Archive for convenios Ministerio Defensa

El cañón nazi en Madrid (luces y sombras del Ayuntamiento)

Imagen de Gerald Davison

Fuente:  Público.

El 21 de septiembre de 2017 el concejal Carlos Sánchez Mato, responsable del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, escribió una carta al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra para preguntarle cómo y cuándo se podía devolver un cañón antiaéreo de fabricación nazi que había llegado a España con la división Cóndor alemana que ayudó al dictador Franco en su sublevación militar contra la República.

En dicha carta Carlos Sánchez Mato hace un recorrido histórico por los múltiples usos que se le dieron al cañón durante la guerra.

Ocurrió que dicho cañón nazi fue depositado sin cargos en manos del Ayuntamiento madrileño cuando lo regentaba Ana Botella (Partido Popular).  La entonces alcaldesa decidió que fuese utilizado como decoración de la plaza de la Artillería Antiaérea en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

El cañón nazi, además, fue instalado entre múltiples irregularidades administrativas, según una investigación de la subdirección de Auditoría de la Deuda del Ayuntamiento de Madrid, dependiente del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

“Las obras de instalación se ejecutaron sin proyecto aprobado ni dotación presupuestaria”, recoge el informe al que ha tenido acceso Público, que denuncia que la glorieta fue inaugurado el 28 de abril de 2013, mientras que el proyecto que aprobaba la remodelación de la misma fue firmado el 31 de mayo, un mes después.

“Esto conllevó que los trámites necesarios para empezar la obra tuvieran fecha posterior a la ejecución de las obras”, recoge el informe, que recoge que las obras supusieron un gasto de 11.633 euros.

Otros 11.633 € a la basura, otros 11.633 € de despilfarro militar.

El contrato Defensa-Ayuntamiento de Madrid terminaba la primera semana de enero de 2018.  Por ello, el gesto de retirada a final de año ha sido poco más que un detalle.

Pero, al menos, no se ha renovado el contrato por otros 5 años.  Algo es algo.

Nos gusta el gesto, muy coherente y oportuno en un Ayuntamiento que dice que busca la paz.  Sin embargo, nos resulta incoherente que la rotonda siga llamándose de la Artillería antiaérea.  Existen muchos otros objetos y aparatos que lo merecerían antes, existen múltiples oficios que éticamente están por encima del arma de Artillería (antiaérea o no) y que tienen muchos más méritos para figurar en el callejero madrileño.

El nombre de una calle o rotonda no es cualquier cosa.  En su bautismo el Ayuntamiento responsable (y los ayuntamientos que, posteriormente, lo mantienen) dejan clara constancia de su ideología y de qué es lo que quieren celebrar y honrar con un nombre callejero.

Saludamos que la pieza de artillería haya vuelto al interior del cuartel, pero pensamos que, por coherencia, el ayuntamiento debería cambiar el nombre de la rotonda por otro más pacífico y menos violento.  Si no es así, el gesto habrá sido meritorio pero muy parcial.  Y Madrid poco habrá avanzado en ser capital de paz como pretende Carmena.

Una propuesta razonada y detallada (que cuenta con más de 14.000 visitas) para hacer de Madrid una ciudad de paz la podéis encontrar pinchando aquí.

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Materia militar en el último Consejo de Ministros del año

Culminada+la+sesi%C3%B3n+N%C2%BA+028+del+Consejo+de+Ministros%2C+el+Primer+Ministro+acompa%C3%B1ado+de+los+titulares+de+Justicia%2C+Mujer+y+de+Inclusi%C3%B3n+Social+brindaron+declaraciones+a+la+prensa.

Por La Moncloa, Gobierno de España.

 

Fuente: La Moncloa.

Pues, como nos veíamos venir, también ha aprovechado el Gobierno para añadir más incentivos al militarismo en el último Consejo de Ministros del año.

1.- Autorización de inversiones militares a empresas extranjeras.

Esta vez en forma de autorización de empresas de Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido para que realicen inversiones en empresas militares en España. Todo sea regalar inversión al militarismo, que para eso somos la sexta potencia mundial exportando armas (y como añadido, regalando guerras a países diversos).

El Consejo de Ministros ha autorizado una inversión extranjera consistente en que las sociedades “PI 1, S.Á.R.L” (sociedad constituida en Luxemburgo); “Everest Holdings, B.V.” (Países Bajos), y “ANV Co-Invest, L.P.” (Reino Unido), adquieren, de manera directa, el 60,41 por 100, del capital social de Aernnova Aerospace Corporation S.A., y, de forma indirecta, el mismo porcentaje respectivamente en las filiales de esta última, para que se puedan destinar a realizar actividades relacionadas con la defensa nacional.

Aernnova Aerospace Corporatión SA (con sede en Gasteiz), aparentemente, no se dedica al sector militar, sino a la gestión de espacios aéreos y fabricación de estructuras aeronáuticas, según aparece en su página web, pero sí indirectamente, porque lo hace a través de sus empresas filiales, como dice el propio Consejo de Ministros. Estas filiales son:

  • Aernnova Aerospace, S.A.U.
  • Aernnova Aeroestructuras Álava, S.A.U.
  • Aernnova Andalucía Estructuras Aeronáuticas, S.A.U.
  • NMF Europa, S.A.U.
  • INTEC-AIR, S.L.U.
  • Gestión de Materiales y Proyectos, S.A.U.
  • Aeronáutica y Automoción, S.A.U.
  • Fibertecnic, S.A.U.
  • Internacional de Composites, S.A.U.

