Archive for actualización gasto militar 2013

El Tribunal de Cuentas dictamina: sobrefinanciación, sobrecostes y otros fallos en los PEAS de Morenés

Fuente: Voxpopuli

A juzgar por la opinión del Tribunal de Cuentas, a Pedro Morenés, ex-ministro de defensa y Grande de España, le han castigado mandándolo de embajador a EEUU, un sitio cutre donde los haya, por manta y por manirroto.

No se explica, de otro modo, el castigo ejemplar que ha recibido.

Dice el Tribunal de Cuentas, que ha revisado las que presentó el Ministerio de Defensa relativas a los años 2012 a 2014, que estas son todo lo peor que se pueda imaginar (se supone que todo lo peor menos austeras, porque para el Estado el que el gasto militar sea desmesurado no es un mal).

Las cuentas de Morenés son un cuento, de la categoría de cuento de Carracuca, feos y apolillados.

El informe, que puede verse pinchando aquí, dice entre otras lindezas, que todo el negocio del pago de los créditos extraordinarios para financiar programas de armamento ha sido una ruina y un verdadero despropósito contable y político.

Describe muy bien el mamoneo que hay con la financiación de los programas espaciales de armamento (PEAS), que implica a tres «actores»

el Ministerio de Defensa, adjudicador y cliente del contrato de adquisición; el Ministerio de Industria, financiador parcial del contrato mediante anticipos reintegrables a la empresa adjudicataria (a tipo cero); y el Contratista Principal, adjudicatario del contrato. Los dos Ministerios, el de Defensa y el de Industria, suscriben, con carácter previo al arranque del programa, un acuerdo general por el que se formaliza su voluntad conjunta de desarrollar un programa de adquisición al que se le dotará de prefinanciación en el marco general de un apoyo a la consolidación del sector industrial de la Defensa y el apoyo a procesos innovadores en materia tecnológica

Por ejemplo en sus conclusiones se señala que

la financiación de los créditos extraordinarios se hace con cargo a Deuda Pública, cuando se trata de operaciones no financieras, cuya financiación debería haberse hecho con baja en otros créditos no financieros o del Fondo de Contingencia

Los sistemas de armas contratados se entregan al Ministerio de Defensa, según un calendario previamente definido que casi siempre, y por muy diversas circunstancias, es objeto de modificación. El Ministerio a medida que recibe las unidades contratadas, y por tanto de forma diferida, paga las adquisiciones al contratista principal con cargo a su Capítulo VI (inversiones reales).

El contrato de obra mediante el abono total del precio, unido a la posibilidad de pagos aplazados contenida en la Ley General Presupuestaria, es lo que permite al Ministerio diferir el pago y distribuir la carga financiera en el tiempo.

Finalmente, las empresas adjudicatarias devuelven al Tesoro Público los anticipos recibidos del MINETUR según unos calendarios pactados y a medida que reciben los pagos comprometidos del Ministerio de Defensa.

La financiación del MINETUR cubre en algunos casos hasta la totalidad del precio del contrato. En este caso los pagos que realiza MINISDEF serán destinados por el contratista a la devolución de los anticipos recibidos, si bien, en ocasiones la financiación de Industria no cubre la totalidad del precio, de modo que parte de los desembolsos del MINISDEF sirven también para terminar de financiar el coste del programa.

o que

mientras el crédito extraordinario concedido en 2012 se destinó a satisfacer obligaciones de ejercicios anteriores, los aprobados en 2013 y 2014 estaban dirigidos a la cobertura de obligaciones del propio ejercicio, que en ocasiones no habían nacido con anterioridad a la concesión del crédito extraordinario, lo que cuestiona la existencia de una extraordinaria y urgente necesidad que justificara la tramitación de un Real Decreto-ley.

y

Respecto a la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria, las memorias justificativas se limitan a señalar que no hay crédito suficiente y a reproducir el listado de cuantías por programa cuya financiación extraordinaria se solicita. Las memorias económicas son, a su vez, breves y apenas incorporan una somera referencia a las necesidades que han de atenderse con las cuantías solicitadas para cada programa. La memoria económica correspondiente al crédito extraordinario y suplementario del año 2014 no contiene dato alguno relativo a las necesidades concretas que justifican la solicitud

El informe acusa a Morenés de permitir alegremente sobrecostes, de admitir sin pestañear retrasos y aplazamientos en la entrega de las armas convenidas, de no exigir responsabilidades ni indemnizaciones y de sobrefinanciar por la puerta de atrás a la industria militar.

Defensa abusa de figuras de verdadera ingeniería contable que disfrazan sus cuentas

El uso excesivo de la figura de la modificación presupuestaria ha sido ampliamente criticado por el Tribunal de Cuentas desde la perspectiva de los problemas que la falta de dotación inicial en los créditos genera al gestor de fondos públicos (la insuficiencia del crédito inicial implica que durante diferentes periodos de tiempo de cada ejercicio presupuestario, no se disponga de los recursos necesarios para atender las necesidades existentes y se tienda a utilizar transitoriamente otros créditos realizándose posteriormente las oportunas rectificaciones lo que da lugar a una gestión presupuestaria laboriosa y confusa, además de formalmente irregular), como desde una dimensión competencial. Y ya desde tiempo más reciente, el control sobre las modificaciones debe intensificarse desde la perspectiva de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Afirma que los «créditos extraordinarios» son un fraude para pagar los PEAS y que

debe ponerse de manifiesto que la situación jurídico financiera de los PEAs no era, ni es, en absoluto desconocida ni imprevisible, sino todo lo contrario

La financiación a través de créditos extraordinarios y suplementarios de la rúbrica 14.030122B.65 de los Prepuestos Generales del Estado desde 2012 se ha convertido en una situación presupuestaria estructural contraria a los principios de la planificación y la estabilidad presupuestaria, en defecto de una presupuestación realista ajustada a los compromisos de sobra conocidos, como es obvio a la luz de los sucesivos Acuerdos de Consejo de Ministros de reprogramación financiera de los PEAs y de las propuestas de anteproyecto de presupuesto remitidas al Ministerio de Hacienda por el Ministerio de Defensa.

Pero además, supone una violación inadmisible de leyes

Puede concluirse por tanto que la justificación de la vía de financiación de estas modificaciones presupuestarias para atender obligaciones no financieras no es consistente, pues en ocasiones se apela a la falta de impacto en la capacidad de financiación del Estado, en otras a la insuficiencia del Fondo de Contingencia y en otras a la discrecionalidad y previsibilidad de las obligaciones a satisfacer como causa de la excepción a la financiación a través del citado Fondo, todo lo cual plantea dudas sobre la corrección del empleo de Deuda pública para financiar créditos extraordinarios y suplementos de crédito destinados a atender obligaciones no financieras del presupuesto, ya sea para satisfacer obligaciones del propio ejercicio o de ejercicios anteriores atendiendo al mandato contenido en los artículos 55 y concordantes de la LGP. Este tipo de actuación podría implicar una derogación singular de la regulación general contenida en la Ley General Presupuestaria, que si bien tiene el mismo rango normativo, trata de vertebrar con vocación de generalidad la materia regulada, de modo que, como ya señalara también el Consejo de Estado (dictamen nº2096/2003 de 10 de julio, sobre el anteproyecto de Ley General Presupuestaria), no resulta apropiado introducir excepciones singulares a las leyes generales por la vía del Decreto-Ley, sin perjuicio de su admisibilidad según los casos (STC 6/1991, de 15 de enero).

Acude a los distintos programas financiados y encuentra defectos importantes en cada uno de ellos, tanto en los sobregastos, como en la financiación irregular y caprichosa a la industria militar, retrasos de la industria militar en sus entregas y falta de garantías y de reparaciones al estado por incumplimientos de la industria militar.

Los PEAS, concluye, son un desastre y un agujero insostenible en el bolsillo de los ciudadanos.

Morenés, por tanto, se ha destacado como un desastre para el control de los dineros públicos y para el interés general, pero a lo mejor desde la perspectiva de la industria militar ha sido una bendición del cielo.

Y precisamente, con este nefasto pasado, Rajoy le ha castigado desterrándole a EEUU, donde a buen seguro, y en una administración que ya ha dado síntomas de su interés por la cosa pública y por la paz, será un apestado por su nefasta gestión de lo público. A lo mejor le vemos de vuelta, haciendo de las suyas, antes de lo previsto.

Es el justo merecido a su metedura de pata permanente.

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Nuevo informe sobre ventas de armas españolas. Un negocio viento en popa

Fruit+reflection

Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias del Trabajo Universidad de Sevilla

 

Fuente: Infodefensa

5.233 millones de euros. Se dice pronto.

Es la cifra de ventas de armas españolas durante 2013 según la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. Implica un incremento de casi el 5% respecto del año anterior.

De este chorro de dinero 1.008 millones son de autoventa al ejército español y 4.224 millones (81% restante) a países ajenos.

Además de todo esto, la «balanza» comercial de Defensa resulta favorable, pues durante 2013, se vendieron 2.287 millones de euros por encima de los comprados al exterior, lo que nos pone en uno de los principales países vendiendo armas a troche y moche.

Para la voracidad de nuestro ejército todo esto no es nada. De hecho el informe critica la poca venta de armas al ejército español y dice que:

No obstante, dicho incremento no oculta las malas cifras procedentes del mercado interno (-353 millones de euros), que descienden por quinto año consecutivo

Mil millones no son nada y si no que se lo digan a los que han sufrido recortes en sus derechos y libertades.

Por desgracia no hemos podido acceder al informe en directo, sino únicamente a la noticia sobre el mismo, por lo que no podemos ofrecer una valoración más precisa del mismo.

En todo caso, no es una buena noticia que la marca España que tanto gusta de decir al cutrerío autóctono, se distinga por vender armas por encima de cualquier otra cosa.

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616 millones de gasto extra en el presupuesto militar 2014

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Landahlauts

Fuente: europasur

En la comparecencia del Ministro de Defensa de 16 de diciembre de 2014 en la Comisión de Defensa del Congreso, ha explicado que en 2014 se han gastado 616,8 millones de euros, los cuales no estaban presupuestados, en operaciones de mantenimiento de paz.

La cantidad, de ser cierta, es inferior a la de 2013 y tiene que ver con la reducción de algunas de las misiones militares en las que participó España en 2014. Pero es engañosa por dos cosas:

  • Primera, porque con cargo a 2014, el propio Consejo de Ministros ha dado un crédito de 41 millones de euros para los misiles Patriot a poner en Turquía de los que se van a pagar con cargo a 2014 489.346 euros, hecho del que ya advertimos hace unos días.
  • El ministro no contabiliza el despliegue en Turquía e Irak en esta cantidad, que ya ha empezado pero que culminará en Febrero y cuyo coste para el primer semestre de 2014 será de no menos de 35 millones de euros.
  • El año próximo España se mantendrá en las operaciones de este año, más la ya referida de Turquía e Irak y, ha dicho el Ministro «en ningún caso se puede descartar que el próximo año haya crisis que justifiquen más intervenciones internacionales o que la evolución de las que hay requiera nuevas actuaciones por parte española» lo que equivale a un aumento importante de la factura para 2015 por este concepto.

Nuevamente, la factura española a operaciones de ingerencia militar en otros lugares es abultada y no se encuentra prevista en los presupuestos generales del estado, aunque se sabe aproximadamente su cuantía.

Nuestra política de defensa es tremendamente agresiva e intervencionista:

  • Desde Felipe González a la fecha hemos intervenido en 70 operaciones militares, con una cifra astronómica de gasto en ellas; somos el 5 contribuyente mundial en mamporros internacionales y el segundo de la UE, y en la actualidad contamos con 7 escenarios militares abiertos con presencia española, más un octavo en el que acabamos de comprometernos en Turquía e Irak.
  • El gasto total en intervenciones militares en el exterior por esas 70 operaciones que hemos protagonizado es monumental y en perjuicio de las necesidades sociales.

Todo ello muy navideño. Tanto que dá vergüenza ver a los descarados políticos haciéndose fotos propagandísticas con estos militares desplegados en los distintos puntos del globo para mantener el status quo que garantiza un orden internacional injusto y de violencia estructural.

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Las curiosas prerrogativas del INVIED

Sherman+Ave.+Seasons+Mural

Left Hand Rotation Acciones Urbanas

Es curiosa la vida y particularidades del INVIED, un organismo creado para promover el enriquecimiento de los ejércitos con la venta de terrenos y las inversiones en infraestructuras y armas.

El INVIED es el heredero de un largo proceso normativo y político perfectamente planificado por los políticos militaristas del PP y del PSOE para la negociación inmobilliaria autónoma de los ejércitos y, de paso, para la obtención de recursos con los que comprar armas por la puerta de atrás.

Veamos algunos pasos de este singular proceso, caracterizado, como tantas otras cosas de lo militar, por el ocultismo, la opacidad y la falta de un verdadero control político, parlamentario y ciudadano.

1.- EL PSOE crea un «organismo autónomo» para la especulación inmobiliaria militar:  la gerencia de infraestructuras

El primer paso fue dado por el Gobierno de Felipe González mediante Ley 28/1984 de 31 de julio, por la que se creó la «Gerencia de Infraestructuras» del Ministerio de Defensa.

El organismo así creado tenía una pretensión que aparece en el preámbulo de la norma; atender a

la necesidad de contar con medios propios, que permitan una actuación mas flexible de la Defensa en materia urbanística e inmobiliaria, así como la especial de repercusión que supone el nuevo despliegue de los Ejércitos en el conjunto de la reestructuración territorial proyectada, con supresión de algunas unidades y creación de otras nuevas, junto con la cada vez mas urgente necesidad de trasladar determinadas instalaciones militares fuera de los núcleos urbanos, hace necesaria la existencia de un organismo autónomo, con facultades para la adquisición y enajenación de bienes inmuebles y para la colaboración con los Organismos autonómicos y locales en la planificación urbanística.

Para este fin, la norma crea esta «gerencia» como un organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Defensa,

Se crea la gerencia de la Infraestructura de la Defensa como Organismo autónomo de carácter administrativo dependiente del Ministerio de Defensa (art. 1)

el organismo tendría una duración máxima, según la referida ley, de 10 años.

