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¿Disolver DEFEX o renunciar definitivamente a una empresa estatal de exportación y venta de armas?

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Por Hernán Piñera

Fuente: El País

Informa El País que el Consejo de Ministros tiene encima de la mesa la petición de autorización que hace la SEPI para poder disolver DEFEX, la empresa de venta de armas en el exterior del Estado (51 % del accionariado de la empresa, junto con un 10’8% por cada socio en manos de Explosivos Alaveses, Maxam e Instalaza y otro 8’1% en manos de Placencia de las Armas y Alfalan respectivamente).

Defex ha sido una empresa muy lucrativa para la exportación de armas españolas. Desde 1990 a la fecha realizó una facturación de más de 1.600 millones de euros, aunque los casos de corrupción y la investigación judicial que se ha entablado contra la empresa la ha convertido, parece ser, en una mala marca comercial, por lo que sus inversores, en este caso Defensa y sus empresas militares socias, han decidido cerrarla.

¿Cerrarla para empezar de nuevo con una marca nueva, no señalada por la corrupción de la anterior?

Mala solución, porque indicaría que no se renuncia al negocio de las armas, un negocio corruptor y corrupto donde los haya.

Porque el problema no es de la empresa, sino del producto en sí y del mercado del armamentismo, donde no es posible ninguna regla ética, e impera la obscuridad más sucia.

De modo que mucho nos tememos que el giro de limpieza que ahora se pregona no sea otra cosa que asear la cloaca, pero no acabar con ella. No estamos, por tanto, ante una decisión ni ética ni de política adecuada, sino ante un mero enroque de los señores de la guerra amparado por un estado que hace de la venta de armas uno de sus argumentos vitales y de sus intereses lucrativos.

¿Y no sería mejor para la salud del planeta y la seguridad humana dejar de exportar armas y poner las inversiones del Estado en actividades enfocadas a promover el desarrollo, o la ciencia, o bienes socialmente útiles?

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Imputados guardias civiles por simular gastos de dietas

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Por Josu Mendicute

Fuente: El País

La falta de controles sobre el gasto público genera descontrol, despilfarro y hasta corrupción, amparado todo ello en la sensación, a veces bastante cierta, de impunidad de las actuaciones dilapidadoras.

Que la falta de controles se asocie a esa especie de idea mal entendida de autoridad que encarnan los institutos armados y encargados del control social, genera impunidad y arbitrariedad en la administración de esa “autoridad” y una injusticia mayor, si cabe, pues si los vigilantes atropellan lo que tienen que vigilar, mal vamos.

Y un ejemplo de ello lo tenemos en una práctica, que debemos pensar que está más extendida de lo que nos quieren hacer creer, de simular gastos de dietas por parte de 137 guardias civiles, de teniente coronel para abajo, para calzarse un pellizco de sobresueldo.

La práctica concreta parece que consistía en que simulaban alojarse en hostales en sus desplazamientos por razones de servicio a Madrid, pero alojándose en realidad en residencias del instituto armado, para presentar luego las falsas facturas como gastos reales para que se los reintegraran.

Al parecer los fraudes van desde los 33´8 euros en la cota más baja a los 1.489, de modo que tenemos desde el pequeño chorizo hasta el morcón cebado en las defraudaciones.

Hay implicados desde un Teniente Coronel a Coroneles, capitanes y otros oficiales, suboficiales y cabos y guardias, lo que demuestra que esta corruptela estaba bastante extendida y, de añadido, que para ciertas cosas todos los del instituto armado practican una igualdad gremial que espanta.

El colmo de la codicia (no sabemos qué peor nombre encontrar) de los tramposos está en que siempre pasaban las facturas por importes fijos y sospechosos; concretamente el máximo permitido por dieta y día. Y eso, por muy cazurro que sea el encargado de controlar, canta mucho, porque no es posible, pongamos por caso, que todos los hostales de Madrid, es un decir, cobren lo mismo siempre por noche y que eso que cobran siempre sea lo máximo que se puede imputar a dieta según la normativa guardacivilesca.

Y con la mosca detrás del tricornio, empezaron las investigaciones.

