Archive for convenios Ministerio Defensa

Himno, bandera y militarismo educativo

Por Ministerio de Defensa

Fuente: El Diario

Hace casi dos años, en Diciembre de 2015, el Ministro Pedro Morenés, por el Ministerio de Defensa, y el Ministro Méndez de Vigo, por el de Educación, firmaron un acuerdo de colaboración “para desarrollar medidas para que los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria se familiarizasen con los símbolos nacionales: escudo, bandera e himno, así como la defensa de España“, según informa El Diario.

El convenio puede descargarse pinchando aquí.

El convenio, en su exposición de motivos, contiene lindezas como esta:

Que la puesta en marcha del currículo de las asignaturas “Valores Sociales y Cívicos” y “Valores Éticos”, requiere el desarrollo de sus contenidos mediante programas de formación del profesorado y la puesta en práctica, en los centros escolares, de actividades que contribuyan a mejorar el conocimiento de los menores y jóvenes tienen sobre la seguridad y la defensa de España, permitiéndoles familiarizarse con las Fuerzas Armadas, a las que la Constitución Española, en su artículo 8, atribuye la misión de garantizar la soberanía e independencia de España defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional

y en su clausulado

“El presente acuerdo tiene por objeto establecer el marco general de cooperación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para impulsar la cultura y conciencia de defensa en el ámbito escolar, mejorando el conocimiento de los temas relacionados con la paz, la seguridad y la defensa de España, así como de las Fuerzas Armadas y sus misiones tanto dentro como fuera de nuestras fronteras

y

La finalidad del presente acuerdo es promover el conocimiento y sensibilización de los jóvenes escolares sobre los temas relacionados con la paz, la seguridad y la defensa en particular a través del desarrollo de los contenidos curriculares de las asignaturas de “Valores Sociales y Cívicos” y “Valores Éticos” de manera que se difunda, en los centros escolares de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria la cultura de defensa y los valores asociados a ello…

Para ello se llevarán a cabo entre otras las siguientes actuaciones

  1. Propiciar que desde las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas se incluyan en los Proyectos Educativos de los centros y en las programaciones dicentes, en el tratamiento de los temas transversales, acciones que fomenten una visión integrada de la paz, la defensa y la seguridad, para generar una posición activa de los jóvenes a lo largo de su etapa educativa obligatoria.
  2. Promover actividades dirigidas a la formación de profesorado a fin de facilitar a este colectivo el conocimiento de los aspectos básicos de la defensa, el papel de las Fuerzas Armadas y su importancia para garantizar el ejercicio de las libertades cívicas.
  3. Impulsar la elaboración y difusión de materiales orientados a la mejora de la cultura de la defensa y la conciencia de defensa.

Todo esto se firmó en diciembre de 2015. Lo advertimos, por si alguien se cree que es un plan traído por los pelos ahora con el tema del catalanismo y la prédica de la defensa constitucional que sirve de argumentario para echar más leña al fuego.

Como una gran cantidad de convenios de este tipo, el acuerdo que acabamos de reseñar no dejaba de ser una especie de papel mojado retórico e inofensivo.

Hasta que… ha dejado de serlo para convertirse en una seria amenaza.

Porque, nos dice El Diario,

el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), organismo dependiente del Ministerio de Educación, está confeccionando un conjunto de unidades didácticas, que contienen conceptos relativos a cuestiones de seguridad y defensa, al objeto de que puedan ser empleadas como orientación por los docentes para algunos de sus proyectos o actividades

El CNIIE hizo una propuesta económica el pasado mes de junio para que en lo que queda de año se elaboren materiales curriculares del proyecto “conocimiento de la seguridad y la defensa nacional en los centros educativos”, según figura en el proyecto de memoria justificativa de gasto del material de Secundaria elaborada por este organismo y facilitada por fuentes parlamentarias a eldiario.es. El de Primaria fue facturado ese mismo mes.

De modo que van en serio.

Adoctrinar en toda (y de la peor) regla.

¿Habrá protestas, oposición, sentido común?

¿No rezuma a esa formación en el espíritu nacional del franquismo?

¿Intoxicarán con estas prédicas a los jóvenes?

Lo veremos en sucesivos capítulos, porque esto promete una continuidad sin parangón.