De paso vemos una de las más endiabladas realidades de la industria militar. Hay empresas, esta es un ejemplo, que aparentemente no tienen que ver con la defensa (lavado de cara) pero que luego resulta que o bien tienen empresas filiales que sí que lo hacen, o bien participan en el accionariado de las empresas militares, con lo que es difícil hacer un seguimiento de éstas. Si además, acaban siendo, como es el caso, participadas por fondos europeos y empresas de otros lugares, el rastreo de estas empresas se hace más difuso aún.  Y si a todo ello añadimos la colaboración de una banca armada en financiar su negocio, tenemos un cuadro más complejo de este sector tan opaco y peligroso.

2.- Cofinanciación con Europa del INTA.

No es el único acuerdo que afecta a lo militar. Hay un segundo acuerdo, como es de esperar fuera del Ministerio de Defensa, por el que el Ministerio de Industria y Competitividad realiza un acuerdo con el organismo autónomo militar INTA, para “para la ejecución del proyecto “FENYX-Gran Aeronave de Investigación y Experimentación” que, a su vez, cofinancian (es decir, pone una parte) los fondos FEDER (Fondos Europeos de Desarrollo Regional) con cargo al Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020.

Aclaremos que este Programa Operativo es el instrumento con el que el Ministerio de Hacienda (ya tenemos tres ministerios implicados en financiar al militarismo por este asunto) tiene para distribuir estos Fondos Europeos en cofinanciación entre España y Europa.

Según el convenio que se autoriza, el presupuesto del que contará INTA para desarrollar este proyecto FENYX será de 35 millones de euros de los que los fondos FEDER, a través del Ministerio de Economía, aportará 28 millones y el INTA (no dice de dónde lo sacará) otros siete.

3.- Reglamento del INVIED.

Además de estos dos acuerdos, el Consejo de Ministros ha aprobado otra resolución para modificar el Estatuto del INVIED mediante Real Decreto.

El anterior estatuto de este organismo fue declarado nulo por el Tribunal Supremo porque para su aprobación, como ocurre con otra normativa militar, no se habían atenido a la legalidad formal (para qué, si al fin y al cabo nadie les pone trabas).

En este caso se habían saltado un informe preceptivo (pero no vinculante) de un organismo oficial, el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas recogido en otra ley militar, la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, del 27 de julio de 2011.

Además de contar ahora con este informe han aprovechado para introducir una modificación sobre el anterior texto, concretamente para permitir que si un usuario de una casa del INVIED no paga la renta, se pueda suplir el desahucio por llegar a un acuerdo de pago más cómodo y, en caso de situación de vulnerabilidad del ocupante, que se pueda suspender el desahucio por un plazo de hasta tres años.

Una buena medida, que no existe en la legislación civil y que el Gobierno podría imitar para los miles de familias en situación de vulnerabilidad o riesgo que no pueden pagar la vivienda.

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Liquidación del Gasto Militar 2015

En 2015 lo que se presupuestó para el Ministerio de Defensa llegó para pagar facturas hasta 110 días, hasta el 20 de abril.  Es decir, el Presupuesto del Ministerio de Defensa sólo llegó para pagar 110 días, el 30’13 % del Gasto Militar de 2015 total.

El resto de los 365 días, es decir, 255 fueron ocultados de diversas maneras pero se acabaron gastando a beneficio del Ministerio de Defensa:

  • Luego, 88 días más se pagaron con lo que audita como Gasto Militar la IGAE, con esto se llegó hasta el 17 de julio.
  • Luego, otros 167 días se ocultaron las cifras para acabar acumulando el Gasto Militar de 2015.  Sin ellos, el Ministerio de Defensa no hubiese sobrevivido.

Otro nuevo trabajo monográfico de Utopía Contagiosa, la liquidación del Gasto Militar 2015 según la IGAE (Intervención General del Estado).  Es decir, con cifras oficiales.

Este documento lo podéis consultar en:

En scribd:

https://es.scribd.com/document/367184485/Liquidacion-GM-2015

En google drive:

https://drive.google.com/file/d/1Nmqbn-0EqQSNY2U8I2FUzC2oRtJG8Xct/view?usp=sharing

Y esperamos que os guste.  Hemos hecho un importante esfuerzo en presentar los datos con tablas y gráficos más atractivos y claros, además, de aclarar los conceptos que utilizamos.

Agradeceríamos cualquier ayuda que nos permita corregir errores, o que nos dé nuevas ideas.

También estamos abiertos a nuevos apoyos al documento.

Y, por supuesto, os agradeceríamos su difusión por vuestros círculos habituales, además de ofrecernos a dar charlas para explicar el contenido.

