Archive for Comisión de Defensa

PP, PSOE y Ciudadanos rechazan desmantelar el campo de tiro de Bardenas

Por David Ramos

Fuente: El Diario

Pues sí, amigos, una vez más la apisonadora de la casta ha tirado otra proposición no de ley para el desmantelamiento del polígono de tiro de Bardenas Reales.

En esta ocasión la proposición, en la Comisión de Defensa, fue planteada por Bilidu y contó con una enmienda de Podemos. A un lado votaron los diputados de Bildu, Podemos, grupo catalán. Al otro los de PP y sus socios, PSOE y Ciudadanos.

Desde el año 1978 hasta la fecha, llevamos 14 ocasiones, según un trabajo que hemos elaborado y aún no hemos publicado, en las que el Parlamento ha rechazado desmantelar el polígono de tiro de Bardenas Reales. En todas ellas la derecha cavernícola (en su día los grupos “centristas” en torno a UCD y luego tras su descomposición atomizados para volverse a reunir en torno al PP y a UPN) junto con el PSOE se han encargado de rechazar el desmantelamiento del campo de tiro de Bardenas y de maniobrar para acallar la protesta social.

Un cuadro general nos permite observar además que el “problema” de Bardenas” nunca ha dejado de estar presente en el Parlamento, a pesar del interés del poder en acallarlo.

Este cuadro refleja el estado de cosas sin incluir la proposición no de ley ahora rechazada, la número 14.

Otro curioso dato:  las iniciativas en el Parlamento favorables al mantenimiento del polígono de tiro han sido el 48% del total de iniciativas, y las contrarias al mismo el 52%.

Estos datos nos permiten ver cómo Bardenas se ha pasado a convertir en otro de los eternos problemas irresueltos de nuestra deficiente (y en este caso militarista) democracia, razón por la que resurge una y otra vez, con el cerrojazo elocuente del PPSOE y sus alianzas militaristas.

Una razón más para apelar a la sociedad y a su soberanía ante tal cerrazón. Y una nueva oportunidad perdida para hacer de la escucha del pueblo un motor de la política para estos partidos sordos, insensibles e incapaces de entender el cambio de tiempo que vivimos.

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Los partidos “constitucionalistas” del régimen impiden que se vete la venta de armas a Arabia Saudí

 

Por Armas Bajo Control

Fuente: La Marea.

Pues sí que escuece este nuevo fiasco de los partidos del régimen, de la casta, del PPSOECIUDADANS, como los quieran llamar; de los partidos “constitucionalistas” como los llama, con una frase tan vaporosa como la cabeza de su publicista, el predicador Albert. Y no porque no lo sospecháramos, sino porque es en nuestro nombre que se consigue esta nueva vileza.

Ha sido la cosa que en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados se votó  un dictamen sobre venta de armas y aplicación de la legislación al respecto, y dentro de éste, una propuesta para que los partidos pidieran al gobierno el veto de la venta de armas a Arabia Saudí, ese gran aliado de las democracias reales y positivas, e Irak, ese otro adalid de la democracia.

Porque Arabia Saudí hace la guerra en parte gracias a nuestras armas (no sólo las nuestras, hay más señores de la guerra haciendo negocio) y es un clamor social y de las organizaciones sociales que esto deje de pasar. Y armas españolas han llegado, dicen varias ONG especializadas, a los terroristas de ISIS vía Irán.

Y la moción referida no ha salido, porque el acuerdo del PP, de Ciudadanos y del PSOE, el trío calaveras, han impedido la aprobación de la iniciativa.

Al famoso trío le sirve de perrillo faldero un PNV cada vez más siniestro, que se abstuvo en esta propuestas, frente al voto a favor del veto por parte de Unidos Podemos, ERC y PDCat.

Daría la impresión, es un decir, que el constitucionalismo que predican los amantes del orden no se extiende al reconocimiento del derecho internacional y los derechos humanos, pongamos por caso, como fundamento del orden público y del ordenamiento “constitucional”, o de la paz como valor a defender y promover, tal como proclama la constitución ahora tan en boga y, en fin, a tantas otras promesas proclamadas en la Constitución que restauró la democracia unitaria y que decaen ante el olfato a negocio de nuestros egregios lacayos.

Decía la convocatoria de la Comisión de Defensa donde ha ocurrido esta felonía que se convocaba para

 Dictaminar, a la vista de las propuestas de resolución que han presentado los distintos Grupos Parlamentarios, acerca del Informe sobre “Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2016”, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

Por si alguien tiene morbo puede seguir el desarrollo de la sesión en el canal parlamentario del Congreso de los Diputados. Lamentablemente, no hemos sabido enlazarlo en esta entrada.

Pongamos algunas reflexiones que dijeron los diputados:

“cambian los gobiernos, pero todos priorizan la venta de armas por encima del respeto de los derechos humanos e incluso del derecho penal internacional ”  (ERC)

O la señora Alconchel, del PSOE, que defendió su propia y muy genérica propuesta, que acababa pidiendo apoyo para la internacionalización de la industria militar española y su importancia en la generación de retornos para la sociedad. y  dijo ante la propuesta de incluir en cualquier moción la prohibición de venta de armas a Irak y Arabia Saudí,

O el portavoz del PP que alabó al sector industrial militar por su aportación a la economía de un porcentaje del PIB importante, pidiendo que se dejara a parte la ideología sobre si se debe vender o no y a quién este tipo de material.

El PNV, que añadió que tenemos una ley razonable y adecuada, pero que quieren mejoras de información y transparencia y mitigar el riesgo de abusos. Para él, significar a países concretos es inapropiado y hay que ir caso a caso.

Podemos propone que se controle rigurosamente la venta de armas y hacer valer el tratado de prohibición de armas para evitar la venta a países que puedan usarlas en conflictos o violando el derecho internacional, y piden que se vete la venta de armas a Arabia Saudí y a Irak para que no quede todo en un brindis al sol.

En cuanto a Ciudadanos, el más rigurosamente impresentable en la Comisión,  pide escapar del tinte ideológico que algunos grupos tienen  en tema de la venta de  armas y tener dos aspectos en cuenta: primero, el empleo, porque Ciudadanos estará siempre a favor de todo lo que genere empleo, diferenciándose así de otros grupos, Unidos Podemos y ERC, que piden que no se exporte a Arabia Saudí, cosa que afecta al trabajo en sitios como por ejemplo la bahía de Cádiz. Pero además quieren condicionar la venta de armas a otros países a controlar las exportaciones para impedir que se usen para fines contrarios a los derechos humanos, todo un brindis al sol cuando se prioriza el lucro propio sobre cualquier otra cosa.

