros lectores:

  • primero, que no parece que la gente encargada de la programación de las inversiones militares sean un dechado de virtudes y competencia, sino, más bien,. que programan a boleo, sin tener en cuenta las necesidades reales, o
  • alternativamente, y en segundo lugar, que tienen un morro que se lo pisan y han intentado disfrazar de necesidades de defensa una compra de aviones que no se necesitan para destinarlos a la venta y especulación, pero garantizándose con los presupuestos públicos la financiación de la construcción de estos para luego decir que sobran.
  • tercero. Que los dichosos aviones no son necesarios, o no lo son en la magnitud que nos han dicho, lo que supone un nuevo engaño (uno más) entre los muchos engaños que componen la trayectoria PPSOE del ministerio de Defensa
  • Cuarto, que estas cosas ocurren sin que nadie alce la voz, a pesar de la mezcla de incompetencia, escándalo y despilfarro público, cuando no otras cosas peores, que se mezclan en el hecho. ¿Será que las complicidades militaristas son tan burdas y abrumadoras que no dejan espacio siquiera para la crítica?

Política de defensa en Francia

Imagen de Barby BZ

Imagen de Barby BZ

Continuamos la serie que prometíamos en el artículo “Política de defensa de Alemania“, y “Política de defensa de Gran Bretaña”, siguiendo el estudio “Análisis comparativode la capacidades militares españolas con las de los países de su entorno” realizado por Ignacio Fuente Cobo para el IEEE del Ministerio de Defensa.

Hoy nos ocupamos de las líneas generales de la política de defensa de Francia.

 

Como el resto de sus homólogos occidentales, las Fuerzas Armadas francesas comenzaron a evolucionar con el final de la Guerra Fría y la reanudación de las operaciones expedicionarias en el exterior. Siguiendo un proceso paralelo al de las Fuerzas Armadas de países europeos como España, Italia y Portugal, entre otros, Francia suspendió la conscripción en 1996 y en 2001 los últimos reclutas acabaron su período de servicio de diez meses. Se daban así los primeros pasos hacia un nuevo ejército profesional, que debía ser más compacto, mejor equipado y mejor adaptado para intervenir fuera del territorio nacional.

Sin embargo, a la vez que mantenía su ambición de seguir siendo considerada una potencia global, Francia, siguiendo la misma tendencia que otras naciones occidentales, fue reduciendo progresivamente el porcentaje del PIB dedicado a la defensa, cuyo presupuesto cayó del 2% de 1997 al entorno del 1,4% que alcanzó a principios de la presente década. Ello supuso que, con el fin de mantener unas Fuerzas Armadas tecnológicamente avanzadas, Francia tuvo que sacrificar el tamaño de la fuerza, cuya reducción fue continua e inevitable.

No obstante, Francia mantuvo su individualidad estratégica y solo se integró en la estructura militar de la OTAN en 2009, al tiempo que aspiraba a potenciar y liderar las iniciativas militares en el marco de la Unión Europea. De esta manera, Francia intervino con una División ligera (la División Daguet, unidad ad hoc constituida por unos doce mil quinientos franceses procedentes de diferentes unidades orgánicas y un refuerzo de cuatro mil quinientos norteamericanos, dotada de carros AMX-30, vehículos blindados, artillería y helicópteros de ataque) en la Guerra del Golfo en 1991, pero no se implicó en Irak y en Afganistán, su participación ha tenido menor perfil que la de Reino Unido e, incluso, que la de Alemania o Italia.

Por el contrario, la revalorización estratégica del continente africano le ha servido a Francia para hacer valer su amplia experiencia en ese continente, especialmente tras su exitosa intervención militar autónoma en la operación «Serval» en Malí en 2013. Su participación en las operaciones en Libia en 2011 también fue particularmente activa y, en la actualidad, el despliegue regional en el Sahel conocido como operación «Barkhane» es, en general, considerado como un importante factor estabilizador de carácter antiterrorista y, en particular, antiyihadista. Incluso, en la lucha contra el Dáesh en Siria e Irak (la operación «Chammal»), Francia, con el despliegue permanente de medios aéreos (un contingente de unos 850 militares) y el ocasional de medios aeronavales, como el portaviones Charles de Gaulle, ha asumido un papel algo mayor que el de Reino Unido y, por supuesto, Alemania o Italia.