 

DATOS MÁS RELEVANTES:

Presupuesto del Ministerio de Defensa 2015:  5.767’78 millones €

Gasto Militar (auditado por la IGAE) en 2015:  10.250’46 millones de €

Sobregasto militar (auditado por la IGAE) en 2014:  4.482’68 millones €

% de desviación sobre lo presupuestado:  77’72 %

 

Presupuesto del Ministerio de Defensa en 2015:  5.767’78 millones de €

Liquidación del Presupuesto del Ministerio de  Defensa en 2015:  8.102’26 millones de €

+ 2.934’48 millones (+ 40’47 %)

Diferencia entre lo presupuestado y lo liquidado: 6’39 millones € /día

La IGAE no audita el 46’41 % del Gasto Militar

Defensa es el 2º ministerio con más ingresos:  1.047’88 millones de €

IGAE sólo audita el 13’89 % del total de las clases pasivas militares

El 90’8 de la I+D relacionada con Defensa está oculta en otros ministerios

El 34’65 de las inversiones reales del Estado se destinan a Defensa

 Entre 2002-2015:

Presupuestado para el Ministerio de Defensa:  96.656’89 millones de €

Liquidado por el Ministerio de Defensa:  115.955’52 millones de €

+ 19.298’63 millones de € (+ 19’96 %)

Gasto Militar vs. Gasto Social

El Gasto Militar representa:

  • 14’66 veces más que el gasto en Servicios Sociales y Promoción Social
  • 236’94 veces más que el gasto en Fomento del Empleo
  • 12’92 veces más que el gasto en Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación
  • 3’6 veces más que el gasto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 2’77 veces más que el gasto en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
  • 4’99 veces más que el gasto en el Ministerio de Justicia
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Nuevo convenio Defensa-Hisdesat: el satélite Paz nos costará desde 2016 a 2023, al menos, 1’38645 millones de €

Imagen de Hisdesat

Fuente:  Derecho.com

Se ha publicado el 24-11-1027, por lo tanto con un mes de retraso:

Suscrita el 23 de octubre de 2017 la Quinta Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la empresa Hisdesat, Servicios Estratégicos, S.A., para el desarrollo e implantación de un sistema de observación de la tierra por satélite gubernamental con tecnología radar (Satélite Paz)

El convenio es continuación del primero que se firmó el 25 de febrero de 2008.  Sus cláusulas nos informan de que:

Primero.

Que el «Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la empresa Hisdesat, S.A. para la definición e implantación de un sistema de observación de la tierra por satélite gubernamental con tecnología Radar» en su apartado 2.3 establece que las anualidades se ajustarán al calendario real de lanzamiento y a la entrada en operación del satélite.

Segundo.

Que con escrito de fecha 18 de marzo de 2016 Hisdesat comunicó al Ministerio de Defensa que se había producido un nuevo retraso en la fecha de lanzamiento del satélite y que no se iba a precisar presupuesto para la compra de imágenes en la anualidad de 2016.

Tercero.

Que durante 2016 han continuado los retrasos en la autorización administrativa del lanzamiento de PAZ hasta el punto de que las propias autoridades de la Federación Rusa recomendaron la búsqueda de un lanzador alternativo. Hisdesat finalmente ha contratado un lanzador alternativo para lanzar PAZ, cuyo lanzamiento está previsto en el segundo semestre de 2017, lo que ha dado lugar a que ambas partes planteen modificar de nuevo el calendario previsto y que sea necesario adaptarlo a la nueva planificación de cumplimiento de los hitos del programa.

Cuarto.

Por las razones expuestas, ambas partes consideran necesario realizar una nueva reprogramación de pagos mediante la formalización de la presente adenda al Convenio Marco, de forma que no se contemple desembolso de fondos del presupuesto de Defensa en pago por un servicio hasta el año 2018 y se extenderá hasta la anualidad 2023, sin que suponga ni incremento de gasto ni de años de servicio.

Por todo lo que antecede, ambas partes

ACUERDAN

Primero.

Modificar el apartado 2.3 del Acuerdo Marco de Colaboración de fecha 28 de febrero de 2008, que queda redactado como sigue:

Los importes máximos a abonar por el Ministerio de Defensa a Hisdesat por dicha utilización se establecerán por Acuerdo Económico Específico de acuerdo al perfil de pagos siguiente, sin que los mismos puedan exceder los importes máximos anuales reflejados:

Como siempre, la terminología que utiliza defensa en sus contratos roza lo esotérico.  No entendemos qué es eso de los perfiles propuestos.

Pero sí nos parece claro que lo que ha hecho Defensa, ante los continuos retrasos de la empresa Hisdesat, otro ejemplo de la mala calidad de la industria militar, ha sido retrasar, también, los pagos durante 3 años más.  Parece que sin aumento en el coste.

Recordamos que Hisdesat tiene como principal accionista a la operadora de satélites de comunicaciones Hispasat (43%), la sociedad pública perteneciente al Ministerio de Defensa, ISDEFE (30%), AIRBUS Defence & Space (15%), INDRA (7%) y SENER (5%).

Además, recordamos que ISDEFE es 100% una empresa pública y que Hispasat tiene parte del accionariado con capital público:  el 7’41 de la SEPI (Ministerio de Hacienda y Función Pública) y el 1’85 del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industria (CDTI), del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

El satélite Paz nos va a costar desde 2016 a 2023 la friolera de 133’1 millones de €, es decir, 16’6375 millones de € anuales.  Es decir, 1’38645 millones de € al mes para tener un satélite cuya principal función es el espionaje militar.

¿No habríamos preferido gastar en otros gastos sociales mucho más urgentes?

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Despilfarro en la “Comunidad de Bardenas Reales”

Por GTM Dreams Photos

Fuente: Noticias de Navarra.

Una vez más la Cámara de Comptos nos ofrece una fotografía del despilfarro de la Comunidad de Bardenas Reales, la institución (privada) que utiliza Defensa para legitimar su permanencia contra el sentir de la población, en el campo de tiro de Bardenas, situado en pleno meollo de un parque natural, declarado además Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Vayamos por partes.

