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Invertir en industria militar es elegir la opción menos rentable para crear empleo

Fuente:  Infodefensa.

El sector de la industria de Defensa en España tiene mucha importancia.  Y más que va a tener salvo que por parte de la sociedad hagamos algo para evitarlo.

Por ejemplo, algunos ministerios están altamente militarizados:

El sector industrial de la defensa ha continuado siendo un sector al que desde el extinto Ministerio de Industria Energía y Turismo, hoy Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha dedicado un volumen importante de recursos. En el marco de la colaboración que mantenemos desde hace 20 años con el Ministerio de Defensa para la financiación de los programas especiales de armamento, se han prefinanciado 23 de estos programas con unas aportaciones de 15.000 millones de euros.

Habría que añadir que la prefinanciación ha sido a interés 0.

También habría que añadir que al anterior ciclo inversor (PEAS I) ahora se une otro (PEAS II):

Asimismo, tenemos que constatar el efectivo inicio de un nuevo ciclo inversor en la industria de la defensa alrededor de los programas tecnológicos para la futura Fragata F-110 y los vehículos blindados 8×8.

La infografía que ofrecen y reproducimos aquí abajo resume los principales datos de la industria armamentística española:

Y todo parece idílico salvo que se contraste con algún otro punto de vista.  Nosotros proponemos el de la infografía siguiente que nos dice que invertir en lo militar es ruinoso, con respecto al trabajo que crea:  por cada mil millones de dólares invertidos en industria militar se crean 8.555 trabajos.  Sin embargo, por igual inversión en

  • Sanidad:  12.883
  • Educación:  17.687

 

Cospedal insinúa un nuevo crédito extraordinario para pagar compromisos con venta de armas

PM

juantiagues

Fuente: Infodefensa

La Ministra de Defensa no se anda con chiquitas y amenaza con volver a la práctica declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de los créditos extraordinarios para pagar compromisos de armamentos que los gobiernos del PP-PSOE han ido haciendo con el complejo militar-industrial.

La ministra dice que no es lo mismo hacer una “ley de crédito extraordinario” para blindar los intereses de las industrias militares que hacer un real decreto veraniego, como hasta hora, para el mismo fin y eludiendo el asunto de consignar en los presupuestos las partidas programadas (y disfrazadas) de estos vergonzantes créditos.

Confía la ministra en contar con el consenso, dado que PSOE y Ciudadanos han mostrado a las claras su inclinación militarista al aumento del gasto militar por tierra, mar y aire.

No es de extrañar.

A la industria militar, tan voraz, no le salen las cuentas y reclaman a sus políticos preferidos que resguarden sus intereses, que para eso están.

Navantia, la desastrosa empresa pública de armas, también se exhibirá en HOMSEC

Otra de las empresas que va a participar en HOMSEC los próximos 14, 15 y 16 de marzo en Madrid es Navantia.

Hemos podido saber que Navantia ha reservado suelo para su stand en HOMSEC 2017 por valor de 15.000 €.

NAVANTIA es una empresa pública española perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 100% de su capital.  Se dedica a la construcción de buques, tanto civiles como militares.

Tiene instalaciones en Ferrol y Fene (Galicia), Cartagena (Murcia), Cádiz, Puerto Real y San Fernando (en Andalucía), y Madrid.

En lo militar han construido fragatas-destructores (F-100), fragatas ligeras-corbetas, patrulleras, buques de apoyo logístico, buques anfibios, portaaviones, lanchas de desembarco, cazaminas y submarinos (S-80).

En los últimos años ha vendido buques a Brasil, Noruega, Turquía, Argelia, Australia, India, Indonesia, y Arabia Saudí.  Además de múltiples buques de guerra para el Estado Español.

Algunos de sus productos tienen una merecidísima mala fama internacional:

  • El submarino S-80 es conocido por su sobrepeso, problema que proviene desde los primeros momentos, dado que estuvo mal diseñado.  Por ello también sufre de continuos problemas de sobrecostes que lo están encareciendo repetidas veces y que habrá de pagar la sociedad española.  El proyecto se inició con unas previsiones de gasto de 1.796 millones de €.  A día de hoy, los costes se han encarecido hasta los 3.013 millones de €, es decir, un 67’76 %.  Se van a hacer 4 unidades del S-80, lo cual quiere decir que cada una nos saldrá a 753’5 millones de € (por lo menos).
  • Las fragatas F-100 son peculiares porque se están usando como escaparate móvil para la industria militar española.  Después de que Defensa las comprase, ahora las dedica no a defender nuestras costas, sino a mostrarse en aguas australianas para ver si las vendemos allí.  Lo cual deviene la fragata que allí se encuentra ha sido un despilfarro inútil de 823 millones de €, innecesario como se ve para nuestra defensa.
  • Las fragatas F-100 también son polémicas porque el último contrato que se espera conseguir es, nada menos, que con la dictadura de Arabia Saudí, que las usará, probablemente, en su guerra, poco publicitada, en Yemén.
  • Navantia, además, se adjudicó el mantenimiento de los destructores yankis del escudo antimisiles de Rota, por 171 millones de €.

Además, Navantia se niega reiteradamente a pagar el IBI por los inmensos terrenos que ocupa en Ferrol (unos 600.000 € anuales).

Y Navantia, como empresa es un ejemplo paradigmático de mala gestión porque

  • Desde hace años, arrastra pérdidas millonarias. Pérdidas que la SEPI por una parte (mediante capitalizaciones y entregas de beneficios de la corporación para compensar pérdidas) y el Gobierno por otra (mediante créditos bajo cuerda y contratos cautivos de la defensa española) se ven obligados a ir cubriendo a costa de los impuestos de toda la sociedad.
  • En realidad, Navantia arrastra una deuda, en 2013, de más de 1.200 millones de euros.
  • Navantia se ha visto forzada, varias veces, a hacer nuevos planes estratégicos, supuestamente para mantener la sostenibilidad, en todos ellos se ha previsto reducir la plantilla por despidos, dada su escasa viabilidad económica.

La incongruencia de Kichi, otra vez, con Navantia militar

Otra vez Kichi y Navantia, Navantia y Kichi.  Y, de nuevo, el edil gaditano encastillándose en una postura política que no es solidaria y no es propositiva.

Por ello recuperamos un artículo antiguo (22-2-16), pero que nos parece que sigue siendo de actualidad:

Fuente:  Andalucía Información.

La noticia:

Hablamos del contrato que estaría a punto de cerrarse entre Navantia y Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas, lo que generaría carga de trabajo para cinco años en los astilleros de la Bahía, tal y como indicó el presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Jesús Peralta.

El contrato asciende casi a 3.000 millones de euros, va a dar empleo a unas 10.000 familias, entre directo e indirecto, y “vamos a tener a cerca de 1.000 personas viviendo con sus familias aquí en la Bahía”, indicaba el sindicalista antes de indicar que le preocupaba la postura de Podemos en este asunto, pues junto con algunas ONG, estaba en contra de construir buques de guerra para un país que precisamente no es conocido por respetar los Derechos Humanos.

De hecho, Peralta dijo que los trabajadores habían hablado con los alcaldes de Podemos en Cádiz y Puerto Real para que instarán “a su jefe”, Pablo Iglesias, a que “se calle” porque con su oposición “va a joder a más de diez mil familias” gaditanas

Y las declaraciones de Kichi:

“por si alguien tenía alguna duda, este equipo de Gobierno da su apoyo a cualquier iniciativa que aumente la carga de trabajo en los astilleros de la Bahía de Cádiz”.

“Que no quepa la menor duda sobre nuestro apoyo a los astilleros de la Bahía de Cádiz”, afirmó para añadir que muestra su “respaldo y apoyo” a las negociaciones que la SEPI y la dirección de Navantia “están desarrollando para que el contrato de las corbetas se firme de la manera más inmediata posible”.

Eso sí, puntualizó, “eso no quita para que también cuestionemos la revisión de los compromisos en materia de diplomacia internacional con otros países como por ejemplo, con Arabia Saudí” y es que “sería conveniente que España instase a Arabia Saudí a que respete los Derechos Humanos”.

Por otro lado, el alcalde asegura que contratos como el de las corbetas “no son suficientes para enfrentar la difícil situación que atraviesa el empleo en la Bahía de Cádiz”, incidiendo en que el Gobierno de España “debe garantizar que llegue, no sólo del sector militar, sino también del civil, carga de trabajo sostenible para los astilleros de la Bahía de Cádiz”.
Por último, el regidor gaditano reclama que se ponga en marcha un Plan Estratégico para el Sector Naval, ausente en la última década, que renueve las inversiones y las plantillas en este sector.

Querido Kichi:

Somos conocedores de que en el año escaso que llevas de alcalde ha habido mejoras sustanciales en la ciudad, a pesar de los muchos palos que os han puesto en las ruedas otros actores políticos.  Sabemos que se ha bajado la deuda de Cádiz en más de 10 millones de €, que se ha implementado el programa de alimentación urgente para escolares, que ya no hay listas de espera en servicios sociales, que habéis aprobado un bono social para la electricidad de muchas familias pobres (y que estáis gestionando otro bono para el agua), sabemos que habéis fomentado la cultura participativa en el ayuntamiento.  Todo ello nos alegra y por ello te felicitamos.  Pero, ciertamente teníamos esperanzas, dada tu trayectoria, en que tu llegada a la alcaldía de Cádiz sirviera para bajar el nivel de militarización que sufre la ciudad y la comarca.

Cádiz es un ejemplo palmario de que el monocultivo militar no es bueno económicamente para ninguna región porque:

  • se convierte en la única alternativa de empleo y de inversión
  • éticamente es reprobable al cien por cien
  • vuelve dependiente a la población y a sus políticos de los inestables ciclos de venta de armas o de las guerras que se están preparando

Nosotros particularmente teníamos las expectativas abiertas porque nos habían hablado muy bien de ti como persona y de tu compromiso político.

Al principio de tu mandato nos sorprendió que recibieras institucionalmente a militares de alta graduación que recalaban en Cádiz, pero bueno, era el inicio y, en parte, eran asuntos menores.

Sin embargo este apoyo a la SEPI y a Navantia para fabricar corbetas, buques de guerra de la clase Avante 2200, corbetas destinadas a un país criminal que las emplerá, como se está viendo, en su lucha expansiva y por el control regional de una de las zonas más sensibles del planeta, este apoyo es un verdadero baño de realidad.  Parece que optas por ser uno más, uno de ellos, uno de los que callan ante el atropello del militarismo y prefiere el cálculo electoral a la dignidad.

Leemos los resultados de las votaciones de la Diputación de Cádiz y en el punto 20 no deja de sorprendernos la casi unanimidad:  a favor de fabricar las corbetas para Arabia votaron  PP, PSOE, IU, PC (Por Cádiz sí se puede) y PA (Grupo Andalucista).  Sólo se abstuvo GJ (Ganemos Jeréz) por sus recelos antes las prácticas de Arabia Saudí contra los Derechos Humanos.

El diputado de Grandes Sectores Estratégicos, José María Román, ha explicado que la defensa del empleo debe prevalecer sin que ninguna otra cuestión, que podría tratarse en un punto aparte, enturbie el consenso sobre este tema. En este sentido ha argumentado su rechazo a una enmienda del Grupo Por Cádiz Sí se Puede, que pedía una manifestación explícita de defensa de los Derechos Humanos y contra el terrorismo, no por cuestiones de fondo, sino porque se trataba de un acuerdo que quiere manifestar un mensaje rotundo e inequívoco en favor de la búsqueda de carga de trabajo, ante el enorme índice de desempleo de la provincia y la Bahía de Cádiz en particular.

El drama del empleo en Cádiz es indignante. En eso no podemos sino estar de acuerdo. Buscar salidas urgentes, inmediatas, a ese drama es, no cabe duda, la labor política más importante y no sólo cuestión de palabras. Pero el trabajo en Cádiz asociado a la fabricación de armas condena a Cádiz a la dependencia, a la precariedad laboral, a la insostenibilidad. Y ese es el problema que, al parecer, nadie quiere abordar.

Son varias las consideraciones que te queremos comentar desde el punto de vista pacifista:

  • Apoyo total al militarismo.  Parece, por tus declaraciones en facebook que el apoyo no tiene medias tintas, ni matizaciones.  No es que hayas dicho que no hay más remedio, que te ves obligado, que en el futuro procurarás que sea de otra manera.  Has dado todo tu apoyo inequívoco y sin matices.  Impresionante. Y así hemos capturado tu declaración en las redes:

