Archive for convenios Ministerio Defensa

El consistorio de Valladolid no renovará la reserva de plazas a los militares para acceder a la policía local

Imagen de José María Cuadro

Fuente:  El Norte de Castilla.

Una buena noticia procedente de Valladolid:

El concejal de Seguridad, Luis Vélez, indicó ayer que el Equipo de Gobierno no tiene intención de renovar el convenio que el anterior alcalde, Javier León de la Riva, suscribió en abril de 2015 con la subsecretaria del Ministerio de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, y mediante el cual el Consistorio vallisoletano se comprometía a reservar el 20% de las vacantes que se convocasen para la Policía Municipal para el personal de tropa y marinería.

La medida anterior lo que permitía era un nuevo privilegio para los militares:

Defensa viene impulsando este tipo de acuerdos con los municipios que cuentan con Policías Locales, con la intención de dar una respuesta a los soldados que firman contratos hasta los 45 años para trabajar en las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa considera que los militares de tropa y marinería de más de 45 años no son útiles para sus intereses y prefiere que los asuman otras instituciones del Estado.  A tal practica de asumir porque sí militares los ayuntamientos, en nuestro barrio, lo conocíamos como la ley del embudo:  para mi …

A partir de esa edad, el Ministerio considera que debe renovarse la plantilla de tropa. Por este motivo, el acuerdo de colaboración establecía que se daría prioridad a este personal militar mediante un cupo, que después de que hubieran superado las pruebas físicas y de perfil psicológico podrían ingresar en la Policía Local.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa no realiza ninguna aportación económica ni de recursos por estos puestos, y no puede ser que sean los ayuntamientos los que paguen las consecuencias de otras administraciones», insistió el edil Luis Vélez.

La nueva posición municipal coincide también con la postura expresada por los sindicatos con representación en el Ayuntamiento, que rechazan esta reserva del 20% de las plazas.

Nos parece valiente y coherente la postura pucelana.  ¿Por qué habrían de tener privilegios a la hora de obtener un puesto de trabajo los militares, sólo por el hecho de ser militares?  ¿No tienen derecho los civiles, no tienen tantas necesidades como ellos?

Sin embargo, el concejal Luis Vélez dijo ayer que «nuestra voluntad es no continuar con este convenio, y que a las plazas libres pueda optar todo el mundo que cumpla los requisitos».

«Nuestra voluntad es clara de no renovar el mismo. No entendemos que tengan que existir preferencias en las vacantes libres sobre el resto de aspirantes.

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El Ministerio de Defensa y El Corte Inglés la lían en Salamanca

Por Salamanca RTV

Fuente:  El Norte de Castilla.

Informa el Norte de Castilla de un enredo urbanístico donde aparecen el Corte Inglés, el gobierno municipal de Salamanca (del PP) y el Ministerio de Defensa.

Pregunta el Diputado Juan López de Uralde, de Equo, en el Congreso por dicho jaleo y, sobre todo, por el papel de Defensa en todo ello.

Al parecer, El Corte Inglés edificó un centro comercial en los antiguos terrenos de un cuartel militar en Salamanca, y al hacerlo, se pasó tres pueblos y construyó más de lo que autorizaba la normativa helmántica.

En su día tiraron el cuartel de Infantería «Julián Sánchez `El Charro»  para construir un Corte Inglés, según reflejó ABC, gracias a un convenio de colaboración entre Defensa y el Ayuntamiento de Salamanca y, pásmense, el propio Corte Inglés. Un acuerdo que, dice ABC, llevaban negociando 18 años de nada.

El proyecto inicial hablaba de construir tanto el centro comercial, como viviendas, un espacio ajardinado, un centro cultural y un campo de fútbol, que así de grande debía ser este espacio.

El Ayuntamiento tuvo que acometer una remodelación urbanística en toda regla para que el proyecto se llevara a cabo y, oh sorpresa, cuando se dieron cuenta, el Corte Inglés había edificado «de más» para su mega centro comercial, dejando en agua de borrajas el resto del proyecto.