Acaba Ciudadanos diciendo que sus prioridades son por este orden a: 1) el empleo , 2) la transparencia, 3) el cumplimiento de la ley y 4) los derechos humanos.

Total que se acabó votando con el consabido consenso en aprobar recomendaciones genéricas y sin compromisos concretos y desestimar una propuesta de recomendar el veto  de venta de armas a Irak o Arabia Saudí, en este caso con 8 votos a favor del veto, 24 en contra (PP, PSOE y Ciudadanos) y una abstención.

Lamentablemente, otro documento de recomendaciones buenistas y genéricas para que sigan las cosas como siempre, sin compromisos contrastables, igual que los informes de años anteriores, que sirven para guardar las apariencias y seguir vendiendo armas a países canallas. Eso sí, resguardando el trabajo de los que se emplean en la industria militar (muchos menos de lo que se dice) y los beneficios de sus accionariados (en este caso mucho mayores de lo que se sospecha).

A ver si en esto, como aspiraba el tal ribera en su moción para que los partidos constitucionalistas apoyaran al PP en su política (si es que se la puede llamar así) frente al desafío catalán, la ciudadanía toma nota de quién es quien y les pasa factura a estos grandes hombres de estado.

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En 2017 el gasto en misiones militares en el exterior superará los 1.000 millones de euros

Nero+con+stile...

Por Otto Nassar

Fuente: Infolibre

A finales de julio explicábamos la nefasta política militar española, intervencionista, militarista, agresiva, con 87 intervenciones militares en el exterior desde los años 80 a la fecha actual,

Una política además muy cara y ocultada por nuestros conspicuos capitostes de la cúpula militar-industrial y sus palmeros políticos que la consienten, cuando no la estimulan.

Como se sabe, la partida de gasto militar referida a las operaciones en el exterior es una de las 69 partidas ocultas de nuestro gasto militar, tal como explicamos en una infografía recientemente publicada. Concretamente forma parte de la partida allí denominada “deuda militar extraordinaria”.

Ahora nos ofrecen una cifra escalofriante, por encima de la previsión que hicimos en nuestras estimaciones del gasto militar para 2017.

En aquel estudio estimamos que el gasto oculto para estas operaciones militares en el exterior sería el mismo que en el 2016, unos 771,11 millones de euros, pero los datos que nos ofrece Defensa sitúa el gasto real para 2017 de operaciones militares en el exterior en 1.076 millones de euros, casi 75 veces los ridículos 14´3 millones de euros consignados para estas operaciones por los presupuestos del Estado de 2.017.

La cifra no debería sorprender a nadie a estas alturas. Por una parte, ya la insinuó el Secretario de Estado de Defensa en Abril  (por cierto, insinuó que a lo mejor podía llegar a los 1.200 millones por los despliegues de Estonia) en su comparecencia ante la Comisión de Defensa, sin que hiciera mella en el ánimo de los somnolientos diputados, siempre tan infatigables en dejar pasar las oportunidades de controlar al Ministerio. Por otra parte, el hecho de que se consignen en los presupuestos partidas de unos 14 millones y se gasten en torno a 700 u 800 o 1.100 al año para este tipo de invasiones exteriores viene siendo una práctica constante del Ministerio de Defensa.

Lo verdaderamente significativo no es, por tanto, que el Ministerio de Defensa mienta (lo hace siempre). Lo relevante es que se consolida, y aumenta gravemente incluso, la política de injerencia militar que aplica el Ministerio de Defensa por medio de estas operaciones en el exterior y que lo hace sin la más mínima crítica ni oposición a este papel creciente en el militarismo mundial.

Hay que criticar la cifra de gasto, pero más aún la razón de ser, el “para qué” se usa este dineral, tanto el uso supuesto (operaciones en el exterior) que encubren una política exterior militarizada y agresiva que cuenta con más medios que cualquier otra dimensión de la política exterior del Estado, como el uso real (que se aprovecha además para exhibir armamento español con vistas a la venta de armas en la que somos la sexta potencia exportadora mundial, así como para camuflar gasto de operatividad y de reparaciones de las fuerzas armadas que no aparece en el presupuesto del Ministerio de Defensa y para incentivar el sueldo de los soldados que participan en todo esto).

Podemos comparar la cifra con la que aporta España a la cooperación internacional o a la solidaridad con otros pueblos. el resultado es desalentador y escandaloso. Somos un peligro, concretamente el segundo contribuyente militar europeo en tropas en el exterior y el cuarto de la ONU, algo inaudito y vergonzoso.

Tal vez ahora la Ministra pretenda “aflorar” este espectacular aumento de la partida de operaciones militares en el exterior y consignarla en los presupuestos de 2018 para simular y vendernos que intentamos acercarnos al 2% del PIB en gasto militar (cuando la realidad es que este gasto ya se produce y superamos el 2% del PIB en gasto militar y que lo hacen de forma opaca, para que la gente no se entere de esta opción militarista).

En todo caso, sería deseable imponer por ley la obligación de transparentar todo el gasto militar y de someter al debate social y al control las razones de nuestro espectacular fomento del militarismo y su enorme gasto.

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¿Revisar el régimen profesonal de la tropa o cambiar de modelo?

Por Biheta

Nos provoca la pregunta que pone título a esta entrada el debate que tuvo lugar en la Comisión de Defensa del pasado 24 de noviembre de 2016, según aparece en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Defensa, Sesión número 2 y que dio lugar a la aprobación de una subcomisión que estudiará la situación de la Tropa y Marinería, con especial atención a los soldados que llegan a la edad de 45 años con compromisos de permanencia de larga duración y que, al llegar a dicha edad, a tenor del artículo 10 de la actual Ley de Tropa y Marinería, no se permiten nuevos reenganches y deben abandonar el ejército.

El contexto de dicha comisión venía alimentado por una sorda pero continua presión de algunas asociaciones de militares, principalmente AUME, para que el gobierno derogase este impedimento, permitiendo que los soldados y marineros mayores de 45 años pudieran seguir en el Ejército superada esa edad, así como por dos pasos mediáticos de cierto recorrido: la caminata a pie desde Badajoz hacia Madrid de dos exsoldados, Fernando Tello y David Rodríguez, concernidos por esta situación y la anunciada manifestación para dos días después de la celebración de la comisión en la capital de cientos de militares en reclamación de una solución a su “despido” inminente.

Con estas premisas, el grupo de Podemos presentó al Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) para instar al gobierno a abolir el referido artículo, proposición que fue enmendada por Ciudadanos y que posteriormente motivó la petición por el PSOE de que en vez de abordar este asunto en una proposición No de Ley, se creara una subcomisión específica para que, con participación de expertos varios, asociaciones, gobierno, etc., se pudiera emitir un dictamen al gobierno con las conclusiones y las medias que el parlamento considerara se deberían tomar.