kichi navantia subrayado

  • Todo para nada.  El contrato no es suficiente para enfrentar la difícil situación del empleo en la zona.  El actual contrato militar es un parche temporal que no va a solucionar los problemas de la zona.  Sin embargo, sí los va a enquistar:  Cádiz va a ser durante más años dependiente de los militar, como lo ha sido desde hace mucho.  La misma perspectiva vital penosa, dependiente, azarosa. Y esto, desde la responsabilidad de un político que viene a romper las dinámicas nefastas provocadas por el PP y el PSOE debería explicarlo claramente a la sociedad, incluso enfrentándose a los interesados grupos de presión que pujan por el interés militarista.
  • ¿Renunciamos a la ética?  Fomentar la venta de armas no es neutro, no es aséptico, tiene consecuencias.  Refleja falta de ética política porque fomenta la violencia directa, estructural y cultural.  Supone que un edil que quiere cambiar las situaciones de injusticia de su ciudad mira para otro lado si se promueve la violencia estructural en otros países que no respetan los derechos humanos, las relaciones internacionales militarizadas.  Eso es asumir el núcleo de las convicciones políticas del capitalismo:  lo importante es que ‘nosotros’ estemos bien, aunque sea explotando a los demás.
  • La compañía.   ¿No es sospechoso votar con PP y PSOE?  ¿Acaso son casta en todo menos en la cuestión de Defensa?  Votar con el PP y con el PSOE en cuestiones de Defensa es dar el primer paso para acabar asumiendo que la política de Defensa es intocable, incuestionable, no debatible.  Supone asumir el núcleo de la ideología en cuestiones de Defensa del PPPSOE, la política de Defensa es una Política de Estado y, por lo tanto, es conservadora, opaca, promotora de violencia, exportadora de armas, consolidadora del militarismo y de la OTAN.  Sobre todo, y esto es lo peor, supone asumir que no hay alternativa.
  • ¿Apoyar a Navantia?  Si la decisión es apoyar a una empresa que investiga para acabar desarrollando un submarino, el S-80, que se hunde pero no es capaz de flotar, la decisión no tiene muy buena pinta.  ¿Quién ha dimitido por una gestión tan desastrosa, y que le ha costado a los impuestos de todos un sobrecoste multimillonario, quién es el responsable?  Se está apoyando a una empresa antieconómica, que necesita sucesivas subvenciones del Estado para sobrevivir, que necesita apoyo institucional para vender su producto principal (naves de guerra) y con una gestión nefasta y unos responsables incapaces pero irresponsables.
  • ¿El empleo lo es todo?  ¿Aunque fomente a dictadores, aunque fomente la guerra?  Ya no importa nada:  empleo a cualquier precio, cualquier oferta es buena.  Seguramente contestarás que no.  Seguro que no aceptarías un vertedero de residuos nucleares en Cádiz, ni que cualquier corrupto hiciese un casino por mucho empleo que se crease. Seguro que estás de acuerdo, por ejemplo, con el ayuntamiento de Pontevedra que quiere quitar una industria papelera de allí, a pesar de que da empleo ¿Por qué no se mantiene la coherencia en lo antimilitar?
  • Empleo digno. Es muy fuerte que Cádiz tenga un 40% de paro.  Terrible, pero también es muy fuerte que la forma de trabajar en Cádiz sea fabricar armas. Y es más fuerte todavía conocer que es precisamente la dependencia que genera ese monocultivo militar el que provoca dependencia y quiebra la posibilidad de alternativas sostenibles de empleo. Exigimos trabajos dignos en horario, en conciliación familiar, en que no haya grandes diferencias salariales entre los directivos y los trabajadores de base.  ¿No exigimos que la producción sea, también, ética, pacífica, coherente, sostenible?
  • Empleo solidario.  ¿Solidario fabricar armas?  Antes bien es antiecológico, antieconómico, un despilfarro, inhumano, el colmo de la insolidaridad porque las armas sólo hace más fuertes a las elites económicas y políticas, no a la gente de base. Si con alguien es solidario apoyar a las industrias militares es con las industrias militares, pero se da el caso de que éstas son, precisamente, insolidarias con la lucha de los hombres y mujeres por la dignidad y la justicia. Hay que elegir bien las solidaridades y los amigos y aliados, no sea que acabemos siendo lo que empezamos deplorando y nos arrastremos por la vida como tantos patéticos e instalados sujetos que todos conocemos que nos hablan de sus batallitas de compromiso que, hace tanto y de forma tan escandalosa, abandonaron.
  • La peor apuesta para generar empleo.  Como se muestra en la siguiente imagen, con un millón de dólares se crean 8.555 empleos en lo militar, pero con los mismos destinados a otros fines, se crearían 10.779 en consumo personal, 12.804 en construcción, 12.883 en salud, 17.687 en educación y 19.795 empleos en el transporte público.  ¿Por qué apostar por lo menos productivo para paliar el problema de desempleo? ¿No es más sensato reclamar y con fuerza un cambio desde ya de las prioridades, de las inversiones públicas, de los objetivos de las empresas, etc. hacia sectores sostenibles y alternativos a lo militar?

investigación en armamento y trabajo

  • El círculo vicioso de la dependencia militar.  Cádiz siempre ha sido dependiente de lo militar, con esta decisión lo seguirá siendo y dará un nuevo giro de tuerca.  Esta decisión de apoyo militarista es pan (migajas) para hoy y hambre para mañana.  No se arregla ningún problema de desarrollo sostenible de Cádiz, se ahonda en el problema. Debería saber el alcalde de Cádiz que la producción de armas está sometida a ciclos de rearme y distensión y al fomento de las guerras y conflictos por parte de los grandes centros de decisión mundial. Estos ciclos necesitan de fases expansivas y de producción y otras de parón. Condicionar el futuro de Cádiz al capricho de la venta de armas es asociarlo de forma inconsciente a los ciclos del militarismo, condenar el trabajo a su precaria situación. ¿Cádiz tiene la mala calidad de trabajo porque tiene pocos pedidos militares o porque el militarismo precariza su mercado laboral? ¿Navantia es la solución o es más bien el problema?
  • La corresponsabilidad.  Defender el empleo de Cádiz de la manera en que lo has hecho, las declaraciones que has hecho, Kichi, te hacen corresponsable de la política de defensa militarista y violenta que practican PSOE y PP.  También del sostenimiento militar de la dictadura Saudí.
  •   No se han hecho los deberes.  ¿Cómo se puede romper con este círculo vicioso y violento?, ¿cómo para que no suceda de nuevo?  Porque esta situación era previsible. Cada poco tiempo, los intereses conjuntos de la empresa Navantia, de las empresas militares, de los partidos promilitaristas que apoyan sus intereses, de sus grupos mediáticos de apoyo y de la cúpula sindical instalada en sus viejos dogmas, se conjuntan para presionar, para exigir más carga de trabajo en armas, para hacer creer que su interés es el de todos, para conseguir el objetivo lucrativo que persiguen. Por tanto, que ahora iban a plantear lo de siempre, que iban a presionar a los alcaldes que dicen representar otro sentir, era evidente y el no tener respuesta y plegarse a las exigencias supone no tener hechos los deberes. Y parece que la visión ha sido muy cortoplacista, nada de prever el medio y largo plazo ¿Qué alternativas se han barajado?  ¿Qué planes se han desarrollado para evitar el marrón político que supone vender armas a una dictadura?  ¿Qué planes hay para evitar la perpetua dependencia de la inversión militar?  Parece que ninguno. Sencillamente, te has dejado vencer (esperamos que aún no convencer) por los lobbys de presión militar. Ahora te consideran uno de ellos.
  • Es imprescindible la crítica a lo militar desde las institudiones.  No es cierto que Cádiz entero aspire a la carga militar de trabajo. De hecho no todo el mundo votó a favor de la apuesta militarista. Es cierto que el bloque que se adscribió a las tesis del partido tácito militarista (PSOE, PP; IU, Por Cádiz SI se Puede, PA) fue mayoritario, pero el hecho de que hubiera un voto diferente implica que sí había otras posibilidades, al menos de mostrar no un apoyo incondicional, sino una apuesta por alternativas, un apoyo en su caso más matizado…  Pero, más allá, de los grupos políticos, es que son muchas las ONG y entidades que no apuestan por Navantia y la militarización de Cádiz. De hecho, el propio Presidente del Comité de Empresa de Navantia, uno de los grupos de presión más importantes de la Bahía, presionaba a Podemos para que  no se alineara con las ONG contra los contratos militares. Tampoco los pacifistas de Cádiz están por la labor de apoyar tan incondicionalmente la carga de trabajo militar para Cádiz como alternativa de trabajo decente.

Para acabar, Kichi, ¿es posible encontrar alternativas?