Entonces, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla León modifican provisionalmente el plan urbanístico para favorecer a El Corte Inglés en su trampa. Es aquí cuando empieza una batalla judicial que conlleva una sentencia donde se dice que El Corte no se ha cortado en sortear la legalidad y que no cuenta con licencia para lo realizado. Gracias a procedimiento iniciado por EQUO el asunto llega al Tribunal Supremo, que anula el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca aprobado por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, por favorecer los intereses particulares del centro comercial, en contra del interés general de la ciudad.

Para complicar más las cosas, El Corte Inglés parece que se cabrea y amenaza al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla León con pedirle más de 150 millones de euros si no logra arreglar el asunto a favor de sus intereses, según nos informa Salamanca 24 horas,  manifestando que «si tiene que cerrar su centro comercial en Salamanca, tendría que cobrar 3,3 millones por la urbanización de la zona, 93 por el edificio de los grandes almacenes, 4,3 por la construcción del centro cívico, 31 por la pérdida patrimonial de un terreno depreciado, 8 por los gastos que supuso la apertura del centro comercial, 4,8 por la demolición que habría que acometer, 3,2 por las tasas e impuestos abonados, 2,2 por la parcela del campo de fútbol Neme que fue parte del convenio urbanístico y casi medio millón de euros por las costas judiciales». Y a la vez otros gastos hasta 150 millones de euros por  «el coste de la extinción de los contratos de los trabajadores, el coste de los contratos vigentes con proveedores de productos, el lucro cesante por el cierre del centro comercial, el traslado a otros terrenos, gastos financieros, honorarios de abogados y notarios e incluso daños morales».

Entonces el ayuntamiento del PP tiene la ocurrente idea de sortear de nuevo la ley también creando ad hoc una normativa provisional para saltarse el fallo de la sentencia, cambiando la edificabilidad de la dotación del Corte Inglés en detrimento de los otros usos, lo cual una vez desvelado no deja de ser una alcaldada más, eso sí, aprobada en el pleno municipal «por unanimidad» según desveló el medio 20 minutos en 2014.

Total, que con tanto pasteleo, en vez de cumplir la orden judicial, el ayuntamiento, denuncia Equo, intenta sortearla y los promotores de las denuncias judiciales siguen denunciando a la justicia este claro caso de desobediencia a lo que dicta un tribunal (que por cierto no tiene el mismo tratamiento ni merece los mismos improperios que suele verter el PP cuando quien incumple es otro). Hete aquí que los promotores de las denuncias judiciales, los verdes de Salamanca, ponen el enjuague en conocimiento del diputado López de Uralde, que a su vez ha preguntado a la Ministra de Defensa qué parte tienen (si es que la tienen) de conocimiento y/o complicidad en todo esto y, lo que es más enjundioso, si pretende el ministerio exigir compensaciones por la no dedicación del terreno a lo que se había aprobado.

Al margen de este asunto, otros aspectos más nos interesan.

1 ¿Qué tipo de convenio hizo Defensa con el Corte Inglés y el Ayuntamiento de Salamanca, para temer que ahora puedan pedir pasta?

2 ¿ Fue una venta?, ¿una permuta?, ¿alguna otra fórmula onerosa donde se haya perdido dinero público en detrimento de Salamanca y a favor del ejército?

3 ¿Cómo es posible un acuerdo de índole inmobiliaria entre El  Corte Inglés y el Ministerio de Defensa?, ¿qué recibió a cambio Defensa?

4 ¿Por qué el empeño de que ahora Defensa de respuesta?, ¿es que hay algo que se nos haya escapado?

5 ¿Ha estado Defensa al corriente de todo este pasteleo?; ¿ha tenido algo que ver en el mismo?

6 ¿Va a obtener el Ayuntamiento de Salamanca los equipamientos que le han sido arrebatados por la actuación tramposa de El Corte Inglés y la no menos memorable actuación contra el interés general del ayuntamiento y de la Junta de Castilla León?

