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La corrupción militar del Gómez Ulla, muy levemente penada

Imagen de Ricardo Ricote Rodríguez

Fuente:  ElConfidencial.com

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla es un horror.  No paran de salir noticias sobre su mala gestión, despilfarros y corrupción.  Y nosotros mismos hemos ido informando de ello en varias noticias.  Convendría más cerrarlo y traspasarlo a la medicina civil porque la gestión de los militares es pésima y corrupta, como dice la noticia que comentamos.

Siempre hemos estado en contra de la Justicia Militar.  Muchas veces hemos argumentado que no puede ser muy objetiva al juzgar a sus propios compañeros de armas.  Pero esta vez tenemos que reconocer que han hecho su trabajo:

Los tres altos mandos del Ejército de Tierra que adjudicaban las contrataciones del Hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid -el teniente coronel Francisco N. C., el teniente Miguel Ángel G. C. y el coronel Eduardo S. G.– han sido condenados por el Tribunal Militar Central por cobrar comisiones de los empresarios a los que concedían los servicios de limpieza y administración de la instalación castrense.

Otra cosa es que remarquemos que el Tribunal Militar ha elegido el tramo bajo de las penas a imponer.  Será, suponemos en primera instancia, que no era tan grave la corrupción, que no habían defraudado tanto al erario público y que no se habían enriquecido tanto los corruptos oficiales.  Bueno, fijémonos en los delitos para ver si estos y las penas van de la mano, o se ha vuelto a hacer una condena poco dura a los corruptos por el simple hecho de ser militares:

La resolución condena al primero a tres años de prisión al considerarle autor de un delito continuado contra el patrimonio, al segundo a dos años de cárcel por el mismo ilícito penal y al tercero a solo seis meses por negligencia en la eficacia en el servicio al entender la sala que no se pudo acreditar ningún pago, lo que suponía una rebaja de respecto a lo solicitado por la Fiscalía, que había pedido tres años para los tres por el delito contra el patrimonio.

Sí hace caso el tribunal al criterio de la sala al imponer la pena de tres meses de cárcel para el empresario al que los altos mandos exigían el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de servicios, a quien los magistrados ven culpable de un delito de cohecho y le castigan también a no contratar con la administración durante los próximos cinco años.

Vemos que el caso fue denunciado en 2014 y recién se dicta sentencia en 2017.  Tres años de retraso, que vemos, con desagrado, que también existe y mucho en el ámbito militar.

¿Qué hacían los corruptos militares?  Pues lo que los demás corruptos:

Según expuso el ministerio público durante su escrito de acusación con base principalmente en el mencionado testimonio, los condenados fraccionaban los contratos que superaban el límite legal permitido para que fueran considerados menores y poder eludir así la obligación de publicidad que impone la norma. En concreto, utilizaban este método del contrato menor en casi ocho de cada diez contratos emitidos entre 2008 y 2013, un periodo que coincidía -como recordó la Fiscalía en la última sesión de la vista oral- con «los años más duros de la crisis». Además, llevaron a cabo «contratos verbales sin que se cumplieran ni por asomo los requisitos legales, ya que eran concesiones que no afectaban a la seguridad nacional», que es una de las condiciones exigidas por la normativa.

La fiscal aseguró que los condenados «hinchaban» los costes de los contratos para que el empresario obtuviera márgenes de beneficio que, según señalaron los peritos, no habían visto en su vida. Eran «beneficios exorbitantes«, remarcaron los especialistas que testificaron a requerimiento del tribunal. En concreto, como explicó un empleado de la empresa adjudicataria de los servicios de limpieza, este margen era del 25%, un porcentaje al que había que añadir otro 25% que era destinado al pago de las comisiones a los mandos militares. Es decir, que el precio de la adjudicación se duplicaba para tener contentos a empresario y cargos castrenses.

Según la Fiscalía, los responsables de la adjudicación del Gómez Ulla exigían al empresario que les diera tres ofertas, a pesar de que sabían de antemano que le iban a entregar a él el servicio. En ocasiones, daban nombres de sociedades extinguidas o cuyo objeto social no tenía ninguna relación con el servicio al que optaban, lo que imposibilitaba de facto que el hospital pudiera decantarse por ellas. Otras veces, los condenados informaban al concurrente de cómo obtener los puntos necesarios para ganar la oferta.

En muchas ocasiones la corrupción acaba o termina en el despilfarro militar de lo público:

La fiscal, por ejemplo, consideró acreditado durante su relato de los hechos que en uno de los concursos, al que concurrían ocho mercantiles además de la del empresario denunciante, este último incluyó un montón de aparatos de limpieza adicionales para obtener más puntos y ganar el servicio. «Era la oferta más cara y la que tenía menos puntos, pero la inclusión de cinco máquinas cuando las demás ofertas llevaban apenas una inclinó la balanza» hacia la sociedad ‘amiga’ de los licitadores. «Solo había cuatro personas empleadas para manejar una veintena de máquinas», resaltó con asombro la representante del Ministerio Público durante la vista oral.

Como no podía faltar nada en una trama de este estilo, también circulaban los sobres repletitos y los regalos en especie:

El Ministerio Público consideró acreditada durante su exposición final la entrega de 40.000 euros a dos de los condenados en 2009 por la adjudicación de un servicio de limpieza, de 10.000 más por otra contratación en 2010, otros 24.000 por una tercera, 9.000 y 7.000 por dos adjudicaciones de retirada de residuos y 74.000 más por contratos menores formalizados en 2009, 2011 y 2013 referidos a la contratación de personal de archivo, conductores y adiestradores caninos que deberían haber seguido el desarrollo de un contrato mayor.

Los regalos que entregaba el denunciante a los tres mandos castrenses, por su parte, iban desde los jamones hasta los relojes de alta gama, pasando por invitaciones a copiosas comidas o a clubes de alterne. La visita a estos últimos locales provocó de hecho varios enfrentamientos entre los diferentes acusados durante el juicio.

Si no existe una auditoría independiente del manejo del dinero en el Ministerio de Defensa seguirán dándose circunstancias como estas, que también resalta El Confidencial.com en otra noticia:

El teniente coronel Francisco N. C., el teniente Miguel Ángel G. C. y el coronel Eduardo S. G. acudían a clubes de alterne con todos los gastos pagados, recibían relojes Omega de sus agradecidos proveedores o eran invitados a copiosas comidas por parte de los adjudicatarios. Pero éstas eran solo algunas de las dádivas que los mandos recibían a cambio de la concesión de adjudicaciones. En ocasiones los favores se pagaban en forma de servicios.

 

En algún caso, los domicilios particulares de los mandos eran limpiados gratuitamente por el personal contratado por las empresas que se encargaba del saneamiento del hospital. Estas señoras de la limpieza eran enviadas a atender las necesidades domésticas de los jefes militares, que también recibían jamones y otros detalles en Navidad.

El teniente coronel Francisco N. C., por ejemplo, entre 2007 y 2010 se construyó un barco de recreo realizado en madera y adquirió tres motocicletas, dos coches y dos viviendas en Madrid. El teniente Miguel Ángel G. C., por su parte, compra en los ejercicios dos casas en Madrid y una tercera residencia de verano en Vera (Almería).

Los mandos militares prácticamente han resuelto en los últimos cinco años las hipotecas que tenían sobre sus viviendas.

Según el auto de procesamiento dictado el pasado 30 de noviembre por el Juzgado Togado Militar Central número 1, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 los acusados realizaron “amortizaciones de capital exorbitantes”. En algunos ejercicios, los acusados superaron los 50.000 euros abonados a las entidades bancarias con las que suscribieron los préstamos hipotecarios. En el caso de Francisco N. C., además, tanto en 2008 como en 2009, la Guardia Civil detectó compras por importes superiores a los 80.000 euros cada año. En la causa también constan informes que revelan que las empresas tenían en nómina a personas con una relación cercana a los procesados, documentos que sin embargo no son referenciados en el auto de procesamiento.

No sabemos ustedes, pero nosotros pensamos que si el castigo es sólo el dictamen del Tribunal Militar, bien poca pena es.  Es decir, vale la pena, pensarán los corruptos militares, el mal trago de algunos meses, porque no llegarán a cumplir los tres años que es la máxima pena fijada.

Y siempre les queda la esperanza de alcanzar algún indulto.  ¿Por qué no, pensarán?

¿Es justa la justicia militar?  ¿Es oportuna?  O ¿es una mera pantalla para ocultar lo que hay detrás del militarismo patrio?

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Corrupción militarista en Defex

Imagen de Defex

Imagen de Defex

Fuente:  El Mundo.

Son varias las veces que hemos tratado el caso de DEFEX en este blog.  Y, según parece, más serán las que lo trataremos.

Defex es

una empresa constituida en el año 1972, tiene como objeto social la promoción y exportación de bienes y servicios de empresas españolas.

DEFEX es una sociedad mercantil estatal participada mayoritariamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En su Consejo de Administración están representados el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de SEPI, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Defensa y diversos accionistas privados.

El caso DEFEX ha dado tantas vueltas que no nos vendrá mal hacer un breve repaso, de la mano de El Mundo:

En 2012, las autoridades de Luxemburgo preguntaron a España por unas transferencias por valor de 41 millones desde una cuenta bancaria conjunta de Defex y la empresa Comercial Cueto 92, con la que Defex ejecutaba un contrato de venta de armas a la Policía angoleña.  El fiscal anticorrupción Conrado Sáiz abrió diligencias de investigación en febrero de 2013, y en julio de 2014 se judicializó el caso, que recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que dirige José de la Mata.  El contrato de Angola era de 153 millones de euros. De ellos, unos 100 fueron de beneficio, pero cerca de 70 se desviaron a empresas pantalla y paraísos fiscales. Beatriz García Paesa, sobrina y mano derecha del espía Francisco Paesa, fue la que creó sociedades en paraísos fiscales para ocultar el dinero.  Todavía se está investigando quién se quedó con el dinero. Al menos una parte muy sustanciosa fue a manos de Juan Carlos Cueto, responsable de Comercial Cueto 92, la empresa que vendía las armas en Angola de la mano de Defex. Él, al igual que Beatriz Paesa, es uno de los imputados en el caso.

Defex, así, consiguió el honor de ser la primera empresa pública en ser imputada en una investigación penal.

Parece ser que los altos cargos de Defex siguen siendo purgados y despedidos, discretamente por la empresa, debido a las auditorías, el trabajo de Anticorrupción  y los escalofriantes informes forensic de PriceWaterhouseCoopers y Deloitte.

Las comisiones medias en los contratos que ha intermediado Defex desde 2008 y hasta 2014 -en que entró en sus instalaciones la Guardia Civil por orden judicial- son del 8% para los agentes contratados y del 9% para la empresa pública. Es decir,pellizcazos del 17% que suponen 57 millones sobre un total de 340

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Como se ve, los pelotazos que se daban en Defex son de tal cuantía que en ocasiones el proveedor real

se queda con menos del 50% del dinero del contrato.

¿Quiénes son los responsables de estos desaguisados?

Los accionistas de este engendro son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), con un 51% del capital, seguida principalmente de las privadas Maxam Expal, con un 20%, e Instalaza, con un 10%. En los órganos de gobierno de ambas participan o han participado importantes personalidades de la vida española y de confianza del Rey Emérito como Jaime Carvajal en Maxam o del actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Instalaza.

El representante de Maxam Expal en el consejo de Defex es nada menos que el ex jefe del Estado Mayor de la Armada, Francisco Torrente, también muy próximo al padre del actual Monarca. También figura el presidente de Maxam, José Fernando Sánchez Junco, ex director general del Ministerio de Industria con el PSOE. Además, hay en el consejo representantes de Exteriores, Defensa y Economía

Es desolador. El presidente más longevo de Defex durante décadas, José Ignacio Encinas, fue detenido en una primera fase de la investigación iniciada en 2014, aunque ya había sido relevado dos años antes al llegar al poder el PP. La Sepi nombró presidente de Defex en 2012 a Fernando Aguilar con el respaldo de su cuñada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Aguilar, que había sido antes delegado en la oscura delegación de Singapur, terminó siendo también relevado en 2015 y se encuentra imputado desde este verano en la segunda fase de la investigación. En el entorno de la dirigente del PP aseguran que la relación con su cuñado es inexistente desde hace algún tiempo.

¿No sabían nada estos responsables políticos y económicos?, ¿se han enterado por la prensa?

¿Se pedirán responsabilidades políticas y penales a alguno de ellos?  ¿Alguien de la SEPI, y por lo tanto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá alguna responsabilidad por ser socios mayoritarios, la tendrá su ministro Montoro?  ¿La tendrán los Ministerios de Defensa, Exteriores o del de Economía, es decir, Morenés, García Margallo o Guindos?

Pero el caso Defex parece infinito.  Al menos son infinitas las ganas de lucro de algunos de sus empleados.  Nos cuenta El Diario que

Un juzgado de Madrid ha obligado a la empresa semipública de exportación de material militar Defex (que tiene al Estado como mayor accionista con el 51%) a readmitir a un exdirectivo imputado en la Operación Angola por un presunto fraude en una operación de venta de armas a ese país por importe de 152 millones de euros.

El directivo en cuestión es Manuel Iglesias Sarriá Fernández de Navarrete, exdirector de Operaciones de Defex. El pasado 1 de octubre, Defex procedió a darle de alta en la Seguridad Social, aunque su reincorporación efectiva no se produjo hasta el lunes 10 de octubre. A Iglesias prácticamente no le dio tiempo a encender el ordenador: ese día se le entregó la carta de despido, según fuentes al tanto del proceso.

Ingeniero de Telecomunicaciones y primo carnal del cantante Julio Iglesias (su padre era hermano del doctor Julio Iglesias Puga, alias Papuchi), Iglesias Sarriá llevaba trabajando en Defex desde 1990 y en enero de 2013 fue nombrado director de Operaciones, bajo dependencia directa del entonces presidente de la compañía, Fernando Aguilar Viyuela.

Aguilar, que es cuñado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue presidente de Defex desde 2012 hasta mayo de 2015, cuando fue sustituido por el teniente general del Ejército Juan Carlos Villamía.

Pero no nos engañemos.  Este no es un caso puntual en la Administración del Estado.  Es un caso estructural porque hay que preguntarse para qué sirven las empresas y organismos autónomos del Estado.  ¿Cuál es su función si los trabajos que realizan los podrían, y deberían, hacer los funcionarios en los propios ministerios?  En muchas ocasiones hemos dicho que los Organismos Autónomos militares deberían cerrarse porque parece que su función sólo es doblar gestiones y sueldos y esconder las responsabilidades de gestión directas del Estado a través de sus ministros.

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¿Despilfarro militar, corrupción militar, o cuarto y mitad?

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Aortizgon

Fuente: El Confidencial

En el suma y sigue del despilfarro militar nos toca ahora hablar de una «importante» desviación de la facturación (un 42% de incremento) de Defensa hacia Gas Natural.

Desviación que parece que ocurre año tras año y que este año se ha producido en la facturación referida a la planta de congelación del Hospital Militar Gómez Ulla, con un exceso de 733.000 euros al año, lo cual nos ha hecho quedarnos congelados.

Dicha «desviación»  ha sido detectada por el Tribunal Militar Central, que, dice El Confidencial, lleva tiempo investigando un supuesto pago de comisiones desde diversos contratistas a mandos del Ejército por favores para instalar plantas de suministro gasístico en instalaciones militares y otros tipos de contratas (otras plantas de condensación de agua, que duraron en servicio menos de una semana en Chafarinas por ejemplo).

La misma noticia la recoge también Infodefensa, que añaden que todo apunta a un delito contra la hacienda pública.

Los informes de la Guardia Civil parecen esclarecedores

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil elaboró un informe en el que concluía que «los militares denunciados» eran «propietarios de un patrimonio de difícil justificación, teniendo en cuenta las retribuciones medias de un empleado público».

En el caso del Hospital Gómez Ulla,

El coronel F. G. C., que trabajaba como ingeniero de obras en la Dirección General de Infraestructuras, departamento responsable de la adjudicación, emitió un informe que apuntaba a que esas facturaciones infladas «no coincidían para nada con las que figuraban en el contrato» firmado con Gas Natural.

A expensas de la investigación abierta, queda por dilucidar si la actuación en este caso es un supuesto únicamente de despilfarro y descontrol (por otra parte tan habitual en lo militar) o si, como parece apuntar el cúmulo de indicios, además incorpora corrupción de algún listillo.

En todo caso, un suma y sigue que, al parecer, nadie puede atajar.

¿Para cuando medidas eficaces de control de la contratación militar?  ¿Para cuándo una auditoria independiente?  ¿Para cuándo exigencia de responsabilidades políticas y patrimoniales a los que miran para otro lado o a los que ponen la mano?

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La corrupción militar, una montaña inmensamente desconocida

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Por Landahlauts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público.

Rastrear las noticias de corrupción y despilfarro en lo militar puede llevar varios meses de tedioso trabajo. Lo podemos afirmar por experiencia propia. Un trabajo ingrato porque, en general, nadie te cree cuando afirmas ciertas cosas.

Pero ahora es, nada menos, que una comandante auditora en excedencia quien afirma que lo que conocemos de la corrupción militar es sólo la punta del iceberg de la inmensa montaña que existe.

Dice la comandanta también

Yo estoy convencida de que esto tiene que acabar. Este país está abriendo las ventanas y las prácticas que había antes ya no se pueden repetir. Espero que el gobierno que venga sea mucho más sensible con este asunto. Hasta ahora nunca ha interesado. Pero creo que ahora ya sí, en este momento todo interesa. Eso espero»

Nada que objetar. todos somos libres de esperar lo que queramos, a veces en contra incluso de las evidencias.

Señala la Auditora en excedencia que la corrupción en lo militar no solo es inmensa, sino que viene favorecida por dos mecanismos que la perpetúan: uno, la gran dificultad que tienen los militares para denunciar las irregularidades de las que son testigos por el entramado de mecanismos que impiden la denuncia y que favorecen la represalia, y dos, porque existe un anacronismo llamado «justicia militar» donde el ejército es juez y parte y «juzgan los que mandan».

Enhorabuena, precisamente lo que venimos denunciando aquí desde hace varios lustros:  la corrupción militar es sistémica.

Existe además otra institucional pensada para que todo quede atado y bien atado, el cuerpo «propio» de interventores que veda el control ajeno e independiente.

Todo el control lo lleva el cuerpo de interventores propio. Lo que ocurre es que están jerarquizados dentro de la estructura militar y su carrera en el Ejército depende de que hagan buenos informes, y así el de arriba le hará buenos informes a él.  Así no te enfrentas al sistema, porque te juegas tu carrera. Si denuncias no asciendes. Cobras menos complementos. Además pueden ir a por ti abiertamente: pueden vengarse destinándote a otra ciudad…

En fin, que a juzgar por el aire de renovación que está trayendo la nueva composición del Parlamento en materia militar, con una comisión de defensa constituida sin pluralismo real, trufada de militares o promilitares, no vemos claro que la prioridad a partir de ahora no vaya a seguir por los derroteros de la prioridad hasta ahora, osea, nada.

Pero merece la pena que alguien, desde dentro de la hidra, se atreva a denunciar la corrupción inmensa y avasalladora de lo militar.

Ya era hora.

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Otra de corrupción militar: las compras del Hospital Militar Gómez Ulla

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Por Ricardo Rocote

Fuente: El Confidencial

No parece un trabajo muy profesional, por lo burdo y zoquete, el que comentamos ahora.

Tres mandos encargados de autorizar las compras del Hospital de la Defensa Gómez Ulla, de Madrid, conseguían un sobresueldo nada despreciable mediante la vieja técnica castrense de quedarse con mordidas y comisiones a cambio de las adjudicaciones de pequeños contratos a empresas para tareas de mantenimiento, formación o administración.

Se venían a quedar el 50% de los contratos adjudicados. Ya lo dice el viejo refrán, de extendido uso militar, de «las que entran por las que salen», bonita forma de recuperar (eso sí, para ellos mismos) la mitad de las partidas presupuestarias destinadas a este tipo de contratos menores.

Y para que no saltara a la vista el expolio, estos ingeniosos militares acudían a una norma de manual: trocear los pedidos más abultados en otros varios más pequeños para que no cantase. Y es que, como ya dijo alguien, en el ejército las tradiciones seculares se mantiene a rajatabla y esta de estipendiarse a costillas de la sociedad la tienen muy arraigada y aprendida.

El caso es que ahora ha saltado el fraude de estos codiciosos epulones, que venían haciendo de las suyas desde 2009, y el juez togado competente del asunto ha dictado auto de procesamiento donde se describe la práctica del latrocinio perpetrado por estos defensores de la Patria.

Esperamos que la investigación no se tuerza y acabe al menos con la recuperación de lo robado y la reparación del daño causado. Ya nos gustaría que además, alguien tomara cartas en el asunto para impedir la impunidad de la que durante tanto tiempo han gozado este tipo de abusos.

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Corrupción militar y «tolerancia cero»

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Landahlauts

 

Fuente: El confidencial Digital

Leemos en  El Confidencial Digital que el ejército tiene cierta preocupación por la corrupción en el seno de las fuerzas armadas.

Según el comentarista, los mandos consultados dicen que casos de corrupción en el ejército hay, pero como en todos los sitios, y es algo que «no es endémico y se puede solucionar».

Piensan aplicar una política de tolerancia cero.

Hasta aquí todo normal.

Pero comienzan las cuestiones que no nos cuadran:

Temen una oleada de denuncias ya que si en el pasado mandaba una ley de silencio ahora las cosas están cambiando.

¿Pero no decían que la corrupción era poca cosa?, ¿que aplican una política de tolerancia cero?, ¿por qué tienen temor a las denuncias si la política es de transparencia y tolerancia cero?, ¿no sería deseable que se denuncie?, ¿por qué temen entonces oleadas de denuncias?  ¿Puede haber oleadas si la corrupción no es un mar inmenso?

Dicen que temen las denuncias por la mala imagen que puede darse del ejército.

¿Por qué mala imagen si dicen que es algo que no es endémico del ejército y que se puede solucionar?

Los mandos recuerdan que el cauce adecuado para denunciar es el conducto reglamentario, es decir, ir al mando superior y denunciar para que éste actúe y no a los periodistas.  ¿Actúe como hasta ahora, archivando el tema y tomando represalias contra el denunciante?, ¿por qué pueden preferir los militares denunciar a periodistas que a sus mandos naturales, les temen, temen represalias, creen que no valdrá para nada?, ¿otros?…

Dicen también que les preocupa que las filtraciones hayan alcanzado el ámbito opaco de la justicia militar, hasta ahora tan «discreto».  Nos podemos preguntar por qué ocurre esto. Podemos también preguntarnos que fue de la jueza que investigó, por ejemplo, el escándalo de las compras en la base de Getafe. Si mal no recordamos la expedientaron, encima.

En resumen, las propias contradicciones y movimientos que el ejército está dando ante los hechos (cada vez más frecuentes) de salida a la luz pública de corrupciones no confirman la idea ni de que se esté haciendo nada especialmente útil para atajarla, ni, menos aún, de que la corrupción no sea un micro-clima muy bien acondicionado al ejército como institución, donde parece haberse adaptado especialmente bien.

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Corrupción militar en Paraguay

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Fuente: latercera.com

El presidente Lugo ha echado a dos altos mandos militares por presunta corrupción.

Los «pillados» son militares con alto mando operativo: el Comandante del Centro de Instrucción Militar de Operaciones Especiales del Ejército y el Jefe de tropas Especiales del ejército.

Aún cuando el nombre y la biografía personal de estos dos afectados, a los efectos de comprobar la lógica de la corrupción como algo funcional y adecuado del militarismo es indiferente, estos dos se llaman Juan Benítez y Ramón Martínez.

Insistimos: estos tipos deben ser unos pobres diablos, con una vida tan previsible y desalmada como la de los demás. Tal vez buena gente (léase con una cierta ironía) que goza del máximo respeto en su circulo de amigos y un eterno bla, bla, bla.

Lo decimos porque Lugo y el resto de la curia disciplinaria ha montado la idea de que son garbanzos negros en la honorable trayectoria del ejército, la excepción muy excepcional y casi residual de la integridad del ejército. Y nosotros creemos que no, que la lógica del ejército es, precisamente, la que crea estos tipos, que la regla general es corrupción, maldad, violencia, dominación, castración, autoritarismo, etc.: La explicación fundamental que da pié al militarismo.

El militarismo es, como sistema, corrupción, violencia, dominación, valores castrenses, tiranía, …, y genera lo mismo y sus agentes personales: corruptos, violentos, tiranos, etc. Dos caras de la misma moneda.

Sin ejércitos viviríamos mejor. Y más seguros.

Sobre todo en el caso paraguayo, donde el militarismo cercenó las libertades del país durante la dictadura de Strossner, al que luego sucedió otro militar, al que luego ha intentado (por el mecanismo habitual de los golpes de estado) suceder otro militar.  Paraguay es un país pobre donde la mayor parte de la gente no tiene acceso a cualquiera de los derechos básicos.  Su ejército está muy sobredimensionado (incluso poseen marina – recordamos que Paraguay no tiene mar -), los objetores de conciencia son perseguidos, los indígenas sufren graves agresiones, los campesinos no tienen tierras.

Sin embargo, los altos mandos militares paraguayos tienen un nivel de vida mucho más elevado que el medio en España.  Gran contraste, gran injusticia.

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La corrupción en la industria y el comercio militar

Imagen de Arthur Chapman

Fuente:  Foro Milicia y Democracia.

Artículo de historia reciente el que desarrolla Ernesto Valderrey.  Nos habla del caso Lockheed.  Famosísimo en lo años 70 y 80 del siglo XX.

Leer esta información, lo cual aconsejamos mucho, nos deja claros algunos puntos definitorios de la industria y el comercio militar:

  • Nada o muy poco ha cambiado con los años.
  • Los temas que atañen a los militares siempre encuentran motivos (la necesidad de no meterse con los militares golpistas en el inicio de la democracia española, el secreto de defensa, la obediencia ciega a la que están sometidos los militares, …) más o menos futiles pero efectivos para ser tapados.
  • Una de las estrategias más habituales para tapar los temas militares es dilatarlos en el tiempo.  Sus responsables acaban muriendo, o jubilándose, o …
  • Otra estrategia para tapar los escándalos militares es militarizar la vía judicial.  En ella el escándalo se diluye, se aplaca, dormita, se serena, se oculta a la sociedad y ésta acaba olvidándolo.
  • El secreto militar es utilísimo.  Para los militares, claro.  Si un tema puede afectar a la defensa nacional se vuelve opaco.  Y hay tantos temas que afectan a la seguridad nacional que …
  • Se acaba juzgando y condenando al que investiga y remueve estos casos, mientras que los culpables del caso en sí, se van de rositas.
  • Los altos poderes del Estado hacen la vista gorda por necesidades de Seguridad Nacional.

Lo curioso, lo peculiar, lo que también debemos resaltar, es que en otros países no es así, o, al menos, no es tan así.  En otros países el caso Lockheed fue un escándalo nacional que acabó con sus responsables juzgados y condenados.  Habría que aprender de lo internacional y normalizar la justicia militar haciéndola desaparecer. Y los escándalos militares habría que tratarlos con dureza, como cualquier otro escándalo civil.

La cuestión es echar la vista atrás para aprender de la historia, de sus lecciones.  Avanzar para una sociedad debería significar analizar, profundamente, lo que ha hecho para no volver a repetir errores, para ser creativos en los caminos que han dado mejores resultados.

También debería ser la obligación de nuestros políticos, serenarse en las cuestiones del militarismo, mirar los muchísimos errores cometidos en el pasado.  No volverlos a cometer.

¿Alguien hace esto?

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¿Es el Gómez Ulla, hospital militar, un nido de corrupción?

Imagen de Pablo Manzano Sandín

Imagen de Pablo Manzano Sandín

Fuente:  El Confidencial.com

Otra cuestión en la que corrupción y Hospital Militar Gómez Ulla vienen de la mano:

El Ministerio de Defensa adjudicó durante los primeros meses de 2015 un total de 29 contratos de obras, suministros y servicios a través de los procedimientos de emergencia, restringido y negociado sin publicidad para la construcción de una planta de «grandes infectados» en el hospital militar Gómez Ulla. Las adjudicaciones fueron entregadas a partir de marzo de 2015, tres meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicara a España que había quedado libre de ébola, por un montante total de 7,5 millones de euros, según datos obtenidos de la Plataforma de Contratación del Estado.

Sin embargo, la amenaza ya había sido descartada por las autoridades internacionales cuando se adjudicaron los contratos.

No se justificaría, por lo tanto, que estos fueran licitados a través de los mencionados procedimientos de emergencia, restringido y negociado sin publicidad, y menos aún que todos ellos fueran adjudicados a dedo con la concurrencia de una sola oferta, como ha comprobado este periódico con cada uno.

Los 29 contratos de obras, suministros y servicios fueron repartidos a dedo entre una veintena de mercantiles -la mayoría extranjeras-, ya que algunas de ellas se llevaron dos y hasta tres adjudicaciones.

Las prisas militares, conllevan siempre el mismo resultado:  despilfarro.

En total, 7,5 millones de euros (a los que habría que añadir 1,6 millones en material adquirido por la Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa) para reacondicionar una instalación que no había sido declarada de referencia por el Gobierno, un coste muy superior a los 1,2 millones que, por ejemplo, desembolsó la Consejería de Sanidad para adaptar el hospital Carlos III, según publicó el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 9 de octubre de 2014. Defensa argumenta que el precio fue muy superior al que desembolsó la Comunidad de Madrid en el Carlos III porque en ese caso tan solo se acondicionaron dos habitaciones, de forma provisional y con un nivel de protección mínimo.

A pesar de que fue creada tras la crisis del ébola, lo cierto es que la planta 22 no ha tratado en ningún momento a nadie afectado por esta enfermedad. Su erradicación inmediata en España provocó que se haya utilizado para afrontar otro tipo de infecciones con el fin de dar uso a la maquinaria y que esta no se degradara por la falta de utilización. Según Defensa, aunque fue reformada como consecuencia del ébola, la intención era hacer un centro para todo tipo de infecciosos graves y que España tuviera unas instalaciones que dieran una respuesta de Estado a futuras crisis nacionales.

La tecnología instalada en el Gómez Ulla, además de para tratar epidemias, servirá también para riesgos biológicos y químicos, para los que tampoco había emplazamientos sanitarios adecuados, explican desde el ministerio.

Estamos pensando implantar una cátedra de estudios para algunos becarios que se denomine Cátedra de corrupción militar Gómez Ulla porque tema hay para rato.  Algunas de las cuestiones de las que ya hemos informado son estas:

Otra de corrupción militar: las compras del Hospital Militar Gómez Ulla

Esperanza Aguirre pagará el sostenimiento del hospital militar Gómez Ulla de tapadillo.

¿Despilfarro militar, corrupción militar, o cuarto y mitad?

Son demasiadas cuestiones en un hospital para que nadie ponga en él interés para controlarlo.

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Otra joya militarista: Defex, comercializadora de armas llena de corrupción y de prácticas poco éticas

Imagen de Urko Dorronsoro

1.-  Defensa arma los líos pero esconde la mano (o, al menos, lo intenta).

La corrupción en el entramado del Ministerio de Defensa no para.  Eso sí, no hay que negar que intentan esconderla y que parezca que debería afectar a otros.  De hecho, Defex fue creada en los años 80 por el Ministerio de Defensa aunque ahora pertenece a la SEPI que depende del Ministerio de Hacienda, es decir, de Montoro.

Es decir, si Morenés fuese muy cínico podría decir que no es su problema, sino el de Montoro.  Sin embargo, también es verdad que en el Consejo de Dirección de Defex se sienta el Ministerio de Defensa.

Parece que quien asume la responsabilidad, por ahora, es SEPI, según informa la SER.

2.-  Cárcel para tres directivos de Defex.

Como se informa, por ejemplo, en cuartopoder:

La empresa pública creada en los años ochenta por el Ministerio de Defensa para vender armas en otros países, Defex, con una plantilla de apenas 20 trabajadores y media docena de directivos, ha sufrido un golpe mortal con la detención y encarcelamiento de su expresidente, José Ignacio Encinas Charro; el director comercial Manuel Iglesias-Sarria y el exdirectivo Angel María Larumbe. Los tres están acusados de desviar y apropiarse de 41,4 millones de euros de un contrato de 152 millones de material policial a Angola. En la trama de corrupción organizada participaba la sobrina de Francisco Paesa, el que fuera famoso espía a sueldo del Ministerio del Interior que ayudó a huir y luego delató al exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán. La mencionada sobrina, Beatriz García Paesa, facilitó desde un despacho en Luxemburgo el blanqueo del dinero a favor de los directivos de Defex y de funcionarios angoleños. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la interrogó la tarde del lunes y la envió a la cárcel.

3.-  Defex y el Ministerio de Defensa burlan el control parlamentario de la exportación de armas y de material de doble uso.

Además, los desviadores del dinero público para fines personales (enriquecimiento) utilizaron el reciente Real Decreto Ley 19/2012 de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios:

El suministro de material para equipar a la policía de la República de Angola fue acordado por los gobiernos de ambos países en la última legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y se encomendado a una Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por  Defex, participada mayoritariamente por Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), de la que es presidente el exdiputado del PP Ramón Aguirre, y Comercial Cueto 92, cuyo consejero delegado, Juan Carlos Cueto Martín, también ha sido encarcelado. Los directivos de Defex y el mencionado Cueto maniobraron para desviar casi un tercio del importe del material militar pagado por el Gobierno de Angola. Al tratarse de un acuerdo intergubernamental, el contrato no pasó el control de la Junta Interministerial de exportación de material de defensa (Jimdef), que controla la exportación de armas y material de doble uso y rinde cuentas semestralmente al Congreso de los Diputados.

Es decir, el Real Decreto lo que hace es buscar una forma de burlar el control de la Junta Interministerial de exportación de material de defensa y, de paso, evita rendir cuantas semestrales al Congreso.  Suponemos que la forma de realizarlo es mediante el argumento de que las industrias de defensa contratan con el Ministerio de Defensa Español, directamente y, por lo tanto, no exportan.  El argumento es pueril y ridículo, pero no hemos visto otra forma de burlar el control.

4.-  Defex es un negocio sucio lo mires por donde lo mires.

Cuartopoder también informa de que:

Hay que tener en cuenta que Defex ha servido de tapadera a operaciones de los agentes secretos y que cuenta con varios expertos externos en prevención de blanqueo de capitales, capitaneados por Carlos D.

5.-  Los problemas ético es DEFEX vienen de lejos.

Como informaba extraconfidencial en noviembre de 2008:

Defex, empresa pública controlada por la SEPI (que posee un 51% de la empresa) dedicada a la exportación de armamento a terceros países cerró sus dos últimos ejercicios con beneficios gracias a la enajenación de inmovilizado con lo que consiguió unos resultados extraordinarios que compenso las pérdidas de explotación. Así lo reconoce la misma SEPI en su web: “Por otra parte, se ha procedido a la enajenación de inmovilizado, obteniéndose por ello una plusvalía de 0,8 millones de euros. Esto ha contribuido a mantener la trayectoria de beneficios, pese al impacto de un nivel de ingresos inferior a la media histórica de la compañía”. Lo que olvida la SEPI es que este hecho no es aislado, si en 2007 los resultados extraordinarios tuvieron un valor de 1,1 millones de euros en 2006 lo fueron de 3,6 millones.

Y es que parece que la descompensación en DEFEX venía por dos factores:

–  Por las comisiones que cobraba:  el 25 %.

–  Por los sueldos excesivos de sus altos directivos:

1,6 millones de euros en pagos de personal para una plantilla de tan sólo 21 trabajadores, una media de más de 66.000 euros por cabeza. Teniendo en cuenta que como se muestra en la memoria de 2007 presentada en el Registro Mercantil de Madrid, 6 de sus trabajadores tienen una categoría de auxiliares administrativos y otros 4 oficiales administrativos, los 8 mandos intermedios y los 3 directivos se llevan una tajada de más de 100.000 euros anuales, en los que se incluyen desde seguro médico hasta bonos restaurante, pagados por todos los Españoles. 

–  Por el estilo de vida de sus altos directivos:

Pero si seguros de vida, de salud o tickets restaurantes los disfrutan todos los trabajadores de la empresa, sus directivos disfrutan de otros privilegios, entre los que destacan el parque automovilístico, que si no incluimos amortizaciones tenía un valor de más de 200.000 euros. Jaguar, Lexus, Audi son marcas de coche lejos del alcance de muchos pero no para los directivos de Defex, sólo hace falta darse una vuelta por el garaje de la empresa pública en el centro financiero de Madrid para comprobar el derroche de una compañía que tiene que ir vendiendo sus activos para poder sobrevivir. Y lo más grave, su presidente, Jose Ignacio Encinas Charro ha cambiado su coche por un nuevo Jaguar ¿Quién dijo crisis? 

Como se ve, José Ignacio Encinas Charro ya apuntaba la dirección por la que se está haciendo famoso ahora.

En resumen, DEFEX merecer una auditoría externa seria y profunda.  Además, habría que dar la palabra a la ciudadanía para saber si realmente queremos tener una empresa que se dedique a comercializar las armas que produce nuestra industria.

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