La desmilitarización de zonas dependientes del monocultivo militar no es nueva en Europa: Los programas KONVER y TACIS, promovidos por la Comisión Europea  a petición del Parlamento Europeo, permitió invertir importantes cantidades económicas a partir de 1993 en regiones fuertemente afectadas por el monocultivo militar en Italia, Francia, España y Alemania (tras la reunificación). Otro programa de la misma comisión, el llamado Programa TACIS promovió similares inversiones en las regiones fuertemente militarizadas de diversos estados de la extinta URSS.

De este modo, tanto el enfoque pro desmilitarización de zonas afectas al monocultivo militar como recursos para ello no son algo extraño en Europa, sino que existen antecedentes.  Hay muchos ejemplos de reconversión de la industria militar, de mayor y menor calado, son dignos de estudio y vendrían muy bien a Cádiz.

También hay algunos diseños sobre el camino de tránsito desde esta sociedad tan militarizada y violenta hacia otra sociedad pacífica, solidaria y noviolenta.  El concepto se llama transarme y no es un irrealizable.  Sobre él se puede leer en “Política noviolenta y lucha socia. Alterantiva noviolenta a la defensa militar”.

Por otra parte, también los Presupuestos Generales del Estado contemplan partidas para el desarrollo económico sostenible de regiones en declive industrial. Dichos fondos estatales, desde una reivindicación bien organizada, pueden reclamarse para una profunda reconversión hacia la sostenibilidad del empleo de calidad y justo en las grandes dependientes militares españolas con alto índice de paro asociado, Cádiz y Ferrol. Asombra no ver estas reclamaciones, al menos como matización, en las reivindicaciones del Alcalde alternativo de Cádiz. ¿Desconocimiento, desinterés, entrega a los intereses del militarismo?

En tercer lugar, las críticas a Navantia como empresa son muchísimas:  estaría encabezando cualquier lista de las principales empresas españolas donde hacer una auditoría seria y rigurosa.  La empresa pública Navantia arrastra una deuda espectacular, fruto de la falta de perspectiva real a medio y largo plazo, la evidentemente nefasta gestión y lo catastrófico de su producción fallida. Esta deuda, a la larga, es sufragada de forma indirecta por parte de toda la sociedad por la vía tanto del esfuerzo de las autoridades para conseguir nuevos contratos de armas (viajes del Ministro de Defensa y del propio Rey incluidos), como porque el agujero acaba siendo pagado por SEPI con cargo a los beneficios de otras de sus empresas o por el Estado por medio de aportaciones económicas, subvenciones y créditos a interés cero. Todo este esfuerzo destinado a la producción de armas se estima en varios cientos de millones cada año. La reversión de tal esfuerzo en términos políticos y económicos a los parados de Cádiz y a generar nuevos nichos de empleo decente, sencillamente, podrían paliar transitoriamente la situación regional hasta la consolidación de otras alternativas. Ni se ha visto al rey y a la pléyade de políticos corifeos del militarismo reivindicando una viabilidad alternativa para Cádiz, ni parece que sea interés de todos estos señores impulsar con tanto ahínco el trabajo de los gaditanos como la posición de España como séptima potencia en venta de armas del mundo.

Reivindicar desde ya la reconversión del sector naval de Cádiz y de Navantia hacia una producción diferente podría, igualmente, formar parte de la agenda política alternativa. ¿No cabe producir con la tecnología disponible otros ingenios por ejemplo enfocados hacia las energías limpias, o hacia el uso de la sofisticada tecnología en usos civiles que posicionaran a Cádiz de manera alternativa? De hecho Navantia tiene una línea de investigación en los sectores eólico y marino. ¿Puede potenciarse ésta en detrimento de la producción sucia de armas? ¿No apuesta Cádiz por un cambio hacia un modelo energético ética y ecológicamente sostenible que saque a la provincia de la postración? ¿No puede ser este el camino?

El militarismo en Cádiz es brutal también en lo territorial. Cádiz cuenta con más de 68.938.237,56 metros cuadrados de patrimonio militar (según los datos de patrimonio que, como se sabe, no contemplan el total del que tiene el militarismo), sin contar con el de Navantia. Sin embargo lo militar y sus industrias no pagan impuestos ni tasas a los municipios, están exentos. ¿No existe aquí una fuente ya sea para la reconversión de estos terrenos e instalaciones que no usan hacia fines útiles o planes de choque que ayuden a la población?  ¿No sería la exigencia de que paguen un apoyo a políticas de empleo, en este proceso de transición al cambio de modelo que Kichi ha prometido tantas veces, para Cádiz?

Entre la resignación fatalista y el escapismo que todo lo niega, caben caminos para revertir la injusta situación de paro de Cádiz, fruto de una historia de postraciones e intereses, donde la propia dependencia del monocultivo militar actúa no como solución, sino como generador de dependencia.

Pero esos caminos pasan por proponer y llevar a cabo políticas activas y por mostrar el camino de transarme que nos lleve a la superación de la dependencia.

Y en esto, querido Kichi, ni siquiera te has alineado en la propuesta de cambio.

Falta diálogo con los pacifistas.  Falta estudiar y comprender sus propuestas, sus alternativas, falta trabajo común con ellos, que también son parte de la izquierda y de la alternativa a esta sociedad de opresión.

Un saludo, compañero.

Otro globo-sonda: llegar a 26.500 millones de € de gasto para el Ministerio de Defensa

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La Mala Testa

Fuente: La Razón.

Las van tirando (con bala) poco a poco, a ver qué pasa.

Cospedal se prodiga en lanzar anuncios sobre el gasto militar. Ahora ha elevado la apuesta. Ya no son 1.800 millones de euros los que quiere subir el presupuesto del Ministerio de Defensa para 2017, sino 2.076. Ya no es “un incremento anual para acercarnos a los compromisos adquiridos” como dice el mantra de los últimos tiempos, sino 26.500 millones de euros anuales para el Ministerio con plazo máximo en 2024 (dentro de 7 años),

Se precisa de un planeamiento y de una estabilidad que garanticen la disponibilidad de medios en plazo y forma que pueda desembocar en un compromiso presupuestario estable y duradero con la defensa, su dotación, su capacidad inversora y su base industrial

A eso es a lo que llama “recuperar músculo militar”, en una nefasta metáfora donde, según dice la ministra, el músculo a recuperar es la fuerza bruta, no el corazón (pongamos por ejemplo) o cualquier otro relacionado con mejorar el mundo en que vivimos.

Pero la ministra hace, como siempre se hace en Defensa, trampa. Porque cuando nos habla de ese abrumador aumento de gasto militar, sólo habla de incrementar las partidas de su ministerio, no de desvelar las otras partidas del gasto militar ocultas en otros ministerios (12 de los 13 existentes) o partidas externas (por ejemplo las clases pasivas militares o el fondo de contingencia desde el que se financian las operaciones en el exterior).  Para profundizar en estos temas recomendamos nuestro informe Gasto Militar 2016.

La ministra afirma que, de momento, no va a incorporar al presupuesto de defensa, por ejemplo, los más de 800 millones anuales que se gasta el estado en enviar tropas al extranjero, que seguirán en el famoso limbo donde la política militar esconde lo que no quiere que se sepa.