A nuestro parecer, preguntas que necesitan claridad, porque lo que parece es que entre unos y otros la han liado parda contra los intereses de la sociedad y deben responder de tal situación. Ya se sabe el dicho: Quod natura non dat, Salmantica non præstat.

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España apoya descaradamente al militarismo israelí comprando sus misiles contracarro SPIKE

Imagen de Pan American Defense

España desarrolla unos Programas Especiales de Armamento (PEAS) que están provocando una deuda gigantesca para el Ministerio de Defensa y para el Estado Español.

Hay muchas críticas a estos PEAS y a la forma que tiene el Ministerio de Defensa de proveerse de armas para sus impulsos intervencionistas en el extranjero.

Unas de ellas son la ética y las implicaciones internacionales de nuestras políticas.

Analizamos hoy la compra de 260 puestos de tiro y 2.600 Misiles contracarro de alcance medio SPIKE por un precio total de 364’69 millones de €, según Wikipedia el coste total será de 394 millones de €.  Se calcula que el coste de cada unidad ronda los 100.000 dólares USA.

En la hoja de servicio de este misil se declara que ha sido usado contra la Intifada.

Dicho programa adolece de uno de los defectos generales de los PEAS, el prolongadísimo periodo desde la toma de decisión, inicio del diseño, inicio de la producción, avatares varios que retrasan la fecha de entrega, etc.  Así, todo el proceso se dilata, en este caso desde 2005 a 2024.  Ello provoca, habitualmente, unos sobrecostes enormes.

Otro de los defectos habituales en los programas de Defensa, sobre todo en los PEAS, es el de que los pagos se suelen realizar por medio de partidas plurianuales, lo que supone un escondite perfecto para su seguimiento.

Una breve historia de los recorridos de esta colaboración militar hispano-israelí se pueden resumir así:

  • En 2002 General Dynamics – Santa Bárbara firma un acuerdo con Rafael por la que la contratista española se convertiría en el contratista principal de las ventas del Spike si era finalmente elegido.
  • En el Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2006, presidido por Zapatero, del PSOE, se decide invertir en el programa:  260 lanzadores y 2.600 misiles MR (Medium Range).  Se informaba que la industria nacional asumiría el 60 % del trabajo y que el pago se repartiría en 15 anualidades desde 2008 a 2022.
  • El 30 de noviembre de 2007 el Consejo de Ministros decidió comprar más Spike, versión ER (Extended Range), destinados a los helicópteros de ataque Tigre:  44 lanzadores y 200 misiles por 44’027 millones de € prorrateados entre 2007 y 2012.
  • El 29 de mayo de 2009 se entregaron al Ministerio de Defensa los primeros misiles.

Las empresas que participan en este programa de armamento son:

  • Global Dynamics/Santa Bárbara sistemas,
  • Rafael,
  • Tecnobit

Imagen de Dvircom

 

La empresa Rafael,  o Raphael, es una empresa que fabrica armas del Ministerio de Defensa israelí.  Tiene más de 7.000 empleados y se fundó en 1948.

Durante el principio de los años 1990 Rafael operó con pérdidas (con un pico en 1995, con pérdidas de $120 millones sobre una facturación de $460 millones); entonces se decidió reestructurar la organización para empezar a operar Rafael como una compañía. Inicialmente se crearon tres divisiones diferenciadas; cada una operando como un centro de beneficios, con una hoja de balance separada, a presentar al nuevo consejo de dirección.

La restructuración fue completada en 2002 cuando Rafael fue formalmente incorporada como sociedad limitada (a pesar de ser una empresa estatal), manteniendo sus capacidades tecnológicas a través de extensos programas de inversión en I+D (en torno al 10% de la facturación). En su primer año como sociedad limitada, Rafael obtuvo 37$ millones de beneficio sobre $830 millones de ventas.

