Archive for acción social del ejército

El Ministerio de Defensa hace negocio con los bares

Imagen de Sven Sivertssen

Fuentes:  Infodefensa 1 y 2

Os damos noticia de un par de informaciones sobre concursos abiertos por el Ministerio de Defensa:

  • La Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal para el suministro de explotación del servicio de bares y comedor en la Residencia Militar de Descanso “La Plana” en Castellón.  El importe total son 692.750 €.
  • La misma Jefatura, para el suministro de explotación del servicio, restauración, bares y cafeterías del Centro Deportivo y Sociocultural Militar “El Soto” de Zaragoza.  El importe es de 499.125 €.

El total son 1.191.875 €.  Todo por la felicidad de los militares.

Nuestro análisis es el siguiente:

  • Nos parece un despilfarro que con cargo a los presupuestos del Ministerio de Defensa se esté gastando más de 1 millón de € en dos bares-restaurantes de Zaragoza y Castellón.
  • ¿Cuánto se gastará en otros bares-restaurantes similares de los que aún no hemos tenido noticias?
  • Estos clubes militares de ocio, deporte y recreo, ¿deberían estar pagados por el erario público?  ¿No son, más bien, un lujo que intenta, otra vez, favorecer a los militares frente a las altas necesidades de gasto social existentes en el país?
  • ¿Pagan IVI y los demás impuestos estos establecimientos de restauración que, claramente, no tienen nada que ver con la Defensa Nacional, o están sujetos también a esa arbitraria declaración de Zona de Interés de la Defensa, que decide el propio Ministerio de Defensa y que les exime de obligaciones con el resto de la sociedad como indicábamos en nuestro estudio:  “Antimilitarismo y elecciones municipales y autonómicas 2015“?
  • Datos como estos son los que nos hace ver como necesaria y urgente una auditoría independiente de los gastos del Ministerio de Defensa.

Como se ve, el dinero que manejan estos bares-restaurantes exclusivos de militares es muy alto.  Si la licitación es de casi 1’2 millones de €, ¿cuántos millones dejarán estos negocios?

Luego nos extraña que el Ministerio de Defensa sea el segundo que más ingresos logra reflejar en los presupuestos anuales como decíamos en el artículo anterior:  Defensa, uno de los ministerios que más ingresa.

Mantener piscinas, jardines y campos de golf, uno de los cometidos de la defensa militar

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Por Neville Wootton

Fuente: El Diario

Ahora que lo dice El diario, parece que algunos se tomarán en serio lo que los antimilitaristas venimos denunciando desde hace años sin que nadie nos haga caso. ¿Será que la verdad verdadera sólo lo es desde que un medio y sus intereses la predican, por incompleta y mal que la prediquen a veces?

Pero al margen de esta velada crítica al periodismo circunstancial y anecdótico, lo cierto es que, en realidad, la pesada realidad militar, el gasto militar español se compone de un sinfín de partidas absurdas, de privilegios abrumadores, de nepotismo chulesco que dicen a las claras lo que defienden los ejércitos en términos de vida buena para pocos y de privilegios para los de arriba.

Dice El Diario que Defensa pagará 21 millones de euros del presupuesto público a mantener instalaciones deportivas y de ocio de los militares; instalaciones que tienen como razón de ser, dice el Ministerio de Defensa,  “la necesidad de prestar apoyo a la preparación física de los militares” y que funcionan como “núcleo de acción social y cultural, porque organizan eventos para sus socios, proporcionando a los militares y a sus familias una vía de “integración” en su destino”.

Se puede decir más burdo, pero no con más morro.

De este modo vemos, con el ejemplo que amplifica El Diario, que lo militar y la seguridad son dos categorías que no tienen que ver entre sí, cuando no se contradicen.

En todo caso, los 21 millones en ocio de esta casta no son sino una partida más bien pequeña de todo el despilfarro incomprensible y consentido de lo militar.

Nosotros hemos elaborado tres tipos de estudios que, a nuestra manera demuestran el despropósito:

  • Un primer tipo de documentos, ceñidos en el estudio del gasto militar, que vienen a enseñarnos la falta de transparencia y la desmesura del gasto militar. Por concretar en el ejercicio 2016, como afirmamos en nuestro estudio sobre el gasto militar, se presupuestaron menos de 6.000 millones de euros y, criterio OTAN en mano, se escondieron otros 25.000 por lo menos.
  • en un segundo documento, esta vez sobre el despilfarro, demostramos la inmensa cantidad de dinero que se despilfarra al año (entre otros en mantener campos de golf, jardines, pistas de tenis, etc de los que ahora el Diario se hace eco a su modo) y la absoluta falta de control y de responsabilidades en el gasto militar español.
  • Un tercer elemento de la trilogía del gasto militar, destinado a la deuda militar, nos informa de la falta de escrúpulos de los señores de la guerra y la generación de una deuda ilegítima que pesa sobre la sociedad como una losa para lucrar a los pocos privilegiados de siempre.

Tres patas del mismo banco: desmesura, mamoneo y descontrol. Si a ello unimos el cinismo que denuncia, cada vez que se verifica el gasto militar español, tanto el Tribunal de Cuentas, como el Tribunal Supremo o la IGAE, demostrando que la política de ocultación, gasto disparatado y puertagiratorismo son crónicos en el gasto militar, tenemos cuatro patas para entender el militarismo patrio y sus apoyos en partidos políticos rémora que lo han consentido como un cortijo al servicio del capricho y de la prepotencia.

Y mientras nadie se toma en serio meter el dedo en la llaga, así nos va.

Partido de rugby “Tierra / Armada”

All+Blacks+Bus

POR RAY

Fuente: El confidencial digital

Resulta curioso conocer algunas de las actividades que ocupan el tiempo de los militares. Podría parecer que su ocupación es defendernos de un hipotético enemigo que, según dicen los políticos, nos acecha aunque no tenemos conciencia del riesgo y vivimos así, por las buenas, desprevenidamente, sin caer en la cuenta de que gracias a los ejércitos seguimos respirando libres y ufanos.

Pero no, no es oro todo lo que reluce.

Y como para muestra vale un botón, el pasado 4 de febrero el Ejército de Tierra y la Armada organizaron un pequeño entretenimiento, un asueto en su abnegado esfuerzo militar.

Se marcharon, conformando dos equipos de rugby, para enfrentarse en singular competición deportiva “Ejército contra Armada”, Armada contra Ejército, que tanto montan, y dirimir así sus cuitas en el campo de batalla deportivo de la Complutense.

Según la noticia, las selecciones de uno y otro ejército

estarán formados por una selección de jugadores de las ligas internas que se disputan en Tierra y en la Armada

de donde conocemos que además de esta pequeña transgresión deportiva del obsesivo ardor guerrero, tienen otros tantos deslices con equipos, ligas y categorías rugbísticas con las que se desenfadan y estimulan el sano deporte, mens sana in corpore sano, que no se diga que no cultivan todos los saberes.

Y, por cierto, además del partidillo inter-ejércitos, jugaron otro con las selecciones femeninas del Ejército contra un combinado de “civiles”. Para que no se diga que están contra el sexismo y por la igualdad.

¡Hay que amolarse!.

El despilfarro de la base naval militar de Las Palmas

Imagen de Geert Weggen

Fuente:  El Conficencial Digital.

¿Se pensaban que por cambiar de año iban a cambiar las costumbres militares?  Pues no.

Otro año más volvemos al, cada vez más enorme, tema del despilfarro militar.  Poco importa que lo que tienen se lo deban, en su mayor parte a los impuestos que pagamos los civiles.  Cuando un euro llega a sus arcas ya no vuelve al sector civil.  Ni el euro, ni los servicios que se podrían compartir entre militares y civiles.

Ahora son los canarios los que protestan por enterarse de que la base naval militar y el Club Náutico de la isla disponen de instalaciones deportivas (dos piscinas y otras instalaciones) a las que no tienen acceso los civiles.

Todo surge de manera inintencionada al difundirse unas imágenes fabulosas que pretenden fomentar el turismo en Canarias.  En ellas, gracias a que están hechas desde el cielo, se ven las instalaciones militares y los privilegios de los que disfrutan los uniformados.

Nosotros añadimos al debate algunos puntos que deberían estudiarse por los canarios:

  • ¿Están afectados estos terrenos al interés de la Defensa?
  • ¿Es legítimo que lo estén, teniendo en cuenta que sólo defienden los privilegios y el modo de vida elitista de los militares?
  • ¿Pagan IBI estas instalaciones, o se les olvida como en muchas instalaciones militares que aunque están afectadas por el interés de la Defensa, no tienen que ver nada con este concepto (piscinas, instalaciones deportivas, cantinas militares, …?

Las guerras como I+D (ojalá en 2017 rompamos el círculo vicioso)

Image de Santiago Stucchi Portocarrero

Fuente:  El País.

Mientras la población siria sufre los estragos de la guerra, el militarismo ruso se haya de enhorabuena:  con su participación en la guerra siria han conseguido:

  • probar más de 160 nuevos armamentos (un 84 % pasaron las pruebas que suponen combates reales)

Por ejemplo:

el 9 de diciembre de 2015, dispararon desde un submarino que estaba en el Mediterráneo una serie de misiles Kalibr, que, según el Ministerio de Defensa, habían demostrado un alto grado de precisión al dar contra los blancos del Estado Islámico. Esos misiles crucero tienen un alcance de unos 2.000 kilómetros.

  • foguear, entrenar a los aviadores militares que desde hace años tenían poca experiencia en acciones de combate real
  • despertar en una serie de países el deseo de comprar armas rusas

Como se ve, no sólo los yankis y los europeos nos aprovechamos de las guerras en el Tercer Mundo.

Así pues, las guerras son altamente funcionales para el primer mundo.  Gracias a ellas:

  • podemos investigar nuevos armamentos y pagar a los investigadores,
  • podemos exportar armas y pagar a los empresarios exportadores,
  • podemos probar los armamentos y pagar a los militares que lo hacen,
  • podemos fomentar la emigración de los que sufren las guerras y pagar a los militares que vigilan nuestras fronteras,
  • podemos fomentar el odio hacia nuestros nacionales por nuestras políticas intervencionistas y pagar a los militares y guardia civiles que nos protegen,
  • podemos fomentar el terrorismo y sentirnos amenazados y pagar a los militares que nos cuidan
  • podemos pagar a los medios de comunicación que nos venden una realidad cínica y aséptica en la que las guerras sólo son imágenes y no sufriemiento
  • podemos pagar a un Jefe de Estado militar y militarista, garante de los negocios militares
  • podemos pagar, también, a tanto político militarista que protege a quienes nos protegen

También, podríamos en 2017 romper el círculo vicioso del militarismo y las guerras y construir un círculo virtuoso basado en la Seguridad Humana.  Deberíamos.

Psicología militar

Imagen de Alejandro Rave

Fuente:  El Confidencial Digital.

El Ejército maneja una guía para que los mandos entiendan la química cerebral de los soldados.

El cerebro de los militares es tan crucial en su desempeño como la preparación física o la instrucción. En las Fuerzas Armadas españolas existe una serie de estudios y guías de ‘buenas prácticas’ para que los mandos tengan en cuenta la psicología a la hora de aplicar su liderazgo sobre las tropas, así como paliar los efectos del miedo o el estrés en situaciones de combate.

¿Cómo manipularles mejor?  ¿Cómo hacerles sentirse héroes cuando lo que hacen es quitar la vida a otros?  ¿Cómo hacerles sentir que siempre están en el lado de los buenos, aunque seamos nosotros los que promovemos las guerras en el Tercer Mundo?  ¿Cómo convencerles de que ellos siempre se defienden, de que nunca atacan a los demás?  ¿Cómo convencerles de que los asesinatos que realicen lo serán por un bien común mayor?  ¿Cómo manipularles para que no se sientan el enemigo de nadie y sí los defensores de todo?  ¿Cómo manipularles para que no sientan que su trabajo diario es mera violencia directa, estructural y cultural?

Pero lo que de verdad es necesaria es una guía psicológica que ayude a los soldados a entender la psicología de sus mandos.  Porque los mandos son el enemigo principal de los soldados y contra los soldados están hechos estos manuales de psicología militar que no son otra cosa que manuales de guerra y manipulación psicológica contra los soldados.

Lógico, es necesario que los soldados perciban la hipocresía de los mandos.  Es imprescindible que los soldados “comprendan” que los mandos necesitan manipular a los soldados para que sean ellos y no los mandos los que se enfrentan a las situaciones de peligro, los que ponen en juego su vida pensando que es por el bien de los compañeros.

Los mandos se quedarán atrás, sobre todo su plana mayor.  Ellos sufrirán mucho (sarcasmo) por las muertes de sus soldados.  Llorarán, incluso, al dar el pésame a sus esposas y familiares.

Es necesario que los soldados tengan guías psicológicas que les ayuden a asumir la violencia, la sumisión ciega, la imposibilidad de tener derechos y la obligatoriedad de asumir la cadena de mando sin pensárselo dos veces.

Aprenderán a alegar obediencia debida en cada instante en que la sociedad les demande por sus abusos y atrocidades.  Y los que se encuentren arriba en la cadena de mando aprenderán, con ayuda psicológica, a alegar que todo lo hicieron por el interés común superior.

Los militares, todos, necesitan ayuda psicológica.  Para eludir sus culpas, sus acciones violentas, su forma de vida antiética y antihumana.

Imaginamos que uno de los primeros temas psicológicos en los que les preparan es en sentirse agraviados por todo, en sentirse siempre las víctimas.  Lo demostrarán en los comentarios a este artículo.  Dirán que no sabemos nada de ellos, que gracia a ellos nosotros existimos, y que lo hacen por un mísero sueldo.

Defensa y Ceuta, ¿relación manchada de sangre?

Imagen de Yassine Abbadi

Fuente:  El Pueblo de Ceuta

¿Ha cambiado de política el Ministerio de Defensa con respecto a las ciudades que le piden terrenos militares en desuso para dedicarlo a fines sociales?

Con Morenés estas peticiones estuvieron paradas o encontraron múltiples obstáculos.  Parece que Cospedal quiere agilizar las cosas, al menos en Ceuta.

En Ceuta gobierna Juan Jesús Vivas, del PP, desde 2003.  Lo que parece que ayuda a la negociación.  También ayuda que Ceuta es una ciudad que vive por y para los militares.

Juan Vivas ha comentado lo “especial” que es para Ceuta el Ministerio de Defensa por la relación “esencial” de la ciudad con el Ejército, que integran, ha dicho, personas que son “modelos de dedicación, profesionalidad, capacidad de sacrificio y patriotismo”. “Ceuta lleva al Ejército en el corazón, el alma y la memoria”, ha contextualizado la “estrecha” relación en que se traduce esa “consideración de respeto mutuo, afecto y colaboración en muchos campos”.

Tras una visita de Vivas a Cospedal en la sede del Ministerio, han sido varias las iniciativas del presidente ceutí que van a mirarse en un futuro próximo:

  • concertar la construcción de la pista de atletismo reglamentaria en la Base Única del Pardo de Santayana,
  • concertar el aprovechamiento como equipamiento social, de ocio y deportivo de las instalaciones ahora en desuso del Club de Tropa
  • concertar el uso de parte del antiguo Hospital Militar por parte de alguna entidad social, como Plena Inclusión, necesitada de nuevas instalaciones.
  • además, presidente y ministra han hablado de la regularización de viviendas levantadas en suelo militar en Príncipe Alfonso como parte del objetivo del Gobierno de normalizar esa barriada.

Por ahora no ha trascendido ninguna información de qué recibirá Defensa a cambio de estos cuatro conciertos.  Suponemos que pedirán dinero, mucho dinero, como siempre.  ¿Por qué?  Pues porque necesitan dinero para intentar paliar los huecos que deja en su economía el despilfarro militar, o las intervenciones militares en el extranjero y los Programas Especiales de Armamento (PEAS).

De alguna manera tienen que enjuagar el agujero de su burbuja financiera, y parece que optan porque sean las ciudades militarizadas quienes pagen, de sus presupuestos, el armamentismo de Cospedal.

Llama la atención que en ningún momento se critique el despilfarro que supone que Defensa haya tenido y tenga tantas infraestructuras y espacios tanto urbanos como rurales sin uso o infrautilizados.  Es un ejemplo de mala planificación y de priorizar los cañones sobre la mantequilla.

Son curiosas las noticias que se han publicado sobre estos conciertos.  Se destacan los bienes que va a obtener la ciudad, pero no se dice nada de cuánto les costará.  Y que lo que den a Defensa será un dinero manchado de sangre pues promoverá el intervencionismo militar español y la venta de armas.

Los PEAS son la burbuja especulativa que le va a explotar al Ministerio de Defensa

Imagen de Ferran BCN

Sobre los PEAS hemos publicado muchísimo.  Y seguiremos publicando porque es una chapuza financiera de la que el Ministerio de Defensa no sabe salir, haciendo las cosas bien, se entiende.

El supuesto éxito de Cospedal

Nos vende Infodefensa que Cospedal ha convencido al gobierno para reprogramar los gastos de PEAS de 2016 para 2017.  Parece un éxito de gestión de la Ministra de Defensa cuando realmente es un fracaso en toda regla, obligados por el Tribunal Constitucional.  Al final, en 2017 se pagarán los 1.107’7 millones de € de dicho año y los 716’7 millones de 2016.  El total va a ser escalofriante:  1.824’4 millones de € para PEAS en 2017.

El primer problema de Cospedal:  la imagen insolidaria del Ministerio de Defensa.

Si tenemos en cuenta que el presupuesto  del Ministerio de Defensa ronda los 6.000 millones de €, el aumento sería de, aproximadamente, un 30 %.  ¿Cómo le será posible a Cospedal, en una época de duros recortes sociales, económicos y políticos, vender un aumento del 30 % en su ministerio, el menos social de todos?.  ¿Cómo convencerá a l@s español@s de la solidaridad del Ministerio de Defensa cuando ellos suben su propio presupuesto en un 30 %?

Los 18 Programas Especiales de Armamento (PEAS)

En la siguiente infografía se enumeran los PEAS, lo que iban a costar en 2009, lo que se reprogramó para 2013, y abajo los compromisos de pagos acordados entre la industria armamentística y el gobierno.

Infografía de El País

Las conclusiones al analizar esta infografía son claras:

  • Cada vez vamos a recibir menos armamento
  • El precio total y parcial de cada PEA cada vez será mayor.
  • Nos quedan por pagar 14.280’9 millones de € hasta 2030.
  • Estamos hipotecados por estos programas de armamento hasta el año 2030 y ello va a suponer una burbuja financiera que va a acabar explotándole al Ministerio de Defensa y, de paso, a los contribuyentes.

Con más detalle se puede ver en este otro cuadro también publicado por Infodefensa:

En la anterior tabla salta a la vista otro dato, todavía más escalofriante, el monto total de los PEAS va a ser de 29.479’06 millones de €.

La práctica engañosa del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa venía haciendo una práctica ilegal, según ha reconocido el Tribunal Constitucional (2 sentencias) que consistía en que no incluía los PEAS en los Presupuestos Generales del Estado.  Luego, con la excusa de que eran gastos no previstos, los aprobaba en verano por Decreto Ley y sin la consulta al Parlamento.

Esto ocultaba una buena parte del gasto militar a la ciudadanía.

En el entramado financiero que gestiona los PEAS todo es raro:

  • La industria militar (privada, en su mayoría) se compromete con el Estado a dotarle de una serie de armamentos
  • El Estado prefinancia la investigación y desarrollo necesarios para que la industria militar pueda fabricar las armas.
  • La prefinanciación no ha hace el Ministerio de Defensa (sería poco vendible a la sociedad).  La hace el Ministerio de Industria, concediendo a la industria militar unos créditos previos a su labor de investigación y desarrollo.
  • Los créditos que Industria da a las armamentísticas son a interés cero.
  • Una buena parte de la industria militar no cumple los plazos y, además, acaban reclamando sobrecostes al Ministerio de Defensa y al de Industria.
  • El Ministerio de Defensa reprograma los PEAS. Tanto el número de armas que van a recibir, como lo que van a pagar.
  • La industria armamentística tiene que devolver anualmente los créditos al Ministerio de Industria.
  • Según va recibiendo el armamento Defensa va pagando los PEAS a la industria armamentística, eso sí, ya con sus sobrecostes añadidos.

Múltiples irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas

Con informaciones sacadas de El País  (Miguel González) procedemos a publicitar siete irregularidades en la contratación del Ministerio de Defensa.

1.-  Contrato de 18’8 millones de € concedido por el Ejército de Tierra a General Dynamics, sin licitación ni publicidad.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, anuló el pasado 24 de junio un contrato por 18,8 millones de euros concedido por el Ejército de Tierra a la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDSBS). En su resolución, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitación ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la número 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 años.

 Lo que no explicaba la resolución es que lo que se buscaba con esta adjudicación es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de más, aunque para ello se recurriera a una fórmula de dudosa legalidad.

La explicación figura en el folio 127 del Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) elaborado por el Tribunal de Cuentas. El contrato de compra de 219 carros de combate Leopard y 16 de recuperación tenía un importe total de 2.489 millones de euros, pero la empresa fabricante ha recibido ya en anticipos del Ministerio de Industria y en pagos de Defensa un total de 2.507 millones. Tiene por tanto, constata el Tribunal de Cuentas, “un exceso de financiación de 18,8 millones”; justo el importe de la adjudicación anulada por Hacienda. Si hubiera dudas sobre la identidad de ambas partidas, el informe explica: “Esta cantidad se encuentra en trámites de regularización, pues es objeto de la Adenda 25, actualmente en negociación”. A la postre, sin embargo, la regularización ha resultado irregular.

2.-  Sobrecostes de 43’6 millones de € de la compañía española SAPA por programas de transmisiones.

No es la única anomalía constatada en la mayor compra de carros de combate de la historia del Ejército español. Defensa ha reconocido sobrecostes por un importe de 43.6 millones de euros derivados, básicamente, de los problemas que la compañía española SAPA, suministradora de las transmisiones, ha tenido con su socio tecnológico alemán Renk.

El Tribunal de Cuentas considera “indudable” que “las circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales” en programas de estas características “exceden los cauces de contratación ordinaria”, pero agrega que SAPA conocía las condiciones de suministro y las aceptó, que el contrato ya preveía un beneficio del 10% con el que cubrir esos imprevistos y que la operación contó con un 100% de financiación pública, por lo que el riesgo financiero era cero.

3.-  El programa de carros de combate Leopard se rige por un antiguo convenio del Ministerio de Defensa con el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) de 1981, mucho más beneficioso para el contratista (General Dynamics, nuevamente).

El informe llama la atención sobre un hecho insólito: Santa Bárbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas públicas) que data de 1981 y “contiene un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general”. Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debió liquidarse hace años.

4.-  Navantia, empresa pública y que no debería tener beneficios al contratar con la Administración, incluye en sus convenios con Defensa beneficios entre el 4 y el 12 %.

Si ya es sorprendente que empresas privadas se comporten como públicas, no lo es menos que públicas lo hagan como privadas. El Tribunal de Cuentas se extraña de que el convenio entre Defensa y el astillero público Navantia incluya un margen de beneficio de entre el 4 el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan. El informe alega que el ánimo de lucro, “principal incentivo para el empresario particular”, no tiene sentido en una sociedad pública, que está obligada a aceptar los encargos que le hace el Estado y solo puede facturar los costes reales, De lo contrario, advierte, podría considerarse “un exceso de financiación pública”.

Defensa ha tomado nota de esta advertencia y ha replicado que, en su nuevo convenio con Navantia, el concepto beneficio se sustituye por el de “margen industrial”, para hacer frente a los “riesgos relativos” a la ejecución de los programas. En esos riesgos no se incluye la revisión de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acción Marítima (BAM).

5.-  Defensa renuncia a imponer penalizaciones a Navantia por el retraso de 78 meses en la entraga de los BAM.

La entrega a la Armada de estos cuatro barcos ha sufrido un retraso total de 78 meses, lo que dio lugar a la apertura de expedientes para imponer las penalizaciones contempladas en los contratos, por un importe total de 31,7 millones de euros. Sin embargo, “por una causa que no se ha justificado”, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanción alguna.

Defensa ha negado que existiera aquiescencia por parte de la Armada para no imponer sanciones y ha anunciado que se reactivará el grupo de trabajo dedicado a discutir con Navantia su importe, aunque alguno de los expedientes, que data de 2011, puede haber caducado.

6.-  Defensa se niega a recepcionar oficialmente armamento y lo mantiene almacenado para no subir el déficit público.

Quien no se retrasó en la entrega fue el consorcio fabricante del avión de combate europeo Eurofighter. Además de los 47 cazas ya en servicio en el Ejército del Aire, hay otros 12 almacenados durante tres años en la base aérea de Los Llanos (Albacete), que España no ha querido recepcionar oficialmente para que no computen en el déficit público.

7.-  Defensa demuestra incompetencia porque no puede usar los helicópteros NH-90 porque no tiene el personal, los equipos y las instalaciones necesarias.

Además, tres helicópteros NH-90 están depositados “temporalmente” en las instalaciones de Eurocopter en Albacete hasta que el Ejército de Tierra disponga del personal, los equipos y las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional.

En este asunto de los PEAS, el Tribunal Constitucional ha dictado 2 sentencias:

  • La primera anulaba el decreto ley de 2014 que destinó 886’3 millones de € a los Peas.  El recurso lo habían presentado el PSOE, pero también Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA, Izquierda Plural y UPyD.

Los recurrentes argumentaron que estos pagos estaban previstos con antelación y responden a una programación plurianual, por lo que debían haberse incluido en los Presupuestos Generales del Estado, propiciando así un debate parlamentario en profundidad. El Gobierno replicó que, aunque el importe global de estos programas es conocido (29.500 millones de euros hasta 2030), la cuantía exacta de cada anualidad está sujeta a negociación con la industria militar y depende de la evolución del déficit, por lo que no era posible incluirla en el presupuesto ordinario de Defensa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, recrimina al Gobierno que ni de la exposición de motivos de la norma ni del expediente tramitado por Defensa “se puede deducir argumento concluyente que ampare la utilización del decreto ley, pues nada se argumenta sobre la extraordinaria y urgente necesidad”, que es lo que justifica su uso según el artículo 86.1 de la Constitución. Al contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció en su discurso de convalidación del crédito extraordinario que no se trataba “de dar cobertura a necesidades imprevistas”, sino de “proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”, y añadió que la Administración estaba obligada a “no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros”, en alusión a la industria militar.

Tras calificar de “singular” la técnica empleada por el Gobierno, el Constitucional constata que “más que la respuesta a una situación de extraordinaria y urgente necesidad por imprevisible”, la aprobación de créditos extraordinarios para Defensa “se ha convertido en una práctica habitual” para atender un compromiso de pago que es “previsible y programable”.

“Simplemente se alude [por el Gobierno] a la importancia de que se pague a los proveedores para evitar el descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que del retraso en el pago pudieran derivarse, [pero] esas consecuencias negativas aparecerían en cualquier obligación contractual del Estado”, sin que se explique por qué serían más graves en el caso de la industria militar, argumenta.

El Constitucional no rechaza que se aprueben créditos extraordinarios para financiar programas militares al margen del presupuesto ordinario, pero agrega que debería hacerse a través de una ley y no mediante el decreto ley, cuyo uso está restringido expresamente por la Constitución. “En definitiva”, concluye, “el recurso sistemático al decreto ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

La sentencia, que anula el decreto ley de 2014 pero cuya doctrina es aplicable a los de 2012, 2013 y 2015, no obligará a las empresas a devolver los 4.300 millones de euros recibidos. Y no solo porque los decretos leyes fueron posteriormente convalidados en las Cortes. Sensible al efecto que ello tendría sobre la industria militar española y sobre el Estado, que se enfrentaría a penalizaciones de los consorcios internacionales que gestionan dichos programas, el Constitucional aclara que, por el “principio de seguridad jurídica”, que garantiza los derechos de terceros que mantienen de buena fe relaciones económicas con la Administración, no serán revisables las “situaciones establecidas mediante actuaciones administrativas firmes”; es decir, los mandamientos de pago realizados al amparo de los créditos extraordinarios.

  • La segunda anula otro decreto ley por 846’4 millones de €. Presentada por 50 diputados socialistas.

El alto tribunal estima el recurso presentado por 50 diputados socialistas y considera que “el uso sistemático del decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento” no está justificado por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” y, por tanto, “no se ajusta a las previsiones constitucionales”.

Sin embargo, la sentencia no obliga a las empresas de armamento a devolver el dinero cobrado a través de este sistema irregular, ya que “la protección de los terceros de buena fe que mantienen relaciones económicas con la Administración se vería gravemente comprometida si desapareciese la autorización del crédito extraordinario”. En consecuencia, “tras ponderar el principio de seguridad jurídica”, declara “no suceptibles de ser revisados como consecuencia de [la] nulidad”  del decreto-ley los pagos realizados por Defensa.

PEAS II.

La apuesta por la militarización del gobierno de Rajoy sobrepasa el primer plan PEAS y ahora están propiciando un plan PEAS II.  En 2014 publicábamos un artículo en el que advertíamos que el Ministerio de Defensa tenía planes para hacer un segundo plan PEAS, el plan PEAS II.

(…) articular un plan de I+D vinculado a la potenciación y capacitación de nuestra industria principalmente en esas capacidades industriales esenciales antes identificadas.  Este plan se ha puesto en marcha abordando dos de las necesidades militares identificadas por el JEMAD más prioritarias, y que ya tienen financiación en los PGE de 2015:  el 8×8 y la fragata F-110.  De ambos se han derivado 20 proyectos tecnológicos (7 del 8×8 y 13 de F-110).  Estos programas darán comienzo ya en el ejercicio 2015.  Están dotados con 41 y 37 millones de € en el Capítulo 8 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  Además, en este mismo Capítulo se han contemplado las partidas de prefinanciación del contrato de los dos nuevos BAM para la Armada:  son 161 millones de €.  En términos numéricos totales, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo incorpora 564 millones de € para programas de defensa, un 64 % más que en 2014.

Es decir, el PEAS II consta de:

  • Blindados 8×8, por 41 millones de €
  • Fragata F-110, por 37 millones de €
  • 2 nuevos BAM de la Armada:  161 millones de €

Todo ello hace un total de 239 millones de € para el plan PEAS II, que habría que sumar a los 30.000 millones del primer plan PEAS.

Las alternativas futura de Cospedal.

Las posibilidades que tiene Cospedal para 2017 son dos:

  • Aflorar, por fin, los PEAS en la contabilidad del Ministerio de Defensa, pasando los 6.000 millones, más o menos, que presupuestan ahora a 8.000 millones, y quedando como el Ministerio con más aumento de gasto en épocas de crisis y de recortes.
  • Hacer una nueva ley en la que seguir ocultando esta parte del Gasto Militar y en la que se aprueben los PEAS.

¿Cuál será su opción?

El cuartel de Loiola en San Sebastián

 

Imagen de Pablo BD

Imagen de Pablo BD

Fuente:  El Diario.

Las primeras declaraciones de la nueva ministra de Defensa, Cospedal, señalan, bien a las claras, su cinismo.

Ante la polémica en Donostia sobre el Cuartel de Loiola, que en múltiples ocasiones ha visto como pedían su cierre en San Sebastián, tanto por Bildu como por el ex alcalde socialista, Odón Elorza, la ministra ha declarado:

su intención de abrir un diálogo con el Ayuntamiento de San Sebastián sobre el cuartel de Loiola, pero ha advertido de que esta instalación es “indispensable” y necesaria” para la defensa nacional

Es decir, van a dialogar a troche y moche pero sin negociar nada y sin mover su posición ni un ápice, lo que se dice estilo PP.  Dialogar para marear la perdiz, no para llegar a acuerdos.  ¿Eso es cinismo?.

Ahora ha sido un diputado del PNV quien ha preguntado a Cospedal sobre el cuartel porque:

Por su parte, el diputado del PNV ha subrayado que la gestión de la zona en la que se ubican los cuarteles es una de la cuestiones más importantes para el Ayuntamiento, ya que se trata de su principal recurso para su extensión y desarrollo urbanístico.

Tras aclarar que se trata de 17 hectáreas para crear un nuevo barrio con más de 1.600 viviendas, Legarda ha criticado que pese a que el Ayuntamiento de San Sebastián intenta negociar con Defensa desde 2003, las conversaciones no se han iniciado.

El PNV lleva años proponiendo el cambio de la actual ubicación de los cuarteles de Loiola de la capital donostiarra y edificar viviendas en el terreno.

Fíjense en las cifras:  17 hectáreas, un nuevo barrio con todas su edificaciones sociales y comunitarias, 1.600 viviendas.  Todo ello es, mejor diríamos no es, un cuartel.

El militarismo afecta de maneras muy diversas a las personas, también lo hace en el ámbito municipal como hemos intentado comentar en estas entradas del blog.  Sobre todo, nos parece importante repasar los datos y denuncias que hacíamos en nuestro estudio:  “Antimilitarismo y elecciones municipales y autonómicas“.

Por otro lado, El Confidencial Digital nos recuerda que son muy distintas las verdaderas razones que hacen que Defensa considere esencial el acuartelamiento de Loiola:

una de las razones clave de esta negativa está relacionada con la lucha antiterrorista, concretamente con las labores de control del terrorismo etarra que dirige el Centro Nacional de Inteligencia en San Sebastián y en la provincia de Guipúzcoa.

Las fuentes consultadas aseguran que el cuartel de Loyola “es clave, indispensable” para la obtención de información sobre ETA en el País Vasco. Estas voces explican, discretamente, que las instalaciones son necesarias para la infraestructura comunicativa del Centro, y llevarlas a otro lugar complicaría las tareas de información.

Además, Defensa alude al importante coste económico que supondría el traslado de las dependencias militares a la zona de Antondegi, en el barrio de Martutenecerca del centro penitenciario-. Serían, en total, cerca de 88 millones de euros más el coste del arrendamiento del terreno –o en su defecto, la adquisición de él-.

Y ahora entendemos la noticia en su verdadero contexto.

Es decir, el interés es la lucha contra ETA.  Algo que hace 5 años largos ya no es una realidad.  El ejército sigue en aquella época como si nada hubiera cambiado.  El interés es el espionaje y el control de la población propia.

Por cierto, nos gustaría más que aquellos que piden el cierre del cuartel de Loiola lo hicieran por el interés popular y por la desmilitarización de Guipúzcoa, no para conseguir dar nuevos pelotazos inmobiliarios.

La remilitarización en Egipto y sus lecciones para España

Imagen de Kalasniblog

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Fuente:  El País.

Ya en agosto de 2013 nos hacíamos eco de que la remilitarización de Egipto era el peor negocio para la población.  Entonces titulábamos el artículo de esta manera:

Los militares egipcios y el militarismo yanki agravan el conflicto egipcio.

Más de 3 años después se confirman los funestos augurios:

Casi seis años después de la Revolución, la economía egipcia todavía no levanta cabeza: su crecimiento es anémico, la deuda se expande a un ritmo galopante y los consumidores padecen escasez de algunos productos básicos. En cambio, los negocios de las Fuerzas Armadas van viento en popa. A pesar del halo de secretismo que envuelve las actividades empresariales de la institución, algunos informes apuntan a que ha ampliado de forma notable su presencia en varios sectores durante los últimos años, bajo la presidencia del mariscal Abdelfatá al Sisi.

El grado de dependencia militar de la economía egipcia es considerable y muy preocupante:

Los proyectos económicos de las Fuerzas Armadas se realizan normalmente a través de cuatro partes: los proyectos de servicios Autoridad Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, la Autoridad Nacional de Producción Militar, dependiente del Ministerio de la Producción Militar y la Organización árabe independiente para la industrialización, los tres de los cuales son responsables de  un gran número de fábricas y empresas. La cuarta parte es la Autoridad de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, que se dedica a proyectos de infraestructuras civiles y militares.

En Egipto son continuas las noticias de que diversos ministerios (Ministerio de Dotaciones, Ministerio de Fomento, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, …) renuncian a sus competencias para que sean desarrolladas por cualquier organismo militar paralelo.

El Ministerio de Defensa no sólo construye las carreteras, sino que además, dado que consideran a las carreteras como áreas estratégicas de importancia militar, Al Sisi les ha asignado la propiedad de sus laterales (en 2 km de profundidad):

En junio pasado Sisi emitió el Decreto 233/2016, que asigna los tramos de terreno a ambos lados de las carreteras construidas por el Ministerio de Defensa, que mide 2 km de profundidad, a las Fuerzas Armadas. El Ministerio considera que estas áreas estratégicas de importancia militar que no puede ser transmitida a la propiedad privada. Veintiún carreteras se vieron afectados por este decreto.

Pero esto no es todo, también una agencia dependiente del Ejército egipcio es la que fabrica los medicamentos oncológicos, otra se encarga de la importación de leche para lactantes, así como de la importación de diversos productos sanitarios.

En el mundo de la educación, el Ejército Egipcio también ha construido colegios y han sido elegidos para supervisar los servicios de alimentación y vivienda para los estudiantes.

En el sector energético, también hay actividad de las Fuerzas Armadas de Egipto:  así, han firmado acuerdos con China para construir planta de producción de energía solar y otro para producir unidades de aire acondicionado.

También ha habido 3 decretos para encargar a los militares, dotándoles de tierras públicas, de construir 3 piscifactorías.

Al menos 3 proyectos de restauración de su patrimonio cultural han sido realizados por los militares.

Pero no acaba aquí la militarización de Egipto.  Ahora empezamos con los privilegios militares:

En estos últimos años pasados, las actividades económicas de las Fuerzas Armadas han disfrutado de una serie de privilegios legislativos. En abril de 2012 el Parlamento aprobó las enmiendas a la Ley Militar Judicial 25/1966 que identifican la justicia militar como la única autoridad encargada de investigar los casos de ganancias ilícitas por parte de agentes militares, ninguno de los cuales han sido investigados antes de su retiro.

Sobhy emitió un decreto en junio pasado la exención de 574 instalaciones militares de impuesto sobre bienes inmuebles, incluyendo 52 clubes, 29 hoteles, 18 estaciones de verano y ocho salas de cine y teatros, además de una serie de edificios, espacios, sucursales de supermercados, mataderos mecanizados, edificios residenciales y villas .

En diciembre pasado Sisi emitió el Decreto 446/2016 tierras regulación desocupadas por las Fuerzas Armadas, ordenando que sus ingresos se utilizarán para la construcción de nuevas zonas militares.

Este decreto permitió a las Fuerzas Armadas para que establezcan empresas, ya sea por sí solo o con capital nacional o extranjero. También permitió la Compañía Nacional de Desarrollo de Recursos de pescado, afiliada a la Autoridad Nacional de Proyectos de Servicio, para establecer una empresa conjunta piscicultura con un inversor de Arabia Saudita y una empresa alemana especializada en la cría de peces de atún, (Compañía Internacional de Productos Marinos).

Las Fuerzas Armadas también goza de una ventaja competitiva adicional, ya que la mayor parte de su fuerza de trabajo se compone de los reclutas que no están sujetos a las leyes de trabajo civil.

Toda esta vorágine remilitarizadora está consiguiendo dos cosas:

  • Aumentar escandalosamente el PIB militar egipcio:

“No hay forma de conseguir una estimación correcta del volumen de la economía militar… Pero yo lo situaría entorno al 4% o al 5% del PIB, incluyendo solo las compañías que poseen formalmente”, sostiene un reputado economista egipcio que prefiere guardar el anonimato a causa de la sensibilidad del asunto.

  • Como decíamos al principio del artículo:  estancar la economía egipcia y empobrecer a sus ciudadanos.

¿Son necesarias más pruebas para demostrar la hecatombe que supone militarizar la economía?

La práctica políticas militaristas de Egipto nos suenan muy lejanas y antiguas.  Muchos podéis pensar que en España ya no ocurre eso.  Sin embargo, estaría bien que os dieseis una vuelta por nuestro informe Gasto Militar 2016 para comprobar que en España, al menos, ya se dedica un 2’7 % del PIB  a lo militar y que 12 de los 13 ministerios actuales esconden gasto militar.

¿Son necesarias más pruebas para que España y los ayuntamientos y provincias más militarizadas:  Ferrol, Cádiz, Cartagena, Zaragoza, Madrid, se den cuenta de que poner en manos militares la economía, la educación, la sanidad, la industria, …, es la peor apuesta de futuro que se puede hacer?

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