La discusión de la PNL de Podemos y de la propuesta de crear la referida subcomisión se debatieron, como decimos, en la segunda sesión de la Comisión de Defensa, el día 24 de noviembre. La lectura de las intervenciones nos ha llamado la atención y, en nuestra opinión, intenta poner el carro antes que los bueyes, lo que, si es que no se pone remedio, vendrá a resolver el problema no resolviendo nada, o agravándolo.

¿Cómo definen en problema?

Es evidente que la definición que se haga de un problema, el cómo se enmarca, predetermina en cierto modo las respuestas que puedan darse al mismo. En este caso, como iremos viendo, la mirada al problema desde una determinada óptica (cuando hay al menos otra bien diferente, más compleja y más incómoda también) conlleva que la solución previsible no pueda ser sino dar un giro de tuerca más y en la mala dirección al problema real, agravándolo.

Para entender lo que, acuciados tal vez por la agenda mediática, preocupa a sus señorías, hemos leído las actas con el debate mantenido entre los diputados de la comisión de defensa referida:

Lo define bien la diputada Zaida Cantera de Castro, del PSOE, la promotora de la iniciativa de crear la subcomisión de estudio, cuando dice

Los militares profesionales de tropa y marinería temporales alcanzan los cuarenta y cinco años: en ese momento no se les renueva el compromiso de larga duración porque -todo hay que decirlo- así lo establece la ley.

Que este es el problema y no otro, es, al parecer, algo en lo que está de acuerdo todo el arco parlamentario, con un pequeño matiz, en este caso del diputado Tarno Blanco, del PP, que lo redefine como cuestión del envejecimiento de la tropa, lo cual afecta a la operatividad de la misma, porque, al parecer, una tropa vieja, a diferencia de otros sectores, es inservible (no así un gobierno empolvado y viejuno, donde, daría la impresión, la vetusta e inamovible experiencia es un grado). Lo dice así

Hay muchos problemas en la tropa, pero el principal -lo ha dicho la representante del Grupo Socialista- es su envejecimiento, la falta de operatividad de la fuerza, porque nos encontramos con tropa envejecida que no puede cumplir sus funciones. En todo eso es en lo que tenemos que trabajar en esa subcomisión.

Podríamos señalar, no sabemos si a modo de anécdota o para alegrar la mañana a los lectores, que a esta definición del problema, se aportó la meritoria contribución desde el grupo mixto de otro enfoque tangencial, el del diputado Salvador Arméndariz, quien malgastó la oportunidad de exhibir su innegable talento para explicar su punto de vista acerca de Rita Barberá, a la que rindió homenaje en una especie de salida del tiesto

… Quiero trasladar mis condolencias a su familia, a sus amigos, también a la familia del Partido Popular, y trasladar al señor presidente y a todos los compañeros de esta Comisión una cierta sensación de amargura en ese final, un sabor amargo porque diera la sensación de que en esta democracia no rige la presunción de inocencia. Hoy no podemos decir otra cosa, sino el hecho de que esta persona no podrá defender su honor frente a las acusaciones…

Ya lo ven, la Comisión de Defensa no siempre trabaja con igual intensidad.

A partir de esta definición del problema unánime (y quitando el punto de color del diputado Salvador Armendáriz), podemos encontrar matices, como, por ejemplo, los de Ciudadanos cuando dice que para solucionar “el problema” hace falta cambiar la ley de tropa y marinería. Lo dice así el Diputado Gutiérrez Vivas, quien en un exceso de énfasis llega a considerar a estos soldado con contrato de larga duración como funcionarios (que no lo son) despojados de sus derechos

… todos queremos -por lo menos Ciudadanos lo quiere- cambiar esta ley de los cuerpos de tropa y marinería, porque es injusto lo que se está haciendo con estos trabajadores, funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas,

O los de Podemos, que señalan que todo esto es un caso claro de lesión de derechos laborales que se soluciona restituyendo a los militares estos derechos, como fija en su intervención el diputado Alonso Cantoné cuando afirma que

nosotros desde hace tiempo siempre hemos considerado que el modelo diseñado era injusto, que en cierta forma afectaba a la dignidad de los profesionales porque estaba generando una precariedad laboral, igual que en otros sectores, que además no se compensaba con aquello que sí recoge la ley, que son los derechos, que es la capacidad de apoyar, formar, titular y empoderar a esos militares para que una vez hayan acabado su periodo puedan reintegrarse lógicamente en la sociedad con todas las capacitaciones para hacer cualquiera de las profesiones que hayan podido desarrollar durante su tarea militar, que no necesariamente tiene que ser militar.

O la lista desplegada de medidas que la diputada Cantera de Castro desplegó y a las que luego nos referiremos.

En suma, el problema se define como una situación de agravio de los soldados y marineros que por ley tienen que abandonar el ejército al cumplir los cuarenta y cinco años, perdiendo su carrera y poniendo a sus familias en grave situación. Y definido así el problema, únicamente cabe una solución: desenredar el entuerto y cambiar la ley, como pidió Podemos en su Proposición No de Ley, presentada por el portavoz de dicho grupo parlamentario en la comisión de defensa y por el portavoz del grupo parlamentario en aquel entonces.

Nos queda una duda: ¿es ese el problema? Lo abordaremos un poco más tarde, para centrarnos ahora en otros aspectos del debate igualmente enjundiosos.

El origen del problema

De algún modo, definido el problema de la manera explicada, el origen del mismo no puede sino encontrarse en la supresión del servicio militar y el establecimiento de un ejército profesional, como dice el diputado del PP Mateu Ísturiz,  en su intervención:

Hemos llegado a esta situación precisamente por una actuación del Gobierno del Partido Popular, la Ley 17/1999, que eliminó el servicio militar obligatorio.

Pero la supresión del servicio militar obligatorio generó una ansiedad en la sociedad española en el sentido de que querían unas tropas profesionales para estar a la altura de las circunstancias y una profesionalización en el cumplimiento de las tareas asignadas por la pertenencia a ciertos organismos internacionales y tener una proyección exterior en aquellas misiones en las que participábamos.

Mateu ofrece una explicación no sólo falsa en cuanto al origen del problema, sino también claramente manipuladora en la propia interpretación del fin de la mili como una especie de concesión natural y liberal del PP (y no como consecuencia de una lucha antimilitarista que erosionó suficientemente la legitimidad de esta larga e inmoral servidumbre, usada además como escuela de control y adoctrinamiento por el franquismo que al parecer no existió en el relato de la derecha) y de lo que querían los españoles (lejano por cierto tanto al intervencionismo internacional, como a la descarada alineación con las políticas agresivas de la OTAN, el aumento del gasto militar y los demás problemas que aquejan a la sociedad por culpa del militarismo impuesto).