Como la permanencia del ejército en Bardenas era tan impopular después de finalizar la cesión de este espacio al ejército americano por el franquismo, el Estado se inventó un viejo truco: pasó la “titularidad” jurídica de todo el espacio de Bardenas Reales a la “Comunidad de Bardenas Reales”  a cambio de que esta entidad firmara con el Ministerio de Defensa un Convenio de cesión (con la contraprestación de un canon) para vestir el muñeco legalmente del uso militar de la Bardena.

La Comunidad de Bardenas Reales:

Para entender este viejo truco hay que hacer una explicación suplementaria.

La Comunidad de Bardenas Reales es una figura jurídica algo peculiar y esto es lo que ha valido a Defensa para encontrar en ella un interlocutor manejable que sorteara cualquier atisbo de control democrático o de reivindicación social.

La Comunidad de Bardenas Reales, es una  “persona jurídica” autónoma y diferenciada de los ayuntamientos y de la Comunidad Foral de Navarra (y no sometida ni a la presión social ni a todos los controles democráticos de éstos).

Está constituida como una “entidad local sin población”, jurídicamente calificada como agrupación tradicional (es decir, es el reconocimiento de una personalidad jurídica propia de la legislación foral navarra, a un ente atípico por el hecho de que antiguamente existía una especie de costumbre tradicional de explotar “comunalmente” los recursos de Bardenas entre los diversos pueblos de la zona llegando a acuerdos para ello) y con capacidad propia para contratar, decidir legalmente, administrar bienes, etc.

Como se trata de un ente “tradicional”, sus “socios” son sólo una parte de los pueblos de la zona bardenera, precisamente los más antiguos (es decir, se excluyen pueblos nacidos con posterioridad a la “costumbre” de Navarra y todos los pueblos ribereños de Aragón).

Dicha persona “jurídica” tiene en su Junta General (órgano máximo de gobierno) un representante de cada uno de los pueblos (más dos valles y un monasterio) que se reúne ordinariamente una vez al año (y extraordinariamente alguna otra si se convocan reuniones extraordinarias).

Estos representantes de la Junta General, en total 22, son personas designadas por los históricos “congozantes” de la Bardena (es decir, por cada ayuntamiento histórico, por cada uno de los dos valles implicados y por el monasterio de la Oliva), pero estos representantes no están sometidos a la decisión de sus ayuntamientos, ni tienen por qué ir con una postura consensuada por sus representantes vecinales.

A su vez, se cuenta con una Comisión Permanente con siete vocales (estos sí se reúnen con mayor frecuencia) que son elegidos por la Junta General de entre sus miembros y con un Presidente, función que por mucho tiempo ha ejercido un señor que a la vez fue diputado en Madrid de UPN  en la V Legislatura (1993-1996), y en el Parlamento Navarro de 1999 a 2003,  el señor José Antonio Gayarre, presidente de Bardenas desde 1985 a 2009 y actor principal de la renegociación de 2008 (con Carmen Chacón como Ministra de Defensa) del actual convenio con el Ministerio de Defensa.

A diferencia de las personas jurídicas más o menos normales, no se rigen por estatutos, sino por ordenanzas también tradicionales.

La Comunidad de Bardenas, interlocutor de Defensa:

El terreno actual de Bardenas no era propiedad inscrita de nadie. Tradicionalmente había pertenecido a los reyes y cuando se acabó este cuento, Franco lo cedió al ejército americano para que pusieran ahí su campo de entrenamiento cercano a la base aérea de San Gregorio.

El problema surge cuando los americanos dejan de hacer uso de la base y hay que dar alguna apariencia de legalidad al uso que a partir de entonces hace Defensa (el ejército del Aire) y los ejércitos “amigos” de la OTAN, dado que, ya muerto el dictador, el uso de la base era impopular y dado también el recelo de los militares a las intenciones que pudieran tener los ayuntamientos democráticos o, en su caso, la Comunidad Foral de Navarra, lógicamente los que deberían ser titulares de dicho territorio.

Es entonces cuando Defensa hace la ficción de acordar con esta “Comunidad de Bardenas”, más manejable y sobornable, el poner a su nombre la titularidad de las más de 40.000 hectáreas de Bardenas a cambio de que esta Comunidad firme un contrato bilateral y legítimo, como dueño del terreno, con Defensa, para autorizar la ocupación militar de este espacio.

Se impedía con ello reconocer derecho alguno sobre este territorio bien a la Comunidad de Navarra, bien a los ayuntamientos circundantes, en uno y otro caso regidos bajo principio democrático y tal vez más proclives, en un momento dado, a pedir la desmilitarización de ese territorio.

De hecho, cuando la Comunidad Foral de Navarra se dio cuenta, en pleno gobierno de Aznar, de que la promesa de desmantelar el campo de tiro y llevarlo a otro destino (se hablaba de Cabañeros o Anchuras, aunque la presión social lo hacía inviable) se aprestó a declararlo Parque Natural para evitar la continuidad del campo de tiro (en 1999), el gobierno del PP de Aznar recurrió la ley navarra que así lo declaraba ante el Tribunal Constitucional, solicitando su suspensión provisional, y declaró simultáneamente toda la zona de Bardenas como zona de interés para la defensa, para afectar su uso e impedir movimientos contra la permanencia del uso militar.

De este modo, despreciando el malestar social y la protesta, a los sucesivos vencimientos de los convenios firmados entre la Comunidad de Bardenas y el ejército, éstos se han reemplazado por otros sin mayor problema “legal”, vendiendo a su vez el caramelo de que el uso militar del territorio conllevará un canon que acaba redundando en los municipios “congozantes” (digamos que no íntegramente, sino que la Comunidad de Bardenas aporta a éstos una parte del canon y se queda otro gran pico para sus actividades).

Dinero público y control

Pero a pesar de todo, como la Comunidad de Bardenas es una entidad atípica y el dinero que recibe por parte de Defensa es dinero público, lo cierto es que la gestión que se hace de dicho dinero está sometida a un cierto control de la Comunidad Foral, por medio de la Cámara de Comptos.

Y aquí es donde empieza a desentrañarse la foto fija de este tinglado de la Comunidad de Bardenas, porque en el informe elaborado por ésta en 2017, se destaca el tremendo despilfarro de la gestión de la Comunidad de Bardenas.

Entre 2010 y 2016, la Mancomunidad de Bardenas Reales gastó algo más de 900.000 euros en gastos protocolarios, asistencias a reuniones e indemnizaciones para cargos electos.

Un dineral que desmiente el uso a favor del pueblo del canon que percibe por el uso militar y que nos muestra el destino inadmisible de dicho canon.

Las atenciones protocolarias y de representación suman 240.000 euros y un gasto anual de casi 50.000 euros en 2011 que, desde entonces, ha ido descendiendo. El 80% del gasto corresponde a restauración, aguinaldos y alimentación, siendo sus principales beneficiarios los miembros de los órganos de la Comunidad y representantes de los pueblos congozantes.

¿Inmoral? Es lo menos que podemos decir, pero no es todo:

En cuanto a indemnizaciones a cargos, entre 2010 y 2016 el gasto sumó 560.000 euros. También esta materia ha sido objeto de regulación este año para clarificar y normalizar los conceptos retributivos a los que tienen derecho los miembros de la Comunidad. Se ha diseñado asimismo un modelo retributivo específico para el presidente del ente local, que en la actualidad tiene una remuneración fija con dedicación parcial.

Se ve que el reparto es importante para mantener engrasadas las fidelidades.

La asistencia a reuniones y conferencias ha supuesto un gasto de 102.000 euros, la mayor parte del cual se concentra en viajes a Chile, Costa Rica, Israel y Brasil. Dicho gasto lo factura mayoritariamente una agencia de viajes que no siempre aporta la información necesaria para conocer el detalle y desglose de los gastos.

¿Viajes a Chile, Costa Rica, Israel o Brasil?…¿Qué sentido tienen en la gestión del parque natural de Bardenas?

Pero hay más: varios viajes institucionales a Egipto (2006), Argentina (2007), Senegal (2008) y Costa Rica (2012). En la autorización se justifican dichos viajes en el conocimiento de modelos de gestión de parques nacionales. Por extraño que parezca, en ninguno de estos viajes participó personal técnico de la Comunidad.

A la vista de que a Egipto fueron 34 representantes de la Comunidad y a Senegal 29, el informe considera excesivo el número de viajeros en ambos, concluyendo dicho apartado con una llamada a la prudencia en el gasto público:

La gestión pública debe estar presidida por los principios de mesura, prudencia y racionalidad, principios difícilmente presentes en al menos dos de los viajes analizados.

Despilfarro, la otra cara de la dependencia y del militarismo.

Despilfarro y gestión de la comunidad de Bardenas van unidos de la mano. No es la primera vez que la Cámara de Comptos denuncia el despilfarro en la Comunidad de Bardenas. Ya lo hizo en 2011 con similares críticas. Desde Utopía Contagiosa ya nos hemos ocupado del despilfarro de esta entidad en otra ocasión, en 2016.

A nuestro entender el despilfarro con el uso del canon es un caramelo envenenado que convierte en prisioneros del Ministerio de Defensa a los miembros de la Junta de Bardenas, por otra parte un gasto no excesivamente fiscalizado y no sometido a riguroso  control social y público.

¿Ha pedido el Ministerio de Defensa algún tipo de explicación del uso que se hace del canon?, ¿ha exigido un uso coherente de este dinero público que sale de nuestros impuestos?

Que sepamos, jamás.

El canon, así, es la perversión con la que el ejército compra la complicidad de una entidad utilizada “ad hoc” para legitimar la apariencia de corrección de un campo de tiro innecesario y que nadie quiere.

Defensa no tiene un campo de tiro en Bardenas porque lo imponga así, sino que lo tiene porque ha llegado a un acuerdo libre y voluntario con los propietarios de un terreno en Bardenas que se lo han querido alquilar.

¿Ha criticado la Junta de Bardenas la actividad del ejército, sus prácticas de tiro, su peligrosidad, las molestias frecuentes a la población?

Son silencios complementarios.

Y el despilfarro y el uso singular que del canon hace la Junta de Bardenas es una de las mejores noticias que puede encontrar Defensa. Basta con alimentar la codicia, con prometer más prebendas, con ampliar su importe para asegurarse el complacido voto favorable y la ausencia de crítica de la Junta de Bardenas.

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El Ministerio de Defensa no cobra alquiler, ni luz ni agua, ni teléfono a asociaciones militares (incluidas franquistas)

Imagen de Ministerio de Defensa

Fuente:  Público.

El Ministerio de Defensa español es uno de los que más ingresos tiene, según delatan los Presupuestos Generales del Estado.  Muchas veces nos hemos preguntado de dónde vienen estos ingresos.

Parece que el Ministerio de Defensa cede sus edificios para que sean usados por asociaciones varias.  Pero, sobre todo, privilegian a las asociaciones militares.  A ellas no les cobran arrendamiento ni luz, ni llamadas de teléfono, ni agua.  Gratis total.  Sin embargo, a otras asociaciones civiles sí les cobra, o no, no sabemos el criterio que siguen.

Llama la atención esta actitud porque nos consta que Defensa no suele ser favorecedor con la sociedad civil cuando estos le solicitan edificios o terrenos para usos sociales.

El Ministerio de Defensa cobija gratuitamente a la Asociación de Militares Españoles (AME), conocida por su apología del franquismo, por ensalzar la figura del dictador y por posicionarse en contra del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Así consta en un documento obtenido a través del portal de transparencia al que ha tenido acceso este medio, en el que el propio Ministerio reconoce que la AME está en la lista de organizaciones a las que exime del pago del canon por trabajar en edificios oficiales, por la energía que consumen en ellos, o por otros servicios como el uso de los ordenadores o de teléfonos.

Presidida por el coronel de Intendencia Leopoldo Muñoz, la ideología de sus miembros no es desconocida en el entorno castrense: la asociación edita la revista Militares, donde la defensa del “laureado y mundialmente prestigioso general Francisco Franco Bahamonde” [carta del propio Muñoz publicada en el último número, editado en julio] y del golpe de Estado del 18 de julio es constante. También lo son las mofas sobre el movimiento feminista, e incluso han publicado viñetas sexistas dirigidas a la propia ministra Cospedal.

Destaca Público el caso de la AME por su marcado carácter franquista y machista.  Sin embargo, habría que señalar que muchas otras asociaciones militares podrían estar también en entredicho, por ejemplo:

  • Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios.
  • Hermandad de Boinas Verdes.
  • Hermandad de Combatientes de la División Azul.

Defensa premia esta actitud permitiendo a la AME hacer uso de las dependencias del Ejército de Tierra, algo vetado por ejemplo para las asociaciones profesionales que llevan a cabo funciones asimilables a un sindicato. Estas no pueden ejercer su labor en instalaciones que usen los Ejércitos, ya sean cuarteles para los soldados u oficinas militares, lo que se conoce como establecimientos de “la fuerza” o de “apoyo a la fuerza”. En cambio, la asociación franquista ocupa el acuartelamiento San Nicolás en Madrid, edificio del Ejército de Tierra donde se encuentran otras instituciones que no forman parte de la estructura orgánica de Defensa pero a las que el Ministerio da un carácter oficial, como el Patronato de Huérfanos, la Real Hermandad de Veteranos o la de Caballeros Legionarios.

“A nosotros solo nos permiten estar en establecimientos del Ministerio, como una subdelegación. Tuvimos que rechazar la sede que nos ofrecieron en Madrid porque solo nos permitían usarla en horario de oficina, de nueve a dos. En esas horas nosotros y nuestros y nuestros socios estamos trabajando, y ellos lo saben”, explica un miembro de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). “Con nosotros todo son pegas y a ellos Defensa les paga el teléfono, les pone ordenadores…”, resume en conversación con este medio.

La lista de las asociaciones militares que utilizan las instalaciones del Ministerio de Defensa:

Larguísima  la lista.  Según nuestras cuentas:

  • asociaciones militares:  87, por todo el territorio nacional
  • asociaciones no militares (o que quizá lo sean pero no queda claro por el nombre):  21, (incluida una peña taurina, otro tipo de violencia).  Aunque hemos investigado una al azar, atraídos por el nombre:  Asociación de Gurripatos de Málaga, y corresponde a una asociación de veteranos del Ejército del Aire.

En este último sentido nos llama mucho la atención el arrendamiento que hace la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer, que mensualmente paga un arrendamiento de 1.639’36 €.  Lo que anualmente supone:  19.672’32 €.  ¿Colabora la Asociación de Lucha Contra el Cáncer con el militarismo español?

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Soldados de más de 45 años: ¿nuevos privilegios?

Fuente:  Elaboración propia:  Soldados de más de 45 años:  ¿nuevos privilegios?

Un nuevo debate sobre el militarismo y sus múltiples privilegios se está colando de rondón en los medios militares, pero está pasando desapercibido en los medios civiles.

Os ofrecemos un nuevo documento de 51 páginas en el que analizamos la problemática que genera el Ministerio de Defensa con el mal trato habitual a sus soldados.  Esta vez concierne a los soldados que tienen más de 45 años y que Defensa considera que ya no son aptos para prestar servicio:

Como resumen de nuestra propuesta, aquí os presentamos las líneas generales:

1.- Hay que relacionar el problema de los soldados y marineros de más de 45 años con el contexto general de sobredimensionamiento en personal del Ejército español. En
2017 se han presupuestado 4.530 millones de € (3’29 millones de € más que en 2016),el 59’3 % de lo que va a gastar el Ministerio de Defensa.  Asumir estos soldados hasta su jubilación plantearía nuevos problemas de gasto militar.
2.- El problema del sobredimensionamiento del personal militar no responde a las necesidades defensivas del Estado español, pero sí conlleva un gran despilfarro.
3.- Además, hay que contar con que el personal de la Guardia Civil es también personal militar y su existencia hace aún mayor el sobredimensionamiento del personal militar.
4.- Es un problema que deriva de la opción del Ministerio de Defensa por el personal joven. No quiere contratar personal mayor de 45 años y sí rejuvenecer sus plantillas en soldados y marinería.
5.- Es un problema específico del Ministerio de Defensa cuyas consecuencias se quieren trasladar al resto de las Administraciones Públicas.
6.- Ninguna solución justa puede conllevar militarizar la Administración Públicavolviendo funcionarios a los militares de + de 45 años por hecho de llegar a esa edad,contraviniendo principios constitucionales como el artículo 14, 23.2 y 106.2.
7.- Ninguna solución justa puede conllevar tampoco privilegiar a los mayores de 45 años militares (unas 7.000 personas en los próximos años de la legislatura) frente a los civiles (actualmente hay 1.810.444 personas civiles paradas de mayores de 45 años que no disponen de los privilegios que los militares sí.

 

 

 

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Himno, bandera y militarismo educativo

Por Ministerio de Defensa

Fuente: El Diario

Hace casi dos años, en Diciembre de 2015, el Ministro Pedro Morenés, por el Ministerio de Defensa, y el Ministro Méndez de Vigo, por el de Educación, firmaron un acuerdo de colaboración “para desarrollar medidas para que los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria se familiarizasen con los símbolos nacionales: escudo, bandera e himno, así como la defensa de España“, según informa El Diario.

El convenio puede descargarse pinchando aquí.

El convenio, en su exposición de motivos, contiene lindezas como esta:

Que la puesta en marcha del currículo de las asignaturas “Valores Sociales y Cívicos” y “Valores Éticos”, requiere el desarrollo de sus contenidos mediante programas de formación del profesorado y la puesta en práctica, en los centros escolares, de actividades que contribuyan a mejorar el conocimiento de los menores y jóvenes tienen sobre la seguridad y la defensa de España, permitiéndoles familiarizarse con las Fuerzas Armadas, a las que la Constitución Española, en su artículo 8, atribuye la misión de garantizar la soberanía e independencia de España defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional

y en su clausulado

“El presente acuerdo tiene por objeto establecer el marco general de cooperación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para impulsar la cultura y conciencia de defensa en el ámbito escolar, mejorando el conocimiento de los temas relacionados con la paz, la seguridad y la defensa de España, así como de las Fuerzas Armadas y sus misiones tanto dentro como fuera de nuestras fronteras

y

La finalidad del presente acuerdo es promover el conocimiento y sensibilización de los jóvenes escolares sobre los temas relacionados con la paz, la seguridad y la defensa en particular a través del desarrollo de los contenidos curriculares de las asignaturas de “Valores Sociales y Cívicos” y “Valores Éticos” de manera que se difunda, en los centros escolares de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria la cultura de defensa y los valores asociados a ello…

Para ello se llevarán a cabo entre otras las siguientes actuaciones

  1. Propiciar que desde las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas se incluyan en los Proyectos Educativos de los centros y en las programaciones dicentes, en el tratamiento de los temas transversales, acciones que fomenten una visión integrada de la paz, la defensa y la seguridad, para generar una posición activa de los jóvenes a lo largo de su etapa educativa obligatoria.
  2. Promover actividades dirigidas a la formación de profesorado a fin de facilitar a este colectivo el conocimiento de los aspectos básicos de la defensa, el papel de las Fuerzas Armadas y su importancia para garantizar el ejercicio de las libertades cívicas.
  3. Impulsar la elaboración y difusión de materiales orientados a la mejora de la cultura de la defensa y la conciencia de defensa.

Todo esto se firmó en diciembre de 2015. Lo advertimos, por si alguien se cree que es un plan traído por los pelos ahora con el tema del catalanismo y la prédica de la defensa constitucional que sirve de argumentario para echar más leña al fuego.

Como una gran cantidad de convenios de este tipo, el acuerdo que acabamos de reseñar no dejaba de ser una especie de papel mojado retórico e inofensivo.

Hasta que… ha dejado de serlo para convertirse en una seria amenaza.

Porque, nos dice El Diario,

el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), organismo dependiente del Ministerio de Educación, está confeccionando un conjunto de unidades didácticas, que contienen conceptos relativos a cuestiones de seguridad y defensa, al objeto de que puedan ser empleadas como orientación por los docentes para algunos de sus proyectos o actividades

El CNIIE hizo una propuesta económica el pasado mes de junio para que en lo que queda de año se elaboren materiales curriculares del proyecto “conocimiento de la seguridad y la defensa nacional en los centros educativos”, según figura en el proyecto de memoria justificativa de gasto del material de Secundaria elaborada por este organismo y facilitada por fuentes parlamentarias a eldiario.es. El de Primaria fue facturado ese mismo mes.

De modo que van en serio.

Adoctrinar en toda (y de la peor) regla.

¿Habrá protestas, oposición, sentido común?

¿No rezuma a esa formación en el espíritu nacional del franquismo?

¿Intoxicarán con estas prédicas a los jóvenes?

Lo veremos en sucesivos capítulos, porque esto promete una continuidad sin parangón.

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Defensa e Iberdrola estrechan lazos

Por Elojeador

Fuente: Derecho.com

Que cuando Defensa predica que defiende los intereses de España más allá de las fronteras se refiere a las grandes empresas capitalistas, como Iberdrola, es una evidencia que no necesitamos argumentar mayormente.

Y es enternecedor el modo tan arrebatado en que las grandes empresas devuelven el favor a Defensa.

El caso de Iberdrola nos permite encontrar un ejemplo más (¡uno más!, no una rara avis) de la simbiosis “Defensa” y, pongamos por caso, nuestro oligopolio eléctrico.

En Resolución 420/38234/2017, de 6 de octubre, de la Secretaría General Técnica, se ha publicado la Adenda de modificación y prórroga al Convenio Marco de Colaboración entre Defensa e Iberdrola, SA.

¿Colaboración en qué, nos preguntamos ante un matrimonio tan peregrino? Según la adenda, “para el desarrollo de actividades de formación, investigación y difusión del conocimiento”, algo en lo que, como se sabe, Defensa e Iberdrola, tienen una de sus máximas prioridades.

El convenio entre la eléctrica y Defensa es de 29 de septiembre de 2015, pero les ha debido ir muy bien, por lo que han acordado mejorarlo.

El citado convenio (ahora prorrogado) se puede descargar aquí.

Dejando aparte la parafernalia declarativa del Convenio de 2015, éste se estableció para financiar por parte de Iberdrola (cláusula segunda):

  • actividades de formación, como seminarios, ciclos de conferencias, jornadas formativas y publicaciones destinadas a Defensa
  • Realización conjunta de proyectos “relacionados con el objeto del convenio” (lo que es no decir nada)
  • Cooperación mutua en el uso de instalaciones
  • Cuantas actividades sean consideradas de interés mutuo.

Además, “Iberdrola podrá presentar ciertos proyectos concretos a la Fundación Iberdrola España para que esta decida acerca de su desarrollo y siempre y cuando estos se ajusten al contenido de su plan director“.  ¿Qué quiere decir?  Difícil saberlo.  Parece como que Iberdrola podría pedir a su Fundación que financiase proyectos para Defensa.  Es decir, cooperación para que los “formandos” de estos actos identifiquen defensa con Iberdrola y cualquier otra cosa que se les ocurra. ¿Cabe mejor alianza?

Como es habitual en este tipo de acuerdos, se declara que no conllevará gasto para ninguna de las partes. Pero entonces… ¿quién corre con los gastos que origine?

En suma, un abrazo de intereses que ejemplifica la fusión de una defensa cada vez menos parecida a la defensa de lo que la gente quiere defender y un oligopolio cada vez más parecido a lo que nos quieren meter a calzador como interés general.

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El gobierno autoriza a ISFAS a gastarse 971´69 millones de euros con entidades privadas de seguros en 2018-2019

por ISFAS

Fuente: Infodefensa

Aprovechando la sequía de noticias en este sitio anodino que llamamos España, el frenético gobierno que preside el despierto Rajoy, ha aprobado un acuerdo del que, como de costumbre, no han dado mucha información por eso de no sacarnos de la siesta perenne. Según dicho acuerdo, se autoriza al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) a gastarse en conciertos con la sanidad privada 971´69 millones de euros. Unos conciertos para atender a las prestaciones sanitarias a los militares y a sus familiares y beneficiarios en los años 2018 y 2019.

No importa que los presupuestos de  2018 y 2019 no se hayan aprobado, ni siquiera que no hayan pasado aún por el Parlamento. Lo suyo es comprometer el gasto y el que venga detrás que apechugue.

Se da el caso de que los presupuestos de 2017 ya contemplaban, en el programa 312-E, una partida de 471´6 millones de euros  para conciertos de asistencia sanitaria privados y conciertos de asistencia con la seguridad social, de los que le ha soltado el Estado, gracias a nuestros impuestos, 430 millones de euros a las entidades sanitarias privadas para atender a los militares enfermizos.

Dicha partida de 471´6 millones de euros (430 ya gastada en 2017  para conciertos privados) forma parte de otra mayor (677´05 millones) que recibió el ISFAS para “Asistencia sanitaria de las Fuerzas Armadas”, partida que, además, no es la única que recibe  año tras año (hay otra de 77´81 millones del programa 222-M por “Prestaciones Económicas del Mutualismo Administrativo” y  una tercera de 624,411 que recibe de “Diversos Ministerios” en el programa 929)

Pero si la partida es generosa, el destino es, sencillamente, la prueba, una más, de la privatización de la sanidad militar en manos de las grandes compañías sanitarias, una de las marcas de la casa en la política privatizadora del PP.

Si atendemos a la memoria de objetivos y explicación del programa  312-E en los presupuestos de 2017, resulta que de los 622.000 usuarios de la sanidad militar (han oído bien, un cotizante por cada dos de matute) solo 40.000 reciben asistencia pública, y el resto se han transferido a estos conciertos privados tan lucrativos.

¿Indignante? Sí, pero más aún el que haga falta una sanidad militar diferenciada, con su propia estructura paralela, supradotada en recursos, para atender a la casta militar, en vez de integrarlos, sin más, en la sanidad común y normal, como a cada hijo de vecino.

Y es que lo más estrambótico de todo es que siga existiendo el ISFAS, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, este espacio de autonomía militar tan peculiar, que además tiene la cara de conveniar con las comunidades autónomas para prestarle sus hospitales en desuso o infrautilizados a cambio de pasta y de que entre todos asumamos sus gastos.

 

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