Mapa de Discapacidad de las Fuerzas Armadas

Auroras+77

Por David Peinado

Fuente: Fundación ONCE.

La Fundación ONCE, bajo el amparo de un Convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Defensa, y con la financiación del Fondo Social Europeo, ha elaborado una radiografía de la discapacidad en las Fuerzas Armadas, en el documento «Mapa de Discapacidad de las Fuerzas Armadas» en el que se explica que en la actualidad hay 10.907 militares discapacitados (10.680 varones y 227 mujeres) y cobrando algún tipo de prestación por su situación, de ellos la mayoría (8.484 en concreto) en edad laboral (menos de 65 años).

el retrato robot del militar con discapacidad de las FAS que cobra algún tipo de prestación es el de un hombre (97,9%) con una edad media de 57,5 años,  que ingresó en las Fuerzas Armadas antes de cumplir los 20 años. Una vez retirado de la vida activa por su discapacidad, se concentra mayoritariamente en las zonas de más tradición militar, como son Cádiz (10%), La Coruña  (5,2%),  Murcia (7,2%), Sevilla (5,6%) o Madrid (12,7%).

Si atendemos a las posibilidades de inserción en otro tipo de actividades civiles, encontramos que en su mayoría se trata de una población envejecida y con escasas posibilidades de inserción laboral (más del 50% tienen entre 50 y 64 años) y los menores de 50 años (con mayores posibilidades de salidas laborales) agrupan al 27´4% del total.

De este modo, los esfuerzos por una integración laboral solamente son posibles respecto a algo menos de un tercio del total de esta población, y ´para el resto la integración posible no pasa por lo laboral, sino por medidas de índole social, exactamente igual que ocurre con los discapacitados del mundo civil sin posibilidad de acceso al trabajo.

Por el tipo de prestaciones que cobra, la mayoría, el 73,7%  reciben la ayuda correspondiente por Incapacidad Permanente Total ( impide para el trabajo específico en el que se declara la incapacidad, pero no para otro tipo de trabajo), seguido de un 17´6% que percibe por incapacidad permanente absoluta (no pueden trabajar en nada) y por un 8´7% que además son grandes inválidos (necesitan la asistencia de otra persona para atender a sus necesidades).

El mapa nos da algunos datos imprescindibles para aplicar políticas justas hacia estos discapacitados y debemos celebrarlo.

Políticas justas que, como hemos dicho en otras ocasiones, pasan por asimilar su condición a la de cualquier otro discapacitado, pues no hay razón para dos regímenes de tato diferentes entre la población civil y la militar a la hora de gozar de las prestaciones sociales y derechos.

Y ello nos pone en el punto de reivindicar, una vez más, la desaparición e integración en el sistema general del ISFAS, un instituto autónomo militar que duplica actividades que ya efectúan los correspondientes dispositivos civiles y que genera un gasto que podría aprovecharse mucho mejor y con más eficiencia.

Pero el panorama de discapacidad de las Fuerzas Armadas nos sitúa en un segundo plano, el de la tremenda población discapacitada que genera la actividad militar, algo que hace a los ejércitos en un oficio especialmente peligroso para los propios militares y que nos debería llevar a otro tipo de reflexión acerca del propio riesgo que conlleva el ejército.

Lamentablemente no hemos podido acceder al informe (no aparece en la página de la Fundación ONCE y no lo hemos encontrado en ninguna otra), para comprobar si, en dicho informe, se explican algunas dudas que nos podrían llevar a reflexiones complementarias, como por ejemplo, el modo en que se produjeron tales lesiones (no es lo mismo si en «operaciones en el exterior», pongamos por caso, que en accidente en el cuartel u otro tipo de causa), el cuadro de prestaciones económicas y sociales que perciben, o el empleo concreto que tenían al momento de su discapacidad.

Datos que, a su vez, nos permitirían asociar este tipo de lesiones a determinado tipo de actividades y/o empleos, lo que incluye también el debate sobre el abandono de alguna de ellas, comprobar las prestaciones que perciben en relación a las que perciben los discapacitados de la sociedad civil, y el grado de «integración» que logran las políticas aplicadas por el sistema militar de protección social en relación al que se consigue con el sistema común aplicable a los civiles, a fin de desarrollar políticas igualatorias y de adopción de las mejores prácticas existentes en todos los casos.

 

 

 

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