Así y todo, si empiezan a reconocer que quieren un gasto militar de 26.500 millones de euros anuales y aplicamos a este el criterio de deuda pública que venimos manejando (porque los presupuestos generales del estado españoles son deficitarios y lo seguirán siendo en las próximas décadas, lo que obligará a pagar la enorme deuda pública contraída y la que necesiten contraer a futuro), resultará que en los cálculos de gasto militar que venimos haciendo en nuestros sucesivos informes, nos vamos a acabar situando en un gasto militar final (gasto militar más deuda) por encima de los 50.000 millones de euros.

Y a esta política agresiva y militarista, según vemos día a día, le aplauden por igual la prensa amarilla más escorada a la derecha y la simplemente escorada a la derecha, sin que la crítica haga prácticamente acto de presencia a pesar de la desmesura, inmoralidad, insolidaridad y peligro que todo ello supone.

¿Y los partidos políticos? Pues o consintiendo o de vacaciones.  Que para eso comen de la misma entelequia y con iguales escrúpulos.

¿Exenciones a las empresas militares de los PEAS?

Imagen de .Bambo.

Como nos viene pasando habitualmente en los temas de Defensa, no salimos de nuestro asombro.

Leemos en Defensa.com que Cospedal ha conseguido algo que nos parece un nuevo privilegio militar:

Si bien, ha habido otra noticia en materia económica digna de mención:  Defensa ha conseguido que el Gobierno imponga una excepción fiscal a las empresas de Defensa adjudicatarias de los 18 PEAS con el fin de evitar que sean embargadas por Hacienda.  El Ministerio amenazaba con esta medida extrema ante la imposibilidad de aquellas para hacer frente a sus obligaciones con el Ministerio de Industria por los retrasos en los pagos, a su vez, del Ministerio de Defensa.

Vemos que cita a otra fuente y recurrimos a ella:  El Confidencia.com, que en su noticia “Cospedal, ‘cautiva y desarmada’ ante Hacienda para pagar compras de Defensa” subtitula:

El Gobierno ha impuesto una excepción fiscal para evitar embargos contra las empresas públicas de armamento que deben a Industria lo que Defensa no les paga a ellas

Hemos buscado en

Y no hemos encontrado tal norma.

¿Lo están haciendo en secreto?  ¿Es un globo sonda?  ¿Es un bulo?  ¿Es un error?

Si fuese realidad, habría que leer tal norma para ver:

  • cómo fundamentan este nuevo privilegio a la industria militar
  • qué conceden a la industria de la muerte, en concreto.

Por ahora no hay noticias claras. Todo muy extraño.

Gasto Militar 2014 liquidado por la IGAE: 9.548’37 millones de € (se habían presupuestado: 5.745’77 millones de €)

Imagen de Juliogmilat fotografía

Fuente:  Elaboración propia.

Hay varias estadísticas que se pueden utilizar para hablar de Gasto Militar.

Normalmente nos referimos al Gasto Militar de un año cuando analizamos los Presupuestos Generales del Estado.

Pero hay otra forma de valorar los Gastos Militares, que aunque también es parcial porque no analiza todo lo que la OTAN considera Gasto Militar, vale para tener algunas cifras más precisas y reconocidas por el propio Estado:  el Gasto Militar liquidado por la IGAE.  Dentro de poco sacaremos nuestro informe sobre 2014.  Hasta entonces pueden consultar el de 2013.

El Estado Español cuenta con un mecanismo de control y fiscalización del gasto público, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este organismo tiene entre sus funciones la de revisar con criterios contables europeos los Presupuestos Generales del Estado y proceder a una verificación fiel de su liquidación. Sus funciones se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Como ven, por tanto, nuestra fuente son los papeles oficiales del Ministerio de Hacienda a través de la IGAE.

Adelantamos los primeros resultados generales a través de este cuadro, en el cual las cifras están expresadas en millones de €:

2011 2012 2013 2014
Ministerio de Defensa (presupuestado) 7.156’37 6.316’44 5.913’65 5.745’77
Ministerio de Defensa (liquidado) 8.301,09 9.066,29 7.867’09 7.696’65
Investigación y desarrollo relacionado con la Defensa en el Ministerio de Industria 900,45 582,77 218’15 343’60
Organismos Autónomos Militares 1.195’04 1.130’93 999’30 1.037’23
CNI 216,32 214,61 197’46 213’96
AEMET 11’97 8’79 5’19 4’99
Centros Universitarios de la Defensa 6,79 6,56 10’99 7’74
Pensiones de guerra 348,03 310,29 276’88 245’04
TOTAL (GM liquidado por la IGAE) 10.979’69 11.320’21 9.575’06 9.548’37
TOTAL DEL SOBREGASTO MILITAR

(según la IGAE)

3.823’32 5.003’77 3.661’41 3.802’6
% de desviación sobre lo presupuestado 53’42 % 79’21 % 61’91 % 66’18%

 

Como se ve, estos datos globales suponen una constatación de tres aspectos básicos en la política presupuestaria del ministro Morenés y del gobierno del PP:

  • Se acumulan cifras astronómicas de sobregasto militar:  16.291’1 millones de € de sobregasto militar entre 2011 y 2014, la primera legislatura de Rajoy.
  • Se oculta el sobregasto en múltiples partidas:
    • Organismos Autónomos Militares.
    • Investigación y Desarrollo relacionado con la defensa del Ministerio de Industria.
    • Centro Nacional de Inteligencia del Ministerio de Presidencia.
    • Agencia Estatal de Meteorología del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
    • Centros Universitarios de la Defensa.
    • Pensiones de Guerra.
  • Mienten mucho, y a sabiendas, sobre el Gasto Militar. Que haya desviaciones de gasto que oscilan entre el 53’42 y el 79’21 %, en los últimos años analizados, es algo que se hace y se mantiene a sabiendas.  No se puede hablar de circunstancias coyunturales surgidas durante el ejercicio, de asuntos inesperados.
  • El motivo por el cual el Ministerio de Defensa y el Gobierno en pleno mienten continuamente a l@s español@s es para ocultar el altísimo grado de militarización que sufrimos la sociedad española y la preponderancia que dan al Gasto Militar sobre el Gasto Social.
  • La mala gestión que se hace los presupuestos militares debería implicar algunas medidas políticas para corregirla.  Por ejemplo una auditoría independiente de las cuentas que acabe desvelando la realidad del Gasto Militar.

Un pacto militarista en la élite para blindar el gasto militar y aumentarlo

La Sexta Noche

Fuente: El País

Anuncia el País, ese periódico cada vez más parecido al poder al que sirve, que la rutilante Ministra de Defensa del dialogante gobierno del segundo ciclo marianista, en un alarde de nuevo talante pepero, ha ofrecido a los diputados un pacto político para consolidar y aumentar el gasto militar.

No se equivoquen, no es un pacto para debatir sobre la necesidad, oportunidad y decencia del gasto militar, o para pensar en común qué tipo de seguridad aspiramos a tener, o quién es el enemigo, etcétera, sino para blindar de avatares futuros al gasto militar (y de paso a los intereses de las empresas del IBEX que, nos dice otra noticia, son las principales acreedoras y representantes de las empresas militares con las que en un juego rocambolesco el Estado tiene comprometida una deuda impagable de más de 30.000 millones de € por armas que no se necesitan para nada). Es, sencillamente, un pacto para blindar el gasto militar de cualquier ademán de recorte.

