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Cañamero se salta el protocolo y exige a la Ministra de Defensa un uso social para la finca militar de Las Turquillas

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Malojavio El Saucejo

Fuente: Lainformación

Al fin un diputado que se sale de las formas principescas del anodino parlamento, donde se discute el sexo de los ángeles y se pacta bajo la mesa la miseria y la resignación a los dictados de la élite tele-gobernante.

Cañamero, el que junto con otros luchadores de los derechos desde abajo abrió camino con sus acciones de desobediencia contra los supermercados y la violencia del hambre; el que ocupó fincas militares destinadas al paseo de los caballos, mulas y burros del Ejército, para reivindicar el derecho al trabajo de la tierra para los jornaleros azotados por el mismo sistema que defienden las patrias y las banderas; el que se negó a cobrar como un príncipe de la patria y sigue dando muestras de una coherencia personal que la diputadesca en general no sigue; Cañamero, decimos, saltándose de nuevo el protocolo, abordó a la Ministra de Defensa para pedirla que no venda al mejor postor la finca de Las Turquillas (donde de momento pasea la cría caballar del ejército) y que se destine a un uso socialmente útil, como debe ser.

Abordó a la ministra en un pasillo para llevar a cabo su reivindicación.

Según ha dicho, en Andalucía hay tres fincas militares que están en desuso y, en concreto, la de ‘Las Turquillas’ se dedica a la cría caballar. «Nos saldría más barato tener a los caballos en un hotel que tener esa finca para la actividad caballar», ha comentado.

Los militantes del SAT han protagonizado diversas ocupaciones simbólicas de esta finca, como nos hemos hecho eco en este blog, y han reivindicado su uso social desde antaño, sin que hasta la fecha haya accedido defensa a sus reivindicaciones.

No le ha hecho falta al atípico diputado mucho protocolo para llevar adelante esta reivindicación, mostrando con ello que más allá de calentar sillones, los diputados, más allá de levantar el dedo para votar, pueden hacer de la oposición un verdadero campo de lucha, uno más, en sintonía con la reinvindicación y metodología de la calle y que haga saltar las controladas agendas políticas de lo que se puede y no se puede tratar en un parlamento.

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Condenados por usurpación los activistas del SAT que entraron en la finca militar de las Turquillas

Tintilla

Fuente: El País

el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a condenado a cinco de los integrantes del grupo que realizó una acción noviolenta en la finca militar de Las Turquillas por un delito de usurpación y otro de desobediencia a la pena de siete meses de cárcel.

Entre los condenados están el diputado andaluz Sánchez Gordillo y el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero.

Los restantes activistas que participaron de la acción han sido absueltos. La condena, curiosamente se ha centrado en las personas reconocidas y reconocibles que pueden marcar la pauta de actuación noviolenta a los demás.

Cumple así la función preventiva propia del derecho penal: advertir a los demás de lo que les puede pasar si cunde el ejemplo y ocupan terrenos militares.

Es curioso. La finca de las Turquillas tiene entre sus particularidades la de ser un terreno inmenso para que lo pisen unos caballitos del extinto organismo autónomo de Cría Caballar. Ahora la cría caballar ha desaparecido como organismo autónomo, pero la finca sigue siendo una propiedad militar sin un uso adecuado. Mientras tanto, el reparto desigual de la tierra y la violencia estructural hace que miles de jornaleros y trabajadores del campo en el paro y sin tierras que trabajar.

La acción de los jornaleros en Las Turquillas era una acción simbólica, no una usurpación, para poner el dedo en la llaga del reparto injusto y desigual de las tierras y la injusticia del paro de los trabajadores, mientras los grandes poseedores de fincas, entre ellos los militares, poseen extensiones baldías para que las pisoteen unos cuantos caballos de exhibición.

No parece que la sensibilidad y la justificación de la acción noviolenta haya entrado en la mente de los juzgadores que condenan este hecho como si se tratara de una usurpación de verdad.

El poder de la mentalidad militarista sigue en pié y ahora puede esgrimir la sentencia contra quienes, apelando a la justicia y denunciando la injusticia, se decidan a desobedecer un orden de cosas poco justo, por muy amparado en leyes obsoletas que esté.

Por cierto, que las malas lenguas dicen que en Las Turquillas hay una fosa de represaliados de la guerra civil. ¿Tal vez es este el interés definitivo del ejército para que nadie entre en las Turquillas?

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Detenido Diego Cañamero por la ocupación de una finca militar

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PabloMiranzo

Fuente: El Diario

Ha sido el día 28 de julio, cuando se dirigía a la sede del Sindicato Andaluz de Trabajadores, cuando la Policía ha detenido a Diego Cañamero para ponerlo a disposición judicial por la ocupación de la finca Las Turquillas que llevaron a cabo los jornaleros para denunciar el abuso de los terrenos militares y la falta de justicia social, hace unos años y por la que fue condenado.

Cañamero, tras conocer la sentencia, esperaba la detención para el pasado mes de junio, pero al final no fue detenido, según el propio Diego Cañamero, porque quisieron evitar una detención con luz  y taquígrafos que fuera un revulsivo para la lucha de los trabajadores andaluces.

Ahora se produce la detención en plena canícula, tal vez con la intención de evitar cámaras y publicidad, una de las principales armas de la acción noviolenta.

Pero las cosas han llegado a un punto en que la mera detención de Diego Cañamero no hace sino volver a poner en primera página la digna lucha de los activistas andaluces y las justificaciones que legitiman una acción noviolenta de denuncia como la emprendida en la finca militar de las Turquillas, usada para algo tan absurdo como mantener unos cuantos caballos militares pastando, mientras los trabajadores no tienen empleo ni tierras para trabajar con dignidad.

Nuestra solidaridad, como no puede ser menos, con Diego Cañamero en este memento de su detención  y con la lucha del SAT y sus objetivos.

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El Ministerio de Defensa opta por los caballos antes que por los jornaleros

Imagen del Ministerio de Defensa de España

Fuente:  Andaluces Diario

La entrevista a Diego Cañamero no tiene desperdicio y de todos los flancos que presenta hemos elegido unos pocos:

1.-  El anuncio de que a partir del 2 de octubre va a dejar su puesto dirigente en el SAT para volver a ser jornalero en su pueblo.  Ciertamente lleva mucho tiempo en cargos importantes, pero ha decidido irse de ellos, dejar paso a otras personas, y volver a su trabajo original.  Admirable.