… lo definitivo fue comprobar que en las mismas fechas en que los agentes pretendían haberse alojado en el Hostal Las Vegas, situado en la calle de Almansa de Madrid, no muy lejos de la Dirección General de la Guardia Civil, figuraban como hospedados en la residencia de oficiales y suboficiales de la calle del Príncipe de Vergara de la capital.

Osea, que además de tener mucho morro, para idear un fraude masivo tan burdo hay que tener mucho desparpajo y poco miedo, o mucha confianza en que alguien va a hacer la vista gorda, o un poco de cada, lo cual nos parece más preocupante.

La imputación, a pesar de que es más que posible que ocurriera desde mucho antes, se ha ceñido al período 2011-2014, precisamente una parte importante del período de crisis y cuando los recortes más brutales han cercenado los derechos civiles,  y el monto total de fraude por el que la Fiscalía de Madrid pide reparación asciende a algo más de 14.000 euros que, podemos decir, nos han mangado.

De nuevo, y no es la primera vez que lo decimos, la realidad insostenible de descontrol y opacidad del gasto militar pide a gritos auditorias independientes y asunción de responsabilidades.

Es lo mínimo.

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El inmoral despilfarro de la Junta de Bardenas

Imagen de Manuel Fernández

Imagen de Manuel Fernández

Fuente:  Deia.

Hace poco titulábamos:  “Que dimitan todos los implicados en el mantenimiento del campo militar de Bardenas Reales“.  Parece, por lo que sigue, que no exagerábamos:

La Junta de Bardenas Reales, entidad responsable de la gestión y mantenimiento del parque natural en el que se ubica el polígono de tiro del Ejército, ha gastado una media de 40.000 euros anuales los últimos diez años en “atenciones protocolarias y representativas”. Cerca de 400.000 euros en una década, en muchos casos además sin que conste motivación ni destinatario del desembolso, y en ocasiones incluso sin que esté justificado documentalmente.

La Junta de Bardenas ya quedó en ridículo y en entredicho cuando se supo que su órgano asesor no se reunía desde hacía 16 años.  Ahora nos cuentan que aunque no se reunían sí que gastaban en protocolo.  Y de manera desaforada.

Un gasto llamativo por su ambigüedad y dotación en una entidad formada por apenas una treintena de personas entre miembros de la junta y empleados, y sobre el que ya puso el foco el tribunal de cuentas navarro, que en 2011 emplazó a detallar “el motivo y los destinatarios” de una partida que da margen para la discrecionalidad de comidas y viajes de los congozantes. Y que aunque se ha moderado en los últimos ejercicios, mantiene una asignación de 30.000 euros para este año.

La de protocolo es una partida habitual en los presupuestos de la Comunidad de Bardenas, que entre 2009 y 2012 llegó a superar los 60.000 euros de previsión y los 40.000 en ejecución. Tres veces más de lo que Tudela destina a protocolo, y casi lo mismo que Iruñea, y eso que en el caso del Ayuntamiento de la capital se incluyen los actos de Sanfermines.

Ahora vamos entendiendo bien qué supone el canon que paga el Ministerio de Defensa para la Junta de Bardenas:

  • Hasta ahora pensábamos que con ello compraban a los ayuntamientos para que no se negasen a la militarización de sus tierras.
  • Ahora comprendemos que, sobre todo, lo que buscaban es tener contentos a los que mandan y legitiman la base militar.  Para que lo hiciesen con una estructura opaca, nada democrática y dilapidadora.

¿En qué han gastado estos milies de € anuales?

Prebendas como suculentas cestas de Navidad. O como los viajes de una semana con gastos pagados para visitar parques naturales en Senegal, Costa Rica, Lanzarote o Argentina. Otorgados a dedo en su mayoría por el presidente. O como el pago “por asistencia a reuniones y conferencias”. Los privilegios, y hasta enriquecimiento descontrolado, de los miembros de la Junta son merecedores de una explicación pública por parte de sus responsables.

Como todos tienen que callar, nadie de la Junta de Bardenas se va a oponer a que las cosas sigan como hasta ahora, sin democratizar la toma de decisiones, y sin informar a los pueblos de qué ocurre realmente en las maniobras militares.

Casi la mitad del presupuesto se reparte así entre las 22 entidades congozantes, responsables de elegir a su órgano directivo y que desde 2009 reciben 195.000 euros cada uno para gastos de ámbito municipal. Casi dos millones más se dedican a afrontar préstamos y el resto se destina a la gestión y mantenimiento del parque.

En este último apartado tradicionalmente se han reservado diversas partidas, de cantidades entre 40.000 y 100.000 euros y no siempre transparentes, para actividades y retribuciones de los miembros de la Junta. Entre ellas la de gastos de protocolo de una entidad que sin actividad pública que no da servicio directo a los ciudadanos.

Lo que nos hace deducir que el servicio directo, si no se lo dan a los ciudadanos, se lo dan entre ellos y a los militares que les subsidian.

La Junta de Bardenas no tiene que dar cuentas a los ciudadanos, sino a los representantes de los ayuntamientos, valles y monasterio congozantes.  Son ellos, por tanto, los responsables secundarios de este despilfarro.

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El CNI, los militares y la caída de Sánchez

Imagen de Nando.uy

Imagen de Nando.uy

Fuente:  La información.

Cuenta La Información que realmente hubo una reunión, en los días previos al Comité Federal del PSOE que defenestró a Pedro Sánchez, entre Felipe González, Cebrián y algunos empresarios del IBEX 35 (cita a Alierta una fuente, pero este es el punto que está más en el aire).

Lo que añade La Información es que en esa reunión se manejó información proporcionada por el CNI, los servicios de espionaje españoles.

Suponemos que para ello hubo autorización previa de Soraya y, por lo tanto, de Rajoy, pues de otra manera no se nos ocurre qué hace el CNI dando información a cualquiera.

Suponemos que los militares (parte fundamental del CNI) tampoco estaban de acuerdo con que Sánchez consiguiese apoyos para un gobierno de izquierdas con Podemos.

Suponemos que espiaron a Sánchez en las reuniones que mantuve con Podemos y nacionalistas.

Y, por tanto suponemos que la democracia a la española está tutelada (manera suave de decirlo) por los militares y la rancia derecha.

Muy grave todo.  Muy peligroso.  Y, ¿ningún parlamentario hará nada al respecto?

Se nos viene a la mente, como educada y artística contestación la canción “La belleza” de Eduardo Aute:

 

Por cierto, un cariñoso saludo a Luis Eduardo.  Mucho ánimo.

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Corrupción militarista en Defex

Imagen de Defex

Imagen de Defex

Fuente:  El Mundo.

Son varias las veces que hemos tratado el caso de DEFEX en este blog.  Y, según parece, más serán las que lo trataremos.

Defex es

una empresa constituida en el año 1972, tiene como objeto social la promoción y exportación de bienes y servicios de empresas españolas.

DEFEX es una sociedad mercantil estatal participada mayoritariamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En su Consejo de Administración están representados el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de SEPI, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Defensa y diversos accionistas privados.

El caso DEFEX ha dado tantas vueltas que no nos vendrá mal hacer un breve repaso, de la mano de El Mundo:

En 2012, las autoridades de Luxemburgo preguntaron a España por unas transferencias por valor de 41 millones desde una cuenta bancaria conjunta de Defex y la empresa Comercial Cueto 92, con la que Defex ejecutaba un contrato de venta de armas a la Policía angoleña.  El fiscal anticorrupción Conrado Sáiz abrió diligencias de investigación en febrero de 2013, y en julio de 2014 se judicializó el caso, que recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que dirige José de la Mata.  El contrato de Angola era de 153 millones de euros. De ellos, unos 100 fueron de beneficio, pero cerca de 70 se desviaron a empresas pantalla y paraísos fiscales. Beatriz García Paesa, sobrina y mano derecha del espía Francisco Paesa, fue la que creó sociedades en paraísos fiscales para ocultar el dinero.  Todavía se está investigando quién se quedó con el dinero. Al menos una parte muy sustanciosa fue a manos de Juan Carlos Cueto, responsable de Comercial Cueto 92, la empresa que vendía las armas en Angola de la mano de Defex. Él, al igual que Beatriz Paesa, es uno de los imputados en el caso.

Defex, así, consiguió el honor de ser la primera empresa pública en ser imputada en una investigación penal.