Empieza a vislumbrarse el porqué de una ministra dicharachera y mediática al frente de Defensa, frente al anterior discreto pero igualmente maniroto: porque necesitan arremeter en los medios de comunicación para intoxicar a la opinión pública y saturarnos acerca de la necesidad de mantener un gasto militar que cada vez es más difícil esconder y que sigue siendo tremendamente impopular.

Pero volvamos al pacto y a su desarrollo.

Dice la ministra que

Una de las prioridades de su gestión, según ha explicado la ministra en su primera comparecencia parlamentaria, será aprobar una Ley de Sostenibilidad de las Fuerzas Armadas que garantice las inversiones a medio plazo, más allá de los cambios políticos y presupuestarios

y

ha ofrecido a los grupos parlamentarios trabajar a partir de enero en la elaboración de una ley que garantice la financiación de los programas de armamento; no solo de los vigentes, sino los que se incluirán en el nuevo objetivo de capacidades, que se quiere aprobar en 2017

No quieren aventurarse a que los avatares políticos lleven al poder formal de plexiglás realmente existente a alguna fuerza  “radical” que pida un drástico recorte del gasto militar o que, sencillamente, proponga una política de seguridad que no pase por la obsesión militarista, como si en el actual panorama político hubiera alguna fuerza planteando una alternativa al militarismo.

Cospedal justifica su pretensión en que es el momento de recuperar el músculo económico para la política de defensa después de las reducciones de gasto que, dice, ha sufrido el presupuesto militar.

Dado que el Tribunal Constitucional prohibió disfrazar la enorme e ilegítima deuda militar por compra de armas por el método de los créditos extrapresupuestarios mediante decretos leyes estivales, tal como nos tenía acostumbrado el ex-ministro Morenés, a Cospedal no le queda más remedio, para guardar las apariencias, que aflorar el gasto militar en programas de armamento (que arrastra una deuda de unos 30.000 millones de euros y amenaza con ser una nueva ruina) y buscar que por ley se diga que eso va a misa, con peineta y todo y por encima de la campana gorda.

El anuncio ha sido aplaudido por los portavoces del PSOE, Ricardo Cortés, y Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, aunque el primero le advirtió de que su “mano tendida no es un cheque en blanco”

Parece que los partidos del en su día denominado por aquel otro como “bloque constitucionalista” hacen ojitos a la ministra, ya sea diciendo que es lo razonable, o que no se oponen, que tanto monta, mientras que los demás, en su despiste, piden a lo más que se conserven los derechos de los militares o pasan palabra, bonita manera de mear fuera del tiesto pensando que no se mojarán los pies con las salpicaduras.

De modo que ya tenemos una clara linea divisoria, tan útil para saber dónde se sitúa cada cual y quienes están al otro lado de la liza: a un lado los partidos que quieren hacer del gasto militar un baluarte de su identidad y que pactan alegremente empobrecernos con su aumento. Al otro los que nos negamos porque aspiramos a desmilitarizar la política de seguridad, eso sí, sin padrino político que levante el dedo en el parlamento de la casta. Y entre Pinto y Valdemoro los que piensan que poniéndose de perfil disimulan su quiero y no puedo.

Con lo que ya sabemos otra linea de lucha a partir de ahora: contra el pacto miserable para blindar el gasto militar y elevarlo, mientras la sociedad sufre el impacto insolidario y los recortes de las políticas neoliberales de la derecha nominal y allegada.

Cospedal ofrece las primeras pistas del nuevo presupuesto de Defensa: aumentará al menos un 30% respecto del de 2016

Cospedal+visita+la+localidad+toledana+de+Almorox+y+la+Iglesia+de+San+Crist%C3%B3bal

Gobierno de Castilla-La Mancha

Fuente: .Público

Hay que ver el empuje de Dolores (de Cospedal) en su nueva tarea de ministra de los ejércitos.

En la reunión con los portavoces de la Comisión de Defensa ya se ha despachado con la primera perla de su mandato:  el próximo presupuesto aumentará la dotación del Ministerio de Defensa (aclaremos que no equivale al gasto militar, sino a la punta del iceberg del mismo) en al menos un 30%, como consecuencia de que por fin (y a regañadientes, porque hasta el Tribunal Constitucional tenía censurado el truco de los créditos extrapresupuestarios para pagar deudas de los inútiles e ilegítimos Programas Espaciales de Armamento) van a incluir el pago “reprogramado” a la industria militar del ejercicio 2016 y 2017 en los propios presupuestos generales, por un importe de 2.100 millones de euros extras nada menos.

En una reciente entrada dimos por descontado un pago de PEAS en 2017 de un poco más de 1.800 millones de euros, pero como se ve, pecamos de precavidos.

Miren por donde, la ministra Cospedal amaga con mucho acto religioso a favor de las vírgenes patronas de lo militar y mucha foto que parecen pura inocencia prediluviana, con mucha pompa y compungimiento marcial, como está mandado, pero a la que te descuidas  te casca unos presupuestos militares de vértigo, que ni que estuviera pasando el cepillo el capellán mayor para hacerse otra catedral.

El anuncio de Dolores no ha sentado, al parecer, demasiado bien entre los portavoces de la Comisión de Defensa, que ya es noticia por sí mismo si ha logrado que se despertaran de su letargo, pero, dice Público, se han reservado las críticas para el 20 de diciembre, fecha previa al sorteo de la lotería, en la que la ministra comparecerá a la Comisión de Defensa para explicar su voracidad presupuestaria.

Mucho nos tememos que la crítica se quede en agua de borrajas y flor de un día, pues el PSOE, co-responsable de generar la enorme deuda militar de los PEAS, no se opone a su pago a las industrias militares (donde por otra parte han mantenido puertas giratorias indistintamente con el PP), ni cuestiona esta deuda como ilegítima e insolidaria, sino únicamente critica que estos pagos se hicieran por medio de créditos extrapresupuestarios.

Por otra parte Ciudadanos tampoco muestra rechazo alguno al pago de estas armas invasivas y ha solicitado en más de una ocasión el aumento del rearme español por considerar que se gasta poco en Defensa.

De modo que aún en el caso, tan poco previsible a tenor del titubeo actual en la materia, de que el resto de la oposición muestre críticas al aumento del gasto militar y a los PEAS, tendrá mayores problemas la mayoría militarista, con los votos del PPSOE y Ciudadanos para decirnos que en esto el consenso de los españoles sobrerepresentados por aquellos es apabullante.

En todo caso, este aumento del presupuesto de Defensa en un 30% de su valor del año anterior (con incluso 400 millones más de los que se preveían para pagos de los PEAS para 2017) nos hace suponer un importante incremento del gasto militar real y oculto en otros ministerios y partidas de los PGE y nos hace estar alerta para cuando publiciten el proyecto de presupuestos.

El gasto militar, como se ve, sigue siendo un gran privilegiado de la casta política. Así nos luce el pelo.

Los PEAS son la burbuja especulativa que le va a explotar al Ministerio de Defensa

Imagen de Ferran BCN

Sobre los PEAS hemos publicado muchísimo.  Y seguiremos publicando porque es una chapuza financiera de la que el Ministerio de Defensa no sabe salir, haciendo las cosas bien, se entiende.