Rafael tiene multitud de empresas subsidiarias en el mundo.  En Europa, a través del Holding ERCAS, de la que posee el 100 %, domina dos secciones militares:  Dinamit Nobel Defense (con el 100% de las acciones) y PAP Tecnos (con el 100 % de las acciones).

Una compra tan grande de misiles SPIKE supone un apoyo decidido al militarismo israelí y hace rentable a una de sus principales empresas armamentísticas, con lo que da alas a la política represiva de Israel sobre Palestina.

Nuevamente una decisión militar que influye en nuestra política exterior, que en principio se define como de apoyo a una solución negociada y no violenta en el conflictos israelo-palestino.

Damos con una mano lo que quitamos con la otra.

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Las mejoras de la base militar de San Viator las pagará la Diputación de Almería

Imagen de Juan Miguel Pimentel

Fuente:  La Voz de Almería.

Hemos denunciado muchas veces que el militarismo se extiende, en los gastos y en las demás cosas, por todos los apartados de la sociedad.

Así, por ejemplo, decimos en nuestro estudio del gasto militar de 2017 que lejos de los 7.638’54 millones de € que dicen gastar en los presupuestos generales del Estado en el Ministerio de Defensa, la realidad es que van a acabar gastando 33.762’4 millones de € en total.

Pero este no es el único gasto militar que se realiza a lo largo del año.  También las Comunidades Autónomas mediante subvenciones a industrias militares y la promoción de actos militares, los ayuntamientos de toda España haciendo desfiles, conmemorando el día de las Fuerzas Armadas, etc., colaboran con el militarismo con sus respectivos gastos.

Menos nos habíamos fijado en el gasto militar de las diputaciones provinciales.  Y, según parece, también lo tienen:

La Diputación Provincial de Almería y el Ministerio de Defensa han firmado esta mañana un convenio de colaboración por el que la Institución provincial invertirá 400.000 euros en la realización de obras de mejora en la Base Militar Álvarez de Sotomayor, ubicada en el municipio de Viator.

El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, han suscrito el acuerdo que permitirá la mejora de las infraestructuras viarias de las instalaciones, a través del reasfaltado y señalización de su red viaria en tres zonas diferentes de la base ubicadas en el norte de la base y en el patio de armas y sus inmediaciones.

Pero no es sólamente esto, además, el convenio se fija en la promoción turística que parece que tiene como foco la base militar Álvarez de Sotomayor:

En este sentido, el convenio de colaboración recoge, junto a la mejora de las instalaciones, la promoción de la imagen turística de la provincia en los actos conjuntos que organicen ambas entidades y entre los usuarios y visitantes de la Base Álvarez de Sotomayor.

El convenio suscrito entre Diputación y Defensa incluye una serie de contraprestaciones que acercarán la historia y patrimonio de Defensa a la sociedad almeriense.

¿Dónde no llegarán los tentáculos del gasto militar en la sociedad española?

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No hay transparencia en las relaciones militares de España con Arabia Saudí

Imagen de Mangesh Kalelkar

Fuente:  Google Play Kiosko.

Nos informa Eva Belmonte en Público de una verdad oculta pero que se intuía por todos: España firmó hace un año (Septiembre de 2016) un acuerdo con Arabia Saudí para ocultar información sobre defensa.   El acuerdo tiene un plazo de vigor de 5 años.  Durante 2016 España vendió armas a Arabia Saudí por un monto de 116 millones de €.

Según parece, este tipo de acuerdos son habituales como, por ejemplo, el firmado con Singapur.  En otras ocasiones lo que se hace es ocultar estos acuerdos militares promocionando el secretismo en acuerdos de comercio más generales.

Se trata con este acuerdo de ocultar

cualesquiera negociaciones precontractuales, contratos, subcontratos o cualquier otro acuerdo entre dos o más contratistas por los que se creen o definan derechos y obligaciones mutuamente exigibles y que contengan o afecten a Información Clasificada

de naturaleza militar.