Los documentos en los que se basa la política de defensa de Francia en la actualidad son:

  • el Libro Blanco sobre Defensa y Seguridad Nacional, cuya última edición es de 2013 y que es el documento que marca la orientación estratégica de los próximos 15 años
  • y la Ley de Programación Militar (LPM) para el período 2014 a 2019.

La evolución de la política de defensa francesa viene marcada por la sucesiva publicación de sus Libros Blancos sobre la Defensa:

comenzó con la publicación del Libro Blanco sobre la Defensa y la Seguridad Nacional de 1994 que supuso el cambio de énfasis de la defensa del territorio nacional por las operaciones expedicionarias. Este proceso continuó con un nuevo Libro Blanco en el año 2008 en el que se formulaba el concepto de «incertidumbre estratégica», definido como la dificultad de identificar los riesgos y amenazas en un mundo que entendía se había vuelto más inestable y más peligroso. Las Fuerzas Armadas francesas se concebían y dimensionaban principalmente a partir de la hipótesis de un enfrentamiento importante de alta intensidad con fuerzas estatales de un nivel equivalente. Este documento fue revisado en 2012 para integrar los efectos de la llamada «Primavera árabe», la inflexión estratégica de los Estados Unidos hacia el Pacífico y la crisis económica que tan profundo efecto estaba teniendo en las cuentas del Estado incluyendo los presupuestos de defensa. Sin embargo, la presidencia francesa no pareció completamente satisfecha del resultado obtenido por lo que el actual presidente, François Hollande, condicionado por las repercusiones de la operación «Serval» en Malí, que no habían sido previstas en este documento, así como por la necesidad de recuperar el equilibrio de las cuentas públicas, ordenó al llegar al Elíseo que fuera completamente reescrito, dando lugar así al actual Libro Blanco de la Defensa cuya publicación data de abril de 2013 y que ha sido desarrollado por la Ley de Programación Militar (LPM) 2014-2019

El entorno de seguridad y la estrategia militar.

Reconoce tres tipos de amenazas:

  • «Amenazas de la fuerza», considerando que, al menos hasta 2025, el riesgo de que resurjan conflictos entre Estados sigue estando presente. Ello es debido al aumento del gasto militar, especialmente en Asia; a las políticas expansivas de potencias como Rusia y China; a la desestabilización regional en áreas como el Oriente Medio; a la proliferación de las armas de destrucción masiva y, finalmente, a los ataques informáticos dirigidos desde ciertos Estados.
  • Los «riesgos de la debilidad» de algunos Estados que pueden terminar por convertirse en amenazas, esto supone un factor estratégico nuevo en el que algunos Estados en África, Oriente Medio, o Asia resultan incapaces de ejercer sus responsabilidades, los riesgos, por lo que las amenazas que surgen en su territorio pueden desbordarse rápidamente y afectar a la seguridad de Francia.
  • Las amenazas y los riesgos amplificados por la «globalización» se refieren a las amenazas y los riesgos que pesan sobre los flujos de bienes, mercancías o personas, en constante aumento con la globalización económica; los riesgos para la seguridad marítima debido al incremento de la piratería, los riesgos terroristas que siguen presentes en el centro de las preocupaciones de seguridad de la mayoría de los países, el incremento exponencial de los riesgos mediante ciberataques contra las infraestructuras digitalizadas y las amenazas que pueden dirigirse contra el espacio extratmosférico.

