¿Ciudades libres de militarismo? Un reto para el nuevo curso

Fuente: Xarxanet.org

Nos ha sorprendido y esperanzado la iniciativa del pleno municipal de Sant Cugat, declarándose municipio libre de industria militar.

¿Es posible que un municipio adopte políticas de paz basadas en la idea de desmilitarización y de promoción activa de la paz con contenidos, o se deben conformar con buenas palabras y tópicos?  Parece que el ejemplo de Sant Cugat está destinado a confrontar la palabrería, la bisoñez y el cálculo que en otros lugares son moneda común.

Que sepamos es la primera vez que un municipio asume un compromiso por la paz tan evidente y necesario.

La iniciativa ha sido impulsada por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau y ha contado con el voto favorable de todos los grupos de la corporación menos el PP, algo por otra parte (el temita del PP) que casi no causa sorpresa, sino pena.

Mucho hay que agradecer a los compañeros del Centre Delàs esta iniciativa ¡y que no decaiga!

Conforme a lo acordado, en Sant Cugat se tendrá en cuenta, a la hora de sacar a concurso cualquier servicio municipal, la historia de las empresas licitadodoras y, sobre todo, si tienen vinculación con la industria militar, lo cual es una manera de premiar la ética y de castigar a las empresas colaboracionistas con la guerra y la propagación de la plaga del armamentismo.

Dice Jordi Calvó, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau (y que nos perdone por nuestra traducción) que

La idea, …, es exigir a las compañías más transparencia, abrir el debate y evitar que este tipo de empresas puedan trabajar sin fiscalización y sin trabas.

Alguien podría decir que la declaración es cosmética, pues en Sant Cugat, que se sepa, no opera ninguna industria militar, pero no es así del todo. Por ejemplo, existe una banca armada, que financia las inversiones de las industrias militares y que bien puede verse afectada por tal declaración de incompatibilidad con prestar servicios al municipio. También hay otro tipo de empresas, radicadas en cualquier otro lugar y no necesariamente en Sant Cugat, que pretendan “concursar” a servicios en Sant Cugat y que se puedan ver afectadas por su historial manchado de armamentismo.

Por poner un ejemplo, en 2008 (no sabemos si existe otro más actualizado) el Centre  Delàs publicó un catálogo de empresas catalanas que tenían relación con la industria militar que merece la pena no perder de vista. A ellas se pueden sumar otras que prestan normalmente servicios a diversas administraciones en cuestiones relacionadas con el tratamiento de información, la seguridad o proyectos de eficiencia energética, por ejemplo, como es el caso de INDRA (de innegable producción y vinculación militar). De la propia INDRA, por ejemplo, sabemos que en 2010 al menos participaba con el Ayuntamiento de Sant Cugat y Fenosa (otra empresa con ciertas sospechas) de colaboracionismo militarista) en un proyecto de eficiencia energética.

Nosotros, por nuestra parte, ya editamos hace un tiempo un documento sobre la extensión del militarismo más allá del ámbito estatal, en las comunidades autónomas, ciudades y pueblos, en el que advertíamos de la enorme extensión del militarismo y la afectación a la vida ciudadana (desde exenciones al pago de impuestos y tasas a la imposición cultural de la idea de las glorias militares y su parafernalia, pasando por la colaboración con la industria militar, etc.) y proponiendo ejemplos y alternativas desde las que era posible desmilitarizar gradualmente las ciudades y nuestras vidas.

Lograr más ciudades que se declaren libres de la industria militar puede ser un paso adecuado y un buen ejemplo que nos sirva de test para verificar la coherencia de las proclamas de paz de las corporaciones locales y sus munícipes.

Como también podría serlo la exigencia municipal de que los ejércitos y las industrias militares paguen impuestos municipales sin excepción, o la de recargar estos impuestos y contribuciones con suplementos en función de su perjudicial papel social, de su impacto medioambiental o como medio de incentivar su reconversión a actividades socialmente útiles.

O la reclamación de reversión al bien común de los bienes y patrimonio (ingente en el caso español, donde el Ejército es el segundo terrateniente del estado) que el Ejército posee (lo que incluye parajes protegidos, islas, infinidad de inmuebles, etc.) y que podrían servir a un verdadero plan de choque ante el enorme problema social de falta de dotaciones necesarias y de vivienda convertida en un negocio especulativo.

O la revisión de los callejeros municipales para sacar de ellos toda la versión militarista y nefasta de nuestra historia.

O de prohibición de exhibiciones militares (hace pocos días en Gijón, un poco antes en Guadalajara,…) en su territorio.

O la lucha municipal, sobre todo en el ámbito rural, por quitarse el sambenito de la declaración de zona de interés para la defensa (lo que condiciona desde el derecho de paso a los usos que se pueden dar al terreno, entre otros efectos, supeditados a la autorización militar) y la dependencia del monocultivo militar.

O de lucha contra los campos de tiro e instalaciones militares en los territorios municipales.

O una política de solidaridad con los resistentes y refugiados de las guerras, de apoyo a sus redes, de impulso de sus iniciativas noviolentas y de lucha contra las causas culturales y estructurales de éstas.

O la promoción de una verdadera política de paz, entendida como política pública municipal transversal y de mirada amplia y ambiciosa.

O tantas otras iniciativas que, sin duda, obligarían a un cambio radical y desde abajo de nuestra política y a una reapropiación por parte de la ciudadanía y sus administraciones más cercanas de la política que busca la seguridad humana y la paz, hoy negadas por una unilateral visión negativa de la paz, convertida en política militar de defensa y secuestrada en manos de militares y políticos con intereses nada santos.

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