Parece ser que los altos cargos de Defex siguen siendo purgados y despedidos, discretamente por la empresa, debido a las auditorías, el trabajo de Anticorrupción  y los escalofriantes informes forensic de PriceWaterhouseCoopers y Deloitte.

Las comisiones medias en los contratos que ha intermediado Defex desde 2008 y hasta 2014 -en que entró en sus instalaciones la Guardia Civil por orden judicial- son del 8% para los agentes contratados y del 9% para la empresa pública. Es decir,pellizcazos del 17% que suponen 57 millones sobre un total de 340

defex-pellizcos

Como se ve, los pelotazos que se daban en Defex son de tal cuantía que en ocasiones el proveedor real

se queda con menos del 50% del dinero del contrato.

¿Quiénes son los responsables de estos desaguisados?

Los accionistas de este engendro son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), con un 51% del capital, seguida principalmente de las privadas Maxam Expal, con un 20%, e Instalaza, con un 10%. En los órganos de gobierno de ambas participan o han participado importantes personalidades de la vida española y de confianza del Rey Emérito como Jaime Carvajal en Maxam o del actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Instalaza.

El representante de Maxam Expal en el consejo de Defex es nada menos que el ex jefe del Estado Mayor de la Armada, Francisco Torrente, también muy próximo al padre del actual Monarca. También figura el presidente de Maxam, José Fernando Sánchez Junco, ex director general del Ministerio de Industria con el PSOE. Además, hay en el consejo representantes de Exteriores, Defensa y Economía

Es desolador. El presidente más longevo de Defex durante décadas, José Ignacio Encinas, fue detenido en una primera fase de la investigación iniciada en 2014, aunque ya había sido relevado dos años antes al llegar al poder el PP. La Sepi nombró presidente de Defex en 2012 a Fernando Aguilar con el respaldo de su cuñada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Aguilar, que había sido antes delegado en la oscura delegación de Singapur, terminó siendo también relevado en 2015 y se encuentra imputado desde este verano en la segunda fase de la investigación. En el entorno de la dirigente del PP aseguran que la relación con su cuñado es inexistente desde hace algún tiempo.

¿No sabían nada estos responsables políticos y económicos?, ¿se han enterado por la prensa?

¿Se pedirán responsabilidades políticas y penales a alguno de ellos?  ¿Alguien de la SEPI, y por lo tanto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá alguna responsabilidad por ser socios mayoritarios, la tendrá su ministro Montoro?  ¿La tendrán los Ministerios de Defensa, Exteriores o del de Economía, es decir, Morenés, García Margallo o Guindos?

Pero el caso Defex parece infinito.  Al menos son infinitas las ganas de lucro de algunos de sus empleados.  Nos cuenta El Diario que

Un juzgado de Madrid ha obligado a la empresa semipública de exportación de material militar Defex (que tiene al Estado como mayor accionista con el 51%) a readmitir a un exdirectivo imputado en la Operación Angola por un presunto fraude en una operación de venta de armas a ese país por importe de 152 millones de euros.

El directivo en cuestión es Manuel Iglesias Sarriá Fernández de Navarrete, exdirector de Operaciones de Defex. El pasado 1 de octubre, Defex procedió a darle de alta en la Seguridad Social, aunque su reincorporación efectiva no se produjo hasta el lunes 10 de octubre. A Iglesias prácticamente no le dio tiempo a encender el ordenador: ese día se le entregó la carta de despido, según fuentes al tanto del proceso.

Ingeniero de Telecomunicaciones y primo carnal del cantante Julio Iglesias (su padre era hermano del doctor Julio Iglesias Puga, alias Papuchi), Iglesias Sarriá llevaba trabajando en Defex desde 1990 y en enero de 2013 fue nombrado director de Operaciones, bajo dependencia directa del entonces presidente de la compañía, Fernando Aguilar Viyuela.

Aguilar, que es cuñado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue presidente de Defex desde 2012 hasta mayo de 2015, cuando fue sustituido por el teniente general del Ejército Juan Carlos Villamía.

Pero no nos engañemos.  Este no es un caso puntual en la Administración del Estado.  Es un caso estructural porque hay que preguntarse para qué sirven las empresas y organismos autónomos del Estado.  ¿Cuál es su función si los trabajos que realizan los podrían, y deberían, hacer los funcionarios en los propios ministerios?  En muchas ocasiones hemos dicho que los Organismos Autónomos militares deberían cerrarse porque parece que su función sólo es doblar gestiones y sueldos y esconder las responsabilidades de gestión directas del Estado a través de sus ministros.

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Celebremos el militarismo

Imagen de El Coleccionista de Instantes

Imagen de El Coleccionista de Instantes

Resulta asombrosa y turbadora la persistencia de esa anacrónica celebración anual del 12 de octubre, que mezcla la exaltación de los ejércitos y nostalgia con la idea de la “nación española” y más allá de ésta, de la hispanidad, denominación que edulcora la que antaño tenía la fiesta, “de la raza”.

En dichos fastos pone todas sus complacencias el Ministerio de Defensa, principal protagonista del evento, como punta de lanza que es de su política de adoctrinamiento en eso que llaman “cultura de la defensa” y que se concibe como una exaltación de las virtudes militares y de la parafernalia militarista encaminada a adormecernos, aún más, en la aceptación del ejército como una institución legítima y normalizada, columna vertebral del Estado (dicen los estereotipados discursos al uso) y mascarón de proa de la política exterior “cola de león” de nuestra élite dominante.

La exhibición de 2016 le va a costar al erario público, según declaraciones del Ministerio de Defensa, la friolera de 800.000 euros, la mitad más o menos para el gran desfile militar de Madrid.

La cifra, al parecer, incluye sólo el gasto que el Ministerio de Defensa destina a tales fastos, pero no es todo el dinero público que provocará este evento, pues a ello hay que sumar, al menos, el que supondrá el corte de calles y refuerzos de policías nacional y locales (1.500 policías reforzarán el desfile, cesión de espacios y otros pequeños gastos que ni están cuantificados ni desglosados pero que, sin embargo, se producen.  Habrá que sumar, al menos, lo que cuesten los 18 actos en Andalucía, 12 en Murcia, 11 en Castilla León, 11 en Galicia, 7 en Madrid,  5 en Aragón, 4 en Canarias, 4 en Castilla La Mancha, 3 en Cataluña, 3 en Baleares, y 1 en Ceuta, Extremadura, Melilla, Valencia y Asturias  y actividades sensibleras como grabar en video 22 flexiones “por España” y mandarlas al hashtag “#22porEspaña”.

¿Qué ha pasado en años anteriores?

2015, 800.000 euros, pero sin incluir la exhibición de vuelo de la que no se dio información.

2014:   823.000 euros

2013: 823.000 euros

2012: 1 millón de euros

2011: 2,8 millones de euros

Sumadas estas cifras de los últimos 6 años, se han despilfarrado nada menos que 7,05 millones de euros, un dinero que, sin duda, podría haber paliado muchas de las graves y cotidianas amenazas que la seguridad de los españoles padecen a diario.

Por tanto, celebremos el militarismo:

  • Celebremos que no nos dejan opinar sobre la política de defensa y la Directiva de Defensa Nacional sigue siendo aprobada sin contar con el Parlamento.
  • Celebremos que nos dicen que van a gastar en Defensa un presupuesto de  5.787’89 millones € y realmente nos engañan con un gasto militar superior a los 30.928 millones de €.
  • Celebremos que nos engañan ocultando el 81’29 % del gasto militar existente.
  • Celebremos que ocultan gasto militar en 12 de los 13 ministerios existentes.
  • Celebremos la deuda militar de más de 16.127 millones de € que acumularemos sólo en 2016.
  • Celebremos que somos considerados el enemigo por muchos países dado que actualmente tenemos 17 misiones militares en el exterior y hemos llegado a las 79 desde tiempos de González.
  • Celebremos un gasto militar diario de 84’5 millones de €.
  • Celebremos ser el 6º exportador mundial de armas.

Y, ya de paso, celebremos el paro, la precariedad, los desahucios, los despidos de profesores, médicos y enfermeros, la contaminación, el envenenamiento de las aguas, la corrupción política, …

Y hartos de celebrar, quizá algún día comprenderemos el error de asimilar patrias con ejércitos, política exterior con violencia, recuperación económica con venta de armas.

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Los tribunales militares protegen a los pilotos militares que han hecho un fraude masivo

Imagen de Javier Aroche

Imagen de Javier Aroche

Fuente:  El País.

El fraude de casi 100 pilotos del Ejército del Aire que aportaron falsas facturas de mudanzas para cobrar la indemnización por cambio de residencia se va a saldar, únicamente, con multas de 5.000 € y sin penas de cárcel gracias a un pacto al que han llegado la Fiscalía Militar con los acusados.

Parece ser que el monto del fraude no es pecata minuta (suponemos que no les han a poco más de lo que defraudaron, así que aproximamos cálculos):  100 pilotos por 5.000 € cada uno nos dan 500.000 € que engañaron al Ejército del Aire y a todos los españoles.

En algunos casos ni siquiera eso, pues los tribunales castrenses dan por prescritos los delitos de hace más de cinco años.

Los casos nos parecen graves y la sanción nada ejemplarizante, con el peligro de que se puede animar a muchos militares a seguir delinquiendo de esta manera.

El sargento M. A. ha reconocido que cobró en 2012 una Indemnización por Traslado de Residencia (ITR) de 3.150 euros tras aportar una factura falsa de la empresa Mudanzas Gil. El fiscal pidió para el suboficial una condena de dos meses y 15 días de prisión, frente a la pena mínima de tres meses y un día y máxima de 10 años de cárcel prevista en el artículo 81 del Código Penal Militar para los delitos contra el patrimonio militar, agravada si existe lucro personal. Para justificar tal rebaja el fiscal adujo que el suboficial reparó el daño, pues devolvió el dinero antes de la celebración del juicio oral (aunque después de que se abriera la investigación), y le aplicó también la atenuante de dilación indebida del procedimiento, pues este se inició en agosto de 2012 y duró cuatro años.

Antes del juicio, celebrado en julio pasado en Barcelona, el fiscal y la defensa llegaron a un pacto en virtud del cual el primero cambió su petición de prisión para el suboficial por una multa de 150 días, con una cuota de 31 euros diarios: 4.650 euros en total.

Pero esto no es todo.  Nos parece igual de grave lo que hizo el Tribunal Militar Central para evitar que el Ejército del Aire se viese inmerso en un macroproceso con decenas de mandos sentados en el banquillo:

el Tribunal Militar Central decidió en febrero de 2015 revocar dicho procesamiento y trocear el sumario en al menos ocho procedimientos repartidos por distintos juzgados. A partir de entonces, aunque la cifra de imputados continuó aumentando hasta rondar el centenar, la causa se fue diluyendo para concluir ahora con la imposición de módicas multas y sobreseimientos.

Todos han colaborado para salvar el buen nombre y la operatividad del Ejército del Aire:

El fiscal militar ha ofrecido una sentencia de conformidad a decenas de pilotos del Ejército del Aire acusados de cobrar indemnizaciones por falsas mudanzas. La oferta pasa por que se declaren culpables, acepten una pena de tres meses y un día de cárcel y devuelvan el dinero indebidamente cobrado (entre 1.500 y 4.500 euros). La fiscalía pretende evitar una cadena de juicios en los que hasta un centenar de mandos debería sentarse en el banquillo y enfrentarse a penas de hasta 10 años de cárcel, lo que podría dejar sin pilotos a algunas unidades.

 

El razonamiento del Tribunal Militar Central es bastante grosero porque hay un teniente que cobraba una comisión del 25 % y que es considerado el cerebro de la trama:

El Juzgado Togado Militar Central número 2 dictó en 2014 auto de procesamiento contra 45 pilotos del Ejército del Aire (un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y seis sargentos), pero el Tribunal Militar Central lo revocó y ordenó dividir el sumario entre nueve juzgados militares, en función del lugar de residencia, por estimar que los acusados no formaban una trama organizada para defraudar a las arcas públicas, sino que seguían el patrón de una picaresca individual.

Y

Según el auto dictado en su día por el juzgado militar central, eran un teniente y un capitán quienes se encargaban de contactar con los pilotos recién salidos de la Academia de San Javier (Murcia) para ofrecerles facturas falsas a cambio de un 25% de la indemnización que percibirían por una mudanza que nunca tendría lugar.

El troceamiento ha acabado multiplicando los acusados:

el troceamiento del caso lo ha multiplicado como una hidra y ya se acercan al centenar los militares imputados. Solo en el juzgado militar territorial número 12 de Madrid hay 43 implicados: un comandante (diferente al que investigó el juez central), 21 capitanes, cuatro tenientes, 12 suboficiales y cinco cabos.

Y es que parece que la Justicia Militar es, primero, Militar, y luego, si hay ocasión Justicia.

La solución deja, sin embargo, cabos sueltos: la impunidad de las empresas de mudanzas que facilitaron las falsas facturas; el escaso castigo para el cerebro de la trama, un teniente que cobraba una comisión del 25%; o la posibilidad de que aquellos para los que el delito ha prescrito no tengan que devolver el dinero.

Y

Una compañía de transportes, Sancho Ortega Int., con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid), alegó que lo que entregó no fueron facturas, sino ofertas de presupuesto, lo que choca con el hecho de que cobrase más de 500 euros a cada implicado, una cantidad exorbitante por una mera oferta comercial. Si se demostrase la culpabilidad de las empresas de mudanzas, estas no solo podría ser acusadas del delito cometido por los militares, sino también de falsedad de documento o fraude fiscal, ya que no habrían declarado dichos ingresos a Hacienda.

Si no se trataba de facturas legales, también podrían haber incurrido en negligencia o complicidad los órganos de control del Ejército del Aire que las dieron por buenas.

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¿Quién vigilará a los vigilantes?

Vigilante

Por José Miguel Uña

Fuente: El Diario .

Se preguntaba Juvenal, ese poeta latino, y no sin cierta retranca, que quién vigilaría a los vigilantes (quis custodiet ipsos custodes?).

Y a pesar del mucho tiempo transcurrido, se nos hace vigente y pertinente la interrogante cuando nos preguntamos por todo el aparataje (por cierto carísimo y poco productivo) que hemos montado para, aparentemente, vigilar nuestra seguridad y garantizarla, con ejércitos, policías, mercenarios y demás material de guerra.

Los vigilantes que nos vigilan cuentan con abrumadores instrumentos de control que aplican sobre nuestras molidas y escamadas carnes:  si repasamos la historia no son pocos, más bien al contrario, los casos en que el abuso campa donde se autoriza al uniformado de turno a aplicar sus tecnologías sobre las sosegadas y resignadas sociedades.

La pregunta nos salta de lleno cuando leemos que

La Audiencia de Málaga ha condenado a un teniente de la Guardia Civil y exjefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de dicho cuerpo y a otras 26 personas por su participación en operaciones de narcotráfico…

En total, se imponen 102 años de prisión y 52 millones de multa a los 27 condenados.

La sentencia considera que el exjefe antidroga conocía y “consintió” esos planes, que eran que “los agentes del EDOA actuaran con posterioridad al desembarco de la droga y a la entrada en la playa de los falsos policías, procediendo a la detención y permitiendo la huida de los alijadores”. Era “contraprestación” a la información dada por aquel y para “obtener él éxito en su carrera profesional”.

Aplíquense el cuento.  El que era jefe del equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Guardia Civil condenado por participar en narcotráfico.  El mundo al revés.

Claro que se nos ocurre que tal vez consiguiésemos más como sociedad si en vez de poner en manos de unos cuantos todo un dispositivo de armas y fuerza para que, en nuestro nombre, “vigilaran” y castigaran el delito, para que “nos defiendan”, nos preparamos como sociedad para no necesitar vigilantes ni mercenarios y para luchar contra las violencias de forma horizontal, sin delegación, sin armas, colectivamente, sin hacer vigilantes y de manera alternativa al uso de la fuerza.

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Corrupción

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Por Gustavo Bravo

Fuente: Público

¿Se imaginan a unos altos funcionarios del Estado que, con acceso a las condiciones que iban a plantearse en los contratos públicos, acuerdan con compañías interesadas comidas en restaurantes de lujo madrileño, para “filtrar” la información y “amañar” los contratos a cambio de dinero y favores (por ejemplo entradas para el palco del Bernabéu, o para el tenis, o para viajes y otro tipo de prebendas?

¿Se imaginan que estos funcionarios, gracias a su cargo, pudieran influir en las adjudicaciones, o que además “asesorasen” a las empresas?

¿Se imaginan algún sector donde, dado el alto aprecio al honor y los valores tradicionales, y dado el escalafón jerárquico y lo sensible de su “gestión” esto fuera especialmente difícil de que ocurriera?

¿Se imaginan a nada menos que unos cuantos tenientes coroneles metidos en este tipo de mejunjes?

¿Se imagina en qué país puede pasar este tipo de cosas?

Todo muy previsible. Tremendamente previsible y consabido.

Lo asombroso del caso es que, por primera vez, los presuntos chorizos fueron enviados a prisión preventiva e incomunicada, y luego se les ha puesto una fianza y por último han sido procesados y están a la espera de juicio.

Claro que el juzgado que los juzgará es un juzgado militar, no uno ordinario, lo cual aún sigue siendo tan extraño y anacrónico como todo lo demás.

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¿Es el Gómez Ulla, hospital militar, un nido de corrupción?

Imagen de Pablo Manzano Sandín

Imagen de Pablo Manzano Sandín

Fuente:  El Confidencial.com

Otra cuestión en la que corrupción y Hospital Militar Gómez Ulla vienen de la mano:

El Ministerio de Defensa adjudicó durante los primeros meses de 2015 un total de 29 contratos de obras, suministros y servicios a través de los procedimientos de emergencia, restringido y negociado sin publicidad para la construcción de una planta de “grandes infectados” en el hospital militar Gómez Ulla. Las adjudicaciones fueron entregadas a partir de marzo de 2015, tres meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicara a España que había quedado libre de ébola, por un montante total de 7,5 millones de euros, según datos obtenidos de la Plataforma de Contratación del Estado.

Sin embargo, la amenaza ya había sido descartada por las autoridades internacionales cuando se adjudicaron los contratos.

No se justificaría, por lo tanto, que estos fueran licitados a través de los mencionados procedimientos de emergencia, restringido y negociado sin publicidad, y menos aún que todos ellos fueran adjudicados a dedo con la concurrencia de una sola oferta, como ha comprobado este periódico con cada uno.

Los 29 contratos de obras, suministros y servicios fueron repartidos a dedo entre una veintena de mercantiles -la mayoría extranjeras-, ya que algunas de ellas se llevaron dos y hasta tres adjudicaciones.

Las prisas militares, conllevan siempre el mismo resultado:  despilfarro.

En total, 7,5 millones de euros (a los que habría que añadir 1,6 millones en material adquirido por la Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa) para reacondicionar una instalación que no había sido declarada de referencia por el Gobierno, un coste muy superior a los 1,2 millones que, por ejemplo, desembolsó la Consejería de Sanidad para adaptar el hospital Carlos III, según publicó el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 9 de octubre de 2014. Defensa argumenta que el precio fue muy superior al que desembolsó la Comunidad de Madrid en el Carlos III porque en ese caso tan solo se acondicionaron dos habitaciones, de forma provisional y con un nivel de protección mínimo.

A pesar de que fue creada tras la crisis del ébola, lo cierto es que la planta 22 no ha tratado en ningún momento a nadie afectado por esta enfermedad. Su erradicación inmediata en España provocó que se haya utilizado para afrontar otro tipo de infecciones con el fin de dar uso a la maquinaria y que esta no se degradara por la falta de utilización. Según Defensa, aunque fue reformada como consecuencia del ébola, la intención era hacer un centro para todo tipo de infecciosos graves y que España tuviera unas instalaciones que dieran una respuesta de Estado a futuras crisis nacionales.

La tecnología instalada en el Gómez Ulla, además de para tratar epidemias, servirá también para riesgos biológicos y químicos, para los que tampoco había emplazamientos sanitarios adecuados, explican desde el ministerio.

Estamos pensando implantar una cátedra de estudios para algunos becarios que se denomine Cátedra de corrupción militar Gómez Ulla porque tema hay para rato.  Algunas de las cuestiones de las que ya hemos informado son estas:

Otra de corrupción militar: las compras del Hospital Militar Gómez Ulla

Esperanza Aguirre pagará el sostenimiento del hospital militar Gómez Ulla de tapadillo.

¿Despilfarro militar, corrupción militar, o cuarto y mitad?

Son demasiadas cuestiones en un hospital para que nadie ponga en él interés para controlarlo.

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