Otro cambio importante que recoge el Libro Blanco es que restringe el alcance de la acción de Francia a los límites de Europa, léase África.  Se centran actualmente —al igual que ocurre con la mayor parte de sus socios europeos— en la lucha contra el terrorismo yihadista y en la estabilización de los países que conforman la periferia de la Unión Europea. Los sueños formulados en 2008 de jugar un papel en Asia han quedado olvidados, reconociéndose que Francia ya no tiene los medios para para llenar su ambición más lejana. Las dos últimas guerras libradas por Francia en Libia y Malí, organizadas por medio de coaliciones «verticales», y el hecho de que los Estados Unidos hayan renunciado a estar en primera línea, representan, en la percepción francesa, el futuro modelo de conflicto al que ha de enfrentarse el país.

El siguiente párrafo nos pone cara a cara con la penosa realidad de la planificación militar (no sólo francesa, mundial).  En él, sin reconocer el error que cometieron en la pasada planificación, se autoenmiedan la plana sin asomo de autocrítica o de rubor:

La actuación de Francia en Malí, por otra parte, ha confirmado la necesidad de mantener bases militares en África, quedando así abandonado el propósito estipulado en el Libro Blanco de 2008 de racionalizar la presencia militar francesa en África mediante una reducción drástica de sus bases militares. De esta manera, se reconoce que sin estas bases la intervención en Malí no hubiera sido posible y también indica que Francia parece haber comprendido que la mayor parte de los gastos de este tipo de intervenciones serán nacionales.

En cuanto a la estrategia militar:

hasta el Libro Blanco de 2013, las Fuerzas Armadas francesas se habían concebido y dimensionado principalmente a partir de la hipótesis de un enfrentamiento importante de alta intensidad con fuerzas militares de otro Estado de un nivel equivalente. Por ello el Libro Blanco de 2008 insistía especialmente en el principio de polivalencia y en el alto nivel de modernización de todas las unidades.

Sin embargo, la edición de 2013 del Libro Blanco introduce una inflexión con respecto a esta tendencia distinguiendo entre operaciones coercitivas, donde las Fuerzas Armadas francesas se enfrentarían a ejércitos estatales, y las operaciones de gestión de crisis que tienen características militares distintas. Consecuentemente, el Libro Blanco establece una categorización de las principales misiones operativas asignadas a las Fuerzas Armadas que permitan hacer frente a un amplio espectro de intervenciones e incluyen, por una parte, las misiones permanentes y, por otra, las misiones no permanentes de intervención fuera de sus fronteras.

Los ejércitos deberán llevar a cabo los siguientes esfuerzos militares:

  • Misiones de protección del territorio y la población, que exigen una capacidad de fuerzas terrestres que puede alcanzar los 10.000 hombres, así como los medios adaptados de las fuerzas navales y aéreas, en misiones de refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
  • Gestión de crisis internacionales hasta en 3 teatros diferentes con medios que pueden llegar a los 7.000 hombres y que incluyen unidades navales, entre ellas un buque de proyección y mando, y una docena de aviones de combate.
  • Por último, 1 operación coercitiva importante que implique alrededor de 15.000 hombres, con hasta dos brigadas interarmas, 45 aviones de combate y un grupo aeronaval, y que incluya fuerzas especiales.

Para cumplir su nivel de ambición, el Libro blanco prevé:

  • invertir la tendencia decreciente manteniendo un esfuerzo de defensa significativo de manera que, en un primer momento, el gasto de defensa se estabilice para después, incrementar su volumen progresivamente.
  • El presupuesto de Francia seguirá siendo el segundo presupuesto militar de la Unión Europea —después del británico—, lo que se considera el precio de mantener la ambición internacional de Francia y preservar su autonomía estratégica.
  • La caída del presupuesto de defensa impide mantener el nivel de ambición de las Fuerzas Armadas francesas en el medio y largo plazo, a pesar de que el nivel de esfuerzos que se les exige se ha reducido a la mitad, pasando de 30.000 soldados en operaciones hace unos años a 15.000 a comienzos de 2015.