Es importante alertar de nuevo sobre esta característica singular: organismo autónomo. Es decir, con funcionamiento autónomo (y por ello no sometido a los controles rígidos de los departamentos ministeriales) y personal propio, que funciona como una entidad diferenciada, para negociar en el mundo de los negocios. Ello obedece a la intención de que los negocios inmobiliarios de los militares no se vieran entorpecidos por el control rígido de la administración, una tónica que, como veremos, se ha reforzado constantemente en lo militar y, en general, en todas las actividades especulativas de las distintas administraciones en su ideológica transformación hacia «el mercado».

El caramelo envenenado: Se prohíbe donar o ceder bienes militares.

La norma que crea este organismo autónomo, además, prohíbe por primera vez de forma normativa, que los terrenos pertenecientes a Defensa se puedan donar o ceder a entidades sin ánimo de lucro o a ayuntamientos o entidades privadas o públicas (salvo las limitaciones legales de cesión forzosa impuestos por la normativa urbanística, consistentes en que un porcentaje de toda promoción que afecte a un plan urbanístico debe cederse legalmente para usos comunes y dotaciones públicas).

Con esta prohibición, únicamente se puede proceder o a la venta o a la permuta de los bienes militares, nunca a su cesión o donación. Una elegante manera de asegurarse ingresos a espuertas y de zanjar todo tipo de reivindicación de reversión de bienes militares a usos sociales.

Es curioso que una norma destinada a crear un organismo autónomo para la compra y venta de terrenos, precisamente del segundo terrateniente de España (el primero es Renfe), contenga una especie de «caramelo envenenado» que, si bien venía siendo práctica habitual desde el franquismo, no tenía rango de ley hasta que Felipe González ordena su inclusión en la ley que estamos explicando.

La prohibición de que los terrenos militares puedan ser cedidos o donados viene incluida en un punto de la ley 28/1984, en el que supuestamente se nos están indicando las «funciones» de la Gerencia de Infraestructuras (y en el que, como quien no quiere la cosa, se nos introduce la prohibición para que nadie se de cuenta de ello). Una manera algo peculiar de tirar la piedra y esconder la mano.

El texto dice

Serán funciones de la gerencia de infraestructura de la defensa:

1.Desarrollar las directrices de defensa en materia de patrimonio y condiciones urbanísticas del mismo para contribuir a la elaboración y realización de los planes de infraestructura de las Fuerzas Armadas, …

2.- Proponer modificaciones a los planes generales, …

3. Colaborar con los Ayuntamientos en los planes de ordenación urbana, …

4. Adquirir bienes inmuebles con destino al dominio público del estado, para su afectación a los fines de defensa, conforme a los planes de infraestructura de las Fuerzas Armadas, así como enajenar mediante venta o permuta los inmuebles de dominio publico estatal que dejen de ser necesarios para la defensa, según los correspondientes planes, con el fin de obtener recursos para las instalaciones militares que satisfagan en cada momento las necesidades en esta materia, a estos fines, la enajenación de bienes demaniales por parte de la gerencia de la infraestructura de la defensa requerirá, por parte del Ministerio de Defensa, la previa y expresa desafectación de los bienes del fin público al que estaban destinados y la declaración de su alienabilidad, el Ministerio de Defensa pondrá entonces los bienes a disposición de la gerencia de la infraestructura de la defensa para que se proceda a su enajenación, a titulo oneroso, sin que en ningún supuesto puedan cederse los bienes gratuitamente a ninguna persona física o jurídica, publica o privada, salvo en las cesiones a que obligue la legislación urbanística.

Como se ve, el mecanismo es sencillo. Defensa puede desafectar los bienes de «su» propiedad. Una vez «desafectados», se ponen a disposición de la Gerencia de Infraestructuras, que los debe «enajenar» a título oneroso, sin que quepa cederlos de forma gratuita.

Vayamos atando cabos: Defensa, el segundo terrateniente de España, puede especular con sus terrenos, saltándose a la torera los controles precisos en cualquier enajenación civil de patrimonio público, ya que cede los bienes a «su» organismo autónomo, que los debe vender o permutar por otros, sin posibilidad de cesiones o reversión alguna (permitida en el resto de bienes públicos), para inyectar el dinero obtenido con este negocio a las infraestructuras militares, y sin pasar por los presupuestos generales del estado. Y esto ocurre desde que Felipe González se inventó la norma.

Si nos preguntamos por el título que hizo «propietario» a Defensa de determinados bienes malhabidos, cedidos por ayuntamientos en los años del franquismo, expropiados para supuestos fines militares o, sencillamente, obtenidos desde tiempo inmemorial sin otro título que la ocupación, podríamos tener la aspiración de que, cuando dichos bienes dejaran de tener un uso militar, reviertan a sus anteriores propietarios, como ocurre en otros procesos de expropiaciones «civiles». O podríamos aspirar a que los bienes de la defensa ya inservibles fueran «cedidos» a otros usos sociales o, incluso, que el dinero obtenido por su enajenación ingresara en las arcas comunes para atender a las necesidades sociales. Pero en materia de defensa todo esto está prohibido gracias a un artículo introducido sibilinamente en una ley por la que crea un organismo gestor, por el gobierno de Felipe González, adalid de la democracia.

Otra curiosidad de la norma:  las ventas pueden hacerse en pública subasta o a dedo. Lo autoriza el artículo 3. Y como veremos más adelante, amén de posibilitar el enchufismo endémico del sistema y el enriquecimiento de empresas de amiguetes, produjo también un escollo al sistema de barra libre ideado por el Ministro Narcís Serra, por lo que otro ministro socialista (en este caso el puertagiratoria García Vargas) hubo de idear una fórmula para salvar todo tipo de obstáculo.

Las ventas se llevaran a cabo normalmente por el procedimiento de publica subasta. No obstante, se faculta a la gerencia para enajenar directamente bienes inmuebles, tanto a particulares como a comunidades autónomas y a corporaciones locales, en el supuesto de concurrencia de los intereses urbanísticos de estas con los de defensa, debiendo se aprobada por el Consejo de Ministros, previa comunicación al Ministerio de Economía y Hacienda, la venta o permuta.

2.- Un segundo paso:  el descontrol de defensa

Salvado el primer escollo, es decir, dotar a defensa de capacidad para la especulación inmobiliaria mediante la creación de un organismo sin excesivo control y creado para ello, quedaba el escollo de las desafecciones y de las ventas en pública subasta. Nos explicaremos:

Según la ley española, las operaciones de venta de bienes públicos mediante el método de «subasta» y hasta la cantidad de 3.000 millones de las antiguas pesetas, debía proceder y ser controlada por el Ministerio de Hacienda, fuere cual fuere el ministerio que pretendiese la subasta. A partir de los 3.000 millones, la decisión debía partir del Consejo de Ministros. Esta norma pretendía evitar chanchullos, loable propósito que solía saltarse porque con González de presidente para quien era igual que el gato fuera negro o blanco con tal de que cazara ratones, «quien hace la ley, hace la trampa».

Gran parte de las operaciones inmobiliarias y de los pelotazos buscados por el Ministerio de Defensa de la época,se encontraron con este doble límite que les ponía en la tesitura de dar explicaciones.

Pero esto se acabó en 1994, al desaparecer el filtro entorpecedor, también por medio de otra norma publicada bajo el mandato político de Felipe González, y siendo ministro de Defensa Julián García Vargas, actualmente jefe de la patronal del sector de la defensa.

Desde 1994 el Ministerio de Defensa consigue un cambio normativo y obtiene el privilegio de poder subastar directamente bienes patrimoniales de hasta 3.000 millones de euros, al igual que Hacienda, sin dar tres cuartos al pregonero y se relajan los controles para cantidades superiores, pues el Consejo de Ministros se limitará a ratificar las propuestas de defensa.

Imagen de infodefensa.com

3.- Un giro de tuerca:  la autorización para que el nuevo organismo autónomo compre armas

Las cosas iban razonablemente bien para el proceso de «modernización»  permanente del Ministerio de Defensa, pero podían ir mucho mejor, de modo que el gobierno sucesor, ahora del PP, pegó otro gran salto para hacer de la ocurrencia de un organismo autónomo, un instrumento más allá de la mera especulación urbanística e inmobiliaria.

En el año 1998, ahora con el Ministro Serra Rexac (otro de los prohombres del girapuertismo militar-industrial)  y bajo gobierno del PP, continuó la política de empoderamiento de la autonomía especulativa militar, al reformar el viejo organismo, que ahora pasó a llamarse «Gerencia de Infraestructuras y equipamiento» de la Defensa, y autorizó que, amén de la compraventa de terrenos y la especulación inmobiliaria, también pudiera adquirir armas y material para el uso militar.

La autorización para la adquisición de material militar y armas se hizo por Ley 50/1998 (por cierto, una ley de presupuestos generales del estado para el año siguiente), cuyo artículo número 71.2 dice

Son funciones de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa las siguientes:

a. La administración y disposición de su patrimonio propio.

b. La adquisición de infraestructura, armamento y material para su uso por las Fuerzas Armadas.

c. La enajenación de los bienes muebles e inmuebles que sean puestos a su disposición por el Ministerio de Defensa para su administración y disposición a título oneroso.

d…

Es un paso esencial, porque a partir de este momento, el ejército ha contado con un organismo autónomo con capacidad para la adquisición de armamento, ya sea por medio de los recursos por dicha gerencia adquiridos por la enajenación de inmuebles, ya por la aportación del singular mecanismo de créditos extraordinarios y extrapresupuestarios con los que Defensa ha venido incrementando el gasto militar fuera de los presupuestos de defensa.

Este carácter de instrumento de ocultación del gasto militar viene destacado en un estudio sobre el uso del espacio militar en Madrid publicado por Dolores Brandis y otros, en el que se nos señala que

De esta forma la Gerencia se convierte en el instrumento ordinario para desarrollar las directrices en materia de patrimonio y, al mismo tiempo, de financiación extrapresupuestaria, pues puede remitir fondos al Estado para atender las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la generación de crédito …

4.- La creación del INVIED

El INVIED nace reconvirtiendo el anterior organismo autónomo, junto con otro organismo autónomo militar, el Instituto para la Vivienda de las fuerzas armadas (encargado de dar vivienda en suculentas condiciones a los militares y sus familias) a la nueva denominación de Instituto  de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (INVIED), por ley 26/2009 de 23 de diciembre, al aparecer en la disposición adicional 51 de dicho texto (por cierto, un texto dedicado a los presupuestos Generales del Estado para 2010) bajo el mandato en defensa de Doña Carmen Chacón.

Vemos la continuidad de las políticas y de la práctica de meter las disposiciones de este organismo singular en los rincones de leyes destinadas a otras cosas, como si se quisiera ocultar algo.

El nuevo engendro asume las competencias de los dos anteriores (es decir, las que ya tenía de especulación inmobiliaria y adquisición de armas y equipamientos, más las de proveer de vivienda en buenas condiciones y de subvenciones para la vivienda a los militares) así como otras nuevas que le han ido «añadiendo».

Según detalla la Memoria del INVIED de 2012, última publicada,

La misión del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa consiste básicamente en la obtención de ingresos procedentes de la gestión y enajenación del patrimonio inmobiliario propio y del puesto a su disposición, de la enajenación de bienes muebles y de la explotación de los bienes afectados, para dedicarlos a la adquisición de infraestructura y equipamiento para su uso por las Fuerzas Armadas, contribuir a su profesionalización y modernización, favorecer la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como atender a los programas específicos de investigación, desarrollo e in novación en el ámbito de la defensa

Es decir, a las funciones anteriores y las de apoyar a la vivienda militar (en la retórica «favorecer la movilidad de los miembros de las fuerzas armadas») se han incorporado las de atender a los programas de i+d+i militar, un pellizco que ha ido creciendo en el presupuesto de defensa en detrimento del i+d civil.

Pero veamos la norma en concreto. Dice así:

Uno. Se aprueba la refundición de los Organismos Autónomos Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa que se hará efectiva, a iniciativa del Ministerio de Defensa, en el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley.

Dos. El Organismo Autónomo resultante de la fusión pasará a denominarse Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, tendrá personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad de obrar, dentro de su esfera de competencia, para el ejercicio de las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de los fines que la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus normas de desarrollo, el artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, el Real Decreto 1687/2000, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y demás normativas de desarrollo, atribuyen en la actualidad al Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas y a la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, y asumirá las funciones, los derechos y las obligaciones que en la actualidad desarrollan los citados Organismos Autónomos y las demás que se establecen en esta disposición adicional.

Tres. En el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley el organismo asumirá la gestión, explotación, utilización e, incluso, la enajenación, tanto en el ámbito interno como en el extranjero de los bienes muebles pertenecientes al patrimonio de defensa que se pongan a su disposición para el cumplimiento de sus fines.

La enajenación de los citados bienes será acordada por resolución de su Director General Gerente con los requisitos y procedimientos que establezca la legislación especial del Organismo y supletoriamente por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y sus normas de desarrollo.

Cuatro. El Ministerio de Defensa podrá encomendar al Organismo la utilización y explotación económica y comercial de los bienes afectados al dominio público cuyas características, situación y régimen de utilización hagan posible este tipo de utilización adicional.

Cinco. Los ingresos procedentes de la actividad de este organismo podrán ser aplicados por el mismo a los fines de profesionalización y modernización de la Defensa y del personal al servicio de la misma y a programas específicos de investigación, desarrollo e innovación en este mismo ámbito.

Seis. Durante el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, y sin perjuicio de lo expuesto en el apartado uno de este artículo, el Organismo Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, podrá enajenar las viviendas militares y los demás bienes inmuebles que estuvieren inscritos en los diferentes registros de la propiedad a favor del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas o de los extintos patronatos de casas militares del Ejército de Tierra, de casas de la Armada y de casas del Ejército del Aire, y de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sin necesidad de actualizar las titularidades registrales de dichos bienes o de los que se pusieren a su disposición, así como, en su caso, de los bienes muebles de los que sea titular.

4.- La vuelta de tuerca de 2012:  la aceleración de  las enajenaciones militares

Los tres años posteriores se calculaban para las grandes operaciones especulativas: Operación Campamento, terrenos militares de Cuatro Vientos-Alcorcón para los casinos de Adelson, especulación en Sevilla, San Fernando y otros lugares. Las grandes operaciones se vienen abajo.

Como se recordará, la barra libre de venta de terrenos militares tenía un cierto plazo de caducidad, tres años según la ley, pero la dinámica avarienta del propio INVIED y la política de defensa pactada entre PP y PSOE de nutrirse de ingresos de todo tipo y fuera del presupuesto del estado para el ejército, hacían obligatorio que el INVIED siguiera con la fiesta.

Será ahora bajo el gobierno del PP, y el ministro girapuertas Pedro Morenés, que encuentran una «nueva» manera de habilitar la constante y voraz política especulativa del INVIED.

Ahora se publicitará, a bombo y platillo, la elaboración de una «Propuesta de «Racionalización y utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa» (PREPIDEF) destinado, de nuevo, a conseguir ingresos por la venta de patrimonio y a la adquisición de otro patrimonio con el que seguir la espiral.

El resultado de esta propuesta fue un documento llamado «PROPUESTA PREPIDEF» y que se concreta en una lista de 80 actuaciones encaminada para estos fines.

Según el documento, las 80 propuestas incluyen:

  •   Cierres parciales con reducción de la superficie en base a las necesidades funcionales
  •   Cierres totales de instalaciones con un coste no adecuado a su necesidad
  •   Convenios con otras AAPP para su utilización.
  •   Mantenimiento y adecuación de instalaciones para recepción de otras actividades

Sin embargo, la lectura del mismo permite observar que las propuestas incluyen, sobre todo, al enajenación masiva de suelo militar, verdadera clave de bóveda sobre la que descansa la filosofía de las nuevas actuaciones.

La primera fase de estas enajenaciones a mansalva se desarrollarán durante los años  2014 y 2017, como primera fase o PREPIDEF 1, comienza ahora un período de planeamiento de detalle particularizado, conforme a los procedimientos de planeamiento militar existentes.

Si atendemos a la nota de prensa del Ministerio de Defensa de 26 de junio de 2013,

En relación con el suelo, las 49 acciones de PREPIDEF-1 sobre 109 instalaciones implican la liberación de 3.837.264 metros cuadrados. De ellos 2.837.510 m2 corresponden a suelo rústico, y 937.754m2 a suelo urbano.

Si además observamos la página del INVIED, comprobaremos el enloquecido ritmo de subastas y enajenaciones que actualmente nutren de ingentes ingresos al INVIED para inyectarlos en la compra de armas y de equipamientos militares, verdadero y deliberado objeto de la política del PPSOE en esta materia.

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Indra gana exportando tecnología militar

Imagen de noticiasbancarias.com

Fuente: Infodefensa.com

Con una facturación en el primer trimestre de 2014 de 728 millones de euros, INDRA ha percibido un beneficio en dicho trimestre de más de 31 millones de euros, lo que supone un 18% más que en el primer trimestre de 2013.

La cartera de pedidos de INDRA a 31 de marzo de 2013 ascendía a más de 3.704 millones de euros, y la deuda que mantiene a 607 millones de euros, por debajo de la que mantenía el año pasado.

INDRA ha efectuado ventas a Latinoamérica por valor de 194 millones de euros en este trimestre, y de 150 millones a Norteamérica, así como 102 millones a África y Oriente Medio, dejando claro que la marca España sobre todo lo que exporta en ese «milagro» de las exportaciones españolas es armamento militar.

Total, que la crisis es buena para según quién.

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Utopía hurga en el gasto militar en un programa de La Tuerka

La imagen explica más que mil palabras, dicen algunos, y en esta ocasión, en formato muy reducido, Utopía explica el gasto militar español en el programa de TV de La Tuerka.

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Charla sobre gasto militar y alternativas novioletnas en Getafe

 

 

 

El próximo 26 de abril en la Plaza del Ayuntamiento de Getafe, a las 18,00 horas y promovido por la Asamblea 15M de Getafe, dinamizaremos un debate sobre gasto militar y alternativas noviolentas.

Puedes ver el cartel del evento de Getafe aquí.

El 15M de Getafe introduce así en su agenda las luchas antimilitaristas y contra el gasto militar.

LUGAR: Plaza del Ayuntamiento de Getafe

DIA: 26 de Abril, sábado

HORA: 18,00

Os esperamos

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Defensa, ministerio campeón en gastar más de lo que presupuesta: + 32’5 %

Feliz + suficiente + para + ser caricaturizados +

El 14 de Abril, el BOE ha publicado tres Resoluciones, de fechas 1 de abril, 2 de abril y 3 de abril, por medio de las que podemos saber la desviación de gasto que han sufrido los diversos ministerios durante 2013 y los dos primeros meses de 2014.

Si acudimos a los datos relativos a los presupuestos de 2013, sorprende conocer que el Ministerio que está entre los más destacados en superar con creces el gasto aprobado por el parlamento es el de Defensa.

Además, la media de aumento de gasto tras los presupuestos en todos los ministerios es del 19’22 %, por lo que Defensa contribuye a aumentarla considerablemente y, de paso generar muchísima más deuda pública.

El ranking de Ministerios pasados de rosca se encabeza del siguiente modo:

  • 1º, en porcentaje sobre su propio gasto presupuestado, Industria, Energía y Turismo, con con un + 40%, y 2.352,6 millones de euros, al parecer lastrado por los pagos de tarifa a las eléctricas.
  • Defensa, con un aumento sobre lo presupuestado del 32,5%  y un gasto por encima del presupuestado de 1.912,8 millones de euros, principalmente para pago a las industrias militares y para operaciones de injerencia militar en el exterior.
  • Empleo y Seguridad Social, con un 25,9% y 6.163,2 millones de euros de desvío (para pago de prestaciones de paro)

Resulta significativo este constante desvío presupuestario de Defensa, criticado en diversas ocasiones por el propio Tribunal de Cuentas como una contabilidad inadmisible. El año 2012, sin ir más lejos, y conforme al informe de liquidación del Gasto del IGAE de 2012 (del que próximamente publicaremos un informe), el desfase del Ministerio de Defensa fue del 43’53 %.

Es curioso que los ministerios menos gastones sean los que tienen que ver con las necesidades sociales y los más gastones los que privilegian al militarismo, a las grandes industrias y a la banca. ¿Por qué será?

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Objeción Fiscal al Gasto Militar

Con el inicio de la campaña del IRPF, en la que desde los medios oficiales nos inundan con llamamientos a pagar impuestos para sostener las cargas públicas que deciden unos pocos a su manera, comienza también la campaña de objeción fiscal al gasto militar, con la que queremos recuperar la soberanía en materia de defensa y decidir qué queremos defender y cómo, qué queremos gastar y en qué.

Puedes encontrar información más precisa en el enlace de Alternativa Antimilitarista, en el del Grup Tortuga, en el de Espazo Aberto Antimilitar y en otros enlaces.

Muy sucintamente, la campaña consiste en «objetar» una cantidad de lo que nos resultaría a contribuir con el impuesto de la renta, negándonos a dársela a Hacienda por nuestra oposición al gasto militar y abonándosela a una entidad social que elijamos, haciendo saber a Hacienda nuestra disidencia.

En la presente campaña Hacienda ha complicado más las cosas, pues la declaración de la renta sólo se puede confeccionar por medio del programa PADRE, ya que no existen impresos para hacerla a mano.

Por ello, es importante, para quien recibe el borrador de la declaración en su casa, no confirmarlo y confeccionar la declaración. En su caso, hay que introducir en alguna de las casillas de la 512 a la 522 (destinadas a distintos tipos de retenciones) la cantidad que queremos objetar. Una vez impresa la declaración, nos limitarremos a tachar o borrar con tipex el concepto que viene impreso en dicha casilla y a sustituirlo por «Por objeción fiscal al gasto militar». La declaración se entregará, junto con el justificante del ingreso efectuado a la entidad que hayamos elegido para nuestra objeción fiscal, bien en el banco, bien en hacienda.

En todo caso es buen momento para recordar que el enorme gasto militar español se encuentra escondido en 12 de los trece ministerios, implica un agravio con los derechos sociales que se están cercenando y con las necesidades sociales, sirve para consolidar un militarismo agresivo, con 69 intervenciones militares y más de 100.000 soldados desplazados al exterior desde Felipe González hasta la fecha, con más de 3.300.000 personas que comen de ese presupuesto, con unas fuerzas armadas que especulan con terrenos y espacios protegidos y son uno de los principales terratenientes del Estado, con una industria militar exportadora de armas y conflictos y con la consolidación de un modelo de defensa de los intereses de la oligarquía, al servicio de la OTAN y del modelo neoliberal vigente.

Es a esa realidad escandalosa, y que se ha decidido de espaldas a tod@s nosotr@s, a la que queremos desobedecer poniendo en tela de juicio nuestra participación inconsciente y sumisa. Y lo hacemos con este acto que tiene un carácter político, público y simbólico. pero que pretende llamar a la conciencia de la sociedad para que niegue legitimidad al militarismo.

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Charla sobre el Gasto y Políticas Militares en el Foro Social Mundial de Madrid

El próximo 29 de marzo dinamizaremos una charla sobre gasto militar en el Foro Social Mundial de Madrid, que se celebra en la CSA La Tabacalera, calle Embajadores 53 de Madrid.

El Foso cuenta con un amplio Programa de actividades que puede ser consultado en el enlace.

La charla sobre Gasto militar tendrá lugar el 29 de marzo, en horario de 13 a 14,30, en la Sala 10.

Os esperamos.

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