Sin embargo, este origen del problema definido por el PP es compartido por los demás, que lo cifran de uno u otro modo en la aplicación de la actual Ley de Tropa y Marinería, con la que se quiso regular la condición de los militares con contratos de larga duración.

Podemos preguntarnos de nuevo si el origen del problema es, como se dice, la supresión de servicio militar y la profesionalización de las fuerzas armadas. Anticipamos que, en nuestra opinión, tampoco.

Las previsibles soluciones

A pesar de que las intervenciones de los diputados en la ya tantas veces referidas segunda sesión de la comisión de defensa señalaron que debería esperarse al trabajo de la subcomisión, con la aportación de informes de los diversos departamentos ministeriales y la comparecencia de expertos por definir para ayudar a los diputados a elaborar su propuesta al gobierno, lo cierto es que en la propia sesión ya se anticiparan las soluciones, todas ellas previsibles, al asunto tratado.

Comencemos por las que planteó Podemos con su PNL, rechazada en esta sesión de la Comisión de Defensa para dar lugar a la subcomisión que en teoría debe abordar de forma más global el problema.

Podemos, que como decimos asumió la propuesta de la AUME y su enfoque como un problema de derechos laborales de los militares, propone romper el nudo gordiano:  si el problema es el artículo que prohíbe permanecer en el ejército a estos soldados entrados en años, suprímase el artículo para que permanezcan en servicio. No sabemos si en calidad de soldados veteranos de tropa y marinería, o pasando a algún otro grado militar en el ya abigarrado escalafón (aprovechemos para apuntar una de las aristas del verdadero problema de gigantismo de nuestro desmesurado ejército), o, peor aún, ingresando como funcionarios en cualquier otra administración que se preste.

Podríamos apelar a la locura de convertir sin más a estos soldados en fijos del ejército, incrementando más aún el grave problema de sobredimensión de nuestro ejército y sobrecargando los ya inmorales presupuestos militares con salarios y emolumentos para cuando accedan a la reserva, o la más insensata solución de convertirlos en funcionarios o privilegiarlos con una vía de acceso directo en otras administraciones, solución no sólo peligrosa por lo que supone de militarización de la administración pública, sino también por contravenir el principio de igualdad de todos los españoles en el acceso a un trabajo y porque supone un verdadero agravio comparativo frente a los millones de parados sin privilegio alguno, y porque contraviene el principio constitucional de concurrencia y competitividad en el acceso a la función pública, aspectos que, en aras a atender a las reclamaciones de los militares, Podemos no ha valorado suficientemente.

La misma solución, pero diciendo que no es la de Podemos, es la que parece desprenderse de las palabras del diputado de Ciudadanos Gutiérrez Vivas, para quien, además, la ley no ha garantizado los esfuerzos de reintegrar a otros nichos laborales a estos militares, con lo que se supone que además querrá potenciar este aspecto a futuro, y añade, algo lacrimosamente,

La realidad es que esto no se ha hecho y estas personas se ven abocadas a perder su condición de militares en activo, su empleo, y pelear en un mundo laboral que para ellos es en muchas ocasiones desconocido, sin la adecuada competencia y en desigualdad de oportunidades con otras personas, y más en un momento de crisis en el que el propio mundo laboral está en plena reestructuración.

No nos imaginamos lo que pensará el tal Gutiérrez de los trabajadores en paro de larga duración, los jóvenes parados y sin fututo, los subempleados, empobrecidos y demás categorías que pelean en un mundo laboral desconocido y de feroz competencia, que en parte es cual es gracias a los partidos que aprueban y sostienen las políticas neoliberales diseñadas desde las instituciones más retrógradas de Europa en beneficio de la élite. Y, casi, no nos lo queremos llegar a imaginar.

Para el PP, en boca del diputado Tarno Blanco, la solución pasa por aggiornar la ley de tropa y marinería, como no puede ser menos, pero no por suprimir el compromiso temporal, del que dice que es necesario para evitar el envejecimiento de la tropa que es suficientemente conocido por los soldados que firman los contratos de larga duración desde el principio, sino por potenciar más las actividades de SAPROMIL para ofertar salidas profesionales, ampliar las plazas en policías locales y otro tipo de convenios con las otras administraciones para que los soldados puedan concurrir a ellas, e incrementar las ofertas de plazas de las academias de suboficiales para los soldados que quieran optar alas pruebas de acceso

Quien planteó un cuadro más estructurado de temas a abordar fue la diputada del PSOE Cantera de Castro, que señaló

  • Formación técnica de los militares profesionales, con titulación homologada para la vida civil.
  • Obtención de titulaciones oficiales del sistema educativo general, principalmente de FP grado medio y certificados de profesionalidad.
  • Revisar el sistema actual de temporalidad de los compromisos de corta y larga duración para:
    • Garantizar mayor estabilidad y seguridad.
    • Que las FAS puedan aprovechar mejor su capacitación y experiencia para determinadas especialidades.
  • Tener en cuenta el rejuvenecimiento de los efectivos para la escala, pero con un margen de discrecionalidad mayor que el actual sistema.
  • Fomentar vías para que los soldados que abandonen las Fuerzas Armadas puedan reincorporarse y cuando lo hagan estén altamente cualificados.
  • Fomentar las vías de incorporación al mercado laboral.
  • Planes de formación ocupacional con itinerarios individualizados, en colaboración con el Ministerio de Empleo.
  • Reserva de plazas en las convocatorias de empleo público del conjunto de las administraciones públicas
  • Mejorar el SAPROMIL tanto en número de ofertas como en perfiles
  • Habla del pago de 7.200 euros anuales a los soldados y marineros que superan los 45 años y solicitan pertenecer a la reserva de especial disponibilidad y pide analizar esto desde el punto de vista social y económico.

Definido el problema de los soldados de 45 años del modo en que lo hace la Comisión de Defensa, es lógico que las soluciones no puedan moverse mucho del marco de las propuestas señaladas, muy deprimente porque, de ponerse en práctica, no harán sino agigantar un problema ya de por sí desmesurado y que heredamos desde el franquismo, el enorme e innecesario ejército que mantenemos, tanto en efectivos como en mandos, un problema, éste sí, que requiere solución, pero una solución que levanta ampollas en una derecha militarista y con amplia complicidad con la oficialidad militar, la cual se vería muy afectada por una solución real del problema, y en una izquierda deslumbrada por la cada vez menos posible idea del ejército democrático y del pueblo y, por qué no decirlo, cada vez más separada de la visión pacifista y antimilitarista que promueve un cambio de paradigma e la idea de seguridad, para centrarse en la seguridad humana y en la apuesta por desinventar el modelo de defensa vigente para asumir, de forma gradual y en paralelo, la consolidación de una defensa social noviolenta (en la línea de la defensa de los derechos sociales que ya se efectúa en tantos campos por organizaciones diversas, de índole ecologista, feminista, de derechos sociales, solidaridad, etc.).