La tensión que ha producido en el seno de las Fuerzas Armadas esta situación de sobresfuerzo militar en una época de recortes presupuestarios se ha reflejado en ciertas discrepancias internas entre el poder político y los responsables militares hasta el punto de que en mayo de 2014 el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y los tres jefes de Estado Mayor de los Ejércitos (JEME) amenazaron con su dimisión si no se revertía una situación que entendían insostenible en el largo plazo.

La planificación francesa también ha visto recientes cambios en lo que se refiere a presupuestos:

De acuerdo con la Ley de Programación Militar, tal y como fue aprobada en diciembre de 2014, los presupuestos de defensa, sin incluir los gastos de pensiones, expresados en miles de millones de euros corrientes, debían evolucionar como sigue (sin incluir los gastos en pensiones):

presupuestos-defensa-francia-14-19

Además, se contará con recursos excepcionales, incluyendo enajenaciones, por valor de:

suplementospresupuestos-defensa-francia-14-19

Poco después, por los atentados terroristas de 2015, se decidió establecer

un presupuesto de defensa para los cinco años de 162.410 millones de euros. Ello supone que, de acuerdo con la ley modificada, Francia va a liberar 3.800 millones de euros suplementarios en los próximos cuatro años, lo que le permitirá evitar acometer en toda su dimensión la reducción de plantilla prevista en el Libro Blanco. Ya no se suprimirán de aquí a 2019 los 34.000 empleos proyectados, sino aproximadamente la mitad

La opción francesa contra los atentados terroristas en su territorio en 2015 ha consistido en remilitarizar Francia y considerar la seguridad interna como un frente más, así:

Los ataques terroristas en París de 13 de noviembre de 2015 han acelerado esta inflexión hacia el incremento de sus gastos de defensa, cancelando los recortes de personal en las Fuerzas Armadas previstos para los años 2015 y 2016 que alcanzaban un total de 18.750 efectivos. Igualmente, a raíz de los ataques, todos los recortes de personal previstos para después de 2017, 2018 y 2019 han sido suspendidos.  También, como consecuencia del incremento de la amenaza terrorista, se van a reforzar la policía y la gendarmería con cinco mil nuevos efectivos, así como el Ministerio de Justicia y el Servicio de Aduanas con tres mil quinientos nuevos empleados que se añadirán a las 2.650 plazas suplementarias aprobadas después de los anteriores ataques de enero de 2015

Los problemas de programación y el uso excesivo y engañoso, por tanto, de los créditos extrapresupuestarios es un grave problema que compartimos a ambos lados de los Pirineos:

la asignación anual para las operaciones externas se ha fijado en 450 millones de euros, una cantidad que resulta insuficiente, por lo cual, como reconoce la propia ley, los costes adicionales y los reembolsos de las organizaciones internacionales en el marco de las operaciones externas deben ser objeto de una financiación extraordinaria, con el consiguiente impacto sobre las cuentas del Estado.

Nos parece que el modelo francés es la envidia de Morenés y su ministerio porque:

Francia tiene una consideración especial hacia el imperativo industrial, es decir, la necesidad de preservar el conjunto de los sectores industriales crí- ticos que hacen de la base industrial y tecnológica de Francia un instrumento de su autonomía estratégica y de su soberanía. Francia cuenta con la segunda industria de defensa de Europa, por detrás de Reino Unido. Con cuatro mil empresas trabajando en este sector, un volumen de ventas de cerca de 15.000 millones de euros, unos 165.000 empleos directos e indirectos en territorio francés y la exportación de entre el 25 y el 40% de su producción, la industria de defensa se considera uno de los motores principales de competitividad de la economía francesa, así como del empleo, por lo que su protección no es cuestionada por nadie.

Esto se ha traducido en una prioridad continua de los gastos de investigación y desarrollo y de un esfuerzo en el equipamiento sobre base nacional de las Fuerzas Armadas hasta 2025

Francia en el límite.

Francia ha llegado al límite de sus capacidades operativas con sus Fuerzas Armadas comprometidas en varios frentes, con casi veinte mil soldados desplegados en el extranjero, empeñados principalmente en la operación «Barkhane» que cubre todo el Sahel y la operación «Sangaris» en la República Centroafricana. A ello hay que añadir la participación francesa contra el Dáesh en Irak, además de los más de diez mil soldados que patrullan el país para proteger las zonas sensibles. Francia se encuentra también al límite de sus posibilidades presupuestarias. Su presupuesto de defensa reducido al 1,8% del PIB en 2015 resulta insuficiente para mantener en el medio y largo plazo una actividad operativa tan amplia. Incluso si este porcentaje aumentara hasta superar el umbral del 2% para finales de esta década, seguirá siendo insuficiente para mantener su ambición estratégica, sobre todo si se tienen en cuenta las exigencias operativas que pueden derivarse de los conflictos actuales y previsibles en el futuro.

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno no descansa (ni está en funciones) para el gasto militar

King+OFF+freedom

Lucas Toscani

Fuente: BOE

Aunque nuestro perenne gobierno se encuentra en funciones y al menos en la teoría debería no adentrarse en decisiones que ya no le competen, Rajoy es un tipo de convicciones fijas y en lo que se refiere al gasto militar y decidió hace tiempo pisar a fondo el acelerador y aumentar, día sí, día también, el gasto de armas.

Por eso ahora, aprovechando un consejo de ministros vacacional y de pura rutina, acaba de colarnos tres autorizaciones de nuevos contratos para armas, por importes de 32, 35 y 30 millones de euros (sin incluir el IVA), o que equivale a otros 97 millones de euros de vellón para la suma del gasto militar.

Los acuerdos en cuestión son los siguientes

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo marco para el sostenimiento de los motores de helicópteros Puma (HD.19), Superpuma (HD/HT.21), Sikorsky (H.24), Cougar (HT.27) y Colibrí (H.25), por un valor máximo estimado, IVA no incluido, de 32.000.000 de euros, así como los contratos que se adjudiquen basados en el citado Acuerdo.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo marco para el sostenimiento de los avionesTM-11 (Falcon 20), T-18 (Falcon 900) y T.20 (Cessna Citation V) por un valor máximo estimado, IVA no incluido, de 35.000.000 de euros, así como los contratos que se adjudiquen basados en el citado Acuerdo.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo marco para el sostenimiento de los aviones T.22, por un valor máximo estimado, IVA no incluido, de 30.000.000 de euros, así como los contratos que se adjudiquen basados en el citado Acuerdo.

Se trata de acuerdos que permiten gastos plurianuales hasta 2020 (los dos primeros programas) y hasta 2018 el tercero y que, cómo no, disfrazan el gasto militar de modernización de los aparatos de guerra dividiéndolo en varias anualidades para dificultar su control y cuantificación como gasto militar.

Un dinero que, se dice, no hay para las necesidades sociales y que, como hemos explicado tantas veces, acaba generando una inmoral e impagable deuda militar de la que nadie de los que la generan nos pide opinión.

Ya lo ven, estos acuerdos autorizan a celebrar otros acuerdos que, estos sí, acordarán pagar la pastaflora de 97 millones de euros (con el IVA la broma se pone en 117,3 millones de euros) para motores de los diversos aviones del ejército del aire. Puede parecer un poco Marxiana (de Groucho) tanta palabrería para decir que se van a gastar ester dineral por la cara, pero es lo que tiene el alambicado lenguaje de un registrador de la propiedad venido a más, que es puramente retórico, surrealista y superfluo en una gran proporción.

A nuestro juicio, el Rajoinato con plazo de vencimiento ya cumplido en que nos encontramos se atreve a tal gasto, sin que nadie rechiste, porque precisamente tienen pasteleado el futuro y en esto no cuentan con oposición alguna.

O, dicho de alguna manera, que el gasto militar demuestra la continuidad de las (futuras) políticas militares (gobierne nominalmente quien gobierne y lo haga por activa, pasiva o circunfleja) y las periclitadas (pero vigentes, férreas e indiscutidas) políticas de antaño.

O, si se quiere, desvela que el pacto está ya labrado y bien labrado en lo que a los ejes de la política a desarrollar se refiere, a pesar de su pésima escenificación.

El Constitucional anula los “créditos extraordinarios” a Defensa

Web

Por Roberto Latxaga

Fuente:  El País.

El Ministerio de Defensa hacía uso, hasta ahora, de un singular modo de disfrazar su gasto militar:  a lo presupuestado inicialmente en los presupuestos generales del Estado, le iba añadiendo diversas partidas “posteriores” que hacían que el gasto militar real se disparase respecto del inicial.

Esto ocurría con los pagos comprometidos a la industria militar para que fabricaran unos sistemas de armas que no podíamos permitirnos ni no servían para nada, en palabras de un subsecretario de Defensa, los famosos Programas Especiales de Armamentos.

Desde 2012 se publicaban, con nocturnidad y alevosía, reales decretos que, por razones “de urgencia y necesidad” autorizaban a dotar de créditos al Estado, con cargo a deuda pública, para con ellos satisfacer los intereses de la industria militar.  De este modo se han pagado (coincidiendo con el verano y las vacaciones) más de 4.390 millones de euros “extra” de desembolso, una fortuna especialmente gravosa en tiempos de recortes sociales.

Los Créditos Extraordinarios no han sido los únicos mecanismos ingeniosos usados por el Gobierno para “sobredotar” a Defensa.  Contamos también con partidas “plurianuales” que no aparecen en los presupuestos pero se pagan religiosamente en inversiones de armas, con créditos con cargo al “fondo de contingencia” con los que se pagan, bajo cuerda, las operaciones militares en el exterior y con otra serie de trampas que han hecho del presupuesto de defensa un campo minado de mentiras y opacidad.

Los partidos políticos de la “oposición” plantearon la nulidad de la fórmula de Real Decreto para estos créditos extrapresupuestarios, que ahora, el Tribunal Constitucional, ha declarado ilegales.

El argumento del Constitucional es que son créditos trampa y no responden a los fines de un Real Decreto, pues

no se puede deducir argumento concluyente que ampare la utilización del decreto ley, pues nada se argumenta sobre la extraordinaria y urgente necesidad”, que es lo que justifica su uso según el artículo 86.1 de la Constitución. Al contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció en su discurso de convalidación del crédito extraordinario que no se trataba “de dar cobertura a necesidades imprevistas”, sino de “proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”, y añadió que la Administración estaba obligada a “no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros”

SI embargo, la sentencia es ambigua.  No se pueden utilizar, pero se han utilizado.

Son nulos, pero las empresas “beneficiarias” de esta cacicada no tendrán que devolver el pastizal que les dieron, para lo que el Constitucional invoca el “perjuicio” de terceros y la “seguridad jurídica”, bonita manera de tirar el agua sucia de la palangana con el niño dentro.

Además el Tribunal Constitucional insinúa que bastaría con que el Gobierno hiciera una ley para pagar, “fuera de presupuesto” este tipo de compromisos militares para que se pueda seguir recurriendo a los créditos extraordinarios y, decimos nosotros, con ello esconder a la sociedad el verdadero y abrumador gasto militar asumido “en nuestro nombre” por la casta extractiva que, al hacerlo, actúa solo en su propio beneficio.

Es decir, el Constitucional condena pero, a la vez, no deshace el entuerto y, además, les da la fórmula legal para que todo siga igual.

De modo que un sí pero no. Todavía oímos las risotadas de Morenés y Montoro ante el fallo del tribunal.

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