Search results for zona de interés para la defensa

Zonas de Interés para la Defensa Nacional, otro abuso del Ministerio de Defensa

Peinando + la + arena

Javier Delgado

Resulta asombroso y turbador contemplar el poder que tiene el aparato militar para limitar los usos del territorio en función de sus necesidades o intereses. Un poder que, como veremos, hace decaer cualquier otro interés o necesidad social cuando entra en colisión con ellos, los militares.

Hay que recordar que los militares poseen en propiedad diversos territorios, hasta haberse constituido en el segundo terrateniente del estado español. Como ya destacamos en un artículo anterior, los bienes propiedad de los ejércitos tienen diversas características, como la de ser considerados como bienes demaniales, no poder ser donados ni cedidos gratuitamente, pero sí convertidos en dinero para el ejército y mantener un grado de deterior muy alto, dada la actividad principal para la que son usados.

Pues bien,. generalmente las zonas «de interés para la defensa» aglutinan los perímetros de estas propiedades militares, así como las lineas de costa, el espacio aéreo, los trazados de carreteras o tendidos de fluido eléctrico, gas, etc., sobre los que el ejército ejerce un control y unas prerrogativas impresionantes en función de sus intereses.

Existe una normativa estatal que regula las llamadas «zonas de interés para la defensa», en cuya virtud, contamos con tres escalones de límites de los territorios que el Estado cataloga como «zonas de interés para la defensa nacional». A saber

  1. zona de seguridad próxima, en la cual no se pueden realizar actividades o poner instalaciones sin autorización previa del Ministerio de Defensa, aunque se autoriza el aprovechamiento agrícola o forestal por las autoridades regionales y el tendido de cables y tuberías de suministros, siempre que no obstaculicen el uso militar de la zona en concreto
  2. zona de seguridad lejana, en la que se pueden dar usos agrícolas o forestales, con la previa autorización, en este caso delegable en la autoridad regional
  3. Zona de acceso restringido, donde no se permite nada de nada

Es curioso este régimen de zonas declaradas de interés para la defensa, porque para que pueda regir este catálogo de restricciones de uso es necesario que previamente el estado realice un acto formal de declaración de dichas zonas como » de interés para la defensa», como ha sucedido con un montón de ellas que, por descuido, no estaban catalogadas como tales y ahora, el 1 de agosto, ha acordado el consejo de ministros declarar como zonas de interés.

Entre las limitaciones permitidas por la ley se encuentran algunas referidas a los usos admisibles en estos territorios, otras relativas a las servidumbres y cargas que se pueden imponer a estos territorios, o a los derechos que se pueden restringir, en una gradación que va hasta el establecimiento de límites al acceso a la propiedad, de inscripción de cargas sobre ellos, etcétera (por ejemplo para extranjeros, a los que se les puede llegar a prohibir el derecho de propiedad sobre bienes afectos al «interés de la defensa», como puede ser por ejemplo un chalet en una costa).

Conforme a la obsoleta ley 8/1975 (anterior a la Constitución) que regula las zonas de interés para la defensa y sigue en vigor, incluso las inscripciones de titularidades o la constitución de una hipoteca o cualquier otra carga sobre ellos (las zonas de interés para la defensa pueden ser de titularidad de particulares, municipios, etc) son complicadas y a veces imposibles. De hecho registradores y notarios de algunos puntos de Andalucía se quejan del caos que se genera porque, al ir a comprar un particular un inmueble, encuentra en el registro las limitaciones militares y se echa para atrás en la operación, o se dificulta su posterior inscripción al estar sometida a la previa autorización del Ministerio de Defensa.

Para dificultar las cosas un poco más, la ley de Defensa Nacional abre más el campo al intervencionismo militar en el territorio, al prescribir que, además de las zonas declaradas de interés para la defensa, se pueden establecer limitaciones en el uso del territorio de cualquier parte del territorio y limitar los derechos de las personas sobre su uso cuando lo aconseje el interés de la defensa.

Las servidumbres y limitaciones legales al uso del territorio también puede establecerse por parte de los militares en razón de lo que llaman «seguridad aérea», conforme a los reales decretos 584/72 de 24 de febrero (anterior a la constitución) y 297/2013 de 23 de abril, según los cuales pueden prohibir, restringir o controlar el uso del territorio y la instalación de objetos fijos o móviles o elementos en altura.

Sería prolijo, e innecesario, detallar todos y cada uno de los ridículos límites impuestos por la amplia legislación en la materia, por lo que nos conformamos, para gentes curiosas e inquietas, a señalar que el Ministerio de Defensa, en un esfuerzo impagable por ofrecer un listado compelo, ha publicado un listado de toda la normativa vigente que enlazamos aquí.

No conocemos una norma de esta envergadura que establezca una autorización tan abierta de una limitación genérica y tan poco garantista hacia cualquier territorio y cualquier persona, estableciéndole límites de uso o de derechos.

Tan apabullante facultad de limitar nuestros derechos, ha dado lugar, como no podía ser menos, a frecuentes conflictos entre los militares y el resto de los mortales. Conflictos que suelen acabar en los tribunales de justicia y que en no pocas ocasiones han servido de paso para que los militares pudieran ir elaborando un catálogo de sus propias propiedades y de aquellas que sin ser suyas, controlan mediante la imposición de límites de uso o de derechos.

Por hacer un resumen de la jurisprudencia generada, esta viene a ratificar el carácter de interés principal del interés de la defensa, el cual hace que los militares puedan limitar a su antojo los usos del territorio y, lo que es más grave, que no deban tampoco rendir cuentas de ningún tipo ni informar al respecto,. incluso en los muy escandalosos casos en los que realizan maniobras militares en zonas de interés biológico, como puede ser el caso de las Banderas Reales o de Doñana. Usemos como botón de muestra la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 11 de febrero de 2014, que resume muy elocuentemente la situación de privilegio militar.

Por hacer un pequeño recuento de zonas de interés para la defensa que nos pueden parecer inverosímiles, tenemos que:

1) El Goloso (Madrid) y San Gregorio (Zaragoza) han sido declaradas zonas de interés para la defensa a primeros de julio de 2014.

Concretamente, San Gregorio (dicho sea de paso que es un paraje no sólo inmenso, de un perímetro de más de 108 kilómetros, que se encuentra en el término municipal de varios pueblos zaragozanos, sino que es objeto de incendios por parte de los militares prácticamente cada año) afecta a los intereses agrícolas y ganaderos de diversos pueblos y hasta a los intentos del ayuntamiento de Zaragoza de conseguir un cambio de uso de terrenos de la base militar que no se usan para nada y que podrían venir bien a otras necesidades del pueblo, No en vano, el ayuntamiento zaragozano ha elevado una protesta por la reciente declaración de zona de interés para la defensa de San Gregorio.

El Goloso ocupa una enorme extensión entre Madrid capital, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. La actual declaración de zona de interés para la defensa en la práctica lo que hace es aumentar la capacidad de control y decisión de los militares sobre un perímetro de terreno superior al de las propias instalaciones que posee el ejército en esta zona.

2) Andalucía: en el Consejo de Ministros de 31 de julio de 2014, el gobierno ha declarado también zonas de interés para la defensa los perímetros que rodean a las bases militares que ya poseen en Cadiz y Almería.

El Bujeo, Punta Camarinal, Sierra Plata, Sierra El Cabrito, Cerro Buenavista, Charcorredondo, Punta Acebuche, Sierra Carbonera, El Majadal Alto y Facinas, ubicados en la provincia de Cádiz, son zonas para «polvorines y asentamientos de misiles y artillería de costa en el Estrecho», ha enumerado el Ejecutivo. Asimismo, en Almería, la zona incluida en la norma es el campamento y campo de tiro y maniobras Alvarez de Sotomayor en Viator.

El propósito de esta declaración apresurada ha sido el de «preservar la propiedad militar y sus instalaciones de cualquier actuación que pudiera afectarla»  es  decir, impedir que en sus inmediaciones se aplique  usos molestos para los militares.

3) Ceuta: en función de la existencia de un molino de viento del siglo XVIII y un recinto amurallado medio ruinoso de lo que fue un castillo militar, donde se ha instalado una «batería» y cuerpo de guardia, se hizo en su día una declaración de zona de interés para la defensa, con todo tipo de limitaciones en el uso del territorio, de una extensa linea de costa, que ha quedado para uso y contemplación militar sin posibilidad de un uso alternativo

4) Pájara:

En el municipio de Pájara hay un campo de tiro que condiciona todo el desarrollo de la localidad: Fue decretado el interés para la defensa por real decreto 600</2012 del año 2012, con el argumento de que ello era necesario para «preserva» la instalación militar de cualquier actuación que pudiera afectarla y permitir las actuaciones relacionadas con las actividades de instrucción y adiestramiento de las unidades militares desplegadas en Canarias. De esta forma, señala la referencia del Consejo de Ministros, se asegura la preparación de las unidades del Ejército español ubicadas en el archipiélago canario, para la realización de operaciones militares.

En el mismo se declaró zona de interés para la defensa tanto el espacio terrestre, como el marítimo y aéreo, limitando cualquier uso que se pretendiere dar a estos al interés y beneplácito militar.

En concreto, serán límites al uso civil(Izado) del mismo:

a) Interesar y obtener autorización del Ministerio de Defensa para la determinación  de la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar del Campo Nacional de Maniobras y Tiro de Pájara.

b) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa la transmisión de la propiedad, así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real sobre la misma, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes.

c) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa cualquier obra de edificación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios o cinegéticos de los territorios afectados.

5) Pico del Lobo, Segovia:

El pico del Lobo, en Segovia, es la montaña más elevada de la sierra de Ayllón y constituye el límite entre las provincias de Segovia y Guadalajara.

En el año 2002, con Trillo Figueroa, el héroe de Perejil, de Ministro de Defensa, fue declarado zona de interés para la defensa nacional mediante Real decreto 191/2002. La peculiaridad del Pico del Lobo es que en la vertiente de Guadalajara mantiene un paisaje más virgen, y en la vertiente segoviana cuenta con la pista de esquí de La Pinilla, combinando así usos más naturales con otros entre recreativos y depredadores.

Aun cuando la norma Trigueña aparece en las colecciones de bases de datos jurídicos como vigente (es decir, seguiría siendo zona de interés para la defensa), Wikipedia mantiene que fue descatalogada como tal en 2004, en lo que parece una lucha administrativa del gobierno de la Junta de Castilla La Mancha (por aquel entonces regido por el después Ministro de defensa José Bono), y declarado «Reserva Natural del Macizo del Lobo-Cebollera» por Decreto 183/2005 y más tarde incluido en el Parque Natural de la Sierra Norte.

6) Pico Malpaso, Hierro: El mismo tipo de afectación a los intereses militares y la misma restricción de usos y derechos ocurre con el Pico Malpaso, en la Isla del Hierro, en la que se justifica en supuesto interés de la defensa desde un punto de vista «aéreo«, es decir, estableciendo todo tipo de servidumbres por culpa del Teide.

Dice la norma que se establece para «mejorar la vigilancia aérea de la zona de las islas Canarias como consecuencia de la insuficiencia de los radares actuales para cubrir todo el espacio aéreo, al producirse distintos apantallamientos originados por El Teide»

Afortunadamente estos militares sólo se les ha ocurrido la figura de la afectación del territorio a los intereses de la defensa para preservar el camino que sube hasta el radar, en vez de hacer gala de su potencia de fuego y acabar con el apantallamiento del Teide reduciéndolo a cenizas.

Hay otros muchos espacios contaminados por el militarismo cañí que, como los anteriores,  perjudican al uso del territorio en función de intereses tan alejados de las necesidades sentidas por la sociedad, sin embargo, conocerlos es una tarea complicada porque no hay ninguna base de datos sobre ellos que sea exacta.  Ni siquiera el Ministerio de Defensa se ocupa de tener un catálogo efectivo al día.  Sin embargo, sería importante exigirlo para saber realmente cuál es la verdadera dimensión de de la militarización del territorio.

Share

La opacidad del Ministerio de Defensa en sus gastos publicitarios

Por Alejandro

Fuente:  Confilegal.

El Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos correspondientes van a estar obligados a facilitar los datos económicos de sus campañas publicitarias porque se lo ha impuesto una sentencia del 22-11-17.

La sentencia en cuestión desautoriza al Ministerio de Defensa y a su pretensión de correr un tupido y turbio velo sobre los gastos de sus campañas publicitarias, algo muy revelador, por lo que parece, de la política informativa tan manipuladora del Ministerio de Defensa.

Es el caso que una persona, al amparo de la ley de transparencia, pidió  que el Ministerio de Defensa le proporcionara información del listado de campañas realizada y presupuesto ejecutado tanto por el Ministerio de Defensa como por sus Organismos Autónomos, en el período 2012 a 2015, desglosado por medios de comunicación y solicitando los datos por año, presupuesto ejecutado, organismo, campaña, número de inscripciones, tarifa y medio de comunicación.

Defensa quiso impedirlo, dictando resolución el 15 de noviembre de 2016 en la que denegaba la mayor u daba una larga cambiada:

Se informa que el acceso a la información que se solicita, relativa al listado de campañas realizadas, organismo y presupuesto ejecutado del Ministerio de Defensa para los años 2012-2015, es público y se encuentra disponible en los planes e informes anuales de publicidad y comunicación institucional del Portal de Transparencia

y

La información solicitada relativa al número de inserciones, tarifa y medio de comunicación se encuentran incluidas en los planes de medios de las campañas de publicidad institucional difundidas en el mencionado periodo, para conseguir información con mayor detalle que el ofrecido en las páginas mencionadas, sería necesaria una acción previa de reelaboración, labor que implicaría la inadmisión de esta parte de la pregunta conforme al artículo 18.1 e) de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información pública y Buen Gobierno (LTAIBG).

Por otro lado, el acceso a otra información distinta a la publicada en el Portal de Transparencia o en las páginas indicadas podría suponer un perjuicio a los intereses económicos y comerciales de las empresas afectadas por los contratos, por lo que nos encontramos ante el supuesto del artículo 14.1.h) de la LTAIBG

El ciudadano despachado con un no tan insólito, recurrió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que por medio de su Presidente le dio la razón, ante lo que Defensa instó un recurso ante el Tribunal Central de lo Contencioso Administrativo, del que ha salido la sentencia que le enmienda la plana.

¿Por qué Defensa no quería proporcionar estos datos?, ¿es que había algo imperdonable en facilitar información tan lógica?

El juez, en su sentencia, da la razón al Presidente del Consejo de Transparencia,  y ratifica que la razón invocada por Defensa no es razonable, es un mero invento sin base legal:

En el presente caso, la resolución dictada por el MINISTERIO DE DEFENSA carece de toda motivación relativa a la aplicación de la indicada causa de inadmisión más allá de la mención a que la considera de aplicación

Ello por varias razones

No se puede entender que sea necesario volver a elaborar algo cuando ha quedado demostrado por lo indicado en los apartados anteriores de esta resolución que la información que pide el solicitante sobre los planes de medios es información que la empresa encargada de la campaña debe proporcionar al organismo responsable que, además, también debe informar detalladamente de la ejecución de la campaña

y

El derecho de acceso a los registros y documentos administrativos constituye un derecho de los ciudadanos de los llamados de la tercera generación. Está enraizado en el principio de transparencia administrativa, el cual responde a una nueva estructuración de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. Este derecho está reconocido por la Constitución en el artículo 105 b) […] El Tribunal Constitucional, considerando su valor sustantivo, ha estimado, en aplicación del principio de la fuerza normativa directa de la Constitución, que dicho precepto es directamente aplicable sin necesidad de esperar a su desarrollo legislativo

3) Resulta, pues, evidente, que, en aplicación directa de la norma constitucional, este derecho exige, con el fin de respetar su núcleo esencial integrado por el haz de facultades que lo hacen reconocible y la efectividad de los intereses del administrado a que responde, que se haga en un grado razonable asequible a los particulares, superando las limitaciones derivadas de su posición de inferioridad material frente a los poderes públicos, el adquirir conocimiento de los datos y documentos que puedan legítimamente interesarles, sin otras limitaciones que las que el propio precepto constitucional contempla («en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas») y las derivadas de las normas generales de procedimiento y de los principios de proporcionalidad, racionalidad y buena fe a que debe sujetarse el ejercicio de todo derecho.

De este modo, Defensa no tiene un derecho absoluto a limitar su información y salvo que exista una causa de suficiente entidad relacionada con la intimidad de otras personas, la averiguación de delitos o los intereses generales, la regla es que debe proporcionarse la información, por mucho que moleste al burócrata de turno.

Y en cuanto a los límites, explica el juez una cuarta argumentación

La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

Sigue la sentencia con otras consideraciones jurídicas que se refieren a la aplicación de las normas y de los procedimientos concretos, que igualmente señalan lo irrazonable de negarse a proporcionar información escondiéndose detrás de reglamentos y argumentos puramente formales, para añadir que la ley no sólo no prohíbe, como quiere Defensa, sino que justifica la aportación de esa información que Defensa se niega a dar.

Es lógico que se obligue a la administración a ofrecer información a los ciudadanos y a hacer transparentes unos gastos que no hay razón justificada para ocultar.

La sentencia tiene una especial importancia en lo que se refiere al Ministerio de Defensa, precisamente porque Defensa, y no sólo con los gastos de publicidad, es un agujero negro especialmente opaco.

Opacidad que, no en pocas ocasiones, viene acompañada de malas prácticas y una escandalosa situación.

Ejemplo de ello es el gasto militar, disperso y oculto en casi todos los ministerios y criticado no sólo por la sociedad civil o por grupos como el nuestro, sino también por la IGAE, por el Tribunal de Cuentas o por el propio Tribunal Constitucional.

A partir de ahora se redoblan las justificaciones para exigir a Defensa la transparencia de la que carece y demandar la información que con tanta fortuna se empeña en mantener en el limbo.

 

Share

Tejemanejes en HISPASAT para asegurar su control desde el Ministerio de Defensa

Por Bethany Weeks

Fuente: Merca2

La industria militar española, en gran parte, pertenece al sector público o guarda con éste estrechas relaciones de dependencia y complicidades de intereses.

Es el caso de Hispasat, por ejemplo, que inicialmente tenía un porcentaje de su accionariado muy importante en manos del INTA, un instituto autónomo militar que actúa como una empresa y de la que el 100% de su propiedad está en manos del Ministerio de Defensa.

Defensa, en un momento dado, quiso hacer pasta pero sin perder el control de Hispasat, para lo que vendió el 16´4% del accionariado en sus manos a un amiguete que le endosó 172´5 millones de euros a cambio.

El amiguete, la empresa Abertis, que tras la compra de las acciones de INTA controlaba el 57% del total de las acciones de Hispasat, se fue haciendo con más y más accionariado de aquella, hasta acumular el 90´7% de sus acciones en julio de 2017.

Aclaremos que el negocio principal, al menos el oficial, de Abertis es la gestión de autopistas, algo que poco tiene que ver con los satélites, que es a lo que se dedica Hispasat, y con la industria militar, otro de los fuertes de Hispasat.

HIspasat a  su vez propietaria principal de Hisdesat, (43% de su accionariado, que comparte con el 30% de ISDEFE, el 15% de Airbus., el 7% de INDRA y el 5% restante de SENES, todas ellas de las grandes de la industria miliar española) que fabrica satélites militares.

Aclaremos que Hisdesat, junto con otras lindezas, es propietario de los satélites Spainstat y X-tar EU, que porveen de comunicaciones a las múltiples operaciones militares en el exterior.

El SpainSat, lanzado en 2006, permite las telecomunicaciones entre las diferentes misiones de las Fuerzas Armadas Españolas en el extranjero. Da cobertura sobre una amplia zona que va desde Estados Unidos hasta Sudamérica, pasando por África, Europa y Oriente Medio. Su servicio incluye la cobertura a labores humanitarias, seguridad e inteligencia, operaciones militares, envío de imágenes, servicios a embajadas y comunicaciones gubernamentales de España.

El Xtar-Eur, operativo desde 2005, está operado por Star y presta servicios de comunicaciones y sirve a las necesidades de defensa de los Estados Unidos y países aliados, opera como satélite redundante del SPAINSAT, ante fallos de este

Hasta aquí todo normal, porque amiguete no come amiguete, pero parece que las cosas han variado, porque el mundo de los ricos es el mundo de la jungla, y la empresa italiana ATLANTIA (también dedicada a la gestión de autopistas y a la gestión de aeropuertos como negocio principal) ayudada por el Banco Santander, ha lanzado una OPA contra ABERTIS, con lo que el tinglado de Defensa y sus amiguetes se pone en peligro, lo que ha hecho que maniobre Defensa. Dice la noticia que comentamos que esta semana ha habido :

reuniones de urgencia entre los secretarios de Estado de Fomento Julio Gómez-Pomar y de Defensa, Agustín Conde Bajén, con objeto de evitar que estos activos estratégicos caigan en manos extranjeras. Más concretamente, evitar que caigan en manos de la italiana Atlantia.

La cuestión es que Defensa prefiere que las acciones de Abertis queden en manos de una empresa española, más manejable y dependiente del interés del Ministerio de Defensa, en realidad una especie de dueño del tinglado por empresas amigas interpuestas y generosamente recompensadas.

Por eso ahora han elegido a Red Eléctrica Española, para que se quede con las acciones de Abertis en Hispasat, otra vez amiguete al canto, y esta vez del oligopolio eléctrico, porque parece evidente que los oligopolios tienden, por una especie de la ley de la gravedad económica, a atraerse mutuamente.

 

 

Share

El Ministerio de Defensa y El Corte Inglés la lían en Salamanca

Por Salamanca RTV

Fuente:  El Norte de Castilla.

Informa el Norte de Castilla de un enredo urbanístico donde aparecen el Corte Inglés, el gobierno municipal de Salamanca (del PP) y el Ministerio de Defensa.

Pregunta el Diputado Juan López de Uralde, de Equo, en el Congreso por dicho jaleo y, sobre todo, por el papel de Defensa en todo ello.

Al parecer, El Corte Inglés edificó un centro comercial en los antiguos terrenos de un cuartel militar en Salamanca, y al hacerlo, se pasó tres pueblos y construyó más de lo que autorizaba la normativa helmántica.

En su día tiraron el cuartel de Infantería «Julián Sánchez `El Charro»  para construir un Corte Inglés, según reflejó ABC, gracias a un convenio de colaboración entre Defensa y el Ayuntamiento de Salamanca y, pásmense, el propio Corte Inglés. Un acuerdo que, dice ABC, llevaban negociando 18 años de nada.

El proyecto inicial hablaba de construir tanto el centro comercial, como viviendas, un espacio ajardinado, un centro cultural y un campo de fútbol, que así de grande debía ser este espacio.

El Ayuntamiento tuvo que acometer una remodelación urbanística en toda regla para que el proyecto se llevara a cabo y, oh sorpresa, cuando se dieron cuenta, el Corte Inglés había edificado «de más» para su mega centro comercial, dejando en agua de borrajas el resto del proyecto.

Entonces, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla León modifican provisionalmente el plan urbanístico para favorecer a El Corte Inglés en su trampa. Es aquí cuando empieza una batalla judicial que conlleva una sentencia donde se dice que El Corte no se ha cortado en sortear la legalidad y que no cuenta con licencia para lo realizado. Gracias a procedimiento iniciado por EQUO el asunto llega al Tribunal Supremo, que anula el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca aprobado por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, por favorecer los intereses particulares del centro comercial, en contra del interés general de la ciudad.

Para complicar más las cosas, El Corte Inglés parece que se cabrea y amenaza al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla León con pedirle más de 150 millones de euros si no logra arreglar el asunto a favor de sus intereses, según nos informa Salamanca 24 horas,  manifestando que «si tiene que cerrar su centro comercial en Salamanca, tendría que cobrar 3,3 millones por la urbanización de la zona, 93 por el edificio de los grandes almacenes, 4,3 por la construcción del centro cívico, 31 por la pérdida patrimonial de un terreno depreciado, 8 por los gastos que supuso la apertura del centro comercial, 4,8 por la demolición que habría que acometer, 3,2 por las tasas e impuestos abonados, 2,2 por la parcela del campo de fútbol Neme que fue parte del convenio urbanístico y casi medio millón de euros por las costas judiciales». Y a la vez otros gastos hasta 150 millones de euros por  «el coste de la extinción de los contratos de los trabajadores, el coste de los contratos vigentes con proveedores de productos, el lucro cesante por el cierre del centro comercial, el traslado a otros terrenos, gastos financieros, honorarios de abogados y notarios e incluso daños morales».

Entonces el ayuntamiento del PP tiene la ocurrente idea de sortear de nuevo la ley también creando ad hoc una normativa provisional para saltarse el fallo de la sentencia, cambiando la edificabilidad de la dotación del Corte Inglés en detrimento de los otros usos, lo cual una vez desvelado no deja de ser una alcaldada más, eso sí, aprobada en el pleno municipal «por unanimidad» según desveló el medio 20 minutos en 2014.

Total, que con tanto pasteleo, en vez de cumplir la orden judicial, el ayuntamiento, denuncia Equo, intenta sortearla y los promotores de las denuncias judiciales siguen denunciando a la justicia este claro caso de desobediencia a lo que dicta un tribunal (que por cierto no tiene el mismo tratamiento ni merece los mismos improperios que suele verter el PP cuando quien incumple es otro). Hete aquí que los promotores de las denuncias judiciales, los verdes de Salamanca, ponen el enjuague en conocimiento del diputado López de Uralde, que a su vez ha preguntado a la Ministra de Defensa qué parte tienen (si es que la tienen) de conocimiento y/o complicidad en todo esto y, lo que es más enjundioso, si pretende el ministerio exigir compensaciones por la no dedicación del terreno a lo que se había aprobado.

Al margen de este asunto, otros aspectos más nos interesan.

1 ¿Qué tipo de convenio hizo Defensa con el Corte Inglés y el Ayuntamiento de Salamanca, para temer que ahora puedan pedir pasta?

2 ¿ Fue una venta?, ¿una permuta?, ¿alguna otra fórmula onerosa donde se haya perdido dinero público en detrimento de Salamanca y a favor del ejército?

3 ¿Cómo es posible un acuerdo de índole inmobiliaria entre El  Corte Inglés y el Ministerio de Defensa?, ¿qué recibió a cambio Defensa?

4 ¿Por qué el empeño de que ahora Defensa de respuesta?, ¿es que hay algo que se nos haya escapado?

5 ¿Ha estado Defensa al corriente de todo este pasteleo?; ¿ha tenido algo que ver en el mismo?

6 ¿Va a obtener el Ayuntamiento de Salamanca los equipamientos que le han sido arrebatados por la actuación tramposa de El Corte Inglés y la no menos memorable actuación contra el interés general del ayuntamiento y de la Junta de Castilla León?

A nuestro parecer, preguntas que necesitan claridad, porque lo que parece es que entre unos y otros la han liado parda contra los intereses de la sociedad y deben responder de tal situación. Ya se sabe el dicho: Quod natura non dat, Salmantica non præstat.

Share

¿Es la industria de defensa un factor determinante para nuestro bienestar?

Opera%C3%A7%C3%A3o+%C3%81gata+4

Por Alfredo Guerrero

Fuente: Defensa.com

La Ministra de Defensa, Dolores de Cospedal ha lapidado con su habitual fraseología

La existencia de una base industrial y tecnológica asociada a la Defensa es un factor determinante, no sólo para la operatividad de las Fuerzas Armadas, sino para el bienestar de la sociedad en su conjunto

Qué bárbaro lo de la señora. Con que trapío de naderías sentencia. En este caso, en la clausura de la Asociación Española de Tecnologías de la Defensa (TEDAE), la patronal del sector armamentista, celebrada el pasado 27 de junio.

Nuestro bienestar pendiente de un hilo, como quien dice, atado al negocio de los tiburones de la industria militar, a quienes deberíamos estar mucho más agradecidos por llevarnos a los puestos de cabeza del ranquing de los exportadores de armas y darnos tanto beneficio social al precio tan bajo de nuestra abyección.

¿En que se basa la ministra para ese fraseo?

Pues aporta sus datos, que los tiene y sorprendentes.

Las empresas asociadas en TEDAE (la inmensa mayoría del sector en España, pero no todo) han sumado este año «de crisis» nada menos que 10.700 millones de euros de negocio, un 10´2% más que en 2016, que ya fue un año muy positivo: Esta cifra representa, según la memoria de autobombo de TEDAE el 1% del PIB español y el  6% del PIB industrial español. Además, la industria armamentista, dice la ministra, tiene un notable impacto en el empleo, de hasta 55.000 profesionales, entre empleos  directos e indirectos, con una inmensa mayoría de personal de alta cualificación.

Y con un recadito para esos agoreros que critican el gasto en defensa, a los que tan cordialmente se ha dirigido la doña, afirma:

Las cifras constatan una evidencia: el sector está fuertemente comprometido con el futuro de España y por tanto su desarrollo debe ser una apuesta estratégica

Nosotros somos de los agoreros. De esos que critican todo lo que se gasta en Defensa y, sobre todo, para lo poquito que vale y lo mucho que les aprovecha a unos cuantos en perjuicio del resto.

Y decimos que la cifra de negocio de TEDAE, no podemos sino reconocer las palabras de la ministra, es enorme. Nada menos que 10.700 millones de euros y creciendo. Eso sí, la mayoría (el 83% de la producción según TEDAE) para la exportación de armas, porque se venden estas armas a países poco recomendables (y de paso se fomenta con ello la carrera de armamentos, la guerra, el conflicto, el odio  que otros pueblos nos consideren parte del enemigo, etc.).

Un negocio que ofrece a los socios de TEDAE pingües beneficios, sobre todo si tenemos en cuenta que, además, reciben un desorbitado trato de favor (subvenciones a tipo de interés cero, subvenciones sin más, exenciones, apoyo institucional para su negocio, encargos innecesarios, etc.).

Pero un negocio que no ofrece retornos a la sociedad en la proporción que los ofrecen otros sectores, por varios motivos:

  1. Según la ministra el impacto del sector en el empleo es de 55.000 profesionales, entre empleos directos e indirectos (por cierto, muchos menos que los que en otras ocasiones ha ofrecido el gobierno como impacto laboral), una cifra que no es de las más amplias en nuestro tejido industrial, ni en otros sectores laborales. Por ejemplo, sólo el sector de energías renovables,  según informe elaborado en 2010,  estimaba para dicho sector un impacto de empleo directo de alta cualificación de 68.000 personas, e indirecto de cerca de otros 45.000 para el período 2015-2020, mucho más que la industria militar y mucho más ético. O por poner otro ejemplo, el sector de la tecnología sanitaria y del equipamiento hospitalario cuenta con una facturación de unos 7.400 millones de euros, pero emplea directamente a 32.000 personas altamente cualificadas e indirectamente entre 80.000 y 100.000, según el estudio de impacto realizado por la Federación de empresas de tecnología sanitaria.
  2. El impacto de este sector en el desarrollo científico, tecnológico o de aplicación social de los ingenios militares es más que limitado.
  3. El gasto en innovación del sector militar es el 7´5 % del gasto total de innovación de nuestro tejido industrial, según la propia TEDAE.
  4. No existe una redistribución de la riqueza generada por el sector, sino, al contrario, una acumulación apabullante en manos de los accionistas de este y de los bancos que financian sus inversiones, muy pocas manos pero tremendamente ricas y poderosas, hasta el punto de contar con amplias complicidades políticas y mediáticas.
  5. Cuenta con complicidades de la clase política extractiva y un amplio apoyo institucional, como se demuestra en el ejemplo de la propia ministra cerrando su junta de accionistas o del rey emérito y su hijo reinante apoyando las ventas de armas a Arabia Saudí, por ejemplo.
  6. Factura mucho cuando todas las demás empresas están en crisis, como demuestra la siguiente afirmación de su informe anual «La actividad directa generada por los sectores industriales integrados en TEDAE aportó a la economía española cada día del pasado ejercicio la cantidad de 29,4 millones de euros. Actividad que creció tres veces más rápido (10,2%) que el total nacional (3,2%)«.
  7. No es casualidad que las grandes zonas donde están erradicadas sus factorías de producción sean zonas deprimidas y dependientes del monocultivo militar, que necesita de esta dependencia para su propio desarrollo insolidario.
  8. En cierta medida, podemos considerar que un retorno de estas industrias que fomentan la venta de armas y la conflictividad mundial es la mayor inseguridad global y las amenazas terroristas que se ciernen sobre nosotros, pues es precisamente la alimentación de los conflictos y la venta de armas uno de los capítulos que ha hecho crecer este fenómeno de resentimiento y odio.

Con todo, al ministra tiene algo de razón, como cada vez que habla. Y es que efectivamente, nuestro bienestar está relacionado con estas industrias. Concretamente de forma inversa a como la ministra plantea. Cuanto mejor las va a ellas, peor nos va a los de abajo.

Esa es la triste y humillante realidad y la razón por la que deberíamos impulsar reivindicaciones de que este tipo de industrias desaparezcan o se reconviertan a usos socialmente útiles.

Share

La resistencia de un barrio okupa en Gasteiz, ejemplo de defensa social noviolenta

Por Errekaleor Bizirik

Fuete: Público

El mayor barrio okupa y autogestionado del Estado se encuentra en Gasteiz y se llama Errekaleor. Agrupa al menos a 150 vecinos y vecinas.

Actualmente está cercado por la Ertzaintza, las fuerzas policiales vascas al servicio del orden propio de esta sociedad postcapitalista y sus poderes más localistas.

 El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha prometido que derribará Errekaleor quieran o no quieran sus actuales vecinos, a quienes el político del PNV definió como “antisistema”

¿Una niña de dos meses antisistema?, ¿un anciano de más de 70 años?, ¿un centro cultural?. A veces los alcaldes pasan de la temeridad a la comicidad y dan entre risa y lástima. Es el caso.

Errekaleor es el esqueleto que el anterior alcalde del PP, Alfonso Alonso, pretendía convertir en un nuevo diseño residencial al uso de los tiempos aquellos en que las políticas liberalizadoras del suelo acabaron por construir el desastre inmobiliario con el que nuestros ricos y sus representantes políticos nos atizaron y empobrecieron. Luego vino la gran crisis, la gran estafa, y el faraónico proyecto del alcalde Alonso se fue al traste.

Pero los vecinos del barrio fueron, no obstante, expulsados del barrio y obligados sin piedad a realojarse en otros lugares. Necesitaban en suelo libre para el negocio.

En septiembre de 2013, varios jóvenes se instalaron en uno de los portales vacíos. Fue la mecha que encendió la llama: en apenas unos meses, la vida volvió a esta desolada zona del extrarradio de Vitoria. El barrio renació y ahora es el mayor barrio autogestionado del Estado y con su funcionamiento abre una brecha que el decrépito poder de este decadentoso régimen no puede cerrar.

Hace pocos días Iberdrola cortó la luz a todo el barrio. El Alcalde tiene como objetivo desalojarlo y tirar, casa a casa, hasta la última piedra. Es intolerable, debe pensar, que a la gente la de por vivir a su manera y, de paso, nos jorobe las brillantes ideas urbanísticas con las que encandilamos a los votantes. Hay que dar ejemplo de seriedad y eficacia administrativa.

La gente prefiere decidir su propio destino a su manera y defiende lo que considera que ha de defender. En este caso la vida del barrio donde viven, frente a los intereses políticos de quienes tan desastrosamente nos conducen por el filo de un precipicio y aspiran a que les consideremos nuestros defensores.

Esta historia ya la hemos vivido en otros lugares y en otras épocas. Vecinos que tejen la convivencia en un sitio dejado a su suerte e intereses económicos y políticos que en un momento dado deciden que hay que echarlos a todos.

La historia, corta historia de menos de cinco años, de la lucha del barrio de Errekaleor, es en parte un ejemplo más de la lucha social de la gente por lo que le interesa defender frente a lo que los de arriba quieren defender en nuestro nombre y llaman seguridad. Seguridad humana frente a un enfoque de seguridad de los intereses de los de arriba.

El conflicto es inevitable.

Mientras se incorporaban nuevos vecinos y se ponían en marcha distintas iniciativas para rehabilitar la zona, los grupos municipales de PNV, PSE y PP se unían para advertir que no lo tolerarían. A finales del año pasado, la sociedad pública Ensanche 21 (que se reivindica como titular de este gigantesco espacio) decidió presentar una demanda de desahucio contra todo el barrio. La medida fue promovida por los representantes del PP y apoyada por PNV y PSE.

En ese contexto, el pasado jueves 18 llegaron varias dotaciones de los Antidisturbios de la Ertzaintza, quienes hacían de escoltas de un número más reducido de técnicos de Iberdrola. La misión de estos últimos era cortar la luz, mientras que los primeros se encargarían de apartar a quienes se pusieran en el medio. Así pudieron constatarlo los numerosos jóvenes que rodearon el transformador de la zona y que fueron sacados a rastras por los policías. Así, entre forcejeos, Iberdrola cumplió su cometido. Según explicó la Policía Autonómica, detrás del operativo se encontraba el departamento de Industria del Gobierno Vasco, que había solicitado el corte de energía por cuestiones de “seguridad”.

Pero los vecinos defienden lo que quieren defender y no se dejan amilanar. Es una lucha social y ahora han tenido una nueva idea que demuestra la eficacia de la defensa de la seguridad humana con metodologías de acción directa noviolenta, con estrategias de lucha social y con fórmulas de organización autogestionada y de base.

Los vecinos han iniciado un trabajo para autoabastecerse de electricidad y luz con energías limpias. Una vez que la coacción del ayuntamiento e Iberdrola les ha liberado de la atadura de las energías promovidas por el lobby energético, los vecinos han decidido generar energía limpia y solidaria y demostrar que hay vida más allá de Iberdrola y el muro de la Ertzaintza. Otro ejemplo que apunta al futuro que esta lucha social quiere construir y al pasado que denuncian y rechazan.

Donde los malos esperaban una coacción intolerable, han abierto sin quererlo una oportunidad a la creatividad y liberación de la gente.

Una semana después de ser apaleados por la Ertzaintza, los 150 vecinos de Errekaleor, el barrio autogestionado más grande del Estado, buscarán convertirse en la “mayor isla autosuficiente del sur de Europa”. El plan ya está diseñado: en los próximos días, la asamblea barrial pondrá en marcha una campaña de apoyo, dirigida a hacerse con 550 placas solares que permitirían dar luz a todas las casas de esta antigua zona obrera de Vitoria, contra la que hoy cargan (además de la Policía Autonómica) los responsables del PNV, PSE y PP.

La lucha empieza a ser conocida en otros lugares. El barrio aspira a ser el más grande barrio autogestionado y autosostenible del Sur de Europa y desata la simpatía y la solidaridad.

Así lo confirmaba el colectivo Errekaleor Bizirik (Errekaleor Vivo) desde su cuenta en Twitter, donde daba pistas sobre el futuro que intentarán construir. “¡Primer tweet sostenible! Hemos colocado la primera placa solar. Con tu ayuda serán muchas más”, anunciaban. Según señalaron a Público sus portavoces, la campaña será presentada formalmente el próximo sábado 3, en el marco de una manifestación a favor de este proyecto autogestionario que se realizará en la capital alavesa.

´Nos alegra este ejemplo que apunta directamente a la seguridad humana y a la defensa de lo que la gente quiere defender. Un ejemplo de defensa noviolenta que nos enseña además que podemos aspirar a otra defensa y a derribar la defensa militar.

Share

Convenios del Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía para el cuidado de especies protegidas

Ibis+chauve+-+Geronticus+eremita+-+Malalodja+-+SWAZILAND

Agustín Povedano

Fuente: BOE

El BOE no para de darnos sorpresas inquietantes. Nos disponemos, como Proust con su famosa magdalena, a deleitar su árida lectura cuando nos sobresaltan algunas de sus farragosas explicaciones más desagradables.

¿Adivinan cómo pretende la Junta de Andalucía cuidar el Águila Imperial Ibérica (para los finolis «Águila adalberti»), maltrecha ella y necesitada de protección especial a pesar de su porte magnífico y de su historia milenaria?

Pues muy fácil, conveniando con el ejército para que la cuide en su gran territorio de uso exclusivo en Jerez de la Frontera (Cádiz); según refiere el BOE de 2 de mayo de 2017.

Se nos antoja que más bien debiera cuidarse el águila imperial de ejércitos y políticos que dejarse cuidar por ellos y sus intrigas, pero eso es harina de otro costal.

Dice el acuerdo del susanismo castizo y la castiza Dolores, que el ejército, dueño de los parajes de  Cortijo de Vicos, Garrapilos y las Marismillas, todos ellos en Jerez (entre paréntesis, los usa para que pasten sus potrencos de la cría caballar) y que los cuida con un esmero medioambiental que pasma.

Y dice además que dichos terrenos (que por cierto no pueden disfrutar los restantes mortales porque su declaración de zona  de interés para la defensa se lo impide) « reúnen por su ubicación, características ecológicas y protección, excelentes condiciones para la conservación del águila Imperial»

El convenio pone de cuenta de la Junta el compromiso de

desarrollar en los terrenos del Ministerio de Defensa relacionados en la cláusula primera actuaciones para el seguimiento, conservación y recuperación del águila imperial.

Igualmente se compromete a que todas las publicaciones, material de difusión, comunicados e información que elabore y divulgue al amparo del presente Convenio se hará siempre constar la colaboración del Ministerio de Defensa y en caso de que se trate de material o comunicaciones impresas se hará constar el anagrama identificativo del citado Departamento Ministerial.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía permitirá que el Ministerio de Defensa en sus publicaciones y comunicaciones de carácter divulgativo pueda difundir libremente las actividades que se están realizando así como hacer referencia a su participación como entidad colaboradora.

A cambio de tal colaboración, el Ministerio de Defensa recibe una gratuita propaganda de su enorme labor social y además se compromete a

a) Permitir el acceso del personal designado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a los terrenos mencionados en la cláusula primera.

b) Dar, siempre que le sea posible, el apoyo logístico acordado por las partes para el desarrollo del Proyecto de Conservación del Águila Imperial

En fin, recibe mucho a cambio de nada. Pero no es lo más grave.

Lo más grave es que para defender al águila imperial, como se ve, no necesitamos entidades civiles, ornitológicas, ecologistas, o incluso dando a los terrenos que acapara defensa porque sí un uso alternativo y social, sino llegar a acuerdo con los militares, que en definitiva van, pasito a pasito, inundando de su enfoque militar todos los escenarios sociales

¿Que lo que queremos cuidar es otra especie en peligro, pongamos por caso, el ibis eremita (Geronticus eremita),  que encima es feo a rabiar?  Pues tampoco hay problema, porque otro convenio de la Junta de Andalucía también publicado en el BOE , prescribe el cuidado del susodicho pájaro en terrenos del mismo ejército, que de patrimonio anda sobrado.

Esta vez en la Sierra del Retín, también de propiedad militar y uso exclusivo como campo de adiestramiento de la Armada, en Barbate, con idénticos compromisos.

También parece que la mejor opción de la Junta de Andalucía para proteger el ibis eremita, que es caprichoso y le ha dado por anidar al fragor de los cañonazos, es conveniar con el ejército, no tanto reivindicar el uso civil y civilizado de la sierra del Retín, o apoyar a los grupos ecologistas, que vaya usted a saber si no son suficientemente cualificados.

Y como no hay dos sin tres, ahora vamos a por una especie diferente: el camaleón (Chamaleo chamaleon), cuyo parecido con los políticos es tan obvio que nos vamos a ahorrar el chiste.

El pobre bicho también está maltrecho y, como no, hay que conveniar con el ejército para protegerlo, según un tercer convenio aparecido en el BOE.

Esta vez los agraciados son el Acuartelamiento de Camposoto y la Base Naval de Rota, donde el caprichoso tiene a bien pernoctar.

También el camaleón goza, como se ve, de la protección del ejército y del inquebrantable amor por España de Doña Susana.

Y es que la ecología, a pesar de pequeños detalles por los que pasaremos por alto, no se defiende mejor que con el ejército y sus ingentes y prohibidos terrenos.

No en balde, es lo que tiene ser el segundo terrateniente del Estado.

Share

Defensa no cede a los ayuntamientos ni los túneles que no usa desde hace décadas

Imagen de Heimlich

Fuente:  ABC.

¿Quién estaría dispuesto a comprar una extensa red de túneles?

Ya, ya, Gallardón, para soterrar la M-40 de la capital.  O, si los venden por kilómetros, Valladolid para enterrar sus vías de tren y hacer la ciudada más paseable y comunicada.

No, en serio, ¿quién estaría dispuesto a comprar una extensa red de túneles hábilmente situados en el término de Calatayud?

¿¿¿???

Y por sólo 387.000 €.

Sabíamos que Defensa es el segundo terrateniente nacional, sólo por debajo de RENFE.  Pero desconocíamos que el pique hubiese llegado a tanto y ahora reclamen ser el segundo mayor tunelador de España.

Los túneles en cuestión, una red de cinco oscuras galerías de considerable extensión, formaron parte durante décadas de la lista de enclaves de acceso restringido por su carácter militar. Un valor defensivo que perdieron hace más de treinta años. Desde entonces, son testigos mudos de un pasado en el que estos túneles fueron utilizados como robusto almacén de munición, armas y materiales explosivos.

Funcionaron como polvorines durante décadas. Desde el exterior, poco delata su presencia, salvo los peculiares respiraderos -asemejan la forma de los viejos búnkeres- que asoman en lo alto del cerro y que servían para airear el interior de los túneles que se extienden por las entrañas de este monte del paraje bilbilitano de Campiel.

La propiedad en cuestión no solo incluye esta singular red de viejos túneles militares -300 metros cuadrados-, sino también la amplia extensión de terrenos en las que se enclavan y que pertenecían al Ejército. En total, 184.790 metros cuadrados de terreno. Eso sí, de escasas posibilidades a efectos inmobiliarios, porque se trata de suelos rústicos y, además, en una zona protegida por su valor medioambiental, el entorno de las Hoces del Jalón.

Esta zona del término municipal de Calatayud está catalogada en la Red Natura 2000 de la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

¡Qué desilusión!  Leyendo la noticia nos damos cuenta de que, quizá, como mucho, son 100 metros de largo de túnel por 3 metros de ancho.  Bah.  Y el terreno no tiene mucha pinta de poder ser llenado de inmuebles.  Menudo engaño.

Por supuesto, Defensa no quiere ni oír hablar de cesión al ayuntamiento para uso comunitario o social.  ¡Faltaría más!  Aunque parece que llevan muchos años intentando engañar a alguien para que lo compre, pero nadie pica.  Y eso que han hecho ímprobos esuferzos bajando lentamente el precio del agujero:

El precio en el que el Estado ha tasado estos curiosos túneles es sustancialmente inferior al que aspiraba obtener hace menos de diez años. Según ha explicado el actual portavoz municipal del PSOE en Calatayud, Víctor Ruiz, en 2008 -cuando él era alcalde- planteó al Ministerio de Defensa la posibilidad de que cediera esas galerías al Ayuntamiento, pero en aquel momento les contestaron que el Estado no estaba dispuesto a darlas gratis: en aquel momento pidió más de 400.000 euros por esta propiedad.

Nada.  Que algo en el ADN militar impide soltar a los ayuntamientos cualquier terreno, mueble o inmueble, rústico o urbano, aunque no lo usen desde hace décadas.  Esta es la famosa acción social del ejército, la famosa solidaridad de los militares con los civiles.

Esperan sacar 387.000 euros para invertirlos en armamento, nunca en mantequilla.

Share

El Ministerio de Defensa hace negocio con los bares

Imagen de Sven Sivertssen

Fuentes:  Infodefensa 1 y 2

Os damos noticia de un par de informaciones sobre concursos abiertos por el Ministerio de Defensa:

  • La Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal para el suministro de explotación del servicio de bares y comedor en la Residencia Militar de Descanso «La Plana» en Castellón.  El importe total son 692.750 €.
  • La misma Jefatura, para el suministro de explotación del servicio, restauración, bares y cafeterías del Centro Deportivo y Sociocultural Militar «El Soto» de Zaragoza.  El importe es de 499.125 €.

El total son 1.191.875 €.  Todo por la felicidad de los militares.

Nuestro análisis es el siguiente:

  • Nos parece un despilfarro que con cargo a los presupuestos del Ministerio de Defensa se esté gastando más de 1 millón de € en dos bares-restaurantes de Zaragoza y Castellón.
  • ¿Cuánto se gastará en otros bares-restaurantes similares de los que aún no hemos tenido noticias?
  • Estos clubes militares de ocio, deporte y recreo, ¿deberían estar pagados por el erario público?  ¿No son, más bien, un lujo que intenta, otra vez, favorecer a los militares frente a las altas necesidades de gasto social existentes en el país?
  • ¿Pagan IVI y los demás impuestos estos establecimientos de restauración que, claramente, no tienen nada que ver con la Defensa Nacional, o están sujetos también a esa arbitraria declaración de Zona de Interés de la Defensa, que decide el propio Ministerio de Defensa y que les exime de obligaciones con el resto de la sociedad como indicábamos en nuestro estudio:  «Antimilitarismo y elecciones municipales y autonómicas 2015«?
  • Datos como estos son los que nos hace ver como necesaria y urgente una auditoría independiente de los gastos del Ministerio de Defensa.

Como se ve, el dinero que manejan estos bares-restaurantes exclusivos de militares es muy alto.  Si la licitación es de casi 1’2 millones de €, ¿cuántos millones dejarán estos negocios?

Luego nos extraña que el Ministerio de Defensa sea el segundo que más ingresos logra reflejar en los presupuestos anuales como decíamos en el artículo anterior:  Defensa, uno de los ministerios que más ingresa.

Share

Defensa vuelve a intentar el pelotazo de la operación Campamento

20121105-007234

Por Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio

Fuente: el País

Nos informa El País de la intención de Cospedal de hacer caja con la ya varias veces fallida operación Campamento, en la que el Ministerio de Defensa pretende vender terrenos de propiedad del ejército en uno de los pelotazos de terreno más ingentes que se recuerdan.

Si hacemos memoria, la operación Campamento es un esperpento que solo busca lucrar a Defensa, como denunciamos en 2013. En 2015 se intentó colocar una millonada de metros cuadrados a un grupo empresarial chino para hacer una zona recreativa, y anteriormente a otro empresario estadounidense para hacer casinos, pero la operación fracasó en ambos casos.

Ahora se pretende sacar a la venta una «fase I» compuesta por 2,1 millones de metros cuadrados, pero, al parecer, encuentran reticencias en el Ayuntamiento para permitirles dicha venta.

Cospedal se ha comprometido, en el Senado y a preguntas de un senador del PSOE, a sacar adelante el pelotazo pese a quien pese (ella en realidad ha dicho «por encima de los colores políticos» que es la forma fina de decir que porque le sale de las mismísimas narices), tal como publica La Vanguardia.

Para demostrar que en esta materia los colores «políticos» no importan gran cosa, el senador del PSOE, mostrando su singular y secular sintonía con el PP, ha pedido a la ministra que se «cargue las pilas y haga realidad un proyecto que necesitan millones de madrileños», lo que demuestra no tanto las necesidades de los madrileños (que no pasan precisamente por el lucro del ministerio de Defensa) como la igualdad de ideas del PP y el PSOE en esta materia.

Para PSOE y PP lo de la Operación Campamento no debe mezclarse con la política, justo lo contrario de lo que parece que le interesa a la ciudad de Madrid.

Y es que son como hermanos siameses.

Share
:)
A %d blogueros les gusta esto:
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed