Archive for convenios Ministerio Defensa

Nuevo convenio Defensa-Hisdesat: el satélite Paz nos costará desde 2016 a 2023, al menos, 1’38645 millones de €

Imagen de Hisdesat

Fuente:  Derecho.com

Se ha publicado el 24-11-1027, por lo tanto con un mes de retraso:

Suscrita el 23 de octubre de 2017 la Quinta Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la empresa Hisdesat, Servicios Estratégicos, S.A., para el desarrollo e implantación de un sistema de observación de la tierra por satélite gubernamental con tecnología radar (Satélite Paz)

El convenio es continuación del primero que se firmó el 25 de febrero de 2008.  Sus cláusulas nos informan de que:

Primero.

Que el «Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la empresa Hisdesat, S.A. para la definición e implantación de un sistema de observación de la tierra por satélite gubernamental con tecnología Radar» en su apartado 2.3 establece que las anualidades se ajustarán al calendario real de lanzamiento y a la entrada en operación del satélite.

Segundo.

Que con escrito de fecha 18 de marzo de 2016 Hisdesat comunicó al Ministerio de Defensa que se había producido un nuevo retraso en la fecha de lanzamiento del satélite y que no se iba a precisar presupuesto para la compra de imágenes en la anualidad de 2016.

Tercero.

Que durante 2016 han continuado los retrasos en la autorización administrativa del lanzamiento de PAZ hasta el punto de que las propias autoridades de la Federación Rusa recomendaron la búsqueda de un lanzador alternativo. Hisdesat finalmente ha contratado un lanzador alternativo para lanzar PAZ, cuyo lanzamiento está previsto en el segundo semestre de 2017, lo que ha dado lugar a que ambas partes planteen modificar de nuevo el calendario previsto y que sea necesario adaptarlo a la nueva planificación de cumplimiento de los hitos del programa.

Cuarto.

Por las razones expuestas, ambas partes consideran necesario realizar una nueva reprogramación de pagos mediante la formalización de la presente adenda al Convenio Marco, de forma que no se contemple desembolso de fondos del presupuesto de Defensa en pago por un servicio hasta el año 2018 y se extenderá hasta la anualidad 2023, sin que suponga ni incremento de gasto ni de años de servicio.

Por todo lo que antecede, ambas partes

ACUERDAN

Primero.

Modificar el apartado 2.3 del Acuerdo Marco de Colaboración de fecha 28 de febrero de 2008, que queda redactado como sigue:

Los importes máximos a abonar por el Ministerio de Defensa a Hisdesat por dicha utilización se establecerán por Acuerdo Económico Específico de acuerdo al perfil de pagos siguiente, sin que los mismos puedan exceder los importes máximos anuales reflejados:

Como siempre, la terminología que utiliza defensa en sus contratos roza lo esotérico.  No entendemos qué es eso de los perfiles propuestos.

Pero sí nos parece claro que lo que ha hecho Defensa, ante los continuos retrasos de la empresa Hisdesat, otro ejemplo de la mala calidad de la industria militar, ha sido retrasar, también, los pagos durante 3 años más.  Parece que sin aumento en el coste.

Recordamos que Hisdesat tiene como principal accionista a la operadora de satélites de comunicaciones Hispasat (43%), la sociedad pública perteneciente al Ministerio de Defensa, ISDEFE (30%), AIRBUS Defence & Space (15%), INDRA (7%) y SENER (5%).

Además, recordamos que ISDEFE es 100% una empresa pública y que Hispasat tiene parte del accionariado con capital público:  el 7’41 de la SEPI (Ministerio de Hacienda y Función Pública) y el 1’85 del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industria (CDTI), del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

El satélite Paz nos va a costar desde 2016 a 2023 la friolera de 133’1 millones de €, es decir, 16’6375 millones de € anuales.  Es decir, 1’38645 millones de € al mes para tener un satélite cuya principal función es el espionaje militar.

¿No habríamos preferido gastar en otros gastos sociales mucho más urgentes?

Share

Despilfarro en la “Comunidad de Bardenas Reales”

Por GTM Dreams Photos

Fuente: Noticias de Navarra.

Una vez más la Cámara de Comptos nos ofrece una fotografía del despilfarro de la Comunidad de Bardenas Reales, la institución (privada) que utiliza Defensa para legitimar su permanencia contra el sentir de la población, en el campo de tiro de Bardenas, situado en pleno meollo de un parque natural, declarado además Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Vayamos por partes.

Como la permanencia del ejército en Bardenas era tan impopular después de finalizar la cesión de este espacio al ejército americano por el franquismo, el Estado se inventó un viejo truco: pasó la “titularidad” jurídica de todo el espacio de Bardenas Reales a la “Comunidad de Bardenas Reales”  a cambio de que esta entidad firmara con el Ministerio de Defensa un Convenio de cesión (con la contraprestación de un canon) para vestir el muñeco legalmente del uso militar de la Bardena.

La Comunidad de Bardenas Reales:

Para entender este viejo truco hay que hacer una explicación suplementaria.

La Comunidad de Bardenas Reales es una figura jurídica algo peculiar y esto es lo que ha valido a Defensa para encontrar en ella un interlocutor manejable que sorteara cualquier atisbo de control democrático o de reivindicación social.

La Comunidad de Bardenas Reales, es una  “persona jurídica” autónoma y diferenciada de los ayuntamientos y de la Comunidad Foral de Navarra (y no sometida ni a la presión social ni a todos los controles democráticos de éstos).