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Defensa e Iberdrola estrechan lazos

Por Elojeador

Fuente: Derecho.com

Que cuando Defensa predica que defiende los intereses de España más allá de las fronteras se refiere a las grandes empresas capitalistas, como Iberdrola, es una evidencia que no necesitamos argumentar mayormente.

Y es enternecedor el modo tan arrebatado en que las grandes empresas devuelven el favor a Defensa.

El caso de Iberdrola nos permite encontrar un ejemplo más (¡uno más!, no una rara avis) de la simbiosis “Defensa” y, pongamos por caso, nuestro oligopolio eléctrico.

En Resolución 420/38234/2017, de 6 de octubre, de la Secretaría General Técnica, se ha publicado la Adenda de modificación y prórroga al Convenio Marco de Colaboración entre Defensa e Iberdrola, SA.

¿Colaboración en qué, nos preguntamos ante un matrimonio tan peregrino? Según la adenda, “para el desarrollo de actividades de formación, investigación y difusión del conocimiento”, algo en lo que, como se sabe, Defensa e Iberdrola, tienen una de sus máximas prioridades.

El convenio entre la eléctrica y Defensa es de 29 de septiembre de 2015, pero les ha debido ir muy bien, por lo que han acordado mejorarlo.

El citado convenio (ahora prorrogado) se puede descargar aquí.

Dejando aparte la parafernalia declarativa del Convenio de 2015, éste se estableció para financiar por parte de Iberdrola (cláusula segunda):

  • actividades de formación, como seminarios, ciclos de conferencias, jornadas formativas y publicaciones destinadas a Defensa
  • Realización conjunta de proyectos “relacionados con el objeto del convenio” (lo que es no decir nada)
  • Cooperación mutua en el uso de instalaciones
  • Cuantas actividades sean consideradas de interés mutuo.

Además, “Iberdrola podrá presentar ciertos proyectos concretos a la Fundación Iberdrola España para que esta decida acerca de su desarrollo y siempre y cuando estos se ajusten al contenido de su plan director“.  ¿Qué quiere decir?  Difícil saberlo.  Parece como que Iberdrola podría pedir a su Fundación que financiase proyectos para Defensa.  Es decir, cooperación para que los “formandos” de estos actos identifiquen defensa con Iberdrola y cualquier otra cosa que se les ocurra. ¿Cabe mejor alianza?

Como es habitual en este tipo de acuerdos, se declara que no conllevará gasto para ninguna de las partes. Pero entonces… ¿quién corre con los gastos que origine?

En suma, un abrazo de intereses que ejemplifica la fusión de una defensa cada vez menos parecida a la defensa de lo que la gente quiere defender y un oligopolio cada vez más parecido a lo que nos quieren meter a calzador como interés general.

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El gobierno autoriza a ISFAS a gastarse 971´69 millones de euros con entidades privadas de seguros en 2018-2019

por ISFAS

Fuente: Infodefensa

Aprovechando la sequía de noticias en este sitio anodino que llamamos España, el frenético gobierno que preside el despierto Rajoy, ha aprobado un acuerdo del que, como de costumbre, no han dado mucha información por eso de no sacarnos de la siesta perenne. Según dicho acuerdo, se autoriza al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) a gastarse en conciertos con la sanidad privada 971´69 millones de euros. Unos conciertos para atender a las prestaciones sanitarias a los militares y a sus familiares y beneficiarios en los años 2018 y 2019.

No importa que los presupuestos de  2018 y 2019 no se hayan aprobado, ni siquiera que no hayan pasado aún por el Parlamento. Lo suyo es comprometer el gasto y el que venga detrás que apechugue.

Se da el caso de que los presupuestos de 2017 ya contemplaban, en el programa 312-E, una partida de 471´6 millones de euros  para conciertos de asistencia sanitaria privados y conciertos de asistencia con la seguridad social, de los que le ha soltado el Estado, gracias a nuestros impuestos, 430 millones de euros a las entidades sanitarias privadas para atender a los militares enfermizos.

Dicha partida de 471´6 millones de euros (430 ya gastada en 2017  para conciertos privados) forma parte de otra mayor (677´05 millones) que recibió el ISFAS para “Asistencia sanitaria de las Fuerzas Armadas”, partida que, además, no es la única que recibe  año tras año (hay otra de 77´81 millones del programa 222-M por “Prestaciones Económicas del Mutualismo Administrativo” y  una tercera de 624,411 que recibe de “Diversos Ministerios” en el programa 929)

Pero si la partida es generosa, el destino es, sencillamente, la prueba, una más, de la privatización de la sanidad militar en manos de las grandes compañías sanitarias, una de las marcas de la casa en la política privatizadora del PP.

Si atendemos a la memoria de objetivos y explicación del programa  312-E en los presupuestos de 2017, resulta que de los 622.000 usuarios de la sanidad militar (han oído bien, un cotizante por cada dos de matute) solo 40.000 reciben asistencia pública, y el resto se han transferido a estos conciertos privados tan lucrativos.

¿Indignante? Sí, pero más aún el que haga falta una sanidad militar diferenciada, con su propia estructura paralela, supradotada en recursos, para atender a la casta militar, en vez de integrarlos, sin más, en la sanidad común y normal, como a cada hijo de vecino.

Y es que lo más estrambótico de todo es que siga existiendo el ISFAS, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, este espacio de autonomía militar tan peculiar, que además tiene la cara de conveniar con las comunidades autónomas para prestarle sus hospitales en desuso o infrautilizados a cambio de pasta y de que entre todos asumamos sus gastos.

 

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El consistorio de Valladolid no renovará la reserva de plazas a los militares para acceder a la policía local

Imagen de José María Cuadro

Fuente:  El Norte de Castilla.

Una buena noticia procedente de Valladolid:

El concejal de Seguridad, Luis Vélez, indicó ayer que el Equipo de Gobierno no tiene intención de renovar el convenio que el anterior alcalde, Javier León de la Riva, suscribió en abril de 2015 con la subsecretaria del Ministerio de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, y mediante el cual el Consistorio vallisoletano se comprometía a reservar el 20% de las vacantes que se convocasen para la Policía Municipal para el personal de tropa y marinería.

La medida anterior lo que permitía era un nuevo privilegio para los militares:

Defensa viene impulsando este tipo de acuerdos con los municipios que cuentan con Policías Locales, con la intención de dar una respuesta a los soldados que firman contratos hasta los 45 años para trabajar en las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa considera que los militares de tropa y marinería de más de 45 años no son útiles para sus intereses y prefiere que los asuman otras instituciones del Estado.  A tal practica de asumir porque sí militares los ayuntamientos, en nuestro barrio, lo conocíamos como la ley del embudo:  para mi …

A partir de esa edad, el Ministerio considera que debe renovarse la plantilla de tropa. Por este motivo, el acuerdo de colaboración establecía que se daría prioridad a este personal militar mediante un cupo, que después de que hubieran superado las pruebas físicas y de perfil psicológico podrían ingresar en la Policía Local.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa no realiza ninguna aportación económica ni de recursos por estos puestos, y no puede ser que sean los ayuntamientos los que paguen las consecuencias de otras administraciones», insistió el edil Luis Vélez.

La nueva posición municipal coincide también con la postura expresada por los sindicatos con representación en el Ayuntamiento, que rechazan esta reserva del 20% de las plazas.

Nos parece valiente y coherente la postura pucelana.  ¿Por qué habrían de tener privilegios a la hora de obtener un puesto de trabajo los militares, sólo por el hecho de ser militares?  ¿No tienen derecho los civiles, no tienen tantas necesidades como ellos?

Sin embargo, el concejal Luis Vélez dijo ayer que «nuestra voluntad es no continuar con este convenio, y que a las plazas libres pueda optar todo el mundo que cumpla los requisitos».

«Nuestra voluntad es clara de no renovar el mismo. No entendemos que tengan que existir preferencias en las vacantes libres sobre el resto de aspirantes.

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El Ministerio de Defensa y El Corte Inglés la lían en Salamanca

Por Salamanca RTV

Fuente:  El Norte de Castilla.

Informa el Norte de Castilla de un enredo urbanístico donde aparecen el Corte Inglés, el gobierno municipal de Salamanca (del PP) y el Ministerio de Defensa.

Pregunta el Diputado Juan López de Uralde, de Equo, en el Congreso por dicho jaleo y, sobre todo, por el papel de Defensa en todo ello.

Al parecer, El Corte Inglés edificó un centro comercial en los antiguos terrenos de un cuartel militar en Salamanca, y al hacerlo, se pasó tres pueblos y construyó más de lo que autorizaba la normativa helmántica.

En su día tiraron el cuartel de Infantería “Julián Sánchez `El Charro”  para construir un Corte Inglés, según reflejó ABC, gracias a un convenio de colaboración entre Defensa y el Ayuntamiento de Salamanca y, pásmense, el propio Corte Inglés. Un acuerdo que, dice ABC, llevaban negociando 18 años de nada.

El proyecto inicial hablaba de construir tanto el centro comercial, como viviendas, un espacio ajardinado, un centro cultural y un campo de fútbol, que así de grande debía ser este espacio.

El Ayuntamiento tuvo que acometer una remodelación urbanística en toda regla para que el proyecto se llevara a cabo y, oh sorpresa, cuando se dieron cuenta, el Corte Inglés había edificado “de más” para su mega centro comercial, dejando en agua de borrajas el resto del proyecto.

Entonces, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla León modifican provisionalmente el plan urbanístico para favorecer a El Corte Inglés en su trampa. Es aquí cuando empieza una batalla judicial que conlleva una sentencia donde se dice que El Corte no se ha cortado en sortear la legalidad y que no cuenta con licencia para lo realizado. Gracias a procedimiento iniciado por EQUO el asunto llega al Tribunal Supremo, que anula el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca aprobado por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, por favorecer los intereses particulares del centro comercial, en contra del interés general de la ciudad.

Para complicar más las cosas, El Corte Inglés parece que se cabrea y amenaza al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla León con pedirle más de 150 millones de euros si no logra arreglar el asunto a favor de sus intereses, según nos informa Salamanca 24 horas,  manifestando que “si tiene que cerrar su centro comercial en Salamanca, tendría que cobrar 3,3 millones por la urbanización de la zona, 93 por el edificio de los grandes almacenes, 4,3 por la construcción del centro cívico, 31 por la pérdida patrimonial de un terreno depreciado, 8 por los gastos que supuso la apertura del centro comercial, 4,8 por la demolición que habría que acometer, 3,2 por las tasas e impuestos abonados, 2,2 por la parcela del campo de fútbol Neme que fue parte del convenio urbanístico y casi medio millón de euros por las costas judiciales”. Y a la vez otros gastos hasta 150 millones de euros por  “el coste de la extinción de los contratos de los trabajadores, el coste de los contratos vigentes con proveedores de productos, el lucro cesante por el cierre del centro comercial, el traslado a otros terrenos, gastos financieros, honorarios de abogados y notarios e incluso daños morales”.

Entonces el ayuntamiento del PP tiene la ocurrente idea de sortear de nuevo la ley también creando ad hoc una normativa provisional para saltarse el fallo de la sentencia, cambiando la edificabilidad de la dotación del Corte Inglés en detrimento de los otros usos, lo cual una vez desvelado no deja de ser una alcaldada más, eso sí, aprobada en el pleno municipal “por unanimidad” según desveló el medio 20 minutos en 2014.

Total, que con tanto pasteleo, en vez de cumplir la orden judicial, el ayuntamiento, denuncia Equo, intenta sortearla y los promotores de las denuncias judiciales siguen denunciando a la justicia este claro caso de desobediencia a lo que dicta un tribunal (que por cierto no tiene el mismo tratamiento ni merece los mismos improperios que suele verter el PP cuando quien incumple es otro). Hete aquí que los promotores de las denuncias judiciales, los verdes de Salamanca, ponen el enjuague en conocimiento del diputado López de Uralde, que a su vez ha preguntado a la Ministra de Defensa qué parte tienen (si es que la tienen) de conocimiento y/o complicidad en todo esto y, lo que es más enjundioso, si pretende el ministerio exigir compensaciones por la no dedicación del terreno a lo que se había aprobado.

Al margen de este asunto, otros aspectos más nos interesan.

1 ¿Qué tipo de convenio hizo Defensa con el Corte Inglés y el Ayuntamiento de Salamanca, para temer que ahora puedan pedir pasta?

2 ¿ Fue una venta?, ¿una permuta?, ¿alguna otra fórmula onerosa donde se haya perdido dinero público en detrimento de Salamanca y a favor del ejército?

3 ¿Cómo es posible un acuerdo de índole inmobiliaria entre El  Corte Inglés y el Ministerio de Defensa?, ¿qué recibió a cambio Defensa?

4 ¿Por qué el empeño de que ahora Defensa de respuesta?, ¿es que hay algo que se nos haya escapado?

5 ¿Ha estado Defensa al corriente de todo este pasteleo?; ¿ha tenido algo que ver en el mismo?

6 ¿Va a obtener el Ayuntamiento de Salamanca los equipamientos que le han sido arrebatados por la actuación tramposa de El Corte Inglés y la no menos memorable actuación contra el interés general del ayuntamiento y de la Junta de Castilla León?

A nuestro parecer, preguntas que necesitan claridad, porque lo que parece es que entre unos y otros la han liado parda contra los intereses de la sociedad y deben responder de tal situación. Ya se sabe el dicho: Quod natura non dat, Salmantica non præstat.

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España apoya descaradamente al militarismo israelí comprando sus misiles contracarro SPIKE

Imagen de Pan American Defense

España desarrolla unos Programas Especiales de Armamento (PEAS) que están provocando una deuda gigantesca para el Ministerio de Defensa y para el Estado Español.

Hay muchas críticas a estos PEAS y a la forma que tiene el Ministerio de Defensa de proveerse de armas para sus impulsos intervencionistas en el extranjero.

Unas de ellas son la ética y las implicaciones internacionales de nuestras políticas.

Analizamos hoy la compra de 260 puestos de tiro y 2.600 Misiles contracarro de alcance medio SPIKE por un precio total de 364’69 millones de €, según Wikipedia el coste total será de 394 millones de €.  Se calcula que el coste de cada unidad ronda los 100.000 dólares USA.

En la hoja de servicio de este misil se declara que ha sido usado contra la Intifada.

Dicho programa adolece de uno de los defectos generales de los PEAS, el prolongadísimo periodo desde la toma de decisión, inicio del diseño, inicio de la producción, avatares varios que retrasan la fecha de entrega, etc.  Así, todo el proceso se dilata, en este caso desde 2005 a 2024.  Ello provoca, habitualmente, unos sobrecostes enormes.

Otro de los defectos habituales en los programas de Defensa, sobre todo en los PEAS, es el de que los pagos se suelen realizar por medio de partidas plurianuales, lo que supone un escondite perfecto para su seguimiento.

Una breve historia de los recorridos de esta colaboración militar hispano-israelí se pueden resumir así:

  • En 2002 General Dynamics – Santa Bárbara firma un acuerdo con Rafael por la que la contratista española se convertiría en el contratista principal de las ventas del Spike si era finalmente elegido.
  • En el Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2006, presidido por Zapatero, del PSOE, se decide invertir en el programa:  260 lanzadores y 2.600 misiles MR (Medium Range).  Se informaba que la industria nacional asumiría el 60 % del trabajo y que el pago se repartiría en 15 anualidades desde 2008 a 2022.
  • El 30 de noviembre de 2007 el Consejo de Ministros decidió comprar más Spike, versión ER (Extended Range), destinados a los helicópteros de ataque Tigre:  44 lanzadores y 200 misiles por 44’027 millones de € prorrateados entre 2007 y 2012.
  • El 29 de mayo de 2009 se entregaron al Ministerio de Defensa los primeros misiles.

Las empresas que participan en este programa de armamento son:

  • Global Dynamics/Santa Bárbara sistemas,
  • Rafael,
  • Tecnobit

Imagen de Dvircom

 

La empresa Rafael,  o Raphael, es una empresa que fabrica armas del Ministerio de Defensa israelí.  Tiene más de 7.000 empleados y se fundó en 1948.

Durante el principio de los años 1990 Rafael operó con pérdidas (con un pico en 1995, con pérdidas de $120 millones sobre una facturación de $460 millones); entonces se decidió reestructurar la organización para empezar a operar Rafael como una compañía. Inicialmente se crearon tres divisiones diferenciadas; cada una operando como un centro de beneficios, con una hoja de balance separada, a presentar al nuevo consejo de dirección.

La restructuración fue completada en 2002 cuando Rafael fue formalmente incorporada como sociedad limitada (a pesar de ser una empresa estatal), manteniendo sus capacidades tecnológicas a través de extensos programas de inversión en I+D (en torno al 10% de la facturación). En su primer año como sociedad limitada, Rafael obtuvo 37$ millones de beneficio sobre $830 millones de ventas.

Rafael tiene multitud de empresas subsidiarias en el mundo.  En Europa, a través del Holding ERCAS, de la que posee el 100 %, domina dos secciones militares:  Dinamit Nobel Defense (con el 100% de las acciones) y PAP Tecnos (con el 100 % de las acciones).

Una compra tan grande de misiles SPIKE supone un apoyo decidido al militarismo israelí y hace rentable a una de sus principales empresas armamentísticas, con lo que da alas a la política represiva de Israel sobre Palestina.

Nuevamente una decisión militar que influye en nuestra política exterior, que en principio se define como de apoyo a una solución negociada y no violenta en el conflictos israelo-palestino.

Damos con una mano lo que quitamos con la otra.

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Las mejoras de la base militar de San Viator las pagará la Diputación de Almería

Imagen de Juan Miguel Pimentel

Fuente:  La Voz de Almería.

Hemos denunciado muchas veces que el militarismo se extiende, en los gastos y en las demás cosas, por todos los apartados de la sociedad.

Así, por ejemplo, decimos en nuestro estudio del gasto militar de 2017 que lejos de los 7.638’54 millones de € que dicen gastar en los presupuestos generales del Estado en el Ministerio de Defensa, la realidad es que van a acabar gastando 33.762’4 millones de € en total.

Pero este no es el único gasto militar que se realiza a lo largo del año.  También las Comunidades Autónomas mediante subvenciones a industrias militares y la promoción de actos militares, los ayuntamientos de toda España haciendo desfiles, conmemorando el día de las Fuerzas Armadas, etc., colaboran con el militarismo con sus respectivos gastos.

Menos nos habíamos fijado en el gasto militar de las diputaciones provinciales.  Y, según parece, también lo tienen:

La Diputación Provincial de Almería y el Ministerio de Defensa han firmado esta mañana un convenio de colaboración por el que la Institución provincial invertirá 400.000 euros en la realización de obras de mejora en la Base Militar Álvarez de Sotomayor, ubicada en el municipio de Viator.

El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, han suscrito el acuerdo que permitirá la mejora de las infraestructuras viarias de las instalaciones, a través del reasfaltado y señalización de su red viaria en tres zonas diferentes de la base ubicadas en el norte de la base y en el patio de armas y sus inmediaciones.

Pero no es sólamente esto, además, el convenio se fija en la promoción turística que parece que tiene como foco la base militar Álvarez de Sotomayor:

En este sentido, el convenio de colaboración recoge, junto a la mejora de las instalaciones, la promoción de la imagen turística de la provincia en los actos conjuntos que organicen ambas entidades y entre los usuarios y visitantes de la Base Álvarez de Sotomayor.

El convenio suscrito entre Diputación y Defensa incluye una serie de contraprestaciones que acercarán la historia y patrimonio de Defensa a la sociedad almeriense.

¿Dónde no llegarán los tentáculos del gasto militar en la sociedad española?

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No hay transparencia en las relaciones militares de España con Arabia Saudí

Imagen de Mangesh Kalelkar

Fuente:  Google Play Kiosko.

Nos informa Eva Belmonte en Público de una verdad oculta pero que se intuía por todos: España firmó hace un año (Septiembre de 2016) un acuerdo con Arabia Saudí para ocultar información sobre defensa.   El acuerdo tiene un plazo de vigor de 5 años.  Durante 2016 España vendió armas a Arabia Saudí por un monto de 116 millones de €.

Según parece, este tipo de acuerdos son habituales como, por ejemplo, el firmado con Singapur.  En otras ocasiones lo que se hace es ocultar estos acuerdos militares promocionando el secretismo en acuerdos de comercio más generales.

Se trata con este acuerdo de ocultar

cualesquiera negociaciones precontractuales, contratos, subcontratos o cualquier otro acuerdo entre dos o más contratistas por los que se creen o definan derechos y obligaciones mutuamente exigibles y que contengan o afecten a Información Clasificada

de naturaleza militar.

Además, en el BOE se especifica que, por parte española, la Autoridad de Seguridad responsable de ejecutar este acuerdo será el Secretario de Estado director general del CNI.  Recordamos que actualmente el CNI está bajo el poder del Ministerio de Presidencia, con lo cual este ministerio aparentemente neutro adquiere una nueva función en la industria y comercio militar.

El acuerdo es farragoso y engorroso, en muchas partes incluso podemos disfrutar de él al estilo de los Hermanos Marx:

Una Parte que desee adjudicar un contrato clasificado a un contratista o
subcontratista de la otra Parte, o que desee autorizar a uno de sus contratistas o subcontratistas a adjudicar un contrato clasificado en el territorio de la otra Parte en el marco de un proyecto clasificado, deberá obtener, a través de su Autoridad de Seguridad, una confirmación previa por escrito de su homóloga de la otra Parte de que el contratista o subcontratista propuesto dispone de una Habilitación de Seguridad de Establecimiento del grado correspondiente.

Pero seamos serios, lo malo de estas cinco páginas publicadas en el BOE es que dan claridad a lo que realmente es el comercio de armas:  la falta de transparencia, la ocultación, la oscuridad.  Porque se trata de ocultar la muerte, las masacres, el dolor de miles y miles de personas que sufrirán lejos sin que la sociedad española pueda enterarse dado que hay un acuerdo internacional que lo prohíbe.

Otra vez más estamos en manos de los señores de la guerra.

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Protestas en Burgos contra la especulación militar de suelo

Imagen de Daniel Lobo

 

Fuente:  Burgos Conecta y Noticias de Burgos.

Ocurre que el Ministerio de Defensa es el segundo terrateniente español.  Ello conlleva que muchos de sus pisos, solares, garajes, edificios y terrenos rústicos y urbanos estén en desuso o abandonados, muchas veces desde hace muchos años.

Por tanto, en muchas ocasiones se producen conflictos entre los municipios y los intereses del Ministerio de Defensa, que siempre son los mismos, lucrarse con la especulación para luego invertir en armas.

La postura del PCAS (Partido Castellano) en Burgos es muy clara:

El Partido Castellano (PCAS), a través del Grupo Parlamentario Compromís, ha trasladado a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, varias preguntas relativas a los terrenos que ocupa el abandonado Parque de Artillería de Santa Bárbara en Burgos. El PCAS, con estas preguntas, intenta que el Ministerio de Defensa rectifique y paralice la actual subasta de los terrenos prevista para mediados de septiembre.

Además, los castellanistas defienden que estos casi 50.000 metros cuadrados de suelo deberían de volver a manos municipales “sin coste alguno”. Luis Marcos, secretario de Organización del partido, considera que “todavía se está a tiempo de parar esta operación”. Y es que, en su opinión, “no solo se trata de hacer justicia, sino de compensar el injusto tratamiento del Ministerio de Defensa con Burgos en los últimos años, con el cierre de diferentes dotaciones militares”.

Esa es la opción 1, la opción del PCAS.

La opción 2 es la del Ministerio de Defensa:  vender los terrenos (y aplicar lo obtenido por la venta a comprar armas y equipamientos militares), actualmente tasados en 14 millones de €, para edificar 337 viviendas por parte de empresas privadas.

Esta opción no le parece correcta al PCAS porque trata mal a Burgos, que siempre se ha portado bien con Defensa:

ha recordado el trato exquisito que la ciudad brindó durante más de 100 años a Defensa mediante concesiones gratuitas de terrenos destinados a cuarteles y el establecimiento de unidades militares acarreando la pérdida de multitud de importantes edificaciones, solares, acuartelamientos y unidades militares. Con estas enajenaciones el Ministerio ha obtenido 80 millones de euros, según Marcos, lo que considera un lucro aprovechando las facilidades del Ayuntamiento.

La opción 3, la del ayuntamiento, es permutar la parcela por otras de titularidad municipal.  Esta solución también es rechazada por el PCAS porque

las otras parcelas que posee el Ayuntamiento “deben de servir para hacer políticas sociales de vivienda y el Ministerio de Defensa no está por la labor porque lo que quiere es hacer caja rápido”

Nuevamente más pruebas de la insolidaridad del Ministerio de Defensa con la población civil.

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Convenios del Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía para el cuidado de especies protegidas

Ibis+chauve+-+Geronticus+eremita+-+Malalodja+-+SWAZILAND

Agustín Povedano

Fuente: BOE

El BOE no para de darnos sorpresas inquietantes. Nos disponemos, como Proust con su famosa magdalena, a deleitar su árida lectura cuando nos sobresaltan algunas de sus farragosas explicaciones más desagradables.

¿Adivinan cómo pretende la Junta de Andalucía cuidar el Águila Imperial Ibérica (para los finolis “Águila adalberti”), maltrecha ella y necesitada de protección especial a pesar de su porte magnífico y de su historia milenaria?

Pues muy fácil, conveniando con el ejército para que la cuide en su gran territorio de uso exclusivo en Jerez de la Frontera (Cádiz); según refiere el BOE de 2 de mayo de 2017.

Se nos antoja que más bien debiera cuidarse el águila imperial de ejércitos y políticos que dejarse cuidar por ellos y sus intrigas, pero eso es harina de otro costal.

Dice el acuerdo del susanismo castizo y la castiza Dolores, que el ejército, dueño de los parajes de  Cortijo de Vicos, Garrapilos y las Marismillas, todos ellos en Jerez (entre paréntesis, los usa para que pasten sus potrencos de la cría caballar) y que los cuida con un esmero medioambiental que pasma.

Y dice además que dichos terrenos (que por cierto no pueden disfrutar los restantes mortales porque su declaración de zona  de interés para la defensa se lo impide) “ reúnen por su ubicación, características ecológicas y protección, excelentes condiciones para la conservación del águila Imperial

El convenio pone de cuenta de la Junta el compromiso de

desarrollar en los terrenos del Ministerio de Defensa relacionados en la cláusula primera actuaciones para el seguimiento, conservación y recuperación del águila imperial.

Igualmente se compromete a que todas las publicaciones, material de difusión, comunicados e información que elabore y divulgue al amparo del presente Convenio se hará siempre constar la colaboración del Ministerio de Defensa y en caso de que se trate de material o comunicaciones impresas se hará constar el anagrama identificativo del citado Departamento Ministerial.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía permitirá que el Ministerio de Defensa en sus publicaciones y comunicaciones de carácter divulgativo pueda difundir libremente las actividades que se están realizando así como hacer referencia a su participación como entidad colaboradora.

A cambio de tal colaboración, el Ministerio de Defensa recibe una gratuita propaganda de su enorme labor social y además se compromete a

a) Permitir el acceso del personal designado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a los terrenos mencionados en la cláusula primera.

b) Dar, siempre que le sea posible, el apoyo logístico acordado por las partes para el desarrollo del Proyecto de Conservación del Águila Imperial

En fin, recibe mucho a cambio de nada. Pero no es lo más grave.

Lo más grave es que para defender al águila imperial, como se ve, no necesitamos entidades civiles, ornitológicas, ecologistas, o incluso dando a los terrenos que acapara defensa porque sí un uso alternativo y social, sino llegar a acuerdo con los militares, que en definitiva van, pasito a pasito, inundando de su enfoque militar todos los escenarios sociales

¿Que lo que queremos cuidar es otra especie en peligro, pongamos por caso, el ibis eremita (Geronticus eremita),  que encima es feo a rabiar?  Pues tampoco hay problema, porque otro convenio de la Junta de Andalucía también publicado en el BOE , prescribe el cuidado del susodicho pájaro en terrenos del mismo ejército, que de patrimonio anda sobrado.

Esta vez en la Sierra del Retín, también de propiedad militar y uso exclusivo como campo de adiestramiento de la Armada, en Barbate, con idénticos compromisos.

También parece que la mejor opción de la Junta de Andalucía para proteger el ibis eremita, que es caprichoso y le ha dado por anidar al fragor de los cañonazos, es conveniar con el ejército, no tanto reivindicar el uso civil y civilizado de la sierra del Retín, o apoyar a los grupos ecologistas, que vaya usted a saber si no son suficientemente cualificados.

Y como no hay dos sin tres, ahora vamos a por una especie diferente: el camaleón (Chamaleo chamaleon), cuyo parecido con los políticos es tan obvio que nos vamos a ahorrar el chiste.

El pobre bicho también está maltrecho y, como no, hay que conveniar con el ejército para protegerlo, según un tercer convenio aparecido en el BOE.

Esta vez los agraciados son el Acuartelamiento de Camposoto y la Base Naval de Rota, donde el caprichoso tiene a bien pernoctar.

También el camaleón goza, como se ve, de la protección del ejército y del inquebrantable amor por España de Doña Susana.

Y es que la ecología, a pesar de pequeños detalles por los que pasaremos por alto, no se defiende mejor que con el ejército y sus ingentes y prohibidos terrenos.

No en balde, es lo que tiene ser el segundo terrateniente del Estado.

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