El trabajo de la subcomisión

La subcomisión se pretende nutrir de diversos instrumentos de trabajo:

  1. informes y comparecencias del gobierno y de diversos departamentos del Ministerio de Defensa.
  2. expertos que no se han definido
  3. la opinión de varias asociaciones de militares. Concretamente se citan AUME, Asociación de Tropa y Marinería Española y con la Asociación profesional de suboficiales.

Con este coro tan poco plural es altamente improbable que se aborden los problemas reales del gigantismo del ejército, de su evidente falta dé lógica, de la desmesurada proporción de un mando por cada 1´7 soldados, de la abundancia de oficiales en todo el escalafón, desde generales, donde contamos con muchos más de los que la ley permite, descendiendo por lo diversos grados; de la existencia de una reserva para los oficiales que permite que pasen a una situación de retiro previa a la jubilación en la que pueden compatibilizar el cobro de un salario militar por no hacer nada con un trabajo en lo privado y que nos cuesta más de 500 millones de euros del presupuesto, de la propia dimensión justa de las fuerzas armadas, del desmesurado, despilfarrador y poco transparente gasto militar español y, más allá de ello, de para qué queremos un ejército y cuáles son los objetivos que hay que defender, cuales los riesgos, amenazas o enemigos y el papel que quiere desarrollar en todo esto España.

Resolver el problema real implica reducir drásticamente el ejército, pues es innecesario y costoso y su mantenimiento impone restricciones en necesidades básicas de la sociedad, pero si la solución que se busca  va a pasar por consolidar el gigantismo del ejército, creando más fijos, la insostenibilidad del modelo será cada vez más importante.

Sin embargo, tal vez alguien levante en esta subcomisión el dedo para indicar, como el niño del cuento, que el rey está desnudo, que donde sitúan el problema sólo está un señuelo, y que el verdadero problema exige algo más que estudiar la situación de los soldados veteranos y de algo distinto a mantener la actual y desmesurada estructura y dimensión del ejército.

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El desbarajuste de los Programas Especiales de Armamento (PEAS)

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POr US Air Force

Fuente: Bez

Hay muchas maneras de explicar el desbarajuste y la ruina económica que los Programas Especiales de Armamento (PEAS) están suponiendo para las arcas públicas y con ello para la sociedad.

Nosotros lo hemos contado en términos de deuda inmoral e ilegitima en un texto de 2013 en el que explicamos el origen, el crecimiento y el despilfarro que son estos programas armamentistas.

Del artículo que realiza Beatriz Yubero en el portal colaborativo BEZ, podemos sacar algunas notas que, sin ser novedosas,vuelven a poner sobre la mesa el despropósito de estos programas de armas.

1.- Dice la comentarista que los programas especiales de armamentos, cuyo origen hay que situar en el primer gobierno de Aznar, son fruto de los compromisos adquiridos por el PP y el PSOE como consecuencia de nuestra entrada en el club militar OTAN. Ello señala dos extremos que habitualmente pasan desapercibidos:

  • Que sin la OTAN nos los podríamos haber ahorrado
  • Que son una imposición ilegítima. No podemos decir si fruto del interés de la industria militar europea y estadounidense de ganar siempre y a cualquier precio, o si por la imposición de la élite política (nuestra y ajena) de meternos en la senda de una cada vez más militarizada y unidimensional política económica, abocada a llevarnos a esta especie de bola de nieve imparable de gasto militar y militarismo sin retorno, pero al fin y al cabo, fruto de un interés que no era el nuestro.

2.- Señala el artículo, casi sin quererlo decir (al menos así) que si hay dos grandes culpables políticos de estos programas son los pactos bajo cuerda de los años 90 entre PP y PSOE, pactos que se han demostrado inamovibles y no cuestionados y que nos indican uno de los puntos esenciales de la ilegitimidad de estos programas: no responden al interés general, sino al interés de esa oligarquía extractiva de políticos de la casta en generar gasto militar inútil

3.- Cuenta el magnífico compromiso de deuda que nos sepulta. 23 programas comprometidos solemnemente en nombre del estado con previsión de pago total a 2030, que nos supusieron una deuda de 37.000 millones de euros, de los uqe se han pagado 8.000 aproximadamente y por lo que el MInisterio de Industria ha pagado unos siniestros créditos (a interés cero, algo que obvia el artículo) de más de 10.000 millones de euros previos a la fabricación de estos programas de armas y que la industria militar debe devolver una vez fabrique estos ingenios (se le ha olvidado a la articulista señalar con suficiente claridad que cuando esto ocurra, los programas habrán adquirido un espectacular precio porque habrán sufrido sobrecostes como consecuencia de encargos suplementarios de mejoras, o de que los encargos, quien sabe si por descuido o malicia, se hicieron a medias, sin contratar por ejemplo, los sistemas electrónicos de los aviones que se solicitaban, etcétera).

4.- Los programas de armamentos no sólo eran ilegítimos en el origen, sino que además, durante su ejecución la ilegitimidad se ha reforzado más, pues los negociadores permitieron tanto sobrecostes como encargos innecesarios, pero bien favorables a los intereses del complejo militar-industrial (dice el artículo ” Sobre estos programas siempre ha planeado la sombra de los sobrecostes y del exceso en el número de unidades encargadas. De hecho, el Tribunal de Cuentas llegó a denunciar costes excesivos …y poca diligencia por parte del Ministerio de Defensa (en época de Morenés) a la hora de penalizar a las empresas por sus retrasos, lo que hubiera servido para rebajar las facturas“)

5.- Señala que, a pesar de que el desastre que estuvo a punto de llevarnos al precipicio al inicio de la crisis era tal, el Ministro puertagiratorio Pedro Morenés renegoció el precio final de los programas para comprometer que fuera de 30.075 millones de euros, aunque en unas negociaciones tan opacas que probablemente podemos encontrarnos con algún caramelo envenenado ( según la articulista “Hubo pocas explicaciones sobre cómo se hizo esa renegociación y sobre los criterios que se siguieron“)

6.- Además, cuando la troika vino a rescatarnos, y para evitar que acabáramos como Grecia, intervenidos a lo bestia, los gobiernos de Rajoy procedieron a realizar un fraude contable, ocultando esta deuda impagable, para lo que acudieron a sacar de los PGE toda referencia a los mismos a fin de que no computase como déficit y de paso para evitarse la crítica social (se olvida la articulista de comentar que esta política tan curiosa la llevaban ejerciendo indistintamente los gobiernos del PP y el PSOE con anterioridad).