El supuesto éxito de Cospedal

Nos vende Infodefensa que Cospedal ha convencido al gobierno para reprogramar los gastos de PEAS de 2016 para 2017.  Parece un éxito de gestión de la Ministra de Defensa cuando realmente es un fracaso en toda regla, obligados por el Tribunal Constitucional.  Al final, en 2017 se pagarán los 1.107’7 millones de € de dicho año y los 716’7 millones de 2016.  El total va a ser escalofriante:  1.824’4 millones de € para PEAS en 2017.

El primer problema de Cospedal:  la imagen insolidaria del Ministerio de Defensa.

Si tenemos en cuenta que el presupuesto  del Ministerio de Defensa ronda los 6.000 millones de €, el aumento sería de, aproximadamente, un 30 %.  ¿Cómo le será posible a Cospedal, en una época de duros recortes sociales, económicos y políticos, vender un aumento del 30 % en su ministerio, el menos social de todos?.  ¿Cómo convencerá a l@s español@s de la solidaridad del Ministerio de Defensa cuando ellos suben su propio presupuesto en un 30 %?

Los 18 Programas Especiales de Armamento (PEAS)

En la siguiente infografía se enumeran los PEAS, lo que iban a costar en 2009, lo que se reprogramó para 2013, y abajo los compromisos de pagos acordados entre la industria armamentística y el gobierno.

Infografía de El País

Las conclusiones al analizar esta infografía son claras:

  • Cada vez vamos a recibir menos armamento
  • El precio total y parcial de cada PEA cada vez será mayor.
  • Nos quedan por pagar 14.280’9 millones de € hasta 2030.
  • Estamos hipotecados por estos programas de armamento hasta el año 2030 y ello va a suponer una burbuja financiera que va a acabar explotándole al Ministerio de Defensa y, de paso, a los contribuyentes.

Con más detalle se puede ver en este otro cuadro también publicado por Infodefensa:

En la anterior tabla salta a la vista otro dato, todavía más escalofriante, el monto total de los PEAS va a ser de 29.479’06 millones de €.

La práctica engañosa del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa venía haciendo una práctica ilegal, según ha reconocido el Tribunal Constitucional (2 sentencias) que consistía en que no incluía los PEAS en los Presupuestos Generales del Estado.  Luego, con la excusa de que eran gastos no previstos, los aprobaba en verano por Decreto Ley y sin la consulta al Parlamento.

Esto ocultaba una buena parte del gasto militar a la ciudadanía.

En el entramado financiero que gestiona los PEAS todo es raro:

  • La industria militar (privada, en su mayoría) se compromete con el Estado a dotarle de una serie de armamentos
  • El Estado prefinancia la investigación y desarrollo necesarios para que la industria militar pueda fabricar las armas.
  • La prefinanciación no ha hace el Ministerio de Defensa (sería poco vendible a la sociedad).  La hace el Ministerio de Industria, concediendo a la industria militar unos créditos previos a su labor de investigación y desarrollo.
  • Los créditos que Industria da a las armamentísticas son a interés cero.
  • Una buena parte de la industria militar no cumple los plazos y, además, acaban reclamando sobrecostes al Ministerio de Defensa y al de Industria.
  • El Ministerio de Defensa reprograma los PEAS. Tanto el número de armas que van a recibir, como lo que van a pagar.
  • La industria armamentística tiene que devolver anualmente los créditos al Ministerio de Industria.
  • Según va recibiendo el armamento Defensa va pagando los PEAS a la industria armamentística, eso sí, ya con sus sobrecostes añadidos.

Múltiples irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas

Con informaciones sacadas de El País  (Miguel González) procedemos a publicitar siete irregularidades en la contratación del Ministerio de Defensa.

1.-  Contrato de 18’8 millones de € concedido por el Ejército de Tierra a General Dynamics, sin licitación ni publicidad.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, anuló el pasado 24 de junio un contrato por 18,8 millones de euros concedido por el Ejército de Tierra a la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDSBS). En su resolución, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitación ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la número 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 años.

 Lo que no explicaba la resolución es que lo que se buscaba con esta adjudicación es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de más, aunque para ello se recurriera a una fórmula de dudosa legalidad.

La explicación figura en el folio 127 del Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) elaborado por el Tribunal de Cuentas. El contrato de compra de 219 carros de combate Leopard y 16 de recuperación tenía un importe total de 2.489 millones de euros, pero la empresa fabricante ha recibido ya en anticipos del Ministerio de Industria y en pagos de Defensa un total de 2.507 millones. Tiene por tanto, constata el Tribunal de Cuentas, “un exceso de financiación de 18,8 millones”; justo el importe de la adjudicación anulada por Hacienda. Si hubiera dudas sobre la identidad de ambas partidas, el informe explica: “Esta cantidad se encuentra en trámites de regularización, pues es objeto de la Adenda 25, actualmente en negociación”. A la postre, sin embargo, la regularización ha resultado irregular.

2.-  Sobrecostes de 43’6 millones de € de la compañía española SAPA por programas de transmisiones.

No es la única anomalía constatada en la mayor compra de carros de combate de la historia del Ejército español. Defensa ha reconocido sobrecostes por un importe de 43.6 millones de euros derivados, básicamente, de los problemas que la compañía española SAPA, suministradora de las transmisiones, ha tenido con su socio tecnológico alemán Renk.

El Tribunal de Cuentas considera “indudable” que “las circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales” en programas de estas características “exceden los cauces de contratación ordinaria”, pero agrega que SAPA conocía las condiciones de suministro y las aceptó, que el contrato ya preveía un beneficio del 10% con el que cubrir esos imprevistos y que la operación contó con un 100% de financiación pública, por lo que el riesgo financiero era cero.

3.-  El programa de carros de combate Leopard se rige por un antiguo convenio del Ministerio de Defensa con el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) de 1981, mucho más beneficioso para el contratista (General Dynamics, nuevamente).

El informe llama la atención sobre un hecho insólito: Santa Bárbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas públicas) que data de 1981 y “contiene un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general”. Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debió liquidarse hace años.

4.-  Navantia, empresa pública y que no debería tener beneficios al contratar con la Administración, incluye en sus convenios con Defensa beneficios entre el 4 y el 12 %.

Si ya es sorprendente que empresas privadas se comporten como públicas, no lo es menos que públicas lo hagan como privadas. El Tribunal de Cuentas se extraña de que el convenio entre Defensa y el astillero público Navantia incluya un margen de beneficio de entre el 4 el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan. El informe alega que el ánimo de lucro, “principal incentivo para el empresario particular”, no tiene sentido en una sociedad pública, que está obligada a aceptar los encargos que le hace el Estado y solo puede facturar los costes reales, De lo contrario, advierte, podría considerarse “un exceso de financiación pública”.

Defensa ha tomado nota de esta advertencia y ha replicado que, en su nuevo convenio con Navantia, el concepto beneficio se sustituye por el de “margen industrial”, para hacer frente a los “riesgos relativos” a la ejecución de los programas. En esos riesgos no se incluye la revisión de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acción Marítima (BAM).

5.-  Defensa renuncia a imponer penalizaciones a Navantia por el retraso de 78 meses en la entraga de los BAM.

La entrega a la Armada de estos cuatro barcos ha sufrido un retraso total de 78 meses, lo que dio lugar a la apertura de expedientes para imponer las penalizaciones contempladas en los contratos, por un importe total de 31,7 millones de euros. Sin embargo, “por una causa que no se ha justificado”, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanción alguna.

Defensa ha negado que existiera aquiescencia por parte de la Armada para no imponer sanciones y ha anunciado que se reactivará el grupo de trabajo dedicado a discutir con Navantia su importe, aunque alguno de los expedientes, que data de 2011, puede haber caducado.

6.-  Defensa se niega a recepcionar oficialmente armamento y lo mantiene almacenado para no subir el déficit público.

Quien no se retrasó en la entrega fue el consorcio fabricante del avión de combate europeo Eurofighter. Además de los 47 cazas ya en servicio en el Ejército del Aire, hay otros 12 almacenados durante tres años en la base aérea de Los Llanos (Albacete), que España no ha querido recepcionar oficialmente para que no computen en el déficit público.

7.-  Defensa demuestra incompetencia porque no puede usar los helicópteros NH-90 porque no tiene el personal, los equipos y las instalaciones necesarias.

Además, tres helicópteros NH-90 están depositados “temporalmente” en las instalaciones de Eurocopter en Albacete hasta que el Ejército de Tierra disponga del personal, los equipos y las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional.

En este asunto de los PEAS, el Tribunal Constitucional ha dictado 2 sentencias:

  • La primera anulaba el decreto ley de 2014 que destinó 886’3 millones de € a los Peas.  El recurso lo habían presentado el PSOE, pero también Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA, Izquierda Plural y UPyD.

Los recurrentes argumentaron que estos pagos estaban previstos con antelación y responden a una programación plurianual, por lo que debían haberse incluido en los Presupuestos Generales del Estado, propiciando así un debate parlamentario en profundidad. El Gobierno replicó que, aunque el importe global de estos programas es conocido (29.500 millones de euros hasta 2030), la cuantía exacta de cada anualidad está sujeta a negociación con la industria militar y depende de la evolución del déficit, por lo que no era posible incluirla en el presupuesto ordinario de Defensa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, recrimina al Gobierno que ni de la exposición de motivos de la norma ni del expediente tramitado por Defensa “se puede deducir argumento concluyente que ampare la utilización del decreto ley, pues nada se argumenta sobre la extraordinaria y urgente necesidad”, que es lo que justifica su uso según el artículo 86.1 de la Constitución. Al contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció en su discurso de convalidación del crédito extraordinario que no se trataba “de dar cobertura a necesidades imprevistas”, sino de “proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”, y añadió que la Administración estaba obligada a “no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros”, en alusión a la industria militar.

Tras calificar de “singular” la técnica empleada por el Gobierno, el Constitucional constata que “más que la respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad por imprevisible”, la aprobación de créditos extraordinarios para Defensa “se ha convertido en una práctica habitual” para atender un compromiso de pago que es “previsible y programable”.

“Simplemente se alude [por el Gobierno] a la importancia de que se pague a los proveedores para evitar el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse, [pero] esas consecuencias negativas aparecerían en cualquier obligación contractual del Estado”, sin que se explique por qué serían más graves en el caso de la industria militar, argumenta.

El Constitucional no rechaza que se aprueben créditos extraordinarios para financiar programas militares al margen del presupuesto ordinario, pero agrega que debería hacerse a través de una ley y no mediante el decreto ley, cuyo uso está restringido expresamente por la Constitución. “En definitiva”, concluye, “el recurso sistemático al decreto ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

La sentencia, que anula el decreto ley de 2014 pero cuya doctrina es aplicable a los de 2012, 2013 y 2015, no obligará a las empresas a devolver los 4.300 millones de euros recibidos. Y no solo porque los decretos leyes fueron posteriormente convalidados en las Cortes. Sensible al efecto que ello tendría sobre la industria militar española y sobre el Estado, que se enfrentaría a penalizaciones de los consorcios internacionales que gestionan dichos programas, el Constitucional aclara que, por el “principio de seguridad jurídica”, que garantiza los derechos de terceros que mantienen de buena fe relaciones económicas con la Administración, no serán revisables las “situaciones establecidas mediante actuaciones administrativas firmes”; es decir, los mandamientos de pago realizados al amparo de los créditos extraordinarios.

  • La segunda anula otro decreto ley por 846’4 millones de €. Presentada por 50 diputados socialistas.

El alto tribunal estima el recurso presentado por 50 diputados socialistas y considera que “el uso sistemático del decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento” no está justificado por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” y, por tanto, “no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

Sin embargo, la sentencia no obliga a las empresas de armamento a devolver el dinero cobrado a través de este sistema irregular, ya que “la protección de los terceros de buena fe que mantienen relaciones económicas con la Administración se vería gravemente comprometida si desapareciese la autorización del crédito extraordinario”. En consecuencia, “tras ponderar el principio de seguridad jurídica”, declara “no suceptibles de ser revisados como consecuencia de [la] nulidad”  del decreto-ley los pagos realizados por Defensa.

PEAS II.

La apuesta por la militarización del gobierno de Rajoy sobrepasa el primer plan PEAS y ahora están propiciando un plan PEAS II.  En 2014 publicábamos un artículo en el que advertíamos que el Ministerio de Defensa tenía planes para hacer un segundo plan PEAS, el plan PEAS II.

(…) articular un plan de I+D vinculado a la potenciación y capacitación de nuestra industria principalmente en esas capacidades industriales esenciales antes identificadas.  Este plan se ha puesto en marcha abordando dos de las necesidades militares identificadas por el JEMAD más prioritarias, y que ya tienen financiación en los PGE de 2015:  el 8×8 y la fragata F-110.  De ambos se han derivado 20 proyectos tecnológicos (7 del 8×8 y 13 de F-110).  Estos programas darán comienzo ya en el ejercicio 2015.  Están dotados con 41 y 37 millones de € en el Capítulo 8 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  Además, en este mismo Capítulo se han contemplado las partidas de prefinanciación del contrato de los dos nuevos BAM para la Armada:  son 161 millones de €.  En términos numéricos totales, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incorpora 564 millones de € para programas de defensa, un 64 % más que en 2014.

Es decir, el PEAS II consta de:

  • Blindados 8×8, por 41 millones de €
  • Fragata F-110, por 37 millones de €
  • 2 nuevos BAM de la Armada:  161 millones de €

Todo ello hace un total de 239 millones de € para el plan PEAS II, que habría que sumar a los 30.000 millones del primer plan PEAS.

Las alternativas futura de Cospedal.

Las posibilidades que tiene Cospedal para 2017 son dos:

  • Aflorar, por fin, los PEAS en la contabilidad del Ministerio de Defensa, pasando los 6.000 millones, más o menos, que presupuestan ahora a 8.000 millones, y quedando como el Ministerio con más aumento de gasto en épocas de crisis y de recortes.
  • Hacer una nueva ley en la que seguir ocultando esta parte del Gasto Militar y en la que se aprueben los PEAS.

¿Cuál será su opción?

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