Base militar de Hoya Fría: un accidentado culebrón desde el franquismo a la expropiación final. Como siempre, pierde el pueblo

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Por Luc.T

Fuente. La Moncloa.

El Consejo de Ministros de 11 de noviembre ha dado para varios acuerdos militares.  Uno de ellos ha sido el de declarar de utilidad pública y necesidad de adquisición y urgente ocupación para la defensa de la finca registral nº 35.032 del Registro de la Propiedad de La Laguna (Tenerife),

necesarios para el mantenimiento de la operatividad en su actual ubicación de la base militar de «Hoya Fría» en Santa Cruz de Tenerife.

Y es que Defensa ha decidido no trasladar la base militar de Hoya Fría y consolidar su dominio sobre este territorio mediante la expropiación forzosa de los terrenos que consideran «necesarios».

La valoración del terreno hecha por el perito designado al efecto es de 1.156.336,35 euros. Esta cantidad será abonada al expropiado

Como este proceder de Defensa, expropiar un terreno donde ya están instalados, parece poco habitual, nos hemos dedicado a indagar sobre la situación de Hoya Fría y lo que hemos encontrado, gracias al periódico local Diario de Avisos  es, cuando menos, asombroso.

Primero, parece ser que la ocupación de Hoya Fría por parte del Ejército fue un poco singular: el terreno fue donado tras el golpe de estado del general Franco por una familia propietaria (la familia Rodríguez-López, más conocida por patrocinar alguno de sus miembros el estadio de fútbol del Tenerife) como pago por el rescate de un familiar, Rubens Marichal, capturado por los sublevados.

Esta donación poco volulntaria, al parecer, fue revocada por el Tribunal Supremo en 2007. Pero no por la extorsión antedicha, sino porque en la donación la familia Rodríguez-López puso como condición que los terrenos tenían que tener un uso exclusivamente militar y Defensa cometió la torpeza de vender una porción para especular, con lo que los propietarios anteriores pudieron demostrar que se habían usado con fines inmobiliarios y revocar la donación.

Después de la sentencia se celebró un contrato de arrendamiento del terreno entre los propietarios de Hoya Fría y Defensa. Contrato que, parece ser, distingue entre dos parcelas, una más amplia (200.000 metros cuadrados), que según el Diario de Avisos, no finaliza hasta 2019 y otra menos extensa (53.792 metros cuadrados que es donde está enclavada la base militar), que es objeto de la actual expropiación, y cuyo arriendo vencía en 2015 pero se prorrogó (no sabemos por cuánto tiempo) con el compromiso de que Defensa abonara los alquileres atrasados e impagados una vez aprobara los nuevos presupuestos generales.

Defensa pretendía un cambio de emplazamiento de la base de Hoya Fría, para ubicar una nueva base más moderna en Los Rodeos, pero la oposición del principal grupo de ganaderos de la zona, la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE), y de los vecinos afectados por el previsible nuevo emplazamiento, lo evitaron, por lo que el Ministerio se encontró entre la espada y la pared, y se avino a negociar con la familia propietaria de los terrenos para solucionar la ubicación definitiva del ejército en Hoya Fría y comprar los terrenos.

Agárrense, que ahora viene una de traca.

Al parecer en algún momento de todo esto, dos dirigentes del PP, según aparece en una grabaciones de la policía que desveló a los medios el Secretario de Estado Agustín Conde, «querían influir en el resultado del expediente» de la venta. Esto lo afirma el ABC en una noticia de época en la que habla del famoso «caso Lezo».

Dice así ABC

La orden la ha dado el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, en nombre de la ministra, María Dolores de Cospedal, tras las información que apunta a que el expresidente madrileño Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana trataron de «influir» en el ministerio para que agilizara los tramites sobre el uso de los terrenos de propiedad privada donde se encuentra la base militar.

¿Se imaginaban que en una cosa tan rara aparecieran nombres tan mediáticos? Nosotros nos hemos quedado de piedra.

Enterada la ministra Cospedal de este humo tóxico, al parecer, ordenó la cancelación del expediente y de la negociación de venta y dio inicio al expediente de expropiación que ahora el Consejo de Ministros materializa con  la expropiación de la finca de 53.792 metros cuadrados y la fijación de un justiprecio de 1´15 millones de euros.

De modo que, por unas y otras, Tenerife mantendrá una flamante base militar, ahora consagrada como necesaria, la familia expropiada (es de esperar) iniciará un pleito para sacar más tajada al precio que les deban dar por dichos terrenos, los señores Zaplana y González incrementarán su ya redomada mala fama y los habitantes de la isla, como siempre, de convidados de piedra entre los movimientos de los ricos.

Porque, se habrán fijado, en todo este relato falta el protagonismo de la gente. ¿Quieren la base?, ¿han dejado que opine?, …

 

 

 

 

 

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