Está constituida como una “entidad local sin población”, jurídicamente calificada como agrupación tradicional (es decir, es el reconocimiento de una personalidad jurídica propia de la legislación foral navarra, a un ente atípico por el hecho de que antiguamente existía una especie de costumbre tradicional de explotar “comunalmente” los recursos de Bardenas entre los diversos pueblos de la zona llegando a acuerdos para ello) y con capacidad propia para contratar, decidir legalmente, administrar bienes, etc.

Como se trata de un ente “tradicional”, sus “socios” son sólo una parte de los pueblos de la zona bardenera, precisamente los más antiguos (es decir, se excluyen pueblos nacidos con posterioridad a la “costumbre” de Navarra y todos los pueblos ribereños de Aragón).

Dicha persona “jurídica” tiene en su Junta General (órgano máximo de gobierno) un representante de cada uno de los pueblos (más dos valles y un monasterio) que se reúne ordinariamente una vez al año (y extraordinariamente alguna otra si se convocan reuniones extraordinarias).

Estos representantes de la Junta General, en total 22, son personas designadas por los históricos “congozantes” de la Bardena (es decir, por cada ayuntamiento histórico, por cada uno de los dos valles implicados y por el monasterio de la Oliva), pero estos representantes no están sometidos a la decisión de sus ayuntamientos, ni tienen por qué ir con una postura consensuada por sus representantes vecinales.

A su vez, se cuenta con una Comisión Permanente con siete vocales (estos sí se reúnen con mayor frecuencia) que son elegidos por la Junta General de entre sus miembros y con un Presidente, función que por mucho tiempo ha ejercido un señor que a la vez fue diputado en Madrid de UPN  en la V Legislatura (1993-1996), y en el Parlamento Navarro de 1999 a 2003,  el señor José Antonio Gayarre, presidente de Bardenas desde 1985 a 2009 y actor principal de la renegociación de 2008 (con Carmen Chacón como Ministra de Defensa) del actual convenio con el Ministerio de Defensa.

A diferencia de las personas jurídicas más o menos normales, no se rigen por estatutos, sino por ordenanzas también tradicionales.

La Comunidad de Bardenas, interlocutor de Defensa:

El terreno actual de Bardenas no era propiedad inscrita de nadie. Tradicionalmente había pertenecido a los reyes y cuando se acabó este cuento, Franco lo cedió al ejército americano para que pusieran ahí su campo de entrenamiento cercano a la base aérea de San Gregorio.

El problema surge cuando los americanos dejan de hacer uso de la base y hay que dar alguna apariencia de legalidad al uso que a partir de entonces hace Defensa (el ejército del Aire) y los ejércitos “amigos” de la OTAN, dado que, ya muerto el dictador, el uso de la base era impopular y dado también el recelo de los militares a las intenciones que pudieran tener los ayuntamientos democráticos o, en su caso, la Comunidad Foral de Navarra, lógicamente los que deberían ser titulares de dicho territorio.

Es entonces cuando Defensa hace la ficción de acordar con esta “Comunidad de Bardenas”, más manejable y sobornable, el poner a su nombre la titularidad de las más de 40.000 hectáreas de Bardenas a cambio de que esta Comunidad firme un contrato bilateral y legítimo, como dueño del terreno, con Defensa, para autorizar la ocupación militar de este espacio.

Se impedía con ello reconocer derecho alguno sobre este territorio bien a la Comunidad de Navarra, bien a los ayuntamientos circundantes, en uno y otro caso regidos bajo principio democrático y tal vez más proclives, en un momento dado, a pedir la desmilitarización de ese territorio.

De hecho, cuando la Comunidad Foral de Navarra se dio cuenta, en pleno gobierno de Aznar, de que la promesa de desmantelar el campo de tiro y llevarlo a otro destino (se hablaba de Cabañeros o Anchuras, aunque la presión social lo hacía inviable) se aprestó a declararlo Parque Natural para evitar la continuidad del campo de tiro (en 1999), el gobierno del PP de Aznar recurrió la ley navarra que así lo declaraba ante el Tribunal Constitucional, solicitando su suspensión provisional, y declaró simultáneamente toda la zona de Bardenas como zona de interés para la defensa, para afectar su uso e impedir movimientos contra la permanencia del uso militar.

De este modo, despreciando el malestar social y la protesta, a los sucesivos vencimientos de los convenios firmados entre la Comunidad de Bardenas y el ejército, éstos se han reemplazado por otros sin mayor problema “legal”, vendiendo a su vez el caramelo de que el uso militar del territorio conllevará un canon que acaba redundando en los municipios “congozantes” (digamos que no íntegramente, sino que la Comunidad de Bardenas aporta a éstos una parte del canon y se queda otro gran pico para sus actividades).

Dinero público y control

Pero a pesar de todo, como la Comunidad de Bardenas es una entidad atípica y el dinero que recibe por parte de Defensa es dinero público, lo cierto es que la gestión que se hace de dicho dinero está sometida a un cierto control de la Comunidad Foral, por medio de la Cámara de Comptos.

Y aquí es donde empieza a desentrañarse la foto fija de este tinglado de la Comunidad de Bardenas, porque en el informe elaborado por ésta en 2017, se destaca el tremendo despilfarro de la gestión de la Comunidad de Bardenas.

Entre 2010 y 2016, la Mancomunidad de Bardenas Reales gastó algo más de 900.000 euros en gastos protocolarios, asistencias a reuniones e indemnizaciones para cargos electos.