2.-  La coherencia y claridad de ideas en la elección de objetivos en la lucha:

La gente ha puesto más su confianza en los nuevos partidos políticos que en la movilización social, lo que está repercutiendo en la fuerza y la moral de mucha gente a la hora de realizar acciones o movimientos.

3.-  Lo duro que les resulta la lucha por sus derechos a los jornaleros andaluces:

El SAT  se encuentra en una situación muy complicada para llevar a cabo movilizaciones. Gracias a la caja de resistencia solidaria hemos podido salir adelante, ya que la gente dona desde el Estado español, desde Suiza y Francia y hasta fuera de Europa. En 2013 pagamos de multas 76.000 euros, en 2014 hemos pagado 46.000 euros y en lo que va de 2015 unos 15.000 euros. Estas cantidades han podido pagarse gracias a esa gente que nos ayuda. Desde la crisis empezó, desde 2008 hasta la fecha, hemos podido pagar, en torno 175.000 euros más o menos con las multas y las fianzas que suben la cifra casi 900.000 euros.

Con esta ley, si ahora nos piden casi 900.000 euros de multas y fianzas y 250 años de cárcel entre los más 600 compañeros inculpados, imagínate con la Ley Mordaza.

4.-  Que continúan luchando contra el despilfarro que supone el latifundio militar en el campo andaluz:

Hemos acordado el día 21 de julio ir a la finca La Isla, en el término de Écija, que es una finca pública patrimonio del Estado y gestionada por los militares, al tener noticias de que la quieren poner a la venta rápidamente; nosotros hemos querido movilizarnos para que eso no se venda, ya que podría dar buenas cosechas.

Recordamos las características de la Yeguada Caballar de Écija:

Contamos con dos fincas, compradas por el Ejército en el primer tercio del pasado siglo: «Las Turquillas» a mitad de camino, entre Écija Osuna, y «Las Islas», en la carretera de Herrera, a 5 Kilómetros de Écija.

La Primera tiene 1.100 hectáreas de secano y la segunda 410 hectáreas de regadío en su mayor parte.

La finca «Las Islas», al estar en el margen del río Genil, tiene una climatología más húmeda. También cuenta con una alameda compartimentada, y sobre todo con riego. Ello nos permite adecuar los mejores espacios para el ganado en cercados generalizados e individuales para los machos de 3 años, todos ello con pastos verdes durante todo el año.

La finca «Las Turquillas», es una de la más conocidas de la provincia de Sevilla, por su extensión de 1.100 hectáreas y por su gran riqueza medioambiental, que la Yeguada cuida y valora en grado sumo. El Ejército ha mantenido en las Turquillas una zona de monte bajo, con flora autóctona de gran interés, cientos de encimas y tres lagunas de gran valor ecológico que periódicamente acogen a miles de Flamencos y otras aves protegidas. Es la única finca que mantiene estos recursos ecológicos, al menos de la zona.

Nuevamente vemos que el Ejército es dueño de otra zona con gran valor ecológico y que ellos la gestionan cuando debería ocuparse cuando menos el Ministerio de Medio Ambiente.

Todo ello para:

11 yeguas hispano-árabes y 4 yeguas de pura raza española para la cría de productos hispano-árabes, y casi 40 potros de 1, 2, y 3 años.

En muchas ocasiones el Ministerio de Defensa ha optado por la Yeguada Militar ante las demandas de los jornaleros sevillanos:

El Ministerio de Defensa ha decidido que la Yeguada Militar (un centenar de équidos hispano-árabes) es más importante que los mil puestos de trabajo que se podrían crear en el latifundio de 1.120 hectáreas que posee en la comarca de Osuna (Sevilla). Y aunque no necesita todos esos terrenos y tiene otra finca de cría caballar en Écija, se niega a ceder la tierra y mantiene la acusación penal contra los jornaleros que el verano pasado ocuparon simbólicamente esa finca baldía para denunciar el terrible desempleo que padecen. 54 de ellos ya han sido imputados como vulgares delincuentes. Y el PP, que en 2010 reclamó la cesión del latifundio, ahora mira hacia otro lado. Esta es la historia de un conflicto entre la gente necesitada y unos gobernantes desalmados, sin alma.

Nuestra solidaridad con el SAT.

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Ley de Seguridad Nacional: un modo sutil de permitir estados cercanos a la excepción, pero sin garantías

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Por María Arias Menchen

El Gobierno, en este último estertor del Rajoinato ha aprovechado el último consejo de ministros antes de las elecciones locales para aprobar su proyecto de «Ley de Seguridad Nacional»

Como ocurre con tantas medidas del creciente militarismo, ésta también ha pasado con absoluta discreción y sin que los medios de información le dediquen ni una coma.

Tampoco parece que a los políticos, que se les llena a menudo la boca de grandes palabras y de proclamas en defensa de la libertad, les haya afectado ni mínimamente la publicación de esta norma que, como veremos, refuerza la militarización de la seguridad.

Este proyecto pretende, entre otras cosas, permitir que el Presidente de Gobierno pueda incorporar una categoría más de control sumario y autoritario de la población a los ya recogidos en la constitución y en la ley orgánica 4/1981 de 1 de julio para los supuestos de «emergencia», «excepción» o «sitio», el llamado «estado de interés para la seguridad».

Esta nueva categoría relaja más aún los requisitos y controles garantistas que la ley establece para los casos tasados de dichos estados excepcionales, permitiendo una invasión de esta especie de obsesión por el control social y la militarización a otras situaciones en las que el poder entienda que se pone en peligro el status quo pero que no son tan graves como una catástrofe, un riesgo de cuartelazo o de invasión, etc.  ¿A qué tipo de situaciones puede estarse refiriendo?  ¿Huelgas?  ¿Protestas? ¿Invasiones de fincas militares como las Turquillas o las Bárdenas Reales? ¿Ataques a los ciberactivistas?  ¿Desobediencia civil?…

Dice el anteproyecto que la ley

Regula las situaciones de interés para la seguridad nacional y rellena un vacío normativo existente entre las crisis más graves (estados de alarma, situación y sitio) y aquellas otras que han de afrontarse con medios y recursos más habituales

Pero la norma va más allá de una autorización algo burda al Presidente de Gobierno para usar el aparataje policial-militar para lo que le dé la gana y concibe la seguridad desde una óptica reforzadamente militarista, integrando en ésta y bajo el enfoque militarista  tanto lo que tiene que ver con lo policial, como las relaciones exteriores en su conjunto: señala la nota del Consejo de Ministros que el «Sistema de Seguridad Nacional» es una política de Estado (lo que quiere decir que es incuestionable y no sometida a cambios sino a consenso entre los que mandan) y que

Se establece un Sistema de Seguridad Nacional que se basa principalmente en el Consejo de Seguridad Nacional que preside el presidente del Gobierno y en el que se integran, como componentes fundamentales, la Defensa Nacional, la Seguridad Pública y la Acción Exterior, así como otros ámbitos de especial interés en el momento actual, como pueden ser la ciberseguridad, la seguridad energética o la protección de infraestructuras críticas.

Una nueva vuelta de tuerca en la concepción militarista de la seguridad, alejada de la idea de seguridad humana y de los instrumentos de la cooperación-noviolencia. Una seguridad, por tanto, que es, precisamente por sus características de dominación y violencia, uno de nuestros peores enemigos a la hora de construir un mundo más justo y respetuoso de la seguridad de las personas y de la naturaleza.

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El mal uso de los terrenos militares y la ocupación de los jornaleros

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Hemos conocido por Público que el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, se ha negado a declarar ante el tribunal por la ocupación de la finca militar que realizaron miembros del Sindicato de Obreros del Campo en verano de 2012 en Osuna, y que además, el Sindicato ocuparía de nuevo este espacio militar, cosa que ha sucedido el 1 de mayo, como se puede ver en el siguiente vídeo:

http://www.youtube.com/watch?v=Tqj5bwq363k

La primera ocupación de la finca fue una verdadera acción directa noviolenta y no la usurpación delictiva de la que pretenden acusar a los más de cincuenta activistas que realizaron ese acto. Sánchez Gordillo no ha declarado ante el juez, aunque ha dicho que no tiene ningún impedimento a declarar cuando llegue el momento.

Al parecer al juez le ha sentado mal la negativa de Sánchez Gordillo, pero no entendemos la razón de tal enfado, pues el no declarar es un derecho legal y un juez ni es un confesor ni, menos aún, un juez de los de antes, cuando declarar era obligatorio y no hacerlo conllevaba otros riesgos.

La finca militar pertenece a la yeguada militar de Écija, es decir, sirve para que paseen las yeguas, mientras los jornaleros no pueden asegurar su seguridad alimentaria. El presidente del Sindicato ha afirmado

«Esta tierra tiene que cumplir una función social de trabajo. El sindicato lo está pidiendo»

Como decimos, el 1 de mayo, más de 200 jornaleros procedieron a ocupar, por segunda vez, estos terrenos militares, de los que han sido echados por la Guardia Civil.

Actualmente los jornaleros se han asentado a las puertas de la finca, donde piensan permanecer hasta lograr entrar de nuevo. Llama la atención que el terreno de las Turquillas se usa en la actualidad para que pasten unas cuantas burras y varios caballos, mientras que su uso agrícola permitirá varios miles de peonadas para los campesinos sin tierra y en paro, lo cual nos hace pensar que puestos a valorar los bienes en conflicto, sin duda la legitimidad de la ocupación aparece muy clara.

Ahora bien, es el momento de dar otro dato más que avala la legitimidad y la oportunidad de ocupar las fincas militares en el actual contexto de crisis y con el nefasto y secular reparto de la tierra. Y es que el ejército, que en realidad ni necesita ni hace cumplir ninguna función social a este tipo de terrenos, utiliza este tipo de fincas para sacar un rédito con el que invertir en armas.

Lo podemos comprobar en la Memoria 2011 (la primera y última que ha publicado) de actividades del Instituto de vivienda, Infraestructura y equipamiento de la Defensa (INVIED) un organismo autónomo del MInisterio de Defensa que se encarga de comercializar y/o enajenar el patrimonio militar para invertir en infraestructuras, equipamiento y armas.

En su página 55 y bajo la rúbrica » ingresos provenientes de las nuevas funciones» dice el INVIED:

Esta actividad, que tiene su origen en los nuevos cometidos asignados al Instituto, constituirá en el futuro otra importante fuente de ingresos, habiéndose materializado ya en el 2011 la concesión demanial a la Empresa Santa Bárbara Sistemas SA sobre instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa, por algo más de un millón de euros anualmente; el aprovechamiento de los pastos de la base Militar de Botoa en Badajoz, por un periodo de dos años; el aprovechamiento agrario en el Campo de Tiro e Instrucción en el Monte Jaizquibel, de Pasajes de San Juan (Guipúzcoa) y en la Base Aérea de Zaragoza y el aprovechamiento ganadero en un campo de adiestramiento en Barbate.

Se ve el contraste claramente: Mientras los agricultores no tienen tierras para cultivar  el Ministerio de Defensa, con un patrimonio ingente y que no usa para nada útil y racional, se dedica a hacer negocio con las suyas para conseguir dinero con el que comprar armas.

Es de aplaudir, en estas circunstancias, el arrojo del SUC en poner el dedo en la llaga con los terrenos militares y en denunciar este abuso. Una buena manera de conseguir por medio de la lucha social cambios sustanciales en el uso y reparto de la tierra y en la propia idea de la propiedad privada.

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abre diligencias a Sánchez Gordillo por ocupar una finca militar

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Fuente: El País

Fue en verano de 2012 cuando jornaleros del SAT ocuparon la finca militar de las Turquillas, en Osuna (Sevilla) para dar un toque de atención sobre los efectos de la crisis y la insolidaria ocupación de la tierra por parte del ejército.

Ese acto tuvo lugar poco después de las otras acciones noviolentas encabezadas por el SAT en supermercados, las cuales nos dieron una verdadera lección de lucha social y de honradez política a todos y desenmascararon no pocos comportamientos políticos tradicionales, de esos que no sólo no nos representan, sino que pretenden representar al poder descarnado con todas sus vergüenzas frente y por encima de la gente.

La acción de Sánchez Gordillo y los activistas que ocuparon la finca militar ponía el dedo en la llaga del papel que tiene en este proceso de empobrecimiento de la sociedad y de enriquecimiento de los que mandan, el ejército, uno de los principales terratenientes del Estado, que teóricamente está ahí para defender a la sociedad y no para someterla.

La acción, a todas luces legítima, utilizó las metodologías noviolentas e indicó un camino de la acción política que los políticos tradicionales rechazan. ¿Será por eso por lo que se les ve el plumero, se desvelan sus intereses extractivos y por lo que la sociedad desconfía de ellos? El propio presidente de la Junta de Andalucía calificó la acción de barbaridad (calificativo que nos parece a nosotros de un cinismo inmenso) y un alto dirigente de IU dijo que compartía el fondo pero no la forma (lo cual es rizar el rizo de la hipocresía), de modo que quedó claro el límite de nuestros bienpensantes políticos oficialmente de izquierdas y de sus propuestas de cambio (cambiazo más bien).

Ahora un juez andaluz quiere procesar a los activistas de la noviolencia por usurpación y los ha citado a declarar el 4 de abril.

No es por nada, pero, hablando de usurpación, podríamos indagar cómo adquirió la finca aquella el ejército, en qué condiciones, para qué fines y preguntarnos si su título es justificable hoy en día, con lo que está cayendo, o si no va a ser hora de que los ejércitos se desprendan de su patrimonio para devolvérselo a la sociedad precisamente ahora.

No nos imaginamos que el juez sea tan crédulo como para pensar que Gordillo y los otros ocupantes tenían intención de usurpar nada, y no más bien de ejercer de forma novedosa y visible la crítica al sistema inamovible de privilegios que nos machaca.

Esperamos que el día que los activistas del SAT declaren ante el juez no nos salga ningún otro interesado en defender los intereses de los señoritos justificando la represión a la lucha social. De hecho, si actuar como éstos es delito, muy mal podemos hablar de una ley que sirve sólo a los poderosos.

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La desobediencia civil, el SAT y el 15M

Hiri+gerrilaren+dantzaFuente: Artículo publicado por Utopia Contagiosa en el periódico Es Hora del 7 de septiembre de 2012.

Hace unos días el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) promovió una acción directa consistente en entrar en varios supermercados, llenar unos carritos de productos alimenticios y salir del supermercado sin pagarlos,  para  entregarlos a varios comedores sociales o a ONG´s.  La acción reivindicaba el rescate a las personas, y no a los bancos, según el comunicado de 8 de agosto del SAT1,   y el propio sindicato la ha denominado “expropiación solidaria de alimentos de primera necesidad”.

Anteriormente, el SAT había desarrollado otra acción directa noviolenta en su línea de desobediencia civil, que no tuvo tanto eco mediático pero que demuestra su actuación coherente: ocuparon la finca militar de Las Turquillas2, en Osuna, Sevilla, denunciando que sus 1.200 hectáreas carecen de uso productivo en manos de los militares y reivindicando que la finca pase a manos de cooperativistas andaluces. Poco después ocupó una fina de una prima del rey en Hornachuelos, Córdoba3.

Desde entonces, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los partidos políticos y sindicatos, ha arreciado el debate sobre las acciones directas noviolentas y la desobediencia civil.  Incluso este debate y estas actuaciones han trascendido internacionalmente y el Guardian británico citaba a Gordillo, para enfurecimiento de nuestra derecha furibunda, como uno de los cinco ejemplos de desobediencia civil para recordar4.

Las respuestas oficiales y bienpensantes no se han hecho esperar: se trata, dicen, de un robo inadmisible y debe caer sobre los activistas todo el peso de la ley. Rechazo generalizado y predecible de los portavoces de los partidos políticos del régimen (lo que incluye en este caso también un moderado rechazo “a las formas” y no al fondo, del propio jefe de IU en Andalucía), opinantes y comentaristas variopintos de los medios de comunicación en boga (lo que incluye a los comentaristas de La Razón y otros especímenes de derechas ahora con mando en plaza en Radio Nacional y Televisión Española), sindicatos de los que frecuentan al Rey y hasta los principales portavoces del gremio de las grandes superficies y del Banco de Alimentos andaluz.

Incluso el Ministro del Interior, auxiliado por el intrigante Ministro de Justicia, ha ordenado la detención de los participantes de dicha acción del supermercado (de las otras no sabemos que hayan dicho nada), incluído  el Alcalde de Marinaleda y diputado autonómico andaluz, Sánchez Gordillo, que se ha caracterizado en su dilatada vida pública por el uso de la acción directa noviolenta para conseguir reivindicaciones relacionadas con los derechos humanos y las conquistas sociales como se demuestra en el artículo “La economía según Sánchez Gordillo”5

Por el lado contrario, también se han dado variadas alabanzas a la acción, ya sea ensalzando el coraje de plantar cara a la actual situación y de salirse de nuestro encorsetado modelo de participación, ya recordándonos el refrán exculpatorio de que quien roba a un ladrón cien años de perdón, e incluso recordándonos a Robin Hood o a nuestro Curro Jiménez, o haciendo llamamientos a las barricadas y al uso de la violencia en respuesta a la violencia estructural del sistema.

A nosotros, que reivindicamos la legitimidad de la acción directa noviolenta como herramienta política legítima y eficaz frente a la injusticia, lo cierto es que los argumentos que hemos leído hasta ahora, a favor o en contra de los hechos del día 8 de agosto, no nos acaban de convencer y nos parecen demasiado pasionales y poco razonados y explicados. Preferimos analizarlos desde la propia perspectiva de la noviolencia. Veamos:

A continuación queremos abordar el maremagnum de ideas y de sentimientos que a mucha gente les ha supuesto este cúmulo de acciones (que se suman a las del 15 M y a los bloqueos contra los desahucios, etc.) desde las dos perspectivas opuestas que se concitan:

  1. desde el poder y el status quo.
  2. desde la sociedad que sufre y se activa.

1.-  El debate desde el poder y el status quo.

1.1.-  Los intereses (que se pretenden ocultar) del poder.

En el argumentario formalista y leguleyo del poder, que una acción sea contra la ley implica su descalificación absoluta, la de sus actores y la de las propias ideas que la sustentan, salvo que la acción la ejerza el bando propio (ley del embudo político, muy al uso del cinismo político vigente). Por eso, bajo la acusación simplista de ilegalidad se esconde la anatemización de cualquier aspiración a preguntarse por el actual estado de cosas y, mucho más, de intentar cambiarlo.

El anatema hacia todo lo que sea desobedecer al sistema evita el análisis y el diálogo y sirve a los intereses (consustanciales al poder) de ningunear a todo el mundo.  Esta posición no es, por lo tanto, imparcial, sino muy parcial e interesada:  los poderosos defienden (con uñas y dientes disfrazados de legalidad vigente) sus egoístas intereses y privilegios y los problemas que ellos mismos provocan, pretenden eludirlos bajo una capa de silencio y mantenerlos como un conflicto “latente” o irreal. Sólo cuando saltan a la agenda mediática (provocando el escándalo) se ven obligados a abordar este conflicto.

Ahora bien, que una ley, o un conjunto de ellas, sea legal no quiere decir ni que sea la mejor, ni que sea justa, ni que sea legítima por el solo hecho de haber sido votada por el cauce legal. Hay una legitimidad “de ejercicio” que consiste en si sirve al bien común o no y en qué grado es justa o injusta y para quién o para qué intereses porque a todos no se puede contentar.

En nuestro caso, el poder pretende que se olvide o que pase desapercibido el verdadero trasunto de la cuestión:  las políticas neoliberales y las leyes que se aplican y perjudican a la sociedad, favoreciendo claramente a los poderosos económicos (banqueros, ricos, empresarios, especuladores, …).  

El poder pretende trasladar el focoen exclusiva en los jornaleros, en la supuesta violencia o ilegalidad de su acción, en la transgresión de las normas.  La estrategia del poder es algo así como mirar para otro lado (los jornaleros y sus actuaciones) para evitar que se mire a sus responsabilidades, incumplimientos e injusticias.  Si lo consiguen su victoria será doble:  por un lado la gente se olvidará de que ellos son los causantes de la violencia estructural que genera la situación, por otro, conseguirán culpabilizar a los que se mueven de manera noviolenta para culpabilizarles de todo.

El supuesto pacto constitucional (que nunca existió en la medida que nos quieren hacer creer) predica que el fundamento de las leyes y de la acción política son la dignidad y la igualdad de las personas, los derechos humanos, la justicia y el pluralismo y no otras razones.  Pero la ley la han hecho los de arriba para defender sus privilegios y les han blindado haciendo que el sistema de participación existente no permita los cambios que permitirían acercarnos a estos ideales. Es la violencia del cauce burocrático-institucional y formal establecido la que impone la noviolencia y la acción noviolenta como único medio coherente de cambiar las cosas.

El gobierno y sus partidarios pretenden eludir un conflicto real y que genera injusticia a millones de españoles, bajo la apariencia de que con el cumplimiento de la ley y el acatamiento del poder es suficiente, y la acción directa lo que busca es que  ese conflicto oculto y latente se haga visible y salte a las agendas mediáticas, políticas y sociales, desvelando que donde aparentemente no pasaba nada, sí que pasa y provocando un cambio de relaciones de fuerza e,  incluso, una dinámica en la que se pueden abrir nuevos escenarios de lucha social.

Por eso es comprensible que el poder reaccione bruscamente intentando apagar la llama del conflicto así encendida y amenazando con respuestas penales a quienes quieran llevar adelante actuaciones similares.

El verdadero vencedor de este pulso político será el que consiga que su enfoque sea aceptado por la mayoría de la sociedad y los medios de comunicación:  o el acto ilícito que reivindica el poder, o la violencia estructural subyacente que reivindican los jornaleros, los participantes en el 15 M, etc.

1.2.-  ¿Un delito u otra cosa?

En primer lugar no nos parece que los hechos puedan ser descritos, sin más, como un simple delito y, mucho menos, que tras de este argumento se intente silenciar y deslegitimar lo ocurrido, o eludir el asunto sobre el que la acción ha querido llamar la atención: la crisis y el rescate de las personas perjudicadas por las insolidarias medidas políticas impuestas por “los mercados” y sus cómplices políticos y privilegiados.

Menos aún que la invocación de delito se haga con la rotundidad similar a lo que pueden considerarse delitos graves, de alarma social y grave perjuicio a la sociedad, como puede ser un asesinato, un robo o estafar a miles de personas con la adquisición de “preferentes” de los bancos quebrados, pongamos por caso. Algunos ya han dicho que hay delitos y delitos y, desde luego, si estamos ante un delito, no podemos zanjar el asunto demonizando a los activistas y eludiendo su reivindicación.

En el presente caso, en el supuesto de estar ante un delito, lo cierto es que no estaríamos técnicamente ante un robo (que es de lo que se han aprestado a acusar al SAT el gobierno y sus auxiliares vocacionales), pues no ha habido ni violencia contra las personas ni fuerza contra las cosas (los rasgos que definen al robo) y la cuantía económica de lo que contenían los carritos, al parecer, es inferior a la que se considera incluso delito de hurto, con lo que, a lo sumo,estaríamos probablemente ante una mera “falta” que ni justifica las detenciones de los activistas, ni ninguna de las arbitrarias medidas policiales llevadas a cabo.

Pero, siguiendo nuestra argumentación, ocurre que un delito es un acto contrario a una ley que, en general, tiene algunas características diferentes a las del presente supuesto:

  • Persigue un objetivo egoísta, personal, de lucro.
  • Lesiona un bien jurídico esencial para la comunidad.
  • No pretende satisfacer un derecho propio ni ajeno.
  • El delincuente pretende quedar impune, pasar desapercibido, no ser sorprendido en su acción
  • No conlleva una actuación por convicciones
  • No se fundamenta en convicciones político-morales, no apela a los valores compartidos, no reivindica nada, ni aspira a cambiar nada
  • Su resultado querido es, sencillamente, aprovecharse ilícitamente de la acción realizada.
  • No es noviolento en su metodología, desarrollo y pretensión.

Sin embargo, el acto del SAT, siendo ilícito (es decir, contrario a una norma jurídica):

Persigue un objetivo altruista

  • Produce una lesión de un bien jurídico que en lo concreto es menor
  • Busca satisfacer un interés colectivo, comunitario
  • Los activistas actúan con absoluta publicidad, haciendo de su acto un acto comunicacional con el propósito de apelar a la sociedad
  • Además los activistas asumen personal y directamente el riesgo y las consecuencias de su actuación ilegal
  • Actúan militantemente y por convicciones político-morales
  • Aspira a un resultado: cambiar en este caso las reglas de juego injustas que condenan a la miseria a la mayoría de la sociedad y rescatan a los bancos, políticos y corruptos que nos han llevado a la actual crisis.
  • Su actuación es noviolenta en la concepción de la acción y el rechazo al uso de la noviolencia.

Mientras un particular que cometiera un delito o una falta de hurto (en este caso sería lo aplicable con nuestro código penal en mano y no un robo como pretende manipuladoramente el ministro del interior) intenta aprovechar en secreto su acción, los activistas aquí lo que han hecho es aprovechar el efecto publicitario de la ilicitud de su acción para reivindicar otro modo de repartir los costes de la crisis. El propósito es distinto.

De todo ello se desprende que aunque estamos ante una acción ilegal no estamos en principio ante el mismo tipo de ilícitos que constituyen los delitos o la consideración de los delitos usual.  Estamos ante una acción con otra naturaleza y ante una actuación que persigue otros ánimos que ha hecho uso de la infracción de una norma penal para conseguir indirectamente cuestionar una situación estructural injusta y reparable pero que la maquinaria estatal ha blindado para que no cambie y nos ha metido en la cabeza que no se puede cambiar.

1.3.-  Las exigencias del poder hacia los jornaleros y la complacencia con sus propias debilidades.

Es curioso el cinismo del poder que una y otra vez exige a los jornaleros o los activistas del 15 M una coherencia al 100 % y una noviolencia al 100 %.  Si no es así, y molestan en la plaza de Sol o producen un daño a los militares o a unas grandes multinacionales, les condenan categóricamente y les descalifican en lo absoluto.  Ya nada de lo que puedan proponer o hacer es válido.

A los activistas noviolentos se les exige noviolencia al 100 %, olvidando que las acciones noviolenta se desarrollan en una sociedad que es esencialmente conflictiva y en gran parte violenta, por lo tanto, la noviolencia total no existe.  Siempre habrá alguien que reclame que le han violentado sus intereses o sus ideas.  La humanidad nos desarrollamos en sociedades que siempre son conflictivas, siempre están en lucha y las diversas posiciones sociales, políticas o económicas se enfrentan.   No se puede comparar la violencia estructural que ejerce el sistema en todos los ámbitos con la ejercida por los activistas.  Tampoco se puede obligar que el sistema ejerce su violencia desde una postura de superioridad y fuerza, sin embargo, los activistas actúan desde una posición de inferioridad, desde el desamparo participativo en el que nos encontramos ya que se ven abocados por el propio sistema que les corta las vías para plantear sus reivindicaciones y que sean oídas y aprobadas con la actual democracia representativa y delegadora y con unos tribunales de justicias lentos y que juzgan con leyes impuestas por las elites.

Se pone, cínicamente, el grito en el cielo porque se han dañado los derechos de un tercero y la acción ya no es directa, en puridad, los derechos de un automovilista cuando se cortó una calle, o de un quiosquero en Sol, o de una cajera en Mercadona, o de la propia Mercadona.  Hay que respetarles, son sagrados.  Las protestas les deberían tener en cuenta y sólo se debería protestar cuando nadie sale perjudicado, nos dicen.  Entonces no se debería protestar nunca.  Realmente eso es lo que quieren, con el razonamiento anterior no buscan más que su propio interés.  Sin embargo, ¿qué ocurre con todas las personas forzadas al hambre, a la falta de medicinas, a pagar hipotecas que les impiden sobrevivir, a los engañados por los bancos, a sobrevivir con casi nada, a la exclusión, en definitiva?, ¿dónde quedan sus derechos?, ¿no es posible luchar por ellos ni que ellos luchen por lograr justicia?

No nos equivoquemos, no nos dejemos engañar, el poder pretende, con sus exigencias de coherencia total hacia nosotros, llevarnos a la inacción.  Buscan enredarnos en discusiones vanas para inactivarnos.

Es cierto que la coherencia medios/fines debe ser uno de los principales referentes de nuestra actuación, pero ello no puede llevaros a un purismo absoluto. Quien quiere cambiar el mundo debe mancharse los pies de barro, quiera o no quiera.

Sin embargo, los poderosos son muy permisivos con sus propias incoherencias: ¿dónde están los castigos a los banqueros que han hundido bancos, dónde el control a los especuladores que una y otra vez nos imponen sus intereses egoístas ante el bien común de países enteros, dónde el control de la corrupción política a nivel estatal, de comunidades o local, dónde las promesas de cambios en la ley electoral que hagan que la democracia deje de ser delegadora para ser participativa, dónde el reparto progresivo de las cargas sociales, …?

La estrategia del poder es clara, busca anatemizar a los que critican y, sobre todo, a aquellos que se atreven a actuar contra el sistema injusto.  Su objetivo es conseguir que la obediencia ciega sea el paradigma cultural que nos constriña a sólo pretender cambios a las inquietantes injusticias que vivimos día a día por medio de las votaciones cada cuatro años y la delegación permanente.

Alguna gente, descontenta, harta, aboga por las acciones violentas.  Y el sistema y los poderosos lo esperan como agua de mayo porque entonces todo sería meridianamente claro:  no se puede admitir la violencia en las calles, hay que reprimir.  Y lo harían con legitimidad legal e incluso con la que otorga una buena parte de la sociedad.  La violencia de los activistas sería la llave que dejaría paso libre a más recortes legales y de libertades.

2.-  Desde la sociedad que sufre y se activa.

2.1.-  ¿Dónde ponen el foco los desobedientes?

¿Alguien puede pensar que lo que pretendían los activistas era quedarse para uso propio los productos del supermercado, o que querían hacer daño en los negocios a los quiosqueros de la Puerta del Sol, o que querían que ciertas personas no llegasen a sus lugares de destino cuando se interrumpió la circulación en una calle o carretera?  No, ¿verdad?  Todos tenemos claro que los activistas desobedientes no pretenden aquello de lo que cínicamente el poder les acusa. Sin embargo, el poder busca, por todos los medios, desplazar a la discusión de estas cuestiones sin sentido el debate.

Entonces, ¿qué es lo que pretendían los activistas desobedientes?

Hemos querido dejar claro que la postura de los desobedientes es políticamente complicada porque la legalidad no ofrece ninguna opción de oposición a eso que llamamos realidad y que, sin embargo, los activistas se sienten legitimados para oponerse a esa legalidad y a esa realidad proponiendo debates y medidas políticas, económicas y/o sociales que les parecen imprescindibles:  en el caso del 15 M se proponía una lucha contra la corrupción, se pedía la reforma del sistema electoral, se aludía a la gente para convertir la democracia delegadora en participativa, etc;  en el caso de los jornaleros reclamaban la atención social a los cientos de miles de personas que se encuentra, por los recortes del gobierno, en exclusión social y con muy pocas posibilidades de futuro en cuanto a empleo y calidad de vida, reclaman que algo hay que hacer a su favor y que hemos de dejarnos de hacer cosas en su contra.  ¿Es esto incorrecto?  No.  ¿Es necesario?  Sí.

Los desobedientes ponen el foco en el meollo del conflicto latente que supone una salida injusta de la crisis, que reparte desigual y arbitrariamente beneficios y costes entre unas clases pudientes y unas élites cada vez más enriquecidas y beneficiadas por las políticas de ajuste de corte neoliberal en marcha, y una inmensa mayoría de la sociedad cada vez más perjudicada en sus derechos, necesidades básicas y expectativas de futuro.

No se trata de un desigual reparto fruto de la casualidad o la fatalidad, sino, y ese es el meollo del asunto, de un desigual reparto fruto de políticas certeramente aplicadas para provocar desregulación, precarización, desmontaje de servicios básicos y de lo que hemos conocido como estado de bienestar, empobrecimiento de amplias capas sociales y, en definitiva, violencia (sobre todo estructural y cultural) y dominación: una agresión contra la propia seguridad humana.

Los activistas desobedientes han pretendido, como en otras ocasiones:

  • visibilizar un conflicto latente y ocultado por los poderosos, que pretenden que el actual reparto de cargas es lo normal y que la sociedad está conforme con las políticas que ellos mismos aplican “en nuestro nombre” pero sin nuestro beneplácito. Un conflicto que enfrenta a unos pocos cada vez más  poderosos y una mayoría cada vez más desprotegida y sometida y que ya pasa, en muchos casos, por situaciones de vulnerabilidad y de hambre.
  • Apelar a la sociedad para que pidan mayor justicia a los poderes o, en caso de que sigan sin atender estas reclamaciones, para que se activen y apoyen a aquellos que tan mal lo están pasando.
  • Usar de la acción directa y su potencial mediático y simbólico como medio para mostrar las contradicciones del sistema que se dice justo, reivindicar otra salida y mostrar un camino de cambio que apunta a los culpables de la situación y a la alternativa de la solución que supone cambiar dominación y violencia por cooperación y justicia.

Cuando los desobedientes realizan su acción conocen la ilegalidad de la misma y la utilizan pra su reivindicación. Pero, por encima de ella, apelan a valores socialmente compartidos y obviados en la actual receta neoliberal, como son la seguridad humana, la respuesta solidaria y redistributiva frente a la vulnerabilidad y la precariedad, la justicia social y los derechos tomados en serio, las promesas de dignidad, justicia, igualdad, libertad, derechos humanos y efectivo pluralismo que constituyen el núcleo de justificaciones de nuestro peculiar sistema político y legal, y que, según la Constitución que blanden como un catecismo los de arriba, obliga a los poderes públicos a remover todos los obstáculos para que se hagan efectivos.

También deberíamos fijarnos en otras características de la acción de los desobedientes, que en nuestra opinión potencian las cualidades positivas para la sociedad de la acción directa y de la desobediencia civil:

  • Contenidos globalizados,
  • compromiso personal coherente,
  • objetivos revolucionarios o transformadores,
  • metodología participativa e inclusiva,
  • organización asamblearia
  • y desarrollo en movimientos de base.

Incluso más, parece que la acción desarrollada ha buscado y cuidado los aspectos pedagógicos y de diálogo con la sociedad, apelando a sus valores y aspiraciones, y ofreciendo un horizonte de aspiraciones y reivindicaciones indudablemente necesarios. También ha buscado mostrar una cierta ejemplaridad (servir de ejemplo) y eficacia para la transformación (de hecho uno de los centros comerciales ha aceptado entregar semanalmente productos gratis a los comedores sociales de varios municipios y para paliar la situación).  Y también, se han cuidado los aspectos de cohesión grupal y de cuidado interno del grupo, tan importantes como los objetivos políticos a conseguir con la acción.

2.2.-  La llama de la acción directa y el cambio del modelo de participación

Es posible que la acción directa emprendida sea incompleta e imperfecta, pero tal vez su mayor potencialidad es que, a la vez, abre la vía a un ejercicio del propio poder y a la participación política diferente y desenmascara el rígido modelo actual basado en el cauce institucional de unas instituciones ocupadas principalmente por una élite política poliárquica y blindadas por mecanismos poco imparciales al efectivo pluralismo y a los intereses de las mayorías.

Por supuesto que llevándose la comida de los comercios no vamos a conseguir cambiar la situación y que los cambios tienen que ver más con cambios estructurales profundos y distintos. Por supuesto que el contendiente no es Mercadona o cualquier otro centro comercial, sino los intereses creados de ese híbrido financiero-político-social-burocrático neocapitalista y de su programa de ajustes duros.

Pero la acción desarrollada pretende aportar un contenido simbólico de escenificación de otra metodología de lucha y de confrontación directa entre opulencia y carencia injusta.

Ello permite abrir el debate en los movimientos sociales y en la sociedad sobre las metodologías de lucha a desarrollar y, desde nuestro punto de vista reclama mayor debate, mayor coordinación y pluralidad de actuaciones tanto de lucha como de alternativas al modelo actual.

Tal vez se acerca la oportunidad de elaborar colectivamente una verdadera campaña de desobediencia civil que englobe acciones directas noviolentas, acciones formativas y pedagógicas, y otras luchas sociales.

2.3.-  La elección entre la acción violenta y la noviolenta.

En párrafos anteriores defendíamos que es imposible una acción directa noviolenta que sea al 100 % pura, que no contenga ni un miligramo de violencia.  Pero nos es sumamente agradable y habla muy bien de la coherencia y de la honradez de los principios de los desobedientes que optan por la acción directa noviolenta y que renuncian a la violencia como arma de acción política.

También es lógica esta opción porque ya se ha visto en muchas ocasiones que la opción por la violencia lo único que logra es dar más argumentos a la represión y a las políticas de recorte de las libertades.

Es de resaltar la coherencia y la honda implicación que está logrando la sociedad española en su lucha por las libertades y contra los recortes:  se ha optado por la acción aunque signifique desobediencia y se ha optado por la noviolencia.  Ambas son señales de que la sociedad española está logrando una mayoría de edad política muy interesante y esperanzadora.

2.4.-  ¿Con quién nos solidarizamos en el debate surgida con la expropiación-robo de alimentos básicos a varios supermercados para cederlos a comedores sociales?

Se están dando en dicho debate algunas de las claves para entender fenómenos como la desobediencia civil que supuso la objeción-insumisión hace años o lo que supuso tomar la plaza de Sol por el 15 M.  Por un lado está lo legal y por otro lo político:

  • En lo legal hay muchos que opinan que las leyes hay que respetarlas y punto.  Que sin leyes esto sería la jungla.  Que el que elige salir de la ley ha de atenerse a las consecuencias y la sociedad ha de penarle sin trabas de conciencia.
  • En lo político otros oponen que las reglas pueden ser justas o injustas y que toda ley es mejorable y se ha de adaptar continuamente a la evolución de los tiempos y de las sociedades.  Oponen que si una ley es injusta es legítimo desobedecerla, sobre todo si se hace de manera pública, sin esconderse, con motivaciones transformadoras, si no se saca partido personal de la acción.
  • En lo legal muchos opinan que sólo se puede cambiar la ley desde los mecanismos establecidos:  las votaciones democráticas para elegir a nuestros representantes.  Luego, durante cuatro años hay que confiar en ellos y exigirles, por las vías legales, por supuesto, que cumplan lo que nos han prometido.
  • En los político otros piensan que este modelo democrático “delegado” y borocratizado es imperfecto e injusto.  Porque la democracia es delegativa y una vez en la poltrona los elegidos se olvidan de que están al servicio de los electores y se creen los reyes de la montaña.  Porque el sistema electoral es injusto y privilegia a unos y perjudica a otros.  Porque las vías legales para hacer cumplir a los políticos con sus programas, no olvidemos que Rajoy ha incumplido reiteradamente el suyo, simplemente, no existen y, por lo tanto, la ciudadanía se encuentra indefensa ante los políticos.
  • En lo legal muchos opinan que el sistema económico es el mejor de los posibles y que la economía de mercado es sólo un dechado de virtudes, pero que los españoles no la sabemos hacer bien.
  • En lo político otros oponen que la economía de mercado beneficia a los de siempre y perjudica a los mismos una y otra vez (por ejemplo, si un diputado cobra 1.823 € al mes por mantenimiento y manutención, ese debería ser el salario mínimo).  Argumentan que estamos pagando la crisis los que no la hemos provocado (clases media y baja) y que los que la han provocado, no sólo no están pagando con recortes sino que, además, se están lucrando.  ¿Dónde están esas prometidas reformas de los mercados especulativos, de la tributación para que realmente sea progresiva, contra los paraísos bursátiles?  De ellas no ha habido nada y ahora nuestros políticos ni siquiera las mentan.
  • En lo legal alegan los centros comerciales que hay que proteger el derecho a la propiedad.  Se entiende que a su propiedad.
  • En lo político los expropiadores reclaman a estas empresas y a todas las demás que tengan, sobre todo en estos tiempos de crisis galopante, una clara e importante política de responsabilidad social corporativa.

Y ahora todos tenemos la palabra.  ¿Dónde se ha de situar el debate?  ¿Qué ha de primar, lo legal o lo político?

Por otro lado, cuando se opta por la desobediencia civil es, también, porque el Estado y la sociedad no ofrecen vías políticas para mostrar desacuerdos a una parte de la sociedad.  Pensamos que, entonces, la sociedad y la legalidad existente también son concausas de las actitudes desobedientes y que se les debe condenar en la misma medida.  Así fue con la insumisión, el Estado, los políticos del momento, no dejaron a los jóvenes más opción que desobedecer y a ella se aferró la juventud y con ella hizo política.  Ciertamente muchos fueron juzgados y condenados. Muchos cumplieron prisión, pero el movimiento buscó fuerzas y motivación en esos encarcelamientos y siguió en la lucha con ánimos y coherencia redoblada.  Lo mismo ha ocurrido y ocurre con todas las manifestaciones del 15 M.

Si encarcelan a los que han robado-expropiado comida, lo más seguro es que haya más que sigan la misma senda y roben más comida porque saben que es necesaria para mucha gente que ya no tiene nada de donde tirar ni ninguna ayuda estatal para subsistir.  ¿Preferimos el modelo de suicidios de Grecia?  Ahora la gente nos vemos obligados a posicionarnos personal y socialmente.  Muchos lo harán en charlas familiares, en debates de bar;  pero otros irán un poco más allá y darán algún paso en una u otra línea.
Si queréis leer un poco más sobre las características de la acción directa noviolenta y sobre la desobediencia civil, podéis consultar:  Manual de Acción Directa Noviolenta6.

2.5.-  ¿E I.U.?

Pues parece que la mayor parte de sus dirigentes han optado por situarse en la parte legal del debate.  

Pocos han entendido el verdadero y profundo trasfondo de las acciones del 15 M y de los jornaleros del SAT. Sus declaraciones así lo demuestran.  Pero no es sólo lo que han dicho lo que nos preocupa, sino que también, y mucho más, nos preocupa su forma de vivir y de hacer política:  en el fondo, muchos de los dirigentes se implican en el punto de vista legal y no en el légítimo y político.  

Nos parece un craso error porque es en la parte política donde se pueden lograr las transformaciones sociales que anhelan sus bases.  

Pero, ya se sabe, la poltrona apoltrona mucho y parece que a la mayoría de los diputados y dirigentes de I.U. les cuesta mucho entender y hacer suyas las ideas desobedientes y activistas  prefieren condenar las formas y aprobar el fondo de los debates.

1 http://www.sindicatoandaluz.org/?q=node/1012

2http://utopiacontagiosa.wordpress.com/2012/08/05/el-ejercito-denuncia-a-agricultores-por-ocupar-una-finca-baldia/

3http://vozpopuli.com/sociedad/13140-el-sindicato-de-gordillo-ocupa-una-finca-en-cordoba

4http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/aug/20/civil-disobedience-sanchez-gordillo?INTCMP=SRCH

5http://www.publico.es/espana/440867/la-economia-segun-sanchez-gordillo

6http://es.scribd.com/doc/16554150/manual-accion-directa-noviolenta

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