Además, en el BOE se especifica que, por parte española, la Autoridad de Seguridad responsable de ejecutar este acuerdo será el Secretario de Estado director general del CNI.  Recordamos que actualmente el CNI está bajo el poder del Ministerio de Presidencia, con lo cual este ministerio aparentemente neutro adquiere una nueva función en la industria y comercio militar.

El acuerdo es farragoso y engorroso, en muchas partes incluso podemos disfrutar de él al estilo de los Hermanos Marx:

Una Parte que desee adjudicar un contrato clasificado a un contratista o
subcontratista de la otra Parte, o que desee autorizar a uno de sus contratistas o subcontratistas a adjudicar un contrato clasificado en el territorio de la otra Parte en el marco de un proyecto clasificado, deberá obtener, a través de su Autoridad de Seguridad, una confirmación previa por escrito de su homóloga de la otra Parte de que el contratista o subcontratista propuesto dispone de una Habilitación de Seguridad de Establecimiento del grado correspondiente.

Pero seamos serios, lo malo de estas cinco páginas publicadas en el BOE es que dan claridad a lo que realmente es el comercio de armas:  la falta de transparencia, la ocultación, la oscuridad.  Porque se trata de ocultar la muerte, las masacres, el dolor de miles y miles de personas que sufrirán lejos sin que la sociedad española pueda enterarse dado que hay un acuerdo internacional que lo prohíbe.

Otra vez más estamos en manos de los señores de la guerra.

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Protestas en Burgos contra la especulación militar de suelo

Imagen de Daniel Lobo

 

Fuente:  Burgos Conecta y Noticias de Burgos.

Ocurre que el Ministerio de Defensa es el segundo terrateniente español.  Ello conlleva que muchos de sus pisos, solares, garajes, edificios y terrenos rústicos y urbanos estén en desuso o abandonados, muchas veces desde hace muchos años.

Por tanto, en muchas ocasiones se producen conflictos entre los municipios y los intereses del Ministerio de Defensa, que siempre son los mismos, lucrarse con la especulación para luego invertir en armas.

La postura del PCAS (Partido Castellano) en Burgos es muy clara:

El Partido Castellano (PCAS), a través del Grupo Parlamentario Compromís, ha trasladado a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, varias preguntas relativas a los terrenos que ocupa el abandonado Parque de Artillería de Santa Bárbara en Burgos. El PCAS, con estas preguntas, intenta que el Ministerio de Defensa rectifique y paralice la actual subasta de los terrenos prevista para mediados de septiembre.

Además, los castellanistas defienden que estos casi 50.000 metros cuadrados de suelo deberían de volver a manos municipales “sin coste alguno”. Luis Marcos, secretario de Organización del partido, considera que “todavía se está a tiempo de parar esta operación”. Y es que, en su opinión, “no solo se trata de hacer justicia, sino de compensar el injusto tratamiento del Ministerio de Defensa con Burgos en los últimos años, con el cierre de diferentes dotaciones militares”.

Esa es la opción 1, la opción del PCAS.

La opción 2 es la del Ministerio de Defensa:  vender los terrenos (y aplicar lo obtenido por la venta a comprar armas y equipamientos militares), actualmente tasados en 14 millones de €, para edificar 337 viviendas por parte de empresas privadas.

Esta opción no le parece correcta al PCAS porque trata mal a Burgos, que siempre se ha portado bien con Defensa:

ha recordado el trato exquisito que la ciudad brindó durante más de 100 años a Defensa mediante concesiones gratuitas de terrenos destinados a cuarteles y el establecimiento de unidades militares acarreando la pérdida de multitud de importantes edificaciones, solares, acuartelamientos y unidades militares. Con estas enajenaciones el Ministerio ha obtenido 80 millones de euros, según Marcos, lo que considera un lucro aprovechando las facilidades del Ayuntamiento.

La opción 3, la del ayuntamiento, es permutar la parcela por otras de titularidad municipal.  Esta solución también es rechazada por el PCAS porque

las otras parcelas que posee el Ayuntamiento “deben de servir para hacer políticas sociales de vivienda y el Ministerio de Defensa no está por la labor porque lo que quiere es hacer caja rápido”

Nuevamente más pruebas de la insolidaridad del Ministerio de Defensa con la población civil.

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Convenios del Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía para el cuidado de especies protegidas

Ibis+chauve+-+Geronticus+eremita+-+Malalodja+-+SWAZILAND

Agustín Povedano

Fuente: BOE

El BOE no para de darnos sorpresas inquietantes. Nos disponemos, como Proust con su famosa magdalena, a deleitar su árida lectura cuando nos sobresaltan algunas de sus farragosas explicaciones más desagradables.

¿Adivinan cómo pretende la Junta de Andalucía cuidar el Águila Imperial Ibérica (para los finolis «Águila adalberti»), maltrecha ella y necesitada de protección especial a pesar de su porte magnífico y de su historia milenaria?

Pues muy fácil, conveniando con el ejército para que la cuide en su gran territorio de uso exclusivo en Jerez de la Frontera (Cádiz); según refiere el BOE de 2 de mayo de 2017.

Se nos antoja que más bien debiera cuidarse el águila imperial de ejércitos y políticos que dejarse cuidar por ellos y sus intrigas, pero eso es harina de otro costal.

Dice el acuerdo del susanismo castizo y la castiza Dolores, que el ejército, dueño de los parajes de  Cortijo de Vicos, Garrapilos y las Marismillas, todos ellos en Jerez (entre paréntesis, los usa para que pasten sus potrencos de la cría caballar) y que los cuida con un esmero medioambiental que pasma.

Y dice además que dichos terrenos (que por cierto no pueden disfrutar los restantes mortales porque su declaración de zona  de interés para la defensa se lo impide) « reúnen por su ubicación, características ecológicas y protección, excelentes condiciones para la conservación del águila Imperial»

El convenio pone de cuenta de la Junta el compromiso de

desarrollar en los terrenos del Ministerio de Defensa relacionados en la cláusula primera actuaciones para el seguimiento, conservación y recuperación del águila imperial.

Igualmente se compromete a que todas las publicaciones, material de difusión, comunicados e información que elabore y divulgue al amparo del presente Convenio se hará siempre constar la colaboración del Ministerio de Defensa y en caso de que se trate de material o comunicaciones impresas se hará constar el anagrama identificativo del citado Departamento Ministerial.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía permitirá que el Ministerio de Defensa en sus publicaciones y comunicaciones de carácter divulgativo pueda difundir libremente las actividades que se están realizando así como hacer referencia a su participación como entidad colaboradora.

A cambio de tal colaboración, el Ministerio de Defensa recibe una gratuita propaganda de su enorme labor social y además se compromete a

a) Permitir el acceso del personal designado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a los terrenos mencionados en la cláusula primera.

b) Dar, siempre que le sea posible, el apoyo logístico acordado por las partes para el desarrollo del Proyecto de Conservación del Águila Imperial

En fin, recibe mucho a cambio de nada. Pero no es lo más grave.

Lo más grave es que para defender al águila imperial, como se ve, no necesitamos entidades civiles, ornitológicas, ecologistas, o incluso dando a los terrenos que acapara defensa porque sí un uso alternativo y social, sino llegar a acuerdo con los militares, que en definitiva van, pasito a pasito, inundando de su enfoque militar todos los escenarios sociales

¿Que lo que queremos cuidar es otra especie en peligro, pongamos por caso, el ibis eremita (Geronticus eremita),  que encima es feo a rabiar?  Pues tampoco hay problema, porque otro convenio de la Junta de Andalucía también publicado en el BOE , prescribe el cuidado del susodicho pájaro en terrenos del mismo ejército, que de patrimonio anda sobrado.

Esta vez en la Sierra del Retín, también de propiedad militar y uso exclusivo como campo de adiestramiento de la Armada, en Barbate, con idénticos compromisos.

También parece que la mejor opción de la Junta de Andalucía para proteger el ibis eremita, que es caprichoso y le ha dado por anidar al fragor de los cañonazos, es conveniar con el ejército, no tanto reivindicar el uso civil y civilizado de la sierra del Retín, o apoyar a los grupos ecologistas, que vaya usted a saber si no son suficientemente cualificados.

Y como no hay dos sin tres, ahora vamos a por una especie diferente: el camaleón (Chamaleo chamaleon), cuyo parecido con los políticos es tan obvio que nos vamos a ahorrar el chiste.

El pobre bicho también está maltrecho y, como no, hay que conveniar con el ejército para protegerlo, según un tercer convenio aparecido en el BOE.

Esta vez los agraciados son el Acuartelamiento de Camposoto y la Base Naval de Rota, donde el caprichoso tiene a bien pernoctar.

También el camaleón goza, como se ve, de la protección del ejército y del inquebrantable amor por España de Doña Susana.

Y es que la ecología, a pesar de pequeños detalles por los que pasaremos por alto, no se defiende mejor que con el ejército y sus ingentes y prohibidos terrenos.

No en balde, es lo que tiene ser el segundo terrateniente del Estado.

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La faceta militar de la Universidad de Almería

08/03/2017 Firma de convenio con Universidad de Almería Foto:Marco/MDE

Imagen del Ministerio de Defensa

Fuente:  Ministerio de Defensa.

El militarismo llega a todos los rincones y a todos los aspectos de la geografía española.

La universidad es uno de los escenarios privilegiados por los militares para firmar convenios de colaboración en diferentes ámbitos.

A primeros de marzo de 2017, la Universidad de Almería y el Ministerio de Defensa firmaron un convenio marco para la realización de actividades docentes, investigación y desarrollo tecnológico.  Este acuerdo marco tiene una vigencia de 4 años y se puede prorrogar por otros 4 más.

Las actividades a realizar en Almería son numerosas:

  • cursos de postgrado
  • conferencias
  • seminarios
  • congresos,
  • publicaciones,
  • asesoramiento científico y técnico
  • formación de personal docente e investigador

Además, ambas instituciones también colaborarán en proyectos académicos, docentes, de investigación y desarrollo relacionados con la paz, la seguridad y la defensa, y establecen el uso común de las instalaciones.

Según Ideal.es:

ya se está preparando el nuevo curso para la época estival que llevará por título ‘El mundo actual tras el 11 de septiembre’ en el que se analizarán los efectos globales que tuvo este atentado terrorista en la seguridad internacional

¿Qué inversión supondrá este convnio?  ¿Por qué no se informa de ello?

¿Ha habido en la Universidad de Almería algún tipo de debate para decidir si era conveniente un convenio con una entidad militarista y violenta como el Ministerio de Defensa?  ¿Han podido opinar los profesores, los empleados, los estudiantes?, o ¿es sólo una decisión personal del rector?

¿Se valora de alguna manera en las universidades españolas estas gestiones que promocionan el militarismo o les da igual?

¿Hay alguna protesta o malestar entre la intelectualidad universitaria o ya asumen el militarismo como una más de sus señas de identidad?

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Defensa vuelve a intentar el pelotazo de la operación Campamento

20121105-007234

Por Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio

Fuente: el País

Nos informa El País de la intención de Cospedal de hacer caja con la ya varias veces fallida operación Campamento, en la que el Ministerio de Defensa pretende vender terrenos de propiedad del ejército en uno de los pelotazos de terreno más ingentes que se recuerdan.

Si hacemos memoria, la operación Campamento es un esperpento que solo busca lucrar a Defensa, como denunciamos en 2013. En 2015 se intentó colocar una millonada de metros cuadrados a un grupo empresarial chino para hacer una zona recreativa, y anteriormente a otro empresario estadounidense para hacer casinos, pero la operación fracasó en ambos casos.

Ahora se pretende sacar a la venta una «fase I» compuesta por 2,1 millones de metros cuadrados, pero, al parecer, encuentran reticencias en el Ayuntamiento para permitirles dicha venta.

Cospedal se ha comprometido, en el Senado y a preguntas de un senador del PSOE, a sacar adelante el pelotazo pese a quien pese (ella en realidad ha dicho «por encima de los colores políticos» que es la forma fina de decir que porque le sale de las mismísimas narices), tal como publica La Vanguardia.

Para demostrar que en esta materia los colores «políticos» no importan gran cosa, el senador del PSOE, mostrando su singular y secular sintonía con el PP, ha pedido a la ministra que se «cargue las pilas y haga realidad un proyecto que necesitan millones de madrileños», lo que demuestra no tanto las necesidades de los madrileños (que no pasan precisamente por el lucro del ministerio de Defensa) como la igualdad de ideas del PP y el PSOE en esta materia.

Para PSOE y PP lo de la Operación Campamento no debe mezclarse con la política, justo lo contrario de lo que parece que le interesa a la ciudad de Madrid.

Y es que son como hermanos siameses.

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Defensa y Ceuta, ¿relación manchada de sangre?

Imagen de Yassine Abbadi

Fuente:  El Pueblo de Ceuta

¿Ha cambiado de política el Ministerio de Defensa con respecto a las ciudades que le piden terrenos militares en desuso para dedicarlo a fines sociales?

Con Morenés estas peticiones estuvieron paradas o encontraron múltiples obstáculos.  Parece que Cospedal quiere agilizar las cosas, al menos en Ceuta.

En Ceuta gobierna Juan Jesús Vivas, del PP, desde 2003.  Lo que parece que ayuda a la negociación.  También ayuda que Ceuta es una ciudad que vive por y para los militares.

Juan Vivas ha comentado lo “especial” que es para Ceuta el Ministerio de Defensa por la relación “esencial” de la ciudad con el Ejército, que integran, ha dicho, personas que son “modelos de dedicación, profesionalidad, capacidad de sacrificio y patriotismo”. “Ceuta lleva al Ejército en el corazón, el alma y la memoria”, ha contextualizado la “estrecha” relación en que se traduce esa “consideración de respeto mutuo, afecto y colaboración en muchos campos”.

Tras una visita de Vivas a Cospedal en la sede del Ministerio, han sido varias las iniciativas del presidente ceutí que van a mirarse en un futuro próximo:

  • concertar la construcción de la pista de atletismo reglamentaria en la Base Única del Pardo de Santayana,
  • concertar el aprovechamiento como equipamiento social, de ocio y deportivo de las instalaciones ahora en desuso del Club de Tropa
  • concertar el uso de parte del antiguo Hospital Militar por parte de alguna entidad social, como Plena Inclusión, necesitada de nuevas instalaciones.
  • además, presidente y ministra han hablado de la regularización de viviendas levantadas en suelo militar en Príncipe Alfonso como parte del objetivo del Gobierno de normalizar esa barriada.

Por ahora no ha trascendido ninguna información de qué recibirá Defensa a cambio de estos cuatro conciertos.  Suponemos que pedirán dinero, mucho dinero, como siempre.  ¿Por qué?  Pues porque necesitan dinero para intentar paliar los huecos que deja en su economía el despilfarro militar, o las intervenciones militares en el extranjero y los Programas Especiales de Armamento (PEAS).

De alguna manera tienen que enjuagar el agujero de su burbuja financiera, y parece que optan porque sean las ciudades militarizadas quienes pagen, de sus presupuestos, el armamentismo de Cospedal.

Llama la atención que en ningún momento se critique el despilfarro que supone que Defensa haya tenido y tenga tantas infraestructuras y espacios tanto urbanos como rurales sin uso o infrautilizados.  Es un ejemplo de mala planificación y de priorizar los cañones sobre la mantequilla.

Son curiosas las noticias que se han publicado sobre estos conciertos.  Se destacan los bienes que va a obtener la ciudad, pero no se dice nada de cuánto les costará.  Y que lo que den a Defensa será un dinero manchado de sangre pues promoverá el intervencionismo militar español y la venta de armas.

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