7: Ocultándola pero no eliminándola, porque por la puerta de atrás ha seguido pagando ingentes cantidades a la industria militar por medio de una fórmula ilegal (declarada así por el propio Tribunal Constitucional) consistente en emitir créditos extraordinarios con cargo a deuda pública (osea, generando más deuda aún) mediante decretos ley ad hoc para pagar a la industria militar.

8.- Agustín Conde, el actual Secretario de Estado de Defensa, ha explicado a los diputados de la Comisión de Defensa que la deuda actual (unos 21.000 millones de euros) resulta igualmente impagable y difícilmente asumible, a pesar de lo cual la decisión del gobierno (apoyado en esto por Ciudadanos y PSOE) es pagarla (y empobrecernos más).

9.- Además, en el día a día, estos programas demuestran ser una verdadera chapuza. Por muestra dos ejemplos:  el submarino S80 de Navantia y el avión A400M.

Respecto del primero, dice la articulista que ” Estaba previsto que la primera unidad fuera entregada en 2013 pero, a día de hoy, la fecha prevista es diciembre de 2021 y podría seguir acumulando retraso. El coste inicial del programa ascendía a 2.135 millones de euros, de los que ya se han pagado 1.774 millones, pero ahora ese dinero, debido a los sobrecostes, solo da para pagar el primero de los cuatro submarinos. ¿Cómo piensa Defensa pagar los otros tres? ¿Qué coste tendrá cada uno de esos otros tres submarinos? ¿Cuál será el coste final del programa? Preguntas a día de hoy imposibles de responder.”

Respecto del segundo afirma que  “el A400M es un dolor de cabeza constante. El avión no cumple con las características técnicas requeridas y los países del consorcio (España, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y Turquía) están enfrentados con la cúpula de Airbus. Amenazan con sanciones económicas a la compañía, pero no se sabe si lo hacen con la boca pequeña para no recibir críticas. Para colmo, España compró 27 unidades, casi el doble de las 14 finales con las que se va a quedar, y eso significa que o consigue revender a otros países esas 13 aeronaves de diferencia o tendrá que pagar una multa de casi 250 millones de euros a la compañía.”

10.- Una vuelta de tuerca más: ahora que el Tribunal Constitucional ha dicho que es ilegal ocultar estos pagos, los quieren usar para engañar al viejo Donald que clama por un colmillo en incendiar de armas el mundo, y “aflorarlos” en el presupuesto del MInisterio de defensa para hacerle creer que están “aumentando” el gasto militar y acercándose al compromiso del 2%PIB (en realidad ya supera con mucho este porcentaje pero sigue siendo un gasto escondido, oculto en su gran mayoría y no por disgustar al amigo americano, sino para que el pueblo español no sepa en qué se gastan la pasta los que mandan). Lo dice así el artículo “El número dos de Defensa también dejó una pista muy clara sobre las intenciones a futuro de su Ministerio. Primero explicó que los próximos presupuestos de su departamento tendrán incorporados una partida de 1.824 millones de euros (716,8 millones de 2016 y 1.170 millones de 2017) para pagar los PEA. Después, dijo que gracias a esto “se estaría en consonancia con el compromiso asumido en la cumbre de la OTAN de Gales de 2014 de incrementar los presupuestos de Defensa hasta alcanzar en una década una cifra equivalente al 2% de PIB”.

Y como todo decálogo, una (mala) conclusión. Para colmo, esto es el cuento de nunca acabar. el ciclo de rearme se renueva a pesar de que este primer movimiento ya nos ha empobrecido suficientemente. “A futuro, España deberá seguir renovando su material armamentístico y los costes se incrementarán notablemente: la Armada necesita sustituir los cazas de despegue verticar Harrier -su vida operativa finalizará entre 2025 y 2030- por el F35B, única opción en el mercado. Además, por esas fechas, también deberá pensar en planificar la renovación de los cazas F-18, cuya única opción viable serían los F35A.

El problema es que el programa estadounidense del F35 en sus tres versiones acumula un grandísimo retraso y unos enormes sobrecostes, algo que ha llegado a denunciar a través de su cuenta de Twitter el presidente estadounidense, Donald Trump, que llamó al orden a la empresa fabricante, Lockheed Martin: “el programa F-35 y su coste está fuera de control. Miles de millones de dólares pueden y serán ahorrados en compras militares”.

Decepcionante. Otra que se ha tragado que necesitamos esos carísimos aviones de “ataque” (no defensa) estadounidenses que, por cierto, nos quieren vender en bruto ( y nuestros políticos de la casta comprar), sin sistemas de armas ni motores y otros elementos que luego “necesriamente” habrá que comprar para que no queden para un museo del horror.

Ni los necesitamos para nada, ni tendríamos por qué aumentar el gasto militar. Ni, dado que estamos ante una deuda ilegítima e impuesta por intereses que no son los de la sociedad ni han sido decididos por todos, asumir el pago de esta deuda inmoral.

Ni tenemos por qué asumir las torpezas de estos genios  de las finanzas ni tampoco por qué seguir obstinados en enterrar nuestras esperanzas como pueblo en el seguidismo armamentista y fatal al que nos quieren someter los señores de la guerra y sus partidos corporativos en el Parlamento.

No nos representan y no queremos que nos conduzcan al empobrecimiento primero y al desastre después.

Gastos militares para fines sociales.  Haz objeción fiscal al Gasto Militar.

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La mala gestión de Defensa provoca que tengamos que pagar una multa de 243 millones de €

Imagen de Aerofossile 2012

Fuente:  El País.

La programación militar española quería poder tener fuerza de proyección (eufemismo de intervencionismo o de invasión) muy lejos de nuestras fronteras.  Para ello eran indispensables aviones de transporte con mucha capacidad y amplio radio.

El diseño militarista pensó que lo necesario eran 27 A400M.  La cifra era disparatada para un país como España.

Por ello, mucho más tarde, el anterior Secretario de Estado de Defensa, Pedro Arguelles, pactó con Airbus la compra de 14 A400M (avión de transporte militar) entre 2016 y 2022, y posponer la recepción de los 13 restantes hasta 2025.

Entonces a Morenés y a Arguelles les pareció un ejemplo de gran gestión comercial.  Es decir, postergaban el problema unos cuantos años, los suficientes para salir del Ministerio de Defensa y para que otros tuviesen que ocuparse del problema.  Genial.

Si Defensa no cumplía, el Estado debería pagar 243 millones de € como penalización a Airbus.

Ahora el problema está aquí:

Defensa ya ha declarado estos 13 aviones como “no operables” –es decir, innecesarios—y ha aceptado pagar a Airbus 243 millones por la cancelación de este pedido.

Vemos muchas malas prácticas en estas decisiones:

  •  La primera es que nuestros militaristas dirigentes siempre planifican los gastos muy por encima de las necesidades y de las posibilidades de España.  Les da igual porque nadie les va a pedir cuentas.
  • Para ellos prima el programa de fabricación de armamentos sobre las necesidades de defensa españolas reales o sobre las posibilidades económicas españolas, lo importante para los políticos militaristas es que se pueda hacer el nuevo modelo de armas, ofertándolo como un futuro éxito de ventas.  Luego, como en el caso que nos ocupa del A400M estas ventas no llegarán, pero les da igual porque nadie les va a pedir cuentas.
  • La tercera es que nuestros dirigentes militaristas siempre acaban favoreciendo a la industria militar y son capaces de firmar multas que le impondrá la industria militar al Estado si no cumplen con lo pactado.  Les da igual, el Estado somos todos y lo pagaremos a escote con los impuestos.  Además, la ciudadanía no acaba de entererarse.
  • La cuarta es que los políticos militaristas ven muy fácil endeudar a España porque nadie les va a pedir cuentas.  Total, cuando la deuda militar sea un problema ellos ya no estarán en el poder (estarán jubilados), o podrán recurrir al argumento de echar la culpa a gobiernos previos.

Mientras el Parlamento y la sociedad permanezcan ignorantes y callados no habrá problema para los políticos militaristas.  Hasta que no haya una auditoría independiente de Defensa no habrá soluciones.

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La necesidad de desmilitarizar Gran Canaria

Imagen de Aysha Bibiana Balboa

Fuente:  Eldia.es

Nuevamente se hace patente el alto grado de militarización de Canarias, ahora es

El diputado de NC Pedro Quevedo preguntará en el Congreso a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, “si comparte” la proposición no de ley aprobada la pasada legislatura para que Las Palmas de Gran Canaria puede recuperar para uso ciudadano el suelo de la Base Naval.

Remarca Quevedo que las instalaciones ya no tienen sentido en la Canarias actual y que hay un alto grado de consenso para que se recuperen los terrenos de la base naval para uso civil:

Quevedo sostiene que los motivos que llevaron en los años cuarenta a la Armada a construir esas instalaciones en el puerto de la capital grancanaria -las más importantes que tiene en Canaria- han quedado “obsoletos” y recuerda que el pleno del Ayuntamiento de la ciudad ha pedido en varias ocasiones que la Base Naval se traslade a otro lugar.

El diputado nacionalista opina, además, que existe un “elevado consenso general, tanto político como social, para que la ciudad recupere la Base Naval y la integre con el resto de la capital”.

Parece ser que la Comisión de Defensa, en 2016 había aprobado una propuesta que

Su texto definitivo -en el debate se introdujeron enmiendas- insta al Gobierno a crear un grupo de trabajo del que formarían parte el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno canario y la Autoridad Portuaria “al objeto de determinar el futuro de un área clave para la ciudad, tanto por su contacto con el mar, como por constituir un espacio potencialmente receptor de equipamientos y dotaciones de espacio público y ocio”.

Ese grupo de trabajo, decía la propuesta, tendría entre sus tareas estudiar las posibles alternativas para una nueva ubicación de la Base Naval, calcular cuánto costaría el nuevo emplazamiento y definir las posibles vías para la cesión del espacio actual que hagan posible su recuperación para la ciudad.

Era, por tanto, la propuesta de la Comisión de Defensa un mero intercambio de lugar, que acabaría por militarizar y hacer dependiente la economía de otro lugar de Canarias.

Como se ve, son dos las constantes que caracterizan al Ministerio de Defensa:  nunca pierde en lo económico, y nunca es solidario con las necesidades civiles y ciudadanas.

¿Se acabará convirtiendo este caso en una oportunidad más para la especulación militar?

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Los gastos en Defensa del Congreso de los Diputados, viajes internacionales en 2016: más de 723 € al día

Fuente:  Congreso.es y Público.

Nos dice Público que ha habido mucho gasto en viajes por parte de los diputados del Congreso durante 2016:

Los desplazamientos realizados por los 350 diputados durante el año 2016 ocasionaron un gasto al Congreso de 3.755.962,76 euros, cifra que corresponde a las cantidades pagadas para ir y volver a sus circunscripciones y también al sufragio de sus viajes de partido, que también paga la institución. Además, los viajes internacionales realizados el año pasado por delegaciones parlamentarias y comisiones de la Cámara baja supusieron un desembolso de 1.052.232,18 euros.

Por nuestra parte, hemos investigado los viajes internacionales para cuestiones de Defensa de l@s diputad@s.  El total nos parece muy alto 260.470’53 € en el año 2016.

Esto supone

  • 21.705’87 € al mes
  • 723’52 € al día.

Una barbaridad.  Y hay que saber que aún nos queda por averiguar cuánto se gastaron en viajes en territorio nacional.

El desglose sería el siguiente:

Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE Visita de Trabajo a la República Checa y a Serbia para intentar encontrar soluciones a la crisis migratoria Praga, 1 a 5 de febrero de 20163.049,43€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
Comisión Política conjuntamente con OCDE, París, 4 y 5 de febrero de 2016
2.069,35€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE
XVI Reunión de Invierno de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE
Viena, 25 a 26 de febrero de 2016
12.858,16€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
Subcomisión para la gobernación democrática, Sarajevo y Belgrado, 7 al 10 de marzo de 2016
3.049,43€
Comisión de Defensa.
Seminario: La dimensión parlamentaria de la cooperación en materia de Defensa
Ámsterdam, 14 a 15 de marzo de 2016
3.802,88€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
Comisión Permanente, París, 2 de abril de 2016
3.893,42€
VIII Conferencia interparlamentaria para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)
La Haya, 6 al 8 de abril de 2016
13.967,69€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE
Reunión del Bureau, Copenhague, 10 y 11 de abril de 2016
2.745,60€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
Grupo Especial Mediterráneo, Seminario Rose-Roth y Subcomisión de Relaciones Económicas
Transatlánticas, Rabat, 20 al 22 de abril de 2016
3.250,74€
Comisión de Economía y Competitividad
Taller de la EISC. Espacio y Seguridad
Sinaia, 18 y 19 de abril de 2016
2.695,97€
Comisión de Interior
Taller acerca del papel de los legisladores en el diseño de políticas antiterroristas
Estambul, 20 y 21 de abril de 2016
5.528,19€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE
Visita a los campamentos de refugiados de Calais (Francia).
Calais, 10 al 12 de mayo de 2016
1.712,58€
Delegación española en la Conferencia para la Política Exterior y Seguridad Común y la Política Común de Seguridad y Defensa.
Reunión de Presidentes de la Comisión de Defensa y Asuntos Exteriores de Parlamentos Mediterráneos, en el marco de actividades de la Conferencia interparlamentaria para la PESC y PCSD.
Atenas, 16 y 17 de mayo de 2016
2.913,64€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
Sesión de Primavera
Tirana, 27 al 30 de mayo de 2016
21.500,64€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE
25 Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.
Tiblisi, 30 de junio al 5 de julio
27.107,32€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
Reunión de la Subcomisión sobre miembros asociados a la OTAN
Shanghai, Pekín, 25 al 29 de julio de 2016
12.700,21€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE
Misión de indagación para investigar sobre el terreno los hechos acaecidos
Ankara, 15 al 17 de agosto de 2016
1.853,09€
Delegación española en la Conferencia para la Política Exterior y Seguridad Común y la Política Común de Seguridad y Defensa.
Conferencia Interparlamentaria para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD).
Bratislava, 3 y 4 de septiembre de 2016
7.983,96€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE
Visita de campo a Sicilia (Italia), organizada por la Comisión Especial sobre Migraciones
Sicilia, 7 y 8 de septiembre de 2016
1.533,25€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
Subcomisión sobre el futuro de la capacidad defensiva y de seguridad
Londres, 13 y 14 de septiembre de 2016
2.168,39€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE
Reunión de Otoño 2016
Skopje, 30 de septiembre al 2 de octubre de 2016
15.181,71€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
62 Sesión Anual
Estambul, 18 al 21 de noviembre de 2016
89.619,16€
Comisión de Interior
Reunión interparlamentaria de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE), sobre Europol y su control parlamentario en el marco de las políticas internas de seguridad de la UE.
Bruselas, 28 de noviembre de 2016
2.084,65€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
Foro Parlamentario Transatlántico
Washington, 5 y 6 de diciembre de 2016
15.640,08€
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE
Reunión del Bureau
Hamburgo, 7 y 9 de diciembre de 2016
1.560,99€
TOTAL260.470’53 €

 

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Ciudadanos apoya el aumento del gasto militar

Fuente: Infodefensa

Nos informa Infodefensa de la apuesta, que por otra parte estaba cantada, de Ciudadanos por el aumento del gasto y las inversiones militares.

Su portavoz en la Comisión de Defensa, el gaditano (como el portavoz de Podemos) Francisco Javier Cano, tiene muy aprendido e interiorizado el discurso del poder acerca del aumento “necesario” del gasto militar.

Cano es hijo de militar y tal vez eso marca. Como también marca el ser letrado de la diputación de Cádiz, donde la derecha, tanto del PSOE como el PP, han ido petrificando el lobby pro-gasto militar con el viejo cuento del mucho (que ni es tanto ni da para tanto) del trabajo que supone para Cádiz la fabricación de armas.

De modo que era de esperar que Cano fuera algo así como un lorito de repetición de los principales argumentos del militarismo en temas de gasto militar. Y a fe que cumple su papel.

Dice, entre otras cosas, que se deben desarrollar planes industriales para las empresas del sector de la defensa y, más en concreto, de Navantia, para dar trabajo a Cadiz, su otra pasión.

Apuesta por mantener y reforzar la presencia militar española en el Sahel y en Europa del Este, y por que España sea “relevante” en la política militar de la UE. Y todo ello, afirma, cuesta dinero.

También dice que los PEAS deben financiarse, sin ninguna duda, y hacerlo desde los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto a los PEAS, no se conforma con buscar “una solución” al pago de los más de 20.000 millones de euros que dice que se deben (se deben más), sino que, además, hay que establecer nuevos programas de armamento que suponen mucho más gasto, por lo que será necesario pactar una política de estado (bonito nombre para referirse a un pacto desde arriba incuestionable y ajeno al debate y cambio)  con una ley estable. Su propuesta consistiría en compaginar el pago de la deuda atrasada y los nuevos programas y dotarse de un ciclo de inversiones plurianuales para cada nueve años.

También propone una nueva Directiva de Defensa Nacional, así como planes de inteligencia para el CIFAS (el espionaje dependiente de Defensa) y de ciberseguridad, así como planes para impulsar a lo grande la industria militar y la venta de armas, de la que le parece ideal la colaboración inestimable del rey y sin cuestionar si las armas se venden a países más o menos decentes.

Total, un programa que lo más novedoso que tiene es la certificación de que Ciudadanos también forma parte del núcleo duro del militarismo rampante, del “consenso” en defensa y del partido militarista tácito que desde hace tanto sigue rigiendo los destinos militares del estado sin control ni crítica alguna.

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¿Exenciones a las empresas militares de los PEAS?

Imagen de .Bambo.

Como nos viene pasando habitualmente en los temas de Defensa, no salimos de nuestro asombro.

Leemos en Defensa.com que Cospedal ha conseguido algo que nos parece un nuevo privilegio militar:

Si bien, ha habido otra noticia en materia económica digna de mención:  Defensa ha conseguido que el Gobierno imponga una excepción fiscal a las empresas de Defensa adjudicatarias de los 18 PEAS con el fin de evitar que sean embargadas por Hacienda.  El Ministerio amenazaba con esta medida extrema ante la imposibilidad de aquellas para hacer frente a sus obligaciones con el Ministerio de Industria por los retrasos en los pagos, a su vez, del Ministerio de Defensa.

Vemos que cita a otra fuente y recurrimos a ella:  El Confidencia.com, que en su noticia “Cospedal, ‘cautiva y desarmada’ ante Hacienda para pagar compras de Defensa” subtitula:

El Gobierno ha impuesto una excepción fiscal para evitar embargos contra las empresas públicas de armamento que deben a Industria lo que Defensa no les paga a ellas

Hemos buscado en

Y no hemos encontrado tal norma.

¿Lo están haciendo en secreto?  ¿Es un globo sonda?  ¿Es un bulo?  ¿Es un error?

Si fuese realidad, habría que leer tal norma para ver:

  • cómo fundamentan este nuevo privilegio a la industria militar
  • qué conceden a la industria de la muerte, en concreto.

Por ahora no hay noticias claras. Todo muy extraño.

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