Un dineral que desmiente el uso a favor del pueblo del canon que percibe por el uso militar y que nos muestra el destino inadmisible de dicho canon.

Las atenciones protocolarias y de representación suman 240.000 euros y un gasto anual de casi 50.000 euros en 2011 que, desde entonces, ha ido descendiendo. El 80% del gasto corresponde a restauración, aguinaldos y alimentación, siendo sus principales beneficiarios los miembros de los órganos de la Comunidad y representantes de los pueblos congozantes.

¿Inmoral? Es lo menos que podemos decir, pero no es todo:

En cuanto a indemnizaciones a cargos, entre 2010 y 2016 el gasto sumó 560.000 euros. También esta materia ha sido objeto de regulación este año para clarificar y normalizar los conceptos retributivos a los que tienen derecho los miembros de la Comunidad. Se ha diseñado asimismo un modelo retributivo específico para el presidente del ente local, que en la actualidad tiene una remuneración fija con dedicación parcial.

Se ve que el reparto es importante para mantener engrasadas las fidelidades.

La asistencia a reuniones y conferencias ha supuesto un gasto de 102.000 euros, la mayor parte del cual se concentra en viajes a Chile, Costa Rica, Israel y Brasil. Dicho gasto lo factura mayoritariamente una agencia de viajes que no siempre aporta la información necesaria para conocer el detalle y desglose de los gastos.

¿Viajes a Chile, Costa Rica, Israel o Brasil?…¿Qué sentido tienen en la gestión del parque natural de Bardenas?

Pero hay más: varios viajes institucionales a Egipto (2006), Argentina (2007), Senegal (2008) y Costa Rica (2012). En la autorización se justifican dichos viajes en el conocimiento de modelos de gestión de parques nacionales. Por extraño que parezca, en ninguno de estos viajes participó personal técnico de la Comunidad.

A la vista de que a Egipto fueron 34 representantes de la Comunidad y a Senegal 29, el informe considera excesivo el número de viajeros en ambos, concluyendo dicho apartado con una llamada a la prudencia en el gasto público:

La gestión pública debe estar presidida por los principios de mesura, prudencia y racionalidad, principios difícilmente presentes en al menos dos de los viajes analizados.

Despilfarro, la otra cara de la dependencia y del militarismo.

Despilfarro y gestión de la comunidad de Bardenas van unidos de la mano. No es la primera vez que la Cámara de Comptos denuncia el despilfarro en la Comunidad de Bardenas. Ya lo hizo en 2011 con similares críticas. Desde Utopía Contagiosa ya nos hemos ocupado del despilfarro de esta entidad en otra ocasión, en 2016.

A nuestro entender el despilfarro con el uso del canon es un caramelo envenenado que convierte en prisioneros del Ministerio de Defensa a los miembros de la Junta de Bardenas, por otra parte un gasto no excesivamente fiscalizado y no sometido a riguroso  control social y público.

¿Ha pedido el Ministerio de Defensa algún tipo de explicación del uso que se hace del canon?, ¿ha exigido un uso coherente de este dinero público que sale de nuestros impuestos?

Que sepamos, jamás.

El canon, así, es la perversión con la que el ejército compra la complicidad de una entidad utilizada “ad hoc” para legitimar la apariencia de corrección de un campo de tiro innecesario y que nadie quiere.

Defensa no tiene un campo de tiro en Bardenas porque lo imponga así, sino que lo tiene porque ha llegado a un acuerdo libre y voluntario con los propietarios de un terreno en Bardenas que se lo han querido alquilar.

¿Ha criticado la Junta de Bardenas la actividad del ejército, sus prácticas de tiro, su peligrosidad, las molestias frecuentes a la población?

Son silencios complementarios.

Y el despilfarro y el uso singular que del canon hace la Junta de Bardenas es una de las mejores noticias que puede encontrar Defensa. Basta con alimentar la codicia, con prometer más prebendas, con ampliar su importe para asegurarse el complacido voto favorable y la ausencia de crítica de la Junta de Bardenas.

Share

El Ministerio de Defensa no cobra alquiler, ni luz ni agua, ni teléfono a asociaciones militares (incluidas franquistas)

Imagen de Ministerio de Defensa

Fuente:  Público.

El Ministerio de Defensa español es uno de los que más ingresos tiene, según delatan los Presupuestos Generales del Estado.  Muchas veces nos hemos preguntado de dónde vienen estos ingresos.

Parece que el Ministerio de Defensa cede sus edificios para que sean usados por asociaciones varias.  Pero, sobre todo, privilegian a las asociaciones militares.  A ellas no les cobran arrendamiento ni luz, ni llamadas de teléfono, ni agua.  Gratis total.  Sin embargo, a otras asociaciones civiles sí les cobra, o no, no sabemos el criterio que siguen.

Llama la atención esta actitud porque nos consta que Defensa no suele ser favorecedor con la sociedad civil cuando estos le solicitan edificios o terrenos para usos sociales.

El Ministerio de Defensa cobija gratuitamente a la Asociación de Militares Españoles (AME), conocida por su apología del franquismo, por ensalzar la figura del dictador y por posicionarse en contra del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Así consta en un documento obtenido a través del portal de transparencia al que ha tenido acceso este medio, en el que el propio Ministerio reconoce que la AME está en la lista de organizaciones a las que exime del pago del canon por trabajar en edificios oficiales, por la energía que consumen en ellos, o por otros servicios como el uso de los ordenadores o de teléfonos.

Presidida por el coronel de Intendencia Leopoldo Muñoz, la ideología de sus miembros no es desconocida en el entorno castrense: la asociación edita la revista Militares, donde la defensa del “laureado y mundialmente prestigioso general Francisco Franco Bahamonde” [carta del propio Muñoz publicada en el último número, editado en julio] y del golpe de Estado del 18 de julio es constante. También lo son las mofas sobre el movimiento feminista, e incluso han publicado viñetas sexistas dirigidas a la propia ministra Cospedal.

Destaca Público el caso de la AME por su marcado carácter franquista y machista.  Sin embargo, habría que señalar que muchas otras asociaciones militares podrían estar también en entredicho, por ejemplo:

  • Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios.
  • Hermandad de Boinas Verdes.
  • Hermandad de Combatientes de la División Azul.

Defensa premia esta actitud permitiendo a la AME hacer uso de las dependencias del Ejército de Tierra, algo vetado por ejemplo para las asociaciones profesionales que llevan a cabo funciones asimilables a un sindicato. Estas no pueden ejercer su labor en instalaciones que usen los Ejércitos, ya sean cuarteles para los soldados u oficinas militares, lo que se conoce como establecimientos de “la fuerza” o de “apoyo a la fuerza”. En cambio, la asociación franquista ocupa el acuartelamiento San Nicolás en Madrid, edificio del Ejército de Tierra donde se encuentran otras instituciones que no forman parte de la estructura orgánica de Defensa pero a las que el Ministerio da un carácter oficial, como el Patronato de Huérfanos, la Real Hermandad de Veteranos o la de Caballeros Legionarios.

“A nosotros solo nos permiten estar en establecimientos del Ministerio, como una subdelegación. Tuvimos que rechazar la sede que nos ofrecieron en Madrid porque solo nos permitían usarla en horario de oficina, de nueve a dos. En esas horas nosotros y nuestros y nuestros socios estamos trabajando, y ellos lo saben”, explica un miembro de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). “Con nosotros todo son pegas y a ellos Defensa les paga el teléfono, les pone ordenadores…”, resume en conversación con este medio.

La lista de las asociaciones militares que utilizan las instalaciones del Ministerio de Defensa:

Larguísima  la lista.  Según nuestras cuentas:

  • asociaciones militares:  87, por todo el territorio nacional
  • asociaciones no militares (o que quizá lo sean pero no queda claro por el nombre):  21, (incluida una peña taurina, otro tipo de violencia).  Aunque hemos investigado una al azar, atraídos por el nombre:  Asociación de Gurripatos de Málaga, y corresponde a una asociación de veteranos del Ejército del Aire.

En este último sentido nos llama mucho la atención el arrendamiento que hace la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer, que mensualmente paga un arrendamiento de 1.639’36 €.  Lo que anualmente supone:  19.672’32 €.  ¿Colabora la Asociación de Lucha Contra el Cáncer con el militarismo español?

Share

Soldados de más de 45 años: ¿nuevos privilegios?

Fuente:  Elaboración propia:  Soldados de más de 45 años:  ¿nuevos privilegios?

Un nuevo debate sobre el militarismo y sus múltiples privilegios se está colando de rondón en los medios militares, pero está pasando desapercibido en los medios civiles.

Os ofrecemos un nuevo documento de 51 páginas en el que analizamos la problemática que genera el Ministerio de Defensa con el mal trato habitual a sus soldados.  Esta vez concierne a los soldados que tienen más de 45 años y que Defensa considera que ya no son aptos para prestar servicio:

Como resumen de nuestra propuesta, aquí os presentamos las líneas generales:

1.- Hay que relacionar el problema de los soldados y marineros de más de 45 años con el contexto general de sobredimensionamiento en personal del Ejército español. En
2017 se han presupuestado 4.530 millones de € (3’29 millones de € más que en 2016),el 59’3 % de lo que va a gastar el Ministerio de Defensa.  Asumir estos soldados hasta su jubilación plantearía nuevos problemas de gasto militar.
2.- El problema del sobredimensionamiento del personal militar no responde a las necesidades defensivas del Estado español, pero sí conlleva un gran despilfarro.
3.- Además, hay que contar con que el personal de la Guardia Civil es también personal militar y su existencia hace aún mayor el sobredimensionamiento del personal militar.
4.- Es un problema que deriva de la opción del Ministerio de Defensa por el personal joven. No quiere contratar personal mayor de 45 años y sí rejuvenecer sus plantillas en soldados y marinería.
5.- Es un problema específico del Ministerio de Defensa cuyas consecuencias se quieren trasladar al resto de las Administraciones Públicas.
6.- Ninguna solución justa puede conllevar militarizar la Administración Públicavolviendo funcionarios a los militares de + de 45 años por hecho de llegar a esa edad,contraviniendo principios constitucionales como el artículo 14, 23.2 y 106.2.
7.- Ninguna solución justa puede conllevar tampoco privilegiar a los mayores de 45 años militares (unas 7.000 personas en los próximos años de la legislatura) frente a los civiles (actualmente hay 1.810.444 personas civiles paradas de mayores de 45 años que no disponen de los privilegios que los militares sí.

 

 

 

Share

Himno, bandera y militarismo educativo

Por Ministerio de Defensa

Fuente: El Diario

Hace casi dos años, en Diciembre de 2015, el Ministro Pedro Morenés, por el Ministerio de Defensa, y el Ministro Méndez de Vigo, por el de Educación, firmaron un acuerdo de colaboración “para desarrollar medidas para que los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria se familiarizasen con los símbolos nacionales: escudo, bandera e himno, así como la defensa de España“, según informa El Diario.

El convenio puede descargarse pinchando aquí.

El convenio, en su exposición de motivos, contiene lindezas como esta:

Que la puesta en marcha del currículo de las asignaturas “Valores Sociales y Cívicos” y “Valores Éticos”, requiere el desarrollo de sus contenidos mediante programas de formación del profesorado y la puesta en práctica, en los centros escolares, de actividades que contribuyan a mejorar el conocimiento de los menores y jóvenes tienen sobre la seguridad y la defensa de España, permitiéndoles familiarizarse con las Fuerzas Armadas, a las que la Constitución Española, en su artículo 8, atribuye la misión de garantizar la soberanía e independencia de España defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional

y en su clausulado

“El presente acuerdo tiene por objeto establecer el marco general de cooperación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para impulsar la cultura y conciencia de defensa en el ámbito escolar, mejorando el conocimiento de los temas relacionados con la paz, la seguridad y la defensa de España, así como de las Fuerzas Armadas y sus misiones tanto dentro como fuera de nuestras fronteras

y

La finalidad del presente acuerdo es promover el conocimiento y sensibilización de los jóvenes escolares sobre los temas relacionados con la paz, la seguridad y la defensa en particular a través del desarrollo de los contenidos curriculares de las asignaturas de “Valores Sociales y Cívicos” y “Valores Éticos” de manera que se difunda, en los centros escolares de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria la cultura de defensa y los valores asociados a ello…

Para ello se llevarán a cabo entre otras las siguientes actuaciones

  1. Propiciar que desde las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas se incluyan en los Proyectos Educativos de los centros y en las programaciones dicentes, en el tratamiento de los temas transversales, acciones que fomenten una visión integrada de la paz, la defensa y la seguridad, para generar una posición activa de los jóvenes a lo largo de su etapa educativa obligatoria.
  2. Promover actividades dirigidas a la formación de profesorado a fin de facilitar a este colectivo el conocimiento de los aspectos básicos de la defensa, el papel de las Fuerzas Armadas y su importancia para garantizar el ejercicio de las libertades cívicas.
  3. Impulsar la elaboración y difusión de materiales orientados a la mejora de la cultura de la defensa y la conciencia de defensa.

Todo esto se firmó en diciembre de 2015. Lo advertimos, por si alguien se cree que es un plan traído por los pelos ahora con el tema del catalanismo y la prédica de la defensa constitucional que sirve de argumentario para echar más leña al fuego.

Como una gran cantidad de convenios de este tipo, el acuerdo que acabamos de reseñar no dejaba de ser una especie de papel mojado retórico e inofensivo.

Hasta que… ha dejado de serlo para convertirse en una seria amenaza.

Porque, nos dice El Diario,

el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), organismo dependiente del Ministerio de Educación, está confeccionando un conjunto de unidades didácticas, que contienen conceptos relativos a cuestiones de seguridad y defensa, al objeto de que puedan ser empleadas como orientación por los docentes para algunos de sus proyectos o actividades

El CNIIE hizo una propuesta económica el pasado mes de junio para que en lo que queda de año se elaboren materiales curriculares del proyecto “conocimiento de la seguridad y la defensa nacional en los centros educativos”, según figura en el proyecto de memoria justificativa de gasto del material de Secundaria elaborada por este organismo y facilitada por fuentes parlamentarias a eldiario.es. El de Primaria fue facturado ese mismo mes.

De modo que van en serio.

Adoctrinar en toda (y de la peor) regla.

¿Habrá protestas, oposición, sentido común?

¿No rezuma a esa formación en el espíritu nacional del franquismo?

¿Intoxicarán con estas prédicas a los jóvenes?

Lo veremos en sucesivos capítulos, porque esto promete una continuidad sin parangón.

Share

Defensa e Iberdrola estrechan lazos

Por Elojeador

Fuente: Derecho.com

Que cuando Defensa predica que defiende los intereses de España más allá de las fronteras se refiere a las grandes empresas capitalistas, como Iberdrola, es una evidencia que no necesitamos argumentar mayormente.

Y es enternecedor el modo tan arrebatado en que las grandes empresas devuelven el favor a Defensa.

El caso de Iberdrola nos permite encontrar un ejemplo más (¡uno más!, no una rara avis) de la simbiosis “Defensa” y, pongamos por caso, nuestro oligopolio eléctrico.

En Resolución 420/38234/2017, de 6 de octubre, de la Secretaría General Técnica, se ha publicado la Adenda de modificación y prórroga al Convenio Marco de Colaboración entre Defensa e Iberdrola, SA.

¿Colaboración en qué, nos preguntamos ante un matrimonio tan peregrino? Según la adenda, “para el desarrollo de actividades de formación, investigación y difusión del conocimiento”, algo en lo que, como se sabe, Defensa e Iberdrola, tienen una de sus máximas prioridades.

El convenio entre la eléctrica y Defensa es de 29 de septiembre de 2015, pero les ha debido ir muy bien, por lo que han acordado mejorarlo.

El citado convenio (ahora prorrogado) se puede descargar aquí.

Dejando aparte la parafernalia declarativa del Convenio de 2015, éste se estableció para financiar por parte de Iberdrola (cláusula segunda):

  • actividades de formación, como seminarios, ciclos de conferencias, jornadas formativas y publicaciones destinadas a Defensa
  • Realización conjunta de proyectos “relacionados con el objeto del convenio” (lo que es no decir nada)
  • Cooperación mutua en el uso de instalaciones
  • Cuantas actividades sean consideradas de interés mutuo.

Además, “Iberdrola podrá presentar ciertos proyectos concretos a la Fundación Iberdrola España para que esta decida acerca de su desarrollo y siempre y cuando estos se ajusten al contenido de su plan director“.  ¿Qué quiere decir?  Difícil saberlo.  Parece como que Iberdrola podría pedir a su Fundación que financiase proyectos para Defensa.  Es decir, cooperación para que los “formandos” de estos actos identifiquen defensa con Iberdrola y cualquier otra cosa que se les ocurra. ¿Cabe mejor alianza?

Como es habitual en este tipo de acuerdos, se declara que no conllevará gasto para ninguna de las partes. Pero entonces… ¿quién corre con los gastos que origine?

En suma, un abrazo de intereses que ejemplifica la fusión de una defensa cada vez menos parecida a la defensa de lo que la gente quiere defender y un oligopolio cada vez más parecido a lo que nos quieren meter a calzador como interés general.

Share

El gobierno autoriza a ISFAS a gastarse 971´69 millones de euros con entidades privadas de seguros en 2018-2019

por ISFAS

Fuente: Infodefensa

Aprovechando la sequía de noticias en este sitio anodino que llamamos España, el frenético gobierno que preside el despierto Rajoy, ha aprobado un acuerdo del que, como de costumbre, no han dado mucha información por eso de no sacarnos de la siesta perenne. Según dicho acuerdo, se autoriza al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) a gastarse en conciertos con la sanidad privada 971´69 millones de euros. Unos conciertos para atender a las prestaciones sanitarias a los militares y a sus familiares y beneficiarios en los años 2018 y 2019.

No importa que los presupuestos de  2018 y 2019 no se hayan aprobado, ni siquiera que no hayan pasado aún por el Parlamento. Lo suyo es comprometer el gasto y el que venga detrás que apechugue.

Se da el caso de que los presupuestos de 2017 ya contemplaban, en el programa 312-E, una partida de 471´6 millones de euros  para conciertos de asistencia sanitaria privados y conciertos de asistencia con la seguridad social, de los que le ha soltado el Estado, gracias a nuestros impuestos, 430 millones de euros a las entidades sanitarias privadas para atender a los militares enfermizos.

Dicha partida de 471´6 millones de euros (430 ya gastada en 2017  para conciertos privados) forma parte de otra mayor (677´05 millones) que recibió el ISFAS para “Asistencia sanitaria de las Fuerzas Armadas”, partida que, además, no es la única que recibe  año tras año (hay otra de 77´81 millones del programa 222-M por “Prestaciones Económicas del Mutualismo Administrativo” y  una tercera de 624,411 que recibe de “Diversos Ministerios” en el programa 929)

Pero si la partida es generosa, el destino es, sencillamente, la prueba, una más, de la privatización de la sanidad militar en manos de las grandes compañías sanitarias, una de las marcas de la casa en la política privatizadora del PP.

Si atendemos a la memoria de objetivos y explicación del programa  312-E en los presupuestos de 2017, resulta que de los 622.000 usuarios de la sanidad militar (han oído bien, un cotizante por cada dos de matute) solo 40.000 reciben asistencia pública, y el resto se han transferido a estos conciertos privados tan lucrativos.

¿Indignante? Sí, pero más aún el que haga falta una sanidad militar diferenciada, con su propia estructura paralela, supradotada en recursos, para atender a la casta militar, en vez de integrarlos, sin más, en la sanidad común y normal, como a cada hijo de vecino.

Y es que lo más estrambótico de todo es que siga existiendo el ISFAS, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, este espacio de autonomía militar tan peculiar, que además tiene la cara de conveniar con las comunidades autónomas para prestarle sus hospitales en desuso o infrautilizados a cambio de pasta y de que entre todos asumamos sus gastos.

 

Share

El consistorio de Valladolid no renovará la reserva de plazas a los militares para acceder a la policía local

Imagen de José María Cuadro

Fuente:  El Norte de Castilla.

Una buena noticia procedente de Valladolid:

El concejal de Seguridad, Luis Vélez, indicó ayer que el Equipo de Gobierno no tiene intención de renovar el convenio que el anterior alcalde, Javier León de la Riva, suscribió en abril de 2015 con la subsecretaria del Ministerio de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, y mediante el cual el Consistorio vallisoletano se comprometía a reservar el 20% de las vacantes que se convocasen para la Policía Municipal para el personal de tropa y marinería.

La medida anterior lo que permitía era un nuevo privilegio para los militares:

Defensa viene impulsando este tipo de acuerdos con los municipios que cuentan con Policías Locales, con la intención de dar una respuesta a los soldados que firman contratos hasta los 45 años para trabajar en las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa considera que los militares de tropa y marinería de más de 45 años no son útiles para sus intereses y prefiere que los asuman otras instituciones del Estado.  A tal practica de asumir porque sí militares los ayuntamientos, en nuestro barrio, lo conocíamos como la ley del embudo:  para mi …

A partir de esa edad, el Ministerio considera que debe renovarse la plantilla de tropa. Por este motivo, el acuerdo de colaboración establecía que se daría prioridad a este personal militar mediante un cupo, que después de que hubieran superado las pruebas físicas y de perfil psicológico podrían ingresar en la Policía Local.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa no realiza ninguna aportación económica ni de recursos por estos puestos, y no puede ser que sean los ayuntamientos los que paguen las consecuencias de otras administraciones», insistió el edil Luis Vélez.

La nueva posición municipal coincide también con la postura expresada por los sindicatos con representación en el Ayuntamiento, que rechazan esta reserva del 20% de las plazas.

Nos parece valiente y coherente la postura pucelana.  ¿Por qué habrían de tener privilegios a la hora de obtener un puesto de trabajo los militares, sólo por el hecho de ser militares?  ¿No tienen derecho los civiles, no tienen tantas necesidades como ellos?

Sin embargo, el concejal Luis Vélez dijo ayer que «nuestra voluntad es no continuar con este convenio, y que a las plazas libres pueda optar todo el mundo que cumpla los requisitos».

«Nuestra voluntad es clara de no renovar el mismo. No entendemos que tengan que existir preferencias en las vacantes libres sobre el resto de aspirantes.

Share

El Ministerio de Defensa y El Corte Inglés la lían en Salamanca

Por Salamanca RTV

Fuente:  El Norte de Castilla.

Informa el Norte de Castilla de un enredo urbanístico donde aparecen el Corte Inglés, el gobierno municipal de Salamanca (del PP) y el Ministerio de Defensa.

Pregunta el Diputado Juan López de Uralde, de Equo, en el Congreso por dicho jaleo y, sobre todo, por el papel de Defensa en todo ello.

Al parecer, El Corte Inglés edificó un centro comercial en los antiguos terrenos de un cuartel militar en Salamanca, y al hacerlo, se pasó tres pueblos y construyó más de lo que autorizaba la normativa helmántica.

En su día tiraron el cuartel de Infantería “Julián Sánchez `El Charro”  para construir un Corte Inglés, según reflejó ABC, gracias a un convenio de colaboración entre Defensa y el Ayuntamiento de Salamanca y, pásmense, el propio Corte Inglés. Un acuerdo que, dice ABC, llevaban negociando 18 años de nada.

El proyecto inicial hablaba de construir tanto el centro comercial, como viviendas, un espacio ajardinado, un centro cultural y un campo de fútbol, que así de grande debía ser este espacio.

El Ayuntamiento tuvo que acometer una remodelación urbanística en toda regla para que el proyecto se llevara a cabo y, oh sorpresa, cuando se dieron cuenta, el Corte Inglés había edificado “de más” para su mega centro comercial, dejando en agua de borrajas el resto del proyecto.

Entonces, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla León modifican provisionalmente el plan urbanístico para favorecer a El Corte Inglés en su trampa. Es aquí cuando empieza una batalla judicial que conlleva una sentencia donde se dice que El Corte no se ha cortado en sortear la legalidad y que no cuenta con licencia para lo realizado. Gracias a procedimiento iniciado por EQUO el asunto llega al Tribunal Supremo, que anula el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca aprobado por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, por favorecer los intereses particulares del centro comercial, en contra del interés general de la ciudad.

Para complicar más las cosas, El Corte Inglés parece que se cabrea y amenaza al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla León con pedirle más de 150 millones de euros si no logra arreglar el asunto a favor de sus intereses, según nos informa Salamanca 24 horas,  manifestando que “si tiene que cerrar su centro comercial en Salamanca, tendría que cobrar 3,3 millones por la urbanización de la zona, 93 por el edificio de los grandes almacenes, 4,3 por la construcción del centro cívico, 31 por la pérdida patrimonial de un terreno depreciado, 8 por los gastos que supuso la apertura del centro comercial, 4,8 por la demolición que habría que acometer, 3,2 por las tasas e impuestos abonados, 2,2 por la parcela del campo de fútbol Neme que fue parte del convenio urbanístico y casi medio millón de euros por las costas judiciales”. Y a la vez otros gastos hasta 150 millones de euros por  “el coste de la extinción de los contratos de los trabajadores, el coste de los contratos vigentes con proveedores de productos, el lucro cesante por el cierre del centro comercial, el traslado a otros terrenos, gastos financieros, honorarios de abogados y notarios e incluso daños morales”.

Entonces el ayuntamiento del PP tiene la ocurrente idea de sortear de nuevo la ley también creando ad hoc una normativa provisional para saltarse el fallo de la sentencia, cambiando la edificabilidad de la dotación del Corte Inglés en detrimento de los otros usos, lo cual una vez desvelado no deja de ser una alcaldada más, eso sí, aprobada en el pleno municipal “por unanimidad” según desveló el medio 20 minutos en 2014.

Total, que con tanto pasteleo, en vez de cumplir la orden judicial, el ayuntamiento, denuncia Equo, intenta sortearla y los promotores de las denuncias judiciales siguen denunciando a la justicia este claro caso de desobediencia a lo que dicta un tribunal (que por cierto no tiene el mismo tratamiento ni merece los mismos improperios que suele verter el PP cuando quien incumple es otro). Hete aquí que los promotores de las denuncias judiciales, los verdes de Salamanca, ponen el enjuague en conocimiento del diputado López de Uralde, que a su vez ha preguntado a la Ministra de Defensa qué parte tienen (si es que la tienen) de conocimiento y/o complicidad en todo esto y, lo que es más enjundioso, si pretende el ministerio exigir compensaciones por la no dedicación del terreno a lo que se había aprobado.

Al margen de este asunto, otros aspectos más nos interesan.

1 ¿Qué tipo de convenio hizo Defensa con el Corte Inglés y el Ayuntamiento de Salamanca, para temer que ahora puedan pedir pasta?

2 ¿ Fue una venta?, ¿una permuta?, ¿alguna otra fórmula onerosa donde se haya perdido dinero público en detrimento de Salamanca y a favor del ejército?

3 ¿Cómo es posible un acuerdo de índole inmobiliaria entre El  Corte Inglés y el Ministerio de Defensa?, ¿qué recibió a cambio Defensa?

4 ¿Por qué el empeño de que ahora Defensa de respuesta?, ¿es que hay algo que se nos haya escapado?

5 ¿Ha estado Defensa al corriente de todo este pasteleo?; ¿ha tenido algo que ver en el mismo?

6 ¿Va a obtener el Ayuntamiento de Salamanca los equipamientos que le han sido arrebatados por la actuación tramposa de El Corte Inglés y la no menos memorable actuación contra el interés general del ayuntamiento y de la Junta de Castilla León?

A nuestro parecer, preguntas que necesitan claridad, porque lo que parece es que entre unos y otros la han liado parda contra los intereses de la sociedad y deben responder de tal situación. Ya se sabe el dicho: Quod natura non dat, Salmantica non præstat.

Share

España apoya descaradamente al militarismo israelí comprando sus misiles contracarro SPIKE

Imagen de Pan American Defense

España desarrolla unos Programas Especiales de Armamento (PEAS) que están provocando una deuda gigantesca para el Ministerio de Defensa y para el Estado Español.

Hay muchas críticas a estos PEAS y a la forma que tiene el Ministerio de Defensa de proveerse de armas para sus impulsos intervencionistas en el extranjero.

Unas de ellas son la ética y las implicaciones internacionales de nuestras políticas.

Analizamos hoy la compra de 260 puestos de tiro y 2.600 Misiles contracarro de alcance medio SPIKE por un precio total de 364’69 millones de €, según Wikipedia el coste total será de 394 millones de €.  Se calcula que el coste de cada unidad ronda los 100.000 dólares USA.

En la hoja de servicio de este misil se declara que ha sido usado contra la Intifada.

Dicho programa adolece de uno de los defectos generales de los PEAS, el prolongadísimo periodo desde la toma de decisión, inicio del diseño, inicio de la producción, avatares varios que retrasan la fecha de entrega, etc.  Así, todo el proceso se dilata, en este caso desde 2005 a 2024.  Ello provoca, habitualmente, unos sobrecostes enormes.

Otro de los defectos habituales en los programas de Defensa, sobre todo en los PEAS, es el de que los pagos se suelen realizar por medio de partidas plurianuales, lo que supone un escondite perfecto para su seguimiento.

Una breve historia de los recorridos de esta colaboración militar hispano-israelí se pueden resumir así:

  • En 2002 General Dynamics – Santa Bárbara firma un acuerdo con Rafael por la que la contratista española se convertiría en el contratista principal de las ventas del Spike si era finalmente elegido.
  • En el Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2006, presidido por Zapatero, del PSOE, se decide invertir en el programa:  260 lanzadores y 2.600 misiles MR (Medium Range).  Se informaba que la industria nacional asumiría el 60 % del trabajo y que el pago se repartiría en 15 anualidades desde 2008 a 2022.
  • El 30 de noviembre de 2007 el Consejo de Ministros decidió comprar más Spike, versión ER (Extended Range), destinados a los helicópteros de ataque Tigre:  44 lanzadores y 200 misiles por 44’027 millones de € prorrateados entre 2007 y 2012.
  • El 29 de mayo de 2009 se entregaron al Ministerio de Defensa los primeros misiles.

Las empresas que participan en este programa de armamento son:

  • Global Dynamics/Santa Bárbara sistemas,
  • Rafael,
  • Tecnobit

Imagen de Dvircom

 

La empresa Rafael,  o Raphael, es una empresa que fabrica armas del Ministerio de Defensa israelí.  Tiene más de 7.000 empleados y se fundó en 1948.

Durante el principio de los años 1990 Rafael operó con pérdidas (con un pico en 1995, con pérdidas de $120 millones sobre una facturación de $460 millones); entonces se decidió reestructurar la organización para empezar a operar Rafael como una compañía. Inicialmente se crearon tres divisiones diferenciadas; cada una operando como un centro de beneficios, con una hoja de balance separada, a presentar al nuevo consejo de dirección.

La restructuración fue completada en 2002 cuando Rafael fue formalmente incorporada como sociedad limitada (a pesar de ser una empresa estatal), manteniendo sus capacidades tecnológicas a través de extensos programas de inversión en I+D (en torno al 10% de la facturación). En su primer año como sociedad limitada, Rafael obtuvo 37$ millones de beneficio sobre $830 millones de ventas.

Rafael tiene multitud de empresas subsidiarias en el mundo.  En Europa, a través del Holding ERCAS, de la que posee el 100 %, domina dos secciones militares:  Dinamit Nobel Defense (con el 100% de las acciones) y PAP Tecnos (con el 100 % de las acciones).

Una compra tan grande de misiles SPIKE supone un apoyo decidido al militarismo israelí y hace rentable a una de sus principales empresas armamentísticas, con lo que da alas a la política represiva de Israel sobre Palestina.

Nuevamente una decisión militar que influye en nuestra política exterior, que en principio se define como de apoyo a una solución negociada y no violenta en el conflictos israelo-palestino.

Damos con una mano lo que quitamos con la otra.

Share
A %d blogueros les gusta esto:
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed