La opacidad del Ministerio de Defensa en sus gastos publicitarios

Por Alejandro

Fuente:  Confilegal.

El Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos correspondientes van a estar obligados a facilitar los datos económicos de sus campañas publicitarias porque se lo ha impuesto una sentencia del 22-11-17.

La sentencia en cuestión desautoriza al Ministerio de Defensa y a su pretensión de correr un tupido y turbio velo sobre los gastos de sus campañas publicitarias, algo muy revelador, por lo que parece, de la política informativa tan manipuladora del Ministerio de Defensa.

Es el caso que una persona, al amparo de la ley de transparencia, pidió  que el Ministerio de Defensa le proporcionara información del listado de campañas realizada y presupuesto ejecutado tanto por el Ministerio de Defensa como por sus Organismos Autónomos, en el período 2012 a 2015, desglosado por medios de comunicación y solicitando los datos por año, presupuesto ejecutado, organismo, campaña, número de inscripciones, tarifa y medio de comunicación.

Defensa quiso impedirlo, dictando resolución el 15 de noviembre de 2016 en la que denegaba la mayor u daba una larga cambiada:

Se informa que el acceso a la información que se solicita, relativa al listado de campañas realizadas, organismo y presupuesto ejecutado del Ministerio de Defensa para los años 2012-2015, es público y se encuentra disponible en los planes e informes anuales de publicidad y comunicación institucional del Portal de Transparencia

y

La información solicitada relativa al número de inserciones, tarifa y medio de comunicación se encuentran incluidas en los planes de medios de las campañas de publicidad institucional difundidas en el mencionado periodo, para conseguir información con mayor detalle que el ofrecido en las páginas mencionadas, sería necesaria una acción previa de reelaboración, labor que implicaría la inadmisión de esta parte de la pregunta conforme al artículo 18.1 e) de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información pública y Buen Gobierno (LTAIBG).

Por otro lado, el acceso a otra información distinta a la publicada en el Portal de Transparencia o en las páginas indicadas podría suponer un perjuicio a los intereses económicos y comerciales de las empresas afectadas por los contratos, por lo que nos encontramos ante el supuesto del artículo 14.1.h) de la LTAIBG

El ciudadano despachado con un no tan insólito, recurrió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que por medio de su Presidente le dio la razón, ante lo que Defensa instó un recurso ante el Tribunal Central de lo Contencioso Administrativo, del que ha salido la sentencia que le enmienda la plana.

¿Por qué Defensa no quería proporcionar estos datos?, ¿es que había algo imperdonable en facilitar información tan lógica?

El juez, en su sentencia, da la razón al Presidente del Consejo de Transparencia,  y ratifica que la razón invocada por Defensa no es razonable, es un mero invento sin base legal:

En el presente caso, la resolución dictada por el MINISTERIO DE DEFENSA carece de toda motivación relativa a la aplicación de la indicada causa de inadmisión más allá de la mención a que la considera de aplicación

Ello por varias razones

No se puede entender que sea necesario volver a elaborar algo cuando ha quedado demostrado por lo indicado en los apartados anteriores de esta resolución que la información que pide el solicitante sobre los planes de medios es información que la empresa encargada de la campaña debe proporcionar al organismo responsable que, además, también debe informar detalladamente de la ejecución de la campaña

y

El derecho de acceso a los registros y documentos administrativos constituye un derecho de los ciudadanos de los llamados de la tercera generación. Está enraizado en el principio de transparencia administrativa, el cual responde a una nueva estructuración de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. Este derecho está reconocido por la Constitución en el artículo 105 b) […] El Tribunal Constitucional, considerando su valor sustantivo, ha estimado, en aplicación del principio de la fuerza normativa directa de la Constitución, que dicho precepto es directamente aplicable sin necesidad de esperar a su desarrollo legislativo

3) Resulta, pues, evidente, que, en aplicación directa de la norma constitucional, este derecho exige, con el fin de respetar su núcleo esencial integrado por el haz de facultades que lo hacen reconocible y la efectividad de los intereses del administrado a que responde, que se haga en un grado razonable asequible a los particulares, superando las limitaciones derivadas de su posición de inferioridad material frente a los poderes públicos, el adquirir conocimiento de los datos y documentos que puedan legítimamente interesarles, sin otras limitaciones que las que el propio precepto constitucional contempla («en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas») y las derivadas de las normas generales de procedimiento y de los principios de proporcionalidad, racionalidad y buena fe a que debe sujetarse el ejercicio de todo derecho.

De este modo, Defensa no tiene un derecho absoluto a limitar su información y salvo que exista una causa de suficiente entidad relacionada con la intimidad de otras personas, la averiguación de delitos o los intereses generales, la regla es que debe proporcionarse la información, por mucho que moleste al burócrata de turno.

Y en cuanto a los límites, explica el juez una cuarta argumentación

La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

Sigue la sentencia con otras consideraciones jurídicas que se refieren a la aplicación de las normas y de los procedimientos concretos, que igualmente señalan lo irrazonable de negarse a proporcionar información escondiéndose detrás de reglamentos y argumentos puramente formales, para añadir que la ley no sólo no prohíbe, como quiere Defensa, sino que justifica la aportación de esa información que Defensa se niega a dar.

Es lógico que se obligue a la administración a ofrecer información a los ciudadanos y a hacer transparentes unos gastos que no hay razón justificada para ocultar.

La sentencia tiene una especial importancia en lo que se refiere al Ministerio de Defensa, precisamente porque Defensa, y no sólo con los gastos de publicidad, es un agujero negro especialmente opaco.

Opacidad que, no en pocas ocasiones, viene acompañada de malas prácticas y una escandalosa situación.

Ejemplo de ello es el gasto militar, disperso y oculto en casi todos los ministerios y criticado no sólo por la sociedad civil o por grupos como el nuestro, sino también por la IGAE, por el Tribunal de Cuentas o por el propio Tribunal Constitucional.

A partir de ahora se redoblan las justificaciones para exigir a Defensa la transparencia de la que carece y demandar la información que con tanta fortuna se empeña en mantener en el limbo.

 

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